RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03833-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03833-00

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03833-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del mecanismo respecto del defecto fáctico planteado, en punto de los testimonios de la tutelante y de su hija, por no superar el presupuesto adjetivo de subsidiariedad. SEGUNDO: NEGAR en lo demás el amparo de los derechos fundamentales de la señora Ruth Mariela Delgado Salazar. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03833-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

1 de septiembre de 2022

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., primero (1º) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03833-00
Demandante: RUTH MARIELA DELGADO SALAZAR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial – defecto fáctico – declara
improcedencia – violación directa de la Constitución – niega

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo de amparo presentado por la señora Ruth Mariela
Delgado Salazar, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política y desarrollado por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 12 de julio de 2022 en el correo de recepción de
tutelas y habeas corpus de la Rama Judicial, la señora Ruth Mariela Delgado
Salazar, actuando a través de apoderada judicial, presentó acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de que sean amparados
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad
social, a la salud, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas.

2. La accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 2 de mayo de 2022, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, confirmó lo resuelto por el Juzgado Dieciocho
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali en la providencia del 30 de
noviembre de 2020, en la que se negaron las pretensiones de la demanda. Lo
anterior, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, que instauró contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL,
que se identificó con el radicado N.º 76001-33-33-018-2017-00142-01.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“Declarar violados los derechos fundamentales de DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINITRACION DE JUSTICIA, IGUALDAD, SEGURIDAD
SOCIAL, VIDA EN CONDICIONES DIGNAS Y HUMANAS, SALUD, y MÍNIMO
VITAL por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN, M.P. JHON ERICK CHAVES BRAVO, a mi
prohijada, la señora RUTH MARIELA DELGADO SALAZAR.

Como consecuencia de lo anterior, solicito a la HONORABLE CORTE
CONSTITUCIONAL, ORDENAR dejar sin efectos y validez jurídica la
Providencia Judicial de Segunda Instancia con fecha 02 de mayo de 2022
emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de
Decisión, que confirmó la Sentencia de Primera Instancia No. 139 del 30 de
noviembre de 2020 del Juzgado 18 Oral Administrativo del Circuito de Cali,
JUEZ FEDRA MORERA GIRALDO.

Así́ mismo, solicito que, conforme a lo anterior, se ordene al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión emitir nueva
sentencia judicial que, DECLARARE LA NULIDAD de la Resolución No. 2425
del 07 abril de 2016 mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la
sustitución de asignación de retiro del señor Sargento Mayor (R) del Ejercito
ABDÓN RAFAEL VINUEZA PERUGACHE en favor de RUTH MARIELA
DELGADO SALAZAR considerando las pruebas documentales aportadas y/o
fijando fecha y hora para recepcionar los testimonios ordenados y dejados de
practicar en primera instancia.

Igualmente, que se ORDENE al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda de Decisión que, en la nueva sentencia pida al MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL- CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
MILITARES, el pago de PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE a mi poderdante, la
señora MARIELA DELGADO SALAZAR C.C. 30.727.894 de Pasto-Nariño,
según el tiempo de convivencia en forma proporcional y retroactivamente
desde la fecha del fallecimiento del causante, esto es 09 de septiembre de
2015”.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La señora Ruth Mariela Delgado Salazar afirmó que convivió en unión libre
con el señor Abdón Rafael Vinueza Perugache “(…) por un espacio de treinta años
aproximadamente, desde 1984 hasta el día de su fallecimiento (9 de septiembre de
2015)”, y que, fruto de dicha relación nació su hija Diana Lorena Vinueza Delgado.

5. Explicó que la convivencia fue simultánea al matrimonio que el señor
Vinueza Perugache contrajo con la señora Elvia Angélica Paredes de Vinueza.

6. Aseguró que el señor Vinueza Perugache sostenía económicamente el
hogar que conformaron, puesto que ella “se ocupó de los quehaceres de la casa,
desempeñándose únicamente como ama de casa, dependiendo totalmente de los

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

ingresos del causante; situación que después de su fallecimiento (09 de septiembre de
2015) cambió sustancialmente, quedando desprotegida y en grave estado de necesidad”.

7. Mencionó que a través de la Resolución N.º 1201 del 9 de noviembre de
1979, CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación mensual de
retiro a favor del difunto sargento mayor Abdón Rafel Vinueza Perugache a partir
del 5 de enero de 1980.

8. El 9 de septiembre de 2015, el señor Abdón Rafel Vinueza Perugache
falleció.

9. Agregó que el 26 de octubre de 2015, la señora Elvia Angélica Paredes de
Vinueza solicitó a CREMIL el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, lo
cual fue resuelto favorablemente a través de la Resolución N.º 10083 del 15 de
diciembre de 2015.

10. El 14 de marzo de 2016, la señora Ruth Mariela Delgado Salazar solicitó a
la entidad el reconocimiento pensional en calidad de compañera permanente del
causante, petición que fue negada a través de las Resoluciones N.º 2425 del 17
de abril de 2016 y N.º 4093 del 13 de junio del mismo año.

