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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03818-01

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03818-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 1.º de octubre de 2022 proferida por la Sección Tercera, Subsección C de esta corporación, que declaró improcedente la presente solicitud de tutela. En su lugar: www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 21 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-03818-01 Accionante: Mariano de Jesús Ospina Gutiérrez y otros SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por los señores Mariano de Jesús Ospina Gutiérrez, Álvaro Javier Ospina Montoya, Germán Alberto Ospina Calle y Juan Fernando Ospina Calle contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03818-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

10 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03818-01
Accionante: MARIANO DE JESÚS OSPINA GUTIÉRREZ Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial /
reparación directa / privación injusta de la libertad /
defectos procedimental y fáctico

Acción de tutela - sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en
contra de la sentencia del 9 de septiembre de 2022 mediante la cual la
Sección Tercera, Subsección C de esta corporación declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Mariano de Jesús Ospina Gutiérrez, Álvaro Javier Ospina Montoya,
Germán Alberto Ospina Calle y Juan Fernando Ospina Calle, actuando
por conducto de apoderado judicial1, interpusieron acción de tutela en
contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, con fundamento en los
siguientes:

1
Andrés Restrepo Otálvaro

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03818-01
Accionante: Mariano de Jesús Ospina Gutiérrez y
otros

1. HECHOS

1.1. Los accionantes describieron que el señor Mariano de Jesús
Ospina Gutiérrez fue capturado el 1.º de febrero de 2010 por
disposición del Juzgado Veintisiete Penal Municipal con Función de
Control de Garantías, por la supuesta comisión de los delitos de
concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes y
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, razón por
la cual fue recluido en el centro penitenciario y carcelario Bellavista,
establecimiento en el que permaneció hasta el 12 de marzo de 2010;
no obstante, estuvo vinculado a la investigación penal hasta el 13 de
julio de 2012.

1.2. Por lo anterior, el señor Mariano de Jesús Ospina Gutiérrez junto
a su grupo familiar, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, presentó demanda en contra de la Nación, Rama Judicial,
Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación,
proceso que por reparto correspondió al Juzgado Veinte Administrativo
Oral del Circuito de Medellín, dependencia judicial que, mediante
sentencia del 22 de junio de 2017, accedió parcialmente a las súplicas
de la demanda al considerar que se debía aplicar el régimen objetivo
de responsabilidad, en la medida en que se trataba de la privación
injusta de la libertad como consecuencia de la imposición de una
medida de aseguramiento.

1.3. Dicha decisión fue revocada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia a través de la sentencia del 7 de diciembre de 2021 en la que
denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que la absolución
no era suficiente para entender como injusta una medida restrictiva de
la libertad, en tanto la carga de la prueba recaía sobre la parte actora.

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Accionante: Mariano de Jesús Ospina Gutiérrez y
otros

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Manifestó que la decisión objeto de censura adolece de defecto
procedimental, porque el tribunal omitió aplicar lo contemplado en los
artículos 167 del CGP y 213 del CPACA, disposiciones normativas que
establecen el deber que tiene el juez de decretar pruebas de oficio para
esclarecer los hechos objeto de la litis, lo cual, en su entender, era
necesario en el proceso de reparación directa para analizar los criterios
de proporcionalidad, razonabilidad, y legalidad de la medida restrictiva
de la libertad.

De otra parte, señaló que la providencia recurrida adolece de defecto
fáctico, dado que el Tribunal Administrativo de Antioquia reconoció en
la parte motiva de la sentencia, que el material probatorio del
expediente era inadecuado, pero aun así omitió decretar pruebas de
oficio suficientes para aclarar la controversia.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

« 7.1. Solicito respetuosamente se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso legal, al acceso a la administración de justicia, a la reparación integral y a
la igualdad de los accionantes, los cuales fueron vulnerados por la sentencia de
segunda instancia #369 de la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Antioquia.

7.2. En consecuencia, solicito que se deje sin efecto la sentencia 369 y, en su lugar,
se ordene a la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
proferir una nueva sentencia de fondo, decretando previamente la prueba de oficio
necesaria para analizar el fondo del asunto, conforme a la jurisprudencia actual de
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que rige las privaciones injustas de
la libertad.»

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otros

4. INFORMES

Mediante auto del 14 de julio de 2022, la Sección Tercera, Subsección
C de esta corporación admitió la acción de tutela de la referencia y
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia como
accionado y al Juzgado Veinte Administrativo Oral de Circuito de
Medellín; a la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura
y a la Fiscalía General de la Nación como terceros interesados en las
resultas del proceso.

