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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03835-01

Fecha
20 de octubre de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03835-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia de 11 de agosto de 2022, por medio de la cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de tutela, pero por no cumplir con el presupuesto de la subsidiariedad, por lo analizado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03835-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

20 de octubre de 2022

Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-03835-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03835-01
Demandante: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Confirma, pero
por no cumplir con el presupuesto de la subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 11 de agosto de 2022, por medio de la cual la Sección Primera
del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de tutela, por no
cumplir con el presupuesto de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 12 de julio de 2022, la Nación, Rama Judicial,
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial ejerció acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Santander y el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa, de contradicción y de seguridad jurídica.

Para la parte actora sus garantías constitucionales se vulneraron con ocasión
de las sentencias del 4 de agosto y 13 de diciembre de 2021, proferidas dentro
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-03835-01

del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número 68001-33-33-011-2020-00189-01, el cual promovió el señor Jorge
Andrés Otero Sandoval en contra de la Nación, Rama Judicial, Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

En consecuencia, la parte demandante pretende:

«…1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa,
a la seguridad jurídica, contradicción, legalidad y sostenibilidad fiscal, en cuanto
a los fines esenciales del Estado, vulnerados por el Juzgado 011 Administrativo
Oral del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander en
sentencias de primera y segunda instancia proferidas en fechas agosto 04 de
2021 y diciembre 13 de 2021, respectivamente, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho bajo radicado No. 680013333011-2020-00189-00,
al inaplicar en su totalidad el Acuerdo No. PSAA15-10402 del 29 de octubre de
2015 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura aduciendo la
‘inconstitucionalidad’, desconociendo los requisitos fijados por la jurisprudencia
constitucional para dicha figura excepcionalísima, no motivando la decisión más
allá de la cita de fallos que no constituyen precedente al referirse a puntos que
no se encuentran directamente relacionados, teniendo en cuenta que la decisión
se funda en mera suposición probatoria, supuesta inconstitucionalidad que al no
surgir de una directa comparación entre la norma y la carta política, no
correspondía pronunciarse dentro del medio de control incoado que no incluía el
Acuerdo dentro de los actos demandados, desconociendo las competencias del
Consejo Superior de la Judicatura.

2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto las sentencias de
primera y segunda instancia proferidas en fechas agosto 04 de 2021 y diciembre
13 de 2021, en la respectiva instancia, dentro del proceso 680013333011–2020–
00489-00, y se ordene, por consiguiente, emitir un nuevo pronunciamiento que
se ajuste a la normatividad constitucional, legal estatutaria y reglamentaria
vigente, efectuando la debida valoración del cumplimiento de los presupuestos
para el uso de figuras jurídicas tales como la excepción de inconstitucionalidad

…»

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Sostuvo que el señor Jorge Andrés Otero Sandoval presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, identificada con el radicado 68001-33-33-
011-2020-00189-01, con el fin de que:

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Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-03835-01

a) Se inaplicara por inconstitucional e ilegal el grado 23 asignado al cargo de
abogado asesor en el Acuerdo PSAAA15-10402 de 29 de octubre de 2015,
expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
mediante el cual se creó con carácter permanente el referido cargo en el
Despacho 01 del Tribunal Administrativo de Santander;

ii) Se declarara la nulidad de la Resolución DESAJBUR19-4469 de 28 de
febrero de 2019, por medio de la cual la entidad demandada le negó el reajuste
del salario y las demás prestaciones; y

iii) Se declarara la nulidad del acto ficto derivado de la omisión de resolver el
recurso de apelación que interpuso el 8 de abril de 2019.

Indicó que, como consecuencia de lo anterior, el señor Jorge Andrés Otero
Sandoval solicitó se ordenara reconocer y pagar la diferencia salarial y
prestacional dejada de devengar, durante los períodos en que laboró como
abogado asesor del Despacho 01 del Tribunal Administrativo de Santander.

Señaló que el fundamento de la aludida demanda consistió en que el cargo de
abogador asesor1 se creó de manera innominada, por lo que, consideró que el
Consejo Superior de la Judicatura se extralimitó al denominarlo con el grado 23
a través de sus acuerdos, puesto que, tal grado conlleva un efecto salarial que
le corresponde fijar al Gobierno Nacional y que, con tal indicación se aplicó una
remuneración distinta e inferior en la escala salarial que corresponde.

Precisó que la entidad aquí accionante, al contestar la demanda ordinaria,
expuso las siguientes razones de defensa:

«DE LA FACULTAD DE CREACIÓN DEL CARGO QUE RADICA EN
CABEZA DEL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA”,
“CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL (ART. 180 # 6 CPACA)”, “LOS
ACUERDOS DE CREACIÓN DEL CARGO FUERON EXPEDIDOS EN
CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES PROPIAS DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA.”, “LOS CARGOS DE ABOGADO
ASESOR GRADO 23 FUERON CREADOS DENTRO DEL MARCO DE LA
AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y CONFORME A LAS NECESIDADES
DE LA ESPECIALIDAD.”, LA DIRECCIÓN EJECUTIVA ACTUÓ
CONFORME SUS FUNCIONES”, “DE LA EXISTENCIA DE
ANTECEDENTES JUDICIALES APLICABLES AL CASO CONCRETO” y,
“SOBRE LA NO VIOLACIÓN DE LA LEY POR EL ACTO
ADMINISTRATIVO ACUSADO.» (sic para la cita)2

1
Contemplado en el artículo 4° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194
de 2014, así como en los Decretos 1257 de 2015, 245 de 2016.
2
Mayúscula sostenida en el escrito de demanda.

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3

Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-03835-01

Mencionó que el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga, mediante sentencia de 4 de agosto de 2021, resolvió lo
siguiente:

a) Inaplicó por inconstitucionalidad el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre
de 2015, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, «Por el cual se
crean con carácter permanente; trasladan y transforman unos despachos
judiciales y cargos en todo el territorio nacional», para efecto de entender que el
cargo creado para el Tribunal Administrativo de Santander fue el de abogado
asesor innominado.

b) Declaró la nulidad de la Resolución DESAJBUR19-4469, «Por medio de la
cual se resuelve un Derecho de Petición», expedida por el director ejecutivo
seccional de la Administración Judicial de Bucaramanga, y el acto ficto
administrativo negativo, configurado el 9 de junio de 2019, mediante el cual se
resolvió el recurso de apelación en su contra y confirmó la decisión.

c) Ordenó a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial lo siguiente:

«…

(i) Reconocer, liquidar y pagar al accionante JORGE ANDRÉS OTERO
SANDOVAL, identificado con la c. c. No. 13.744.400, las diferencias
salariales y prestacionales existentes entre el cargo de ABOGADO
ASESOR DE TRIBUNAL JUDICIAL y el de ABOGADO ASESOR GRADO
23 conforme a los Decretos 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016,
1013 de 2017, 337 de 2018, 991 de 2019, 299 de 2020 y los demás que
sean expedidos por el Gobierno Nacional, por los siguientes períodos:

• Del 11 de enero al 13 de diciembre de 2016.
• Del 15 de diciembre de 2016 al 26 de junio de 2017.
• Del 30 de agosto al 10 de diciembre de 2018.
• Del 12 de diciembre de 2018 al 9 de diciembre de 2020.
• Del 11 de diciembre de 2020 hasta el 25 de febrero de 2021, fecha en
que se expidió la constancia.

