Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03816-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03816-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03816-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
16 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03816-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: PAKNAM KƗMA PAI
TESIS: CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA EN CUANTO A LA
VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN DE LAS
ENTIDADES MENCIONADAS EN LA PARTE RESOLUTIVA. DENIEGA
LA PRETENSIÓN ENCAMINADA A QUE SE ORDENE A TODAS LAS
ENTIDADES ACCIONADAS Y NO ACCIONADAS, LA INCLUSIÓN DEL
IDIOMA AWAPIT EN SUS BASES DE DATOS. DENIEGA LA
PRETENSIÓN TENDIENTE A QUE SE HAGA EXTENSIVA LA ORDEN DE
AMPARO IMPARTIDA EN PRIMERA INSTANCIA A LA
REGISTRADURÍA PARA TODA LA COMUNIDAD INDÍGENA AWÁ.
DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO
FRENTE A LAS ENTIDADES QUE PRESENTARON EN ESTA INSTANCIA
ESCRITO DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN EMITIDA POR EL A QUO.
REVOCA EL NUMERAL CUARTO, PERO ÚNICAMENTE EN LO QUE
RESPECTA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, PUES NO
VULNERÓ EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL NOMBRE, AL LIBRE DESARROLLO
DE LA PERSONALIDAD, A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL Y
DE PETICIÓN.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide las impugnaciones presentadas por la parte actora, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-03816-01
ACTORA: PAKNAM KƗMA PAI
DAPRE, la Presidencia de la República, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y el Ministerio de Educación Nacional contra la
sentencia de 29 de septiembre de 2022, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado1, que amparó los derechos
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, al
reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre y de petición
de la actora y denegó las demás súplicas.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora PAKNAM KƗMA PAI, actuando en nombre propio, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al nombre, al libre desarrollo de la personalidad, a la
diversidad étnica y cultural y de petición, los cuales, a su juicio, le
fueron vulnerados por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LOS
MINISTERIOS DEL INTERIOR, DE RELACIONES EXTERIORES,
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE JUSTICIA Y DEL
1 En adelante la Sección Tercera.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-03816-01
ACTORA: PAKNAM KƗMA PAI
DERECHO, DE DEFENSA NACIONAL, DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL, DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, DE MINAS Y ENERGÍA,
DE EDUCACIÓN NACIONAL, DEL TRABAJO, DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO, DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES, DEL TRANSPORTE, DE CULTURA, DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DEL DEPORTE, EL
DAPRE, EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL, LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
INTELIGENCIA – en adelante DNI, EL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -en adelante
DANE- y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN al
impedirle registrar su nombre en idioma awapit en sus documentos
públicos, específicamente, en la cédula de ciudadanía y al no dar
respuesta de fondo, clara y concreta a las solicitudes presentadas el
2 de noviembre de 2021 ante dichas entidades.
I.2.- Hechos
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ACTORA: PAKNAM KƗMA PAI
Refirió que pertenece a la comunidad indígena Ɨnkal Awá,
específicamente al Cabildo Ɨnkal Awá Katsa tɨ (gente del árbol
grande), ubicada en el municipio de Villagarzón – Putumayo.
Sostuvo que a cada ser awá, al momento de nacer, se le consigna un
nombre con el designio de lo que vino a ser en el mundo, que se
relaciona y tiene conexión con la naturaleza y el cosmos universal,
designación que ha sufrido discriminación a lo largo del tiempo, por
lo que en la presente época se pretende la recuperación y
reconstrucción del pensamiento cultural propio, a fin de fortalecer las
tradiciones de sus pueblos ancestrales.
Indicó que, por lo anterior, en ejercicio de su derecho de rectificación
del nombre, el 3 de junio de 2021, se presentó ante la Registraduría
Nacional del Estado Civil de Villagarzón, en la cual había sido
registrada con el nombre de OLGA VIVIANA MERCHÁN GARCÍA,
a fin de que se iniciara el procedimiento de cambio de nombre por el
que le fue asignado por su comunidad, esto es, PAKNAM KƗMA PAI.
Relató que para iniciar el trámite le indicaron que debía protocolizar
escritura pública en la cual constara su voluntad de cambio de
nombre y solicitar copia de su actual registro civil, lo cual tenía un
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ACTORA: PAKNAM KƗMA PAI
costo de $7.000 y debía dirigirse ante un notario, lo que, a su juicio,
no le era exigible, por cuanto los miembros de las comunidades
indígenas están exentos de dicha obligación pecuniaria.
Adujo que ese mismo día, 3 de junio de 2021, realizó el trámite
notarial indicado, siendo protocolizado mediante la Escritura Pública
núm. 457 en la Notaría Única del Círculo de Villagarzón, por lo que le
fue expedido un nuevo registro civil en el que su nombre inicial fue
sustituido por PAKNAM KƗMA PAI, teniendo que acudir a una
máquina de escribir antigua para poder utilizar el carácter “ɨ”.
Resaltó que para elevar a escritura pública el cambio de nombre
debía pagar el valor de $130.000, como derechos notariales, frente
a lo cual manifestó nuevamente su inconformidad debido a que los
miembros de las comunidades indígenas también están exentos del
mencionado pago.
Sostuvo que el 2 de julio de 2021, regresó a la Registraduría Nacional
del Estado Civil de Villagarzón con el fin de solicitar la expedición de
una nueva cédula de ciudadanía, en la que constara su actual
nombre, ante lo cual le informaron que no era posible en la medida
en que el símbolo “ɨ” no existía en la base de datos de esa entidad,
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por lo que le sugirieron dirigirse a la Registraduría ubicada en Mocoa
para que fuera allí donde se tramitara la solicitud.
Relató que acudió a la Registraduría Nacional del Estado Civil de
Mocoa en la que le indicaron que tampoco era posible tramitar tal
solicitud, por cuanto la Notaría Única de Villagarzón no había subido
al sistema su nuevo registro civil de nacimiento de ahí que debía
gestionar tal trámite en dicho municipio; además, que una
funcionaria de esa Registraduría intentó subir su nuevo registro civil
de nacimiento al sistema sin obtener un resultado positivo, pues la
plataforma digital de la entidad no permite el carácter “ɨ”.
Anotó que en virtud de lo anterior, la funcionaria de la Registraduría
Nacional del Estado Civil de Mocoa presentó petición ante el Servicio
Nacional de Inscripción de la Registraduría, con el fin de solicitar post
grabar el serial núm. 41919438 a su nombre y realizar las gestiones
ante el aliado tecnológico, tendiente a que se incluyera en carácter
especial la vocal cerrada central no redondeada, la cual se genera en
Word al utilizar las teclas 0268 + alt x, dando como resultado el
carácter “ɨ”.
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Refirió que el 21 de julio de 2021 la contratista de la Registraduría
Nacional del Estado Civil – IDEMIA, encargada de la plataforma de
identificación y registro civil, dio respuesta a lo anterior, informando
que el carácter “ɨ” es un fonema y el servidor de base de datos “DBR”
no lo soporta, lo que le fue notificado el 22 de julio ese año.
Adujo que, de manera informal, la Registraduría le ha propuesto
expedirle su cédula de ciudadanía con el nombre de “KIMA” y no
“KƗMA”, lo cual no puede aceptar, dado que además de ser letras
diferentes, dan como resultados significados disímiles en su idioma
Awapit, por lo que el carácter “ɨ” no tiene equivalente en el idioma
castellano.
Expresó que debido a que la Registraduría Nacional del Estado Civil
le denegó su acceso a la cédula de ciudadanía en la que constara su
nombre actual, el 2 de noviembre de 2021 presentó derecho de
petición ante el Presidente de la República, los ministerios del
Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de
Justicia y del Derecho, de Defensa Nacional, de Agricultura y
Desarrollo Rural, de Salud y Protección Social, de Comercio, Industria
y Turismo, el Ministerio de Minas y Energía, de Educación Nacional,
del Trabajo, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Vivienda,
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Ciudad y Territorio, de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, del Transporte, de Cultura, de Ciencia, Tecnología
e Innovación, del Deporte, el DAPRE, el Departamento Nacional de
Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Dirección
Nacional de Inteligencia, el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que
las entidades del Estado implementaran los medios y herramientas
tecnológicas que permitieran que sus bases de datos sean
compatibles con los caracteres especiales del idioma Awapit.
Sostuvo que el Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos
Indígenas ROM y Minorías, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Ministerio de Defensa Nacional, entre otros, remitieron la petición a
la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Procurador Delegado
para Asuntos Étnicos y a la Defensoría del Pueblo, sin dar respuesta
alguna sobre la implementación de herramientas tecnológicas que
permita incluir en su base de datos el abecedario del idioma Awapit.
Indicó que la Registraduría Nacional del Estado Civil, en respuesta a
su petición, le informó que las bases de datos que soportan el
Sistema Nacional de Identificación y Registro Civil se encuentran
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estandarizadas con los caracteres del alfabeto latino que maneja el
aplicativo, en aras de prever la unificación de datos personales para
la identificación común de todos los ciudadanos.
Finalmente, resaltó que solicitó ante la Dirección de Vigilancia y
Control Notarial el reintegro de los costos cobrados por la notaría,
solicitud que fue atendida en enero de 2022.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, las autoridades accionadas desconocieron
el pluralismo y la diversidad étnica y cultural reconocidos en la
Constitución Política, así como el derecho a llevar nombres en
idiomas propios o lenguas nativas, a no ser discriminados por su
identidad cultural, a la rectificación y cambio de nombre como parte
de la identidad, a la personería jurídica, al libre desarrollo de la
personalidad, a la preservación, salvaguarda y fortalecimiento de las
lenguas nativas y de petición, al no dar respuesta de fondo, clara,
precisa y dentro del plazo a su solicitud.
Resaltó que la Registraduría Nacional del Estado Civil pretendió
obstaculizar sus derechos fundamentales al contestar que no existe
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un carácter del idioma Awapit en su base de datos, imponiendo la
tecnología sobre los derechos reconocidos en la Constitución Política,
en lugar de implementar las herramientas que viabilicen de manera
efectiva la protección deprecada, proveniente de una solicitud tanto
de interés particular como general del pueblo originario ɨnkal Awá en
todas las entidades del Estado.
Arguyó que, de conformidad con lo señalado por la Comisión
Económica para América Latina – CEPAL, la importancia de los
idiomas ancestrales han sido despreciados y perseguidos de manera
sistemática y sólo hasta los últimos años se han implementado
políticas de protección y promoción del plurilingüismo; sin embargo,
dichas políticas para muchos pueblos son demasiado tarde porque
sus idiomas no han logrado sobrevivir al exterminio histórico.
Por último, destacó que cualquier ciudadano cuenta con el derecho
de cambiar su nombre para fijar su identidad, el cual en su caso fue
negado, pues a pesar de que hace más de 10 meses le fue expedida
la escritura pública de cambio de nombre, no ha logrado obtener su
documento de identidad con el nombre de PAKNAM KɨMA PAI, en
razón a que es del idioma Awapit y este tiene un símbolo propio ɨ que
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no tiene similitud aplicable al idioma castellano imperante en las
bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] 2. Se ORDENE a las accionadas, que, dentro de las 48 horas
siguientes a la comunicación del presente fallo de tutela, y en el
término que usted les indique, tomen y pongan en práctica todas
las medidas tecnológicas necesarias para dar cumplimiento al
fallo de protección concedido.
3. Como consecuencia de la implementación de la decisión
anterior, se ORDENE a la REGISTRADURÍA NACIONAL DE
ESTADO CIVIL la expedición de mi nueva cédula de ciudadanía
tal como se escribe y se encuentra registrado en la escritura
pública 457 y nuevo registro civil de nacimiento: PAKNAM KɨMA
PAI.
4. Se ORDENE a todas las entidades públicas accionadas y no
accionadas, tanto como las privadas encargadas de registro o
expedición de documentación pública o privada la
implementación o inclusión en sus bases de datos de soportes de
caracteres el sistema fonológico o abecedario del idioma Awapit.
5. Se ORDENE, una vez ejecutoriada la sentencia favorable, y
habiendo hecho tránsito a cosa juzgada, es decir después que se
surta el proceso constitucional ante la Corte Constitucional de
posible revisión, se ordene a quien corresponda, la traducción de
esta sentencia en idioma Awapit para conocimiento de todo mi
pueblo y nacionalidad ɨnkal awá hablante de Awapit ubicados
tanto en Colombia como en Ecuador.
[…]”.
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I.5.- Defensa
I.5.1.- El Ministerio de Cultura adujo que dentro de sus
competencias y atribuciones no se encuentran las referidas al objeto
de la solicitud de amparo, tales como la expedición de documentos
de identidad; además, tampoco tiene la posibilidad técnica y
tecnológica para la implementación en sus sistemas de información
para la inclusión de caracteres el sistema fonológico o abecedario del
idioma Awapit.
Sostuvo que la petición presentada por la actora fue remitida a la
Registraduría Nacional por ser de competencia de esa entidad, por lo
que solicitó ser desvinculado del presente trámite constitucional por
carecer de legitimación en la causa por pasiva y declarar la
improcedencia de la solicitud de amparo.
I.5.2.- El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela de la referencia o
denegar el amparo deprecado frente a esa entidad, en la medida que
resulta infundada su vinculación, toda vez que no tiene ninguna
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obligación legal o constitucional respecto de la expedición de los
documentos que solicita la actora.
I.5.3.- El Departamento Nacional de Planeación refirió que no
es responsable de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante y que carece de legitimación en la
causa por pasiva, pues no tiene injerencia alguna ni dirige o
desarrolla los procedimientos relacionados con el registro de la vida
civil e identificación de los colombianos, por lo que el objeto tutelado
desborda su ámbito de competencia.
