Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03816-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03816-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03816-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
29 de septiembre de 2022
Demandante: Paknam Kɨma Pai
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03816-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03816-00
Demandante: Paknam Kɨma Pai
Demandados: Presidencia de la República y otros
Temas: Derecho al nombre. Derecho fundamental al libre desarrollo de la
personalidad. Los derechos culturales y los derechos lingüísticos
de las minorías. Ampara.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Resuelve la Sala, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por Paknam
Kɨma Pai contra el presidente de la República y otros.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Paknam Kɨma Pai, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra las siguientes entidades:
• Registraduría Nacional del Estado Civil,
• Presidente de la República,
• Ministerio del Interior,
• Ministerio de Relaciones Exteriores,
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
• Ministerio de Justicia y del Derecho,
• Ministerio de Defensa Nacional,
• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
• Ministerio de Salud y Protección Social,
• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
• Ministerio de Minas y Energía,
• Ministerio de Educación Nacional,
• Ministerio del Trabajo,
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
• Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Demandante: Paknam Kɨma Pai
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: c
• Ministerio del Transporte,
• Ministerio de Cultura,
• Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación,
• Ministerio del Deporte,
• Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
• Departamento Nacional de Planeación,
• Departamento Administrativo de la Función Pública,
• Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
• Dirección Nacional de Inteligencia,
• Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
• Procuraduría General de la Nación.
2. La parte actora considera que las anteriores entidades le vulneraron los
siguientes derechos fundamentales: «a la diversidad étnica y cultural, la identidad
cultural y al idioma Ɨnkal Awá como identidad propia, a la dignidad humana, derecho
a llevar nombre en idiomas propios/lenguas nativas, a la igualdad y la no
discriminación, a la rectificación y cambio de nombre como parte de la identidad, a la
personería jurídica, al libre desarrollo de la personalidad, a la preservación,
salvaguarda y fortalecimiento de las lenguas nativas, así como el derecho de
petición».
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora pidió:
1. Se ORDENE a las accionadas, que, dentro de las 48 horas siguientes a la
comunicación del presente fallo de tutela, y en el término que usted les indique,
tomen y pongan en práctica todas las medidas tecnológicas necesarias para dar
cumplimiento al fallo de protección concedido.
2. Como consecuencia de la implementación de la decisión anterior, se ORDENE a la
REGISTRADURÍA NACIONAL DE ESTADO CIVIL la expedición de mi nueva cédula
de ciudadanía tal como se escribe y se encuentra registrado en la escritura pública
457 y nuevo registro civil de nacimiento: PAKNAM KɨMA PAI.
3. Se ORDENE a todas las entidades públicas accionadas y no accionadas, tanto como
las privadas encargadas de registro o expedición de documentación pública o privada
la implementación o inclusión en sus bases de datos de soportes de caracteres el
sistema fonológico o abecedario del idioma Awapit.
4. Se ORDENE, una vez ejecutoriada la sentencia favorable, y habiendo hecho tránsito
a cosa juzgada, es decir después que se surta el proceso constitucional ante la Corte
Constitucional de posible revisión, se ordene a quien corresponda, la traducción de
esta sentencia en idioma Awapit para conocimiento de todo mi pueblo y nacionalidad
ɨnkal awá hablante de Awapit ubicados tanto en Colombia como en Ecuador. (Sic a
toda la cita). (Negrillas de la Sala).
1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. Para una mejor compresión de los hechos que la actora considera dieron lugar
a la vulneración de sus derechos fundamentales, la Sala dividirá la presentación del
caso en dos partes. En la primera, se explicarán los hechos y omisiones que se le
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imputan a la Registraduría Nacional del Estado Civil. En la segunda parte, se
expondrán las circunstancias que la accionante alega respecto de las demás
autoridades accionadas y por las que considera vulneraron su derecho fundamental
de petición.
1.3.1. Hechos y omisiones con relación a la Registraduría Nacional del Estado
Civil
5. La actora es miembro de la comunidad indígena Ɨnkal Awá y pertenece al
Cabildo Ɨnkal Awá Katsa tɨ (gente del árbol grande), del municipio de Villagarzón,
Putumayo.
6. Puso de presente que, según la cosmovisión de su comunidad, desde el
pensamiento Ɨnkal Awá, al nacer, a cada ser awá se le asigna un nombre con el
designio de lo que vino a ser a este mundo. Resaltó que cada apelativo tiene relación
y conexión con la naturaleza y con el cosmos universal.
7. En este sentido, indicó que su nombre ancestral es Paknam Kɨma Pai.
Explicó que su nombre significa lo siguiente:
Paknam fue una mujer que, al voltearse su canoa, perdió en el río el oro e impil que
transportaba, ella se convierte en mariposa, Paknam ashampa Awá (Mujer mariposa
Awá), la que permanece y se deja ver vestida de color azul, hasta el día de hoy en las
orillas de los ríos buscando lo que perdió. Kɨma, es un ser awá (persona) que vive en el
lugar de los creadores del universo, ella ilumina el Katsa su (territorio-mundo) desde la
altura del Su skatmikawa su o ampara su (cuarto mundo) ayuda a equilibrar y controlar
los tres mundos que hacen parte de la cosmovisión ɨnkal Awá, protege a los ɨnkal Awá.
Ella es un ser creador que tiene su propio mi (camino) y a medida que camina va
dando vueltas por el katsa su y con ello aclarando los otros mundos hasta regresar a
su casa, también suele bajar a pescar al mundo Awáruzpa su. La conjugación Paknam
Kɨma es la integración relacional de dos espacios y tiempos de nuestra cosmovisión
ɨnkal Awá: el mundo de arriba y el mundo de abajo, el mundo espiritual y el mundo
material, el día y la noche. Paknam Kɨma, mujer Awá, en el día es mariposa que guía y
en la noche es estrella, astro que ilumina el Katsa su.
8. La actora aduce que, desde su nacimiento, su comunidad le asignó el nombre
de Paknam Kɨma Pai. No obstante, fue registrada ante el Estado colombiano con el
nombre que ella denomina como «occidental», de Olga Viviana Merchán García.
9. El día 03 de junio de 2021, la accionante acudió a la Registraduría Nacional
del Estado Civil del municipio de Villagarzón (Putumayo) para iniciar el procedimiento
de cambio de nombre. Esto con el fin de que el nombre con que fue registrada se
reemplazara por su nombre ancestral, propio del idioma awapit.
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10. En la Registraduría Civil del municipio de Villagarzón le indicaron que para
iniciar el trámite de cambio de nombre debía protocolizar escritura pública en la que
constara la voluntad de realizar tal modificación. Para tal efecto, le señalaron que
debía solicitar copia de su actual registro civil y dirigirse ante un notario.
11. La actora manifestó su inconformidad con el cobro que le realizaron por la
expedición de la copia del registro civil de nacimiento, dado que el trámite de cambio
de nombre para los miembros de las comunidades indígenas está exento de esta
obligación pecuniaria.
12. Ese mismo día, 3 de junio de 2021, conforme con lo que se le indicó, la actora
efectuó el trámite notarial de cambio de nombre. Mediante Escritura Pública N.º 457
de 3 de junio de 2021, realizada ante la Notaría Única del Círculo de Villagarzón,
Putumayo, se protocolizó la voluntad de la accionante de cambiar su nombre
13. Una vez realizado el trámite notarial, le fue expedido un nuevo registro civil en
el que su nombre inicial de Olga Viviana Merchán García fue sustituido por Paknam
Kɨma Pai. La actora puso de presente que en la notaría tuvieron que acudir «a una
vieja máquina de escribir» para poder tramitar su solicitud y utilizar el carácter «ɨ» en
los documentos en los que se protocolizó la escritura pública y el nuevo registro civil.
14. Es importante resaltar que la actora también manifestó su inconformidad con
el cobro que le realizaron por la protocolización de la escritura pública, dado que ese
trámite notarial para el caso de cambio de nombre de los miembros de las
comunidades indígenas, al igual que la expedición de la copia del registro civil de
nacimiento, está exento de tal obligación.
15. El 2 de julio de 2021, la actora regresó a la Registraduría de Villagarzón con el
nuevo registro civil y solicitó la expedición de un nuevo documento de identidad
(cédula de ciudadanía), en el que constara su actual nombre.
16. En esa entidad le indicaron que no era posible expedir una cédula de
ciudadanía con dicho nombre, porque la letra «ɨ» no existía en la base de datos de la
Registraduría. Por lo tanto, le sugirieron que debería ir a la sede de la Registraduría
en Mocoa, capital del departamento de Putumayo, para que en ese lugar tramitaran
su solicitud.
17. En la oficina de la Registraduría Nacional del Estado Civil –sede Mocoa– a la
actora le informaron que no podían tramitar la solicitud porque la Notaría Única de
Villagarzón no había subido al sistema su nuevo registro civil de nacimiento. Por
ende, le indicaron que debía volver al municipio de Villagarzón y gestionar ese
trámite.
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18. Finalmente, la actora sostiene que una funcionaria de la oficina de la
Registraduría Nacional del Estado Civil de Mocoa intentó subir su nuevo registro civil
de nacimiento al sistema. Sin embargo, no fue posible porque la plataforma digital de
la entidad no permite utilizar el carácter «ɨ». En vista de lo anterior, la funcionaria
realizó la siguiente petición al Servicio Nacional de Inscripción de la Registraduría.
Nos permitimos solicitar su valiosa colaboración en el sentido de post grabar el serial
41919438 de la ciudadana PAKNAM KɨMA, lo anterior por motivo de que fijó su
identidad con un nombre ancestral de la comunidad ɨnkal Awá, por lo anterior
solicitamos muy comedidamente realizar las gestiones ante el aliado tecnológico, con
el fin de que se incluya en carácter especial vocal cerrada central no redondeada, la
cual se genera en word al utilizar las teclas 0268 + alt x obteniendo el siguiente
carácter ɨ.
19. El 21 de julio de 2021, la actora fue notificada de la siguiente respuesta de
IDEMIA (Contratista de la Registraduría Nacional del Estado Civil, encargado de la
plataforma de identificación y registro civil):
El carácter solicitado (ɨ) es un fonema y el Servidor de base de datos DBR no lo
soporta. La Base de datos acepta los siguientes caracteres: Character Set = 1, iso_1
ISO 8859-1 (Latin-1) - Western European 8-bit character set. Sort Order = 50,
bin_iso_1 Binary ordering, for the ISO 8859/1 or Latin-1-character set (iso_1). Tampoco
está incluido en los caracteres especiales del alfabeto latino manejado por el aplicativo
PMT. (Negrillas de la Sala).
