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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03808-01

Fecha
28 de octubre de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03808-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 25 de agosto de 2022 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta 34 Núm. único de radicación: 110010315000202203808-01 Actor: Francisco José Cruz Prada – En su condición de Viceministro de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03808-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

28 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202203808-01
Actor: Francisco José Cruz Prada – En su condición de Viceministro de Políticas
y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Demandados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y
Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Tema: Defecto procedimental/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso e ii) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: i) Debido proceso

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la Subsección B de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la sentencia de tutela
de 25 de agosto de 2022 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por medio de la cual amparó el derecho fundamental al debido proceso del actor.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202203808-01
Actor: Francisco José Cruz Prada – En su condición de Viceministro de
Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en su condición de Viceministro de Políticas y Normalización
Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de
apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y la Subsección B de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, el Consejo de
Estado al proferir el auto de 15 de junio de 2022, y el Tribunal al proferir el auto
de 1.° de abril de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio de la acción de
tutela identificada con el número único de radicación 250002337000201500171-
03, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-622 de 10 de
noviembre de 20161, resolvió:

“[…] QUINTO.- ORDENAR al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Hacienda, al
Ministerio de Defensa, a Codechocó y Corpourabá, a las Gobernaciones de Chocó
y Antioquia, y a los municipios demandados -con el apoyo del Instituto Humboldt,
las Universidades de Antioquia y Cartagena, el Instituto de Investigaciones
Ambientales del Pacífico, WWF Colombia y las demás organizaciones nacionales e
internacionales que determine la Procuraduría General de la Nación- y en conjunto
con las comunidades étnicas accionantes, que dentro del año siguiente a la
notificación de la sentencia, se diseñe y ponga en marcha un plan para
descontaminar la cuenca del río Atrato y sus afluentes, los territorios ribereños,
recuperar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región. Este
plan incluirá medidas como: (i) el restablecimiento del cauce del río Atrato, (ii) la
eliminación de los bancos de área formados por las actividades mineras y (iii) la
reforestación de zonas afectadas por minería legal e ilegal. Adicionalmente, este
plan incluirá una serie de indicadores claros que permitan medir su eficacia y
deberá diseñarse y ejecutarse de manera concertada con los pobladores de la
zona, así como garantizar la participación de las comunidades étnicas que allí se
asientan en el marco del Convenio 169 de la OIT […]”.

1
Corte Constitucional, sentencia T-622 de 10 de noviembre de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202203808-01
Actor: Francisco José Cruz Prada – En su condición de Viceministro de
Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

4. Señaló que, la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante auto de 19 de enero de 2022, abrió el incidente de
desacato por el incumplimiento de la orden quinta de la sentencia T-622 de 2016
y notificó a los siguientes funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible: Francisco Cruz Prada, en su calidad de Viceministro de Políticas y
Normalización Ambiental; María del Mar Mozo Muriel, en su calidad de Directora
de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; Fabián Mauricio Caicedo
Carrascal, en su calidad de Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico;
Andrea Corzo Álvarez, en su calidad de Directora de Asuntos Ambientales,
Sectorial y Urbano. Precisó que, dicha decisión fue notificada al correo
procesosjudiciales@minambiente.gov.co.

5. Señaló que, la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante auto de 1.° de abril de 2022, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR en desacato a los siguientes funcionarios del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en relación con el cumplimiento de
la sentencia T-622 de 2016, proferida por la Corte Constitucional:

• Francisco Cruz Prada, en su calidad de Viceministro de Políticas y Normalización
Ambiental.
• María del Mar Mozo Muriel, en su calidad de Directora de Bosques, Biodiversidad
y Servicios Ecosistémicos.
• Fabián Mauricio Caicedo Carrascal, en su calidad de Director de Gestión Integral
del Recurso Hídrico.
• Andrea Corzo Álvarez, en su calidad de Directora de Asuntos Ambientales,
Sectorial y Urbano.

SEGUNDO: SANCIONAR a los funcionarios referidos en el numeral anterior con
multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a
cada uno de ellos. Dicho valor deberá ser consignado dentro de los tres (3) días
siguientes a la ejecutoria de la presente providencia a favor del Consejo Superior de
la Judicatura, en la cuenta corriente No. 3-0820-000640-8 bajo el código de
convenio No. 13474, del Banco Agrario de Colombia. De igual forma, dentro del
mismo término deberá aportarse al despacho copia que acrediten las respectivas
consignaciones.

TERCERO: CONMINAR al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y la
Procuradora Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, para que ejecuten las
acciones tendientes a dar cumplimiento a las órdenes impartidas por la Corte
Constitucional, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: REMITIR el expediente al H. Consejo de Estado para que se surta el
grado jurisdiccional de consulta respecto de la sanción impuesta […]”.

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Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

6. Manifestó que, i) el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó
aclaración del auto de 1.° de abril de 2022, y ii) el 21 de abril de 2022, cada uno
de los funcionarios declarados en desacato y sancionados, presentaron
solicitudes de nulidad ante el Tribunal de la referencia.

7. Sostuvo que, mediante auto de 22 de abril de 2022, el Tribunal resolvió
negar las solicitudes de aclaración y complementación, y las de nulidades
presentadas por cada uno de los accionantes.

8. Adujo que, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 15 de junio de 2022, resolvió:

“[…] Primero: Dejar sin efectos todo lo actuado en el incidente de desacato de la
referencia frente a la señora María del Mar Mozo Muriel y, en consecuencia,
ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
B, rehacer el trámite en relación con la Dirección de Bosques, Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Confirmar el auto del 1.° de abril de 2022, dictado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que declaró que
los señores Francisco Cruz Prada, viceministro de Políticas y Normalización
Ambiental; Fabián Mauricio Caicedo Carrascal, director de Gestión Integral del
Recurso Hídrico; y Andrea Corzo Álvarez, directora de Asuntos Ambientales,
Sectorial y Urbano; incurrieron en desacato del ordinal quinto de la sentencia T-622
de 2016.

Tercero: Modificar la multa de veinte (20) salarios mínimos mensuales legales
vigentes impuesta a los señores Francisco Cruz Prada; Fabián Mauricio Caicedo
Carrascal y Andrea Corzo Álvarez, en el sentido de disminuirla a nueve (9), diez
(10) y ocho (8) salarios mensuales legales vigentes, respectivamente, frente a cada
uno de ellos […]”.

8.1. Sobre la notificación realizada dentro del trámite de incidente de desacato,
consideró lo siguiente:

“[…] Sobre el particular, la Subsección evidencia que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en proveído del 19 de enero de
2022, inició de oficio incidente de desacato en contra de los siguientes funcionarios
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Francisco Cruz Prada,
viceministro de Políticas y Normalización Ambiental; María del Mar Mozo Muriel,
directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; Fabián Mauricio
Caicedo Carrascal, director de Gestión Integral del Recurso Hídrico; y Andrea
Corzo Álvarez, directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano; por el
incumplimiento de la orden impartida en el ordinal quinto de la sentencia T-622 de

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Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

2016 dictada por la Corte Constitucional. En consecuencia, ordenó correr traslado
a los funcionarios mencionados y notificar la decisión al buzón electrónico
procesosjudiciales@minambiente.gov.co, para que dentro de los tres días
siguientes a la notificación ejercieran el derecho de defensa y contradicción.

En sede de consulta, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible insiste,
como lo hicieron en el trámite incidental los funcionarios sancionados, con
posterioridad a la imposición de la sanción, en que la notificación de esa decisión
se realizó de manera indebida, toda vez que las personas en contra de las cuales
se inició el trámite no tuvieron la oportunidad procesal de ejercer su derecho de
defensa y contradicción, en tanto que la notificación del proveído únicamente se
efectuó a la dirección electrónica de notificaciones judiciales de la cartera
ministerial, pero no a los correos personales de cada uno de ellos.