Por lo anterior, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo
frente a esa entidad o, en su lugar, desvincularlo del presente
trámite.
I.5.4.- El Departamento Administrativo de la Función Pública
se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la acción de tutela
por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos que permitan colegir
o atribuir la violación de los derechos fundamentales de la actora por
parte de esa entidad, comoquiera que el derecho de petición
presentado fue remitido a la entidad competente, esto es, a la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
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Resaltó que no se observa la ocurrencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la solicitud de amparo.
I.5.5.- El DAPRE y el Presidente de la República señalaron que
la petición presentada por la actora fue remitida por competencia al
Ministerio del Interior, lo cual fue comunicado a la accionante, por lo
que resulta claro que no han quebrantado el derecho fundamental de
petición invocado.
Asimismo, solicitaron declarar improcedente la acción de tutela de la
referencia por inexistencia de vulneración de los derechos invocados;
y que, además, de la lectura del escrito de tutela y de las pruebas
allegadas al plenario, se evidencia que los reproches están dirigidos
a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por asuntos ajenos del
DAPRE, lo que deja en evidencia que carece de legitimación en la
causa por pasiva en el caso concreto.
I.5.6.- El Ministerio de Minas y Energía solicitó desvincularlo del
presente trámite constitucional por carecer de legitimación en la
causa por pasiva, pues no tiene ninguna clase de responsabilidad
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legal o funcional por acción u omisión en los hechos expuestos en la
solicitud de amparo.
Adujo que la actora enlistó una serie de derechos fundamentales que
consideraba vulnerados, pero no fue clara en afirmar en qué forma
se le está generando un perjuicio irremediable frente a esa entidad,
amén de que las situaciones descritas no hacen parte de las funciones
propias de esa cartera ministerial.
I.5.7.- La Procuraduría General de la Nación manifestó que se
configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, en la
medida en que remitió por competencia la petición presentada por la
actora a la Registraduría Nacional del Estado Civil, razón por la que
solicitó que no se le endilgue algún tipo de responsabilidad.
I.5.8.- El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
expresó que la petición presentada por la actora fue remitida tanto a
la Procuraduría General de la Nación como a la Superintendencia de
Notariado y Registro, lo que deja en evidencia que no ha
desconocido, bajo ninguna circunstancia, el deber legal de responder
de manera oportuna y expresa la petición.
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Refirió que bajo el alcance legal de sus funciones no ha conculcado
derecho fundamental alguno, por lo que solicitó denegar el amparo
deprecado y abstenerse de proferir decisión alguna contra esa
cartera ministerial.
I.5.9.- El Ministerio del Trabajo adujo que se está frente a una
carencia actual de objeto por hecho superado, comoquiera que la
petición presentada por la actora fue contestada a través de Oficio
de 22 de julio de 2022, el cual fue puesto en conocimiento de la
accionante.
I.5.10.- El DANE solicitó su desvinculación de la presente acción de
tutela e informó que no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados ni cuenta con ninguna facultad dispositiva o decisoria que
le permita incidir en las actuaciones que la actora considera
violatorias de sus derechos, por lo que carece de legitimación en la
causa por pasiva para actuar en el asunto, en la medida en que los
hechos y pretensiones de la acción de tutela se alejan de las
competencias misionales de esa entidad.
I.5.11.- La Registraduría Nacional del Estado Civil puso de
presente que las bases de datos que soportan el Sistema Nacional de
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Identificación y Registro Civil se encuentran estandarizadas con los
caracteres del alfabeto latino que maneja el aplicativo PMT, dado que
debe prever la unificación y estandarización de datos personales
necesarios para garantizar la identificación común de todos los
ciudadanos.
Así las cosas, sostuvo que tal como le fue comunicado a la actora, a
la fecha no es posible incluir el carácter especial en idioma Awapit en
su cédula de ciudadanía, pues el mismo es un fonema que el servidor
de base de datos no soporta, tecnología implementada hace más de
14 años, lo que genera mayor dificultad de realizar ajustes y
adecuaciones en el formato amarillo con hologramas.
Indicó que para poder incluir caracteres especiales en el sistema se
requieren ajustes de alta complejidad, lo que implica un alto impacto
técnico y económico, por lo que a través de la Gerencia
Administrativa y Financiera de esa entidad, radicó al Departamento
Nacional de Planeación la solicitud de recursos adicionales al proyecto
de inversión “Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica que
Soporta el Sistema de Identificación y Registro Civil PMT II”, con el
fin de realizar ajustes al sistema de registro civil e identificación que
permita la inclusión de datos adicionales y nuevos campos en la
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cédula de ciudadanía, lo que a su vez permitirá garantizar a grupos
de especial protección constitucional acciones afirmativas en pro de
su preservación, reconocimiento y trato diferencial.
Añadió que a la fecha está a la espera de la aprobación de los
recursos, con el fin de gestionar el mecanismo contractual idóneo y
el procedimiento que permita satisfacer los nuevos requerimientos
en los documentos de identificación que demandan la inclusión de
datos variables y nuevos caracteres en la cédula de ciudadanía.
Asimismo, manifestó que producir una cédula de ciudadanía
amarillas de holograma con el carácter que requiere la actora podría
generarle problemas a futuro, pues hasta tanto todas las entidades
del Estado no soporten o permitan modificar el nombre, no existirá
correspondencia entre los datos del plástico y la información
almacenada.
Finalmente, solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado, toda vez que esa entidad adelantó las actuaciones
administrativas pertinentes para atender las pretensiones de la
accionante.
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I.5.12.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó
que esa cartera ministerial es ajena a los hechos relacionados en el
escrito de tutela, habida consideración que lo pretendido no es de su
competencia, por lo que se opone a que prospere cualquier
pretensión en su contra por carecer de legitimación en la causa por
pasiva.
En cuanto al derecho de petición, resaltó que el mismo fue
contestado oportunamente el 3 de noviembre de 2021 y remitido por
competencia a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la
Superintendencia de Notariado y Registro, a la Procuraduría General
de la Nación, al Ministerio del Interior y al Grupo de la Información
de ese ministerio, con el fin de que emitieran las respuestas a las
cuales consideraran había lugar, lo que configura la carencia actual
de objeto por hecho superado.
Por ello, solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la
referencia y, además, que se le desvincule del presente trámite
constitucional.
I.5.13.- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
advirtió que no ha vulnerado derecho fundamental alguno en la
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ACTORA: PAKNAM KƗMA PAI
medida en que ha establecido la guía para traducir la información
pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua, para lo
cual no es necesario el desarrollo de herramienta tecnológica alguna,
toda vez que las peticiones son recibidas ya sea en audio o
manuscrito o en forma verbal y para su traducción se contratan a los
intérpretes que corresponda, razón por la que ha venido adelantando
una serie de medidas especiales para asegurar el acceso a la
información pública de los distintos grupos étnicos y culturales del
país; y en el marco de sus objetivos y funciones no se encuentra la
formulación y la puesta en aplicación de la protección y
fortalecimiento de las lenguas nativas.
Agregó que carece de legitimación en la causa por pasiva,
comoquiera que no es la autoridad pública que debe responder por
acción u omisión, teniendo en cuenta que no tiene injerencia alguna
en el proceso de expedición de la nueva cédula de ciudadanía.
I.5.14.- El Ministerio de Transporte sostuvo que carece de
legitimación en la causa por pasiva para actuar en el asunto de la
referencia y puso de presente que no es el competente para
ordenarle a la Registraduría Nacional que ejecute sus funciones, de
tal forma que la autoridad competente para pronunciarse acerca de
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las irregularidades expuestas es la mencionada entidad, por lo que
la petición allegada por la actora fue trasladada a la misma desde el
3 de diciembre de 2021.
I.5.15.- El Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social advirtió que revisado el escrito de tutela y los soportes
documentales, encuentra que los hechos que la fundamentan no
tienen relación alguna con dicha dependencia, pues las pretensiones
son competencia exclusiva de la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
Adicionalmente, relató que no ha incurrido en violación alguna del
derecho fundamental de petición, ya que la solicitud presentada por
la actora fue trasladada a las entidades competentes para resolverla
de fondo, siendo la accionada, esto es, la Registraduría Nacional, la
competente para pronunciarse sobre las pretensiones materia de
tutela.
Por lo anterior, solicitó su desvinculación de la presente solicitud de
amparo por carencia de legitimación en la causa por pasiva.
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I.5.16.- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural adujo
que teniendo en cuenta que la accionante no formuló pretensión
alguna que implique la toma de decisiones por parte de esa entidad,
debe declararse la improcedencia de la solicitud de amparo frente a
dicha cartera ministerial comoquiera que carece de legitimación en
la causa por pasiva y no ha vulnerado derecho fundamental alguno.
I.5.17.- La DNI sostuvo que el 10 de diciembre de 2021 dio
respuesta al derecho de petición presentado por la actora, para lo
cual se le informó que todos los caracteres el sistema fonológico o
abecedario del idioma Awapit pueden estar soportados en un juego
de caracteres ASCII que contiene dichos glifos sin las herramientas
ofimáticas, pues la implementación de los cambios de parámetros de
los sistemas de la entidad pueden afectar la información ya
almacenada, su confiabilidad, fidelidad y autenticidad de los
registros, así como el correcto funcionamiento de los aplicativos
existentes, además de acudir a otras soluciones que le fueron
comunicadas a la accionante.
Por ello, solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional, toda vez que no ha vulnerado los derechos
fundamentales deprecados.
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I.5.18.- El Ministerio de Educación Nacional también solicitó ser
desvinculado de la acción de tutela de la referencia por falta de
legitimación en la causa por pasiva, puesto que no ha sido el
responsable de la transgresión de los derechos fundamentales
invocados.
I.5.19.- La Notaría Única del Municipio de Villagarzón aseveró
que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados, pues es
respetuosa de los derechos reconocidos a las comunidades indígenas
del país, por lo que una vez conoció de la condición de la accionante,
procedió a aplicar el Decreto 1069 de 2015, respecto a los actos
exentos de pago de derechos notariales, así como la Resolución núm.
00536 de 22 de enero de 2021, realizando la devolución del dinero a
través de transacción bancaria.
Puso de presente que la actora fue atendida por funcionarios de esa
notaría con total respeto, en el cual se le indicó el trámite para
cambio de nombre, sin que en los documentos allegados se
encontrara la certificación de pertenencia étnica.
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Resaltó que el trámite notarial de cambio de nombre fue concluido
con éxito, para lo cual se utilizó una máquina de escribir tradicional,
la cual se encontraba en buen estado, con escritura legible y grafía
incorporada al teclado, permitiendo consignar el nuevo nombre,
conforme consta en la escritura pública núm. 475 de 3 de junio de
2021.
I.5.20.- El Ministerio de Relaciones Exteriores se opuso a la
prosperidad de la solicitud de amparo, toda vez que, a su juicio, no
ha vulnerado derecho fundamental alguno, pues esa entidad frente
a cada caso particular adelanta medidas especiales para asegurar el
acceso a la información pública de los distintos grupos étnicos y
culturales del país en garantía del criterio diferencial de accesibilidad;
y en el marco de los objetivos y funciones de esa cartera no se
encuentra la formulación y la puesta en aplicación de la política de
protección y fortalecimiento de las lenguas nativas.
Por lo anterior, refirió carecer de legitimación en la causa por pasiva
por lo que debe denegarse el amparo solicitado en su contra.
I.5.21.- El Ministerio de Salud y Protección Social se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, toda vez que el derecho de petición
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presentado por la actora fue resuelto, para lo cual trasladó la solicitud
a las entidades competentes del asunto.
En ese mismo orden de ideas, solicitó declarar improcedente la
solicitud de amparo, en la medida en que no es la entidad
competente para dar trámite a la solicitud de la actora y en el marco
de sus competencias tramitó el derecho de petición respecto del cual
se configura la carencia actual de objeto por hecho superado.
I.5.22.- El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solicitó
denegar la acción de la referencia, toda vez que dio respuesta
oportuna a la petición presentada por la actora, por lo que se
configura la carencia actual de objeto por hecho superado.
I.5.23.- El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó su
desvinculación del trámite de la acción de tutela de la referencia, en
la medida en que no existe ninguna relación jurídica sustancial entre
éste y la actora que implique responsabilidad alguna en la afectación
de los derechos fundamentales alegados; y que, además, se
configura la falta legitimación en la causa por pasiva.
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I.5.24.- Los ministerios del Interior y de Defensa Nacional,
pese a ser debidamente notificados de la acción de tutela de la
referencia, guardaron silencio.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El Cabildo Ɨnkal Awá Katsa Tɨ indicó que el Estado, en
materia de registro civil e identidad, les ha impuesto y obligado a
adoptar nombres en un idioma que no corresponde a sus tradiciones,
como lo es el castellano, evitando que exista pluralismo dentro de las
instituciones colombianas y agregando discriminación social al
obligarlos a sustituir sus nombres, razón por la que la comunidad ha
venido reforzando y reviviendo sus nombres en idioma Awapit,
encontrándose con obstáculos cuando los nombres tienen letras o
fonemas que no son propios del castellano.
Resaltó que la rectificación de sus nombres y la solicitud de copias
de registro de los integrantes de su comunidad ha sido problemática,
debido a que los funcionarios de la Registraduría Nacional no conocen
su idioma a pesar de que la Constitución Nacional, la jurisprudencia
y los tratados internacionales los reconocen como pueblos integrados
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por personas naturales, sin que las entidades hayan capacitado a sus
funcionarios en tal aspecto.
Finalmente, expresó que ninguna institución del Estado cuenta con
la implementación de los idiomas propios en sus bases de datos, pues
en los documentos públicos se sustituyen las letras que no existen
en el castellano, desvirtuando así su significado y sentido en el idioma
Awapit.
