Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03803-00
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03803-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03803-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
1 de septiembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03803-00
Demandante: Omar Enrique Mendoza Pérez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., primero (1º) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-03803-00
Demandante OMAR ENRIQUE MENDOZA PÉREZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
Temas Acción de tutela. Mora injustificada. Dilación en paso al despacho
de recurso de apelación.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por Omar Enrique Mendoza Pérez, de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 12 de julio de 20221, Omar Enrique Mendoza Pérez instauró acción de tutela,
mediante apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo de Sucre, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO Ordenar al TRIBUNAL ORAL ADMINISTRATIVO Circuito de Sincelejo Sucre, no
vulnerar los Derechos Fundamentales como son el DEBIDO PROCESO, ACCESO DE
JUSTICIA y todo lo que considere Usted que me están vulnerando.
SEGUNDO Teniendo en cuenta que, con los nuevos parámetros legales, los medios para
tener acceso al expediente son las plataformas suministradas por la rama judicial, que dichas
actuaciones sean montadas en las plataformas digitales .”
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. En el año 2021, el señor Omar Enrique Mendoza Pérez interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la E.S.E. Centro de Salud de Los Palmitos de Sucre, en el que solicitó (i)
declarar la nulidad del acto administrativo por el cual el demandado se negó a
reconocerle sus prestaciones sociales y; (ii) su reintegro “con el respectivo pago
de salario y prestaciones sociales”
1 Índice 1 en Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03803-00
Demandante: Omar Enrique Mendoza Pérez
2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Sincelejo, bajo el Radicado Nro. 70001-33-33-002-2021-00060-
00/01), que mediante sentencia del 24 de septiembre del 2021, accedió a las
pretensiones del demandante, en consecuencia, declaró la nulidad del acto
administrativo demandado, reconoció la relación laboral existente entre el
actor y el Centro de Salud de Los Palmitos de Sucre, ordenó a este último
pagar las prestaciones sociales y cotizaciones a seguridad social y declaró la
prescripción sobre ciertos periodos de servicios.
2.3. El 8 de octubre de 2021, la parte demandante interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, el cual fue concedido por auto del 16
de noviembre de 2021. El expediente fue remitido al Tribunal Administrativo de
Sucre a fin de tramitar la segunda instancia.
2.4. El 1º de diciembre del 2021, la Secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre
repartió el asunto al despacho del magistrado Rufo Arturo Carvajal Argoty.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora manifestó que la autoridad accionada ha vulnerado sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, porque
han transcurrido más de 7 meses desde que el recurso de apelación fue repartido
al despacho del magistrado ponente, sin que este haya efectuado gestión alguna.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 15 de julio de 2022, el despacho ponente admitió la acción
de tutela interpuesta por Omar Enrique Mendoza Pérez contra el Tribunal
Administrativo de Sucre, magistrado Rufo Arturo Carvajal Argoty; ordenó
notificar en calidad de tercero a la E.S.E. Centro de Salud de Los Palmitos de
Sucre; dispuso efectuar las notificaciones pertinentes; y reconoció a la
abogada Ana Milena Flórez Romero como apoderada judicial de la parte
demandante.
4.2. El magistrado Rufo Arturo Carvajal Argoty, perteneciente al Tribunal
Administrativo de Sucre informó que, aunque el reparto del recurso de
apelación se realizó el 1º de diciembre de 2021, “el mismo nunca ha pasado a
Despacho, por ende, el suscrito, como titular de este, no ha incumplido ninguna de sus
obligaciones, consecuencialmente, no ha vulnerado, ni puesto en peligro derecho fundamental
alguno, pues, se itera, el expediente sigue en la secretaría del Tribunal”. En consecuencia,
solicitó la vinculación de la Secretaría de dicha Corporación y su consecuente
desvinculación del trámite de tutela.
Agregó que una vez enterado de lo ocurrido en el caso del tutelante, le solicitó
a la Secretaría efectuar el paso al despacho del asunto.
Informó que desde el 18 de diciembre de 2021 y hasta el 27 de marzo de 2022
estuvo en una incapacidad médica; y que como consecuencia de esa
circunstancia del 28 de marzo hasta el 18 de abril de 2022 disfrutó del período
de vacaciones correspondiente a la vacancia diciembre 2021 a enero de 2022,
interrumpida por la incapacidad médica.
También indicó que se reintegró al cargo el 19 de abril de 2022 y, que a partir
de ese momento “se han adelantado las actividades pertinentes para desatrazar (sic) el
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Despacho, toda vez que por el tiempo que duró mi incapacidad médica y el período de
vacaciones, no se nombró reemplazo alguno y solamente se asignó funciones al Despacho
de la Presidencia del Tribunal, con lo que obvio resulta, las labores se vieron bastante
afectadas”.