(ii) Los salarios y prestaciones que a futuro se causen a favor del
accionante JORGE ANDRÉS OTERO SANDOVAL, identificado con la c. c.
No. 13.744.400, en el cargo de abogado asesor del Despacho No. 01 del
Tribunal Administrativo de Santander, se reconocerán de acuerdo con los
Decretos que para el efecto expida el Gobierno Nacional para el cargo de
ABOGADO ASESOR DE TRIBUNAL.

CUARTO. La suma reconocida será indexada en la forma dispuesta en la
parte motiva.»
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d) Declaró la prescripción de derechos laborales desde el 10 de enero de 2016
y con anterioridad y no condenó en costas.

Agregó que presentó recurso de apelación en contra de la decisión anterior, el
cual resolvió el Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 13
de diciembre de 2021, con el que confirmó la sentencia apelada, bajo los
siguientes fundamentos3:

«…

Como se indicó en el marco normativo y jurisprudencia expuesto en precedencia,
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no tiene
competencia para fijar un grado al cargo de Abogado Asesor, pues la
denominación y remuneración del cargo de Abogado Asesor ya se encuentra
establecida en el Decreto que para el efecto expida al Gobierno Nacional,
mientras que la facultad para asignar grados a los cargos, se predica de aquellos
que no se encuentren ubicados dentro de la denominación establecida, siendo
esta la razón de la creación de la tabla de escala salarial por grado que se
encuentra en el artículo 6 del Decreto 194 de 2014, que se erige como una
remuneración residual para los cargos que no se encuentran en los artículos
anteriores.

Debe tenerse en cuenta que si el Acuerdo No PSAA 15 – 10402 del 29 de
octubre de 2015 no hubiese incluido el ‘grado 23’ al cargo de Abogado Asesor
indefectiblemente la remuneración para el cargo creado en forma permanente en
Tribunales Superiores y Administrativos del país hubiese sido la prevista en el
artículo 4 del Decreto 1013 de 2017 - para el caso del demandante -, pues en
dicha norma se establece la escala salarial y remuneración mensual para el
mencionado cargo, y es pertinente agregar, que la fijación del Gobierno Nacional
en cuanto a la remuneración del cargo de Abogado Asesor impide que la entidad
demandada acuda a la remuneración prevista para el grado 23, pues como se
indicó anteriormente, esta escala por grados tiene el carácter de residual o
supletoria.

La posición de la entidad demandada en cuanto defiende la asignación de la
expresión ‘grado 23’ al cargo de Abogado Asesor cuya remuneración se
encuentra establecida en un Decreto expedido por el Presidente de la República,
implica aceptar que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
se encuentra facultada para asignar grados en forma discrecional, creando así
escalas salariales con actuaciones por fuera de su competencia, y desconocer la
competencia y facultad asignada al Ejecutivo como autoridad competente.»

Añadió que, en dicho pronunciamiento se estableció lo siguiente:

3
También declaró fundado el impedimento manifestado por el magistrado Iván Fernando Prada
Macías.

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a) El artículo 88 del Acuerdo PSAA 15 – 10402 del 29 de octubre de 2015 va en
contra del artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política, así como
de la Ley 4ª de 1992, que faculta al Gobierno Nacional para fijar el régimen
salarial y prestacional de los servidores públicos de la Rama Judicial, como lo
hizo el Ejecutivo a través de los decretos mencionados en el acápite de hechos
probados.

b) El hecho que el demandante haya sido designado por el nominador en el
cargo de Abogado Asesor Grado 23, y que en forma voluntaria y consciente se
haya posesionado en el mismo, no cercena la posibilidad con que cuenta para
solicitar ante la misma administración o ante los estrados judiciales – si a eso
hay lugar -, la definición de una situación que requiere un análisis normativo y
probatorio como ocurrió en este caso, además, para el momento de su
nombramiento el nominador debía acudir a las disposiciones del Acuerdo PSAA
15 – 10402 del 29 de octubre de 2015, que creó el cargo de abogado asesor
grado 23.

c) En relación con la caducidad alegada, indicó que los actos administrativos
enjuiciados son la Resolución DESAJBUR19-4469 del 28 de febrero de 2019,
en la que se niega el reajuste del salario y de las demás prestaciones, junto con
el acto ficto, en relación con la omisión de resolver el recurso de apelación
interpuesto el 8 de abril de 2019. Agregó que, de conformidad con el literal H
del numeral 1° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, la demanda se puede
interponer en cualquier tiempo cuando se dirijan contra actos producto del
silencio administrativo, subsumiéndose los actos demandados en esta
hipótesis. Así mismo, respecto del Acuerdo PSAAA15-10402 del 29 de octubre
de 2015, no se solicita su nulidad, sino, su inaplicación, por lo que no está
sujeto a ningún término de caducidad.

3. Sustento de la petición

La parte actora adujo que, cumple con los presupuestos generales de
procedencia y, que, si bien se reconoce el rol de juez constitucional en los
diversos procesos que conoce, es importante determinar los límites y controles
a la figura de la excepción por inconstitucionalidad para que no concluya en una
afectación de los derechos fundamentales sustanciales al debido proceso, la
defensa jurídica y el principio de seguridad jurídica. Por lo que, en relación con
el presupuesto de la relevancia constitucional, señaló lo siguiente:

«Es así que se torna relevante el presente asunto, en cuanto versa sobre el
correcto uso de una figura de origen constitucional y sus limitaciones para que su
aplicación no vulnere otros derechos también del mismo origen, sin dejar de lado
la consecuente transgresión al principio de legalidad y al de sostenibilidad fiscal,
como herramientas para la consecución de los fines esenciales del Estado.»