I.6.2.- La Unidad Indígena del Pueblo Awá “UNIPA” refirió que,
como cualquier pueblo originario del país, han sufrido la
discriminación, exclusión y marginación, al punto que el nombre
designado por su comunidad es inscrito de la forma en la que los
mismos funcionarios de la Registraduría Nacional lo consideran y en
castellano, desconociendo su propia lengua e imponiéndoles una
identidad que no corresponde.
Sostuvo que es necesaria la reivindicación a tantos años de
discriminación; sin embargo, hoy tampoco está esa garantía en la
Registraduría Nacional, pues el sistema tecnológico no permite la
inserción de letras como ɨ, ã, ĩ, ũ, ĩ que intentan describir sus sonidos
en idioma Awapit, sonidos que no existen en el idioma castellano.
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Adujo que la Registraduría no tiene en sus bases de datos el
abecedario Awapit, no dejando otra opción que registrar el nombre
en lenguaje castellano, lo que conlleva que se tengan que registrar
con nombres sin sentido y significado para su comunidad, situación
que se repite reiteradamente, vulnerando de esta forma sus derechos
fundamentales e impidiéndoles reconocer su identidad y diversidad
cultural.
Así las cosas, manifestó coadyuvar la solicitud de amparo en nombre
del pueblo Awá, a fin de que el Estado colombiano cumpla con las
garantías y prerrogativas asignadas a favor del uso y salvaguarda de
su idioma, desde la inclusión del idioma Awapit.
I.6.3.- El señor NOEL AMILCAR CHAPUEZ GUEVARA, miembro de
la “Gran Familia Awá Binacional”, refirió que como cualquier pueblo
originario del país ha sufrido la discriminación, exclusión y
marginación, al punto que el nombre designado por su comunidad es
inscrito de la forma en la que los mismos funcionarios de la
Registraduría Nacional lo consideran y en castellano, desconociendo
su propia lengua e imponiendo una identidad que no corresponde.
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Sostuvo que si las personas de la sociedad mayoritaria tienen
derecho a llevar sus nombres en su idioma materno, las familias ɨnkal
Awá también deberían tener igual derecho, sin que su idioma se
convierta en un obstáculo para el ejercicio de sus derechos al buen
nombre, a la personería jurídica, a la dignidad humana y a la libertad
de expresión, por lo que el Estado está en el deber de facilitar sus
garantías constitucionales que les han sido reconocidas.
Resaltó que por lo anterior se une a la petición de la actora y, en
consecuencia, solicitó ordenar al Estado la implementación e
inclusión en la base de datos de todas las entidades públicas los
caracteres el sistema fonológico o abecedario del idioma Awapit.
I.7. Vinculación de tercero con interés directo e Informe
solicitado
La Sala destaca que la Sección Quinta, una vez analizados los
informes rendidos por las entidades accionadas, consideró necesario
vincular como tercero con interés directo a la sociedad IDEMIA -
Identity and Security Sucursal Colombia, contratista de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y encargada de gestionar la
plataforma de identificación y registro civil en la que no se permite
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usar la letra “ɨ”. Dicha sociedad, a través de correo electrónico
allegado con posterioridad al proyecto de fallo de tutela de primera
instancia, informó que para la fecha de su vinculación a la presente
acción constitucional el contrato núm. 033 de 2022 se encontraba
terminado, esto es desde el 2 de septiembre de 2022, sin que se
haya procedido a la firma de un nuevo contrato que soporte las
actividades de mantenimiento de la plataforma.
Refirió que actualmente las aplicaciones de software en las cuales
interactúan los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado
Civil no manejan caracteres especiales como lo son los del idioma
Awapit, por lo que no permite de forma automática incluirlos desde
una estación de registro civil o identificación.
Sostuvo que la intervención manual en los sistemas no es
recomendada, por lo que sugiere que se haga una ampliación al
sistema actual que incorpore esos caracteres especiales y así dar
soporte de forma automática a cualquier solicitud de los ciudadanos
colombianos.
Para resolver los interrogantes planteados por el a quo, al momento
de su vinculación, la contratista expuso lo siguiente:
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• “[…] ¿Es tecnológicamente posible incluir en las bases de datos de
la Registraduría Nacional del Estado Civil la letra «ɨ» y los demás
caracteres especiales del idioma Awapit como los siguientes: «ɨ, ã, ĩ,
ũ, ĩ»?
“Respuesta IDEMIA: Sí, es posible el incluir en las bases de datos del
Registro Civil e Identificación los caracteres especiales señalados en las
bases de datos que administra IDEMIA como contratista de la Registraduría
Nacional del Estado Civil; sin embargo, en este momento los cambios deben
realizarse de forma manual directamente en las bases de datos, lo cual no
es el comportamiento regular y automático de la solución tecnológica, y
deben ser solicitados expresamente de esta forma manual por parte de la
Registraduría del Estado Civil dentro del marco contractual de soporte y
mantenimiento de la plataforma conforme lo establece la “CLÁUSULA
CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA, literal d. Atender los
requerimientos, observaciones y demás solicitudes realizadas por la
supervisión dentro del alcance del objeto contractual” del contrato
respectivo”.
• En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa ¿la modificación
de la base de datos implicaría una alteración del contrato que esa
compañía tiene con la Registraduría Nacional del Estado Civil para la
gestión de la plataforma de identificación y registro civil?
“Respuesta IDEMIA: No implica una alteración del contrato existente, ya
que existe la “CLÁUSULA CUARTA: OTRAS OBLIGACIONES: EL
CONTRATISTA, literal d. Atender los requerimientos, observaciones y
demás solicitudes realizadas por la supervisión dentro del alcance del
objeto contractual”. Con base en esta obligación y la solicitud especifica de
la entidad, IDEMIA puede proceder a realizar este cambio manual en las
bases de datos que administra de acuerdo a la solicitud de la entidad”.
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• Según su experticia tecnológica: ¿En las actuales condiciones es
posible expedir la cédula que solicita la actora sin que se deba
modificar la relación contractual que esa compañía tiene con la
Registraduría Nacional del Estado Civil?
“Respuesta IDEMIA: Sí es posible expedir la cédula de la actora con
fundamento en la cláusula cuarta que establece “OTRAS OBLIGACIONES:
EL CONTRATISTA, literal d. Atender los requerimientos, observaciones y
demás solicitudes realizadas por la supervisión dentro del alcance del
objeto contractual”. Como fue explicado, esta será una expedición que se
realizará de forma manual ya que altera los diferentes procesos
automáticos creados para tal fin en la solución de software que soporta los
sistemas del Registro Civil e Identificaciones, y debe estar basada en una
solicitud expresa por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
No es recomendado el tratamiento manual de datos de las personas, ya
que puede llegar a generar resultados no esperados en los diferentes
sistemas que soportan al Registro Civil e Identificación, así como los
sistemas entrelazados que utilizan estos datos como Archivo Nacional de
Identificación (ANI), operadores biométricos […]”.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Sección Quinta, mediante sentencia de 29 de septiembre de
2022, amparó los derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, al
nombre y de petición de la actora; denegó la pretensión relativa a la
traducción al idioma Awapit de la providencia; y frente a la pretensión
tendiente a que se ordene a las entidades accionadas y no
accionadas, tanto públicas como privadas, la implementación o
inclusión en sus bases de datos de soportes de caracteres el sistema
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fonológico o abecedario del idioma Awapit, el a quo consideró que no
superaba el presupuesto de la subsidiariedad.
Ahora, en cuanto a las solicitudes de desvinculación presentadas por
las entidades accionadas, denegó tales peticiones y, además, aceptó
las solicitudes de coadyuvancia presentadas por los señores
FLORIBERTO CANTICUS BISBICUS y NOEL AMILCAR
CHAPUEZ.
En efecto, en la providencia de primera instancia el a quo dispuso lo
siguiente:
“[…] PRIMERO: NEGAR las peticiones de desvinculación solicitadas
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la
Dirección Nacional de Inteligencia, el Departamento Nacional de
Planeación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de
Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio
de Educación Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud y
Protección Social, el Ministerio de Transporte, la Presidencia de la
República, el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social y Ministerio de Minas y Energía.
SEGUNDO: ACEPTAR las solicitudes de coadyuvancia presentadas
por los señores Floriberto Canticus Bisbicus y Noel Amilcar Chapuez.
TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales al libre
desarrollo de la personalidad, el reconocimiento de la personalidad
jurídica y al nombre de la actora. En consecuencia, ORDENAR a la
Registraduría Nacional del Estado Civil que le expida a la actora una
cédula de ciudanía en la que conste su actual nombre en un término
máximo de tres meses, contados a partir de la notificación de esta
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providencia. Para cumplir esta orden se deberá tener en cuenta lo
establecido en los párrafos 141 y 142 de este fallo.
CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la
actora. En consecuencia, ORDENAR a la presidencia de la
República, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Relaciones
Exteriores, al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de
Justicia y del Derecho, al Ministerio de Defensa Nacional, al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Ministerio de Salud y
Protección Social, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al
Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Educación Nacional,
al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al
Ministerio del Transporte, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación, al Ministerio del Deporte, al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al
Departamento Nacional de Planeación, al Departamento
Administrativo de la Función Pública, al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, al Departamento
Administrativo Nacional de Estadística y la Procuraduría General de
la Nación que contesten la petición de la actora de conformidad con
lo establecido en esta providencia y en los términos que establece el
CPACA para responder las solicitudes interpuestas por los
ciudadanos.
QUINTO: NEGAR la petición de traducción al idioma awapit de esta
providencia porque no se cumple con los prerrequisitos exigidos por
la actora para estudiar de fondo la solicitud […]”.
Para arribar a lo anterior, el a quo refirió que a la actora no se le ha
expedido la cédula de ciudadanía en la que conste su actual nombre
porque la Registraduría Nacional del Estado Civil no cuenta con un
sistema tecnológico adecuado para incluir palabras propias del
idioma Awapit, pese a ser lengua oficial del Estado colombiano en el
territorio ocupado por dicho grupo indígena, por lo que tal negativa
resulta ser una omisión que vulnera los derechos fundamentales a la
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identidad, al libre desarrollo de la personalidad y al nombre de la
señora PAKNAM KƗMA PAI, en la medida en que poco sirve tener el
derecho al nombre cuando esta denominación no puede verse
reflejada en los documentos de identidad necesarios para
identificarse frente al Estado.
Al respecto, adujo que uno de los derechos lingüísticos de las
minorías reconocidos por la Ley 1381 de 2010 es la posibilidad de
utilizar el nombre de la lengua nativa, por lo que el artículo 6° de la
mencionada ley obliga a las autoridades a reconocer dichos nombres
y, en consecuencia, la omisión de la registraduría de expedir la cédula
de ciudadanía a la actora es un abierto desconocimiento de su
derecho lingüístico a poder usar el nombre propio de su lengua, sin
que sea posible aceptar la justificación de que la base de datos impide
el uso de la letra “ɨ”, pues ello implicaría que la decisión libre de las
personas de identificarse con las letras o palabras a su elección,
propias del lenguaje de su comunidad ancestral, esté condicionada a
su compatibilidad con el sistema informático del Estado.
Resaltó que la postura poco proactiva de la Registraduría Nacional
del Estado Civil para buscar métodos alternativos que permitan
expedir el documento solicitado por la actora es reprochable, si se
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tiene en cuenta que mediante el programa básico de Microsoft Word
fue posible utilizar la letra que no soporta la base de datos de esa
entidad, como consta en el fallo impugnado.
Sumado a lo anterior, sostuvo que si bien la Registraduría Nacional
del Estado Civil en el informe rendido refirió que ha realizado algunas
gestiones para una partida presupuestal adicional que le permita
actualizar su base de datos, se advierte que dichos recursos
adicionales solicitados son justificados para permitir en los
documentos de identidad géneros diferentes al binario (masculino –
femenino) y para seguir con el proceso de implementación de la
cédula digital, de ahí que no se pudiera afirmar que la entidad no ha
vulnerado los derechos fundamentales de la actora, por cuanto el
solo hecho de solicitar una partida presupuestal no es suficiente para
garantizarlos; y que lo único probado en el asunto es que la
registraduría no ha expedido la cédula de ciudadanía solicitada.
En cuanto al derecho fundamental de petición, el a quo advirtió que
a pesar de que la petición de la actora no fue muy clara en el fondo
lo que se observa es que ésta pidió que cada una de las entidades
accionadas cumpliera lo establecido en el artículo 8º de la Ley 1381
de 2010, esto es, que adoptaran los medios tecnológicos necesarios
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para que los miembros de las minorías lingüísticas puedan utilizar su
lengua en los trámites que adelanten ante esas entidades.
Al respecto, señaló que de los informes rendidos se desprende que
la mayoría de los ministerios y de los departamentos administrativos
interpretaron que la petición iba dirigida contra la Registraduría
Nacional del Estado Civil, por lo que remitieron la solicitud a esa
entidad, siendo la DNI la única que emitió una respuesta de fondo en
la que le indicó que no era posible ajustar su base de datos para
admitir las letras especiales del idioma Awapit.
Por lo anterior, la Sección Quinta encontró que, con excepción de
la DNI, las entidades accionadas vulneraron el derecho de petición
de la actora al no emitir una respuesta de fondo a su solicitud en la
que se indicara las labores realizadas para adecuar su sistema y base
de datos para hacerlos compatibles con las lenguas nativas presentes
en el territorio colombiano.
En lo relativo a la pretensión relacionada con que se ordene a las
entidades la inclusión en sus bases de datos de soportes de
caracteres el sistema fonológico o abecedario del idioma Awapit, el a
quo consideró que no supera el presupuesto de la subsidiariedad, en
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la medida en que la actora cuenta con otros mecanismos para
solicitar lo pretendido, máxime cuando las entidades accionadas no
han contestado las peticiones presentadas, por lo que no se tiene
certeza si las bases de datos de esas autoridades incluyen las letras
propias del idioma Awapit y de otras lenguas indígenas.