4.1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín solicitó rechazar el mecanismo constitucional por
improcedente, porque considera que no ha vulnerado los derechos
fundamentales deprecados en el escrito de tutela y manifestó,
también, que el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió la decisión
que se cuestiona conforme a la sentencia de unificación SU-072 de
2018 de la Corte Constitucional, lo cual se ajusta a derecho.

4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través del
magistrado ponente de la decisión cuestionada, expresó que en el
presente asunto no se satisfacen los presupuestos de procedibilidad de
la acción de tutela, razón por la que dicho mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.

Manifestó que acogió el precedente jurisprudencial aplicable al asunto
contenido en diferentes pronunciamientos de esta corporación y en la
sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, según el cual,
debe efectuarse una valoración de la medida restrictiva de la libertad
impuesta, con base en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, lo
que supone un estudio bajo el régimen de responsabilidad subjetiva.

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otros

Asimismo, advirtió que no encontró razones para sustentar la
aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva.

Por otra parte, señaló que no es cierto, como lo aduce la parte
accionante, que omitió efectuar una valoración de fondo del material
probatorio, pues por el contrario apreció todas las pruebas allegadas al
plenario.

4.3. La Fiscalía General de la Nación solicitó se declare
improcedente la presente acción de tutela, por cuanto no cumple
particularmente el requisito de subsidiariedad.

5. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sección Tercera, Subsección C de esta corporación mediante
sentencia del 9 de septiembre de 2022, declaró improcedente el
amparo constitucional, al considerar que lo que pretenden los
accionantes, por medio de la solicitud de amparo, es trasladar la carga
de la prueba que tenían en el proceso ordinario al juez que resolvió en
segunda instancia.

Al respecto, resaltó que la acción de tutela no es un mecanismo idóneo
para solucionar las falencias probatorias de los demandantes en el
proceso ordinario, ni para reemplazar o revivir las oportunidades
procesales que se tenían para ello.

De modo que, al no demostrar la parte accionante la configuración de
los defectos endilgados estimó que la solicitud de amparo carecía de
relevancia constitucional, en tanto el escrito de tutela no reflejó una
posible amenaza o vulneración de un derecho fundamental que hiciera

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que el asunto objeto de la petición requiriera la intervención del juez
constitucional.

6. IMPUGNACIÓN

La parte accionante recurrió el fallo de primera instancia, para lo cual
señaló que tribunal reconoció que carecía del material probatorio
suficiente para estudiar de fondo el caso concreto, no obstante, se
abstuvo de decretar las pruebas de oficio requeridas para un análisis
íntegro del asunto; omisión que condujo a una sentencia
materialmente inhibitoria que lesionó los derechos fundamentales
invocados en la acción de tutela.

En esa medida, insistió en que la ausencia del material probatorio no
era atribuible a la parte actora, ya que se aportaron las pruebas
requeridas al momento de presentación de la demanda.

II.CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar:

¿El Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir la sentencia
del 7 de diciembre de 2021, mediante la cual revocó el fallo de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa instaurada por los accionantes,
incurrió en los defectos procedimental y fáctico?

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otros

Para dar respuesta al anterior interrogante se procederá a analizar i)
el marco conceptual de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia; y, de encontrarla procedente, iii) el marco conceptual del
defecto fáctico; y iv) el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de
años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y

2
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado
equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales
fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución y (vi) desconocimiento del precedente.

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2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos quebrantados se encuentran
plenamente individualizados.

2.1.2. Así mismo, se observa que las providencias objeto de tutela
carecen de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el
amparo constitucional.

2.1.3. Se advierte, igualmente, que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado
desde la fecha de ejecutoria de la decisión (12 de enero de 2022) hasta
la radicación de la acción de tutela (12 de julio de 2022).

2.1.4. Finalmente, contrario a lo señalado por la Sala de primera
instancia, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional,
en la medida que se centra en establecer una posible vulneración
iusfundamental como consecuencia del defecto fáctico y procedimental
en que, presuntamente, incurrió la autoridad judicial cuestionada.

2.2. Del defecto procedimental

En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el
juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa
completamente al margen del procedimiento judicial establecido 4. La
jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto puede

4
Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.

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configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental absoluto,
y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto5.