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Señaló que la providencia censurada de segunda instancia fue notificada
personalmente por correo electrónico el 15 de diciembre de esa anualidad y con
constancia de haber quedado ejecutoriada el 12 de enero de 2022, razón por la
cual la tutela se presenta dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de
ejecutoria de la sentencia de cierre del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho aducido, término razonable conforme los
parámetros establecido.

Sostuvo que la providencia demandada incurrió en «[d]efecto material o
sustantivo, defecto fáctico o probatorio, y, violación directa de la Constitución»,
por los siguientes motivos:

3.1. Defecto sustantivo e «indebida aplicación del precedente»:

Indicó que el Tribunal demandado al no solo inaplicar el artículo 88 del Acuerdo
PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 del Consejo Superior de la
Judicatura, sino la totalidad de dicho acto, vulneró abiertamente los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, contradicción y seguridad
jurídica, así como a la sostenibilidad presupuestal de la Nación, Rama Judicial.

Hizo referencia a la sentencia T-424 de 2018 en la que la Corte Constitucional
definió la excepción de inconstitucionalidad4 y recapituló los presupuestos5 para
su procedencia. Citó también la sentencia del 24 de septiembre de 2020 del
Consejo de Estado en la que se abordó el asunto6.

4
Como «una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos,
en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente
como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en
que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una caso concreto y las
normas constitucionales…»
5
«(i) La norma es contraria a las (sic) cánones superiores y no se ha producido un
pronunciamiento sobre su constitucionalidad (…);
(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto
de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por
parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o
nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,
(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la
norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento
iusfundamental. En otras palabras, puede ocurrir también que se esté en presencia de una
norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un
caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales.
…»
6
«Así las cosas, el antagonismo entre los dos extremos de la proposición ha de ser tan
ostensible que salte a la vista del intérprete, haciendo superflua cualquier elaboración jurídica
que busque establecer o demostrar que existe' (...). (Subraya y negrilla fuera del texto)
Y es que, al dar paso a la excepción de inconstitucionalidad se sacrifica el principio
constitucional consagrado en el artículo 230 que indica que los jueces, en sus providencias,
sólo están sometidos al imperio de la ley. Además, esa ley se presume constitucional y es
obligatoria para todos los habitantes del País. Por ello, se requiere que se dé la condición de ser
un quebrantamiento evidente, grave y ostensible”…

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Sostuvo que, en el caso concreto no se cumple con los requisitos establecidos
en el mencionado pronunciamiento, por lo que, se evidencia la legalidad de la
actuación anulada, al amparo de la regulación imperante, esto es, el Acuerdo
PSAA15-10402 de 2015 y que, además no existe tal vicio de
inconstitucionalidad palmario, en tanto que, ello no se demostró.

Manifestó que, la inaplicación por inconstitucionalidad es una figura de
aplicación excepcional ante una incompatibilidad evidente, palmaria, manifiesta,
existente entre una norma y la Constitución.

Agregó que, en la decisión que se discute tal situación no se plasma como
evidente la incompatibilidad alegada y que obliga al operador jurídico a
apartarse del cumplimiento del mencionado acuerdo, basándose únicamente en
suposiciones probatorias, tales como una supuesta desmejora de las
condiciones del servidor que funge como actor, que no ha ostentado el cargo de
abogado asesor, como se afirma falsamente en las providencias de primera y
segunda instancia.

Indicó que, la decisión acusada va en contra de lo previsto en referido acuerdo
que es el acto administrativo creador del cargo y en contra de lo previsto en las
decisiones administrativas de carácter particular y concreto, por medio de los
cuales se nombró al actor y este tomó posesión como abogado asesor grado
23, todos estos, actos administrativos se encuentran en firme y se pasaron por
alto en las sentencias que se alegan como contentivas de los alegados
defectos.

Señaló que, en la sentencia de primer grado, el Juzgado Once Administrativo
Oral de Bucaramanga consideró que debía inaplicarse el Acuerdo PSAA15-
10402 de 2015, respecto a la creación del cargo de abogado asesor grado 23
para efectos de entender -contrariando los actos administrativos de creación del
cargo, de nombramiento y posesión del señor Jorge Andrés Otero Sandoval
que se encontraban en firme y vigentes-, que el cargo creado para el Tribunal
Administrativo de Santander fue el de abogado asesor grado 23, cuando los
acuerdos vigentes y aún los actos de nombramiento y posesión de carácter
particular y concreto están en firme y revisten fuerza ejecutoria respecto de
todas las autoridades del país.

Precisó que, en el proceso contencioso ordinario quedó probado que el
demandante fue nombrado en el cargo de abogado asesor grado 23 y no en el

De acuerdo con lo anterior, para que proceda la declaratoria de la excepción de
inconstitucionalidad es necesario que exista una incompatibilidad manifiesta, palmaria y
flagrante entre una norma constitucional y una norma legal, que impida su aplicación en una
situación específica.’…»

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cargo de abogado asesor. Así pues, quedó demostrado que la remuneración de
la parte demandante corresponde a la primera de las enunciadas, como en
efecto está acreditado en la documental que fue allegada con la demanda y la
contestación de demanda, donde obra prueba del nombramiento de carácter
legal y reglamentario del señor Jorge Andrés Otero Sandoval.

Manifestó que, lo anterior, impide que se reconozca otro régimen salarial o
prestacional al señor Otero Sandoval, más aún cuando esto comporta una
contravención a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Ello, con
fundamento en las normas legales y en los actos administrativos en firme que
disponen su asignación salarial, razón por la que, le fue negado el pago
reclamado, so pena de incurrir en prevaricato y en responsabilidad fiscal y
disciplinaria de conformidad con lo previsto en el artículo 413 del CPP y 71 del
Estatuto Orgánico del Presupuesto, pues lo solicitado es contrario al
ordenamiento jurídico y además es ilegal, en tanto que, lo reclamado es para
modificar su régimen salarial, fijado en normas y reglamentos aún vigentes.

Advirtió que el sustento errado utilizado por los juzgadores de instancia para
inaplicar por inconstitucionalidad la expresión grado 23 del cargo de abogado
asesor consistió en que el Consejo Superior de la Judicatura no puede
determinar grados de sus cargos conforme los requisitos de educación y
experiencia que exija, así como responsabilidades del cargo, lo que no es
cierto, pues ello deviene de la misma constitución, y por otra parte, señala que
la remuneración debe ser la fijada para un cargo que aparece en un decreto del
gobierno, que solo puede fijar el régimen salarial y prestacional de los
servidores y empleados de la Rama Judicial, pero que no puede crear cargos.