Finalmente, en lo que tiene que ver con la traducción de la
providencia al idioma Awapit, la Sección Quinta denegó tal
pretensión, en la medida en que la misma estaba condicionada a la
ejecutoria de la sentencia, sin que tal condición haya sido superada,
ante una eventual revisión por parte de la Corte Constitucional y que
la providencia quede en firme.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora, el DAPRE, la Presidencia de la República, el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Educación
Nacional impugnaron la sentencia proferida por la Sección Quinta, en
los siguientes términos:
La señora PAKNAM KƗMA PAI impugnó el fallo de primera instancia,
bajo los siguientes términos:
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La actora arguyó que aun cuando el a quo captó de manera precisa
el núcleo central del problema jurídico, quedaron dos ítems
pendientes por resolver, esto es, el del derecho fundamental a que
todas las entidades accionadas, particularmente la Registraduría
Nacional del Estado Civil, incluyan en sus bases de datos la totalidad
de las letras del idioma Awapit y el “derecho fundamental a la
traducción de las sentencias de primera y segunda instancia”.
Agregó que la vulneración de los derechos fundamentales invocados
en el escrito de tutela persiste para todo el pueblo awá, pues los
miembros de la comunidad no podrán hacer tránsito a sus nombres
originales, de tal forma que el amparo decretado no puede ser
individual sino que tiene que estar aparejado con las medidas
constitucionales que garanticen la protección de los pueblos
ancestrales y sus necesidades, por lo que se debió ordenar,
particularmente, a la Registraduría Nacional del Estado Civil la
inclusión en sus bases de datos de la totalidad de las letras faltantes
del idioma Awapit.
Advirtió que la presente solicitud de amparo no tiene como objetivo
que se implemente únicamente la letra ɨ, sino también las otras letras
faltantes como son las vocales nasales ã, ĩ, ũ, ĩ que no son parte del
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idioma castellano, ya que no se encuentran en las bases de datos de
dicha entidad, por lo que solicitó ordenar a todas las entidades
accionadas y no accionadas, tanto públicas como privadas,
encargadas del registro y expedición de documentación la
implementación o inclusión en sus bases de datos de soportes de
caracteres el sistema fonológico o abecedario del idioma Awapit.
A su juicio, su pretensión busca que, de manera integral, la
instituciones incluyan el idioma Awapit en sus bases de datos, pues
una vez obtenga su documento de identidad, debe hacer todos los
trámites administrativos para actualizar el resto de sus documentos
y certificaciones.
En cuanto a la pretensión de traducción de la sentencia al idioma
Awapit, adujo que si bien es cierto que en el escrito de tutela solicitó
la traducción, una vez superado el trámite de revisión, también lo es
que por la magnitud e importancia de la sentencia respecto de los
derechos lingüísticos de todos los pueblos originarios del país, se
debe hacer la traducción en esta instancia de impugnación que
permita que su contenido sea transmitido y socializado con el pueblo
Awá.
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Admitió que hubo una redacción defectuosa en las pretensiones, pero
que era deber del Consejo de Estado interpretar y juzgar en sentido
garantista, siempre tendiendo a la preservación de los derechos de
los pueblos ancestrales, concretamente del pueblo ɨnkal Awá.
Por su parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo al
impugnar el fallo de primera instancia, sostuvo que no vulneró el
derecho fundamental de petición, como se expuso en el escrito de
contestación de la tutela, habida cuenta que la solicitud presentada
por la actora fue trasladada al Ministerio de Cultura, pues la
implementación e inclusión del idioma Awapit en los medios y
herramientas tecnológicas que permitan a la administración utilizar
los caracteres propios de la citada lengua y demás lenguas nativas
presentes en el territorio nacional, no se satisface simplemente con
agregar algunos caracteres en los sistemas de la entidad.
Indicó que agregar idiomas, caracteres o similares en los medios y
herramientas de la administración conlleva toda una política pública
que debe ser encabezada por la entidad que en la estructura del
Estado cuenta con las facultades y competencias para aquello y no
simplemente por cada entidad de forma separada.
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Resaltó que las funciones de esa cartera ministerial consisten en
formular las políticas generales para el desarrollo y la competitividad
de los sectores productivos y ejecutar las políticas y proyectos tanto
de comercio exterior como de comercio interno, razón por la que
trasladó la petición al Ministerio de Cultura.
Por lo anterior, solicitó revocar el numeral cuarto del fallo de tutela
impugnado.
También impugnaron la sentencia de primera instancia el DAPRE y
la Presidencia de la República, de manera conjunta. Para tal
efecto, solicitaron revocarla ante la inexistencia de vulneración de los
derechos invocados, toda vez que el derecho de petición presentado
por la actora fue remitido al Ministerio del Interior, para que, con
fundamento en sus facultades constitucionales y legales diera trámite
al mismo, de conformidad con el Decreto 2893 de 11 de agosto de
2011, modificado por el Decreto 2340 de 3 de diciembre de 2015.
Asimismo, el Ministerio de Educación Nacional impugnó la
decisión del a quo alegando que mediante el correo institucional el
funcionario JUAN CARLOS MUCHAVISOY CHINDO, remitido el 10
de diciembre de 2021, envió respuesta a la actora a la dirección
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electrónica brindada por la misma, lo que demuestra que no ha
vulnerado el derecho de petición, en la medida en que la solicitud fue
resuelta de fondo.
De conformidad con lo anterior, solicitó declarar el hecho superado
debido a la inexistencia de vulneración alguna.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Caso concreto
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La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19912. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
En el presente caso, la señora PAKNAM KƗMA PAI, actuando en
nombre propio, instauró acción de tutela con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al nombre, al libre desarrollo
de la personalidad, a la diversidad étnica y cultural y de petición, los
cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la Registraduría Nacional
del Estado Civil, la Presidencia de la República, los Ministerios, los
Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la
Nación, al impedirle registrar su nombre en idioma propio Awapit en
sus documentos públicos, específicamente en la cédula de
2 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política".
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ciudadanía; y al no haber dado respuesta de fondo, clara y concreta
a las solicitudes presentadas el 2 de noviembre de 2021 ante dichas
entidades.
La presente solicitud de amparo fue resuelta en primera instancia por
la Sección Quinta que, en sentencia de 29 de septiembre de 2022,
amparó los derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, al
nombre y de petición, por lo que ordenó, de una parte, a la
Registraduría Nacional del Estado Civil expedir la cédula de
ciudadanía de la actora en la que conste su actual nombre; y, de
otra, a las demás entidades accionadas a contestar la petición
formulada por la señora PAKNAM KƗMA PAI. Asimismo, denegó la
pretensión relativa a la traducción al idioma Awapit de la providencia;
y frente a la pretensión tendiente a que se ordene a las entidades
accionadas y no accionadas, tanto públicas como privadas, la
implementación o inclusión en sus bases de datos de soportes de
caracteres el sistema fonológico o abecedario del idioma Awapit,
consideró que no superaba el presupuesto de la subsidiariedad.
Inconformes con lo anterior, la señora PAKNAM KƗMA PAI, el
DAPRE, la Presidencia de la República, el Ministerio de Comercio,
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Industria y Turismo y el Ministerio de Educación Nacional impugnaron
la sentencia proferida por la Sección Quinta.
.- La actora fundamentó su impugnación, en síntesis, en que el
amparo decretado no puede ser individual, por lo que debió
ordenarse a todas las entidades, particularmente a la Registraduría
Nacional del Estado Civil, la inclusión en sus bases de datos de la
totalidad de las letras faltantes del idioma Awapit, con el fin de que
los miembros de su comunidad también se vean beneficiados con el
amparo deprecado. Además, solicitó, como nueva pretensión, que la
sentencia de primera instancia sea traducida en esta instancia al
idioma Awapit.
Finalmente, añadió que su solicitud de amparo busca que, de manera
integral, las instituciones incluyan el idioma Awapit en sus bases de
datos, pues una vez obtenga su documento de identidad, debe hacer
todos los trámites administrativos para actualizar el resto de sus
documentos y certificaciones.
Por su parte, el DAPRE, la Presidencia de la República, el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Educación
Nacional solicitaron revocar la decisión del a quo, en la medida en
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que no han vulnerado los derechos fundamentales invocados, toda
vez que trasladaron la petición presentada por la actora o dieron
respuesta de fondo a la solicitud.
Finalmente, la Sala pone de presente que estando en trámite la
presente impugnación, los Ministerios de Salud y Protección Social,
de Agricultura y Desarrollo Rural, de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y
Turismo, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
el DANE, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento
Administrativo de la Función Pública presentaron memoriales a
través de los cuales manifestaron haber dado cumplimiento a lo
ordenado en el fallo de primera instancia.
Precisado lo anterior, en el caso sub examine, los problemas jurídicos
a resolver por la Sala son los siguientes:
i) Analizar si a la actora le asiste legitimación en la causa por activa
para solicitar el amparo de los derechos fundamentales de la
comunidad indígena Ɨnkal Awá y la posibilidad de hacer extensiva
la orden dictada en primera instancia;
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ii) Establecer si resulta procedente ordenar a las entidades tanto
públicas como privadas encargadas del registro y expedición de
documentos, -accionadas y no accionadas-, la inclusión en sus
bases de datos de los caracteres del idioma Awapit;
iii) Determinar si en el presente caso se configura la carencia actual
de objeto por hecho superado frente a las entidades que allegaron
memorial de cumplimiento de la orden de amparo proferida por
el a quo;
iv) Definir si les asiste razón a las entidades impugnantes o si, por el
contrario, conforme lo consideró la Sección Quinta, las accionadas
vulneraron el derecho fundamental de petición de la actora al no
resolver la solicitud elevada el 2 de noviembre de 2021; y
v) Precisar si resulta procedente la traducción al idioma Awapit de los
fallos proferidos en primera y segunda instancia dentro de la
presente acción de tutela.
Por lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio a cada uno de los
problemas jurídicos planteados, los que se examinarán de manera
separada.
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(i) De la legitimación en la causa por activa para
solicitar el amparo de los derechos fundamentales
de la comunidad indígena Ɨnkal Awá y de la
posibilidad de hacer extensiva la orden dictada en
primera instancia.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona
podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante
apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.
En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°
del Decreto 2591 de 19913, preceptúa lo siguiente:
“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]”.
3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”.
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De las normas transcritas, se desprende que quien promueve acción
de tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo
o mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia
oficiosa, caso en el cual se debe manifestar expresamente tal
circunstancia, además de demostrar las razones por las cuales el
agenciado no está en capacidad de ejercer su propia defensa.
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa
por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la
medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto
del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo
que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del
demandante y no de otra persona4.
Ahora, en lo que atañe a comunidades indígenas, el Alto Tribunal
Constitucional las ha reconocido como sujetos colectivos de derechos
fundamentales5, para lo cual ha dispuesto que “la existencia de
comunidades indígenas, que no pueden ser consideradas a partir de la
individualidad de sus miembros, sino que corresponden a verdaderos entes
4 Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
5 Sentencia T-172 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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colectivos autónomos con sus propios intereses vitales”6, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 7º y 70 de la Constitución Política,
de tal forma que la protección de la diversidad étnica está
estrechamente relacionada con el carácter pluralista del Estado
Social de Derecho y su consecuente aceptación y reivindicación de
las diversas formas de vida social.
En esa medida, la jurisprudencia constitucional7 ha sostenido que la
titularidad de los derechos de las comunidades indígenas está
radicada en: i) las autoridades ancestrales o tradicionales de la
respectiva comunidad, ii) los miembros de la comunidad, iii) las
organizaciones creadas para la defensa de los derechos de los
pueblos indígenas, y iv) la Defensoría del Pueblo.
En este orden, y de acuerdo con lo sostenido por la jurisprudencia,
es dable concluir que en el caso concreto la actora goza de
legitimación en la causa por activa para solicitar el amparo de los
derechos fundamentales de la comunidad indígena Ɨnkal Awá de
la cual es miembro, sumado al hecho de que la acción de tutela de
la referencia fue coadyuvada por las autoridades de la colectividad
6 Ibidem.
7 Sentencias SU-383 de 2003, T-213 de 2016 y T-576 de 2017, entre otras
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indígena Awá, esto es, el Cabildo Ɨnkal Awá Katsa Tɨ y la Unidad
Indígena del Pueblo Awá “UNIPA”.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que resulta procedente
examinar si la orden de amparo decretada en primera instancia, en
lo que se refiere a la Registraduría Nacional del Estado Civil,
debe hacerse extensiva o no a toda la comunidad, como lo reclama
la recurrente.
En el asunto bajo examen, la actora alegó que la Registraduría
Nacional del Estado Civil vulneró sus derechos fundamentales al
nombre, al libre desarrollo de la personalidad y a la diversidad étnica
y cultural al negarle la expedición de su documento de identidad en
el que constara su actual nombre, dando como justificación que su
base de datos no admitía la letra denominada vocal cerrada central
no redondeada «ɨ», carácter propio de la lengua nativa Awapit.
La Sección Quinta, al conocer de la presente solicitud de amparo
adujo que tal negativa constituía una omisión que vulnera los
derechos fundamentales a la identidad, al libre desarrollo de la
personalidad y al nombre de la señora PAKNAM KƗMA PAI, en la
medida en que poco sirve tener el derecho al nombre cuando esta
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denominación no puede verse reflejada en los documentos de
identidad necesarios para identificarse frente al Estado, por lo que
ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil que expidiera una
cédula de ciudadanía en la que constara el nombre actual de la
actora.
