Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03806-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03806-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03806-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
18 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022).
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Referencia: 11001-03-15-000-2022-03806-00
Accionante: MELKIS GUILLERMO KAMMERER KAMMERER
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho
fundamental a la participación política / Comités del
empalme del cambio de gobierno presidencial /
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
/ Trámites de las quejas de los usuarios de servicios
públicos / Incumplimiento del requisito de
subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
Melkis Guillermo Kammerer Kammerer, actuando a nombre propio, en
contra de la Presidencia de la República y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, por la presunta vulneración de
derechos fundamentales ocurrida con ocasión de los temas tratados en
las reuniones de empalme llevadas a cabo en el marco de cambio de
mando de gobierno a raíz de las elecciones presidenciales de 2022.
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ACCIÓN DE TUTELA
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Ac c i o n a n t e : M e l k i s G u i l l e r m o K a m m e r e r
Kammerer
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección del derecho fundamental a la participación
política se fundamenta en los siguientes:
1. HECHOS
Sostiene que luego de la reunión entre el presidente saliente Iván
Duque Márquez y el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, el 24
de junio de 2022 se conformaron 23 equipos de empalme para las 190
entidades de la Nación. Sin embargo, dentro de los grupos establecidos
no se hizo referencia a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
Indica que, con ocasión de las suspensiones del servicio que de forma
unilateral hacen las empresas Afinia y Air-e sin expedir un acto
administrativo, se han presentado múltiples quejas ante la
Superintendencia citada, la cual ha negado los recursos de reposición
y apelación con fundamento en el no pago de las obligaciones.
Por ello, señala que el presidente electo y la comisión de empalme
deben garantizar a los usuarios del servicio de energía, debido a los
más de 5 mil procesos de los cuales no han tenido los ciudadanos
respuesta.
2. PRETENSIONES
Solicita la parte accionante lo siguiente:
«Primero pretendo con esta acción de tutela, como mecanismo definitivo
y excepcional, para que el juez constitucional aplique la excepción de
inconstitucionalidad, de acuerdo al bloque de constitucionalidad para que
el presidente ivan duque, el nuevo presidente electo Gustavo petro, para
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que en el empalme que LE realicen a la superintendencia de servicios
públicos domiciliarios, me garanticen mis derechos fundamentales a la
participación ciudadana, a mis derechos políticos, AL principio de
solidaridad el derecho que tengo de participar en las decisiones que nos
afecten, ejerciendo el control social, atravez de nuestra organizaciones
sociales, debido que más del 90% de los proceso de los usuarios ante
este entidad son fallado encontrar donde falla extra petita, y se demora
hasta 1000mil día para fallar, donde al norma solo establece dos mes,
donde esta superintendencia tiene un concierto para delinquir, exigiendo
requisito no autorizado por la constitución y la ley ,actualmente la
superintendencia de servicio público tienen más de 5mil proceso de
recurso de quejas, de apelación por fallarme por parte de esta, solo en
Valledupar y en la consta más de 10mil proceso, y se garanticen los
mecanismo de participación ciudadana conforme a los artículos,
1,2,3,4,13,40,93,103, y 270 de la constitución, articulo 8,23,y 25 de la
convención americana de derechos humanos y las siguientes sentencias
Sentencia SU077/18. C-585/95+ T-300/13 C-538/10 T-353/14 Ley 951
de 2005
SEGUNDO Que magistrado ordene al presidente ivan duquez al
presidente electro doctor Gustavo petro para que hagan extensiva
conforme al artículo 10 de la ley 1437 del 2011 las siguientes sentencias
SU077/18. C-585/95+ T300/13 C-538/10 T-353/14, y me garanticen
mis derechos fundamentales garanticen los mecanismo de participación
ciudadana conforme a los artículos, 1,2,3,4,13,40,93,103, y 270 de la
constitución, articulo 8,23,y 25 de la convención americana de derechos
humanos y me permita o me tenga informado sobre el empalme con la
superservicios, además le soliciten el estado de los procesos sobre los
recurso de apelación
TERCERO Que el magistrado ordene al presidente electo doctor Gustavo
petro si no lo hacho incluir en los empalme a la superintendencia de
servicios públicos domiciliarios, para que esta presente ante el nuevo
gobierno la relación de todos los proceso de recurso de quejas y de
apelación que existen actualmente y que no han contestado, así mismo
manifiesten porque exigen requisitos no autorizado por la constitución y
la ley para decidir un derecho de solidaridad, además digan porque para
poder tramitar un recurso de apelación exigen que primero tiene en que
estar a paz y salvo con toda la deuda, sin importar que hay deuda del
1998 que ya se están prescripta interpretando erróneamente la
sentencias C. 558 DEL 2001, QUE declaro exequible el artículo 155 de la
ley 142 de 1994, de igual forma diga porque dura más de 900 días para
fallar un recursos , cuando la norma manifiesta que solo son 2 meses
artículo 86 de la ley 1437 del 2011
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CUARTO que de conformidad con el artículo 4 de la constitución el
magistrado aplique la excepción de inconstitucionalidad inaplicando
cualquier norma que impida que yo esté presente o tenga conocimiento
del empalme que debe hacerle la comisión de empalme a la
superintendencia de servicios públicos domiciliarios, además teniendo en
cuenta que yo soy sujeto de protección constitucional al pertenecer la
población desplazada.
