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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03839-00

Fecha
11 de agosto de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03839-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela que presentó Lizbeth Adriana Camargo contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03839-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

11 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202203839-00
Actora: Lizbeth Adriana Camargo
Demandados: Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Bogotá

Temas: Defecto fáctico/alcance

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance

La causal de violación directa de la Constitución/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) acceso
a la administración de justicia y iv) trabajo

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
Doce Administrativo Oral del Circuito de Bogotá porque, a su juicio, el Tribunal, al
proferir la sentencia de 29 de abril de 2022, y el Juzgado, al proferir la sentencia el 9
de octubre de 2020, dentro del proceso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
11001333501220180037401, vulneraron sus derechos fundamentales invocados
supra.

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Núm. único de radicación: 110010315000202203839-00
Actora: Lizbeth Adriana Camargo

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Bogotá
porque, a su juicio, el Tribunal, al proferir la sentencia de 29 de abril de 2022, y el
Juzgado, al proferir la sentencia el 9 de octubre de 2020, dentro del proceso del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 11001333501220180037401, vulneraron sus
derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, con
el fin de obtener las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Declarar la nulidad del acto administrativo proferido por la Dirección Técnica
de Gestión Contractual mediante el radicado N.º 20184350114241 de fecha 21 de
febrero de 2018, mediante el cual negó la reclamación administrativa de
reconocimiento de contrato laboral realidad, existente entre mi mandante y el
Instituto de Desarrollo Urbano y consecuentemente se negó a pagar a título de
reparación del daño, el valor equivalente a las prestaciones sociales causadas
desde el 08 de enero de 2013 hasta el 10 de noviembre de 2016.

2. Que se declare que entre mi mandante y el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU
existió una relación de trabajo con: (i) Prestación personal del servicio, (ii)
Remuneración, (iii) Subordinación o dependencia, (iv) Permanencia del servicio y
(v) Desigualdad con lo demás empleados de planta del IDU.

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Actora: Lizbeth Adriana Camargo

3. Que se declare la apariencia de los contratos de prestación de servicios
suscritos entre mi mandante y el Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, para
ocultar una relación de trabajo.

4. Que se condene al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU a pagar a mi mandante
a título de reparación del daño, el valor equivalente a la totalidad de prestaciones
sociales causadas desde el 08 de enero de 2013 hasta la ejecutoria de la
sentencia del presente proceso.

5. Que se ordene al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU, que pague a mi
mandante la indemnización por falta de pago oportuno de las prestaciones
sociales debidas y causadas, equivalente a un día de salario por cada de (sic)
día de mora, desde que se hagan efectivas hasta que se cancelen.

6. Que se ordene al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU a que dé cumplimiento a
la sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y al pago de las
costas […]”.

4. Sostuvo que, el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Bogotá,
mediante sentencia de 9 de octubre de 2020, resolvió negar las pretensiones de
la demanda, al considerar que:

“[…] Bajo las anteriores consideraciones es evidente que la demandante no probó
la existencia de una relación laboral. Si bien es cierto cumplió obligaciones propias
de la entidad y funciones equivalentes a funcionarios de planta, ello obedeció a
recarga laboral y necesidades fluctuantes.

De otra parte, quedó demostrado que en el desarrollo de los contratos mantuvo
autonomía e independencia para manejar su horario, la organización de su trabajo,
ceder el contrato y retomarlo libremente.

Así las cosas, al no haberse demostrado el elemento de subordinación habrán de
denegarse las pretensiones de la demanda […]”.

Sentencia proferida el 29 de abril de 2022 por la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 11001333501220180037401

5. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 29 de abril de 2022, resolvió:

“[…] PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Doce (12)
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá el 09 de octubre de 2020 que
NEGÓ las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte

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Actora: Lizbeth Adriana Camargo

motiva de la presente providencia […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] El Consejo de Estado ha indicado que en los asuntos en los que se pretende
el reconocimiento de una relación laboral y el consecuente reconocimiento de
prestaciones sociales, se requiere obre copia de los correspondientes contratos de
prestación de servicios, pues es con aquellos que se determina el objeto, funciones
y el período de inicio y terminación de la relación entre las partes, es decir, el
correspondiente análisis de los tres (3) elementos para declarar la existencia la
existencia de un contrato realidad […] En el caso bajo examen, la demandante
solicita se declare la existencia de una relación laboral durante el periodo
comprendido entre el 08 de enero de 2013 al 10 de noviembre de 2016, para lo
cual allegó copia de los siguientes contratos […]”.

[…]

“[…] 6.2. De la existencia de una relación laboral

(i) Prestación personal del servicio

Para resolver este primer punto, se encuentra demostrado que la demandante y el
IDU suscribieron varios contratos de prestación de servicios (ver cuadro) de los
cuales se desprende que la señora LIZBETH ADRIANA CAMARGO fue contratada
como abogada encargada de la labor de sustanciación en el marco de procesos de
cobro coactivo de valorización del distrito y en virtud de los mismos prestaba sus
servicios de forma personal en la referida entidad.

La anterior situación fue corroborada por el testimonio de los señores ELVER
ALIRIO DOMÍNGUEZ ALMANZA y OLGA ESPERANZA CASTRO, quienes
fueron, respectivamente, compañero de trabajo y coordinadora en la STJEJ del
IDU para la época en que la demandante estuvo vinculada con la entidad
demandada.