Ahora, la aquí demandante solicita que el amparo decretado no sea
individual, sino que debe estar aparejado con las medidas
constitucionales que garanticen la protección de los pueblos
ancestrales y sus necesidades, por lo que, a su juicio, debió
ordenarse a la Registraduría Nacional del Estado Civil la inclusión en
sus bases de datos de la totalidad de las letras faltantes del idioma
Awapit, con el fin de que toda la comunidad indígena Awá, pueda
hacer tránsito a sus nombres originales.
Sobre el particular, la Sala advierte que aun cuando la actora goza
de legitimación en la causa por activa para actuar en nombre de la
comunidad indígena Awá, el trámite llevado a cabo ante la
Registraduría Nacional del Estado Civil lo hizo en nombre propio, a
fin de cambiar su nombre inicial, -OLGA VIVIANA MERCHÁN
GARCÍA-, por el asignado por su comunidad, esto es, PAKNAM
KƗMA PAI.
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En esa medida, no se observa que la Registraduría Nacional del
Estado Civil haya vulnerado los derechos fundamentales al nombre,
al libre desarrollo de la personalidad y a la diversidad étnica y cultural
de la comunidad indígena Awá, pues la negativa en la entrega de la
cédula de ciudadanía se presentó únicamente respecto de la actora.
En efecto, no existe prueba dentro del expediente que demuestre
que la mencionada entidad hubiese omitido su deber de expedir la
cédula de ciudadanía de otros miembros de la comunidad, por lo que
no se advierte vulneración de los derechos fundamentales de los
miembros de la misma.
Por lo anterior, la Sala concluye que no resulta procedente hacer
extensiva la orden de amparo impartida en primera instancia a la
Registraduría Nacional del Estado Civil para toda la comunidad
indígena Awá, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
(ii) De la procedencia de la pretensión encaminada a
ordenar a las entidades públicas y privadas
encargadas del registro y expedición de
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documentos, -accionadas y no accionadas-, la
inclusión en sus bases de datos de los caracteres
del idioma Awapit
En el caso concreto la actora solicitó ordenar a todas las entidades
accionadas y no accionadas, tanto públicas como privadas,
encargadas del registro y expedición de documentos, la inclusión en
sus bases de datos de los caracteres del abecedario Awapit, dado
que, a su juicio, se podría presentar el mismo inconveniente cada vez
que acuda a solicitar documento alguno.
Para resolver, la Sala estima pertinente referirse al derecho a la
identidad cultural de las comunidades indígenas y a la personalidad
jurídica.
Derecho a la identidad cultural de las comunidades indígenas
De conformidad con el artículo 7° de la Constitución Política es deber
del Estado reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la
Nación, a partir de lo cual la jurisprudencia8 ha desarrollado los
8 La jurisprudencia de la Corte Constitucional hace especial énfasis el Estado Social de
Derecho, pluriétnico y multicultural que protege la diversidad étnica y cultural del país,
respaldado en normas constitucionales, tratados internacionales que integran el bloque de
constitucionalidad y en la jurisprudencia nacional que reconoce los derechos de las minorías
étnicas dándoles el rango de sujetos de especial protección constitucional. Al respecto,
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principios que garantizan dicho postulado, dentro de los cuales
resulta preponderante el derecho a la identidad cultural de los
pueblos indígenas. Este derecho “se materializa, entre otras
manifestaciones, en la medida en que las comunidades que no
ostentan los valores culturales y sociales de la sociedad mayoritaria
puedan ejercer sus derechos fundamentales de acuerdo con su
propia manera de ver el mundo.”9 Bajo esta perspectiva, la
protección de la identidad cultural adopta un doble sentido: i) como
derecho fundamental y ii) como principio rector que debe ser tenido
en cuenta para definir el alcance de los demás derechos
fundamentales de la población indígena, bajo el entendimiento de
que los sujetos protegidos tienen una cosmovisión distinta a la de la
mayoría10. Sobre este aspecto, la Corte Constitucional ha indicado:
“[…] De lo anterior se infiere con claridad que, para la Corte, el
principio de diversidad e integridad personal no es simplemente
una declaración retórica, sino que constituye una proyección, en
el plano jurídico, del carácter democrático, participativo y
pluralista de la república colombiana11 y obedece a «la
aceptación de la alteridad ligada a la aceptación de la
multiplicidad de formas de vida y sistemas de comprensión
del mundo diferentes de los de la cultura occidental»12.
consultar, entre otras, las sentencias T-294 de 2014 (MP: María Victoria Calle Correa) y T-
001 de 2019 (MP: Cristina Pardo Schlesinger).
9 Ibídem.
10 Cfr. Corte constitucional, sentencia T-465 de 2012. MP Jorge Iván Palacio Palacio
11 Sentencia T-188 de 1993.
12 Sentencia T-380 de 1993.
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En estas condiciones, como fue mencionado, la Constitución
Política permite al individuo definir su identidad con base en sus
diferencias específicas y en valores étnicos y culturales
concretos, y no conforme a un concepto abstracto y
general de ciudadanía, como el definido por los Estados
liberales unitarios y monoculturales.13 Lo anterior traduce un afán
válido por adaptar el derecho a las realidades sociales, a fin de
satisfacer las necesidades de reconocimiento de aquellos grupos
que se caracterizan por ser diferentes en cuestiones de
raza, o cultura14 […]”. 15 (Negrillas fuera del texto).
En palabras de la Corte, la identidad cultural debe ser vista como un
elemento intrínseco a la persona que la define como ser humano y
como miembro de una comunidad. Este reconocimiento de la
identidad étnica es el resultado de un intercambio dialéctico entre
quienes aducen su calidad de portadores de una identidad
culturalmente diversa y aquellos ante quienes los primeros
pretenden hacer valer su alteridad. Así lo precisó la Corte
Constitucional, al señalar que:
“[…] En este diálogo pueden presentarse discrepancias entre el
grupo que reivindica su carácter étnico y diferenciado, y la
sociedad mayoritaria, las cuales deben resolverse con base en
el principio de auto reconocimiento como criterio prevalente
para determinar la condición de indígena.
Como fundamento de esa consideración, la Corte resalt[a] la
autonomía de las comunidades indígenas como derecho
reconocido en la Carta Política; en el artículo 1.2. del Convenio
169 de la OIT que establece la conciencia de la identidad
tribal como criterio fundamental para determinar la
13 Sentencia T-496 de 1996.
14 Sentencia T-428 de 1992.
15 Sentencia SU-510 de 1998.
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condición de pueblos indígenas y las consideraciones
expuestas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos con base en las que ha concluido que en el sistema
regional de protección de derechos humanos el “criterio de
auto identificación es el principal para determinar la
condición de indígena, tanto individual como
colectivamente en tanto pueblos” […]” (Negrillas fuera
16 17
del texto).
Esta tensión que supone el reconocimiento de identidades
culturalmente diversas ha sido delimitada por la Corte en torno a la
disputa que puede surgir entre (i) el respeto a la autonomía de las
comunidades para identificarse a sí mismas y a sus miembros como
portadores de una identidad culturalmente diversa; y (ii) la correcta
asignación de los recursos públicos destinados a la protección
reforzada de los grupos étnicos. Así, la Corte ha reiterado que no le
compete al juez constitucional ni a ninguna entidad del Estado dirimir,
por vía de autoridad, las disputas en torno al reconocimiento de la
identidad étnica de un individuo o grupo que la reclama; sin embargo,
el juez de tutela sí debe velar por la protección de la diversidad étnica
y cultural18.
16 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos de los Pueblos Indígenas y
Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Normas y jurisprudencia del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Citado en la sentencia T-294 de 2014.
17 Cfr. Sentencia T-172 de 2019.
18 Idem.
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Lo hasta aquí señalado permite concluir que el derecho a la autonomía
implica el derecho de los grupos étnicos a auto identificarse y a ser
reconocidos como portadores de una identidad culturalmente diversa,
de manera que la intervención de las autoridades estatales en este
ámbito no está dirigida a “reconocer” o “definir” dicha identidad, sino
a garantizar su protección e intervenir cuando el reconocimiento
identitario incide en el disfrute de los derechos y libertades reconocidos
en la Constitución19.
Dicho esto, resulta pertinente destacar que el ordenamiento jurídico
prevé diversas medidas relacionadas con el registro de la información
de las comunidades indígenas y sus miembros, las cuales constituyen
herramientas para que “las autoridades administrativas mejoren el
conocimiento de esta población y para facilitar el ejercicio de la
actuación estatal encaminada a garantizar el ejercicio de los derechos
de los pueblos indígenas”20.
Es así como en torno a la protección de las comunidades como
sujetos colectivos se prevé el registro de la información de los
miembros de los resguardos indígenas para la determinación de los
19 Sentencia T-294 de 2014
20 Sentencia T-172 de 2019.
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recursos del Sistema General de Participaciones21, la presentación de
censos para el acceso de los miembros de las comunidades al sistema
de seguridad social en salud22 y el registro de las autoridades
tradicionales indígenas, de los autocensos de las comunidades y de
las asociaciones de cabildos y/o de autoridades tradicionales
indígenas23.
Un aspecto que resulta relevante es el del interés del Estado en
garantizar el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los
derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos étnicos
con tradición lingüística propia, así como la promoción del uso y
desarrollo de sus lenguas nativas. En este contexto, el Congreso de
la República expidió la Ley 1381 de 201024 que buscó implementar
21 Decreto 159 de 2002. “Artículo 3. Certificación de información. Para efectos de la
distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones asignados a los
resguardos indígenas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE,
certificará al Departamento Nacional de Planeación la información sobre la población de los
resguardos indígenas legalmente constituidos por municipio y departamento a más tardar
el 30 de junio de cada año.
Para establecer los resguardos indígenas constituidos legalmente, la Dirección General de
Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y el Instituto Colombiano para la Reforma
Agraria, Incora, deberán prestar el apoyo requerido por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, DANE.”
22 Artículo 3º de la Ley 89 de 1890.
23 El artículo 1º del Decreto 2340 de 2015, precisó que la Dirección de Asuntos Indígenas,
Rom y Minorías tiene la función de:
“7. Llevar el registro de los censos de población de comunidades indígenas y de los
resguardos indígenas y las comunidades reconocidas, de las autoridades tradicionales
indígenas reconocidas por la respectiva comunidad y de las asociaciones de autoridades
tradicionales o cabildos indígenas y su actualización.”
24 «Por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10° y 70 de la Constitución Política, y los
artículos 4°, 5° y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre
pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento,
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medidas para preservar, salvaguardar y fortalecer las lenguas
nativas en Colombia, como una forma de reconocer y proteger los
valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales
propios de los pueblos indígenas. Específicamente, en relación con
los nombres y apellidos de personas hablantes de lenguas nativas, el
artículo 6° de la citada ley preceptuó:
“[…] ARTÍCULO 6°. Nombres propios y toponimia en las
lenguas nativas. Los nombres y apellidos de personas
provenientes de la lengua y de la tradición cultural usados por los
hablantes de lenguas nativas, y más generalmente por los
integrantes de pueblos y comunidades donde se hablen estas
lenguas, podrán ser reconocidos para efectos públicos. Este
uso será registrado por la autoridad oficial competente
previa solicitud de los interesados. Igualmente, los nombres
de lugares geográficos usados tradicionalmente en su territorio por
los integrantes de pueblos y comunidades donde se hablen lenguas
nativas podrán ser registrados para efectos públicos. Este uso será
cooficial con la toponimia en castellano cuando esta exista. La
transcripción alfabética de estos nombres propios y de esta
toponimia será reglamentada por el Consejo Nacional Asesor de
Lenguas Nativas previsto en el artículo 24 de la presente ley […]”.
Destacado fuera de texto.
Esta ley estableció que el Ministerio de Cultura coordinará la acción
del Estado para la formulación y la puesta en aplicación de la política
de protección y fortalecimiento de las lenguas nativas (artículo 23),
para lo cual dispuso la creación del Consejo Nacional Asesor de
Lenguas Nativas, como organismo técnico encargado de asesorar
protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de
Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes»
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a dicho Ministerio en la definición, adopción y orientación de los
planes de protección y fortalecimiento de las lenguas de grupos
étnicos presentes en el territorio nacional, encargándole la
reglamentación de su composición y funciones, así como la
designación de los recursos necesarios para su funcionamiento.
En desarrollo de lo anterior, el MINISTERIO DE CULTURA expidió
el Decreto 1003 de 201225, cuyo artículo 2° fijó las siguientes
funciones al Consejo:
“[…] Artículo 2°. Funciones. Son funciones del Consejo
Nacional Asesor de Lenguas Nativas, las siguientes:
1. Asesorar al Ministerio de Cultura en la definición, adopción y
orientación de los planes, de protección y fortalecimiento de las
lenguas de los grupos étnicos presentes en el territorio
nacional.
2. Asesorar la elaboración de planes y programas tendientes a
la compilación y protección de los documentos y tradiciones
orales de los pueblos que utilizan las lenguas nativas.
3. Asesorar al Ministerio de Cultura en el diseño,
implementación y evaluación de los programas de protección
de lenguas nativas.
4. Asesorar al Ministerio de Cultura en mecanismos que
permitan evaluar proyectos de defensa y fortalecimiento de
25 “Por medio del cual se reglamenta el artículo 24 de la Ley 1381 del 25 de enero de 2010”.
Compilado en el Decreto 1080 de 2015.
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lenguas nativas presentadas por Instituciones del sector
público, privado o personas naturales.
5. Asesorar en el procedimiento para efectuar la
transcripción alfabética, efectuada por la entidad
competente para su registro, de los nombres y apellidos
provenientes de la lengua y la tradición cultural, usados
por los hablantes de las lenguas nativas, con el fin de
obtener su registro para efectos públicos, tal como lo
dispone el artículo 6° de la Ley 1381 de 2010.
