Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03837-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03837-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03837-00
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
8 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., ocho (8) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-03837-001
Actor : Jairo Jesús Diazgranados Camargo
Demandados : Magistrada a cargo del despacho 004 y secretario del
Tribunal Administrativo del Magdalena
Tema : Derechos constitucionales fundamentales al debido proceso
e igualdad
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la tutela incoada por el señor Jairo Jesús
Diazgranados Camargo contra los señores magistrada a cargo del despacho
004 y secretario del Tribunal Administrativo del Magdalena, por la presunta
vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso
e igualdad.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. El señor Jairo Jesús Diazgranados Camargo,
quien actúa en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de obtener
la protección de las garantías superiores a las que se hizo referencia,
presuntamente quebrantadas por los señores magistrada a cargo del despacho
004 y secretario del Tribunal Administrativo del Magdalena.
Como consecuencia de lo anterior, pide se ordene a las autoridades
accionadas notificarle, a través de correo electrónico, «[…] la sentencia [de
13 de octubre de 2021] proferida dentro del proceso […]» de reparación
directa promovido por el señor Jair Javier Castro Sanjuán contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, Rama Judicial y Fiscalía
General de la Nación (expediente 47001-23-31-001-2012-00289-00), en el
cual actúa como apoderado del demandante.
1.2 Hechos2. Relata el accionante que el señor Jair Javier Castro Sanjuán,
junto con sus familiares3, instauró demanda de reparación directa contra la
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Cabe precisar que a pesar de que en la solicitud de amparo se indicaron los fundamentos fácticos que
presuntamente dan lugar a la presente acción, la Sala advierte que se omiten datos necesarios para
contextualizar el asunto sub examine. Sin embargo, con el propósito de garantizar los principios de
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03837-00
Actor: Jairo Jesús Diazgranados Camargo
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, Rama Judicial y
Fiscalía General de la Nación (expediente 47001-23-31-001-2012-00289-00),
encaminada a que se les declarara patrimonialmente responsables y se
ordenara el pago de los correspondientes perjuicios morales y materiales
derivados de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto, con
ocasión de los hechos ocurridos el 25 de febrero de 2010 en Ciénaga
(Magdalena), cuando se desempeñaba como soldado conscripto del Ejército
Nacional.
Que del anterior asunto contencioso-administrativo, en el cual tiene
condición de apoderado de la parte demandante, conoció el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que el 13 de octubre de 2021 dictó fallo de
primera instancia, el «[…] cual NO se [l]e notific[ó] de acuerdo al
procedimiento establecido en los artículos 186, 203 y 205 del [Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo], el
Decreto Legislativo 806 de 2020, la Ley 2080 de 2021 y la Jurisprudencia
tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional».
Dice que, por «[…] las restricciones existente[s] a la entrada al Palacio de
Justicia del Magdalena, solo [l]e fue posible enterar[s]e de que se había
proferido [la aludida decisión judicial] el día 2 de mayo de la presente
anualidad», por lo que el 6 siguiente remitió un escrito por correo electrónico
al despacho de conocimiento, con el propósito de que aquella le fuera
comunicada, no obstante, hasta la fecha esto no ha ocurrido.
Que dicha situación trasgrede las garantías superiores que invoca, en la
medida en que como no le ha sido notificada la decisión judicial de su interés,
no le ha sido posible «[…] hacer valer [sus] derechos de [c]ontradicción [y]
defensa», en el evento que aquella haya despachado de manera desfavorable
sus súplicas.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a
través de auto de 18 de julio de 2022, admitió la presente acción, ordenó
informalidad, prevalencia del derecho sustancial y eficacia, se extractarán y organizarán los hechos expuestos
tanto en la petición de tutela, como en los documentos allegados al expediente.
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Los señores Gloria Cecilia Sanjuán Manotas, Jorge Luis Castro Viloria, Xiomara María y Cindy Marcela
Castro Sanjuán.
2
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Actor: Jairo Jesús Diazgranados Camargo
notificar a los señores magistrada a cargo del despacho 004 y secretario del
Tribunal Administrativo del Magdalena y dispuso vincular a los señores
Fiscal General de la Nación, Director Ejecutivo de Administración Judicial y
secretario general de la Policía Nacional, en los términos del artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991.