Al respecto, la Subsección advierte que la Corte Constitucional, en su
jurisprudencia, ha sostenido que la apertura del incidente de desacato no debe
notificarse personalmente al funcionario o funcionarios responsables del
cumplimiento de la orden de tutela, pues tal exigencia iría en contra de la celeridad
del cumplimiento de los fallos de la acción de tutela y la correspondiente protección
inmediata de los derechos fundamentales.

En ese orden de ideas, en primer lugar, se tiene que, en el sub judice, contrario a lo
expuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, no era necesario
notificar el proveído del 19 de enero de 2022 y las decisiones posteriores
adoptadas en el trámite incidental a los correos de cada uno de los funcionarios
sancionados, sino que se entiende que la notificación al buzón electrónico del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible era suficiente para garantizar su
derecho de defensa y contradicción, máxime cuando los señores Francisco Cruz
Prada, Fabián Mauricio Caicedo Carrascal y Andrea Corzo Álvarez laboran en la
entidad y, en todo caso, el apoderado de la cartera ministerial atendió el
requerimiento e informó las actuaciones adelantadas en cumplimiento de la orden
de tutela correspondiente.

Por esa razón se colige que frente a los señores Francisco Cruz Prada,
viceministro de Políticas y Normalización Ambiental; Fabián Mauricio Caicedo
Carrascal, director de Gestión Integral del Recurso Hídrico; y Andrea Corzo
Álvarez, directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano; existió una debida
individualización y notificación en el trámite incidental […]”.

8.2. Frente al fondo del asunto, consideró lo siguiente:

“[…] revisado el expediente digital, la Subsección advierte que los funcionarios del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible han realizado múltiples actuaciones
relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de tutela T622 de 2016; en lo que
aquí interesa, se tiene que en el año 2019, luego del desarrollo de un proceso de
construcción y concertación con las entidades del orden nacional, regional y local,
las comunidades étnicas de la zona de influencia de la fuente hídrica y los distintos
actores que participaron en el proceso, fue diseñado y aprobado el Plan de Acción
de la orden quinta de la decisión judicial mencionada, el cual comprende acciones
de remoción de bancos de arena formados por las actividades mineras, la
corrección del cauce del río y la reforestación de la zona de afluencia.

En ese mismo sentido, la Subsección avizora que la cartera ministerial, desde el
año 2021, ha suscrito varios contratos, acuerdos y convenios administrativos, con

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Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

el propósito de gestionar y poner en marcha determinados proyectos relacionados
con el cumplimiento del ordinal quinto de la decisión de tutela, entre esos, el
convenio con la Universidad de Córdoba, para obtener insumos técnicos para
remediación y restauración ecológica del río Quito, comprendido dentro de la
estrategia de rehabilitación y/o restauración de esa fuente hídrica. Aunado a lo
anterior, se tiene que la entidad ha participado en más de doce sesiones de la
Comisión de Guardianes del río Atrato, en múltiples reuniones y mesas de trabajo
de articulación y espacios de dialogo (sic), discusión y participación con entidades
de todos los órdenes, sectores económicos y las comunidades étnicas y mineras
de los quince municipios que se encuentran dentro del área del afluente, tal y como
lo acreditó con las actas de reunión, los listados de participación y otros tantos
documentos.

Así las cosas, se evidencia que, a pesar de las actuaciones desarrolladas por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo cierto es que a la fecha no se ha
materializado ninguno de los procesos ordenados en la sentencia de tutela, esto
es, no existe ninguna prueba que demuestre que se inició, de manera efectiva, el
restablecimiento del cauce del río Atrato, la remoción de los bancos de arena o el
proceso de reforestación. Lo que hasta ahora se avizora es el desarrollo de una
fase preliminar y de estudios del área y las particularidades de aquella, lo que, sin
duda alguna, es necesario para el desarrollo coordinado, articulado y planeado de
las actividades requeridas en el caso, pero que no demuestra el cumplimiento
integral de las medidas de protección especial ordenadas por la Corte
Constitucional en este caso. Lo anterior a pesar de que la orden de tutela fue clara
en disponer ciertos plazos, para la realización de estas […]”.

[…]

“[…] Ciertamente, como lo concluyó el Tribunal las actuaciones acreditadas por la
entidad solo muestran el desarrollo de una fase preliminar de la ruta que aquella se
trazó para cumplir la orden judicial, pero no satisfacen los lineamientos de la Corte
Constitucional, en relación con sus obligaciones concretas de descontaminación de
la cuenca del río, la recuperación de sus ecosistemas y la prevención de daños
ambientales adicionales en la región.

Así pues, resulta forzoso concluir que los señores Francisco Cruz Prada,
viceministro de Políticas y Normalización Ambiental; Fabián Mauricio Caicedo
Carrascal, director de Gestión Integral del Recurso Hídrico; y Andrea Corzo
Álvarez, directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano; no han cumplido en
su totalidad la orden de tutela. Por lo anterior, la Subsección confirmará la
providencia del 1.° de abril de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en cuanto ordenó el cumplimiento
de la orden de tutela y declaró que los funcionarios mencionados, incurrieron en
desacato del ordinal quinto de la sentencia T-622 de 2016.

En atención a lo expuesto, se disminuirá la multa impuesta a los señores Francisco
Cruz Prada, viceministro de Políticas y Normalización Ambiental; Fabián Mauricio
Caicedo Carrascal, director de Gestión Integral del Recurso Hídrico y Andrea Corzo
Álvarez, directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano; a nueve salarios
mínimos mensuales legales vigentes, para el primero de los mencionados; diez
salarios mínimos mensuales legales vigentes para el segundo y ocho salarios
mínimos mensuales legales vigentes para la tercera funcionaria […]”.

La solicitud de tutela

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Pretensiones
9. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso y derecho de defensa
establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

2. Declarar que el Auto 009 del primero (01) de abril de dos mil veintidós (2022) y
notificado únicamente a través de correo electrónico a esta cartera ministerial el
diecinueve (19) de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B, y el Auto de 15 de junio de 2022, de la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, transgredieron el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia, vulnerando el precedente judicial del Consejo de
Estado respecto del carácter subjetivo y personal del incidente de desacato.

3. Ordene se retrotraiga toda la actuación derivada del incidente de desacato
iniciado y resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, cuya decisión definitiva se encuentra contenida en el Auto de 15 de
junio de 2022, del Consejo de Estado, dentro del proceso de tutela de radicado
25000233700020150017100, hasta su inicio, y en consecuencia:

a) Se tengan en cuenta las acciones desplegadas por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, que se observe su buena intención y diligencia para con el
cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia T622 (sic) de 2016 de la Corte
Constitucional,

b) y si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B
aun insiste que Minambiente (sic) no ha cumplido por negligencia con las ordenes
(sic) impartidas, se notifique del incidente de desacato de manera personal e
individual a los funcionarios vinculados en ese incidente de desacato […]”.

10. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que, a su juicio, las
autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto procedimental, por
las siguientes razones:

“[…] Articulo 133 numeral 4 del Código General del Proceso […] Artículo 129.
Proposición, trámite y efecto de los incidentes del Código General del Proceso […]
Así las cosas, conforme lo disponen los artículos transcritos aplicables al trámite
incidental de desacato, debe hacerse la notificación en forma personal “Al
demandado o a su representante o apoderado judicial (…) en general la de la
primera providencia que se dicte en todo proceso” y “A los funcionarios públicos en
su carácter de tales, la del auto que los cite al proceso”.