En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los
administrador(es) de justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del
procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto
específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente
ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n]
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente,
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes
del proceso” 6 o porque iii) “pasa[n] por alto realizar el debate
probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa
y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o
comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la
consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la
violación a los derechos fundamentales”7 […]».

En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este
ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos
como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera
que sus actuaciones generan una denegación de la justicia 8. Este
defecto procedimental puede llegar afectar la prevalencia del derecho
sustancial y el derecho a acceder a la administración de justicia
cuando: i) se inaplican normas procesales que se oponen a la vigencia
de derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii) se exige
cumplir requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda
tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha

5
Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
6
Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,

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circunstancia sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad
procedimental en la apreciación de las pruebas, iv) o se omite el
decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar9.

Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el
defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también
requieren: i) que trate de un error procedimental grave y trascendente
que influya de manera cierta y directa con el fondo de la decisión; ii)
que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni indirectamente a
la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se
pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya
alegado la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere
sido imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia
de todo lo anterior se vulneren derechos fundamentales10.

2.3. Defecto fáctico

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
el particular la Corte Constitucional11 ha identificado dos dimensiones
en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa12, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el

9
Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-
289 de 2005 y T-053 de 2012.
10
Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de
2014.
11
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-
456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.

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hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva13, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes
de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido
admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la
intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el
juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido,
toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto
fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de
los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el
ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y
conjunto de los elementos probatorios»14.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3. Caso concreto

En el presente asunto, los accionantes cuestionan la sentencia del 7 de
diciembre de 2021 mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en sede de apelación, revocó la decisión de primera
instancia, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda de

13 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
14 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.

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reparación directa instaurada con ocasión de la privación de la libertad
sufrida por el señor Mariano de Jesús Ospina Gutiérrez durante el lapso
comprendido entre el 1.º de febrero de 2010 y 12 de marzo del mismo
año.

La parte demandante sostiene, en síntesis, que la decisión recurrida
adolece de un defecto procedimental, toda vez que la autoridad judicial
accionada omitió aplicar lo contemplado en los artículos 167 del CGP y
213 del CPACA, disposiciones normativas que establecen el deber que
tiene el juez de decretar pruebas de oficio para esclarecer los hechos
objeto de la litis, lo cual, en su entender, era necesario en el proceso
de reparación directa para analizar los criterios de proporcionalidad,
razonabilidad, y legalidad de la medida restrictiva de la libertad; así
como también de defecto fáctico, dado que, se reconoció en la parte
motiva de la sentencia, que el material probatorio del expediente era
inadecuado, pero aun así el a quo no dispuso decretar pruebas de oficio
suficientes para esclarecer la controversia.

Por su parte, el despacho judicial accionado manifiesta que acogió el
precedente jurisprudencial de esta corporación aplicable al asunto y lo
dispuesto en la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional,
según el cual, debe efectuarse una valoración de la medida restrictiva
de la libertad impuesta, con base en criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, lo que supone un estudio bajo el régimen de
responsabilidad subjetiva.

Señaló que no es cierto, como lo aduce la parte accionante, que omitió
efectuar una valoración de fondo del material probatorio, pues por el
contrario apreció todas las pruebas allegadas al plenario.

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Ahora bien, de las piezas procesales que reposan en el expediente, la
Sala observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia, para revocar
la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las súplicas de
la demanda, consideró que para determinar el régimen de
responsabilidad aplicable al caso concreto debía efectuar un análisis de
las circunstancias del asunto objeto de estudio a efectos de señalar si
dicha responsabilidad era subjetiva, caso en el cual correspondía
demostrarse la falla en el servicio.

En ese orden de ideas, encontró que la carga de la prueba en supuestos
de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad recae
en la parte actora, sin que esta obligación pueda ser trasladada a la
demandada o al juez, máxime cuando en el curso del proceso los hoy
demandantes no solicitaron las pruebas dentro de las oportunidades
procesales.

Al respecto, señaló lo siguiente:

«(…) De acuerdo al marco jurídico de esta providencia y la posición jurisprudencial
expuesta, para determinar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad
se requiere necesariamente evaluar la medida de aseguramiento con base en criterios de
legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. También es importante precisar bajo qué
circunstancias se dio la absolución, pues unas u otras serán las consideraciones del caso,
según si la misma se dio porque el hecho no existió, la conducta era atípica o por aplicación
del in dubio pro reo.