Resaltó que en los artículos 256 y 257 constitucionales se otorga al Consejo
Superior de la Judicatura la facultad de crear cargos en la Rama Judicial,
potestad que ejerce conforme las necesidades del servicio. De manera que, la
voluntad del Constituyente de 1991 al crear el Consejo Superior de la
Judicatura fue la de introducir en nuestro ordenamiento jurídico una institución
que, de manera autónoma, pudiera ordenar, administrar y reglamentar los
recursos humanos y físicos necesarios para obtener una justicia oportuna y
eficaz, mediante acuerdos, sin tener que acudir en todos y para todos los
efectos al Congreso de la República, a través de proyectos de ley.

Refirió que la Constitución otorga al Consejo Superior de la Judicatura la
facultad de crear cargos en la Rama Judicial, potestad que ejerce conforme las
necesidades del servicio. Agregó que, cada uno de los cargos que se crean
deben obedecer a un nivel ocupacional, a unos requisitos de formación y
experiencia, a una determinación de funciones y un nivel de responsabilidad, lo
que determina la denominación del cargo y un grado. Es así que nada impide
que haya una denominación de profesional universitario con distintos grados y
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lo mismo sucede con la denominación de abogado asesor.

Adujo que, si bien la denominación y grado determina la remuneración de un
empleo, esto no quiere decir que se esté fijando un régimen salarial y
prestacional a ese empleo, el cual corresponde al Gobierno, que puede
disponer en sus decretos anuales incrementos, adicionar factores salariales u
otros emolumentos, entre otros; lo que constituye el real ejercicio de esta
facultad, recordando que el Gobierno no puede fijar grados o crear empleos en
la Rama Judicial, y que el hecho que un decreto contemple expresamente una
sola denominación para el cargo con un grado nominado, no quiere decir que
no puedan existir otras que se rigen por la regulación residual.

Agregó que, la decisión de primera instancia da como un hecho que las
funciones y requisitos del empleo Abogado Asesor y Abogado Asesor grado 23
son iguales, cuando no se probó y ni siquiera hay referencias a que el cargo de
abogado asesor nominado exista en la Rama Judicial, da por hecho que el
Consejo Superior no podía darle un grado al cargo, dando validez a un decreto
del Gobierno que no tiene facultades para crear cargos o darles grados en la
Rama Judicial, y tercero, error preponderante, considera esto como una
incompatibilidad evidente entre la norma y la constitución, cuando no es así,
inaplicando una norma sin el requisito de que se trate de una incompatibilidad
palmaria con la Carta Magna.

Refirió que, el juzgador de segunda instancia fundó la decisión de inaplicar la
expresión «grado 23» del cargo «abogado asesor», en fallos del Consejo de
Estado que claramente no constituyen precedentes aplicables al caso concreto,
siendo medios de control de nulidad simple, y solo en animo de discusión, si en
verdad fueran precedentes aplicables, solo lo serían si se hubiera demandado
el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, y no, por la vía de la
inaplicación por inconstitucionalidad, pues no hay una incompatibilidad evidente
entre dicha norma y la constitucional.

3.2. Defecto fáctico:

Mencionó que en las instancias se parte de supuestos «sin ningún soporte
probatorio», pues no fue solo dar por hecho que la determinación de un grado
en la creación equivale a fijar un régimen salarial y prestacional, sino que se da
por hecho que los empleos de abogado asesor y abogado asesor grado 23 son
los mismos con los mismos requisitos.

Añadió que tal asunto no estaba probado o contrastado y, tampoco podía
conferirse validez a un decreto salarial del gobierno para determinar que un
cargo solo tiene un grado, sin determinar dónde está la facultad del gobierno
para hacerlo, o si el hecho de dar un grado implicaba la determinación de un
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régimen salarial y prestacional, conllevaría a que la potestad de creación de
cargos que le da la Constitución al Consejo Superior de la Judicatura sea
compartida con el gobierno para que fije los grados de acuerdo a los requisitos.

Reiteró que la providencia de primer grado incurrió en una suposición
probatoria, pues da como probados los hechos expuestos en la demanda por la
parte accionante, sin que realmente exista prueba de los mismos.

3.3. Violación directa de la Constitución:

Señaló que lo anterior implica que no existe una inconstitucionalidad evidente o
palmaria, sino que la misma surge de una interpretación de la parte actora del
proceso ordinario, quien en este caso debió haber hecho uso del medio de
control de nulidad directamente contra el artículo 88 del Acuerdo PSAA15-
10402 del 29 de octubre de 2015 proferido por el Consejo Superior de la
Judicatura.

Refirió que la decisión de primera instancia da como un hecho que las
funciones y requisitos del empleo abogado asesor y abogado asesor grado 23
son iguales, cuando ello no se probó.

4. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 15 de julio de 2022, el a quo admitió la demanda de tutela y,
en consecuencia, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Santander y al juez Once
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga.

Además, dispuso la vinculación como terceros con interés, del señor Jorge
Andrés Otero Sandoval, demandante en el proceso ordinario, objeto de la
acción de tutela.

5. Contestaciones

5.1. Tribunal Administrativo de Santander

Esta autoridad solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela
o en su defecto, que se niegue lo pretendido, al considerar que el Acuerdo 05
de 1993, dice expedirse en desarrollo de las facultades conferidas por el
artículo 11 del Decreto 57 de 1993. Tal disposición consagra: «La incorporación
del personal a los cargos con diferentes grados establecidos en el artículo 3 se
hará con base en los requisitos y condiciones establecidos por el Consejo
Superior de la Judicatura.»

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Advirtió que el precepto transcrito faculta al Consejo Superior de la Judicatura
para establecer requisitos y condiciones para determinados cargos, pero en
modo alguno lo autoriza para fijar o disminuir las escalas de remuneración
fijadas por el Gobierno Nacional, en desarrollo de lo dispuesto por la ley 4ª de
1992. No podía el Consejo Superior de la Judicatura so pretexto de fijar la
nomenclatura de cargos variar la escala salarial.

Consideró que no se incurrió en un defecto fáctico o probatorio, toda vez que, la
sentencia analizó las pruebas obrantes en el expediente, estudio en el que
siempre se sostuvo que, el señor Jorge Andrés Otero Sandoval, se encuentra
vinculado a la Rama Judicial, en el empleo denominado abogado asesor grado
23, y no como lo afirma la entidad accionante en la tutela, al indicar que la
providencia omitió tener en cuenta el empleo al que el demandante en sede
ordinaria se encuentra vinculado.