20. En vista de lo anterior, el 22 de julio de 2021, la funcionaria de la Registraduría
Nacional del Estado Civil –sede Mocoa– que había tramitado el caso, le notificó a la
actora lo siguiente: «Luego de elevar la consulta a la Coordinación del Servicio
Nacional de Inscripción de Registro Civil, se nos informa que realizado el
requerimiento con nuestro aliado tecnológico IDEMIA, no es posible».
21. La actora puso de presente que de manera informal le han propuesto
expedirle la cédula de ciudadanía con el nombre «Kima» y no «Kɨma». Sin embargo,
manifestó que se opuso a esa alternativa por lo siguiente:
No sólo porque son letras diferentes, sino porque dan como resultado palabras y
significados disímiles en mi idioma Awapit, en el idioma castellano quizá no importe si
es i o es ɨ, pero en mi idioma difieren en todo, 1) son vocales que cada una tiene su
sonido, significado y escritura, así la vocal i es i y vocal ɨ se llama vocal cerrada
central no redondeada, 2) ɨ no tiene equivalente en el idioma castellano. En
palabras Kɨma significa lucero, estrella, astro, ser que está en la constelación, que
ilumina desde arriba, su pronunciación es diferente a la vocal i, su significado y
escritura también. Kima es una partícula que en idioma Awapit se usa para poner al
final de otras palabras para constatar hasta, de manera que asimilar kima por Kɨma es
cambiar todo el significado de identidad, cultura y cosmología de mi nombre Paknam
Kɨma Pai. Además, es una afectación grave al idioma Awapit y a nuestra comunidad
ɨnkal awá.
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1.3.2. Hechos y omisiones con relación a los ministerios, departamentos
administrativos y demás entidades accionadas
22. La actora puso de presente que una vez la Registraduría Nacional del Estado
Civil negó la posibilidad de tener una cédula de ciudadanía en la que conste su
actual nombre, propio del idioma awapit, interpuso petición a las principales
entidades que conforman el gobierno nacional (referenciadas en el párrafo 1 de esta
providencia) y a la Procuraduría General de la Nación.
23. De una lectura del escrito de petición en el que se narran los hechos descritos
en el acápite anterior, la Sala advierte que la actora solicitó lo siguiente:
1. Conforme he señalado en antecedencia y con el propósito de salvaguardar la
diversidad étnica y cultural, y su desarrollo hecho en las consagraciones
constitucionales y legales, y de la jurisprudencia que la ha desarrollado, que he
memorado, solicito al alto gobierno, implementar, en todas las áreas e
instituciones del poder público, los medios y herramientas tecnológicas que
viabilicen de manera efectiva la protección deprecada, y de que trata el presente
derecho de petición, elevado en interés tanto particular, como en interés general del
pueblo originario ɨnkal Awá según corresponda cada competencia funcional en las
ramas del poder público, en los organismos autónomos y en los descentralizados por
servicios etc.
2. Se remita a los organismos de control y vigilancia disciplinaria nuestra solicitud para
que se adelanten las investigaciones disciplinarias a que haya lugar para sancionar
ejemplarmente por las conductas reprochables que denuncio.
3. El reintegro de los valores económicos pagados a las entidades así: (130.000$)
ciento treinta mil pesos más (8.000$) cancelados a la Notaria Única de Villagarzón. A la
Registraduría Nacional del Estado Civil de Villagarzón tres registros civiles de
nacimiento cada uno por valor de siete mil pesos (7.000) un total de (21.000$) pesos.
(Sic a toda la cita). (Negrillas de la Sala).
24. En resumen, la principal solicitud interpuesta por la actora se puede condesar
en que pretende que cada una de las entidades accionadas ajusten sus bases de
datos para que sean compatibles con los caracteres especiales del idioma awapit.
1.4. Fundamentos de la solicitud
25. La actora afirmó que la Registraduría Nacional del Estado Civil y las demás
entidades accionadas le vulneraron sus derechos fundamentales. En síntesis, la
actora sostuvo lo siguiente:
26. El reconocimiento del pluralismo y la diversidad étnica y cultural: Adujo que el
pluralismo es un principio, un valor y un derecho fundamental que tiene
reconocimiento en diferentes disposiciones constitucionales. Así, por ejemplo, puso
de presente que el artículo 7 de la Constitución establece que «El Estado reconoce y
protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana». En similar sentido,
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el artículo 8 de la Carta Política señala que «Es obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación». Así mismo, el 70
constitucional indica que «La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento
de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que
conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y
la difusión de los valores culturales de la Nación».
27. Una vez explicado el alcance y contenido de las anteriores disposiciones
constitucionales, la actora expresó que la lengua es uno de los principales elementos
de identidad de los diferentes grupos culturales. Estas comunidades adquieren unos
rasgos propios que, en gran medida, son consecuencia de las particularidades de su
lengua.
28. El principio de dignidad humana: Después de explicar las tres dimensiones
que, a la luz de la jurisprudencia constitucional, tiene la dignidad humana (vivir como
se quiera, vivir bien y vivir sin humillaciones), sostuvo que la negativa al
reconocimiento de su nombre ancestral afecta el componente de su autonomía
individual.
29. Derecho al libre desarrollo de la personalidad: La actora se limitó a transcribir
in extenso varias sentencias de la Corte Constitucional en las que se explica el
alcance y contenido de este derecho.
30. Derecho a la identidad cultural: Explicó que, según la jurisprudencia
constitucional, la lengua es un elemento importante de la identidad cultural. Recalcó
que lengua es una herramienta cultural que determina la forma de concebir y
entender el mundo, por lo que es obligación del Estado comprender a quienes no
hacen parte de la cultura mayoritaria como sujetos culturalmente diversos. Por lo
tanto, debido a la íntima relación entre diversidad cultural e igualdad, el Estado debe
llevar a cabo todas aquellas actuaciones necesarias para que la lengua no se
convierta en un obstáculo para el desarrollo y goce de los derechos fundamentales.
31. El derecho al nombre: Afirmó que el nombre es un atributo de la personalidad
y por lo tanto tiene vital importancia para cada individuo. Advirtió que el nombre es un
signo distintivo de las personas frente a los demás, con el que cual se identifican y
reconocen como un ser distinto.
32. En ese sentido, explicó que el derecho al nombre incluye la facultad de poder
cambiar de denominación. Puso de presente que el Decreto 1260 de 1970 permite
que toda persona pueda cambiar de nombre. Igualmente, sostuvo que la Ley 1381
de 2010 garantiza a los miembros de comunidades minoritarias ser registrados ante
el Estado con el nombre propio de su lengua.
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33. Derecho a la igualdad y no discriminación: Sostuvo que el no reconocimiento
de su nombre ancestral era un acto de discriminación porque no le permitía usar el
nombre con el que se siente identificada.
34. Derecho a la personalidad jurídica: Adujo que el artículo 14 de la Constitución
reconoce esta garantía constitucional, lo que, a su juicio, incluye la facultad de poder
identificarse con su nombre ancestral.
35. Derecho a la preservación, salvaguarda y fortalecimiento de las lenguas
nativas: Puso de presente que el artículo 10 de la Constitución establece que «las
lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios». En
este sentido, sostuvo que la lengua awapit es un idioma oficial del Estado
colombiano, por lo que tiene derecho a que su nombre, propio de esa lengua, sea
reconocido en su documento de identidad.
36. Reiteró que mediante la Ley 1381 de 2010 se aprobaron diferentes garantías
sobre el reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de
las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre los derechos lingüísticos de
sus hablantes. Resaltó que el artículo 5 de esa ley dispone que «Los nombres y
apellidos de personas provenientes de la lengua y de la tradición cultural usados por
los hablantes de lenguas nativas, y más generalmente por los integrantes de pueblos
y comunidades donde se hablen estas lenguas, podrán ser reconocidos para efectos
públicos. Este uso será registrado por la autoridad oficial competente previa solicitud
de los interesados».
37. Derecho de petición: Puso de presente que las entidades accionadas no
respondieron su petición de implementar los medios y herramientas tecnológicas que
le permitan comunicarse con esas dependencias mediante su idioma. Resaltó que la
mayoría de las mencionadas autoridades se limitaron a remitir la petición a otras
dependencias o ministerios sin analizar el fondo de su solicitud.
1.5. Trámite de la acción de tutela
38. El despacho sustanciador admitió la acción de tutela mediante auto de 15 de
julio de 2022. En esta providencia se ordenó notificar a la parte accionante, así como
a las siguientes entidades accionadas: Registraduría Nacional del Estado Civil,
presidente de la República, Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, a los Ministerios del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas ROM y
Minorías, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y del
Derecho, de Defensa Nacional, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Salud y
Protección Social, del Trabajo, de Minas y Energía, de Comercio Industria y Turismo,
de Educación, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Vivienda, Ciudad y Territorio,
del Transporte, de Cultura, de Ciencia, de Tecnología e Innovación, al Departamento
Nacional de Planeación, al Departamento Administrativo de la Función Pública, al
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Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, a la Dirección Nacional de
Inteligencia Social, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, a la
Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos.
39. En el referido auto admisorio se ordenó a la Registraduría Nacional del Estado
Civil rendir el siguiente informe:
(i) Descripción detallada del trámite y actuaciones realizadas frente al cambio de
nombre y registro civil de la señora Paknam Kɨma Pai.
(ii) El estado en el que se encuentra dicha actuación.
(iii) Remitan constancia de las grafías utilizadas para registrar en el sistema y en los
documentos de identidad el nombre de la parte actora.
40. Por último, en el auto admisorio se ordenó la vinculación del Cabildo Ɨnkal Awá
Katsa Tɨ (comunidad a la que pertenece la actora). Además de requerir un informe
general sobre los hechos del presente caso, expresamente se le pidió lo siguiente:
«Se solicitará a esta autoridad ancestral que rinda informe sobre los eventuales
problemas que han sufridos los miembros de esa comunidad para cambiar su
nombre».