4.3. Mediante auto de 8 de agosto de 2022, el despacho ponente vinculó como
demandado a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre. Esta última
fue notificada el 10 de agosto de 2022, a través de los correos electrónicos
sectradmsuc@cendoj.ramajudicial.gov.co, sgtadminscj@notificacionesrj.gov.co y
rcarvaja@cendoj.ramajudicial.gov.co.
4.4. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre guardó silencio en el
curso de la tutela, pese haber sido debidamente notificada de la existencia de
esta.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades,
o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es
subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si el
Tribunal Administrativo de Sucre (ya sea por intermedio del magistrado Rufo Arturo
Carvajal Argoty o, de la Secretaría de dicha Corporación) incurrió en mora injustificada,
ya que a pesar de haberse efectuado el reparto del asunto en segunda instancia
desde el 1º de diciembre de 2021, a la fecha de interposición de la acción de tutela,
luego de 7 meses no se había remitido el expediente Nro. 70001-33-33-002-2021-
00060-00/01 al despacho del magistrado ponente.
3. La mora injustificada
3.1. Como lo establece el artículo 29 de la Constitución, el derecho fundamental al
debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas,
y al momento de determinar su alcance, la norma señala que toda persona
tiene derecho a “un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”.
La Corte Constitucional ha indicado que la vulneración de este elemento del
derecho al debido proceso, trátese de un proceso judicial o administrativo, se
configura cuando: “(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto
de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal
del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento;
(iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora”2.
2 Sentencia T-297 de 2006 proferida por la Corte Constitucional.
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Con base en lo anterior, se puede afirmar que el solo incumplimiento de un
término establecido en la ley no basta para considerar vulnerado el derecho al
debido proceso, sino que debe comprobarse que tal dilación es injustificada.
En otras palabras, “cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe
una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido
proceso”3.
Aunque la jurisprudencia citada refiere a procesos judiciales, es plenamente
aplicable en los casos de mora administrativa, toda vez que el artículo 29
constitucional establece la procedencia de este derecho fundamental en
ambos escenarios. Por tanto, la ausencia de términos no exime de
responsabilidad a las autoridades de resolver los asuntos que les son
planteados dentro de plazos razonables, puesto que se tratan de actuaciones
regidas por los principios de eficacia, economía y celeridad, previstos en el
artículo 209 de la Constitución.
3.2. De otra parte, frente a la mora judicial esta Sala ha reconocido que quien
interpone una acción judicial o algún recurso dentro de un proceso judicial tiene
derecho a que se le resuelva dentro de los términos establecidos en la ley. Sin
embargo, se ha insistido en que dadas las condiciones que producen
congestión y lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la
decisión equivale a negligencia4. Debe decirse entonces que, la mora judicial
corresponde al incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de
los funcionarios judiciales para la tramitación o decisión de los procesos a su
cargo.
Por lo anterior, al juez de tutela le corresponde debe valorar en cada caso, si
la conducta del funcionario o corporación judicial es injustificada y negligente,
pues, existen causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias
objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los plazos para decidir o
para dictar alguna decisión, como lo son la excesiva carga laboral o la falta de
una infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los
funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas. Circunstancias que no
pueden ser atribuibles a los funcionarios judiciales.
De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, ha reconocido que la razón principal por la que se
incumplen los términos judiciales no se debe al actuar de los funcionarios, sino
a las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama Judicial. Por lo tanto, en
el evento en que exista una justificación que explique la tardanza o cuando
esta no sea imputable al actuar del juez no existirá mora judicial injustificada y
en consecuencia no se habrán vulnerado los derechos fundamentales de
quien acudió a la justicia5.
Sobre el particular, en la Sentencia T-366 de 2005, la Corte Constitucional
señaló que “la dilación injustificada de los procesos constituye una grave y seria vulneración
de los derechos fundamentales mencionados. No obstante, esa dilación ha de ser injustificada,
3 Sentencia T-230 de 2013 proferida por la Corte Constitucional. Reiterada por la sentencia del 10 de febrero
de 2016 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2013
03180 00. Actora: Carmen Sofía Solís de Loaiza. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez. Radicado: 11001-03-15-000-2014-01444-00.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013.
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como lo dispone la propia Carta Política, pues, si la mora judicial obedece a circunstancias
objetivas y razonables, ajenas a la voluntad del fallador, mal podría la Corte Constitucional
acceder a las pretensiones de una tutela en ese sentido, sin analizar con sumo cuidado las
razones de la mora judicial que se alega”.
3.3. En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió
desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto,
sin que exista motivación para justificar la demora en que incurrió. Es decir,
que al juez de tutela le corresponde realizar una valoración de los aspectos
objetivos y subjetivos que rodean la tardanza.
