Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-03798-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Inmediatez: no se cumple el requisito porque la demanda de tutela se presentó después
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-03798-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-03798-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
5 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., cinco (5) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03798-01
Accionante: JAIRO ÁVILA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
INMEDIATEZ- No se cumple el requisito porque la demanda de tutela se presentó después
de vencido el término considerado como razonable para cuestionar una providencia judicial
por vía de tutela / RECURSOS O PETICIONES IMPROCEDENTES – No prolongan el
término para presentar la demanda de tutela.
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el señor Jairo Ávila contra la
sentencia proferida el 22 de septiembre de 20221 por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, por medio de la cual declaró improcedente el amparo solicitado.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El señor Jairo Ávila, actuando en nombre propio, instauró demanda de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Trece Administrativo de
Santiago de Cali, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
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El proceso ingresó al Despacho para decisión de segunda instancia el 2 de noviembre de 2022.
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Radicación número: 11001031500020202203798-01
Accionante: Jairo Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
El tutelante elevó las siguientes pretensiones (se trascribe de manera literal con
posibles errores incluidos):
Solicito a Ud. señor (a) JUEZ CONSTITUCIONAL del HONORABLE CONSEJO
DE ESTADO, tutelar el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, de los
demandantes OLIVA CUERO, NAYIBE SOLIS CUERO, LEIDY SALAZAR
BOLAÑOS, GENTIL SALAZAR BOLAÑOS, ESTELLA SALAZAR BOLAÑOS,
SORAYA VERGARA SALAZAR, MARIA IDALI LUCIO VALVERDE, JAIRO
ALBERTO LOPEZ VALENCIA, LEONOR NUÑEZ DE VARON, JUAN CARLOS
VARON NUÑEZ, DORIS SALAZAR JARAMILLO, FRANCISCO JAVIER
HOYOS RAMIREZ, ISABELLA HOYOS SALAZAR, JUAN SEBASTIAN HOYOS
SALAZAR, ESTAFANIA GIRALDO SALAZAR, LUIS ALBERTO TABARES
BURGOS, JOSE ORLANDO DEVIA, MYRIAM MOSQUERA HURTADO,
MARIBEL DEVIA MOSQUERA, ZULMA ROSA HERRERA LAVERDE, JAIRO
AVILA VARGAS, ANA PATRICIA MONTILLA RAIGOZA, DIANA ISABEL AVILA
MONTILLA, JUAN DAVID AVILA MONTILLA, NATALIA AVILA MONTILLA,
DANIEL AVILA, FERNANDO TASCON MAFLA, ALEJANDRO TASCON AVILA,
ANGELICA MARIA BEDOYA OSPINA, ILIAN BEDOYA DUQUE, MARIA
GENOVEVA OSPINA DE BEDOYA, ADRIAN BEDOYA OSPINA, dejando sin
efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 12 de mayo de 2020,
proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA, con ponencia de la Dra. LUZ ELENA SIERRA VALENCIA, que
confirmó el fallo de primera instancia, negando las pretensiones de la demanda,
dentro del proceso de Acción de Grupo No. 7600133310-13-2010-00454, Actor
OLIVA CUERO Y OTROS, contra la NACION – DANCOP Y OTROS
Consecuente con la anterior declaración, se ordene al ente accionado a dictar
sentencia de reemplazo, de acuerdo con los argumentos expuestos en la
presente acción.
2. Hechos
Los señores Oliva Cuero y otros, entre ellos el señor Jairo Ávila, presentaron una
acción de grupo contra la Superintendencia de Economía Solidaria y el
Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria – Dansocial, para
que se les declara patrimonialmente responsables por los perjuicios morales,
materiales y daño a la salud, causados como consecuencia de la pérdida de capital
e intereses representados en dinero invertido en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
• JOREPLAT -, por la falta de vigilancia y control que correspondía a dichas
entidades y que conllevó al proceso liquidatario de la Cooperativa.
Lo anterior, con fundamento en que las entidades públicas demandadas no
ejercieron adecuadamente sus deberes de vigilancia y control sobre la cooperativa,
pues con su actitud omisiva permitieron que la entidad ejerciera operaciones que no
contaban con expresa autorización legal.