1.6. Intervenciones
41. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se rindieron los siguientes
informes:
1.6.1. Registraduría Nacional del Estado Civil
42. En el informe rendido por esta entidad se pidió declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado. Para fundamentar la solicitud, la Registraduría puso de
presente que solicitó al Departamento Nacional de Planeación recursos adicionales
para el «Fortalecimiento de la plataforma tecnológica que soporta el Sistema de
Identificación y Registro Civil PMT II».
43. En este sentido, explicó que en el Sistema Nacional de Identificación y Registro
Civil se encuentran estandarizados los caracteres del alfabeto latino que maneja el
aplicativo PMT. Por tanto, a la fecha no es posible incluir en la cédula de ciudadanía
de la actora el carácter especial en idioma awapit, porque la grafía solicitada (ɨ) es un
fonema que el servidor de base de datos DBR no soporta.
44. Puso de presente que, para poder incluir caracteres especiales en el sistema, se
requieren ajustes de alta complejidad en los componentes que interactúan con los
sistemas de Registro Civil e Identificación, así como de las interfaces externas y
clientes externos, lo que implica un alto impacto técnico y económico. Por tanto,
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informó que solicitó una partida presupuestal adicional para empezar la actualización
del sistema e incluir los alfabetos de las lenguas de las comunidades indígenas.
45. La Sala considera necesario resaltar que en el informe rendido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil no se realizó ninguna manifestación sobre la
información requerida en el auto admisorio (ver párrafo 39).
1.6.2. Registrador municipal de Villagarzón (Putumayo)
46. El señor registrador del municipio de Villagarzón rindió informe en el que se limitó
a remitir las siguientes pruebas:
• Oficio de IDEMIA (Contratista de la Registraduría): en el cual explican
que el sistema que utilizan opera con el alfabeto latino, por lo que no es
posible expedir el documento de identidad a la actora con su actual
nombre.
• Oficio en el que explicó a la Defensoría del Pueblo, Regional Putumayo,
las razones por las que no se había podido expedir el documento de
identidad solicitado por la actora.
• Un pantallazo de la evidencia del error que en el sistema ocasionaba
incluir el carácter «ɨ».
1.6.3. Notario Único del municipio de Villagarzón
47. El señor notario rindió informe en el que puso de presente que en esa notaría se
tramitó la escritura pública mediante la cual la actora manifestó su intención de
cambiar de nombre. Luego, se le expidió un nuevo registro civil de nacimiento.
Resaltó que para poder incluir la letra «ɨ» en los mencionados documentos se acudió
a «una vieja máquina de escribir».
48. Por otra parte, puso de presente que, aunque a la actora se le cobró por la
protocolización de la escritura pública y la expedición del nuevo registro civil de
nacimiento, con posterioridad, y en acatamiento a lo establecido en el Decreto 1069
de 2015, devolvió a la actora las sumas canceladas. Dicho reintegro de dinero fue
realizado a la cuenta de ahorros indicada por la peticionaria.
49. Con fundamento en lo anterior, solicitó negar el amparo respecto de esa notaria,
pues considera que esa dependencia no vulneró ninguno de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.
1.6.4. Cabildo Ɨnkal Awá Katsa Tɨ
50. La señora Karelis Aidana Hernández García, actuando como autoridad ancestral
y tradicional del Cabildo Ɨnkal Awá Katsa Tɨ, en cumplimiento de lo ordenado en el
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auto admisorio de esta tutela (Ver párrafo 40), rindió informe en el que puso de
presente lo siguiente.
51. Explicó que la comunidad Ɨnkal Awá katsa tɨ está integra por 115 pueblos
originarios, que habitan en su mayoría el departamento de Putumayo y que
conservan el idioma ancestral awapit. Resaltó que la comunidad es víctima del
conflicto armado y que varios de sus miembros han sido desplazados violentamente
de su territorio.
52. Respecto del fondo de este asunto, informó que cuando cada miembro de su
comunidad nace, se le asigna un nombre en su idioma awapit, que tiene relación y
significado con su cosmovisión. Sostuvo que, lamentablemente, por la
evangelización y «la política homogeneizadora del Estado» se les ha obligado a usar
nombres occidentales. Asegura que históricamente han sido objeto de burla cuando
han solicitado que las autoridades reconozcan sus nombres en idioma awapit. Sobre
este punto la Sala recalca textualmente lo siguiente:
Agréguele la discriminación social y de los propios funcionarios que se burlan por
nuestro escaso castellano, y nos imponen llevar los nombres que según ellos quieren y
entienden, por eso el alfabeto de los idiomas ancestrales de nuestros pueblos no existe
en ninguna base de datos del gobierno. Por ese mecanismo, la discriminación se ha
hecho más latente, y nos han impuesto sustituir nuestros nombres propios por los que
se tienen en el santoral latino.
53. Finalmente, puso de presente que en los últimos años su comunidad ha
promovido la reivindicación de su idioma. Para tal fin, una de las medidas adoptadas
es el cambio de los nombres «occidentales» registrados en los documentos de
identificación por nombres propios del idioma awapit, asignados por la comunidad en
el momento en que cada persona nace.
54. Resaltó que las solicitudes de cambio de nombre no se han podido realizar
cuando dicho trámite implica la utilización de las siguientes letras: «ɨ, ã, ĩ, ũ, ĩ»,
propios del idioma awapit. Esto, porque el sistema de datos que utiliza la
Registraduría Nacional del Estado Civil no cuenta con esos caracteres.
1.6.5. Departamento Administrativo Nacional de Estadística
55. En el informe rendido se solicitó la desvinculación de la entidad, toda vez que, de
conformidad con sus competencias, no le corresponde resolver la petición elevada
por la accionante. En las pruebas allegadas por la actora de la tutela se observa que
la directora técnica de Censos y Demografía del DANE respondió la solicitud, en la
cual le brindó información estadística del pueblo indígena Awá. Esta respuesta fue
enviada al correo electrónico de la accionante.
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1.6.6. Dirección Nacional de Inteligencia
56. El jefe de la Oficina Jurídica solicitó la desvinculación de la entidad del presente
trámite de tutela. A su juicio, la Dirección de Inteligencia no ha vulnerado los
derechos fundamentales alegados porque respondió la petición de la accionante y le
indicó que en su sistema informático no era posible incluir las letras especiales del
idioma awapit. Por lo tanto, remitió la solicitud a los Ministerios del Interior, Cultura y
de Tecnologías y las Comunicaciones, así como a la Registraduría Nacional del
Estado Civil. Sobre esta remisión obra constancia en el expediente de haberse
notificado al correo electrónico de la actora.
1.6.7. Departamento Nacional de Planeación
57. El representante de la entidad solicitó la desvinculación de esta tutela, ya que no
le corresponde atender la petición de la accionante. En ese sentido, precisó que la
autoridad competente para decidir la solicitud es la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
58. De las pruebas allegadas en el escrito de tutela, se observa que la entidad
remitió la petición de la accionante al Ministerio del Interior, al Departamento
Administrativo de la Función Pública, a la Procuraduría General de la Nación, a la
Superintendencia de Notariado y Registro y a la Registraduría Nacional del Estado
Civil. Además, se advierte que esas remisiones fueron notificadas al correo
electrónico de la actora.
1.6.8. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
59. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de este ministerio solicitó la desvinculación
de la entidad, ya que, a su juicio, no le compete dar respuesta de fondo a la petición
elevada por la accionante. Es importante resaltar que la actora aportó con los anexos
de tutela el escrito de remisión suscrito por el director de Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural y Uso Productivo del suelo, en la que enviaron la solicitud a la
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior.
1.6.9. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
60. La entidad solicitó la desvinculación de esta tutela, pues considera que no ha
vulnerado los derechos alegados por la actora. Puso de presente que cuenta
actualmente con una guía de traducción de peticiones que se realicen en lenguas
indígenas, pero que las solicitudes que hace la accionante desbordan su
competencia. Por tal motivo, afirmó que remitió por competencia la petición elevada
por la actora al Ministerio del Interior y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
De este hecho obra en el expediente prueba de haberse enviado al correo
electrónico de la tutelante.
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1.6.10. Ministerio de Cultura
61. El Coordinador del Grupo de Defensa Judicial de la entidad manifestó que el
ministerio que representa debe ser desvinculado de esta tutela, pues no le
corresponde atender la petición elevada por la actora. Así, aportó constancia de
haber remitido por competencia la solicitud a la Registraduría Nacional de Estado
Civil. De este hecho, la accionante en escrito de tutela anexó la respuesta dada por
la entidad y constancia de que fue enviada al Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
1.6.11. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
62. Esta cartera ministerial pidió ser desvinculada de este trámite, ya que consideró
que no debe responder la solicitud elevada por la actora. Se pone de presente que
en el escrito de tutela la actora aportó constancia en el que le informaron que esta
entidad envió su solicitud al Ministerio de Cultura.
1.6.12. Ministerio de Educación Nacional
63. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica solicitó que se desvincule al ministerio de
este trámite, ya que no es competente para pronunciarse sobre las pretensiones de
la accionante. Precisó que la entidad que debe decidir el asunto es la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
64. En el escrito de tutela se aportó la constancia de radicación de la petición ante
ese ministerio, pero ni la entidad ni la actora allegaron ninguna prueba de la
notificación de la respuesta, o su remisión a otra dependencia del gobierno.
1.6.13. Ministerio de Minas y Energía
65. Esta entidad solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva
de la cartera, pues no vulneró los derechos alegados por la actora. En el escrito de
tutela se aportó la constancia de remisión de la petición de esta última al Ministerio
de Cultura, hecha por el jefe de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales.
1.6.14. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
66. Esta entidad rindió informe en el que solicitó ser desvinculada del trámite de esta
tutela, ya que, en su sentir, no vulneró los derechos alegados. Tanto la entidad como
la accionante allegaron las constancias de remisión de la petición al Ministerio del
Interior, a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia de Notariado
y Registro.
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1.6.15. Ministerio de Justicia y del Derecho
67. El director jurídico de la entidad solicitó la desvinculación de este trámite, porque
no existe nexo causal entre las competencias de la entidad y lo solicitado por la
accionante. Puso de presente que la petición que radicó la actora ante el ministerio
fue respondida.