Estas previsiones corroboran la exigencia de que la apertura del incidente de
desacato se notifique personalmente al funcionario o al particular
responsables de llevar a cabo la orden impartida por el juez de tutela y, sólo
en caso de no lograrse ésta, notificar por cualquier medio efectivo que garantice su
intervención durante la actuación sancionatoria […]”.

[…]

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Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

“[…] La apertura del incidente no fue notificada a mi mandante en su calidad de
funcionario del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para ejercer su
defensa personal, para exponer las gestiones desarrolladas conforme a las
atribuciones asignadas internamente para cumplir la sentencia del Río Atrato […]”.
(Resaltado por la Sala)

11. Igualmente, indicó que se desconoció la amplia jurisprudencia del Consejo
de Estado2 y de la Corte Constitucional3 , relacionada con el tema de la
vulneración al debido proceso cuando la notificación del trámite del incidente de
desacato no se realiza personalmente.

12. El actor adujo que las autoridades demandadas incurrieron en un defecto
fáctico, toda vez que:

“[…] Adicionalmente, las pruebas aportadas no se valoraron adecuadamente,
especialmente porque en los informes periódicos de seguimiento aportados, tanto
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca como al Consejo de Estado, hay una
completa relación de las actividades desplegadas por Minambiente en
cumplimiento de la orden quinta de la Sentencia T-622 de 2016, y valoración
inadecuada terminó con una injusta declaratoria del incumplimiento de la sentencia,
cuando la realidad muestra lo contrario […]”.

[…]

“[…] Se conoce que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, valoró, al menos, parte de las pruebas aportadas, toda vez que hace
mención en el auto 009 de 2022 a las múltiples actividades desarrolladas, empero,
es dable presumir que las valoró caprichosa y arbitrariamente al no reconocer que:
A) Se ha venido cumpliendo con la orden quinta por cuando indica que se debe
diseñar un plan y ponerlo en marcha, y esto cabalmente se satisfizo, B) Las
actividades consagradas en el plan se encuentran en ejecución por los
responsables de las mismas, de acuerdo con sus posibilidades y competencias, C)
Las ordenes cuarta, quinta, sexta, séptima y octava de la sentencia T622 de 2022
son responsabilidad de diferentes entidades, y en la argumentación que soporta el
desacato las confunde y trata indistintamente, D) La orden quinta es de medios y
no de resultados, y esto se ha argumentado en múltiples oportunidades, E) el plan

2
“[…] Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia del 28 de mayo de 2021, rad. 11001-03- 15-000-
2021- 01802-00, en la cual se explicó que “para la Sala, esta situación vulnera el debido proceso del
accionante pues la notificación del trámite del incidente de desacato debe realizarse personalmente y, en
este caso, no se practicó en debida forma. “ -Consejo de Estado – Sección Quinta, sentencia de 7 de mayo
de 2021, rad. : 47001-23- 33-000- 2017- 00320-03, en cual se dejó por sentado lo siguiente: “La nulidad será
declarada a partir de la notificación del auto de fecha 19 de marzo de 2021, inclusive, que puso en
conocimiento el contenido de la solicitud de desacato con el propósito de que el funcionario sea notificado en
legal forma de la citada providencia, como de las demás que correspondan a dicha actuación, para que
pueda ejercer su derecho a la defensa y contradicción”. -Consejo de Estado – Sección Primera, sentencia
del 16 de mayo de 2007 en el marco de la acción de tutela con rad. “2007-0019” en la cual se concluyó que
“las providencias judiciales que se dicten dentro de un incidente de desacato deben ser notificadas no sólo al
Representante Legal de la autoridad pública o particular demandada, sino también a la persona natural sobre
quien recae, concretamente, la orden de tutela […]”.
3
“[…] sentencia SU-034 de 2018 […]”.

9

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Desarrollo Sostenible

para la descontaminación del río Atrato se formuló para un horizonte de veinte (20)
años, puesto que resulta técnicamente inviable descontaminar el río Atrato en un
término inferior, hecho que se agrava si la minería ilegal no merma.
El material probatorio disponible, a viva voz, muestra la intención de cumplimiento,
y no es prueba de la aplicación del supuesto legal de negligencia o dolo para
sustentar la declaratoria en desacato y la imposición de la sanción.

No se tuvo en cuenta las pruebas aportadas, porque el plan de acción aprobado en
2019, el cual se aprobó da fe de las acciones a desplegar y su soporte técnico, y
los informes de cumplimiento que periódicamente se han presentado muestran al
amplio número de actividades adelantadas […]”.

13. Finalmente, el actor indicó que las autoridades demandadas incurrieron en
la causal de decisión sin motivación, por las siguientes razones:

“[…] Lo que el Tribunal deja ver en su decisión es que la Corte Constitucional
ordenó al Ministerio de Ambiente: a) diseñar y poner en marcha un plan, b) la
recuperación de los ecosistemas, y c) evitar daños ambientales adicionales. Lo que
indica el Tribunal se aleja de la realidad porque se ven varias obligaciones
individuales y de resultados.

La misma línea trae el Consejo de Estado en sede Consulta, cuando desconoce
que la orden era elaborar un plan de acción que contuviera varios ítems, no se
otorgó un término para ejecutar cada uno de los ítems que debía llevar el plan de
acción, y que el único término que estableció el fallo fue el relativo a la elaboración
del plan de acción dentro del año siguiente a la notificación, y en el plan se
establecieron varios términos concertados con la comunidad para la ejecución de
las acciones, pero el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Se REITERA, la orden que impartió la Corte Constitucional en su sentencia fue
elaborar un plan de acción que contuviera varios aspectos, pero la ejecución de
dichos ítems, tales como el restablecimiento del cauce del río Atrato, la remoción
de los bancos de arena o el proceso de reforestación no tenían un término, sino
que estas acciones se debían realizar como producto del trabajo conjunto con las
demás entidades condenadas, pues nótese que solo se reprochó el actuar del
Ministerio, cuando ésta Entidad es rectora de políticas y las demás entidades son
ejecutoras en territorio de esas políticas trazadas.

B) Adicionalmente, pese a afirmar que se acreditan los factores objetivos y
subjetivos, no hay motivación ateniente a demostrarlos, porque ni la orden quinta
esta incumplida ni los funcionarios han actuado con dolo o negligencia […]”.

Actuación

14. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante auto de 25 de julio de 2022, i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a los magistrados de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal

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Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Administrativo de Cundinamarca; iii) negó la medida provisional solicitada por el
actor; iv) vinculó, en calidad de terceros con interés legítimo, a la señora María
del Mar Mozo Muriel, Fabián Mauricio Caicedo Carrascal, Andrea Corzo Álvarez,
Olga Lucía Patín Cure, Rodolfo Enrique Zea Navarro, a la Presidencia de la
República, al Ministerio Público, al Centro de Estudios para la Justicia Social
“Tierra Digna” en representación del Consejo Comunitario Mayor de la
Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), el Consejo
Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia),
la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (Asocoba), el Foro Inter-
étnico Solidaridad Chocó (FISCH) y todos aquellos sujetos que hicieron parte de
la acción de tutela T-622/16, concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular; y v) ofició a la Secretaría de las autoridades
judiciales demandadas para que publicaran en su respectiva página web copia
digital de la demanda de tutela, de los anexos que la acompañan y de esta
providencia, con el fin de que cualquier persona que tuviera interés conociera de
los referidos documentos y pudiera intervenir en el trámite constitucional de la
referencia.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

15. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, solicitó
negar la acción de tutela, al considerar que:

“[…] En el proveído cuestionado, a través de la presente acción de tutela, se
concluyó, primero, que no existió una indebida identificación y notificación de tres
de los funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sancionados,
comoquiera que no era necesario notificar el auto del 19 de enero de 2022 y las
decisiones posteriores a los correos personales de cada uno de ellos, puesto que
tal exigencia iría en contra de la finalidad del incidente de desacato, la cual no es
otra que lograr el cumplimiento de los fallos de la acción de tutela de forma célere y
la correspondiente protección inmediata de los derechos fundamentales. Aunado a
lo anterior, se ordenó al Tribunal rehacer el trámite frente a la Dirección de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, en el entendido que no había
indagado quien era el funcionario que ocupaba ese cargo, para la época en que
profirió la providencia de apertura del incidente de desacato […]”.