6. Asesorar en el procedimiento para efectuar la transcripción
alfabética, efectuada por la entidad competente para su
registro, de los nombres de lugares geográficos usados
tradicionalmente en su territorio por los integrantes de pueblos
y comunidades donde se hablen lenguas nativas, con el fin de
obtener su registro para efectos públicos, tal como lo dispone
el artículo 6° de la Ley 1381 de 2010.
7. Efectuar los análisis de los indicadores técnicos que
establecen la situación de vitalidad de todas las lenguas nativas
de Colombia para especificar el nivel de ayuda que requieren.
8. Elaborar la lista de lenguas nativas que se encuentren en
peligro de extinción y asesorar en el diseño y la realización de
planes de urgencia con el fin de reunir toda la documentación
posible sobre cada una de las lenguas nativas que se
encuentren en peligro de extinción.
9. Proponer mecanismos para evitar la extinción de las lenguas
nativas.
10. Elaborar la lista de lenguas nativas que se encuentren en
estado de precariedad y asesorar en el diseño y la realización
de programas de revitalización y fortalecimiento de las lenguas
nativas que se encuentren en estado de precariedad.
11. Actuar como instancia de articulación y concertación
con el Ministerio de Cultura y las instituciones del sector
público, privado o personas naturales que puedan
contribuir al desarrollo, adopción y orientación de los
planes de protección y fortalecimiento de las lenguas de
los grupos étnicos presentes en el territorio nacional.
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12. Asesorar en el diseño de mecanismos de cooperación
entre el Ministerio de Cultura y otras entidades públicas,
en la definición de lineamientos, criterios y normas
relativas a la protección y fortalecimiento de las lenguas
nativas del territorio nacional.
13. Proponer métodos para fomentar el uso de las lenguas
nativas en las comunidades.
14. Asesorar en el diseño de instrumentos de compilación de la
información sobre lenguas nativas.
15. Hacer seguimiento a las acciones de corto, mediano
y largo plazo, establecidas en los planes de protección y
fortalecimiento de las lenguas nativas teniendo en
cuenta los objetivos definidos en la Ley 1381 de 2010.
16. Asesorar al Ministerio de Cultura en la elaboración del Plan
Decenal de acción a favor de las lenguas nativas.
17. Proponer investigaciones sobre lenguas nativas.
18. Establecer el reglamento interno para el funcionamiento del
Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas sin perjuicio de la
presente normativa […]”. (Resaltado fuera del texto).
Se advierte de lo anterior que el Estado colombiano, en cumplimiento
de los postulados constitucionales26, así como también de los
tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad,
26 Entre dichos postulados, se tiene que la Constitución Política de 1991: i) define a Colombia
como un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, que garantiza y protege la diversidad étnica
y cultural de la nación colombiana (Artículos 1 y 7 C.P.); ii) otorga al Estado y a las personas
la obligación de proteger la riqueza cultural de la nación (Artículo 8 C.P.); iii) señala que las
lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios (Artículo
10 C.P.) y, iv) dispone que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la
nacionalidad y que el Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en
el país. (Artículo 70 C.P.).
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ha reconocido la necesidad de respetar y promover los derechos
intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras
políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones
espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los
derechos a sus tierras, territorios y recursos, así como también a la
preservación y salvaguarda de las lenguas nativas27.
Derecho a la personalidad jurídica
El derecho a la personalidad jurídica se materializa a través de los
atributos de la personalidad, esto es, el nombre, la capacidad, el
estado civil, el domicilio, la nacionalidad y el patrimonio, lo que
constituye la esencia y características propias de cada persona.
27 Compromisos que derivan, entre otras fuentes, de la DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE
LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, (Resolución 2888, aprobada el 14 de junio
de 2016), de la cual se destacan los siguientes artículos:
“Artículo XIII. Derecho a la identidad e integridad cultural
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a su propia identidad e integridad cultural y a
su patrimonio cultural, tangible e intangible, incluyendo el histórico y ancestral, así como a
la
protección, preservación, mantenimiento y desarrollo de dicho patrimonio cultural para su
continuidad colectiva y la de sus miembros, y para transmitirlo a las generaciones futuras.
(…)
Artículo XIV. Sistemas de conocimientos, lenguaje y comunicación
1.Los pueblos indígenas tienen el derecho a preservar, usar, desarrollar, revitalizar y
transmitir a generaciones futuras sus propias historias, lenguas, tradiciones orales,
filosofías, sistemas de conocimientos, escritura y literatura; y a designar y mantener sus
propios nombres para sus comunidades, individuos y lugares (...)”.
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Al respecto, la Corte Constitucional28 ha establecido la importancia
que tiene el registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía
para el reconocimiento de la personalidad jurídica, lo cual le permite
a cada individuo ser titular de atributos propios de la persona humana
y ser sujeto de derechos y obligaciones, de tal forma que la
imposibilidad de acceder a estos implica le negación en el ejercicio
de los derechos del individuo.
En cuanto a la cédula de ciudadanía, el Alto Tribunal Constitucional29
ha considerado que esta garantiza el reconocimiento de los atributos
de la personalidad en ella consignados, por lo que los procedimientos
administrativos para su expedición deben respetar las garantías del
debido proceso y deben desarrollarse sin dilaciones injustificadas.
Para tal efecto, ha sostenido:
“[…] Respecto a la cédula de ciudadanía, la jurisprudencia ha
señalado que solo con este documento «se acredita la personalidad
de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le
exige la prueba de tal calidad». Asimismo, garantiza el
reconocimiento de los atributos de la personalidad en ella
consignados, por parte de las demás personas y de las instituciones
civiles y oficiales con las cuales se relacione directa o
indirectamente la persona.
La Corte en la sentencia C-511 de 1999 indicó que la Constitución
y la ley asignan a la cédula de ciudadanía tres funciones
28 Sentencia C-511 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
29 Sentencia T-375 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger
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particularmente diferentes pero unidas por una finalidad común. A
saber: (i) identificar a las personas, (ii) permitir el ejercicio de sus
derechos civiles y (iii) asegurar la participación de los ciudadanos
en la actividad política que propicia y estimula la democracia.
En ese sentido, esta corporación afirmó que «la identificación
constituye la forma como se establece la individualidad de una
persona con arreglo a las previsiones normativas. La ley le otorga
a la cédula el alcance de prueba de la identificación personal, de
donde se infiere que sólo con ella se acredita la personalidad de su
titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija
la prueba de tal calidad».
[…]
Como se expuso en precedencia, dada la importancia de la cédula
de ciudadanía para el ejercicio del derecho a la personalidad
jurídica de las personas, los procedimientos administrativos
dirigidos a su ajuste, actualización o cancelación tienen carácter
sustantivo. Por ello, en su desarrollo, deben respetarse las
garantías del debido proceso, entre otras manifestaciones, y
desarrollarse sin dilaciones injustificadas […]”.
De acuerdo con lo señalado por la Corte, se debe garantizar la
identificación de la individualidad de la persona para el ejercicio de
sus derechos, por medio de la asignación del documento de
identificación (cédula de ciudadanía en el caso de los mayores de
edad) lo cual debe ocurrir con observancia del debido proceso y sin
dilaciones injustificadas.
La solución en el caso concreto
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Está acreditado en el proceso que la Registraduría Nacional del
Estado Civil, así como las entidades encargadas del registro y
expedición de documentos, no cuentan en sus bases de datos con los
caracteres del idioma Awapit. Está probado también que para llevar
a cabo la implementación de la aludida lengua nativa es necesario la
modificación del sofware en las entidades que cuentan con un
sistema estandarizado del alfabeto castellano, tal como lo explicó la
sociedad IDEMIA - Identity and Security Sucursal Colombia,
contratista de la Registraduría Nacional del Estado Civil y encargada
de gestionar la plataforma de identificación y registro civil.
En efecto, la mencionada sociedad advirtió que los diferentes
sistemas que realizan el registro e identificación, así como los
sistemas entrelazados que utilizan estos datos como el Archivo
Nacional de Identificación (ANI), esto es, los operadores biométricos,
entre otros, no soportan caracteres especiales como los del
idioma Awapit, por lo que la intervención manual en los sistemas
no es recomendada y se hace necesario una ampliación al sistema
actual que incorpore esos caracteres especiales para dar soporte de
forma automática a cualquier solicitud.
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Ahora, se advierte de lo anterior que las entidades demandadas no
se han rehusado a la inclusión del alfabeto Awapit, sino que
actualmente no cuentan con la infraestructura tecnológica para
proceder en tal sentido. Ello significa que no ha existido una
vulneración de los derechos invocados por la actora, por parte de las
accionadas, esto es una acción en cabeza de las autoridades que le
impida el ejercicio de los derechos reconocidos a las comunidades
étnicas.
En efecto, como se vio, el Estado garantiza a los pueblos indígenas
el goce de sus derechos asociados a la diversidad étnica que, en todo
caso, constituye un mandato de cumplimiento progresivo, como lo
ha explicado la Corte Constitucional30.
Aun más, en el plenario quedó demostrado que algunas de las
autoridades demandadas se encuentran adelantando gestiones
orientadas a garantizar el derecho a la identidad cultural, como
sucede con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual
informó en la presente actuación que ha adoptado medidas para la
30 Al referirse al estado de cosas contrario al orden constitucional respecto de los derechos
fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños
y niñas del pueblo Wayúu, la Corte, en la sentencia T-302 de 2017, ordenó la adopción de
medidas de manera progresiva, a través de un Mecanismo Especial de Seguimiento y
Evaluación de las Políticas Públicas, en los términos y en los plazos allí señalados.
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traducción de peticiones en lenguas nativas, a fin de que se garantice
el acceso a la información pública de los grupos étnicos del país y se
permita a las comunidades indígenas interactuar con la
Administración.
Es por esta razón que la Sala considera que, en el caso sub lite no es
procedente declarar la vulneración de los derechos fundamentales de
la actora por parte de las entidades públicas y privadas encargadas
del registro y expedición de documentos, -accionadas y no
accionadas-, como lo pretende en su solicitud de amparo, teniendo
en cuenta que lo pretendido está relacionado con el ámbito
prestacional31 del derecho a su identidad cultural, pero que exige
para el caso particular un esfuerzo presupuestal y logístico del Estado
que sólo se puede realizar con la debida planeación y ejecución de
recursos mediante el procedimiento fijado por la Constitución y la
Ley.
31 Sobre el carácter prestacional de los derechos, la Corte Constitucional ha señalado que
todos los derechos tienen una “faceta negativa”, la cual implica que el Estado debe
abstenerse de vulnerar el contenido de los derechos fundamentales por acción; y una “faceta
positiva”, la cual exige al Estado adoptar acciones, entre las cuales se encuentran tomar
medidas concretas y frecuentemente la formulación e implementación de políticas públicas
para asegurar el goce efectivo del derecho. Ver, sentencia T-302 de 2017.
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Dicho esto, la Sala estima que de acuerdo con las normas que
regulan lo concerniente al reconocimiento del nombre y apellido de
los miembros de los pueblos indígenas para efectos públicos, existe
un mandato del legislador previsto en el artículo 6° de la Ley 1381,
reglamentado por el Decreto 1003 de 2012, que exige la
implementación de políticas públicas a través de una construcción
participativa y deliberativa con las entidades encargadas del registro
y expedición de documentos de identificación y a la que está llamado
el Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas, de acuerdo con las
funciones asignadas en las citadas normas.
Es importante destacar que en lo que concierne a la implementación
de políticas públicas, al juez de tutela le está vedado “abrogarse
competencias que, en democracia, han sido asignadas a espacios de
participación y deliberación política”32. De ahí que cuando la Corte
Constitucional ha dictado órdenes estructurales en un marco de cosas
contrarias al orden constitucional no establece de forma detallada y
específica qué debe hacer la Administración, sino que ordena la
adopción de medidas orientadas a lograr que las autoridades sean
32 Sentencia T-302 de 2017.
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quienes, en ejercicio de sus competencias, adopten las medidas a
que haya lugar.
Por lo anterior, la Sala advierte que el asunto debe ser resulto en el
marco de discusiones sobre políticas públicas, por lo que su gestión
deberá desarrollarse bajo el principio de progresividad, comoquiera
que la complejidad del asunto hace imposible que su ejecución sea
instantánea, debido a que conlleva una serie de aspectos tanto
administrativos, económicos y culturales, que deben ser coordinados
por las entidades.
Así las cosas, la Sala denegará la pretensión encaminada a que se
ordene a todas las entidades accionadas y no accionadas, tanto
públicas como privadas, la inclusión del idioma Awapit en sus bases
de datos, comoquiera que no se demostró acción u omisión por parte
de éstas que vulnere los derechos fundamentales al nombre, al libre
desarrollo de la personalidad y a la diversidad étnica y cultural, pues,
tal como se advirtió en líneas anteriores, no se cuenta con la
infraestructura tecnológica para ello, lo que impide endilgarles
responsabilidad en el caso concreto.
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No obstante, la Sala exhortará al Ministerio de Cultura, como órgano
rector encargado de coordinar el funcionamiento del Consejo
Nacional Asesor de Lenguas Nativas, para que, en ejercicio de
sus funciones previstas en el Decreto 1003 de 2012, asesore el
procedimiento para efectuar la transcripción alfabética, realizada por
la entidad encargada del registro de los nombres y apellidos usados
por los hablantes de las lenguas nativas, con el fin de obtener su
registro para efectos públicos, tal como lo determina el artículo 6° de
la Ley 1381 de 2010, así como también que adopte y desarrolle
planes y mecanismos de cooperación con otras entidades públicas
para la inclusión del alfabeto awapit en sus bases de datos.