68. La accionante aportó la respuesta brindada por la entidad, en la cual se aprecia
que la solicitud fue trasladada a la Procuraduría General de la Nación, al Defensor
del Pueblo, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
1.6.15. Ministerio de Salud y Protección Social
69. El jefe del Grupo de Acciones Constitucionales de la entidad solicitó la
desvinculación del ministerio. Puso de presente que la petición elevada por la actora
fue remitida a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Gobernación de
Putumayo y a la Secretaría de Salud Departamental de Putumayo. La entidad aportó
constancia de haber enviado esa remisión al correo electrónico de la accionante.
1.6.16. Ministerio de Transporte
70. La jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad solicitó que el ministerio
fuera desvinculado de este trámite, puesto que no le compete responder la petición
elevada por la accionante. Así, aportó la constancia de haber remitido la solicitud a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, autoridad que a su juicio es la competente
para decidir de fondo el asunto. Esta respuesta dada por el ministerio también fue
anexada por la actora en el escrito de tutela.
1.6.17. Presidencia de la República
71. Por medio de apoderado, la entidad solicitó ser desvinculada de este trámite, ya
que no es compete para responder la petición elevada por la accionante. A tal efecto,
informó que remitió la solicitud al Ministerio del Interior y a la Registraduría Nacional
del Estado Civil. Esta respuesta fue aportada por la accionante en el escrito de tutela.
1.6.18. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
72. La Coordinadora de Acciones Constitucionales y Procedimientos Administrativos
de la Oficina de Asesoría Jurídica solicitó desvincular a la entidad, porque no le
compete responder la petición presentada por la actora. La accionante aportó en el
escrito de tutela la respuesta en la que la entidad trasladó su petición al Ministerio del
Interior, a la Superintendencia de Notariado y Registro y la Registraduría Nacional
del Estado Civil.
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1.6.19. Ministerio de Relaciones Exteriores
73. Por medio de apoderado judicial, la entidad afirmó que no vulneró los derechos
alegados porque dentro de sus competencias no le correspondía responder de fondo
la solicitud elevada por la accionante. Dentro de las pruebas allegadas en la tutela,
se observa que el Centro Integral de Atención al Ciudadano de la entidad remitió la
petición elevada por la accionante a la Procuraduría General de la Nación, a la
Defensoría del Pueblo, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y la
Superintendencia de Notariado y Registro. Además, envió constancia de esas
remisiones al correo electrónico de la tutelante.
1.6.20. Departamento Administrativo de la Función Pública
74. El director Jurídico de la entidad consideró que se debe negar la tutela, pues
advirtió que su representada no vulneró el derecho de petición de la accionante. Por
el contrario, manifestó que la solicitud fue remitida por competencia a la
Registraduría Nacional del Estado Civil y de esa manera cumplió con el deber que le
correspondía según sus competencias. Además, se tiene que esa respuesta fue
aportada por la actora en el escrito de tutela.
1.6.21. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
75. La jefe de la Oficina Asesora Jurídica consideró que se debe negar la acción de
tutela, pues una vez la entidad recibió la petición de la accionante, la remitió por
competencia a la Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia de
Notariado y Registro. Se recalca que estas remisiones fueron aportadas en el escrito
de tutela y se observa que fueron enviadas al correo electrónico de la actora.
1.6.22. Ministerio del Trabajo
76. La Asesora de la Oficina Jurídica solicitó que se declare la carencia actual de
objeto respecto del ministerio, pues la petición elevada por la actora fue respondida
por parte del director de Derechos Fundamentales del Trabajo, en el que se le indicó
que la solicitud que elevó no era competencia de la entidad. Esa respuesta fue
notificada a la accionante, tal como aparece en la constancia aportada por la entidad
en su escrito de intervención.
1.6.23. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
77. La apoderada judicial de la entidad solicitó declarar la carencia actual de objeto
respecto de dicha cartera ministerial, ya que la petición radicada por la accionante
fue remitida por competencia ante el Ministerio de Tecnología e Información. Esta
respuesta fue aportada por la accionante en el escrito de tutela.
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1.6.24. Procuraduría General de la Nación
78. Esta entidad solicitó que se declare la carencia actual de objeto. Para
fundamentar su solicitud informó que remitió por competencia la petición elevada por
la accionante a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Notaría Única del
Circuito de Villagarzón. Esta respuesta fue aportada por la entidad al rendir informe y
por la accionante en el escrito de tutela.
79. Por otra parte, la Sala advierte que el procurador delegado Preventivo y de
Control de Gestión 4 para Asuntos Étnicos (E) presentó un concepto dirigido al jefe
de la Oficina Jurídica de la Procuraduría en el que resaltó que el hecho de que no se
permita la inscripción del nombre de la accionante en el idioma de su comunidad,
afecta sus derechos a la personalidad jurídica, a la diversidad étnica y a la dignidad
humana.
1.6.25. Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional, pese a ser
notificados de la presente acción de tutela, guardaron silencio. Sin embargo, de las
pruebas aportadas por la actora se puede advertir que la cartera de interior remitió la
petición a la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Defensa hizo lo
propio enviado la petición al Ministerio del Interior.
1.7. Solicitudes de coadyuvancia
80. En el trámite de traslado del auto admisorio se presentaron las siguientes
intervenciones que coadyuvan las pretensiones de la parte actora.
1.7.1. Floriberto Canticus Bisbicus
81. El señor Floriberto Canticus Bisbicus, quien informó que pertenece al pueblo Awá
y que es miembro del Resguardo el Gran Sábalo, ubicado en jurisdicción de los
municipios de Tumaco y Barbacoas (Nariño), manifestó que es lingüista y experto en
el idioma awapit. Por lo tanto, presentó escrito en el que coadyuva las pretensiones
de la actora.
82. Resaltó que los miembros de su resguardo, también del pueblo Awá y, por ende,
awapit parlantes, han tenido los mismos problemas de la actora cuando han querido
registrar sus nombres ante las autoridades del Estado colombiano. Este problema,
según el interviniente, se presenta principalmente cuando los nombres contienen una
de las siguientes letras: «ɨ, ã, ĩ, ũ, ĩ».
83. Asegura que la falta de las letras propias del idioma awapit en la base de datos
de la Registraduría Nacional del Estado Civil ha llevado a que los miembros de su
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comunidad opten por registrar a sus hijos con nombres occidentales o simplemente
por no registrarlos. Por este motivo expresó lo siguiente:
Razón por la cual coadyuvo en esta demanda de acción de tutela en nombre del
pueblo Awá de la organización UNIPA, para que el estado colombiano cumpla con las
garantías y prerrogativas asignadas a favor del usos y salvaguarda de nuestro idioma
Awapit, desde la inclusión del idioma Awapit en las bases de datos de todas las
entidades tanto públicas como privadas del estado colombiano, para que podamos
portar nuestros nombres con dignidad y en igualdad de condiciones como cualquier
otro colombiano, sin que el idioma se convierta en obstáculo para la garantía y
efectividad de nuestra identidad física y cultural.
1.7.2. Noel Amilcar Chapuez Guevara
84. El señor Noel Amilcar Chapuez Guevara, miembro del Cabildo Mayor Awá de
Ricaurte y awapit parlante, presentó memorial de intervención en el que coadyuvó las
pretensiones de la parte actora.
85. Sostuvo que el idioma awapit ha sobrevivido a pesar de «todo el proceso de
invasión, colonización y evangelización, más la homogenización que impartieron los
estados nación». Por ende, considera que llevar un nombre awapit es un acto de
resistencia ante homogenización cultural. En este sentido, considera que es
necesario exigirle al Estado colombiano la inclusión del alfabeto awapit en sus
diferentes bases de datos.
86. Aduce que, en virtud del derecho a la igualdad, así como los colombianos
«occidentales» pueden registrase ante las autoridades con su nombre castellano, los
miembros del pueblo Awá tienen el derecho a poder ser identificados con los
nombres propios de su idioma awapit.
87. Por lo tanto, solicitó:
En ese sentido, nos unimos a la petición de la compañera Paknam Kɨma Pai y
solicitamos también a usted señor Magistrado ordene al Estado implementar en todas
las entidades públicas accionadas y no accionadas, tanto como las privadas
encargadas de registro o expedición de documentación pública o privada la
implementación o inclusión en sus bases de datos de soportes de caracteres el
sistema fonológico o abecedario del idioma Awapit.
1.8. Auto de vinculación y solicitud de informe
88. Una vez estudiados los informes rendidos por las entidades accionadas, el
Despacho ponente consideró necesario vincular como tercero con interés a la
sociedad IDEMIA, contratista de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
encargada de gestionar la plataforma de identificación y registro civil en la que no es
posible utilizar la letra «ɨ». Lo anterior porque esta omisión ha sido invocada como
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justificación para no expedir a la actora una nueva cédula de ciudadanía en la que
conste su actual nombre.
89. En el auto de vinculación, del 08 de septiembre de la presente anualidad, se
solicitó a la sociedad rendir informe sobre los hechos de la presente acción de tutela
y contestar el siguiente cuestionario:
• ¿Es tecnológicamente posible incluir en la base de datos de la Registraduría
Nacional del Estado Civil la letra «ɨ» y los demás caracteres especiales del
idioma awapit como los siguientes: «ɨ, ã, ĩ, ũ, ĩ»?
• En el caso que la respuesta anterior sea afirmativa ¿la modificación de la base
de datos implicaría una alteración del contrato que esa compañía tiene con la
Registraduría Nacional del Estado Civil para la gestión de la plataforma de
identificación y registro civil?
• Según su experticia tecnológica: ¿En las actuales condiciones es posible
expedir la cédula que solicita la actora sin que se deba modificar la relación
contractual que esa compañía tiene con la Registraduría Nacional del Estado
Civil?
90. No obstante lo anterior, no fue posible realizar la vinculación porque la
Registraduría Nacional del Estado Civil no suministró el correo electrónico de su
contratista. Esta omisión pese a que la Secretaría General de esta Corporación
requirió tres veces a la referida entidad1. Esta conducta es reprochable porque
obstaculiza la administración de justicia y la resolución oportuna de las acciones de
amparo constitucional.
91. Sin embargo, en aras de garantizar el derecho que todos los ciudadanos tienen a
que sus solicitudes de tutela se resuelvan de manera pronto y eficaz, la Sala
considera que el presente proceso se puede decidir sin que sea necesario realizar la
anterior vinculación. En efecto, como se explicará más adelante la entidad legitimada
por pasiva es la Registraduría Nacional del Estado Civil porque esa autoridad es la
competente para expedir el documento de identificación solicitado por la actora.