[…]

“[…] Igualmente, se tiene que se revisaron los factores subjetivos y objetivos del
caso, con el propósito de verificar el cumplimiento de la orden judicial y la
imposición y la graduación de la sanción y, precisamente, ante la acreditación de

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varias gestiones administrativas por parte de los funcionarios sancionados, con el
propósito de cumplir las directrices contenidas en el ordinal quinto de la sentencia
T- 622 de 2016, y, en atención a la fecha de su vinculación a la entidad y al alcance
temporal de su gestión, se disminuyó la multa impuesta, por lo que no es cierto,
como lo enuncia el peticionario de la salvaguarda, que exista una desatención del
procedimiento del trámite incidental o del precedente jurisprudencial constitucional
relativo a la materia objeto de debate.

10. Además, considero pertinente mencionar que antes del trámite del grado
jurisdiccional de consulta, los funcionarios sancionados solicitaron la nulidad del
auto de apertura del incidente de desacato y del auto que lo resolvió porque en su
criterio, se produjo una indebida notificación, debido a que no tuvieron la
oportunidad procesal de ejercer su derecho de defensa y contradicción, puesto que
las actuaciones surtidas fueron notificadas únicamente a la dirección electrónica de
notificaciones judiciales de la cartera ministerial. Dicha solicitud fue negada por
parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
mediante proveído del 22 de abril de 2022. Por lo anterior, es evidente que la
nulidad a la que alude el solicitante de la salvaguarda en el escrito de tutela ya fue
analizada y decidida en el trámite del incidente de desacato […]”.

16. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela.

16.1. Al respecto, señaló que:

“[…] Tampoco puede perderse de vista que las actuaciones que motivaron la
interposición de la solicitud de amparo tienen origen en un incidente tramitado en
un proceso de tutela, es decir, se interpone una acción de tutela sobre un proceso
de tutela, circunstancia que resulta improcedente, según lo ha interpretado el
mismo Tribunal Constitucional.

En efecto, en este caso justamente se pretende discutir el contenido de las
actuaciones proferidas dentro del trámite del incidente de desacato contra los
funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de lo que se
evidencia que la solicitud de amparo interpuesta únicamente cuenta con una
finalidad dilatoria dentro del proceso de tutela, al intentar revivir la discusión
suscitada en cada una de las etapas procesales del incidente, hecho que
desnaturaliza el propósito de la acción constitucional.

De otra parte, en el escrito de la tutela se alega una vulneración al debido proceso
en tanto las actuaciones del trámite incidental no se notificaron a los correos
personales de los funcionarios sancionados, sobre lo cual se recuerda que, como
lo ha considerado la Corte Constitucional, no resulta obligatoria la notificación
personal de la apertura del incidente de desacato y la providencia que lo resuelve
al funcionario responsable del cumplimiento del fallo de tutela, razón por la cual no
se configura defecto procedimental alguno […]”.

[…]

“[…] En ese orden de ideas, y contrario a lo sostenido por la parte actora, la
notificación personal del auto de apertura y de la providencia que lo resuelve no es
una formalidad que afecte el trámite procedimental del incidente del desacato, en

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tanto lo relevante es que la decisión sea puesta en conocimiento de la entidad a
través del mecanismo de notificación más eficaz, como lo es el correo electrónico
de notificaciones judiciales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
dirección a la cual se notificaron las actuaciones del incidente de lo cual también
resulta claro que la tutelante tuvo conocimiento de las decisiones adoptadas por la
Sala, pues ha venido actuando en las etapas procesales pertinentes […]”.

17. La Presidencia de la República solicitó su desvinculación, al considerar
que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que “[…] no existe
nexo de causalidad entre la presunta violación o amenaza de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora y las entidades que represento,
comoquiera que no son la autoridad pública que presuntamente violó o amenazó
los derechos fundamentales invocados […]”.

18. La Procuraduría General de la Nación, a través del Procurador Delegado
para Asuntos Ambientales y Agrario, manifestó que:

“[…] Que el auto del 19 de enero de 2022, de la Subsección “B” de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia de la señora
Magistrada, Dra. Carmen Amparo Ponce Delgado, mediante la cual se dio apertura
al incidente de desacato, fue notificado únicamente al correo electrónico
procesosjudiciales@minambiente.gov.co […]”.

[…]

“[…] En ese contexto, no cabe duda, entonces, para la Procuraduría, que debe
aplicarse aquel criterio de interpretación jurisprudencial que mejor proteja el
derecho fundamental en controversia; en este caso, el fijado por el Consejo de
Estado, conforme al cual, el auto de apertura del incidente de desacato en
acciones de tutela debe ser notificado de manera personal; en razón a que la
responsabilidad que se juzga en estos escenarios, es exclusivamente personal; y
no institucional.

Lo anterior comporta que la notificación de las providencias y decisiones en el
marco de los incidentes de desacato en las acciones de tutela, deban efectuarse al
correo electrónico personal institucional, o al correo privado; o en su defecto, de
forma personal; sin que resulte válido, ni admisible la notificación al buzón de
correo electrónico institucional de la Entidad, -como sucedió en el presente asunto-,
pues en el incidente de desacato, lo que se analiza es la responsabilidad personal
del agente responsable del cumplimiento, no así la responsabilidad de la Entidad
de la cual hace parte el funcionario, posición que es reafirmada por el contenido
normativo de los artículos 27 y 54 del Decreto 2591 de 1991 […]”.

19. María del Mar Mozo Muriel, Fabián Mauricio Caicedo Carrascal, Andrea Corzo
Álvarez, Olga Lucía Patín Cure, Rodolfo Enrique Zea Navarro, el Ministerio
Público, el Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” en

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representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular
Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), el Consejo Comunitario Mayor de la
Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), la Asociación de Consejos
Comunitarios del Bajo Atrato (Asocoba) y el Foro Inter-étnico Solidaridad Chocó
(FISCH) guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

20. La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera
instancia, el 25 de agosto de 2022, por medio de la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de reposición
interpuesto por el apoderado judicial del señor Francisco José Cruz Prada contra el
auto del 25 de julio de 2022, mediante el cual se admitió la demanda de tutela de la
referencia, por las consideraciones expuestas y ADVERTIR que la presente acción
de tutela se entiende presentada por el señor Francisco José Cruz Prada, en su
condición de viceministro de Políticas y Normalización Ambiental de Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien actúa por medio de su apoderado judicial
Juan Carlos Sánchez Posso, de conformidad con el poder obrante en el expediente
digital.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso, defensa y
contradicción del señor Francisco José Cruz Prada, de conformidad con la parte
motiva de la presente decisión.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS el trámite de
incidente de desacato con radicado N° 25000-23-37-000-2015-00171-03 solo
respecto del señor Cruz Prada, desde la providencia 19 de enero de 2022 (que
abrió el incidente de desacato), para que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B rehaga el trámite y notifique en
debida forma al tutelante y deberá informar a las autoridades del caso la decisión
aquí adoptada, conforme a las razones dadas en este proveído […]”.

20.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] debe advertirse que la tutela fue admitida respecto del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible en la medida que el incidente de desacato se instauró en
contra de varios funcionarios que laboran en dicha entidad por el incumplimiento de
la sentencia T-622 de 2016 proferida por la Corte Constitucional.