11. Ante tal negativa, la señora Delgado Salazar instauró el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra CREMIL, con el fin de obtener la
nulidad de las de la Resoluciones N.º 2425 del 17 de abril de 2016 y 4093 del 13
de junio del mismo año, que le negaron el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes.

12. En sentencia del 30 de noviembre de 2020, el Juzgado Dieciocho Oral
Administrativo del Circuito Judicial de Cali negó las súplicas de la demanda, por
considerar que el material probatorio aportado al expediente era insuficiente para
demostrar la convivencia y la unión marital entre la señora Delgado Salazar y el
causante.

13. Inconforme con dicha determinación, la parte actora presentó recurso de
apelación. En providencia del 2 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, confirmó la decisión de primer grado que negó las pretensiones y
condenó en costas a la parte vencida, al concluir que la señora Ruth Mariela
Delgado Salazar no logró probar la convivencia durante los últimos cinco años, ni
la dependencia económica. Como sustento de su decisión, el ad quem explicó
que,

“Para la Sala, no obra prueba en concreto que demuestre que efectivamente
entre la señora Ruth Mariela Delgado y el señor Abdón Rafael Vinueza, existió
una convivencia en los últimos cinco (5) años anteriores al fallecimiento de
éste, como quiera que de los testimonio existió contradicción ya que en las
declaraciones extra juicio la señora Martha Cecilia Ramírez Correa y el señor
Walter Álvarez Riascos, mencionan conocerlos desde hace 10 años, pero en
el testimonio dicen que alquilaron un apartamento o inmueble de su propiedad
durante 3 años aproximadamente sin especificar la fecha exacta.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

Manifiesta la señora Martha Cecilia Ramírez que la demandante la enteró por
teléfono del fallecimiento del señor Rafael Vinueza y que desconocía que el
señor sufriera de algún padecimiento, por lo que surge como interrogante
¿cómo no iba a saber del estado de enfermedad de su arrendatario, si se
estableció que el señor Abdón Rafael falleció por causa de un cáncer
diagnosticado? Y, ¿por qué dijo que el señor Abdón Rafael Vinueza vivía con
la señora Ruth y su hija Diana cuando el señor Walter Álvarez Riascos aclaró
que realmente el señor Vinueza solo las visitaba constantemente, teniendo en
cuenta que el señor Walter y la señora Martha son esposos y propietarios el
apartamento arrendado? (…)”. (Sic a toda la cita).

1.4. Sustento de la vulneración1

14. La parte actora alegó que la autoridad judicial demandada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, a
la salud, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, con ocasión de la
sentencia 2 de mayo de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, confirmó la negativa dispuesta por el Juzgado Dieciocho Administrativo
del Circuito Judicial de Cali, en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que pretendía se ordenara a CREMIL que le reconociera y
pagara la pensión de sobrevivientes de su difunto compañero permanente.

15. Explicó que en el proceso contencioso se incurrió en defecto fáctico, dado
que se desconoció el material probatorio aportado, lo que conllevó a que el ad
quem erradamente confirmara la negativa dispuesta en primera instancia, ya que,
i) no se tuvo en cuenta que la razón para que no se hubieran rendido los
testimonios de la tutelante y de su hija en la audiencia, que eran quienes
sostenían un lazo intrínseco con el causante, se debió a que residían en una
ciudad distinta a aquella en que se llevó a cabo la diligencia; ii) se pasó por alto
las declaraciones extrajuicio rendidas por las señoras Ruth Mariela Delgado
Salazar, Elsi Stella Ortega López y Ruth Marlene Pulistar Suárez, que se
aportaron en los alegatos de conclusión y; iii) tampoco se analizaron las
fotografías “(…) como un hecho claro y evidente que constata la convivencia y relación
de la pareja (…) en diferentes épocas por más de 30 años”.

16. Alegó que la autoridad judicial también incurrió en violación directa de la
Constitución, al desconocer que la compañera permanente tiene derecho a
reclamar la sustitución pensional, pues cuenta con las mismas garantías que
corresponden a la cónyuge supérstite.

17. Frente al punto, citó la sentencia del 25 de julio de 2013 a través de la cual el
Consejo de Estado, al analizar un caso de convivencia simultánea explicó que “(…)
es procedente ordenar el reconocimiento prestacional en porcentajes iguales [entre la
cónyuge y la compañera permanente], atendiendo a criterios de justicia e igualdad
material. Así las cosas, habida cuenta de que la finalidad de la sustitución pensional es la
protección de la familia, aplicando criterios de igualdad y justicia”.

1
Aunque en el escrito de tutela el actor dirigió diferentes argumentos contra ambas sentencias, en
esta instancia solo se tendrán en cuenta aquellos que presentó contra la providencia del 2 de mayo
de 2022, por ser aquella que puso fin al proceso contencioso administrativo.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

18. Asimismo, indicó que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de
Estado establecen que el objetivo e importancia de la pensión de sobrevivientes
consiste en reconocer a los miembros más próximos del grupo familiar del
pensionado o afiliado que fallece, con el fin de garantizar al menos el mismo grado
de seguridad social y económico que contaban cuando el causante estaba en
vida.