En la sentencia SU-394 de 2016, la Corte Constitucional precisó que la mora
judicial injustificada, se presenta cuando (i) existe un incumplimiento objetivo
del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación y
(iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de
los deberes del funcionario judicial. Y para identificar la ocurrencia de un plazo
irrazonable, la alta Corte señaló que se deben tener en cuenta: (i) las
circunstancias generales del caso concreto; (ii) la complejidad del caso; (iii) la
conducta procesal de las partes; (iv) la valoración global del procedimiento; y
(v) los intereses que se debaten en el trámite.
4. Carencia actual de objeto por hecho superado
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata
de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o vulneración, por la
acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos
concretos y excepcionales.
Su finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho fundamental se
materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer que cese. Por ende,
cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no hay forma de
resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser.
La jurisprudencia constitucional ha denominado tal fenómeno como carencia actual
de objeto y ha señalado que, generalmente, este se presenta por: (i) hecho
superado, (ii) daño consumado y (iii) situación sobreviniente.
Sobre esta clasificación, la Corte Constitucional en Sentencia T-280 de 2020 precisó
lo siguiente:
“(…) la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto”
para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se
encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses
jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye
en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella
que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de
una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
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La segunda de las figuras referenciadas, consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.”.
Específicamente, sobre el hecho superado, la Corte Constitucional ha señalado
algunos requisitos que se deben examinar en cada caso concreto: “1. Que con
anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada
prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo
favor se actúa. 2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción
que generó la vulneración o amenaza haya cesado”1.
Así pues, la carencia actual de objeto por hecho superado se configura en los casos
en que, en el lapso transcurrido entre la radicación de la acción de tutela y la
expedición de la sentencia, el demandado adelantó las acciones tendientes a cesar
la vulneración de los derechos fundamentales, lo que por sustracción de materia
hace inocuo cualquier pronunciamiento u orden del juez de tutela para lograr el
amparo de los derechos.
5. Análisis del caso concreto
5.1. El accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al acceso
a la administración de justicia y al debido proceso porque desde el 1º de
diciembre del 2021 (día en que se efectuó el reparto del medio de control en
segunda instancia) al 12 de julio de 2022 (fecha en que presentó la acción de
tutela) no se había realizado ninguna gestión procesal.
En el curso de la tutela, el magistrado ponente a quien se le asignó el asunto,
informó que si bien el caso le correspondió por reparto, la Secretaría del
Tribunal aún no había efectuado el correspondiente paso al despacho. Motivo
por el cual no se había efectuado ninguna actuación judicial, pues el
expediente no se encontraba en su poder.
Por su parte, la Secretaría de dicha Corporación guardó silencio en el trámite
de tutela.
Tras consultar el asunto mediante la página web https://samairj.consejodeestado.gov.co,
la Sala encontró que el 22 de julio de 2022 la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Sucre efectuó el paso al despacho del proceso y que el 25
de julio de 2022 el magistrado ponente admitió el recurso de apelación.
Tales gestiones fueron notificadas a las partes, como se advierte de la
siguiente captura de imagen:
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Con base en lo anterior, encuentra la Sala que actualmente la acción de tutela
carece de objeto, porque el hecho que originó su interposición dejó de existir
en el curso del presente trámite. Esto se debe a que, con ocasión de la
interposición de la presente acción, el 22 de julio de 2022 el proceso pasó al
despacho del magistrado a quien correspondió el asunto en segunda instancia,
y a que, el 25 de julio de 2022 se admitió el recurso de apelación interpuesto
en el citado medio de control.
5.2. Sin embargo, la Sala no pasa por alto que en el caso existió una mora
injustificada y excesiva de parte de la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Sucre, debido a que el asunto fue repartido desde el 1º de
diciembre de 2021 y solo hasta el 22 de julio de 2022, con ocasión de la
interposición de la acción de tutela de la referencia, la mencionada Secretaría
remitió el expediente al despacho del magistrado ponente. Lo cual retrasó, sin
razón alguna, el curso natural del proceso.
Y no existe justificación válida para que un asunto de mero trámite, como lo es
el paso del expediente al despacho al que se repartió el asunto, se haya
dilatado por más de 8 meses. Dicha gestión no implica complejidad jurídica, ni
práctica. Por el contrario, se trata de un simple trámite administrativo. Por lo
que resulta censurable que transcurrido más de un semestre, este no se haya
efectuado.
