Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03805-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03805-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03805-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-03805-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
12 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03805-00
Demandante: JUAN PABLO MOSQUERA MORA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala1 decide la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Pablo Mosquera
Mora contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Sección Quinta del
Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 11 de julio de 2022, el señor Juan Pablo Mosquera Mora interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Sección Quinta del
Consejo de Estado, porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes
pretensiones:
1-Que el juez me tutele el derecho fundamental al debido proceso y el acceso a
la justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política de
Colombia.
2-Que en Consecuencia de la anterior pretensión el juez le ordene al tribunal
administrativo del valle del cauca remitir el expediente al consejo para que se
surta la segunda instancia.
1
La Sala advierte que, el 26 de julio de 2022, el proceso ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03805-00
Actor: Juan Pablo Mosquera Mora
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
3-Que el juez le ordene al consejo de estado dictar sentencia en segunda
instancia.
1.2. Hechos y argumentos de la tutela
Los supuestos fácticos de la solicitud de amparo se resumen así:
En ejercicio de la acción de cumplimiento, el señor Juan Pablo Mosquera Mora
demandó al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali -
DAGMA, a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y a otras
entidades, según manifiesta el accionante, por incumplir las disposiciones que
regulan «los usos de suelo establecidos en el plan de manejo ambiental del humedal
El Pondaje al otorgarle permisos a la constructora enlace para desarrollar el proyecto
urbanístico Torres de la Paz».
Por reparto, el proceso le correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, el que, en providencia del 21 de enero de 2022, declaró improcedente la
acción de cumplimiento, decisión que fue objeto de impugnación por parte del hoy
accionante y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Sin embargo,
una vez fue enviado el proceso al Consejo de Estado, en providencia del 24 de
febrero de la presente anualidad, la Sección Quinta de esta Corporación consideró
que la actuación suscrita por la CVC correspondía a una solicitud de adición de la
sentencia de primera instancia, por lo que devolvió el expediente al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca para que la resolviera.
Manifiesta el señor Juan Pablo Mosquera Mora que, si bien mediante auto del 11 de
marzo se negó la solicitud de adición formulada por la CVC, a la fecha de
interposición de la presente acción, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
aún no había remitido nuevamente el proceso al Consejo de Estado para que se
resolviera la impugnación que él interpuso.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 14 de julio de 2022, se admitió la solicitud de amparo y se
ordenó que aquel se notificara a los magistrados de la Sección Quinta del Consejo
de Estado y al despacho del magistrado Jhon Erick Chávez Bravo, integrante del
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03805-00
Actor: Juan Pablo Mosquera Mora
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Asimismo, se ordenó notificar a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. El despacho del magistrado Jhon Erick Chávez Bravo manifestó que, por error
involuntario de la Secretaría, no se había devuelto el expediente nuevamente al
Consejo de Estado, con el fin de que se continuara el trámite de segunda instancia,
omisión que fue corregida una vez se tuvo conocimiento de la acción de la
referencia, lo cual, a su juicio, lleva a la configuración de la carencia actual de objeto
por hecho superado.
2.3. La Sección Quinta del Consejo de Estado y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto», la cual, en principio, procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.
De conformidad con el numeral 1 del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela no procede cuando existen otros medios de defensa judicial, salvo que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo
caso, según reiterada jurisprudencia constitucional, el otro mecanismo de defensa
judicial debe ser idóneo y eficaz para proteger el derecho que se considera
vulnerado o amenazado. De no serlo, la tutela procederá como medio principal de
protección de los derechos fundamentales.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03805-00
Actor: Juan Pablo Mosquera Mora
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Así mismo, en el evento de existir esa otra herramienta de defensa, la tutela solo
será procedente si se propone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
2.Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneraron los derechos fundamentales del
señor Juan Pablo Mosquera Mora, por la supuesta mora en tramitar la impugnación
presentada contra el fallo de primera instancia, en la acción de cumplimiento con
radicado 76001-23-33-000-2021-01149-01.
3. De la vulneración de los derechos fundamentales por la mora judicial
Frente al tema, esta Sala reitera las consideraciones expuestas por la Sección
Cuarta de esta Corporación, la cual ha sido categórica en advertir que, dadas las
condiciones estructurales que producen congestión y lentitud en los despachos
judiciales, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada mora
judicial, ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y externas,
esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los plazos
para decidir o para dictar alguna decisión. Hay, por ejemplo, condiciones
estructurales como la excesiva carga laboral o la falta de una infraestructura básica
en los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios judiciales adopten
decisiones oportunas2.