19. Finalmente, afirmó que en el proceso contencioso se desconoció la nueva
línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en virtud de la cual “para ser
beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en condición de cónyuge, compañero o
compañera permanente supérstite del afiliado que fallece, no es exigible ningún tiempo
mínimo de convivencia, toda vez que, con la simple acreditación de la calidad exigida,
cónyuge o compañero (a), y la conformación del núcleo familiar, con vocación de
permanencia, vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto
previsto en el literal a) de la norma”. Ello, con el objeto de demostrar una vez más la
igualdad de condiciones ante la ley de los cónyuges y compañeros permanentes.

1.5. Trámite de la acción de tutela

20. A través de auto del 27 de julio de 2022, la magistrada ponente admitió la
tutela y ordenó la notificación de la parte accionante y de los magistrados del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como autoridades judiciales
demandadas, así como de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en
los términos y para los efectos previstos en el artículo 610 del Código General del
Proceso.

21. Asimismo, dispuso la vinculación en calidad de tercero con interés del
Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, como a quo
del proceso ordinario, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, como
entidad accionada y, la señora Elvia Angélica Paredes de Vinueza, quien fue
vinculada al proceso ordinario como cónyuge del causante, en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que originó la radicación de este trámite.

22. Finalmente, le reconoció personería para actuar la abogada Aleyda Patricia
Chacón Marulanda, como apoderada judicial de la parte actora.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

23. El magistrado ponente de la decisión objeto de censura solicitó que se
niegue el amparo deprecado, conforme a los siguientes argumentos.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

24. Puso de presente que, al resolver sobre la admisión del recurso de
apelación, la corporación indicó que no se satisfacían los requisitos previstos en el
artículo 212 del CPACA para acceder al decreto probatorio solicitado [la recepción
de las declaraciones de la tutelante y su hija, así como las declaraciones
extrajuicio que aportaron en los alegatos de conclusión], toda vez que durante la
audiencia de pruebas que se llevó a cabo en primera instancia, la apoderada de la
parte actora desistió “(…)del interrogatorio de parte de la precitada y del testimonio de la
Sra. Diana Lorena Vinueza Delgado, debidamente decretadas por el Juez sustanciador,
siendo una decisión que no fue objeto de réplica alguna por la parte interesada ni la
contraparte, todo lo cual permitió la firmeza de la providencia y, a su vez, considerar que,
en efecto, lo sucedido en el particular no encuadraba en los presupuestos determinados
en la norma pertinente para el decreto y práctica de pruebas en segunda instancia,
concretamente, que la no obtención de dichas declaraciones en el proceso haya sido
producto de causas ajenas a las partes”.

25. Asimismo, explicó que, en todo caso, el referido auto no fue objeto de
recursos por la parte interesada, situación que evidencia que frente al punto, la
accionante no cumplió con la carga procesal de interponer los recursos ordinarios
que habilitaban la procedencia de la acción de tutela.

26. Finalmente, advirtió que la sentencia que se ataca por esta vía analizó el
material probatorio que se aportó al plenario, a partir de lo cual se verificó que,
aunque existió una unión entre el causante y la señora Delgado Salazar, no se
acreditó la convivencia de la pareja durante los últimos 5 años de vida del
pensionado, como requisito habilitante para acceder a la sustitución pensional que
reclamaba, toda vez que el señor Vinueza Perugache sostenía un vínculo marital
con la señora Elvia Angélica Paredes de Vinueza, situación que conllevó a
confirmar la negativa dispuesta en primera instancia.

1.6.2. Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali

27. Por intermedio del secretario, la corporación remitió la copia digitalizada del
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado N.º 76001-33-33-018-2017-00142-01. Sin embargo, guardó silencio,
frente a los hechos y pretensiones de la demanda de tutela.

1.6.3. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

28. La apoderada judicial de la entidad solicitó que se declare la improcedencia
del mecanismo con fundamento en que la accionante no logró demostrar que en el
presente asunto existiera fraude dentro del proceso, contrario a ello, aseguró que
las providencias se sujetaron al ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto.

29. De igual manera, indicó que a CREMIL no le corresponde apoyar ninguno
de los extremos de la litis, teniendo en cuenta que el objeto de la entidad se limita
a reconocer y pagar la asignación de retiro al personal de oficiales y suboficiales

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

de las Fuerzas Militares que acrediten tal derecho, de acuerdo con lo establecido
en el Acuerdo 08 de 2016.

1.6.4. La señora Elvia Angélica Paredes de Vinueza2, pese a haber sido
notificada en debida forma, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

30. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

31. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos adjetivos de procedibilidad?

32. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se determinará:

• Si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos
fundamentales de la parte actora al proferir la sentencias del 2 de mayo de
2022, a través de la cual confirmó la negativa dispuesta en primera
instancia del medio de control en el que pretendía el reconocimiento y pago
de la sustitución de la pensión que en vida causó el señor Abdón Rafel
Vinueza Perugache, por presuntamente incurrir en los defectos fáctico y
violación directa de la Constitución.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

33. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) los requisitos de
procedibilidad adjetiva; (iii) las generalidades de los defectos alegados y; (iv) el
caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
3
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
2
El mensaje de datos se remitió al correo eymicadena@imperaabogados.com, dirección de
notificación que se tomó del expediente del proceso ordinario.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró su
procedencia5.

35. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
que el asunto sea de relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra
tutela; iii) inmediatez; iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

36. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

37. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

38. Para la Sala es necesario precisar que este requisito se encuentra
superado por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de
la sentencia del 2 de mayo de 2022, a través de la cual el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, confirmó la negativa dispuesta en primera instancia del medio
de control en el que pretendía el reconocimiento y pago de la sustitución de la
pensión que en vida causó señor Abdón Rafel Vinueza Perugache; decisión que,
en su criterio, adolece de los defectos fáctico y violación directa de la Constitución.

39. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión

3
Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:
Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

pues, en efecto, la accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad social, a la salud, al mínimo vital y
a la vida en condiciones dignas, con ocasión de confirmó la negativa del disfrute
de la pensión de jubilación que en vida disfrutó su difunto compañero permanente
y que servía de sustento al hogar que conformaron.

40. Lo anterior, toda vez que, en criterio de la parte actora, el operador jurídico
desconoció los elementos probatorios que se aportaron al expediente, a partir de
los cuales se evidenciaba el vínculo afectivo de la pareja en diferentes etapas de
los 30 años que convivieron.

41. En ese orden, se observa que la tensión entre la sentencia objeto de
censura y el núcleo esencial de los derechos invocados es evidente, en la medida
en que el accionante adujo que, la autoridad judicial accionada desconoció que la
Constitución Política establece que la familia es el núcleo fundamental de la
sociedad y que las altas cortes han aceptado que cónyuge y compañera
permanente se encuentran en igualdad de condiciones para disfrutar de los
beneficios de su difunta pareja.

42. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando
prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los
derechos constitucionales, después de haber agotado el procedimiento judicial
establecido por la ley para su protección.

43. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la
acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.

2.5.2. Tutela contra tutela

44. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que
no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza6, pues la
sentencia que se ataca fue proferida en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado N.º 76001-33-33-018-
2017-00142-01.

6
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-
04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00;
Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia
06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

2.5.3. Inmediatez7

45. En relación con este requisito, la Sala tampoco advierte ningún reproche en
vista de que la providencia que en esta instancia se ataca fue proferida el 2 de
mayo de 2022, por lo que, sin que sea necesario identificar la fecha de su
notificación y posterior ejecutoria, se advierte que la parte actora acudió al amparo
constitucional antes de que culminara el plazo razonable de los 6 meses, teniendo
en cuenta que la tutela se radicó el 12 de julio de 2022.

46. En ese orden de ideas, para esta Sección del Consejo de Estado es claro
que este asunto supera el presupuesto adjetivo de la inmediatez. Ello, a la luz de
la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y, reiteró
que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los
derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas, computados a
partir de la ejecutoria de la providencia controvertida en sede constitucional.

2.5.4. Subsidiariedad

47. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora
considera vulnerados, la Sala precisa que la providencia objeto de censura
resolvió el recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia que negó en
primera instancia las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

48. No obstante lo anterior, en lo que respecta al defecto fáctico planteado, en
punto de los testimonios de la tutelante y de su hija, esta Sección evidencia que no
se cumple con el presupuesto que se estudia en este acápite, por las razones que
pasan a explicarse.

49. Al consultar el expediente digital del proceso ordinario en el sistema de
gestión judicial SAMAI, se logró constatar lo expuesto por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en su intervención, relativo a que los elementos
a los que se hace referencia en este instrumento fueron solicitados en el recurso
de apelación, sin embargo, el decreto de los mismos fue negado por el juez
natural de segunda instancia mediante auto del 18 de junio de 2021, con
fundamento en que, por un lado, la apoderada judicial de la actora desistió de
aquellos en la audiencia de pruebas que llevó a cabo el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito Judicial de Cali y, por el otro, dicho requerimiento

7
Al respecto, consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 3.2.2022, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-
15-000-2021-06564-01.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

tampoco cumplía con los requisitos establecidos por el artículo 212 de la Ley 1437
de 2011 para acceder al decreto de pruebas en esa instancia.

50. En ese orden de ideas, es evidente que, ante tal negativa, la señora
Delgado Salazar pudo presentar recurso de reposición y en subsidio el de súplica
contra el citado proveído del 18 de junio de 2021, de acuerdo con los artículos 242
y del mencionado compendio normativo, situación que demuestra que, en efecto,
la parte actora no agotó los medios ordinarios que tuvo a su alcance para
proponer el cargo que ahora expone en esta tutela.