Señaló que la providencia acusada fue proferida conforme a las normas
reguladoras de su función judicial, advirtiendo los requisitos para la aplicación
de la excepción por inconstitucionalidad, y apoyándose en el material probatorio
obrante en el proceso. Asimismo, conforme al precedente horizontal de dicha
Corporación, en la que, de manera uniforme se ha inaplicado el Acuerdo
PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, respecto de la denominación de
abogado asesor grado 23 (ver entre otras las sentencias la proferidas en los
expedientes 68001333014-2020-00217-01, 6800012333000-2018-01031-00,
68001333001-201800466-01).

Destacó que los argumentos expuestos por la entidad accionante, fueron los
mismos que, a lo largo del proceso ordinario señaló tanto en la oportunidad de
la contestación a la demanda, como, en su recurso de apelación, razón por la
que, los mismos, ya fueron desatados en las dos instancias ordinarias que por
mandato constitucional tienen los procesos judiciales. Por tanto, consideró que
no es factible acudir a un medio tan excepcional como la acción de tutela contra
providencia judicial, para insistir en los argumentos y la posición que se sostuvo
durante el trámite ordinario.

5.2. Jorge Andrés Otero Sandoval

El aludido vinculado solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de
tutela, al considerar que, conforme lo acepta la parte actora, a través del
Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, se creó el cargo de
abogado asesor grado 23 en el Tribunal Administrativo de Santander y otras
Corporaciones del país, facultad que ejerció con desconocimiento de la
competencia que le atribuye la Constitución Política y la Ley, pues si bien el
Consejo Superior de la Judicatura es el ente encargado de crear los cargos
requeridos para la administración de justicia, es al Gobierno Nacional a quien le
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corresponde establecer la denominación de los empleos y su grado, de manera
que, a partir de allí se define la escala salarial que le resulta aplicable.

Adujo que, según se probó en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho que origina esta controversia, el Gobierno Nacional expidió el
Decreto 194 de 2014 que contempla el empleo denominado abogado asesor, al
cual le determinó una precisa remuneración mensual que se ha venido
incrementando año a año, sin determinar un grado específico, de lo que se
sigue que, el Consejo Superior de la Judicatura al crear el cargo de abogado
asesor con grado 23, actuó sin competencia, pues varió la asignación salarial
del empleo que es determinada por el Gobierno Nacional.

Destacó que la parte actora interpuso temerariamente la presente acción de
tutela y, además desconoce las causales de procedibilidad de este mecanismo
de amparo en contra de providencias judiciales, ya que pretende emplear este
medio como una tercera instancia para debatir aspectos sustanciales que
fueron objeto de controversia al interior del medio de control ordinario, luego de
surtir el trámite de dos instancias con el pleno respeto de las garantías
procesales establecidas en el ordenamiento jurídico.

6. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 11 de agosto de 2022, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente la solicitud de tutela por no cumplir con el
presupuesto de la relevancia constitucional, por los siguientes motivos:

Sostuvo que el asunto no se encontraba comprendido dentro de aquellos que la
jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional, toda vez que, tanto en la solicitud de la acción de tutela, como en
el respectivo recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga, el 4 de agosto de 2021, la parte actora reiteró los argumentos
jurídicos, utilizando el amparo como una tercera instancia.

Advirtió que la parte demandante planteó una afectación de sus derechos
fundamentales que tiene su origen, en últimas, en un debate estrictamente
normativo, el cual ya fue expuesto dentro del proceso del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la
causa. Para tal efecto, realizó un cuadro comparativo.

Consideró que no se acreditó el presupuesto de la relevancia constitucional
pues la parte actora reiteró los argumentos en el recurso de apelación
presentado contra la sentencia de primera instancia; de manera que, utilizaba el
amparo como una tercera instancia.
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Destacó que dichos argumentos jurídicos se tuvieron en cuenta en la respectiva
providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, el 13 de
diciembre de 2021, por lo que, la acción de tutela no puede convertirse en una
tercera instancia para reabrir controversias jurídicas que fueron debidamente
estudiadas y debatidas al interior del proceso ordinario.

7. Impugnación

La entidad accionante presentó impugnación en contra del fallo de primera
instancia mediante escrito oportunamente allegado vía electrónica el 26 de
agosto de 20227, por los siguientes motivos:

Hizo referencia a las consideraciones expuestas por el a quo, para destacar que
en el presunto asunto no se busca tener una instancia adicional, sino proteger a
la Nación, Rama Judicial es su derecho al debido proceso ante la sistemática
utilización incorrecta de una figura de control constitucional difuso como lo es la
excepción de inconstitucionalidad, a pesar de que la acción de tutela parte de
argumentos ya expuestos en la sede contenciosa.

Indicó que el hecho de que exista una línea decisoria del Tribunal Administrativo
de Santander no puede tomarse automáticamente como una razón para que
esta no vulnere los derechos de la parte actora, sino que es una prueba de que
es una vulneración al debido proceso recurrente que merece un
pronunciamiento de fondo.

Resaltó que, con el uso ligero de la aludida figura se ha desnaturalizado el
alcance del control de constitucionalidad difuso, que abarca la excepción de
inconstitucionalidad, el cual solo procede ante una contradicción evidente o
notoria de una norma con la Carta Magna, mas no para situaciones en que esta
figura no es clara y merece argumentación, sustentación, análisis de
precedentes, entre otros.

Hizo referencia a un pronunciamiento de la Sección Quinta del Consejo de
Estado8 relativo al cumplimiento del presupuesto de la relevancia constitucional,
para denotar que, en este asunto es claro que existe una tensión entre la
utilización de una figura que contraría todos los postulados fijados por la Corte
Constitucional, en tanto que su aplicación es excepcional. Por tanto, consideró
que se vulneran los derechos de la Rama Judicial a un debido proceso y a la
seguridad jurídica.

Solicitó que como se encuentran cumplidos todos los requisitos, se estudie de

7
El fallo de primera instancia se notificó vía electrónica el 23 de agosto de 2022.
8
Dictado en la acción de tutela 11001-03-15-000-2020-04878-01.

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fondo la acción de tutela y se acceda a las pretensiones de la demanda de
amparo.

7.1. Jorge Andrés Otero Sandoval

El referido vinculado se pronunció frente a los argumentos de la impugnación,
para indicar que la acción de tutela no cumple con el requisito de la relevancia
constitucional y, solicitó que se confirme en su integridad la sentencia de tutela
de primera instancia que declaró improcedente el mecanismo de amparo
promovido por la parte actora.

Agregó que, de manera subsidiaria, en el eventual caso de encontrarse que la
acción de tutela es procedente, se declare que las autoridades judiciales aquí
accionadas no vulneraron derecho fundamental alguno en cabeza de la entidad
demandante. Por consiguiente, consideró que se debe denegar las
pretensiones invocadas en el escrito de tutela.