Adicionalmente, en el aludido proveído se pidió del señor Jairo Jesús
Diazgranados Camargo, quien dijo actuar como apoderado del señor Jair
Javier Castro Sanjuán, allegar el respectivo poder que lo facultaba para
instaurar la tutela de la referencia, frente a lo cual guardó silencio.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 La señora magistrada a cargo del despacho 004 del Tribunal
Administrativo del Magdalena sostiene que la sentencia de 13 de octubre de
2021, dictada en el proceso de reparación directa de interés del actor, fue
notificada el 11 de noviembre siguiente, «[…] mediante edicto visible al
público en la página web de la rama judicial, el cual puede ser consultado en
[…]» la siguiente dirección electrónica
«https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2220876/91785869/EE1111202
1+%28 1%29.pdf/c56a5eac-8299-4b58-8284-5a987039d6dc».
Que, en atención a que el 6 de mayo de 2022 el tutelante solicitó se efectuara
su notificación por correo electrónico, con auto de 25 de julio del año en
curso, se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la actuación de 11
de noviembre de 2021, con fundamento en que si bien el fallo fue comunicado
«[…] en la forma prevista para los procesos tramitados bajo el sistema
escritural», en todo caso, «[…] no [se] cumplió con el principio de
publicidad, pues, a pesar de haber[lo] notificado […] en el micrositio
asignado para este fin en la página [electrónica] de la rama judicial, no [se]
env[ió] la respectiva comunicación a las partes», por lo que en el sub lite se
configura la carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que en
dicha providencia se ordenó la notificación de la sentencia, «[…] conforme el
Decreto 806 de 2020», esto es, por correo electrónico.
2.1.2 El señor Fiscal General de la Nación pide se le desvincule de la presente
acción, dado que ese ente «[…] no tiene injerencia en las decisiones o
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03837-00
Actor: Jairo Jesús Diazgranados Camargo
trámites al interior del proceso contencioso, como el que pretende el
accionante sea resuelto por el Tribunal Administrativo del Magdalena».
2.1.3 El señor director ejecutivo seccional de administración judicial de Santa
Marta, a través de apoderado, indica que no ha participado en la «[…]
supuesta acción u omisión atentatoria de los derechos denunciados como
vulnerados, precisando que de igual manera no se observa violación alguna
a [las] garantías constitucionales [del actor], en atención que el trámite
procesal está completamente fundado en los postulados del debido proceso
[y] […] tampoco le asiste competencia para tomar acciones tendientes a que
cese el […]» el quebranto invocado en estas diligencias.
2.1.4 El señor secretario general de la Policía Nacional, por conducto del
señor asesor jurídico de ese organismo, aduce que «[…] la pretensión del
[tutelante] no corresponde a las consecuencias de una acción u omisión [por
ellos] realizada […] en desarrollo de [su] misionalidad y funciones […]», por
ende, escapa de su competencia atender las inconformidades ventiladas en
esta acción, en esa medida, se presenta una falta de legitimación en la causa
por pasiva.
2.1.5 El señor secretario del Tribunal Administrativo del Magdalena guardó
silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas
de reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y
1983 de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo
deprecado por el accionante, quien aduce quebranto de sus derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso e igualdad.
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de
1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para
la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03837-00
Actor: Jairo Jesús Diazgranados Camargo
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Cuestión preliminar. Con la finalidad de determinar si el accionante
cuenta con legitimación en la causa por activa en el presente trámite
constitucional, esto es, si está facultado para pedir la salvaguarda de las
garantías superiores al debido proceso e igualdad del señor Jair Javier Castro
Sanjuán, resulta oportuno advertir que la acción de tutela fue concebida por la
Carta Política (artículo 86) como un instrumento subsidiario de defensa
judicial, preferente y sumario, al que puede acudir cualquier persona, por sí
misma o por quien actúe en su nombre, para reclamar la defensa inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales cuando advierta que han sido
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública o incluso de los particulares.
Acorde con lo anterior, el artículo 10 del Decreto ley 2591 de 1991, al
referirse a la legitimidad e interés para incoar la acción de tutela, dispone:
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales [negrilla de la Sala].