51. Ahora bien, en relación con el defecto fáctico respecto de las declaraciones
extrajuicio que se aportaron en los alegatos de conclusión y el análisis de las
fotografías, así como el cargo de la violación directa de la Constitución, se
observa que la señora Delgado Salazar presentó el medio ordinario que estaba a
su alcance y que frente a aquellos tampoco son procedentes los recursos
extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, toda vez que los
argumentos expuestos en la tutela no se enmarcan en las causales taxativas
previstas por el legislador en los artículos 248 y siguientes de la Ley 1437 de
2011, modificada por la Ley 2080 de 2021.

2.6. Generalidades de los defectos alegados

2.6.1. Violación directa de la Constitución

52. Es del caso señalar que las providencias incurren en un defecto por
violación directa de la Constitución cuando se dictan contrariando los preceptos
constitucionales, lo cual se precisó en la sentencia T-352 de 2012 dictada por la
Corte Constitucional, en la que se indicó que el vicio se presenta cuando “el juez
ordinario toma una decisión que desconoce o desobedece los principios y las garantías
consagrados en el Ordenamiento Superior, o cuando dichas reglas o principios son
tomados en cuenta, pero se les da un alcance insuficiente. En efecto, debido al actual
modelo de ordenamiento constitucional, que reconoce valor normativo a los preceptos
superiores, resulta factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la
acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales
postulados”8.

2.6.2. Defecto fáctico

53. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 20159 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión.

8
Ob. Cit.
9
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

54. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características
Omisión de Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
decreto y solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el
práctica de problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada;
pruebas ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas
indispensables que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e
para fallar el idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda
asunto negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la
configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se
rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada
oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.

De esta manera, se requiere:

a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido
otro.

Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en
del acervo el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos
probatorio que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el
determinante fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma
para identificar la específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas,
veracidad de los aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el
hechos alegados juez.
por las partes
Así las cosas, se configura siempre que:

a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el
juez.
b) Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos
para variar el sentido del fallo.

Valoración Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
irracional o apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente
arbitraria de las equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la
pruebas prueba se entiende alterado.
aportadas
Se requiere entonces que:

a) La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron objeto
de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas de
la lógica, la experiencia y la sana crítica.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de
instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar
el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo
contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez
natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Dictar sentencia Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
con fundamento asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
en pruebas legales para su producción o introducción al proceso. Así las
obtenidas con cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
violación del apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el
debido proceso problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba
que desconoce el debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde señalar:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.

55. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

56. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.

57. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al
fallador.

2.7. Caso concreto

58. La parte actora considera que el hecho de que en la sentencia del 2 de mayo
de 2022 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmara la negativa
dispuesta en primera instancia, con fundamento en que la accionante no logró
demostrar la convivencia con el causante durante los 5 años inmediatamente
anteriores al fallecimiento, vulneró sus derechos fundamentales. En su criterio,
dicha decisión adolece de los defectos fáctico y por violación directa de la
Constitución.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

59. Respecto del defecto fáctico, alegó que el operador contencioso pasó por
alto las declaraciones extrajuicio rendidas por la tutelante, y las señoras Elsi Stella
Ortega López y Ruth Marlene Pulistar Suárez, que se aportaron en los alegatos de
conclusión y no analizó las fotografías “(…) como un hecho claro y evidente que
constata la convivencia y relación de la pareja (…) en diferentes épocas por más de 30
años”.

60. Asimismo, explicó que la autoridad judicial incurrió en violación directa de la
Constitución, al desconocer que la compañera permanente tiene derecho a
reclamar la sustitución pensional, pues cuenta con las mismas garantías que
corresponden a la cónyuge supérstite, de conformidad con lo establecido en la
sentencia del 25 de julio de 2013 a través de la cual el Consejo de Estado, al
analizar un caso de convivencia simultánea explicó que “(…) es procedente ordenar
el reconocimiento prestacional en porcentajes iguales [entre la cónyuge y la compañera
permanente], atendiendo a criterios de justicia e igualdad material. Así́ las cosas, habida
cuenta de que la finalidad de la sustitución pensional es la protección de la familia,
aplicando criterios de igualdad y justicia”.

61. En ese orden, afirmó que en el proceso contencioso se desconoció la nueva
línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en virtud de la cual “para ser
beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en condición de cónyuge, compañero o
compañera permanente supérstite del afiliado que fallece, no es exigible ningún tiempo
mínimo de convivencia, toda vez que, con la simple acreditación de la calidad exigida,
cónyuge o compañero (a), y la conformación del núcleo familiar, con vocación de
permanencia, vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto
previsto en el literal a) de la norma”.

62. En ese contexto, esta Sala de Decisión anticipa que negará el amparo, al no
observar que la sentencia objeto de censura adolezca de los defectos alegados,
de acuerdo con los argumentos que a continuación se exponen.

2.7.1. Defecto fáctico

63. Para resolver el primer cargo, es menester revisar los fundamentos
expuestos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia del 2
de mayo de 2022, a partir de los cuales concluyó que el material probatorio
aportado era insuficiente para demostrar la convivencia efectiva del causante y la
señora Delgado Salazar, durante 5 años anteriores a la muerte del señor Abdón
Rafael Vinueza Perugache.