45. Sin embargo, en consideración al elemento subjetivo de la responsabilidad que
caracteriza el trámite de incidente de desacato, se aclara que la presente acción de
tutela fue presentada por el señor Francisco José Cruz Prada, nombrado mediante
Decreto 1403 de 27 de octubre de 2020 y posesionado mediante acta de 28 de
octubre de 2020 como viceministro de Políticas y Normalización Ambiental de la
mencionada cartera ministerial, quien actúa por medio de su apoderado judicial

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Juan Carlos Sánchez Posso, de conformidad con el poder obrante en el expediente
digital […]”.

[…]

“[…] dentro de los procesos de tutela que adelantan los jueces de la República, es
perfectamente válida la notificación por correo electrónico que se haga a través de
las direcciones generales de las entidades (email de notificaciones judiciales), pero
lo mismo no se puede predicar dentro del trámite del incidente de desacato, pues
frente a este punto, de forma reiterada esta Sección de Consejo de Estado ha
explicado que para que la notificación por correo electrónico tenga validez dentro
de dicha actuación, aquella se debe hacer al correo electrónico personal
institucional, privado o de forma presencial del servidor público o particular a quien
se le adelanta tal juicio de responsabilidad objetiva, esto es, la verificación material
del cumplimiento del mandato dado por el juez, y subjetivo, frente al presunto
incumplimiento de una orden constitucional […]”.

[…]

“[…] A partir de los anteriores derroteros normativos y jurisprudenciales, al
revisarse el trámite otorgado en el marco del trámite incidental, este juez
constitucional evidencia que no se garantizó el debido proceso, el derecho de
defensa y contradicción del señor Cruz Prada, toda vez que no fue notificado al
correo personal institucional o privado, como se observa:

86. De las pruebas obrantes en el expediente se observa que tanto la providencia
del 19 de enero de 2022 (que abrió el incidente de desacato) como del 1° de abril
de 2022 (sancionó por desacato a los funcionarios con multa de 20 salarios
mínimos) fueron notificadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección B al correo electrónico institucional del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible: procesosjudiciales@minambiente.gov.co,
como se observa respectivamente […]”.

[…]

“[…] Debe recordarse, que esta Corporación ha señalado que el desacato encierra
el ejercicio de un poder disciplinario del juez, en el que es preciso indicar, que para
que proceda la imposición de la sanción debe verificarse que el incumplimiento de
la orden de tutela sea producto de la negligencia del obligado, es decir, que la
responsabilidad subjetiva debe estar comprobada; de ello necesariamente se
infiere, que el llamado a responder debe ser adecuadamente delimitado en el fallo
que se dice desobedecido y además, debe ser debidamente notificado […]
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala pone de presente que en ocasiones
anteriores28 ha sostenido que los oficios remitidos a los correos institucionales que
las entidades hayan destinado para recibir notificaciones judiciales no satisfacen el
núcleo esencial del debido proceso, pues el incidente de desacato se dirige contra
el funcionario público encargado de dar cumplimiento a la orden de amparo y no
contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible […]”.

La impugnación

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21. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado por las siguientes razones:

“[…] El fallo proferido por el Alto Tribunal concluyó que el actor debió haber sido
notificado personalmente tanto del auto de apertura como de aquel que le impuso
la sanción para garantizar su derecho al debido proceso, sosteniendo que las
notificaciones judiciales que se efectúen a los correos institucionales de las
entidades no satisfacen el núcleo esencial del debido proceso.

En primer lugar, resulta del caso advertir que, como lo determinó la Corte
Constitucional en la Sentencia SU 034-18, la acción de tutela contra una decisión
proferida en otro proceso de tutela es, por lo general, improcedente […]”.

[…]

“[…] Justamente del escrito de tutela por el accionante se desprende que, entre
otras alegaciones, reitera argumentos encaminados a controvertir el fondo de la
decisión que lo declaró en desacato por el incumplimiento de la Orden Quinta de la
parte resolutiva de la Sentencia T-622 de 2016, dictada por la Corte Constitucional,
es decir, afirmaciones que escapan de toda vista del supuesto defecto
procedimental y la vulneración al derecho al debido proceso alegada en la acción
constitucional, pretendiendo revivir el debate sobre aspectos propios de una
decisión judicial ejecutoriada y que resultan pertinentes para efectos de las labores
de verificación del cumplimento (sic) de la sentencia de la Corte Constitucional,
más no en el trámite incidental.

De otra parte, me permito reiterar que, según la jurisprudencia constitucional4, la
notificación personal de la apertura del incidente de desacato y de la providencia
que sancione al funcionario responsable del cumplimiento del fallo de tutela no es
obligatoria para poner en conocimiento del sancionado la decisión adoptada
justamente cuando, como logra evidenciarse en el trámite incidental, el accionante
participó en las etapas previas a la decisión definitiva inclusive, interponiendo una
nulidad alegando los mismos hechos que originaron la presente solicitud de
amparo, la cual fue denegada por el Despacho del cual soy titular, apelada por el
actor y rechazada por improcedente mediante auto del 02 de junio de 2022
proferido por la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado. Todas
aquellas decisiones fueron notificadas no solo al correo institucional de
notificaciones judiciales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sino
también a los correos personales que indicaron cada uno de los funcionarios
sancionados en el trámite del incidente.

En el presente caso, las notificaciones del auto de apertura y del que declaró el
desacato se efectuaron a la dirección electrónica para notificaciones judiciales de la
entidad, como es aceptado por el mismo actor; aunado a lo anterior, si bien existe
un directorio con los nombres de los funcionarios en el sitio web del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, no se evidencian correos electrónicos
institucionales y personales de cada uno de ellos, situación que imposibilitó
notificar la decisión a direcciones electrónicas que no se encuentran publicadas en
dicho portal web del ministerio y, además, requerir a dicha entidad para que

4
Cita del texto original: “Sentencia T-343 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, reiterada en Auto
236 del 23 de octubre de 2013”.

16

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proporcione los correos electrónicos personales y esperar una eventual respuesta
para cumplir con la formalidad de notificar al correo electrónico institucional y
personal de cada uno de los funcionarios no resultaría congruente con el principio
de celeridad en el cumplimiento de los fallos de la acción de tutela y la protección
de los derechos fundamentales objeto de verificación máxime cuando, como se
dijo, los funcionarios ya conocen de la existencia del proceso de tutela y han
actuado en el trámite de verificación de cumplimiento, mediante la presentación de
comunicaciones e informes semestrales sobre el cumplimiento de las órdenes
dictadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-622 de 2016, como puede
evidenciarse en el expediente de tutela objeto de desacato […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

22. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de
conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19915, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86
de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm.
333 de 6 de abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre
de 20187 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

23. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
7
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
8
Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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24. La Sala advierte que, sería del caso resolver la solicitud de desvinculación
propuesta por la Presidencia de la República; sin embargo, se observa que el A
quo se pronunció al respecto en la parte considerativa de la sentencia de primera
instancia9, sin que esto haya sido objeto de impugnación.
Problemas jurídicos

25. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado al proferir el auto de
15 de junio de 2022 y la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca al proferir el auto de 1.° de abril de 2022, en el
proceso adelantado en ejercicio de la acción de tutela identificada con el número
único de radicación 250002337000201500171-03, incurrieron en un defecto
procedimental absoluto, en un defecto fáctico y en la causal de decisión sin
motivación, lo que trajo como consecuencia que no se notificara en debida forma
al tutelante el tramite incidental de la referencia.

26. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) sobre la procedencia de
la acción de tutela contra decisiones proferidas dentro del trámite incidental de
desacato; iv) análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad en el
caso concreto; v) el defecto procedimental absoluto; vi) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso, vii) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad, viii) análisis del caso
concreto y finalmente las ix) conclusiones de la Sala.

9
Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado consideró: “[…] Se tiene que la Presidencia de la
República solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional pues, a su juicio, carece de
legitimación en la causa. No obstante, dicha petición será negada ya que su vinculación al proceso se hizo
en calidad de tercero, en atención al interés que le asiste en las resultas del presente trámite, dado que
fungió como parte en la acción de tutela T-622/16, respecto del cual se elevó el incidente que se discute en
sede constitucional […]”.

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Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

27. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello10, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en
presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las
profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en
el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

28. Esta Sección11 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

29. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la
relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa
judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se
trate de tutela contra tutela.

30. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.

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especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”12.

31. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material
o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento
del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

32. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”13 que encaje en dichos
parámetros.

33. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

34. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de
la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414.

Sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas
dentro del trámite incidental de desacato

12
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
13
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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35. La Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU – 627 de 1.°
de octubre de 201515, fijó una excepción a la regla jurisprudencial de la acción de
tutela contra providencias judiciales, para el efecto, fijó una serie de criterios de
procedibilidad que dependen del objeto del amparo. Esto es, si el mismo se enfoca
en la sentencia proferida dentro del proceso de tutela, o respecto de una actuación
previa o posterior a la mencionada providencia.

36. Respecto a la actuación posterior a la sentencia, en dicho caso, de una
tutela, la Corte Constitucional analizó la posibilidad de que mediante tutela se
cuestionen decisiones proferidas dentro del trámite incidental de desacato. Sobre
este evento, señaló:

“[…] 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y
se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional […]”16.

37. Asimismo, la Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación
SU – 034 de 3 de mayo de 201817, profundizó sobre los requisitos de procedencia
de la acción de tutela contra las providencias proferidas dentro de los trámites
incidentales de desacato. En ese sentido, reiteró que debían cumplirse los
requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, y
exigió que el actor alegara la configuración de, por lo menos, uno de los defectos
especiales.

38. De igual forma, precisó que, a fin de cumplir con el requisito de
subsidiariedad, la tutela solo podría interponerse contra la decisión que pone fin
al trámite una vez esté debidamente ejecutoriada. Por ende, si se intentara
cuestionar otra decisión diferente a la que finaliza el trámite la acción de tutela no
procedería, ya que el ordenamiento jurídico consagra el grado jurisdiccional de

15
Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de
Estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo.
16
Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
Referencia Expediente T- 4.496.402. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación.
17
Corte Constitucional, Sentencia SU – 034 de 3 de mayo de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. Referencia:
Expediente T-6.017.539.

21

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consulta como “[…] la instancia obligatoria donde la sanción por desacato cobra
firmeza […]”.

39. Igualmente, enfatizó que los argumentos planteados en la tutela deben ser
consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato. Por ende,
indicó que no se admite invocar nuevos argumentos no expuestos en el trámite
incidental, y que tampoco procede la solicitud de nuevas pruebas no solicitadas
en el curso del desacato.

40. En lo que respecta al estudio de fondo, precisó que el análisis del juez de
tutela está restringido a estudiar si en el curso del desacato la autoridad judicial
vulneró el derecho al debido proceso.

41. Asimismo, la Corte Constitucional al estudiar la procedencia de la
modificación de la orden contra la providencia que da origen al trámite incidental
consideró que el juez “[…] no puede revisar, cuestionar y/o modificar la decisión
de tutela, el alcance o contenido sustancial de las órdenes impartidas por el juez
de la tutela primigenia –salvo que aquella sea de imposible cumplimiento o
ineficaz para garantizar la efectividad del derecho fundamental amparado–, pues
se trata de un debate que ya fue zanjado, de suerte que en el ejercicio de sus
atribuciones ha de ceñirse al trámite incidental objeto de estudio […]”.

42. En ese orden de ideas, se advierte que la procedencia de la acción de tutela
contra las providencias proferidas en los trámites incidentales de desacato está
sujeta a que: i) se controvierta la decisión que finaliza el trámite, ii) que no se
aleguen nuevos argumentos o pruebas que no hicieron parte del desacato, iii)
que además de comprobarse el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales se sustente la configuración
de un defecto especial, iv) que se busque la protección del debido proceso y que
su trasgresión se haya originado en el curso del desacato y, que iv) la decisión no
puede cuestionar o modificar la decisión, el alcance o contenido sustancial de la
orden impartida en este caso por el juez de la acción de cumplimiento primigenia.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción

22

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de tutela en el caso concreto

43. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.
44. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple
con los requisitos generales de procedibilidad, así:

44.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia
constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos
fundamentales del actor al debido proceso y a la igualdad.

44.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii) el actor cumplió con
la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto procedimental
absoluto, un defecto fáctico y en la causal de decisión sin motivación.

44.3. Para la Sala exigirle al actor una carga argumentativa mínima se justifica,
toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales18, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

18
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”

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44.4. Cumplió con el principio de inmediatez19.

44.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial
eficaces y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección de los
derechos fundamentales invocados, en relación con el defecto procedimental
alegado;

44.6. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

44.7. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

El defecto procedimental como causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales

45. Frente al defecto procedimental la Corte Constitucional ha establecido que
existen dos clases, a saber: i) defecto procedimental absoluto y ii) exceso ritual
manifiesto. En sentencia SU-159 de 2002 la Alta Corporación consideró que el
defecto procedimental se configura cuando “[…] el juez se desvía por completo del
procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones […]” y
actúa “[…] en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad […]”.
Asimismo, señala que el proceso está viciado cuando “[…] se pretermiten eventos
o etapas señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que
se le reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, (i.) puedan
ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con
la asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el
derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere
pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del
proceso y se permita su participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las

19
El auto de 15 de junio de 2022 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, se notificó el 7 de julio de 2022, en tanto que la acción de tutela se presentó el 12 de julio de 2022,
es decir, cumplió con el requisito de inmediatez, toda vez que se presentó antes de que transcurrieran (6)
meses contados a partir de la notificación de la providencia cuestionada.

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providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles
notificadas […]”20.

46. De igual manera, la Alta Corte, en sentencia T-204/15, consideró21:

“[…] El defecto procedimental absoluto ha sido definido por la Corte Constitucional
como el vicio que se configura cuando el juez se aparta completamente del
procedimiento establecido por las normas jurídicas, ocasionando una vulneración
del derecho fundamental al debido proceso. Tal como lo ha reseñado la
jurisprudencia constitucional, la razón de ser de la consagración de esta causal de
procedibilidad contra sentencias judiciales está relacionada con la protección de
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, que sujetan al juez a los procedimientos previamente establecidos, en
virtud del principio de legalidad.

De esta manera, en aquellos casos en que un juez resuelve, en forma arbitraria,
desconocer los procedimientos y las formas establecidas para el desarrollo de los
juicios, vulnera no sólo los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, relacionados con los derechos a la defensa y
contradicción que le asiste a las partes en el marco de un proceso judicial o de un
procedimiento activo. En realidad, con esta omisión, el juez natural pone en peligro
la protección y efectividad de los derechos subjetivos de las partes en el referido
trámite, lo cual supone una afectación de carácter sustancial, si se tiene en cuenta
que los procedimientos están concebidos para asegurar la efectividad de dichos
derechos sustanciales […]”.

47. En conclusión a lo anterior, la Sala advierte que el defecto procedimental
absoluto se configura cuando la autoridad judicial de manera grosera y arbitraria se
desvía completamente del procedimiento establecido en la ley, lo que trae como
consecuencia la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

48. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

20
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
21
Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 20 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

25

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Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

49. Atendiendo a que, la Corte Constitucional22 ha definido el derecho al
debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

50. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

22
Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.