Aunado lo anterior, de ser procedente el amparo, las órdenes que se impartirán en
relación con la omisión de la expedición de la cédula de ciudadanía irán dirigidas
únicamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
92. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por Paknam Kɨma Pai. Esto con fundamento en lo dispuesto por los
1
Según consta en los índices 55 y 56 de Samai.
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artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Legitimación en la causa
93. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la
acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las
pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
94. Sobre el estudio de este presupuesto procesal en materia de tutela, la Corte
Constitucional, en la SU-454 de 2016, señaló que el estudio de la legitimación en la
causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un
presupuesto procesal de la demanda2.
95. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
actora es la titular de los derechos fundamentales que solicita sean protegidos
mediante el presente mecanismo constitucional. En efecto, Paknam Kɨma Pai es la
persona a la cual la Registraduría Nacional del Estado Civil le ha negado la
expedición de una cédula de ciudanía porque una de las letras de su nombre no la
admite la base de datos de esa entidad, lo cual es necesario para poder expedir el
documento solicitado.
96. Igualmente, la actora está legitimada para interponer la presente acción de
tutela contra los ministerios y departamentos administrativos accionados, pues ella
presentó peticiones ante cada una de esas entidades. A su juicio de la actora, las
peticiones interpuestas no fueron respondidas de fondo.
97. Por otro lado, se observa que la Registraduría Nacional del Estado Civil, la
Procuraduría General de la Nación, los ministerios y departamentos administrativos
accionados están legitimados en la causa por pasiva por ser las entidades a las que
se les acusa de vulnerar los derechos de la actora.
2.3. Cuestiones Previas
98. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la Dirección Nacional
de Inteligencia, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de
2
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2017. Así mismo, Corte
Constitucional, Sentencia T-318 de 2018, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de
amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del
artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva (…), entre otros”.
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Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Educación
Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Transporte, la
Presidencia de la República, el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social y Ministerio de Minas y Energía solicitaron su desvinculación o declarar su
falta de legitimación en la causa por pasiva.
99. La Sala negará las solicitudes porque de los hechos y del contexto que dio
lugar a la presente acción de tutela, se puede advertir que la actora interpuso
petición a cada una de las entidades accionadas. A su juicio, la falta de respuesta de
fondo a las solicitudes interpuestas configuró la vulneración del derecho de petición
alegado. En este sentido, para la Sala las entidades accionadas están legitimadas en
la causa por pasiva.
100. Por otra parte, Floriberto Canticus Bisbicus y Noel Amilcar Chapuez Guevara,
miembros del pueblo Awá, presentaron intervenciones en las que coadyuvaron las
pretensiones de la parte actora. Sostienen que han tenido que soportar los mismos
hechos que invoca la señora Paknam Kɨma Pai, por lo que solicitan que la
Registraduría Nacional del Estado Civil expida documentos de identidad en lo que se
pueda utilizar las letras propias del alfabeto de su comunidad y que todas las
entidades del alto gobierno accionadas ajusten sus bases de datos al idioma awapit.
101. Para resolver estas solicitudes, es importante tener presente que el artículo 13
del Decreto 2591 de 1991 establece lo siguiente: «… Quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del
actor o de la persona o autoridad». Sobre esta figura la Corte Constitucional expuso:
Coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero
con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y
argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste
pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una
nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia3.
102. En ese orden, es evidente el interés en las resultas del proceso de los señores
Floriberto Canticus Bisbicus y Noel Amilcar Chapuez Guevara porque son
integrantes del pueblo Awá y aducen haber tenido que soportar los mismos hechos
que dieron lugar a la interposición de la presente acción de tutela. Por ende, son
admisibles las peticiones de coadyuvancia como quiera que no se invocaron
pretensiones que vayan en contravía de lo solicitado por la parte actora.
3
Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 2010.
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2.4. Problemas jurídicos
103. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio aportado, los informes y argumentos esgrimidos por las entidades
accionadas; corresponde a esta Sala resolver los siguientes problemas jurídicos:
• ¿La Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró los derechos
fundamentales a la identidad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad y
personería jurídica de la actora al no expedirle una cédula de ciudadanía en la
que conste su actual nombre, Paknam Kɨma Pai?
• ¿La Procuraduría General de la Nación, los ministerios y los departamentos
administrativos referenciados en el primer párrafo de esta providencia
vulneraron el derecho de petición de la actora al no contestar de fondo la
petición en la que solicitó a esas entidades ajustar sus bases de datos para
que fueran compatibles con el idioma awapit?
104. Para resolver los problemas jurídicos plateados, la Sala dividirá esta tutela en
tres partes. En la primera se explicará la naturaleza de la acción de tutela y se
determinará si este asunto supera los requisitos de procedibilidad. En la segunda
parte se abordará el primer problema jurídico, esto es si la Registraduría Nacional del
Estado Civil vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora al no
expedirle un documento de identidad en el que consté su actual nombre. Finalmente,
en la tercera parte de la providencia se determinará si los ministerios, los
departamentos administrativos y la Procuraduría General de la Nación vulneraron el
derecho de petición de la accionante al no contestar de fondo la solicitud interpuesta
ante cada una de esas entidades.
2.5. Naturaleza de la acción de tutela
105. La acción de tutela es un mecanismo constitucional, preferente y sumario,
establecido para protección inmediata de los derechos fundamentales. Según el
artículo 86, toda persona, sin necesidad de apoderado judicial, puede interponer esta
acción para reclamar ante cualquier juez la protección inmediata de sus derechos
cuando considere que estos se encuentran vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o excepcionalmente de particulares.
106. Tanto la Constitución, como el Decreto 2591 de 1991, establecen que la
acción de tutela es un mecanismo judicial residual, informal, autónomo y subsidiario.
Sobre esta última característica es importante precisar que la Carta Política
condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa
judicial (idóneo y eficaz), salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo
un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo
transitorio.
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2.6. Procedencia de la acción de tutela en este asunto
107. Como se mencionó, el artículo 86 de la Constitución Política condiciona la
procedibilidad de toda acción de tutela a que: “Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera subsidiaria, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable4.
108. En el presente caso la actora, luego de cumplir todos los requisitos
establecidos en el ordenamiento jurídico para poder realizar el cambio de nombre
(artículo 6 del Decreto Ley 999 de 1988), solicitó a la Registraduría Nacional del
Estado Civil expedir un nuevo documento de identidad que corresponda con su
actual nombre. La entidad no tramitó de manera favorable dicha solicitud porque su
base de datos no permite utilizar la siguiente letra «ɨ». Por ende, según la entidad
accionada, tampoco es posible expedir una nueva cédula de ciudadanía.
109. Para la Sala, ante la negativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil de
expedir un nuevo documento de identidad, en principio la actora podría controvertir
dicha decisión mediante los medios de control establecidos en el CPACA. No
obstante, en el presente caso se está ante una ciudadana que no cuenta con un
documento de identidad en el que conste su nuevo nombre. Esta omisión pone en
riesgo el ejercicio de varios derechos fundamentales, pues muchas de estas
garantías están condicionadas fácticamente a que las personas cuenten con la
cédula de ciudadanía. Así, por ejemplo, el derecho a la libre locomoción de la actora
está en riesgo porque el documento de identificación es indispensable para poder
viajar en transporte aéreo o incluso para no correr el riesgo de ser retenido en los
controles de seguridad que realiza la Policía Nacional en las carreteras del territorio
nacional.
110. En este sentido, los medios judiciales ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo no son eficaces para este caso en particular porque su uso implicaría
que la actora tendría que soportar la limitación del ejercicio de varios derechos
fundamentales mientras se resuelve su caso. Por tanto, la presente acción de tutela
supera el requisito de la subsidiaridad, ya que a pesar de existir otros medios
judiciales estos no son idóneos para el caso en particular.
111. Igualmente, frente a los cuestionamientos de que la Procuraduría General de
la Nación, los ministerios y departamentos administrativos no respondieron de fondo
la solicitud interpuesta por la actora, no se cuenta con otro mecanismo judicial para
determinar si las respuestas dadas satisficieron los deberes propios del derecho de
4
Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-037 del 2009 y T-764 de 2010.
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petición. En consecuencia, la presente acción de tutela cumple los requisitos de
procedibilidad respecto de esta pretensión.
112. Por otra parte, se cumple con el requisito de la inmediatez porque, aunque la
actora inició el trámite de cambió de nombre en julio del año 2021, a la fecha de la
presentación de esta tutela no se le había expedido la cédula de ciudadanía que
solicitó, ni había recibido respuesta de fondo a las peticiones que presentó. Por ende,
es evidente que la vulneración que alega se ha prolongado en el tiempo.
2.7. Análisis del primer problema jurídico
113. Para poder determinar si la Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró los
derechos fundamentales a la identidad, dignidad, libre desarrollo de la personalidad y
personería jurídica de la actora; la Sala considera oportuno realizar un estudio de la
relevancia del nombre como atributo de la personalidad y de la identidad personal.
Luego, analizará el deber que tiene el Estado de proteger la identidad cultural de las
comunidades indígenas y el reconocimiento de las lenguas minoritarias como
garantía de la protección cultural. Finalmente, se resolverá el problema planteado.
2.7.1. El nombre como atributo de la personalidad y de la identidad personal
114. Todos los seres humanos tienen unas características comunes que los
identifican como parte de la especie. Sin embargo, las personas también tienen la
necesidad de fijar unos rasgos que los diferencien de los demás. Estos permiten
distinguir a cada individuo, no solo por su apariencia física, sino también por sus
comportamientos y manera de interpretar la vida. Estas características ayudan a
reconocerse frente a uno mismo y en relación con los demás.
115. Estas particularidades son la base de la individualidad, la esencia de cada
persona, lo que el filósofo español Ortega y Gasset denominó con gran acierto «Yo y
mis circunstancias»5 y lo que el ordenamiento jurídico reconoce como atributos de la
personalidad. Estas características especiales han permitido afirmar que cada
persona es un ser único e irrepetible.