64. Al abordar el fondo del asunto, el operador jurídico hizo referencia, entre
otras, a: i) la Resolución N.º 1201 de 1979 que ordenó el reconocimiento y pago
de la asignación de retiro del señor Vinueza Perugache, ii) al registro civil de
defunción; iii) al registro civil de matrimonio del señor Abdón Rafael Vinueza y la
señora Elvia Angélica Paredes; iv) a las declaraciones extrajuicio que daban
cuenta de la convivencia entre los esposos; v) la Resolución N.º 0083 de 2015 que
ordenó el pago de la sustitución de la asignación de retiro a favor de la cónyuge;
vi) las declaraciones extrajuicio rendidas por Martha Cecilia Ramírez Correa y el

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

señor Walter Álvarez Riascos que daban fe sobre la convivencia entre el señor
Vinueza Perugache con la señora Delgado Salazar -que se aportaron en la etapa
de alegatos de conclusión-; vii) el registro civil de nacimiento de Diana Lorena
Vinueza Delgado; viii) de las Resolucones N.º 2425 de 2016 y 4093 de 2016, que
negaron la solicitud de reconocimiento de la sustitución a favor de la tutelante; ix)
los testimonios que daban cuenta de la convivencia del causante con la cónyuge,
así como aquellos que respaldaban la convivencia con la compañera permanente
y de la dependencia económica de esta última.

65. A partir de la valoración de las pruebas descritas, la autoridad judicial
accionada concluyó que en el asunto objeto de discusión no era procedente el
reconocimiento de la prestación reclamada por la señora Ruth Mariela Delgado
Salazar en su condición de compañera permanente, toda vez que no probó la
convivencia con el señor Vinueza Perugache durante al menos cinco (5) años, así
como la dependencia económica, toda vez que:

“(…) no obra prueba en concreto que demuestre que efectivamente entre la
señora Ruth Mariela Delgado y el señor Abdón Rafael Vinueza, existió una
convivencia en los últimos cinco (5) años anteriores al fallecimiento de éste,
como quiera que de los testimonio (sic) existió contradicción ya que en las
declaraciones extrajuicio la señora Martha Cecilia Ramírez Correa y el señor
Walter Álvarez Riascos, mencionan conocerlos desde hace 10 años, pero en
el testimonio dicen que alquilaron un apartamento o inmueble de su propiedad
durante 3 años aproximadamente sin especificar la fecha exacta.

Manifiesta la señora Martha Cecilia Ramírez que la demandante la enteró por
teléfono del fallecimiento del señor Rafael Vinueza y que desconocía que el
señor sufriera de algún padecimiento, por lo que surge como interrogante
¿cómo no iba a saber del estado de enfermedad de su arrendatario, si se
estableció que el señor Abdón Rafael Vinueza vivía con la señora Ruth y su
hija Diana cuando el señor Walter Álvarez Riascos, aclaró que realmente el
señor Vinueza solo las visitaba constantemente, teniendo en cuenta que señor
Walter y la señora Martha son esposos y propietarios el (sic) apartamento
arrendado?

Lo anterior permite concluir a la Sala, que la juez de primera instancia
efectivamente realizó una valoración probatoria conforme a la realidad
bañándose en lo que realmente se demostró en el proceso y no con base a
conjeturas o en case a oídas para establecer el tiempo exacto de convivencia
entre la señora Ruth Mariela Delgado y el causante señor Abdón Rafael
Vinueza (q.e.p.d.), tiempo éste que es fundamental para el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004,
anteriormente transcrito y que el hecho de que el padre de la señora Diana
Lorena Vinueza Delgado, hubiera asumido el canon de arrendamiento del
inmueble donde residía junto con su pareja, señora madre aquí demandante y
su nieta, no demuestra la convivencia efectiva que establece dicha
normatividad”.

66. Así pues, contrario a lo señalado por la parte actora, esta Sala de Decisión
considera que el análisis fáctico y normativo que desplegó el operador jurídico
censurado se ajusta a derecho, dado que de los elementos de convicción
recaudados sólo se podía inferir: i) que el señor Vinueza Perugache mantuvo una
relación marital con la señora Delgado Salazar y que de dicho vínculo nació su hija

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

Diana Lorena Vinueza Delgado y; ii) que el difunto compañero firmó como
arrendatario el contrato de arrendamiento del apartamento de propiedad del señor
Walter Álvarez en donde vivían la demandante, junto con su hija, la pareja de esta
última y la nieta del causante, quienes eran frecuentemente visitadas por el señor
Abdón Rafael.

67. En ese orden de ideas, es evidente que los elementos de convicción
recaudados demostraban que sí hubo una relación, sin embargo no demuestran la
convivencia efectiva durante los últimos 5 años de vida del causante, que es
precisamente el presupuesto habilitante que no permitió que se accediera a la
pretensión de la sustitución pensional.