Tal como ya se indicó en el marco jurídico de esta providencia, para poder determinar el
régimen de responsabilidad aplicable debe efectuarse un análisis de las circunstancias del
caso concreto a efectos de señalar si la responsabilidad es subjetiva, caso en el cual
corresponde demostrar la falla en el servicio.

Para ello, no puede esta Sala de decisión pasar por alto la postura asumida por la H. Corte
Constitucional en la sentencia de unificación anteriormente citada, en la cual el Máximo
Órgano de lo Constitucional señaló que el Juez Administrativo debe establecer en estos
casos el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada caso, exponiendo
que en caso de no haberse desvirtuado la presunción de inocencia corresponde analizar las
conductas asumidas por las autoridades judiciales y de investigación para efectos de
determinar si la medida fue desproporcionada y arbitraria, caso en el cual, genera
responsabilidad de las autoridades del Estado.»

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Accionante: Mariano de Jesús Ospina Gutiérrez y
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Luego, relacionó las pruebas allegadas al plenario, de la siguiente
manera:

« (…)
• Registros civiles de nacimiento (fls. 26 y ss. y 32 y ss.)
• Declaración extraproceso rendida por Mariano de Jesus Ospina Gutiérrez (fl. 30)
• Copia íntegra y auténtica del proceso 0536160000002009-80012 adelantado en contra
de MARIANO DE JESÚS OSPINA GUTIÉRREZ por el punible de TENTATIVA DE
HOMICIDIO Y OTROS (fls 38 y ss)
• Certificación ALCALDÍA MUNICIPIO DE ITUANGO (fls. 165 y ss.)
• Aparte historia clínica del demandante (fls. 167 y ss.)
• Certificación acompañamiento sicológico al demandante (fl. 173)
• Respuesta Oficio N° 783 de 14 de marzo de 2016 - Respuesta Oficio N° 782 por parte
de CARACOL RADIO (fls. 332)
• Respuesta Oficio N° 780 por parte de H13N (fl. 305)
• Respuesta Oficio N° 781 por parte de RCN TELEVISIÓN (fl. 339)

(…)
• Escrito de acusación (fls. 38 y ss), en el que se lee sobre los hechos:

“Desde el 16 de febrero del año 2009, salieron de la ciudad de Medellín con destino al
Municipio de Ituango Antioquia el menor ANDERSON ANDRÉS HERRERA GÓMEZ de
16 años de edad y los adultos JUAN DAVID ISAZA VALENCIA y LUIS ALBERTO HENAO
GARCÍA, a quienes el menor conocía con los alias de “Carrasposo y Satanás”, quienes
con la complicidad de habitantes de la región de Ituango, trabajadores cocaleros,
pretendían hurtarse dinero y droga de propiedad del señor JAIME CORREA conocido por
estos últimos como el propietario de uno de los cocales más grandes de la zona. Llegaron
al lugar se instalaron en el monte cerca de la finca Finlandia de propiedad del
mencionado, donde debían esperar instrucciones que confirmaran el recibido por parte
del señor CORREA de la suma de 90 millones de pesos, por venta de estupefaciente, para
proceder a hurtarlo. El 21 de febrero decidieron realizar la acción delictiva ingresando a
uno de los campamentos donde según ellos está la mejor coca, y donde el colaborador les
había informado había 20 trabajadores, de los cuales lograron amarrar a 19, el otro se
les voló; de allí se hurtaron dos millones y medio de pesos en efectivo y 9 kilos y medio
cocaína, acción para lo que utilizaron capuchas, armas de fuego y se identificaron como
guerrilla. Deciden continuar con el plan de dirigirse a la casa del señor JAIME CORREA
para hurtar se les fugó y se vieron enfrentados con ellos en cruces de disparos de los que
resultó herido el señor CORREA, logrando ellos huir ilesos de ese lugar, siendo
perseguidos por quienes acompañaban al herido, quienes al día siguiente 22 de febrero de
2009 en horas de la mañana, en el sector de los Chorros de la vereda Pascuita de Ituango,
dieron alcance a proyectiles de armas de fuego; logrando el menor ser testigo presencial
de estos internándose en el monte, hasta el día 24 de febrero , cuando el menor
ANDERSON ANDRÉS HERRERA GÓMEZ, pidió protección a tropas del Ejército
Nacional, en el corregimiento del Zancudo del municipio de Ituango y puso en
conocimiento los hechos que son objeto de investigación.