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Radicación número: 11001031500020202203798-01
Accionante: Jairo Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
El Juzgado Trece Administrativo de Santiago de Cali, mediante sentencia de 11 de
junio de 2015, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que la
función de control, inspección y vigilancia que ejercía DANCOOP sobre las
cooperativas se limitaba a la formulación de directrices, realización de visitas y la
adopción de medidas preventivas, en búsqueda que las actividades que ejercieran
las entidades supervisadas, como JOREPLAT, fuera siempre transparente y no
afectara los intereses de los usuarios, pero dichas funciones no implicaban
garantizar que el patrimonio de sus beneficiarios no resultara afectado por los
riesgos inherentes a la actividad de la cooperativa.
La parte demandante interpuso recurso de apelación, oportunidad en la cual alegó
su inconformidad con el análisis efectuado por el juzgado de primera instancia.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 12 de mayo de 2020,
modificó la decisión de primera instancia, para declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Superintendencia de Economía Solidaria y negó las
pretensiones de la demanda frente a DANCOOP, luego DANSOCIAL, hoy Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.
La parte demandante, en julio de 2020, presentó solicitud de revisión eventual de la
sentencia de 12 de mayo de 2020; el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
por medio de auto del 12 de enero de 2021, remitió el expediente al Consejo de
Estado para que se decidiera sobre su admisión.
El Consejo de Estado, mediante auto del 10 de junio de 2021, no seleccionó para
revisión la sentencia del 12 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, porque la revisión eventual no es el escenario ni
el mecanismo idóneo para controvertir los errores de apreciación probatoria que los
actores endilgaron al juez de instancia y que no fueron admitidos al resolver la
impugnación y, porque, en todo caso, no se acreditó que la providencia dictada por
el tribunal haya sido opuesta a una sentencia de unificación o a jurisprudencia
reiterada de la Corporación que impusiera su selección.
El 22 de junio de 2021, se radicó solicitud de insistencia, la cual se negó mediante
auto del 15 de diciembre de 2021.
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Radicación número: 11001031500020202203798-01
Accionante: Jairo Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
En el escrito de tutela no hay argumentos dirigidos a cuestionar las decisiones que
negaron la selección de la sentencia del 12 de mayo de 2020, para su eventual
revisión ni el auto del 12 de diciembre de 2021, que no accedió a la solicitud de
insistencia frente a esta última.
3. Fundamentos de la demanda
La parte tutelante sostuvo que, en las sentencias de primera y segunda instancia, se
incurrió en un defecto fáctico de conformidad con el siguiente argumento (trascripción
literal, incluidos posibles errores):
el desestimar la prueba pericial, en el sentido de no tener en cuenta la existencia
de una evidente falla en el servicio por omisión en el control oportuno y toma de
posesión de la cooperativa Joreplat, sin duda constituye un defecto factico por la
valoración probatoria. Maxime cuando no existe una prueba que demostrara lo
contrario en cuanto a visitas o revisión más exhaustiva de la información financiera
que permitiera conocer el estado real de la situación económica de la Entidad
Cooperativa que hubiera permitido implementar medidas de control o precaver el
desastre administrativo y de iliquidez que conllevó a la posterior liquidación de
Joreplat. Produciéndose la perdida de los ahorros de las personas que depositaron
su confianza en dicha Cooperativa.
En ese sentido, indicó que el estudio de la prueba pericial referida hubiera dado un
viraje a la posición adoptada por los juzgadores de turno.
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante providencia de 12 de agosto de 2022, se admitió la demanda de tutela
y se ordenó notificar a las entidades accionadas, se vinculó como tercero con interés
a la Superintendencia de la Economía Solidaria y los señores Oliva Cuero, Nayibe
Solís Cuero, Leidy Salazar Bolaños, Gentil Salazar Bolaños, Estella Salazar
Bolaños, Soraya Vergara Salazar, María Idali Lucio Valverde, Jairo Alberto López
Valencia, Leonor Núñez de Varón, Juan Carlos Varón Núñez, Doris Salazar
Jaramillo, Francisco Javier Hoyos Ramírez, Isabella Hoyos Salazar, Juan Sebastián
Hoyos Salazar, Estefanía Giraldo Salazar, Luis Alberto Tabares Burgos, José
Orlando Devia, Myriam Mosquera Hurtado, Maribel Devia Mosquera, Zulma Rosa
Herrera Laverde, Ana Patricia Montilla Raigoza, Diana Isabel Ávila Montilla, Juan
David Ávila Montilla, Natalia Ávila Montilla, Daniel Ávila, Fernando Tascón Mafla,
Alejandro Tascón Ávila, Angélica María Bedoya Ospina, Ilian Bedoya Duque, María
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Radicación número: 11001031500020202203798-01
Accionante: Jairo Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Genoveva Ospina de Bedoya, Adrián Bedoya Ospina y se comunicó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
4.2. El Juzgado Trece Administrativo de Santiago de Cali se refirió al trámite
procesal que se le dio a la acción de grupo, para posteriormente decir que no existe
responsabilidad de ese despacho frente a la acción de tutela de la referencia.