[…]». (sic en toda la cita)
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Sostiene la parte accionante que se vulneran sus derechos
fundamentales a la participación política en las decisiones que lo
afectan, toda vez que «uno de los fines esenciales del Estado, al tenor
de lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política, es el de
“facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en
la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”. Este
fin esencial se enmarca en el contexto de la democracia participativa.
Al Estado no le basta con abstenerse de obstaculizar la participación de
las personas, sino que tiene el deber de promoverla, por medio de
diversos instrumentos, dentro de los cuales se encuentran los
mecanismos de participación ciudadana: voto, plebiscito, referendo,
consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa y revocatoria del
mandato, reconocidos en el artículo 103 de la Constitución. Además de
estos mecanismos existen otros escenarios de participación, como es
el caso de los consejos de planeación (art. 340), tanto en el ámbito
nacional como en el ámbito local».
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto de 18 de julio de 2022, el magistrado ponente de esta
providencia admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar a la Presidencia de la República y a la Superintendencia de
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Servicios Públicos Domiciliarios, como accionados, para que ejercieran
su derecho de defensa.
Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.
5. INTERVENCIONES
5.1. La Presidencia de la República, mediante apoderado, solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva o, en su
defecto, se rechace por improcedente la acción de tutela de la
referencia porque no existe un hecho u omisión atribuible a la entidad
frente a la cual se pueda predicar una afectación de los derechos
fundamentales invocados.
5.2. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por
medio de apoderado, pidió que se rechace por improcedente la presente
acción porque (i) no se vislumbra ninguna vulneración a un derecho
fundamental por parte de la entidad, (ii) no se configura la existencia
de un perjuicio irremediable, (iii) esta medida se orienta más hacia un
derecho colectivo y (iv) es un acto de carácter general y abstracto.
5.3. Las demás partes guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:
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«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».1
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:
¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad fijados por la jurisprudencia?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá sí:
¿Las entidades accionadas, con ocasión de las reuniones de
empalme adelantadas por el gobierno nacional a raíz del cambio
de mando presidencial, incurrieron en una vulneración del
derecho fundamental a la participación política de la parte
accionante?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) las generalidades de la acción de tutela, ii) el principio de
subsidiariedad y iii) el caso concreto.
1
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
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3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
3.1. GENERALIDADES DE LA ACCIÓN DE TUTELA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, «toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto».
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
3.2. DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de una entidad pública de cualquier índole o de los
particulares, cuya conducta represente una afectación grave a derechos
fundamentales.
Al respecto, el artículo 6°, numeral 1° del Decreto 2591 de 1991 señala
dentro de las causales de improcedencia de la tutela, «cuando existan
otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se
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utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante», en aras de respetar la división de
competencias delineada por la carta y el principio de especialidad de la
jurisdicción.