Informó que la entidad accionante promovió en contra de la sentencia de
segunda instancia acusada, el recurso extraordinario de revisión, el cual se
identifica con el radicado 11001032500020220039300, registrado en el
aplicativo SAMAI como puede observarse en el siguiente link:

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?
guid=110010325000202200393001100103

Consideró que resulta evidente que en el sub judice no se configura ninguna de
las causales previstas en el artículo 250 de la ley 1437 de 2011 para la
procedencia del recurso extraordinario de revisión, por lo que, solicitó se tenga
en cuenta lo anterior como un argumento más de la improcedencia de la acción
de tutela que nos ocupa, ello, ante el incumplimiento del requisito de
subsidiaridad previsto en el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.

8. Trámite en segunda instancia

Mediante auto del 23 de septiembre de 2022, se dispuso la vinculación de los
magistrados que integran la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado. Ello, de conformidad con la información suministrada por el
vinculado el señor Jorge Andrés Otero Sandoval.

8.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

El magistrado a cargo del expediente del recurso extraordinario de revisión en
cuestión, manifestó que la entidad accionante, simultáneamente promovió la
acción de tutela y el aludido medio extraordinario.
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Señaló que no observaba configuración de nulidad alguna, en tanto que la
providencia proferida en el marco del recurso extraordinario de revisión aludido
no es objeto de censura constitucional, por lo que consideró que no le asiste, en
representación del Consejo de Estado, legitimación en la causa para ser parte o
tercero interesado dentro del sub lite.

Precisó que, no obstante, y sin que se aduzca algún interés en las resultas de la
presente acción, la única incidencia que podría acarrear una eventual sentencia
en favor de la entidad demandante es que el fallo objeto de revisión quede sin
efectos y que el recurso extraordinario que se adelanta en su
despacho carezca de objeto.

Solicitó que, no se declare nulidad alguna, se continúe con el trámite de
impugnación de la acción de tutela de la referencia y, en caso de que se
accedan a las pretensiones, se le comunique la sentencia de segunda instancia
que se profiera en el marco del sub examine.

8.2. Las demás partes e intervinientes guardaron silencio, pese a sus
notificaciones.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19919, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia impugnada conforme lo
planteado por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuestos en la
impugnación del fallo de primera instancia, se cumple con el presupuesto de la
relevancia constitucional y con los demás requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela, y de ser así, si el Tribunal demandado incurrió los

9
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».

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defectos específicos alegados por la parte actora, al considerar que la
mencionada autoridad judicial debía denegar las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el señor Andrés Otero
Sandoval en contra de la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201210, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”11 (Negrilla
fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.

10
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
11
Ibídem.

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La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.12

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

4.1. Relevancia constitucional

En relación con el aludido presupuesto general, la Sala cita como antecedente
la sentencia de tutela del 29 de septiembre de 202213, mediante la cual se
declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia
constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico entorno a la
trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía era someter
nuevamente a debate lo que analizó el juez natural de la causa.

12
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
13
Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01. Demandante:
Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala Oral “A”.

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4.1.1. Sentencia SU 215 de 2022 de la Corte Constitucional, unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional

En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «…el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’.»

A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades del requisito de
procedibilidad de relevancia constitucional son las siguientes:

«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
14
discusiones de naturaleza eminentemente legal » (Énfasis de la Sala).

Asimismo, la Corte Constitucional expuso que los criterios relevantes para
determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

«En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico15; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional.”16

…

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal
y/o económica.

…

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela
se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter
legal.”17 En este orden, se reitera que el examen de relevancia

14
Sentencia SU-573 de 2019.
15
Sentencia SU-103 de 2022.
16
Sentencia SU-103 de 2022.
17
Sentencia SU-103 DE 2022.

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constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”18

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

…

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela
dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto19, lo que
implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial
claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la
tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal…»
(Resaltado de la Sala)

De tal forma, el Alto Tribunal en mención, luego de abordar los criterios que
debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para
superar el requisito de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo
de tutela no cumplía con este postulado, puesto que:

i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,

ii) involucraba un debate eminentemente legal,

iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,

iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

En relación con dicho presupuesto, la Corte Constitucional20 ha determinado
tres finalidades frente a dicho requisito, a saber:

a) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

b) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

18
Sentencia SU-128 de 2021.
19
Sentencia SU-573 de 2019.
20
Sentencia SU 573 de 2019.

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c) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Ahora bien, en el presente asunto, se observa que el a quo declaró la
improcedente la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional, puesto que, los argumentos jurídicos expuestos en la demanda
de amparo, se tuvieron en cuenta en la respectiva providencia demandada. Por
tanto, recordó que esta vía no puede convertirse en una tercera instancia para
reabrir controversias jurídicas que fueron debidamente estudiadas y debatidas
al interior del proceso ordinario.

La parte accionante con su impugnación señaló que no buscaba una instancia
adicional, sino la protección de sus derechos fundamentales ante la sistemática
utilización incorrecta de la excepción de inconstitucionalidad, la cual, a su juicio,
se ha desnaturalizado. Agregó que en este asunto es claro que existe una
tensión entre la utilización de una figura que contraría todos los postulados
fijados por la Corte Constitucional, en tanto que su aplicación es excepcional.

En lo particular, la Sala observa que el presupuesto de la relevancia
constitucional sí se cumple por los siguientes motivos:

Para la parte actora, el Tribunal Administrativo de Santander vulneró sus
garantías constitucionales con la sentencia del 13 de diciembre de 2021,
proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número 68001-33-33-011-2020-00189-01, el cual promovió el
señor Jorge Andrés Otero Sandoval en contra de la Nación, Rama Judicial,
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

Lo anterior, por cuanto la entidad accionante consideró que, con dicho
pronunciamiento, se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la defensa, de contradicción y de seguridad jurídica, en tanto que, la autoridad
judicial de segunda instancia incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y en la
violación directa de la Constitución y, en relación con el requisito de la
relevancia constitucional sostuvo:

«Es así que se torna relevante el presente asunto, en cuanto versa sobre el
correcto uso de una figura de origen constitucional [la excepción de
inconstitucionalidad] y sus limitaciones para que su aplicación no vulnere
otros derechos también del mismo origen, sin dejar de lado la consecuente
transgresión al principio de legalidad y al de sostenibilidad fiscal, como
herramientas para la consecución de los fines esenciales del Estado.»