4.3. La Superintendencia de la Economía Solidaria indicó que la acción de tutela no
puede ser empleada como un mecanismo judicial para continuar debatiendo
argumentos o situaciones de hecho ya definidos por la jurisdicción contenciosa, a la
espera de lograr una decisión en sentido contrario.
Asimismo, sostuvo que no se cumple con el requisito de inmediatez porque la parte
actora acude al mecanismo constitucional después de dos años y tres meses de
proferirse la providencia objeto de reproche -del 12 de mayo de 2020-, del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
4.4. Los demás terceros interesados allegaron sendos escritos para coadyuvar las
pretensiones de la demanda de tutela.
5.- La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 22 de septiembre de 2022, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado declaró improcedente el amparo de los derechos fundamentales de la
parte actora. Como fundamento de su decisión, señaló que (trascripción literal,
incluidos posibles errores):
La Sala anota que, como se explicó, la acción de tutela contra providencias
judiciales es una excepción al principio de inmutabilidad y cosa juzgada de las
decisiones judiciales en firme y, es por esa razón, que su ejercicio exige el
cumplimiento de requisitos generales y específicos que hagan procedente al
juez constitucional emitir pronunciamiento sobre decisiones ya ejecutoriadas.
En el presente caso, la falta de cumplimiento del requisito de inmediatez
conlleva a la improcedencia del mecanismo, por lo que no es posible emitir
pronunciamientos frente a los cargos invocados.
Por lo anterior, la acción de tutela de la referencia no procede por falta de
cumplimiento del requisito de inmediatez.
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Radicación número: 11001031500020202203798-01
Accionante: Jairo Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Finalmente, es necesario precisar que, si bien, la parte actora informó que se
surtió solicitud de revisión eventual, la cual fue negada por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, en el escrito de tutela no existe un solo argumento
dirigido a cuestionar las decisiones que negaron la selección de la sentencia del
12 de mayo de 2020, para su eventual revisión ni del auto del 12 de diciembre
de 2021, que no accedió a la solicitud de insistencia frente a esta última.
Lo anterior, para señalar que, siendo el proceso de acción de grupo un proceso
independiente al trámite de la revisión eventual, no solo porque para ejercer
este último es necesario que la sentencia se encuentre ejecutoriada y en firme,
sino porque persiguen fines totalmente diferentes; esta Sala de decisión no
tiene parámetros para efectuar estudio alguno en relación con los autos del 10
de junio de 2021 y del 12 de diciembre de 2021, pues no fueron las providencias
reprochadas con el ejercicio del mecanismo constitucional de la referencia.
En suma, la acción de tutela de la referencia no cumple con el requisito general
de inmediatez para cuestionar la decisión del 12 de mayo de 2020 y, en esa
medida, se impone, declarar improcedente el amparo solicitado por el señor
Jairo Ávila contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado
Trece Administrativo de Santiago de Cali.
6.- La impugnación
La parte actora impugnó la anterior decisión, tras considerar que la inactividad de
los accionantes se soporta en la espera en que se definiera la solicitud de revisión
eventual por parte del Honorable Consejo de Estado de la providencia contentiva
de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca, proferida dentro de la acción de grupo, con
Radicación No. 76109333101320100045401.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales2.
Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
Contenciosa de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012,
exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
6
Radicación número: 11001031500020202203798-01
Accionante: Jairo Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo
frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características 3.
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son4:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.
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Radicación número: 11001031500020202203798-01
Accionante: Jairo Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
Así pues, se ha determinado que le corresponde al juez de tutela verificar el
cumplimiento de los requisitos generales, de tal manera que una vez superado ese
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Radicación número: 11001031500020202203798-01
Accionante: Jairo Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por el interesado5.