116. Consciente de la importancia de la singularidad y complejidad de cada
persona, la Constitución Política de 1991 garantiza en varias de sus disposiciones la
autonomía individual y la posibilidad de cada ser humano de definir los rasgos de la
personalidad que lo identificarán y diferenciarán de los demás. Es así, por ejemplo,
que el artículo 14 establece el derecho al reconocimiento de la personaría jurídica6, el
5
Ortega y Gasset, José. Meditaciones del Quijote. Madrid, Alianza, 2004.
6
Sobre el alcance y contenido del derecho a la personalidad jurídica, la Corte Constitucional ha
determinado que: «La doctrina moderna considera que el derecho a la personalidad jurídica no se
reduce únicamente a la capacidad de la persona humana a ingresar al tráfico jurídico y ser titular de
derechos y obligaciones sino que comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano posea,
por el simple hecho de existir e independientemente de su condición, determinados atributos que
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15 el derecho a un espacio de intimidad vedado para los demás y, finamente, el
artículo 16 consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
117. Las disposiciones constitucionales citadas tienen como finalidad garantizar la
individualidad de cada persona. Esto con el propósito que sean las dueñas de sí
mismas y determinen la dirección de su existencia. En efecto, el libre desarrollo de la
personalidad es una garantía que permite que cada individuo establezca, sin
interferencia del Estado, su proyecto de vida y las metas que pretender realizar7.
Esto para que cada uno sea libre de escoger y trazar el camino que quiere realizar
en búsqueda de la felicidad.
118. Precisamente uno de los rasgos o atributos de la individualidad o personalidad
más importantes es el nombre. Con este la persona se identifica ante sí misma y
frente a los demás. El nombre permite que las personas y los rasgos de su compleja
identidad sean condensados en una o en unas cuantas palabras (nombre singular o
compuesto). En este sentido, la Corte Constitucional ha afirmado que: «Por ello, se
concluyó que la fijación del nombre, como atributo de la personalidad, resulta
determinante para el libre desarrollo del plan de vida individual y para la realización
del derecho a la identidad, en la medida en que, constituye el signo distintivo del
sujeto en el plano relacional»8.
119. Por ello, nuestro ordenamiento jurídico establece que, para garantizar la
individualidad, toda persona tiene el derecho a un nombre. En efecto, el artículo 3 del
Decreto-Ley 1260 de 1970 dispone lo siguiente:
Artículo. 3. Toda persona tiene derecho a su individualidad, y, por consiguiente, al
nombre que por ley le corresponde. El nombre comprende, el nombre, los apellidos, y
en su caso, el seudónimo. No se admitirán cambios, agregaciones o rectificaciones del
nombre, sino en las circunstancias y con las formalidades señaladas en la ley. El juez,
en caso de homonimia, podrá tomar las medidas que estime pertinentes para evitar
confusiones.
120. Como lo indica la disposición transcrita, la figura del nombre incluye el nombre
propiamente dicho, los apellidos y, según el caso, el seudónimo. Además de ser un
constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho. Son los
llamados atributos de la personalidad. Por consiguiente, cuando la Constitución consagra el derecho
de toda persona natural a ser reconocida como persona jurídica (CP art. 14) está implícitamente
estableciendo que todo ser humano tiene derecho a todos los atributos propios de la personalidad
jurídica». Al respecto véanse, Corte Constitucional, sentencias C-109 de 1995 y T-168 de 2005.
7
En términos de la Sentencia T-429 de 1994 de la Corte Constitucional: «El derecho al libre desarrollo
de la personalidad consagrado en el artículo 16 de la Carta Política, implica el reconocimiento de la
aptitud física y moral que tienen todas las personas a realizarse individual y autónomamente, sin
imposiciones o forzamientos de ninguna clase y sin controles injustificados o impedimentos por parte
de los demás, incluido el Estado, a menos que exista una obligación legal o contractual legítima o un
deber social o cuando las respectivas acciones atenten contra los derechos de las demás personas o
quebranten el orden público o contraríen una disposición jurídica que tenga la virtualidad de poder
limitar válidamente el ejercicio del derecho aludido».
8
Corte Constitucional. Sentencias T-977 de 2012 y C-114 de 2017.
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derecho y un medio de individualización consistente en el empleo de unas letras para
designar a una persona, la Corte Constitucional ha determinado la importancia de la
figura del nombre para el Estado en los siguientes asuntos:
(i) la regulación de los procedimientos judiciales y administrativos,
(ii) las actividades de persecución y sanción del delito,
(iii) la exigibilidad de obligaciones contractuales o cambiarias,
(iv) la reconstrucción de la historia de la propiedad inmueble y mueble en los registros
que se llevan para ello,
(v) la identificación de los sujetos que tienen obligaciones especiales a través de
registros como el mercantil,
(vi) la administración de la circulación y administración de datos personales según lo
dispuesto en las leyes que regulan el derecho al habeas data,
(vii) la administración del régimen tributario,
(viii) el desarrollo de las actividades de inteligencia y contrainteligencia a cargo del
Estado9.
121. En definitiva, el nombre como derecho es un atributo de la personalidad que le
permite a cada persona individualizarse y diferenciarse de los demás. Además, es
una figura importante que sirve al Estado para cumplir diferentes funciones de
vigilancia y control10.
122. Como el nombre garantiza el ejercicio de varios derechos fundamentales
como el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana en su ámbito de
autonomía personal y el derecho a la personalidad jurídica; el ordenamiento jurídico
permite que las personas puedan modificar aquel que por lo general fue asignado por
los padres o tutores al momento de nacer. En este sentido, el artículo 6 del Decreto
Ley 999 de 1998 [que modificó el artículo 94 del Decreto-ley 1270 de 1979] dispone
lo siguiente:
Artículo 94. El propio inscrito podrá disponer, por una sola vez, mediante escritura pública, la
modificación del registro, para sustituir, rectificar, corregir o adicionar su nombre, todo con el fin
de fijar su identidad personal. El instrumento a que se refiere el presente artículo deberá
inscribirse en el correspondiente registro civil del interesado, para lo cual se procederá a la
apertura de un nuevo folio. El original y el sustituto llevarán notas de recíproca referencia.
123. La Sala considera oportuno aclarar que la anterior disposición no prohíbe el
cambio de nombre por segunda vez, sino que admite que el primer cambio sea por
vía notarial. Como lo aclaró la Corte Constitucional en la Sentencia C-114 de 2017, el
segundo cambio de nombre debe realizarse mediante proceso judicial, según lo
dispuesto en los artículos 18.6 y 577.11 del Código General del Proceso11.
9
Corte Constitucional, Sentencia C-114 de 2017.
10
Sobre la naturaleza jurídica del nombre, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-152 de 1994,
sostuvo: «Dentro de los atributos de la personalidad, se encuentra el nombre que goza de naturaleza
plural al ser (i) un derecho fundamental inherente a todas las personas por el solo hecho de su
existencia, (ii) un signo distintivo que revela la personalidad del individuo y (iii) una institución de
policía que permite la identificación y evita la confusión de personalidades».
11
La Sala considera oportuno resaltar que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-114 de 2017,
declaró la exequibilidad condicionada del artículo 6 del Decreto Ley 999 de 1998 [que modificó el
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2.7.2. El deber del Estado de proteger la identidad cultural de las comunidades
indígenas y el reconocimiento de las lenguas minoritarias como garantía de
esta protección
124. En el acápite anterior la Sala abordó la importancia del reconocimiento jurídico
de la individualidad de cada persona, en especial el nombre como atributo de la
personalidad. Como se anotó, la individualidad es importante porque le permite a
cada ser humano tener unas características especiales que lo harán diferenciarse de
los demás y a partir de ellas emprender su propia búsqueda del éxito y la felicidad.
Sin embargo, un estudio aislado de este tema llevaría a la conclusión que la
protección de la individualidad es el medio idóneo para proteger la libertad de cada
ser humano.
125. No obstante, la personalidad también es el reflejo del contexto social y cultural
en el que se desenvuelven los individuos. La cultura, en su amplio abanico de
expresiones, es un factor importante en la consolidación de los rasgos más
relevantes de cada persona. El ser humano y su complejidad también es producto de
la cultura en la que se desenvuelve. Los comportamientos, los planes de vida y las
metas trazadas en gran medida son tomados de la interacción con otras personas y
del contexto socio cultural.
126. Por ello, la Constitución Política de 1991 reconoce un amplio catálogo de
derechos culturales. Es importante recalcar que estos derechos no solo buscan
proteger las culturas de las minorías sino también la cultura mayoritaria de la
población. En efecto, sobre este punto el artículo 70 de la carta superior establece el
derecho de todos los colombianos de acceder y disfrutar de la cultura, pues solo con
un amplio catálogo cultural se contarán con opciones para emprender los diferentes
proyectos de vida.
127. La cultura se expresa en diversas manifestaciones y hechos. Entre ellos, una
de las decisiones culturales más importante que adopta el Estado es la
determinación del idioma oficial. La lengua no es solo el medio a través el cual se
expresan las ideas, sino un sistema en el que se asigna significado a las
interpretaciones del mundo12. Prueba de lo anterior es el hecho de que algunas
artículo 94 del Decreto-ley 1270 de 1979]. Esto bajo el entendido que la modificación del nombre se
podrá realizar por más de una vez vía notarial cuando el cambio pueda considerarse como urgente
desde una perspectiva iusfundamental. Esta hipótesis se puede presentar, por ejemplo, en los casos
en que la variación tiene por finalidad armonizar el nombre con la identidad de género o evitar
prácticas discriminatorias.
12
Sobre este punto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-659 de 2010, afirmó lo siguiente: «La
lengua juega un papel determinante en la materialización de la diversidad étnica y cultural, así como
del derecho a la igualdad. Lo primero, en tanto que es la lengua uno de los vehículos de construcción
cultural que permite justamente romper con el paradigma de la homogenización cultural, señalando
una multiplicidad de formas de entender, pensar, sentir y hablar el mundo. Sobre este punto, es
importante resaltar que en una nación como la colombiana, con un alto número de lenguas indígenas,
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palabras o expresiones que significan algo muy importante en una cultura no son
exactamente traducibles a otros idiomas. En este sentido, cuando el Estado
establece la lengua oficial realiza una importante toma de postura en materia cultural,
pues con esta determinación promoverá los valores y tradiciones que refleja ese
idioma.