A su vez, el Tribunal demandado solicitó declarar la improcedencia o en su
defecto se niegue lo pretendido por la entidad actora, puesto que, a su juicio, no
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incurrió en defecto alguno en su decisión, ya que decidió conforme con los
requisitos para la aplicación de la excepción por inconstitucionalidad y al
material probatorio obrante en el proceso. El tercero vinculado también se
opuso a la prosperidad de lo solicitado.

De manera que, para la Sala los planteamientos de la entidad demandante
obedecen a un debate constitucional y no meramente legal, puesto que, la
inconformidad de la parte actora consistió en que el Tribunal demandado no
hizo un uso adecuado de la excepción de inconstitucionalidad establecida en el
artículo 4º de la Constitución Política, toda vez que, tal figura amerita un estudio
argumentado y con una debida sustentación; lo cual, según su dicho, no ocurrió
en lo particular y por tanto se vulneran sus garantías superiores.

Así las cosas, en el presente asunto se advierte que la acción de tutela
promovida en contra de la providencia demandada, tiene como finalidad
establecer si dicha decisión se profirió con respeto de las garantías
constitucionales y los derechos que la Constitución reconoce, particularmente al
debido uso de la excepción de inconstitucionalidad frente a un «…Acuerdo
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura en ejercicio de la potestad
reglamentaria que deviene de la misma constitución y la ley estatura de la
administración de justicia…»

En tal sentido, se encuentra justificado que la parte actora acuda a esta vía
constitucional, pues de manera razonable expuso las razones por la cuales
considera que la sentencia acusada restringe sus garantías constitucionales en
mención.

En consecuencia, contrario a las consideraciones del a quo, los reparos contra
la sentencia bajo cuestionamiento pretenden poner de presente las presuntas
irregularidades en que incurrió la autoridad judicial demandada al dictarla, en
tanto comprometen garantías de orden superior, más allá del debate legal
surtido en las instancias del caso. Por tanto, el asunto es relevante desde el
punto de vista constitucional.

4.2. Tutela contra sentencia de la misma naturaleza

De igual manera, la Sala encuentra que la decisión cuestionada se profirió
dentro del trámite surtido en un proceso ordinario. Por lo que, se cumple con el
requisito de que no se trate de tutela contra una sentencia de la misma
naturaleza.

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4.3. Inmediatez

En lo que respecta al parámetro de la inmediatez, la Sala advierte que la
providencia de segunda instancia cuestionada se notificó electrónicamente a
las partes y al Ministerio Público el 15 de diciembre de 2021; por lo que, cobró
ejecutoria el 12 de enero de 2022; mientras que la solicitud de amparo se
radicó el 12 de julio de la misma anualidad; por lo tanto, se advierte un ejercicio
pronto de la acción conforme al plazo de los seis (6) meses dispuesto para ello.

4.4. Subsidiariedad

En lo atinente a este requisito, se encuentra que el vinculado el señor Jorge
Andrés Otero Sandoval informó, con escrito posterior a su intervención inicial,
sobre la existencia del recurso extraordinario de revisión promovido
simultáneamente con la presente acción de tutela.

Por lo que, mediante auto del 23 de septiembre de 2022, se dispuso la
vinculación de los magistrados que integran la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. El funcionario judicial a cargo del mencionado
proceso presentó su informe, en el cual manifestó que, en efecto, se
encontraban en curso ambos trámites.

Así las cosas, luego de la revisión del escrito contentivo del mencionado
recurso extraordinario, se advierte que señaló lo siguiente:

«11. Como se expondrá en el desarrollo del presente escrito, en defensa de
los intereses de la NACIÓN – RAMA JUDICIA[L], esta entidad deberá
acudir al presente recurso extraordinario de revisión, como mecanismo de
defensa al alcance de la parte que represento, con miras a la defensa de
los intereses del Estado, dentro del trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho convocado por JORGE ANDRÉS OTERO
SANDOVAL, sin perjuicio de que, por considerar que se trata del
mecanismo procesal procedente conforme a la causal invocada, pero
destacando también que este mecanismo extraordinario es un medio que
no resulte idóneo para asegurar la defensa inmediata de los intereses de mi
representada, por lo cual formulará también acción de tutela contra las
autoridades judiciales que profirieron las decisiones acá recurridas, como
un mecanismo transitorio para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable, medio también excepcional que se advierte en idóneo, según
las circunstancias particulares del caso y dada la inminencia en que se
sigan ordenando pagos que ‘exceden el monto global fijado para el
respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales’ y que se efectivicen
los mismos, en consecuencia de la decisión recurrida, aún la ilegalidad de
los mismos. (Art 85.9 LEAJ)

12. Para la protección al derecho fundamental sustancial al debido proceso
de la NACIÓN-RAMA JUDICIAL, además de la protección de las facultades
de orden constitucional y legal estatutario del Consejo Superior de la
Judicatura para la creación de cargos y, el consecuente amparo de las
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normas constitucionales y orgánicas del presupuesto general de la Nación,
se invocará el derecho fundamental de tutela como mecanismo transitorio
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, trámite que, desde
luego no pretende sustituir ni desplazar el presente trámite, que es el que
se advierte como procedente, conforme a lo descrito y en coincidencia con
la causal alegada.» (subrayado fuera del texto original)

Por su parte, en el escrito de tutela la parte demandante se refirió en el
acápite de la subsidiariedad, pero en parte alguna mencionó que, la
promovía como mecanismo transitorio, sino la protección «inmediata y
efectiva» de sus derechos fundamentales para evitar un perjuicio
irremediable. Incluso, en dicha demanda señaló que no procedían los
recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia. Así:

«b. Subsidiariedad. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable

Frente al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, debe
indicarse que el caso concreto trata de un proceso contencioso
administrativo con pretensión de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
adelantado bajo radicación 680013333011-2020-0018900, el cual se
tramitó en primera instancia por el Juzgado 011 Administrativo de
Bucaramanga y se profirió sentencia de fecha agosto 04 de 2021
accediendo a las pretensiones de la demanda, la Nación -Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en su calidad de demandada
interpuso en el término oportuno el recurso de apelación contra dicha
providencia.

El Tribunal Administrativo de Santander, admitió la apelación y profirió
sentencia de segunda instancia de fecha diciembre 13 de 2021, mediante
el cual confirmó la decisión de primer grado, razón por la cual contra dicha
providencia controvertida no procede el recurso de alzada.