2. Análisis de la Sala
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es
un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que señale la ley.
En el caso bajo estudio, el actor pretende que se protejan sus derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Trece Administrativo de
Cali al negar las pretensiones de la acción de grupo presentada.
Al descender al caso concreto, se observa que el fallo del 12 de mayo de 2020,
proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se notificó de forma
electrónica el 13 de mayo de ese mismo año6. Por tanto, a la fecha de presentación
de esta acción, 11 de julio de 2022, habían trascurrido dos años y casi dos meses.
En relación con la explicación presentada por la parte actora, para justificar la
demora en la presentación de esta demanda de tutela porque estaba a la espera de
la definición de la solicitud de la revisión eventual, esta Corporación ha establecido
que la misma:
a) No constituye una tercera instancia de decisión, dado que la revisión eventual
opera frente a sentencias y a providencias en firme, mediante las cuales se
pone fin al proceso, por manera que dentro del respectivo cauce procesal se
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-
02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. Nº 2016-
02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
6
Según consta en el expediente de la acción de grupo, cuya copia fue aportada en medio magnético,
carpeta actuaciones Samai y en la consulta en la página web del sistema de información Samai.
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Radicación número: 11001031500020202203798-01
Accionante: Jairo Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
han agotado las instancias pertinentes de decisión y en caso de que el Consejo
de Estado avoque el conocimiento del litigio, no lo hace en condición de tribunal
de instancia, sino en la de órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo que se apresta a proferir una decisión con miras a unificar la
jurisprudencia.
b) El “thema decidendum” de la revisión lo determina el Consejo de Estado,
pues los argumentos esgrimidos por el solicitante, así como las motivaciones
que sustentan la decisión de selección para revisión, no constituyen limitación
para el Consejo de Estado respecto de los temas o problemas jurídicos que han
de ser estudiados y resueltos en el respectivo fallo, por cuanto la consecución
del propósito de unificación de la jurisprudencia exige un pronunciamiento sobre
todos aquellos aspectos de orden jurídico trascendentes para el completo y
correcto entendimiento de los asuntos o materias que, en cada caso, deban
resolverse, precisarse o desarrollarse a propósito del ejercicio de las
correspondientes acciones populares o de grupo.
c) Su finalidad es la unificación de la jurisprudencia, toda vez que el artículo
237-1 de la Constitución Política asignó al Consejo de Estado el carácter y a su
vez las funciones que corresponden a la máxima Corporación de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, al consagrar como la primera de sus
atribuciones la consistente en ‘[d]esempeñar las funciones de Tribunal Supremo
de lo Contencioso Administrativo, conforme a las reglas que señale la ley’.
Por tanto, consideró la Sala Plena ‘que es el Consejo de Estado, en este ramo
de la Jurisdicción, el órgano constitucionalmente llamado a unificar la
jurisprudencia nacional en la materia’.
d) Una vez seleccionada la providencia para su revisión, el solicitante no puede
desistir de dicho trámite, comoquiera que el mecanismo de revisión eventual
tiene como propósito la unificación de la jurisprudencia en materia de acciones
populares o de grupo, según sea el caso, por lo que se entiende que esa labor
corresponde al ejercicio de una función institucional de carácter público.
e) No hay obligatoriedad para su trámite, porque al tratarse de un mecanismo
eventual, la ley dispone que la formulación de la solicitud de revisión, aunque
se sustente en debida forma, no siempre da lugar a la selección de la
providencia correspondiente, habida cuenta de que el artículo 11 de la Ley 1285
de 2009 ─inciso segundo─ dejó claro que el Consejo de Estado puede decidir
sobre ‘[L]a selección o no de cada sentencia o providencia’, sin perjuicio del
deber que se impone a este Alto Tribunal, en uno u otro caso, de motivar la
correspondiente decisión7.
Dado que el mecanismo de la revisión eventual tiene como requisito que la
sentencia se encuentre ejecutoriada y su finalidad es la unificación de la
jurisprudencia y no la revisión de la decisión por un supuesto defecto fáctico, porque
se dejó de valorar un dictamen pericial, la Sala advierte que este trámite no era
procedente, conclusión que además encuentra soporte en las consideraciones
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de
Decisión, providencia de 14 de agosto de 2018, radicación número 200012331000200700244 01
(AG)REV.