68. Frente al punto, vale la pena aclarar que el mecanismo de amparo no es un
instrumento que permita subsanar las falencias probatorias y argumentativas
desplegadas en el proceso ordinario, ni revivir términos para favorecer el resultado
del proceso.

69. Sin perjuicio de lo anterior, también resulta importante precisar que aun
cuando en la sentencia no se haga mención específica de todos los elementos de
convicción que componen el expediente en el análisis del caso concreto, como
sucedió en este caso con las fotografías a las que hizo referencia la señora
Delgado Salazar, ello no implica que el juez de instancia no los haya analizado y
que, a partir de ello se pueda evidenciar un defecto fáctico pues, de hecho, el juez
natural tiene la potestad de señalar las pruebas que considera necesarias,
pertinentes y conducentes para resolver el problema jurídico planteado y de esa
manera acreditar la posición jurídica que está adoptando, tal como ocurrió en este
asunto.

70. En síntesis, de las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, así como los
fundamentos expuestos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para
orientar el sentido de su providencia, esta Sala de Decisión no observa que la
sentencia objeto de censura adoleciera del defecto fáctico alegado por la parte
actora puesto que la misma obedece a la apreciación razonable de las pruebas
aportadas al expediente, de cara a la acreditación de la convivencia efectiva entre
el causante y la compañera permanente en los 5 años anteriores a la muerte.

71. En consecuencia, el hecho de que la decisión objeto de reproche no fuera
favorable a las pretensiones de la parte accionante no implica per se que el
operador jurídico demandado vulnerara sus derechos fundamentales puesto que,
se insiste, la sentencia del 2 de mayo de 2022 se profirió con fundamento en una
adecuada valoración de los elementos de convicción efectivamente recaudados
los cuales, en criterio del juez natural de la causa, no fueron suficientes para
demostrar el presupuesto indispensable y necesario para conceder la sustitución
de la pensión a la compañera permanente ya que los testimonios que se aportaron

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

dentro de la oportunidad y que pretendían demostrar la convivencia entre la
señora Delgado Salazar y el señor Vinueza Perugache fueron contradictorios.

72. Finalmente, conviene precisar que como las declaraciones extrajuicio
rendidas por las señoras Ruth Mariela Delgado Salazar, Elsi Stella Ortega López y
Ruth Marlene Pulistar Suárez se allegaron por fuera de la etapa que tenían las
partes para anexar y solicitar pruebas, el juez natural no estaba en la obligación de
valorarlas, pues ello se concretó en los alegatos de conclusión, que es un periodo
previsto para exponer los argumentos finales y culminantes, basados en los
elementos de convicción debidamente incorporados al proceso.

2.7.2. Violación directa de la Constitución

73. Es cierto que el objetivo de la pensión de sobrevivientes es brindar
estabilidad económica al círculo cercano, a partir del reconocimiento de una
prestación derivada de la relación o vínculo afectivo, personal y de apoyo que
construyeron y mantuvieron con el causante.

74. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que, “(…) estas prestaciones
pretenden suplir el apoyo económico que el pensionado o afiliado fallecidos brindaban a
su grupo familiar y, de este modo, evitar que la muerte del causante repercuta en el
desamparo, la desprotección o la afectación de la subsistencia mínima de sus
beneficiarios. Es necesario recalcar, entonces, que el propósito de la pensión de
sobrevivientes, que es la protección del grupo familiar del causante, es predicable de los
pensionados y afiliados, sin distinción10”.

75. Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado reconoce que “la
muerte constituye una contingencia del sistema de seguridad social, pues al desaparecer
de forma definitiva la persona que atendía el sostenimiento del grupo familiar, se corre el
riesgo de que sus integrantes queden desamparados y en peligro para poder subsistir.
Por ello, se concibió la pensión de sobrevivientes con el fin de evitar un cambio sustancial
en las condiciones mínimas de vida de los beneficiarios de esta prestación11”.

76. En relación con los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, el artículo
47 de la Ley 797 de 2003, establece que, cuando la pensión de sobrevivientes se
cause por la muerte del causante, podrán acceder a ello el o la cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite siempre y cuando acrediten que
“estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”.

77. Nótese que el requisito de cinco años de convivencia real y efectiva debe ser
acreditado por el cónyuge o por el compañero o compañera permanente
supérstite, situación que evidencia el espíritu y objetivo de la norma, que, en

10
Corte Constitucional, sentencia SU-149 del 21.5.2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 17.7.2020, rad. 11001-33-
35-013-2014-00154-01 (4367-17), M.P. Carmelo Perdomo Cueter.

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

palabras de la Corte Constitucional es “(…) evitar las convivencias de última hora con
quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes12”.

78. Ahora, tal como la actora lo indicó en el escrito de tutela, las altas
corporaciones reconocen que existen casos en los que el sufrimiento de la
ausencia del ser querido no es soportado por uno, sino por dos personas cuando
por ejemplo el causante mantuvo una convivencia concurrente, caso en el cual
también debe prevalecer el sentido de la norma que, se reitera, es la protección de
quien padece el dolor por la muerte de su familiar.