Efectivamente el 22 de febrero del año 2009, en la morgue del Hospital San Juan de Dios
del Municipio de Ituango, personal de la Sijin, realizó inspección judicial a los cuerpos de
dos occisos que se identificaron como JUAN DAVID ISAZA VALENCIA y LUIS ALBERTO
HENAO GARCÍA, quienes fallecieron a consecuencia de heridas de proyectil de arma de
fuego, en hechos ocurridos en la Vereda Pascuita, sector los chorros, jurisdicción del

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Municipio de Ituango, uno de los cuales presentaba señales de violencia física además de
las producidas por proyectiles de armas de fuego.

En virtud de los anteriores hechos, se adelantaron una serie de actos investigativos, entre
estos, se escuchó en declaración jurada al menor con quien se realizó reconocimiento a
través de fotografías que permitió la identificación de 6 de las personas que participaron
en los hechos incluyendo el señor CORREA, y los resultados de los actos investigativos
sirvieron de fundamento para solicitar el día 1 de febrero de 2010, ante el Juzgado 27
Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín, la expedición de 6
órdenes de captura en contra del señor JAIME CORREA MAZO, DAIRON DAVID
HERNANDES, HERMES SERENIAS COSSIO HERRERA, MARIANO DE JESÚS OSPINA
GUTIÉRREZ, JUAN CARLOS CHAVARRÍA OQUENDO Y EDWIN NORBEY BARRERA
PÉREZ” (fl. 39 y 40)

• Acta de audiencia de formulación de acusación de 25 de marzo de 2011 (fls. 66 y ss.)

• Acta de audiencia preparatoria de 16 de mayo de 2011 (fls. 67 y ss)

• Acta de audiencia de juicio oral de 25 de julio de 2011 (fls. 91 y ss), de 10 de abril de
2012 (fl. 148), y de 7 de junio de 2012 (fl. 151) y 13 de julio de 2012 (fl. 158)

• Obra Acta de reconocimiento fotográfico y videográfico de 27 de febrero de 2009 en la
que se lee:

“El testigo señala la fotografía N° 04 del álbum fotográfico Nro. 04, que corresponde al
señor MARIANO DE JESÚS OSPINA GUTIÉRREZ identificado con c.c. 3.505.856, el
testigo manifiesta que persona se encontraba en la finca del señor JAIME CORREA,
portando arma de fuego y les participó en el intercambio de disparos” (fl. 119)

• Se allega sentencia absolutoria de 13 de julio de 2012 (fls. 159 y ss.) en la que se lee sobre
la actuación procesal:

“Durante los días 12 y 13 de febrero de 2010, ante el Juzgado 39 Penal Municipal de
Medellín, con funciones de control de garantías, se llevó a efecto las audiencias
preliminares de Legalización de captura, formulación de imputación e imposición de
medida de aseguramiento de detención preventiva intramural, sin embargo, el 13 de
febrero de 2010 (sic), ante el Juzgado 2° Penal Municipal de Medellín, se realizó audiencia
preliminar de revocatoria de la medida de aseguramiento en favor del ciudadano
MARIANO DE JESÚS OSPINA GUTIÉRREZ. La Fiscalía imputó al acusado las conductas
punibles de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, HOMICIDIO TENTADO
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES y FABRICACIÓN,
TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES, a las cuales el imputado
no se allanó.

(…) Al concluir el debate probatorio, la Fiscalía expresa que en relación con el delito de
CONCIERTO PARA DELINQUIR ninguna prueba se obtuvo sobre la posible
participación del acusado dentro de algún grupo delincuencial, incluso dice que ninguna
información se obtuvo en relación con la existencia de grupos al margen de la ley y menos
aún de la participación del señor MARIANO OSPINA en tal hecho; por lo tanto, depreca
la judicatura una sentencia absolutoria respecto de esta conducta punible.

Sobre la conducta punible de HOMICIDIO, la delegada del ente acusador solicita se emita
un pronunciamiento de carácter condenatorio, en contra del procesado, pues dice que de
las pruebas allegadas al juicio oral hay certeza sobre la participación del acusado en el

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doble homicidio de JUAN DAVID ISAZA VALENCIA y LUIS ALBERTO HENAO GARCÍA
y en el Homicidio tentado en contra de la vida de ANDERSON ANDRÉS HERRERA
GÓMEZ, ello con fundamento en el reconocimiento fotográfico realizado por la propia
víctima y del cual reconoce su firma y que frente a la retractación en el testimonio rendido
en el Juicio se debe tener en cuenta lo planteado por la Honorable Corte Suprema de
Justicia, en sentencia del 27 de julio de 2009, dentro del radicado 31579; en la que la
máxima corporación de la justicia ordinaria, advierte que en estos casos se debe apreciar
la espontaneidad de la retractación, porque esta no es una prueba tarifada si aparecen
imputaciones certeras a través de reconocimientos, informes, entrevistas, etc.