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Accionante: Jairo Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
expuestas en el auto del Consejo de Estado que no seleccionó el fallo para revisión,
en el que se dijo:
(…) la revisión eventual no es un mecanismo que el legislador haya dispuesto
como instancia adicional para que el juez efectúe nuevamente la valoración y
análisis probatorio de los elementos de juicio allegados al proceso con el
propósito de revisar la decisión y obtener un pronunciamiento favorable (…).
(…) Para la Sala, la argumentación de los peticionarios no es suficiente y
tampoco evidencia contradicciones o divergencias interpretativas sobre el
alcance de la normatividad que regula las funciones de control y vigilancia de
las cooperativas, así como las facultades de supervisión que la ley confiere a
las entidades con el fin de adoptar medidas eficaces y de carácter preventivo
en defensa de los intereses de terceros ahorradores de buena fe.
Por tanto, no era un mecanismo idóneo para la defensa de los derechos alegados
por el actor y, en ese sentido, no era necesario esperar hasta que se resolviera por
parte del Consejo de Estado sobre la selección o no de la sentencia -el 15 de
diciembre de 2021- para acudir a la demanda de tutela si consideraba vulnerados
sus derechos fundamentales.
En efecto, la formulación de un recurso improcedente no prolonga el término
considerado como razonable para cuestionar una decisión judicial. Puntualmente,
esta Subsección ha sostenido:
Finalmente, el 14 de junio de 2018, el entonces demandado interpuso recurso
de reposición para tratar de cuestionar el auto proferido el 31 de mayo de 2018,
impugnación que fue rechazada, de plano, por la Sección Primera del Consejo
de Estado, por medio de proveído de 24 de agosto de 2018, en el que se
consideró que el recurso de reposición interpuesto era abiertamente
improcedente y, además, se dejó consignado lo siguiente: (…).
La Subsección estima que el referido recurso de reposición no tiene la
virtualidad de ampliar el plazo considerado como razonable para la interposición
de la demanda de tutela, por cuanto el ejercicio de aquel medio de impugnación,
como ya se indicó, resultó improcedente, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 285 y 318 del C.G.P.
En línea con lo expuesto, se ha sostenido:
2.4.1. De acuerdo con la revisión efectuada por la Sala en la página de consulta
de procesos de esta Corporación, el auto del 27 de julio de 2017, que resolvió el
recurso de reposición contra el auto del 11 de mayo de 2017, fue notificado por
estado el 4 de agosto de 2017. En consecuencia, el término de seis meses para
controvertir por vía de tutela la decisión judicial que, en concreto, se controvierte
en la acción de tutela —la de remitir por competencia el proceso al Tribunal
Administrativo de Antioquia—, venció el 4 de febrero de 2018, empero, la solicitud
de amparo se presentó el 6 de agosto de 2018, esto es, un año y un día después
de la notificación de la providencia que se controvierte.
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Radicación número: 11001031500020202203798-01
Accionante: Jairo Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
2.4.2. La Sala debe precisar que, aunque el demandante también controvirtió la
providencia del 24 de mayo de 2018, lo cierto es que ésta no puede ser el
parámetro para el cómputo del término de la inmediatez, si se tiene en cuenta
que su objeto fue simplemente rechazar, por improcedente, el recurso de
reposición instaurado contra el auto del 27 de julio de 2017, pues, en los términos
del artículo 318, inciso 4º, del Código General del Proceso, «el auto que decide
la reposición no es susceptible de ningún recurso».
Para la Sala, la interposición de un recurso abiertamente improcedente no
puede prolongar el término que esta Corporación ha estimado como
razonable para reclamar la protección de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados por las decisiones de la administración de
justicia (…) (se destaca).
Como consecuencia de lo anterior, la Sala encuentra que el plazo de 6 meses
considerado como razonable para presentar la demanda de tutela, contabilizado
a partir de la notificación que se hizo el 15 de junio de 2018 de la decisión
adoptada el 31 de mayo de 2018, venció el 15 diciembre de ese año, por lo que
la petición de amparo, radicada el 22 de febrero de 2019, resulta
extemporánea8.
Con base en lo expuesto, la Subsección contabilizará el término de 6 meses para
presentar la demanda de tutela desde el 13 de mayo de 2020, pues en dicha fecha
se notificó por correo electrónico la sentencia, lo que permite concluir que frente a
este asunto no se cumple con el requisito de la inmediatez, dado que la demanda
se presentó el 11 de julio de 2022.
La Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores con el
propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se
produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela9.
Por otra parte, en relación con la inmediatez para la interposición de demandas de
tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
de esta Corporación ha considerado:
Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección
de las garantías constitucionales y el respeto a la seguridad jurídica y los
derechos de terceros afectados.
(…) De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la situación que vulnera
o amenaza vulnerar un derecho fundamental sea un elemento consustancial
para la protección que se ofrece.
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 11 de abril de 2019, radicado:
11001-03-15-000-2019-00805-00.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
12
Radicación número: 11001031500020202203798-01
Accionante: Jairo Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones de tutela,
es más estricto cuando se interpone contra providencias judiciales, por lo que,
como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, ‘resulta claramente
desproporcionado el control constitucional de una providencia judicial por la vía
de tutela’10’11.
Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la
decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales
del accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo12.
Tal aseveración es razonable toda vez que, ‘de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos’13.
(…) Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se ejerza
en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al asegurar
que la decisión judicial alcance el grado de certeza material, que la hace
definitiva e inmutable.
Anótase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto14.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso,
para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente15 (negrillas y subrayado del original).
Así pues, esta Corporación ha establecido que para efectos de establecer si la
acción de tutela contra providencia judicial se ejerció oportunamente, que se cumple
con el requisito de la inmediatez, se debe verificar que se hubiese presentado dentro
de los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia
cuestionada, según sea el caso.
10
Original de la cita: “En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 1999”.
11
Original de la cita: “Sentencia T-189 de 2009”.
12
Original de la cita: “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal c) del fundamento jurídico 24 de la
sentencia C-590 de 2005”.
13
Original de la cita: “Ibíd”.
14
Original de la cita: “La Sección Primera en algunas ocasiones ha tomado un término equivalente
al previsto para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de cuatro meses
y, en otras, ha manifestado que es de seis meses. La Sección Segunda ha sostenido que el término
razonable para interponer la acción de tutela contra providencias judiciales no puede exceder de un
año. Por su parte, las Secciones Cuarta y Quinta han fijado como razonable para su interposición un
plazo de seis meses”.
15
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
13
Radicación número: 11001031500020202203798-01
Accionante: Jairo Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6 meses se debe
contabilizar desde la notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es
a partir de que se conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración
de derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que
hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial –defecto orgánico,
defecto procedimental, defecto fáctico, defecto sustantivo, error inducido, decisión
sin motivación, desconocimiento del precedente y/o la violación directa de la
Constitución Política–.
En ese sentido, para la Sala, solo procede contabilizar el término de 6 meses desde
la ejecutoria de la decisión en los casos se hubiese realizado un trámite adicional
con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de corrección o de
adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, por cuanto los
pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener
incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en principio,
también tendrían que ser objeto de cuestionamiento 16.
Si bien, en este caso la demandante presentó solicitud de revisión eventual, esta no
resultaba procedente, como se explicó previamente, de conformidad con las normas
aplicables al caso y, en ese sentido, su resolución no tendría ninguna incidencia en
la decisión final cuestionada.
Además, los supuestos defectos alegados se advirtieron desde el momento en que
se notificó la sentencia de segunda instancia. Por tanto, tal como lo ha establecido
el Consejo de Estado “… lo propio era que presentaran la acción de tutela tan pronto
tuvo conocimiento de esa providencia”17.
En definitiva, dado que la sentencia de segunda instancia se notificó el 13 de mayo
de 2020, se concluye que frente a este asunto no se cumple con el requisito de la
inmediatez, dado que la demanda se presentó el 11 de julio de 2022, es decir,
después de que se cumplieron los 6 meses previstos por el Consejo de Estado como
término razonable, motivo por el cual la Sala confirmará la decisión proferida por la
16
En sentencia de 11 de abril de 2019, radicado número: 110010315000201803905-01.
17
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 3 de septiembre de 2020, radicado número:
110010315000202003496 00, reiterado por la Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de
febrero de 2022, radicado 110010315000202110540 00.
14
Radicación número: 11001031500020202203798-01
Accionante: Jairo Ávila
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Sección Cuarta que declaró la improcedencia del amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de septiembre de 2022 proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones
expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
15
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