26

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51. Atendiendo a que la Corte Constitucional23 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Análisis del caso concreto

52. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

53. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

54. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

23
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

27

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54.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio de la acción de tutela
identificada con el número único de radicación 250002337000201500171-03.

Solución del caso concreto

55. El actor en su escrito de tutela indicó que las autoridades judiciales
demandadas incurrieron en un defecto procedimental absoluto, por las siguientes
razones:

“[…] Articulo 133 numeral 4 del Código General del Proceso […] Artículo 129.
Proposición, trámite y efecto de los incidentes del Código General del Proceso […]
Así las cosas, conforme lo disponen los artículos transcritos aplicables al trámite
incidental de desacato, debe hacerse la notificación en forma personal “Al
demandado o a su representante o apoderado judicial (…) en general la de la
primera providencia que se dicte en todo proceso” y “A los funcionarios públicos en
su carácter de tales, la del auto que los cite al proceso”.

Estas previsiones corroboran la exigencia de que la apertura del incidente de
desacato se notifique personalmente al funcionario o al particular
responsables de llevar a cabo la orden impartida por el juez de tutela y, sólo
en caso de no lograrse ésta, notificar por cualquier medio efectivo que garantice su
intervención durante la actuación sancionatoria […]”.

[…]

“[…] La apertura del incidente no fue notificada a mi mandante en su calidad de
funcionario del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para ejercer su
defensa personal, para exponer las gestiones desarrolladas conforme a las
atribuciones asignadas internamente para cumplir la sentencia del Río Atrato […]”.
(Resaltado por la Sala)

56. Igualmente, indicó que se desconoció la amplia jurisprudencia del Consejo
de Estado24 y de la Corte Constitucional25, relacionada con el tema de la
vulneración al debido proceso cuando la notificación del trámite del incidente de
desacato no se realiza personalmente.
24
“[…] Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia del 28 de mayo de 2021, rad. 11001-03- 15-000-
2021- 01802-00, en la cual se explicó que “para la Sala, esta situación vulnera el debido proceso del
accionante pues la notificación del trámite del incidente de desacato debe realizarse personalmente y, en
este caso, no se practicó en debida forma. “ -Consejo de Estado – Sección Quinta, sentencia de 7 de mayo
de 2021, rad. : 47001-23- 33-000- 2017- 00320-03, en cual se dejó por sentado lo siguiente: “La nulidad será
declarada a partir de la notificación del auto de fecha 19 de marzo de 2021, inclusive, que puso en
conocimiento el contenido de la solicitud de desacato con el propósito de que el funcionario sea notificado en
legal forma de la citada providencia, como de las demás que correspondan a dicha actuación, para que
pueda ejercer su derecho a la defensa y contradicción”. -Consejo de Estado – Sección Primera, sentencia
del 16 de mayo de 2007 en el marco de la acción de tutela con rad. “2007-0019” en la cual se concluyó que
“las providencias judiciales que se dicten dentro de un incidente de desacato deben ser notificadas no sólo al
Representante Legal de la autoridad pública o particular demandada, sino también a la persona natural sobre
quien recae, concretamente, la orden de tutela […]”.
25
“[…] sentencia SU-034 de 2018 […]”.

28

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Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y
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57. En el caso sub examine, la Sala advierte lo siguiente:

57.1. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante auto de 19 de enero de 2022, abrió el incidente de
desacato por el incumplimiento de la orden quinta de la sentencia T-622 de 2016
y notificó a los siguientes funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible: Francisco Cruz Prada, en su calidad de Viceministro de Políticas y
Normalización Ambiental; María del Mar Mozo Muriel, en su calidad de Directora
de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos; Fabián Mauricio Caicedo
Carrascal, en su calidad de Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico;
Andrea Corzo Álvarez, en su calidad de Directora de Asuntos Ambientales,
Sectorial y Urbano. Frente a dicha decisión se ordenó su notificación de la
siguiente manera:

57.2. La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante auto de 1.° de abril de 2022, resolvió declarar en
desacato a varios funcionarios, entre ellos el actor, y los sancionó. Frente a dicha
decisión se ordenó su notificación de la siguiente manera:

29

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57.3. Las notificaciones mencionadas anteriormente, se realizaron por la
Secretaría del Tribunal a los correos electrónicos de la referencia, en el caso del
actor, al correo procesosjudiciales@minambiente.gov.co, lo cual, incluso en sede
de tutela, fue reconocido por las autoridades demandadas.

58. La Sala advierte que, sobre la naturaleza del incidente de desacato, la Corte
Constitucional ha señalado que se trata de un mecanismo por medio del cual se
busca persuadir al responsable del cumplimiento de la sentencia de tutela a
acatar la orden allí impartida.

59. Así mismo ha indicado que el incidente de desacato se erige como el
ejercicio del poder disciplinario del juez de tutela, en la medida en que, de
encontrar comprobada la negligencia de la persona responsable del cumplimiento
de la sentencia, corresponde la imposición de una sanción, de ahí que la
responsabilidad sea subjetiva. Esto consideró la Corte26:

“[…] Incidente de desacato y responsabilidad subjetiva

Dice el artículo 52 del decreto 2591 de 1991 que ‘La persona que incumpliere una
orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato
sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de veinte salarios
mínimos mensuales, salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una
consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que
hubiere lugar’. Es, por lo tanto, una sanción y por lo mismo susceptible al debido
proceso […]”.

[…]

“[…] Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la

26
Corte Constitucional, sentencia T-763 de 7 de diciembre de 1998, M. P. Alejandro Martínez Caballero.

30

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responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es
decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el
incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo
hecho del incumplimiento […].”

60. Como consecuencia de lo anterior, al juez del desacato le corresponde la
verificación de los siguientes aspectos: 27 i) ¿a quién se dirigió la orden? ii) ¿en qué
término debía ejecutarse? iii) ¿cuál es el alcance de la misma? iv) si
¿efectivamente existió incumplimiento parcial o integral de la orden dictada en la
sentencia? y, de ser el caso, v) ¿cuáles fueron las razones por las que el
accionado no obedeció lo ordenado dentro del proceso?

61. Ahora bien, frente a la notificación que se debe efectuar dentro del trámite de
incidente de desacato, esta Corporación28 ha considerado lo siguiente:

“[…] Para la Sala, analizado el material probatorio allegado al proceso evidencia
que existió una indebida notificación en el trámite del incidente de desacato,
como se explicará en el caso concreto, pues la apertura del trámite y las decisiones
allí adoptadas se realizaron únicamente el correo general de la sociedad RZ
CONSTRUCCIONES SAS, de la cual, la tutelante es representante legal y no a su
correo personal empresarial o de forma presencial […]”.

[…]

“[…] Para la Sala una vez analizadas las pruebas obrantes y revisado el trámite
dado al incidente de desacato evidencia que existió una indebida notificación a
la señora ZORRILLO AGREDO, desde la apertura del mismo, lo que afectó su
debido proceso, lo que motiva la revocatoria del fallo impugnado, para en su lugar,
amparar sus derechos, como pasa a explicarse.

Lo primero que hay que tener presente, es que si bien, el artículo 16 del Decreto
No. 2591 de 1991 al regular la notificaciones de la providencias que se dicen en el
trámite constitucional se harán «a las partes o intervinientes, por el medio que el
juez considere más expedito y eficaz», en plena era digital en la que vivimos en la
actualidad y con la rapidez de la evolución de las tecnologías digitales y de la
información, la manera más ágil que hay para lograr una notificación es el correo
electrónico, pero para realizar ésta hay que tener ciertas precauciones
dependiendo si estamos en el trámite de la acción de tutela o del incidente de
desacato.