128. Los constituyentes de 1991 no fueron ajenos al desafío cultural que implica la
determinación de un idioma como lengua oficial. Esto explica por qué el artículo 10
de la Constitución reconoce, junto al castellano, a las lenguas y dialectos de las
minorías culturales como idiomas oficiales del Estado colombiano13. A su vez, es
importante resaltar que mediante la Ley 1381 de 2010 se establecieron los derechos
lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición lengua
propia. Entre los derechos lingüísticos más importantes reconocidos por esta ley está
es el uso de nombres propios. En efecto, el artículo 6 establece lo siguiente:
Nombres propios y toponimia en las lenguas nativas. Los nombres y apellidos de
personas provenientes de la lengua y de la tradición cultural usados por los hablantes
de lenguas nativas, y más generalmente por los integrantes de pueblos y comunidades
donde se hablen estas lenguas, podrán ser reconocidos para efectos públicos. Este
uso será registrado por la autoridad oficial competente previa solicitud de los
interesados. Igualmente los nombres de lugares geográficos usados tradicionalmente
en su territorio por los integrantes de pueblos y comunidades donde se hablen lenguas
nativas podrán ser registrados para efectos públicos. Este uso será cooficial con la
toponimia en castellano cuando esta exista. La transcripción alfabética de estos
nombres propios y de esta toponimia será reglamentada por el Consejo Nacional
Asesor de Lenguas Nativas previsto en el artículo 24 de la presente ley.
129. Por otra parte, es importante resaltar que el artículo 10 de la Constitución es
solo a una de las varias disposiciones constitucionales que tiene como finalidad
garantizar y proteger el pluralismo y la diversidad cultural de la Nación colombiana.
En este sentido, el artículo 7 reconoce la diversidad étnica y cultural del país,
mientras que el artículo 8 obliga al Estado a proteger esta riqueza cultural.
Igualmente es muy relevante para este caso resaltar que los miembros de las
minorías culturales tienen el derecho a recibir una formación acorde con su identidad
cultural. Sobre este punto la Corte Constitucional sostiene:
es vital propender por un grado de interacción que facilite el acceso a los servicios que tienen la
población mayoritaria, sin que la lengua se convierta en una barrera para el goce efectivo de los
mismos. Adicionalmente, es importante propender porque un baluarte cultural no termine siendo visto
y entendido por las comunidades minoritarias como un factor de exclusión y segregación, ya sea en
forma directa o al menos de manera indirecta. Por todo lo anterior, en el marco del Estado social del
derecho debe garantizarse el respeto por la diferencia, que incluye la comprensión del otro como
sujeto culturalmente diverso y titular de derechos fundamentales. En esa medida, no puede
desconocerse la gran relevancia que tiene la lengua dentro del derecho a la diversidad étnica y
cultural».
13
Constitución Política de 1991. Artículo 10: «El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las
lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que
se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe».
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Uno de los principios orientadores de la nación es el pluralismo, como forma de
expresión de la democracia en el Estado social de derecho. Este reconocimiento es un
avance en el contexto social colombiano, teniendo en cuenta que genera el goce de
los derechos fundamentales en un plano de igualdad a partir del respeto por la
diferencia. Entre los postulados constitucionales consonantes con este principio se
encuentra la obligación especial de proteger la diversidad étnica y cultural de la nación
(C.P. art. 7), así como las riquezas culturales y naturales de la misma (C.P. art. 8). Lo
anterior va aparejado con el reconocimiento de las lenguas y dialectos de los grupos
étnicos oficiales en su territorio, lo cual implica que en materia educativa la enseñanza
dada en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias debe ser bilingüe, -
lengua nativa y castellano- (C.P. art. 70). Además, esta formación debe fomentar el
desarrollo y el respeto de la identidad cultural (C.P. art. 68)14.
130. En definitiva, la protección de la cultura tiene como finalidad garantizar que las
personas cuenten con un amplio catálogo de opciones para sus planes de vida.
Igualmente, por expreso mandato de varias disposiciones constitucionales, el Estado
tiene un deber especial de protección de las culturas de las minorías, como es el
caso de las poblaciones indígenas. Uno de los elementos más importantes para la
protección de las culturales de las minorías es el idioma, pues con este se trasmiten
los diversos significados y la manera de entender el mundo de los grupos
ancestrales.
2.7.3. Solución del primer problema jurídico
131. En el presente caso está probado que actora adelantó el proceso de cambio
de su nombre de conformidad con los requisitos establecidos por el artículo 94 del
Decreto-Ley 1260 de 1970. Es decir, mediante Escritura Pública N.º 457 de 3 de
junio de 2021, realizada ante la Notaría Única del Círculo de Villagarzón, Putumayo,
la accionante manifestó la voluntad de cambiar su nombre de Olga Viviana Merchán
García por Paknam Kɨma Pai.
132. Una vez realizado el trámite notarial, se le expidió a la actora un registro civil
de nacimiento en el que se refleja su nuevo nombre. No obstante, cuando la señora
Kɨma Pai solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil expedir una nueva
cédula de ciudadanía, la entidad manifestó que es imposible tramitar esta solicitud
porque su base de datos no admite la letra denominada vocal cerrada central no
redondeada «ɨ». Para la Sala es importante resaltar que el anterior argumento fue
reiterado por la Registraduría en el informe que rindió para este proceso de tutela.
133. En definitiva, a la actora no se le ha expedido un documento de identidad en el
que conste su actual nombre porque la entidad accionada no cuenta con un sistema
tecnológico adecuado para incluir palabras propias del idioma awapit, lengua oficial
del Estado colombiano en el territorio ocupado por dicho grupo indígena, en los
términos del artículo 10 de la Constitución Política.
14
Corte Constitucional, sentencia T-659 de 2010.
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134. Para la Sala es importante resaltar que el cambio de nombre no solo busca
reflejar la manera como siempre se ha sentido identificada la actora, ya que esa
denominación le fue asignada por sus mayores al momento de nacer; sino que
también pretende la conservación de la cultura de su pueblo. Por ende, el nuevo
nombre no solo refleja la voluntad de la actora de la forma como quiere ser
identificada, sino que tiene un importante significado en la visión del mundo Awá,
pues en esa comunidad cada nombre se conecta con un valor que identifica a quien
lo ostenta.
135. En este sentido, para la Sala la negativa en la expedición de una cédula de
ciudadanía en el que conste el actual nombre de la actora es una omisión que le
vulnera los derechos fundamentales a la identidad, al libre desarrollo de la
personalidad y al nombre. En efecto, el alcance y contenido del derecho al nombre
implica que los documentos de identificación, como la cédula de ciudadanía, reflejen
el nombre con el que cada persona ha decidido identificarse. Poco sirve tener el
derecho al nombre cuando esta denominación no puede verse reflejada en los
documentos de identidad necesarios para identificarse frente al Estado.
136. Como se mencionó en el acápite anterior de esta providencia, uno de los
derechos lingüísticos de las minorías reconocidos por la Ley 1381 de 2010 es la
posibilidad de poder utilizar el nombre de la lengua nativa. El artículo 6 de esta ley
obliga a las autoridades a reconocer dichos nombres15. En consecuencia, la omisión
de la registraduría de expedir la cédula de la ciudadanía de la actora en la que
conste su actual nombre es un abierto desconocimiento de su derecho lingüístico a
poder usar el nombre propio de su lengua.
137. Para la Sala, aceptar la tesis de que no se puede expedir el documento de
identidad porque la base de datos de la Registraduría no permite utilizar la letra vocal
cerrada central no redondeada implicaría que la decisión libre de las personas de
identificarse con las letras o palabras de su elección, propias del lenguaje de su
comunidad ancestral, está condicionada a su compatibilidad con el sistema
informático del Estado. Esta postura es inaceptable, pues se sostendría la siguiente
regla: las personas son libres de llamarse como quieran, siempre y cuando, el
nombre sea compatible con la base de datos. La tesis que sostiene la Registraduría
podría llevar, por ejemplo, a que si en el futuro, por cualquier razón, el sistema
informático no admite la letra «ñ», los ciudadanos con apellidos Núñez o Muñoz no
podrían utilizar esa parte de sus nombres en los documentos de identificación.
15
Ley 1381 de 2010. Artículo 6: Nombres propios y toponimia en las lenguas nativas. Los nombres y
apellidos de personas provenientes de la lengua y de la tradición cultural usados por los hablantes de
lenguas nativas, y más generalmente por los integrantes de pueblos y comunidades donde se hablen
estas lenguas, podrán ser reconocidos para efectos públicos. Este uso será registrado por la autoridad
oficial competente previa solicitud de los interesados. (…)
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138. En este sentido, se echa de menos una postura proactiva de la Registraduría
Nacional del Estado Civil para buscar métodos alternativos que permitan expedir el
documento solicitado por la actora. No se está ante una obligación imposible de
cumplir, pues las actuales herramientas tecnológicas permiten emplear caracteres
especiales como la vocal cerrada central no redondeada «ɨ». Prueba de ello es la
presente providencia, en la que mediante el programa básico de Microsoft Word se
pudo utilizar la letra que no soporta la base de datos de la registraduría.
139. Si bien es cierto, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el informe
rendido para esta tutela, manifestó que ha realizado algunas gestiones para una
partida presupuestal adicional que le permita actualizar su base de datos. De una
lectura de dicha solicitud, la Sala advierte que los recursos adicionales pedidos son
justificados para permitir en los documentos de identificación géneros diferentes al
binario (masculino-femenino) y para seguir con el proceso de implementación de la
cédula digital.
140. En todo caso, el documento aportado es del 22 de marzo de 2022 y solo
evidencia una solicitud de una partida presupuestal. Sin embargo, la Sala no tiene
certeza si esos recursos fueron apropiados para los fines que los pidió la
Registraduría. Por ende, el informe rendido no permite afirmar que la Registraduría
no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora ya que el solo hecho de
solicitar una partida presupuestal no es suficiente para garantizar los derechos
fundamentales invocados en el escrito de tutela. En efecto, en este caso está
probado que la entidad accionada no le ha expedido la cédula ciudadanía solicitada y
que ese hecho da lugar a que se le vulneren a la parte actora varios derechos
fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, el reconocimiento de la
personería jurídica y al nombre.
141. Así las cosas, la Sala concederá el amparo solicitado por la parte actora. En
consecuencia, se ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil que le expida
a la actora la cédula de ciudadanía que solicitó, en la que deberá constar su actual
nombre Paknam Kɨma Pai.