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Tampoco se comprende que la Secretaría del Tribunal Administrativo de Sucre
haya optado por guardar silencio en el curso de la tutela, pese a que fue
vinculada a esta y debidamente notificada el 10 de agosto de 2022 mediante
los correos sectradmsuc@cendoj.ramajudicial.gov.co, sgtadminscj@notificacionesrj.gov.co
y rcarvaja@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Omisión en virtud de la cual deben tenerse por ciertos los hechos expuestos
por la parte actora, en aplicación de la presunción de veracidad consagrada el
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, ya que ante el silencio de la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Sucre, se desconocen las razones que
permitieran explicar o justificar la demora advertida en el trámite de la segunda
instancia del medio de control interpuesto por el accionante.
5.3. Así las cosas, aunque la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado, por las razones expuestas, se prevendrá a la Secretaría General
del Tribunal Administrativo de Sucre, conforme lo dispone el artículo 24 6 del
Decreto 2591 de 1991, a fin de que se abstenga de incurrir en las conductas
omisivas que dieron origen a la acción de tutela interpuesta por Omar Enrique
Mendoza Pérez.
Asimismo, se considera pertinente instar a la presidencia del Tribunal
Administrativo de Sucre para que adopte los correctivos que estime necesarios
con el fin de garantizar el trámite oportuno de las actuaciones que
correspondan a la Secretaría General de esa Corporación.
5.4. Finalmente, y en relación con el caso concreto, destaca la Sala que si bien la
Rama Judicial cuenta con varias plataformas digitales para la consulta de los
proceso (Justicia Siglo XIX, TYBA, SAMAI), el historial de actuaciones de
los procesos tramitados en el Tribunal Administrativo de Sucre también
puede ser consultado a través del link https://samairj.consejodeestado.gov.co.
Esto, en atención a que la herramienta de consulta de procesos a la que se
puede acceder mediante la página web de la Rama Judicial no se encuentra
actualizada.
6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 24. “Prevención a la autoridad. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos
del acto impugnado, o éste se hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer al solicitante en el goce de su
derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las
acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada
de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades
en que ya hubiere incurrido.
El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la
misma acción u omisión”.
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Demandante: Omar Enrique Mendoza Pérez
Precisamente, en la anterior imagen se advierte que existe duplicidad en la
información, pues aunque en el aplicativo Samai sí obran las actuaciones
desplegadas en el medio de control interpuesto por Omar Enrique Mendoza
Pérez, en la herramienta de búsqueda de procesos contenida en la página web
de la Rama Judicial estas no aparecen.
Como lo ha advertido esta Sala de decisión, “el registro fiel de las actuaciones
procesales en los sistemas de información y gestión de procesos de la Rama Judicial tiene
estrecha relación con el principio de publicidad y, en esa vía, con el derecho al debido proceso
de las partes. Más aún en los tiempos actuales, en los que con ocasión a la pandemia por
Covid-19, aumentó el uso de estas plataformas tecnológicas como herramienta a disposición
de los sujetos procesales y de los usuarios en general de la administración de justicia para
hacer seguimiento a los casos de su interés. Es por lo anterior que, en atención a los principios
de publicidad, buena fe y confianza legítima, los datos que registran en los sistemas de
información deben ser concordantes con las actuaciones que obren en el expediente” 7.
En este sentido, la Sala exhortará a la Secretaría General del Tribunal
Administrativo de Sucre para que realice los registros y actualizaciones que
hagan falta con el fin de que las actuaciones judiciales del proceso de nulidad
y restablecimiento No. 70001-33-33-002-2021-00060-00/01 se puedan
visualizar en tiempo real en el Sistema Consulta de Procesos Nacional
Unificada, todo ello con el propósito de asegurar que los interesados puedan
realizar un seguimiento inmediato del desarrollo del proceso en uso de las
tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Prevenir a la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Sucre,
conforme lo dispone el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, a fin de que se
abstenga de incurrir en las mismas conductas que dieron origen a la acción de
tutela interpuesta por Omar Enrique Mendoza Pérez.
3. Exhortar a la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Sucre para
que realice los registros y actualizaciones que hagan falta con el fin de que las
actuaciones judiciales del proceso de nulidad y restablecimiento No. 70001-
33-33-002-2021-00060-00/01 se puedan visualizar en tiempo real en el
Sistema Consulta de Procesos Nacional Unificada, todo ello con el propósito
de asegurar que los interesados puedan realizar un seguimiento inmediato del
desarrollo del proceso en uso de las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones.
7
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 7 de abril de 2022, Exp. No. 11001-03-15-000-2022-
00626-00, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03803-00
Demandante: Omar Enrique Mendoza Pérez
4. Instar a la presidencia del Tribunal Administrativo de Sucre para que adopte
los correctivos que estime necesarios con el fin de garantizar el trámite
oportuno de las actuaciones que correspondan a la Secretaría General de esa
Corporación.
5. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
6. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
7. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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