En relación con las conductas de FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE
FUEGO O MUNICIPIOS y de TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE
ESTUPEFACIENTES, no hace ninguna manifestación.”

En el acápite de CONSIDERACIONES señaló:

“No obstante, a pesar de haberse logrado probar la materialidad de las conductas contra
la vida e integridad personal, nada se pudo establecer frente a los autores o participes de
las aludidas conductas. El único testigo presencial de estos hechos, el joven ANDERSON
ANDRES HERREAR GOMEZ, aunque en entrevista rendida ante los miembros de la SIJIN
y en un álbum fotográfico hizo un señalamiento el acusado como una de las personas que
participara en los hechos, en su testimonio no hace alusión alguna al procesado en tal
sentido.

Ahora bien, frente al planteamiento de la señora delegada de la Fiscalía en el sentido de
que hubo retractación de la entrevista rendida ente le funcionario de la SJIN y en relación
con el reconocimiento fotográfico y que por lo tanto, se debe tener en cuenta lo planteado
por la Honorable Corte Suprema de Justicia, en este tipo de casos, para este funcionario
es claro que no hay tal retractación, pues el testigo fue claro en afirmar que fue objeto de
presiones para que hiciera tales señalamientos y ello no fue desvirtuado, así como tampoco
fue tachado de falso el testimonio o la credibilidad del testigo; por lo que en el peor de los
casos, podría presentarse la duda en relación con la posible participación del ciudadano
OSPINA GUTIERREZ, en la ejecución del doble homicidio y del atentado contra la vida
del joven HERRERA GOMEZ; que atendiendo al principio constitucional del in dubio pro
reo, habría de resolverse en favor del acusado.

En relación con la conducta de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, contrario
a lo planteado por la señora fiscal, es un hecho notorio, la existencia de grupos
guerrilleros y de bandas criminales que operan en el municipio de Ituango, dada su
ubicación estratégica para el cultivo de plantas de hoja de coca y para el procesamiento
de narcóticos; pero la misma delegada del ente acusador es consciente que ninguna prueba
de las allegadas al juicio, vincula al aquí acusado con alguno de tales grupos armados al
margen de la ley.

Finalmente, en lo que respecta a la conducta FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE
ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES, no obstante que la muerte se produjo con tales
artefactos, tampoco se aportó prueba alguna que comprometiera la responsabilidad del
acusado, como lo dispone el ordenamiento jurídico, esto es, más allá de toda duda. Igual
sucede con respecto al TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFCIENTES,
pues si bien es cierto, lo que motivó la presencia de las víctimas en el lugar de los hechos,
fue precisamente el afán de hurtarse un dinero y una base de coca y obviamente los autores
de los homicidios, eran quienes estaban en el negocio ilícito de la sustancia estupefaciente;
tampoco la fiscalía pudo demostrar que el acusado hiciera parte del grupo dedicado a

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tales menesteres; de hecho ni siquiera hizo alusión a estas dos últimas conductas en su
alegatos de clausura.”

• En relación con el tiempo de privación, obra respuesta Oficio N° 783 de 14 de marzo de
2016 en la que se lee: “OSPINA GUTIERREZ MARIANO, identificado con cédula de
ciudadanía número 3.505.856, se constató que estuvo recluido en este establecimiento
desde el día catorce (14) de febrero hasta el doce (12) de marzo de dos mil diez (2010) por
cuenta del JUZGADO 39 PENAL MUNICIPAL DE MEDELLÍN” (FL. 329)».

A partir de lo anterior, concluyó:

«(…) La Sala reitera que resulta necesario evaluar el carácter razonable, proporcional y
legal de la medida restrictiva de la libertad impuesta, con independencia de la causal de
exoneración de responsabilidad, en tanto, de cara a la jurisprudencia reiterada actual la
absolución no conlleva necesariamente a la responsabilidad del Estado, debiendo preferirse
en estos asuntos el régimen de responsabilidad subjetiva. Sobre la carga de la prueba, el
artículo 167 del CGP señala:

“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante,
según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir,
la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso
antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos
controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su
cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por
circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre
la contraparte, entre otras circunstancias similares. (…)

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual
se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Los hechos notorios y
las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.”