Por lo tanto, el principio de subsidiariedad constituye un requisito
fundamental para la procedibilidad de la acción de tutela, frente a eso
la Corte Constitucional señaló que para que la tutela proceda se debe
cumplir con las exigencias de que el actor: (i) no disponga de otro
medio de defensa judicial para proteger de manera inmediata sus
derechos fundamentales vulnerados; o (ii) que existiendo otro medio
de defensa judicial, se presenten dos eventos: (a) que el mecanismo
no sea idóneo para el amparo de los derechos afectados, de manera
que la tutela los proteja de forma directa; o (b) que la tutela sea un
mecanismo transitorio para que se evite un perjuicio irremediable.2
El Consejo de Estado estableció que la acción de tutela es de naturaleza
residual y subsidiaria, por lo cual para debatir asuntos propios de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo es improcedente, porque
su objeto se encuentra definido de forma plena en el artículo 104 del
C.P.A.C.A., que le otorga «además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originado
en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al
derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades
públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa».3
2
Consultar Sentencias C-1225 de 2004, SU–544 de 2001, SU-1070 de 2003, T-225 de 1993, T–1670 de
2000, T-827 de 2003, T-698 de 2004 de la Corte Constitucional, entre otras.
3
Consejo de Estado. Sentencia del 5 de mayo de 2014. Radicación No: 19001-23-33-000-2014-00061-
01. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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4. CASO CONCRETO
En el presente asunto, se resuelve la acción de tutela interpuesta por
el señor Melkis Guillermo Kammerer Kammerer, actuando a nombre
propio, en contra de la Presidencia de la República y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por la presunta
vulneración de su derecho fundamental a la participación política
ocurrida con ocasión de los temas tratados en las reuniones de
empalme llevadas a cabo en el marco de cambio de mando de gobierno
a raíz de las elecciones presidenciales de 2022.
La parte accionante alega que luego de la reunión entre el presidente
saliente Iván Duque Márquez y el presidente Gustavo Francisco Petro
Urrego, el 24 de junio de 2022 se conformaron 23 equipos de empalme
para las 190 entidades de la Nación, pero no se hizo referencia a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pese a que existen
más de 5 mil procesos con ocasión de las suspensiones del servicio que
de forma unilateral hacen las empresas Afinia y Air-e.
No obstante, de conformidad con las pruebas obrantes en el
expediente, esta Sala de Subsección no encuentra que la parte
accionante haya agotado todas las herramientas procesales dispuestas
en el ordenamiento jurídico para obtener la satisfacción de las
pretensiones que plantea en la acción bajo estudio.
Lo anterior, por cuanto no se advierte que el señor Melkis Guillermo
Kammerer Kammerer haya acudido al comité de empalme del gobierno
del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego para solicitar la inclusión
del tema de las quejas presentadas ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, lo cual podía hacer en uso del derecho
de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política que
faculta a cualquier persona a dirigir solicitudes a las entidades públicas
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y privadas, y que las mismas sean contestadas dentro del término legal
dispuesto por la Ley 1755 de 2015.
Asimismo, si el demandante considera que los funcionarios de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desempeñan una
gestión irregular, cuenta con la acción disciplinaria ante la Procuraduría
General de la Nación, el cual es un escenario idóneo para exponer su
inconformidad, teniendo en cuenta que los comités de empalme no
tienen dentro sus funciones sancionar entidades de la Nación, ni
tramitar procesos jurisdiccionales que conocen las entidades públicas.
Así las cosas, al ser la acción de tutela un mecanismo subsidiario y al
no comprobarse la inminencia, ni existencia de un perjuicio
irremediable, no resulta procedente cuando la parte accionante aun
dispone de medios de defensa judicial que son idóneos y efectivos para
obtener el amparo de las pretensiones contenidas en la demanda.
En este orden de ideas, al no cumplir con el requisito de subsidiariedad,
fijado por el Decreto 2591 de 1991 y por la jurisprudencia constitucional
como un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, esta Sala de
Subsección rechazará por improcedente la acción de amparo
presentada por el señor Melkis Guillermo Kammerer Kammerer,
actuando a nombre propio, en contra de la Presidencia de la República
y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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IV. FALLA
PRIMERO.- RECHÁZASE POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
presentada por el señor Melkis Guillermo Kammerer Kammerer,
actuando a nombre propio, en contra de la Presidencia de la República
y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.
SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
CONSEJERO DE ESTADO
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
CONSEJERO DE ESTADO CONSEJERO DE ESTADO
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