Igualmente, se exhortará a la Registraduría Nacional del Estado Civil
y a las demás entidades encargadas del registro, para que, en
coordinación con el Ministerio de Cultura, implementen los
mecanismos y sistemas necesarios a fin de que se incluya en sus
bases de datos los caracteres del idioma awapit para dar soporte de
forma automática a cualquier solicitud.
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(iii) De la carencia actual de objeto por hecho superado
y de los escritos presentados que pretenden el
cumplimiento de la sentencia de primera instancia
En el asunto bajo examen, los Ministerios de Salud y Protección
Social, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, de Hacienda y Crédito Público y de
Comercio, Industria y Turismo, el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, el DANE, el
Departamento Nacional de Planeación y el Departamento
Administrativo de la Función Pública presentaron memoriales a
través de los cuales pretenden que se tenga por cumplida la orden
emitida por el a quo, esto es, que resolvieron de fondo, claro y
concreto el derecho de petición elevado por la actora.
Del extenso escrito de la petición presentada por la actora ante las
entidades accionadas, se transcribe lo siguiente:
“[…] Conforme he señalado en antecedencia y con el propósito de
salvaguardar la diversidad étnica, cultural, y su desarrollo hecho
en las consagraciones institucionales y legales, y de las
jurisprudencia que la ha desarrollado, que he memorado, solicito
al alto gobierno, implementar, en todas las áreas e instituciones
del poder público, los medios y herramientas tecnológicas que
viabilicen de manera efectiva la protección deprecada, y de que
trata el derecho de petición, elevado en interés tanto particular,
como en interés general del pueblo originario ɨnkal Awá según
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corresponda cada competencia funcional en la ramas del poder
público, en los organismos autónomos y en los descentralizados
por servicios etc […]”.
Aun cuando no se presenta claridad en la solicitud presentada por la
actora, y así también lo consideró el a quo, del aparte transcrito se
tiene que lo pretendido es que cada entidad accionada incluya en sus
bases de datos el idioma Awapit, lengua nativa de su comunidad
indígena, con el fin de que los miembros de la misma puedan acceder
a los trámites competentes de cada entidad.
Revisados los memoriales allegados dentro del trámite de segunda
instancia, la Sala advierte que las entidades anteriormente
mencionadas aportaron como prueba del cumplimiento de la orden
emitida por el a quo, lo siguiente:
.- El Ministerio de Salud y Protección Social allegó oficio de 7 de
octubre de 202233, por medio del cual le informó a la actora que a la
fecha esa cartera ministerial no ha implementado herramientas
tecnológicas necesarias que permitan a los miembros de la
comunidad Awá realizar los trámites pertinentes; que no obstante,
se está llevando a cabo el proyecto de inversión “implementación del
33 Comunicación que le fue notificada a la actora, de conformidad con la constancia de envío
visible a índice 84 del expediente digital.
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Modelo Integral de Servicio al Ciudadano”, por medio del cual se
pretende incorporar contenidos en lenguas nativas al portal Sectorial
Centro Especializado del Servicio al Ciudadano – CESC y en segunda
fase se realizaran traducciones sobre contenidos de acceso al sistema
que permitan la inclusión y garantía del derecho a la información de
los pueblos, tal como se transcribe a continuación:
“[…] le informamos que a la fecha el Ministerio no ha
implementado las herramientas tecnológicas necesarias para
permitir que los miembros de las minorías lingüísticas se
comuniquen en su lengua cuando realicen trámites ante sus
autoridades.
No obstante, lo anterior, el Ministerio a través del Grupo Gestor de
Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas trabaja desde 2021
en su proyecto de inversión “Implementación del Modelo Integral
del Servicio al Ciudadano” incorporar contenidos y piezas
audiovisuales en lenguas nativas al portal sectorial Centro
Especializado del Servicio al Ciudadano (CESC).
[…]
En una segunda fase se realizarán traducciones sobre contenidos
de acceso al sistema y rutas de atención a los servicios de salud
con enfoque diferencial. Es decir, se traducirán a las cinco lenguas
nativas que hicieron parte de la primera fase, los contenidos de
acceso al sistema y turas (sic) de atención a los servicios de salud
que corresponden a la normatividad específica de cada uno de ellos
[…]".
.- El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante
comunicación de 11 de octubre de la presente anualidad34, dio
34 Comunicación dada a conocer a la actora para lo cual se allega constancia de envío visible
a índice 88 del expediente digital.
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contestación al derecho de petición en el cual le informó que carece
de competencia para la implementación tecnológica del idioma
Awapit, por lo que dio traslado al Ministerio del Interior, de la
siguiente manera:
“[…] Nos permitimos indicar que de conformidad con lo establecido
en el Decreto 1985 de 2013, "Por el cual se modifica la estructura
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se determinan las
funciones de sus dependencias" tal y como se dispone en los
artículos 2 y 3, esta cartera carece de competencia para adelantar
actuaciones tendientes para la implementación tecnológica para la
protección de los derechos fundamentales de los pueblos
originarios/ nacionalidad ɨNKAL AWÁ, en tal sentido, nos
permitimos dar traslado al Ministerio del Interior mediante radicado
No. 2022-420-047717-1, en atención a las funciones consagradas
en el artículo 2 del Decreto Ley 2893 de 2011 “Por el cual se
modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del
Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del
Interior.”, aunado a esto, solicitamos a dicha entidad, remitir a esta
Dirección copia de la respuesta brindada a su petición […]".
.- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través
de comunicación de 6 de octubre de 202235, dio contestación al
derecho de petición aduciendo que cuenta con una guía para la
traducción de documentos en lenguas indígenas, tal como se
transcribe a continuación:
“[…] De conformidad a su petición, le informamos que el Ministerio
a través de la oficina de la Unidad Coordinadora para el Gobierno
Abierto y Servicio al Ciudadano cuenta con una Guía para la
35 Contestación notificada a la actora, de conformidad con la constancia de envío visible a
índice 95 del expediente digital.
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traducción de documentos en Lenguas Indígenas, de conformidad
con lo establecido en el Decreto 1166 de 2016 en el artículo
2.2.3.12.9 el cual señala que “las personas que hablen lengua
nativa o dialecto oficial en Colombia podrán presentar peticiones
verbales ante cualquier autoridad en su lengua o dialecto y por su
parte las Autoridades deben habilitar los mecanismos para
garantizar la debida atención y proceder a su traducción y
respuesta”.
Por otro lado, el Ministerio entiende que las lenguas nativas se
transmiten de manera oral con un fuerte vínculo inter-
generacionalmente que requiere una dinámica cohesión social; y
sobre esa dimensión cultural enfatiza la propuesta de política de
protección de conocimiento tradicional; de igual forma, en los
espacios de participación y diálogo social liderados por el Ministerio
con los pueblos indígenas y tribales se valora la expresión en sus
propias lenguas nativas y se implementan mecanismos de
armonización y traducción para salvaguardar la diversidad étnica y
cultural […]".
.- El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
expidió el oficio de 12 de octubre de 202236, por medio del cual
contestó la petición a la actora informándole que sus plataformas
tecnológicas no soportan los caracteres requeridos, por lo que en la
actualidad no es posible la inclusión de estos, como se expone a
continuación:
“[…] Prosperidad Social actualmente no tiene la posibilidad de
incluir los carácteres especiales que solicita la peticionaria para
registrar nombres indígenas en los sistemas de información de la
entidad, en tanto como se citó estos se soportan en un parámetro
técnico de uso internacional, denominado Código Estándar para el
Intercambio de Información-ASCII, los cuales al revisar
particularmente los carácteres dio como resultado que estos no son
36 Comunicación puesta en conocimiento de la actora, tal como se observa a índice 96 del
expediente digital.
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recibidos, por lo que podría ocasionar inconvenientes a la hora de
generar cruces de bases de datos para las personas que usen los
citados carácteres en su nombre […]".
.- El DANE informó que, a través de oficio de 6 de octubre de 202237,
le comunicó a la actora que su entidad ha incorporado en su
estructura de recolección de información los fonemas, grafemas y
lexemas propios del idioma Awapit y de cada una de las lenguas de
los 115 pueblos indígenas conforme a su sistema lingüístico, de la
siguiente manera:
“[…] Teniendo en cuenta todo lo anterior, el DANE siempre ha
incorporado en su estructura de recolección de información a
encuestadores, supervisores y coordinadores indígenas, y en este
caso en especial, a personas del pueblo Awá, delegadas por sus
autoridades legítimas, en ese sentido los fonemas, grafemas y
lexemas de cada una de las lenguas de los 115 pueblos indígenas,
se han recolectado conforme a su sistema lingüístico […]".
.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público refirió que contestó
la petición de la actora en comunicación de 6 de octubre de 202238,
por medio de la cual le informó que luego de una revisión técnica se
concluyó que su sistema UNICODE permite el carácter “ɨ”; sin
37 Comunicación remitida a la actora, tal como se observa en la constancia de envió visible
a índice 79 del expediente digital.
38 Oficio que le fue notificado a la actora, de conformidad con la constancia de envío visible
a índice 77.
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embargo, no fue posible determinar si en el mismo se incluye o no
de forma completa la totalidad de caracteres del idioma Awapit.
“[…] Con relación a lo solicitado en cuanto a “la implementación o
inclusión en sus bases de datos de soportes de carácteres el
sistema fonológico o abecedario del idioma Awapit”, se precisa que
la revisión técnica realizada se basó el estándar de UNICODE para
los carácteres P, A, K, N, A, I, ɨ y M. Sin embargo, se llama la
atención que, con la información que se allegó, no es posible
determinar si el estándar UNICODE incluye o no de forma completa
la totalidad de carácteres del idioma Awapit, según lo solicitado
[…]".
.- El Departamento Nacional de Planeación adujo que, mediante
oficio de 6 de octubre de 202239, contestó la petición de la actora
informándole que atendiendo la orden de amparo iniciará las
acciones pertinentes que se requieran en los medios tecnológicos
para incluir los caracteres del idioma Awapit, para lo cual desarrollará
una revisión de los sistemas o portales que podrían tener un alcance
de servicio a la comunidad ɨnkal awá, de la siguiente manera:
“[…] Ahora bien, y entendiendo la orden establecida en el Fallo de
Primera Instancia, en el marco de la Acción de Tutela 2022-03816,
desde el DNP iniciaremos las acciones pertinentes que se requieran
en los medios tecnológicos que presten servicios a los ciudadanos
para avanzar en el proceso de inclusión de los carácteres del
sistema fonológico o abecedario del idioma Awapit.
En el caso particular de este Departamento Administrativo y por
competencias, estas acciones se revisarán de manera prioritaria
39 Oficio notificado a la actora, de conformidad con lo dispuesto a índice 75 del expediente
digital.
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para el servicio de Consulta Ficha Sisbén, sede electrónica y el
módulo de PQRSD, entendiendo que estas son las principales
interacciones que la entidad tiene con los ciudadanos.
[…]
Por lo anterior el DNP deberá desarrollar una revisión de los
sistemas o portales que podrían tener un alcance de servicio a la
comunidad ɨnkal Awá y sobre los cuales se deberían generar los
ajustes necesarios para incluir los carácteres propios del idioma
Awapit, sin que esto implique un malfuncionamiento en su
operación, ya que los carácteres solicitados no hacen parte del
estándar actualmente utilizado en las bases de datos y lenguajes
de programación, entendiendo que actualmente se utilizan
estándares internacionales provistos por los fabricantes de dichas
soluciones y que no son definidos ni modificados por el DNP.
Para el DNP como centro de pensamiento del Gobierno Nacional es
prioridad tener una comunicación efectiva con los ciudadanos, por
esta razón se realizarán las gestiones necesarias para el
cumplimiento del fallo, dentro de lo que el alcance técnico permita
[…]".
.- El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo puso de
presente que contestó la petición de la actora a través de oficio de 6
de octubre de 202240, por medio del cual le comunicó que las bases
de datos de esa entidad están configuradas con lenguaje castellano,
por lo que no soportan los caracteres solicitados, de tal forma que
estará atenta a la implementación de cualquier solución que brinde
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
tal como se transcribe:
40 Oficio comunicado a la actora, tal como se observa a índice 70 del expediente digital.
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“[…] La base de datos que posee la Entidad están configuradas con
lenguaje Español, territorio Colombia y juego de caracteres es UTF-
8, el cual permite el correcto almacenamiento de la información en
español; al revisar el juego de caracteres, se indica que el carácter
en mención no se encuentra soportado en esta configuración.
Dichas oficinas indicaron que la modificación de estos parámetros
puede afectar la seguridad de la información ya gestionada,
colocando en riesgo la confiabilidad, fidelidad y autenticidad de los
registros, así como el correcto funcionamiento de los sistemas de
información institucionales existentes. Sin embargo, para poder
almacenar la ortografía o grifos, se pueden almacenar como
documento adjunto en nuestros diferentes sistemas de información
ya sea en imagen, PDF o en alguna herramienta ofimática que
permita este set de caracteres. Anexo la respuesta emitida dado
por la Oficina competente.
Por último, nos permitimos manifestarle que desde esta cartera
estaremos muy atentos a la implementación de cualquier solución
tecnológica que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones encuentre procedente, a partir del análisis que
ellos puedan realizar a su petición […]".
Finalmente, el Departamento Administrativo de la Función
Pública informó que el 4 de octubre de 2022 dio contestación a la
actora41, a la cual le indicó que sus bases de datos no prevén los sets
de caracteres solicitados, por lo que realizará todas las acciones para
la incorporación de los mismos, de la siguiente manera:
“[…] En el momento de la consulta, los sistemas de información,
las bases de datos, los indexadores, las plataformas tecnológicas
donde se encuentran las soluciones informáticas misionales y de
apoyo que ofrece Función Pública, no contemplan los sets de
carácteres mencionados.