142. Es importante aclarar que la orden va dirigida únicamente a la registraduría
porque es la entidad competente de expedir los documentos de identificación, por
ende, legitimada en la causa por pasiva respecto de esta pretensión. Esta autoridad
deberá determinar el mecanismo idóneo para materializar la orden y expedir la
cédula solicitada por la actora. Entre otras alternativas, podrá escoger si con sus
propios funcionarios realiza el trámite para la expedición de la cédula o si adelanta
las gestiones para que IDEMIA, contratista y alidada tecnológica de la entidad, hace
compatible la base de datos a nuevos caracteres como la vocal cerrada central no
redondeada «ɨ». En todo caso la registraduría deberá realizar todas las gestiones
pertinentes y conducentes para que, en un término máximo de tres meses, contados
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a partir de la expedición de esta providencia, se expida la cédula solicitada por la
actora en los términos de esta providencia.
2.8. Análisis del segundo problema jurídico
143. La actora presentó a cada una de las entidades indicadas en el párrafo 1 de
esta providencia un escrito en ejercicio de su derecho de petición en el que solicitó
implementar los medios y herramientas tecnológicas que permitan a la
Administración utilizar los caracteres propios de la lengua awapit y demás lenguas
nativas presentes en el territorio nacional.
144. La Sala reconoce que la petición interpuesta por la actora no es muy clara. En
efecto, en el amplio escrito, la peticionaria narra los hechos que dieron lugar a que la
Registraduría Nacional no le expidiera la cédula de ciudadanía y solicita que le
devuelvan las tasas cobradas en el trámite notarial adelantado para la
protocolización de la escritura pública en la que manifestó su voluntad de cambiar de
nombre.
145. No obstante, de un estudio integral de la petición y del acápite denominado
«pretensiones» se puede advertir que en el fondo lo que pidió la actora es que cada
una de las entidades accionadas cumpliera lo establecido en el artículo 8 de la Ley
1381 de 201016. En consecuencia, se entiende que la actora pretendió que adoptaran
los medios tecnológicos necesarios para que los miembros de las minorías
lingüísticas puedan utilizar su lengua en los trámites que adelanten antes esas
entidades.
146. De los informes rendidos por las entidades accionadas y del estudio de la
petición interpuesta por la actora, la Sala advierte que la mayoría de los ministerios y
los departamentos administrativos interpretaron que la petición iba dirigida contra la
Registraduría Nacional del Estado Civil o era una queja por las tasas cobradas. En
consecuencia, remitieron la solicitud de la actora a esas entidades.
147. La Sala advierte que únicamente la Dirección Nacional de Inteligencia emitió
una respuesta de fondo a la actora en la que le indicó que no era posible ajustar su
base de datos para admitir las letras especiales del idioma awapit.
16
Ley 1381. Artículo 8: Derechos en las relaciones con la administración pública. Los hablantes de
lenguas nativas tienen el derecho al empleo de su propia lengua en sus actuaciones y gestiones ante
los órganos de la administración pública. Las autoridades competentes del Orden Nacional,
Departamental, Distrital y Municipal proveerán lo necesario para que quienes lo demanden, sean
asistidos gratuitamente por intérpretes que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Las entidades
competentes del Orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, acordarán la adopción de
medidas que permitan avanzar progresivamente en el cumplimiento y satisfacción de los derechos y
compromisos definidos en el presente artículo. Así mismo asegurarán la difusión, a través de textos
impresos, documentos de audio, audiovisuales y otros medios disponibles, de las leyes y reglamentos
así como de los contenidos de los programas, obras y servicios dirigidos a los grupos étnicos, en la
lengua de sus correspondientes beneficiarios para su debida información.
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148. Así las cosas, las entidades accionadas, con excepción de la Dirección
Nacional de Inteligencia, vulneraron el derecho de petición de la actora porque no
emitieron una respuesta de fondo a su solicitud en la que se indique las labores
realizadas para adecuar su sistema y base de datos para hacerlos compatibles con
las lenguas nativas presentes en el territorio del Estado colombiano. Estas entidades
se limitaron a remitir la petición a la entidad que consideraron era competente. Lo
anterior pese a que una de las cuestiones planteadas por la actora implicaba que
cada entidad le tenía que informar si han implementado las herramientas
tecnológicas necesarias para permitir que los miembros de las minorías lingüísticas
se comuniquen en su lengua cuando realicen trámites antes esas autoridades.
149. La Corte Constitucional, en un línea pacífica y reiterada, ha sostenido que el
derecho de petición abarca la garantía de poder tener una respuesta pronta, eficaz y
de fondo sobre la cuestión planteada a la administración. Al respecto, el tribunal
constitucional sostiene que el derecho de petición abarca:
a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante
las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b)
la respuesta oportuna dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico;
c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en el fondo de la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia,
refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena
correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o
elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia
de que su sentido sea positivo o negativo17.
150. En definitiva, para la Sala el derecho fundamental de petición de la actora fue
vulnerado por las entidades accionadas, excepto la Dirección Nacional de
Inteligencia. Esto porque se limitaron a remitir a otras entidades la solicitud de la
actora sin contestar de fondo la cuestión planteada. Por lo tanto, se accederá al
amparo solicitado y se ordenará a las entidades accionadas responder en un término
de tres días la petición interpuesta por la actora.
2.9. Cuestiones varias
151. Es importante poner de presente que la actora en el escrito de tutela
expresamente solicitó lo siguiente:
Se ORDENE a todas las entidades públicas accionadas y no accionadas, tanto como
las privadas encargadas de registro o expedición de documentación pública o privada
la implementación o inclusión en sus bases de datos de soportes de caracteres el
sistema fonológico o abecedario del idioma Awapit.
17
Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias T-094 de 1999, C-510 de 2004 y T-161 de 2011.
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Demandante: Paknam Kɨma Pai
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: c
152. Sobre la solicitud de ordenar mediante esta tutela a todas autoridades públicas
ajustar sus bases de datos para que sean compatibles con el idioma awapit, la Sala
considera que no se supera la subsidiaridad. En efecto, no se cumple con este
requisito porque la actora cuenta con otros mecanismos para solicitar lo pretendido.
En este sentido, aún las entidades accionadas no han contestado las peticiones
interpuestas en las que se les solicita justamente la compatibilización. Por ende, no
se tiene certeza si las bases de datos de esas autoridades incluyen las letras propias
del idioma awapit y de otras lenguas indígenas. Solo con las respuestas a los
derechos de petición que se ordenará emitir en este fallo, se podrá examinar los
eventuales mecanismos con que cuenta la actora respecto de esta pretensión.
153. A diferencia de lo ocurrido con la negativa de la expedición de la cédula
ciudadanía, la actora no probó que actualmente esté adelantado algún procedimiento
concreto ante una autoridad y que la falta de compatibilidad de las bases de datos
con su idioma ha imposibilitado adelantar dicho trámite. Por ende, no estamos frente
a una situación extrema que permita realizar una excepción al requisito de la
subsidiaridad para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
154. Por otra parte, la actora solicitó que una vez ejecutoriada esta providencia se
ordene su traducción al idioma awapit. Al respecto expresamente pidió lo siguiente:
Se ORDENE, una vez ejecutoriada la sentencia favorable, y habiendo hecho
tránsito a cosa juzgada, es decir después que se surta el proceso constitucional
ante la Corte Constitucional de posible revisión, se ordene a quien corresponda,
la traducción de esta sentencia en idioma Awapit para conocimiento de todo mi
pueblo y nacionalidad ɨnkal awá hablante de Awapit ubicados tanto en Colombia
como en Ecuador. (Sic a toda la cita). (Negrillas de la Sala).
155. Respecto de esta solicitud, la Sala negará lo pedido porque expresamente
está condicionado a que se haya surtido el trámite de eventual revisión por parte de
la Corte Constitucional y a que la providencia quede en firme. Como quiera que la
solicitud fue limitada por la actora y en esta instancia no se cumplen dichos
presupuestos, la Sala no emitirá orden alguna sobre la cuestión en particular.
156. Finalmente, se advierte que el presente proceso fue registrado en el sistema
Samai con el antiguo nombre de actora. Por ende, se solicitará a la Secretaría
General de esta Corporación que ajuste los datos del expediente para que en el
sistema Samai el nombre de la actora sea actualizado por Paknam Kɨma Pai.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
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3. FALLA
PRIMERO: NEGAR las peticiones de desvinculación solicitadas por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, la Dirección Nacional de Inteligencia, el
Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Cultura, el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Educación Nacional, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Transporte, la Presidencia de
la República, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Ministerio
de Minas y Energía.
SEGUNDO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia presentadas por los señores
Floriberto Canticus Bisbicus y Noel Amilcar Chapuez.
TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad, el reconocimiento de la personalidad jurídica y al nombre de la actora.
En consecuencia, ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil que le
expida a la actora una cédula de ciudanía en la que conste su actual nombre en un
término máximo de tres meses, contados a partir de la notificación de esta
providencia. Para cumplir esta orden se deberá tener en cuenta lo establecido en los
párrafos 141 y 142 de este fallo.
CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la actora. En
consecuencia, ORDENAR a la presidencia de la República, al Ministerio del Interior,
al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al
Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio de Salud y Protección Social, al
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Ministerio de Minas y Energía, al
Ministerio de Educación Nacional, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al Ministerio del Transporte, al
Ministerio de Cultura, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al Ministerio
del Deporte, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al
Departamento Nacional de Planeación, al Departamento Administrativo de la Función
Pública, al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, al Departamento
Administrativo Nacional de Estadística y la Procuraduría General de la Nación que
contesten la petición de la actora de conformidad con lo establecido en esta
providencia y en los términos que establece el CPACA para responder las solicitudes
interpuestas por los ciudadanos.
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Radicado: c
QUINTO: NEGAR la petición de traducción al idioma awapit de esta providencia
porque no se cumple con los prerrequisitos exigidos por la actora para estudiar de
fondo la solicitud.
SEXTO: ORDENAR Secretaría General de esta Corporación que ajuste los datos de
este proceso en el sistema Samai porque el nombre de la actora es Paknam Kɨma
Pai y no Olga Viviana Merchán García
SÉPTIMO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Aclara voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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