A su turno, la Corte Constitucional4, al analizar el contenido del citado
precepto legal, ha considerado que se configura la legitimación en la causa
por activa en los siguientes eventos:
[…] (i) cuando la tutela es ejercida directamente y en su propio nombre
por la persona afectada en sus derechos; (ii) cuando la acción es
promovida por quien tiene la representación legal del titular de los
derechos, tal como ocurre, por ejemplo, con quienes representan a los
4
Sentencia T–176 de 14 de marzo de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03837-00
Actor: Jairo Jesús Diazgranados Camargo
menores de edad5, los incapaces absolutos, los interdictos6 y las personas
jurídicas7; (iii) también, cuando se actúa en calidad de apoderado judicial
del afectado8, “caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de
abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial
para el caso o en su defecto el poder general respectivo”9; (iv)
igualmente, en los casos en que la acción es instaurada como agente
oficioso del afectado, debido a la imposibilidad de éste para llevar a cabo
la defensa de sus derechos por su propia cuenta, como sucede, por
ejemplo, con un enfermo grave, un indigente, o una persona con
incapacidad física o mental10. Finalmente, (v) la acción de tutela puede
ser instaurada a nombre del sujeto cuyos derechos han sido amenazados
o violados, por el Defensor del Pueblo, los personeros municipales y el
Procurador General de la Nación, en el ejercicio de sus funciones
constitucionales y legales11 [destaca la Sala].
De lo anterior se colige que se sintetizan en 5 las formas para constituirse en
parte activa en el trámite de tutela, así: (i) el ejercicio directo de la acción por
la persona que considera vulnerado o amenazado su derecho constitucional
fundamental, (ii) a través de representante legal, por ejemplo, en el caso de los
menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas, (iii)
por medio de apoderado judicial conforme a las facultades conferidas a través
de poder y con acreditación de la calidad de abogado, (iv) como agente
oficioso y (v) mediante los señores Defensor del Pueblo, personeros
municipales y Procurador General de la Nación.
Así las cosas, se tiene que a pesar de que una de las características que
identifica la tutela radica en su informalidad, la jurisprudencia constitucional
ha reconocido que su ejercicio está sujeto al cumplimiento de unos requisitos
mínimos de procedibilidad, que surgen de su propia naturaleza jurídica y de
los elementos especiales que la distinguen. Entre tales exigencias se encuentra
la de la legitimación en la causa por activa o titularidad para promover la
acción, con la cual se busca garantizar que la persona que acude a ella tenga
un interés directo y particular respecto de la solicitud de amparo que formula
ante el juez constitucional, de manera que pueda establecerse, sin dificultad,
5
Corte Constitucional, sentencias T-567/08, T-1019/06, T-1166/05, T-497/05, T-002/05 y T-1311/01.
6
Ver sentencias T-1103/04, T-993/03 y T-281/02.
7
Ver, entre otras, las sentencias T-723/05, T-396/05, T-1191/04 y T-1189/03.
8
Ver sentencias T-552/06 y T-526 de 1998
9
Auto 064 de 2009.
10
Ver, entre muchas otras, las sentencias T-560A/07, T-366/07, T-750/05, T-977/04, T-1201/04, T-1101/04.
11
Ver las sentencias T-046/97, T-443/95, T-662/99, T-331/97, T-731/98.
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03837-00
Actor: Jairo Jesús Diazgranados Camargo
que lo reclamado es la protección de un derecho constitucional fundamental
del afectado y no de un tercero12.
Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, se tiene que en el sub lite el
tutelante afirma que no se le notificó el fallo de 13 de octubre de 2021, por
cuyo conducto el Tribunal Administrativo del Magdalena decidió, en primera
instancia, el proceso de reparación directa promovido por el señor Jair Javier
Castro Sanjuán contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional, Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación (expediente 47001-
23-31-001-2012-00289-00), en el que actúo como apoderado del demandante,
lo que ocasiona el quebranto de sus garantías superiores, puesto que, como no
conoce la determinación allí adoptada, no le ha sido posible controvertirla, en
caso de que a ello hubiere lugar.