En segundo lugar, dentro de los proceso de tutela que adelantan los jueces de la
República, es perfectamente válida la notificación por correo electrónico que se
haga a través de los correos generales de las entidades (mail de notificaciones
judiciales) o, como en el presente, al indicado en el certificado de existencia y

27
Corte Constitucional, Sentencia T-509 de 30 de julio de 2013, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 26 de abril de
2018, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03330-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.

31

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representación legal de la personas jurídicas que expiden las Cámaras de
Comercio, pero lo mismo no se puede predicar dentro del trámite del incidente
de desacato, pues frente al este punto, de forma reiterada esta Sección de
Consejo de Estado ha explicado29 que para que la notificación por correo
electrónico tenga validez dentro de dicha actuación, aquélla se debe hacer al
correo electrónico personal institucional, privado o de forma presencial del
servidor público o particular a quien se le adelanta tal juicio de responsabilidad
objeto, esto es, la verificación material del cumplimiento del mandato dado por el
juez, y subjetivo, frente al presunto incumplimiento de una orden constitucional, lo
que se asimila al caso de marras, al correo personal empresarial […]”.
(Resaltado del texto original)
62. Igualmente, esta Corporación30 ha considerado que:

“[…] Teniendo en cuenta lo expuesto, se precisa que aunque dichos argumentos
pudieron ser alegados en la contestación del trámite del incidente de desacato, lo
cierto es que revisado el trámite dado por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de
Valledupar (incidente de desacato) y el Tribunal Administrativo del Cesar (consulta
de la sanción), se evidencia que tampoco se respetó el debido proceso (del cual
hacen parte las garantías de defensa y contradicción) del señor Néstor Orlando
Arenas Fonseca, toda vez que nunca fue notificado de la apertura del incidente de
desacato No. 2019-00194, ni de la determinación allí adoptada (sanción de multa
de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes), como en la consulta resuelta
(confirmación), dado que todas las decisiones fueron notificadas a los correos
electrónicos de la persona jurídica Medimás EPS:
infogenerales@medimas.com.co, notificacionesjudiciales@medimas.com.co (fls.
12 a 15, expediente digital 3.; fls. 4 a 7 y 19 a 21, expediente digital 5.).

Para la Sala, tanto el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Valledupar como el
Tribunal Administrativo del Cesar afectaron el derecho fundamental al debido
proceso del señor Néstor Orlando Arenas Fonseca, dentro del trámite del incidente
de desacato No. 20001-33-33-004-2019-00194-00, por no haberlo notificado a
su correo personal, privado o de forma presencial, pues en dicha actuación
se busca comprobar no solo la responsabilidad objetiva (en la verificación
material del cumplimiento de la orden), sino también la subjetiva de la
persona natural (representante legal) ante el presunto incumplimiento de la
orden dada a Medimás EPS (persona jurídica) para que así se le garantice al
ciudadano enjuiciado el debido proceso y el ejercicio de su derecho de
defensa y contracción, pilares del Estado Social de Derecho […]”. (Resaltado por
la Sala)

63. En ese orden de ideas, la Sala observa que, en el caso sub examine, se
configuró el defecto procedimental absoluto que adujo el actor, esto es, su
indebida notificación dentro del incidente de desacato, comoquiera que la

29
Cita del texto original: “Sobre el tema se pueden consultar las siguientes providencias, de esta Sala de
Decisión: Abril 12 de 2018. Consulta de Desacato No. 76001-23-33-000-2016-01609-01; actor: Álvaro Felipe
Aristizábal Bravo; C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Marzo 15 de 2018. Tutela No. 11001-03-15-
000-2018-00465-00; accionante: Fernando Pineda Solarte; C. P. Alberto Yepes Barreiro. Enero 25 de 2018.
Tutela No. 11001-03-15-000-2017-03281-00; actor: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional (Alberto
José Mejía Ferrero); C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Mayo 25 de 2017. Tutela No. 11001-03-15-
000-2017-01037-00; demandante: Mauro Rodrigo Plata Cerón; C. P. Alberto Yepes Barreiro […]”.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A de la Sección Tercera, sentencia
de 20 de noviembre de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-02664-01, C.P. María
Adriana Marín.

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notificación del auto de apertura y demás providencias no fueron notificadas a su
correo personal institucional, lo cual le impidió ejercer su derecho de defensa
dentro de un proceso que estudia la responsabilidad subjetiva de quien se aduce
incumplió una orden de tutela.

64. La Sala precisa que, en un caso con supuestos fácticos y jurídicos similares,
esta Sección31 consideró lo siguiente:

“[…] Ahora bien, en cuanto a la vulneración atribuida al trámite incidental, la Sala
advierte que las decisiones proferidas en el marco del proceso incidental no
fueron notificadas en debida forma, en atención a que no fueron enviadas al
correo electrónico personal institucional del actor, esto es,
ceoju@buzonejercito.mil.co, sino a los correos institucionales de la entidad, lo que
le impidió al aquí accionante ejercer su derecho de defensa y contradicción.

53. En tal sentido, cabe señalar que, contrario a lo que acontece en el trámite de
las acciones de tutela, las actuaciones que se impartan en el marco de un trámite
de incidente de desacato deben ser notificadas directamente al funcionario llamado
a cumplir la orden de tutela, circunstancia que, como se dijo previamente, en el sub
examine se pasó por alto, lo que implica la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del
aquí accionante.

54. Así las cosas, la Sala concederá el amparo del derecho fundamental al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia del actor y, en consecuencia, se
dejarán sin efectos el trámite incidental adelantado dentro del proceso de tutela
identificado con el número único de radicación 470013333004202100263- 00, con
el fin de que se realice en debida forma la diligencia de notificación del accionante
y se profiera la decisión a que haya lugar […]”. (Resaltado por la Sala)

65. La Sala precisa que, la notificación e intervención del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible dentro del incidente de desacato de la referencia, no
suple la notificación frente al tutelante, en la medida en que, como se explicó
anteriormente, este corresponde a un trámite de carácter subjetivo que estudia el
actuar del funcionario responsable del cumplimiento de una orden de tutela, que
al derivar eventualmente en una sanción económica y de arresto para dicho
funcionario y no en contra de la entidad, implica garantizarle al posible afectado el
ejercicio de su derecho de defensa y contradicción.

66. Finalmente, la Sala advierte que, como lo consideró el A quo, “[…] si bien el
accionante elevó reparos contra la providencia enjuiciada (enlistados en los
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de julio de
2022, número único de radicación 110010315000202202868-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

33

Núm. único de radicación: 110010315000202203808-01
Actor: Francisco José Cruz Prada – En su condición de Viceministro de
Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

numeras (sic) 21 al 25 de esta providencia) en tanto no se tuvieron en cuenta los
elementos que dan cuenta que, a su juicio, se ha venido cumpliendo con la
orden, por lo que no se acredita el elemento subjetivo de responsabilidad, lo
cierto es que el juez de tutela está vedado para pronunciarse frente a este
aspecto, pues como ya se explicó, al haberse incurrido en una indebida
notificación en el marco del trámite incidental, el operador judicial debe retrotraer
toda la actuación en aras de garantizar el derecho al debido proceso del actor y
proferir una nueva decisión atendiendo a las pruebas que se aporten en dicha
instancia […]”.

Conclusiones de la Sala

67. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
25 de agosto de 2022 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
amparó el derecho fundamental al debido proceso del actor, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 25 de agosto de 2022
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley
núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta

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Núm. único de radicación: 110010315000202203808-01
Actor: Francisco José Cruz Prada – En su condición de Viceministro de
Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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