Textualmente, así lo ha expresado la Sección Cuarta3:
La realidad es que en la mayoría de los casos en los que existe dilación en el
proceso, la demora obedece a circunstancias ajenas al juez, relacionadas con la
congestión judicial. Circunstancia que no puede ser atribuible a los funcionarios
judiciales. De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional, ha reconocido que la razón principal por la que
se incumplen los términos judiciales no obedece al actuar de los funcionarios,
sino a las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama Judicial.
Por lo tanto, en el evento en que haya una justificación que explique la tardanza
o cuando esta no sea imputable al actuar del juez no existirá mora judicial
2
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado: 11001-03-
15-000-2016-01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
3
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicado: 11001-03-15-
000-2014-01444-00. M.P. Jorge Octavio Ramírez.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03805-00
Actor: Juan Pablo Mosquera Mora
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
injustificada. Y en consecuencia, no se habrán vulnerado los derechos
fundamentales de quien acudió a la justicia4.
En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió
desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto,
sin que exista motivación para justificar la demora.
Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que, para determinar si la autoridad
judicial demandada ha incurrido en una mora judicial injustificada, se debe verificar i)
la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; iii) la conducta de
la autoridad judicial competente; iv) el análisis global de procedimiento; y iv) el turno
en el que el expediente pasó al despacho, de conformidad con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley 446 de 19985.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional en la sentencia SU-333 de 2020 6 ,
precisó que se presenta una mora judicial injustificada, si (i) es fruto de un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la
congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la
omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial.
4. Caso concreto y solución del problema jurídico
En el presente caso, el señor Juan Pablo Mosquera Mora alega que las autoridades
judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, por cuanto no han tramitado la
impugnación que interpuso contra el fallo de primera instancia, lo que evidencia que
se está dilatando injustificadamente la acción de cumplimiento por él promovida.
Sería del caso determinar si se vulneraron o no los derechos fundamentales del
señor Juan Pablo Mosquera Mora por la supuesta mora en tramitar la impugnación
interpuesta contra el fallo de primera instancia, dictado en la acción de cumplimiento
con radicado 76001-23-33-000-2021-01149-01; sin embargo, la Sala advierte que
actualmente la tutela carece de objeto, pues durante el trámite de la presente acción
4
Original de la cita: «Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013».
5
«Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan
pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los
casos de sentencia anticipada o de prelación legal».
6
Sentencia del 20 de agosto de 2020, M.P. Alberto Rojas Ríos.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03805-00
Actor: Juan Pablo Mosquera Mora
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
no solo se remitió el proceso a la Sección Quinta de esta Corporación, sino que esta
profirió sentencia de segunda instancia.
Revisado en detalle el sistema de información judicial, se evidencia que el 18 de julio
de 2022 la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió el
proceso en cuestión a la Sección Quinta del Consejo de Estado, Corporación que,
mediante providencia del 28 de julio de 2022, profirió sentencia de segunda instancia
en la acción de cumplimiento con radicado 76001-23-33-000-2021-01149-01
promovida por el hoy accionante. De igual forma, se observa que dicha decisión fue
notificada electrónicamente el 1° de agosto de la presente anualidad.
El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua. Es decir,
que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales.
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia
actual de objeto puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren
consecuencias distintas: el hecho superado y el daño consumado7. Empero, la Corte
también ha dicho que «es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la
presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de alguna otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la juez/a (sic) de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto»8.
El hecho superado exige que la pretensión de tutela se satisfaga sin que medie
orden judicial. En el presente caso se configuró el hecho superado, dado que la
Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió al Consejo de
Estado el proceso contentivo de la acción de cumplimiento con radicado 76001-23-
33-000-2021-01149-01, en la que funge como demandante el señor Juan Pablo
Mosquera Mora, para que se surtiera el trámite en segunda instancia, lo cual
efectivamente ocurrió y, de hecho, se dictó providencia de segunda instancia, que ya
fue notificada.
7
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del
magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
8
Sentencia T-585 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03805-00
Actor: Juan Pablo Mosquera Mora
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
De manera que, si se encuentra superado el hecho que dio origen a la interposición
de la acción de tutela, no tiene objeto que la Sala examine si las autoridades
judiciales demandadas vulneraron o no los derechos fundamentales invocados por
la parte actora. Es por ello que se impone declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, de
conformidad con las razones aquí anotadas.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
7
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.