Con base en lo expuesto, se concluye que el mencionado profesional del
derecho carece de legitimación en la causa por activa, toda vez que si bien es
cierto que actuó como apoderado del señor Jair Javier Castro Sanjuán en las
referidas diligencias ordinarias, también lo es que no goza de la facultad para
deprecar por esta vía constitucional el amparo de sus garantías superiores, por
cuanto, a pesar de que él fue quien promovió ese proceso, lo hizo en virtud de
un mandato que, para tal propósito, le otorgó el señor Castro Sanjuán, lo que
implica que la presunta omisión de las autoridades accionadas de notificar la
providencia de 13 de octubre de 2021, afectaría las prerrogativas de él, mas
no las del señor Diazgranados Camargo, pues, se reitera, su intervención en el
asunto contencioso-administrativo tuvo como fin defender los intereses de
aquel.
En similar sentido se pronunció esta Sala13, al precisar que «Los derechos de
acceso a la administración de justicia, debido proceso y el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, en un proceso
ordinario son propios de la parte y no de su apoderado, por lo tanto, la
vulneración de tales derechos sólo puede ser alegada por su titular».
Cabe advertir que si bien el ordenamiento jurídico permite que a través de la
acción de tutela una persona depreque la protección de prerrogativas
fundamentales de otra, para tal efecto es indispensable satisfacer las
12
Corte Constitucional, sentencia T-176 de 14 de marzo de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
13
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 31
de julio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2019-02745-00.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03837-00
Actor: Jairo Jesús Diazgranados Camargo
exigencias de la agencia oficiosa14, las cuales, no concurren en el caso sub
examine, porque, en primer lugar, no se indicó tal situación, y en segundo, no
obra prueba que acredite que el supuesto agenciado esté imposibilitado para
reclamar la protección de sus derechos constitucionales fundamentales.
En ese orden de ideas, la Sala concluye que el actor carece de legitimación en
la causa por activa, comoquiera que, además de no arrimar el mandato judicial,
no colma los requisitos de la agencia oficiosa, toda vez que omitió probar que
el señor Jair Javier Castro Sanjuán esté en condiciones que le impidan acudir a
esta acción de manera directa, con el fin procurar la defensa de sus derechos
constitucionales fundamentales.
Por último, se precisa que aunque el tutelante actuó como apoderado del señor
Jair Javier Castro Sanjuán dentro del proceso de reparación directa 47001-23-
31-001-2012-00289-00, el poder conferido para formular dicha demanda
ordinaria no lo habilita para actuar en su representación dentro del trámite
constitucional de la referencia, pues requiere de uno en el que expresamente se
le faculte para promoverlo15, el cual, se insiste, no fue allegado, a pesar de ser
solicitado.
A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que el actor no allegó el
mandato judicial requerido el 18 de julio de 2022 y tampoco se configura la
agencia oficiosa, se impone concluir que carece de legitimación en la causa por
activa, motivo por el cual se rechazará la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
14
De acuerdo con lo anotado por la Corte Constitucional, en sentencia SU-55 de 12 de febrero de 2015, M. P.
Gloria Stella Ortiz Delgado, «[…] para que se configure la agencia oficiosa, la concurrencia de dos
elementos: (i) que el titular de los derechos no esté en condiciones de defenderlos y, (ii) que en la tutela se
manifieste esa circunstancia. En cuanto a esta última exigencia, su cumplimiento sólo se puede verificar en
presencia de personas en estado de vulnerabilidad extrema, en circunstancias de debilidad manifiesta o de
especial sujeción constitucional. La agencia oficiosa en tutela se ha admitido entonces en casos en los cuales
los titulares de los derechos son menores de edad; personas de la tercera edad; personas amenazadas
ilegítimamente en su vida o integridad personal; individuos en condiciones relevantes de discapacidad física,
psíquica o sensorial; personas pertenecientes a determinadas minorías étnicas y culturales».
15
Corte Constitucional, sentencia T-417 de 2013, M. P. Nilson Pinilla Pinilla: «[…] la legitimación por
activa se configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el
respectivo poder especial, de modo que no se puede pretender hacer valer un poder otorgado en cualquier
proceso para solicitar el amparo constitucional».
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03837-00
Actor: Jairo Jesús Diazgranados Camargo
FALLA:
1º. Recházase la acción de tutela instaurada por el abogado Jairo Jesús
Diazgranados Camargo para deprecar el amparo de los derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso e igualdad del señor Jair
Javier Castro Sanjuán, conforme a la parte motiva.
2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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