79. Ante esa situación, también es necesario que los interesados en acceder al
reconocimiento de la sustitución de la pensión del finado acrediten la convivencia
real y efectiva, y en el caso en que ambas personas demuestren tal presupuesto,
se les tendrá que reconocer a cada una un porcentaje de la prestación.

80. A partir de ello, es evidente que el objetivo fundamental que se persigue es la
protección de la familia por lo que, para acceder a tal beneficio, los integrantes o
miembros de ese grupo tendrán que acreditar el vínculo actual de auxilio mutuo,
permanente y espiritual que surgen de una vida en común. Por tal motivo, la
exigencia de la convivencia mínima como requisito habilitante no puede
entenderse como un obstáculo, sino como una garantía de justicia y legitimidad de
quienes demuestren tal compromiso con el beneficiario de la prestación.

81. En ese orden de ideas, esta Sección de la Corporación no encuentra que el
razonamiento del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fuera caprichoso o
se apartara de lo ordenado por la norma e interpretado por las altas cortes,
teniendo en cuenta que la razón que lo llevó a negar el reconocimiento de la
prestación no fue darle prevalencia al vínculo matrimonial sobre el de la
compañera permanente, sino la ausencia de la convivencia real y efectiva durante,
por lo menos, los 5 años anteriores a la muerte del causante.

82. En efecto, se observa que el operador jurídico precisó que en el asunto
objeto de estudio la señora Ruth Mariela Delgado Salazar sí demostró que entre
ella y el señor Abdón Rafael Vinueza existió una unión marital de la que surgió el
nacimiento de su hija Diana Lorena Vinueza Delgado, no obstante, el hecho de
que la tutelante no acreditara la convivencia con la pareja durante los últimos 5
años de vida del causante, como requisito habilitante para acceder a la sustitución
pensional reclamada, no permitía que la decisión fuera otra que la de negar las
pretensiones de la demanda.

83. Ello, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional declaró exequible el
presupuesto de los 5 años de convivencia previos a la muerte del causante para
poder acceder a la sustitución de la pensión a través de la sentencia C-1094 de
2003, providencia que tiene efecto de cosa juzgada constitucional al tenor de lo
dispuesto en el artículo 243 superior, razón por la cual es de obligatorio

12
Corte Constitucional, sentencia SU-149 del 21.5.2021, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

cumplimiento y aplicabilidad para todo operador jurídico, incluyendo los tribunales
administrativos.

84. Finalmente, resulta pertinente precisar que el precedente fijado por la Corte
Suprema de Justicia13 no es vinculante u obligatorio para las autoridades judiciales
que componen la jurisdicción contencioso-administrativa, como es el caso del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por no ser proferido por el órgano de
cierre en la materia o la Corte Constitucional como guardiana directa de la Carta
Política.

85. Así las cosas, para esta Sala de Decisión es evidente que la señora Delgado
Salazar no logró acreditar que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
hubiese incurrido en violación directa de la Constitución al proferir la sentencia del
2 de mayo de 2022 en la que resolvió confirmar la negativa dispuesta en primera
instancia por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali, toda
vez que dicha providencia tuvo como sustento la normativa y jurisprudencia
aplicable al caso, en concordancia con los elementos fácticos que se aportaron al
plenario.

2.8. Conclusión

86. En síntesis, de las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, así como los
fundamentos expuestos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para
orientar el sentido de su providencia, esta Sala no observa que la decisión objeto
de censura adoleciera del defecto de violación directa de la Constitución alegado
por la parte actora puesto que la misma obedece a la adecuada aplicación de los
criterios jurisprudenciales vigentes.

87. En consecuencia, el hecho de que la decisión objeto de reproche no fuera
favorable a las pretensiones de la parte accionante no implica per se que el
operador jurídico demandado vulnerara los derechos fundamentales de la señora
Ruth Mariela Delgado Salazar, con el proferimiento de la sentencia del 2 de mayo
de 2022.

3. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

13
Resulta pertinente destacar que la tesis de la Corte Suprema de Justicia a la que hizo referencia
la accionante fue dejada sin efectos por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional en la
sentencia SU-149 de 2021, al no cumplir con la carga de transparencia que impone acreditar con
suficiencia de carga argumentativa las razones para apartarse de la jurisprudencia vigente en la
materia, sobre la necesidad de que el cónyuge o compañera o compañero permanente demuestren
la convivencia por un mínimo de cinco años con el afiliado causante para acceder a la pensión de
sobrevivientes con carácter vitalicio (SU-428 de 2016).

19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ruth Mariela Delgado Salazar
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03833-00

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del mecanismo respecto del
defecto fáctico planteado, en punto de los testimonios de la tutelante y de su hija,
por no superar el presupuesto adjetivo de subsidiariedad.

SEGUNDO: NEGAR en lo demás el amparo de los derechos fundamentales de la
señora Ruth Mariela Delgado Salazar.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en
la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.