Sobre la carga de la prueba en estos asuntos, el H. Consejo de Estado ha indicado:

“Por otro lado, en cuanto a la carga de la prueba, si bien el artículo 175 del CCA,
establece que “con la contestación [de la demanda] se acompañarán los documentos que
se pretendan hacer valer como prueba y que se encuentren en su poder”, dicho mandato
no implica que sea la entidad demandada la que deba probar los hechos que sirvieron de
fundamento de la demanda, pues en virtud del principio onus probandi incumbit actori, la
carga de la prueba frente a las decisiones que ordenaron la privación de la libertad le
correspondía a la parte demandante, pues como lo advirtió la autoridad judicial
demandada, de acuerdo con el artículo 177 del C.P.C, la carga de la prueba está en cabeza
de la parte que alega un hecho o a quien lo excepciona o lo controvierte. Así mismo,
tampoco es dable afirmar que el juez natural debió ordenar dicha prueba oficiosamente,
máxime se tiene en cuenta que el demandante no la solicitó en el momento procesal
idóneo15.

15
8 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN
CUARTA. Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO. Bogotá, D.C., once (11) de
marzo de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 11001-03-15-000-2020-03761-01(AC) 9

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En un proceso reciente y similar al aquí debatido, el Consejo de Estado afirmó:

“Con la demanda solo se allegó la copia de la sentencia penal absolutoria dictada a favor
de (…) no se aportó, por ejemplo, la resolución de definición de situación jurídica-. Con
esta prueba se advierte que, en efecto, la Fiscalía General de la Nación adelantó una
investigación penal en contra de (…) a la que fue vinculado formalmente y que concluyó
con sentencia absolutoria a su favor. No obstante, ese hecho solo constituiría un daño
antijurídico e imputable a la entidad demandada, si se llegara a comprobar que medió una
falla del servicio por un presunto error judicial o un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia. (…) Con los elementos de juicio que reposan en el expediente,
no es posible establecer si la vinculación o trámite del proceso penal en contra de (…) se
concretó debido a la expedición de una providencia judicial contraria al ordenamiento
jurídico -vgr. el auto de apertura de investigación formal- o a ciertas actuaciones u
omisiones de la entidad demandada, que revelan un funcionamiento anormal o inadecuado
de la función judicial. (…) Precisamente, a partir de la copia de la sentencia penal
absolutoria, solo es posible conocer algunos antecedentes procesales que no revelan el
fundamento de algunas decisiones judiciales o su contenido y tampoco las circunstancias
concretas como transcurrió el proceso penal.”16

De manera que la carga de la prueba en supuestos de responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad recae en la parte actora, quien pretende la declaratoria de
responsabilidad del Estado, sin que pueda trasladarse dicha obligación a las demandadas o
al Juez, máxime si la parte actora no solicitó las pruebas en las etapas procesales oportunas
y la falta de prueba es imputable a ella.

Del análisis del material probatorio existente en el presente proceso, no puede derivarse
cuándo y cuál medida de aseguramiento fue impuesta al demandante, las razones de su
imposición, si la misma desconoció criterios de proporcionalidad, legalidad y
razonabilidad, aspectos sin los cuales no puede determinarse la responsabilidad del Estado.

La Sala advierte que del material probatorio allegado queda probado que el señor
MARIANO DE JESÚS estuvo privado de la libertad desde el 14 de febrero hasta el 12 de
marzo de 2010. No obstante, no se allegó la decisión por medio de la cual se impone la
medida de aseguramiento y tampoco se tiene la decisión por medio de la cual se revoca la
medida. De esta manera, no puede evaluarse con base en los criterios de proporcionalidad,
razonabilidad, legalidad la medida de aseguramiento, en aras de determinar una posible
falla del servicio.

De lo allegado, también se acredita que en principio el único testigo presencial de los
hechos efectuó reconocimiento fotográfico del señor MARIANO DE JESÚS OSPINA, no
obstante, que posteriormente en juicio indicó que dicho reconocimiento lo hizo por
presiones e ignorancia. De esta manera, en principio, a la fecha de la imposición de medida
de aseguramiento (febrero de 2010) se contaba con dicho elemento probatorio (febrero de
2009), que podría indicar la posible responsabilidad del demandante. No quiere indicar la
Sala que la parte actora sea responsable, al contrario, fue absuelto en juicio, pero al
momento de la imposición de la medida de aseguramiento podrían existir indicios que
comprometieran su responsabilidad y fundamentaran una posible medida. En todo caso, se
reitera, carece la Sala de las decisiones indicadas, por lo que el análisis en detalle no es
posible.