Así mismo, tampoco procede (i) el recurso extraordinario de revisión pues
no se alega ninguna de las causales contenidas en el artículo 250 de la Ley
1437 de 2011 conforme los motivos de inconformidad que se plantean
frente a las providencias referidas, ni el (ii) recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia comoquiera que no se configura la causal
señalada en el artículo 258 ibidem.

Por tanto, se busca la protección inmediata y efectiva de los derechos al
debido proceso, a la defensa, a la contradicción y a la seguridad jurídica, se
acude a este mecanismo constitucional de tutela en aras de obtener su
amparo y garantía, y así evitar un perjuicio irremediable, que implicaría
adicionar de forma mensual e indefinidamente a la remuneración de un
cargo, una suma que no corresponde al nivel y grado conforme fuere
creado el mismo, y, consecuentemente, en su ejecución que implica un
pago de una obligación con cargo al erario que no se encuentra
contemplado en el Presupuesto General de la Nación.» (subrayado fuera
del texto original)

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Conforme con lo expuesto, la Sala encuentra que, si bien la parte actora no
señaló en el escrito de tutela lo que sí mencionó en el recurso extraordinario de
revisión acerca de acudir a la vía constitucional como mecanismo transitorio
para evitar la consumación un perjuicio irremediable y que, simultáneamente
impetró ambos medios de defensa, lo cierto es que, en el presente asunto no se
cumple con el presupuesto de la subsidiariedad, puesto que, tal y como la
entidad lo reconoció el medio judicial para la defensa de sus derechos
fundamentales resulta ser el recurso en mención.

En efecto, se advierte que el aludido recurso invocó la causal séptima de
revisión establecida en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la cual
contempla: «No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación
periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa
aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales
legales para su pérdida.»

Por tanto, se observa que para la demandante el perjuicio irremediable que
habilitaría la procedencia de la acción de tutela transitoria consiste en evitar que
se materialice la orden de pago que «excede el monto global fijado para el
respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales» producto de la orden
judicial acusada, debido a que se trata de una obligación con cargo al erario
que no se encuentra contemplado en el Presupuesto General de la Nación. De
manera que, la actora considera que la vía constitucional es la idónea para la
protección inmediata de sus garantías constitucionales.

Para la Sala, contrario a las consideraciones que expuso la parte accionante,
los recursos corresponden a medios judiciales idóneos y eficaces que ha
provisto el ordenamiento jurídico procesal para la defensa de los intereses de
las partes en litigio.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que un medio idóneo es
aquel que garantiza la definición del derecho controvertido y que, en la práctica
es el adecuado para proteger el derecho fundamental que se considere
vulnerado21.

Ahora, el Alto Tribunal Constitucional ha considerado que para la eficacia es
necesario valorar si el medio existente es el adecuado para proteger
objetivamente el derecho que se transgrede o se amenace 22. Es decir, la
eficacia se refiere es a la oportunidad del medio de defensa; mientras que la
idoneidad es a la protección adecuada en el tiempo.

21
Sentencias T-999 de 2000 y T-847 de 2003.
22
Sentencia T-106 de 1993, T-480 de 1993 y T-847 de 2003.

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De manera que, para la Sala la eficacia e idoneidad de los medios de defensa
alternos a la acción de tutela no se encuentran condicionadas al sentido de la
decisión y mucho menos a que se materialice la orden judicial, pues las
condenas impuestas a las entidades públicas consistentes en el pago de una
suma de dinero no se materializan instantáneamente una vez queda
ejecutoriada la sentencia que así lo ordena23.

Ahora bien, la Sala considera necesario recordar que, el recurso extraordinario
de revisión tiene como finalidad invalidar los efectos jurídicos de una sentencia
que se encuentra ejecutoriada24, con el cual se persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales, cuando
estas han sido transgredidas con una decisión judicial.

Por lo que, el mencionado recurso es un medio de defensa que afecta el
principio de la inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas y, por ende,
constituye una excepción al principio de la cosa juzgada, que es el fundamento
esencial del ordenamiento jurídico y garantía del debido proceso.

Así las cosas, lo que resulta procedente es el recurso extraordinario de revisión
bajo la causal consagrada en el numeral 7° del artículo 250 de Ley 1437 de
2011, esto es, cuando la persona en cuyo favor se decretó una prestación
periódica, al tiempo del reconocimiento, no tiene la aptitud legal necesaria o
pierde esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.

Así las cosas, para la Sala, la acción de tutela no puede sustituir el mecanismo
de defensa con el que cuenta la parte demandante para la defensa de sus
derechos fundamentales, dada la naturaleza excepcional y subsidiaria de este
medio constitucional. Además, la entidad accionante tampoco logró demostrar
la configuración de un perjuicio irremediable que permitiera establecer que tal
vía no es la idónea y eficaz para su caso en particular.

De manera que, el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de
la cosa juzgada e infirmarlas cuando se logre demostrar de manera inequívoca
que tal decisión es injusta por incurrir en alguna de las causales que
taxativamente consagra la ley.

Al respecto, la Sala Plena consideró «…la naturaleza del recurso extraordinario de
revisión pretende conciliar nociones esenciales del ordenamiento legal, como lo

23
Artículos 192 y siguientes, 297 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y demás concordantes.
24
Artículo 248 de la ley 1437 de 2011.

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son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de
restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un
orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política»25.

También en esa oportunidad se señaló: «…el recurso extraordinario de revisión
conlleva una limitación a la seguridad jurídica que representan las sentencias
ejecutoriadas, constituye un medio excepcional de impugnación, que permite
cuestionar una sentencia que está amparada por el principio de cosa juzgada
material».

A su vez, la Corte Constitucional sostuvo que el recurso extraordinario de revisión
permite el ejercicio de una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin de
restablecer la justicia material del caso concreto26.

Por tanto, es el recurso extraordinario de revisión el medio idóneo y eficaz para la
protección de los derechos constitucionales que invocó la entidad demandante,
pues es a través de este que puede evitar que se materialice la orden de pago de
una suma de dinero con ocasión de la sentencia dictada por el Tribunal
demandado.

En consecuencia, se confirmará la sentencia de tutela impugnada que declaró
la improcedencia, pero por no cumplir con el presupuesto de la subsidiariedad,
puesto que, la parte actora cuenta con otro medio de defensa de sus garantías
constitucionales.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia de 11 de agosto de 2022, por medio de
la cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la
solicitud de tutela, pero por no cumplir con el presupuesto de la
subsidiariedad, por lo analizado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

25
Sentencia del 12 de julio de 2005, expediente REV-00143, reiterada en sentencia del 18 de
octubre de 2005, expediente REV-00226.
26
Sentencia C - 418 de 1994.

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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081»

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