Se informa que en el momento que los sets de carácteres
mencionados se encuentren disponibles para su incorporación en
41 Oficio comunicado a la actora, tal como se observa a índice 66 del expediente digital.
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las plataformas tecnológicas, este Departamento Administrativo
realizará todas las acciones pertinentes de análisis, diseño e
incorporación hasta donde la tecnología disponible lo permita […]".
De los apartes transcritos de los documentos aportados en el trámite
de segunda instancia por los Ministerios de Salud y Protección
Social, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Hacienda y
Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el
DANE, el Departamento Nacional de Planeación y el
Departamento Administrativo de la Función Pública, se
evidencia que cumplieron con la orden emitida por el a quo en el
sentido de dar una respuesta clara, concreta y de fondo a la petición
de la actora, las que le fueron notificadas a ésta, conforme se observa
en los anexos allegados.
Por lo anterior, la Sala advierte que las circunstancias fácticas que
generaron la vulneración del derecho de petición por parte de las
citadas entidades desaparecieron, por lo que habrá de declararse la
carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de las
mismas.
Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia
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actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han
sido encomendados»42. Y en la misma sentencia se precisó que el
fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las
siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una
finalidad preventiva y no indemnizatoria.
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta
42 Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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en casos en que como producto del acaecimiento de una
situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la
parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya
sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía,
porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de
la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria
la intervención del juez de tutela […]”43.
(Negrilla fuera del texto).
Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido
superado, la Sala declarará la carencia actual de objeto respecto de
los Ministerios de Salud y Protección Social, de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, de Hacienda y Crédito Público y de
Comercio, Industria y Turismo, el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, el DANE, el
Departamento Nacional de Planeación y el Departamento
Administrativo de la Función Pública, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Ahora, en cuanto al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
la Sala encuentra que dicha entidad se limitó a trasladar la petición
al Ministerio del Interior, sin dar respuesta a lo solicitado por la actora
respecto de la inclusión en sus bases de datos del idioma Awapit.
43 Ibídem.
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Así las cosas, comoquiera que no se encuentra probado que el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural le haya dado una
respuesta de fondo, clara y concreta a la actora, la Sala considera
que persiste la vulneración del derecho de petición por parte de esa
entidad, y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
(iv) De la vulneración del derecho fundamental de
petición frente a la petición 2 de noviembre de
2021
Sobre el particular, se hace necesario recordar que mediante derecho
de petición de 2 de noviembre de 2021 la señora PAKNAM KƗMA
PAI solicitó ante todas las entidades accionadas, esto es, los
Ministerios, Departamentos Administrativos, la Presidencia de la
República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría
General de la Nación, la inclusión del idioma Awapit en sus
respectivas bases de datos.
Al respecto la Sala encuentra que el DAPRE, la Presidencia de la
República y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
solicitaron que se revoque la decisión de primera instancia, toda vez
que la petición presentada por la actora fue remitida al Ministerio del
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Interior y al Ministerio de Cultura, respectivamente, al considerar que
estas son las entidades competentes para resolver la solicitud
formulada por la señora PAKNAM KƗMA PAI, de tal forma que, a su
juicio, contrario a lo afirmado por el a quo, no vulneraron el derecho
fundamental de petición invocado en la presente acción de tutela.
De conformidad con lo expuesto en precedencia, para la Sala no son
de recibo los argumentos esgrimidos por las entidades impugnantes,
comoquiera que lo pretendido por la actora es que cada una de estas
conteste la solicitud formulada en cuanto a la adopción de medidas
que permitan la inclusión del idioma Awapit en sus respectivas bases
de datos, por lo que no se comprende la razón por la cual fueron
trasladadas a otras carteras ministeriales, que si bien tienen a su
cargo funciones relacionadas con la inclusión y garantías de los
derechos de las comunidades indígenas, ello no relevaba a dichas
entidades a contestar la petición de acuerdo con lo requerido.
En efecto, el derecho de petición formulado por la actora no puede
entenderse surtido o garantizado al haberse trasladado a otras
entidades, pues la solicitud estaba encaminada a que cada entidad
contestara respecto de las herramientas para la inclusión del idioma
Awapit en sus bases de datos, por lo que no se observa que se haya
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emitido una respuesta de fondo a la petición por parte del DAPRE y
la Presidencia de la República, tal como lo consideró el a quo.
Ahora, en cuanto al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, la Sala advierte que aun cuando presentó escrito de
impugnación contra el fallo de primera instancia, dicha entidad dio
cumplimiento a la orden emitida por la Sección Quinta, como se
expuso en líneas anteriores.
Por lo anterior, la Sala considera que persiste la vulneración del
derecho fundamental de petición por parte del DAPRE y la
Presidencia de la República, así como de aquellas entidades que
no allegaron prueba del cumplimiento de la sentencia de primera
instancia, comoquiera que no dieron una respuesta de fondo, clara y
concreta a la petición formulada por la actora, por lo que se
confirmará la decisión del a quo, como en efecto se dispondrá en la
parte motiva de la presente providencia.
Ahora, en cuanto al Ministerio de Educación Nacional, que
también solicitó revocar el fallo dictado por la Sección Quinta, por
considerar que no vulneró el derecho fundamental de petición,
debido a que dio respuesta de fondo a la petición formulada, la Sala
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observa que mediante correo electrónico remitido a la actora el 10
de diciembre de 2021, dicha cartera ministerial contestó la petición
de la señora PAKNAM KƗMA PAI, en los siguientes términos:
“[…] El Ministerio de Educación respetuoso con la Constitución
Política de 1991, que define a Colombia como un Estado unitario,
descentralizado que reconoce la diversidad étnica y cultural, viene
adelantando un proceso de Consulta previa de la norma del SEIP,
en la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación
de los Pueblos Indígenas CONTCEPI; lo que contribuye con la
pervivencia de los pueblos indígenas a través del derecho de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes a tener una educación
pertinente a su cultura.
[…]
En este espacio de Consulta participan los diferentes Pueblos
indígenas, incluido el Pueblo Awá a través de la delegada Martha
Ortiz. El proyecto de norma SEIP contempla tres componentes:
pedagógico, político- organizativo y administrativo y de gestión; y
para lo cual en el marco de la Mesa Permanente de Concertación
Nacional- MPC en el 2015, se acordó la ruta metodológica en tres
fases: i) Pre- alistamiento, ii) Socialización, retroalimentación,
concertación y acuerdo, y iii) un proceso final de consolidación del
proyecto de norma o normas que desarrollen los tres componentes
del SEIP y la Protocolización del proyecto de norma o normas que
desarrollen los tres componentes del SEIP en la MPC.
[…]
Para la vigencia 2019 se continuó con la ruta metodológica
concertada en el 2015 (tercera fase) desarrollando tres (3)
sesiones conjuntas (Sesiones 38, 39 y 40), dos (2) sesiones
extraordinarias, un (1) espacio autónomo, seis (6) subcomisiones.
Durante todo este proceso de Consulta, el Ministerio de Educación
Nacional ha garantizado financiera y técnicamente estos espacios
de diálogo, cuatro (4) expertos, una (1) comisión redactora y cinco
(5) sabios espirituales para la construcción y armonización de la
propuesta de norma SEIP; la cuál fue radicada en el MEN el 02 de
octubre de 2019, lo que marca un hito de gran importancia en este
proceso de Consulta Previa, porque permite el inicio de una
concertación entre las partes, a partir del borrador de norma SEIP;
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donde se incluye el “CAPÍTULO V. LAS LENGUAS NATIVAS EN EL
MARCO DEL SEIP”.
[…]
En el articulado concertado del SEIP las lenguas nativas son
la columna vertebral de los Pueblos, por su alta importancia,
de allí que se haya concertado en la sesión 46 llevada a cabo
del 4 al 10 de diciembre de 2021, entre otros el artículo 50,
51 y 53, relacionados con “el rescate, vitalización y
revitalización de las lenguas nativas, que se transmiten y
recrean de generación en generación desde la familia y la
madre naturaleza; para la resistencia y pervivencia de los
pueblos indígenas”; sin embargo, serán los mismos Pueblos
Indígenas y en este diálogo concertado que se definirán las
formas de escritura, ya sea a través de sus simbologías
propias de sus tejidos, pinturas u otros tipos de memoria
histórica de los Pueblos o a través del alfabeto con vocales,
consonantes, vocales intermedias, entre otros. Una vez
finalizado el proceso de consulta previa, el Ministerio de
Educación realizará las adecuaciones pertinentes a los
Sistemas de Información que así lo requieran.
Es importante tener en cuenta que previo a la expedición de la
norma SEIP, en el espacio de CONTCEPI se han construido con los
Pueblos indígenas diferentes normativas y lineamientos técnicos,
que han permitido avanzar de manera definitiva con los procesos
diferenciales de atención educativa a los pueblos indígenas, tales
como:
[…]
Finalmente nos permitimos informar que el Ministerio de educación
realiza asistencias técnicas integrales a la Entidad Territorial de
Putumayo, para el fortalecimiento de capacidades para la atención
educativa a los grupos étnicos y donde participan autoridades
indígenas incluido el Pueblo Awá; en el marco de la normativa
vigente y los avances de la normativa concertada con los Pueblos
indígenas en la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la
educación para Pueblos Indígenas CONTCEPI.
[…]". (Destacado fuera de texto)
De lo anterior es dable colegir que el Ministerio de Educación Nacional
se encuentra implementando un proceso de Consulta Previa de la
norma del Sistema Educativo Indígena Propio - SEIP, por lo que, de
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conformidad con la respuesta dada a la actora, una vez los pueblos
indígenas, -entre los cuales está incluido la comunidad Awá-, definan
las formas de escritura, ya sea a través de simbologías propias de
sus tejidos, pinturas u otros tipos de memoria histórica o a través del
alfabeto con vocales, consonantes, vocales intermedias, entre otros,
realizará las adecuaciones pertinentes a los Sistemas de Información
que se requieran.
Así las cosas, para la Sala la respuesta dada por el Ministerio de
Educación Nacional a la señora PAKNAM KƗMA PAI fue resuelta de
fondo, clara y concreta; además, de conformidad con el soporte de
envío allegado, se observa que la misma fue puesta en conocimiento
de la actora el 10 de diciembre de 2021, por lo que se cumple con
los requisitos para encontrar garantizado el derecho fundamental de
petición por parte de dicha entidad.
En esa medida, la Sala revocará la decisión del a quo frente al
Ministerio de Educación Nacional por encontrar que no vulneró el
derecho fundamental de petición de la actora, si se tiene en cuenta
que dio respuesta de manera inmediata, esto es, antes de que
promoviera la acción de tutela (12 de julio de 2022), como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva del presente fallo.
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(v) De la procedencia de la traducción al idioma Awapit
de las sentencias proferidas en la acción de tutela
de la referencia
En el caso bajo examen, la actora solicitó ordenar la traducción de
las decisiones proferidas en la presente acción de tutela al idioma
Awapit, a fin de que toda su comunidad indígena tenga conocimiento
de la solicitud de amparo de la referencia y se permita que su
contenido sea transmitido y socializado con el pueblo Awá.
Al respecto, la Sala advierte que comoquiera que el amparo que aquí
se confirma se circunscribe únicamente a la orden proferida por el a
quo a la Registraduría Nacional del Estado Civil relativa a la
expedición de una nueva cédula de ciudadanía, en la que constara el
actual nombre de la señora PAKNAM KƗMA PAI y no frente a las
pretensiones respecto de toda su comunidad, no hay lugar a acceder
a la solicitud de traducción de las sentencias.
Así las cosas, la Sala confirmará la decisión del a quo de denegar
la pretensión relativa a la traducción al idioma Awapit de las
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providencias, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada en cuanto a la
vulneración del derecho de petición por parte de la Presidencia de
la República, los Ministerios del Interior, de Relaciones
Exteriores, de Justicia y del Derecho, de Defensa Nacional, de
Agricultura y Desarrollo Rural, de Minas y Energía, del
Trabajo, de Vivienda, Ciudad y Territorio, de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, del Transporte, de
Cultura, de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Deporte, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y la Procuraduría General de la Nación, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR la pretensión tendiente a que se haga
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extensiva la orden de amparo impartida en primera instancia a la
Registraduría Nacional del Estado Civil para toda la comunidad
indígena Awá, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: DENEGAR la pretensión encaminada a que se ordene a
todas las entidades accionadas y no accionadas, tanto públicas como
privadas, la inclusión del idioma Awapit en sus bases de datos, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia. No obstante, la Sala EXHORTA al Ministerio de
Cultura, como órgano rector encargado de coordinar el
funcionamiento del Consejo Nacional Asesor de Lenguas
Nativas, para que asesore el procedimiento para efectuar la
transcripción alfabética, realizada por la entidad encargada del
registro de los nombres y apellidos usados por los hablantes de las
lenguas nativas, así como también adopte y desarrolle planes y/o
mecanismos de cooperación con otras entidades públicas para la
inclusión del alfabeto awapit en sus bases de datos.
En ese mismo sentido, se INSTA a la Registraduría Nacional del
Estado Civil y a las demás entidades encargadas del registro, para
que, en coordinación con el Ministerio de Cultura, implementen los
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mecanismos y sistemas necesarios a fin de que se incluya en sus
bases de datos los caracteres del idioma awapit para dar soporte de
forma automática a cualquier solicitud.
CUARTO: DECLARAR la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO frente a los Ministerios de Salud y
Protección Social, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de
Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, el DANE, el Departamento Nacional de
Planeación y el Departamento Administrativo de la Función
Pública, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
QUINTO: REVOCAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de la
providencia impugnada, pero únicamente en lo que respecta al
Ministerio de Educación Nacional, en el sentido de que no vulneró
el derecho fundamental de petición de la actora, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada.
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SÉPTIMO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
OCTAVO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de febrero de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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