16
CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN
TERCERA. Cinco (5) de marzo de dos mil veintiuno (2021). C.P. Alberto Montaña Plata. Radicación Nº
51685.

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Ahora bien, pese a que se indica que dicho reconocimiento fotográfico pudo darse por
presiones, la Sala debe señalar que ello tampoco quedó acreditado, pues en la única parte
en la que se cita el testimonio del señor ANDERSON HERRERA GÓMEZ (fl. 161) se
indica que firmó los documentos por ignorancia, sin que pueda con esta sola afirmación
considerarse una falla del servicio por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
pues tampoco ello quedó probado.

En este caso, dado que no puede analizarse los fundamentos de la medida restrictiva de la
libertad, no procedía la declaratoria de responsabilidad del Estado, en tanto, la sola
absolución no es suficiente para entender como injusta una medida restrictiva de la libertad,
máxime si se tiene en cuenta la duración de la misma (menos de 1 mes), que el proceso
judicial se adelantó en su mayor parte del tiempo sin privación de la libertad, que la decisión
fue absolutoria, que el tiempo de duración del proceso penal no fue irrazonable teniendo
en cuenta solicitudes de aplazamiento incluso presentadas por la apoderada de la parte
accionante (fls. 58, 94, 109) y el ejercicio de la acción penal y la obligatoriedad de
investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación (artículo 250 de la Constitución
Política).

De manera que, ante la insuficiencia probatoria lo que corresponde es negar las
pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta (i) que la carga de la prueba recae en el
demandante, con base en el artículo 167 del CGP, así como de la jurisprudencia sentada
sobre responsabilidad del Estado, (ii) que no estamos ante una situación excepcional que
permita la alteración de la carga probatoria y (iii) que resulta absolutamente determinante
el análisis de la imposición de la medida, sus fundamentos y límites.

Pese a que el juez de primera instancia, consideró que se probaban los elementos de
responsabilidad del Estado bajo el régimen de responsabilidad objetiva, la Sala estima que
el análisis de la medida resulta necesario en cualquier título de imputación, conforme lo ha
indicado la Corte Constitucional. De cara a estos lineamientos, no encuentra la Sala razones
para declarar la responsabilidad del Estado en este caso. Bajo tales consideraciones, esta
Sala de decisión revocará la decisión de primera instancia.».

De lo anterior se colige que el Tribunal Administrativo de Antioquia,
sustentó la decisión en un análisis normativo y probatorio integral, en
consonancia con las pautas jurisprudenciales que, en desarrollo de
estas ha fijado tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional,
que le permitió concluir que, dada la insuficiencia probatoria, no pudo
efectuar la valoración de la medida restrictiva de la libertad, y en ese
sentido, la misma no podía calificarse como desproporcionada,
arbitraria o ilegal, requisito necesario, de acuerdo a la posición
jurisprudencial unificada, para declarar la responsabilidad del Estado
por privación injusta.

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Por lo anterior, es claro para esta Sala que la autoridad judicial
accionada no incurrió en los defectos procedimental y fáctico, toda vez
que realizó un análisis íntegro del material probatorio aportado al
proceso a la luz de las reglas de la sana crítica y la providencia
cuestionada contiene una carga argumentativa suficientemente
sustentada en la aplicación de las normas vigentes, lo que descarta
una actuar arbitrario por parte de la autoridad demandada.

De esta manera, lo que se observa es la divergencia de criterios frente
al análisis que se realizó en la decisión objeto de censura, hecho que
no puede ser calificado como violatorio de los derechos fundamentales,
en respeto de los principios de autonomía e independencia judicial.

En consecuencia, la Sala revocará el fallo de primera instancia que
declaró improcedente la presente acción de tutela, para en su lugar
negar el amparo constitucional reclamado por la parte accionante, al
no configurarse ninguna vulneración ius fundamental.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 1.º de octubre de 2022
proferida por la Sección Tercera, Subsección C de esta
corporación, que declaró improcedente la presente
solicitud de tutela. En su lugar:

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SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por los
señores Mariano de Jesús Ospina Gutiérrez, Álvaro
Javier Ospina Montoya, Germán Alberto Ospina Calle y
Juan Fernando Ospina Calle contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

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