(ii) La remuneración

En relación con la remuneración, resulta oportuno señalar que en cada uno de los
contratos de prestación de servicios las partes pactaron el pago de honorarios y en
tal sentido, es claro que la demandante por las actividades realizadas recibía una
contraprestación que independiente de su denominación, corresponde a una
retribución por su labor. Por tanto, se tiene por agotada esta condición […]”.
(Resaltado del texto original)

5.2. Frente a la configuración del elemento de la subordinación, consideró lo
siguiente:

“[…] de la revisión de los contratos de prestación de servicios suscritos por el
demandante y la entidad demandada, la Sala destaca las siguientes obligaciones a
cargo del contratista […]”.

[…]

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Actora: Lizbeth Adriana Camargo

“[…] Conforme la justificación contenida en el contrato, las actividades pactadas y
lo manifestado en los testimonios se colige que la demandante realizaba funciones
de apoyo a la STJEF del IDU (entre el año 2013 a 2016), tendientes a la
sustanciación y proyección de actos administrativos en los procesos de cobro
coactivo en el marco de programas de valorización, todo ello, con la finalidad de
evacuar los programas de valorización entre los años 2012 a 2016 del plan de
gobierno “Bogotá Humana”, conforme lo expuesto en los estudios previos, por lo
que fueron de carácter transitorio y dependieron de la necesidad del servicio, al
tratarse de obligaciones específicas y técnica jurídicas para el cumplimiento de
metas temporales de la entidad en razón a un cambio en la política institucional,
circunstancia corroborada por lo manifestado en el testimonio del señor CARLOS
FRANCISCO RAMÍREZ CÁRDENAS, que descartan la permanencia de sus
servicios y actividades.

Se adujó (sic) por la parte demandante que las anteriores obligaciones
contractuales eran similares a las consignadas en el manual de funciones
específicas de planta al cargo denominado profesional especializado código 222,
grado 4 en la STJEF […]”.

[…]

“[…] De las funciones mencionadas en el cargo de planta en comparación las
previstas en los contratos de prestación de servicios, si bien se presenta en parte
alguna similitud, debe indicarse que esta situación no es suficiente para la
declaratoria de una relación legal y reglamentaria pues como bien lo ha señalado el
Consejo de Estado en decisión de 31 de octubre de 2018 “…no necesariamente se
está frente a un contrato laboral cuando se desempeñan funciones similares a las
de los empleados de planta, dado que una relación legal y reglamentaria tiene
requisitos especiales”.

Sumado a lo anterior, del material probatorio recaudado se desprende que las
obligaciones contractuales no se ejecutaron en las mismas condiciones que los
empleados de la planta global del IDU vinculados a la STJEF.

En primer lugar, se puede concluir que la señora Camargo no cumplió un horario
estricto en el tiempo que prestó sus servicios como contratista, como sí lo hacían
los servidores de planta […] los señores CARLOS FRANCISCO RAMÍREZ Y
OLGA ESPERANZA CASTRO coinciden al afirmar que la señora Camargo era
autónoma en realizar sus labores de sustanciación en los procesos asignados con
el objeto adelantar el trámite de cobro coactivo y que además de la custodia de las
documentales, tenía ingreso a las plataformas de la institución para llevar a cabo
las obligaciones contractuales, acceso que podía darse independientemente del
lugar y hora de ejecución. Ahora bien, con relación a la atención de los
contribuyentes también afirman que dicho servicio podía realizarlo cualquier
contratista o funcionario de la STJEF del IDU, de tal suerte que su presencia no
resultaba indispensable […]”.

Ahora bien, aunque el señor ELVER ALIRIO DOMÍNGUEZ respecto de las
actividades y forma de ejecución de labores de cobro coactivo, asignación y
sustanciación de expedientes realizó una narrativa amplia y detallada ésta
finalmente termina corroborando el aumento de carácter temporal en la carga
laboral que conllevó a contratar servicios profesionales de abogados con
conocimientos específicos para su pronta y necesaria evacuación y si bien advierte
a diferencia de los anteriores testigos que sus labores solo se podían cumplir

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Actora: Lizbeth Adriana Camargo

desde la oficina por el acceso al sistema y la obligación de atención a (sic) público,
está sola manifestación resulta insuficiente para desvirtuar lo señalado por quienes
en su momento ejercieron la labor de supervisión contractual, esto es, la
coordinadora de STJEF, como el Director Jurídico de Ejecuciones Fiscales en el
IDU.
Sumado a esto, en cuanto a las órdenes directas que aduce haber recibido
consistentes en priorizar la sustanciación de los asuntos próximos a prescribir,
conviene señalar que dicha directriz impartida por la coordinación del área
obedecía a la necesidad de ejercer de forma adecuada la labor de cobro coactivo y
velar por una ejecución contractual correcta y satisfactoria acorde a lineamientos y
cronogramas de la actividad de recaudo de valorización al estar necesariamente
sujeta a términos procesales, pero no constituye por sí misma una clara prueba de
la subordinación.

En ese sentido, el Consejo de Estado ha sostenido que el hecho de la
comparecencia a las instalaciones de la entidad, cumplir determinado horario o
recibir instrucciones y/o lineamientos generales de sus superiores hace parte de
una relación de coordinación de actividades con el propósito que el objeto
contractual por el cual fue vinculado sea culminado de la manera más satisfactoria,
como en el caso de autos […]”. (Resaltado del texto original)

5.3. De conformidad con lo expuesto supra, la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que “[…] en el
caso bajo examen la labor contratada no fue prestada bajo una continua
subordinación y dependencia, sino que obedeció a características propias de
temporalidad y de conocimientos jurídicos especializados en derecho
administrativo y cobro coactivo, bajo las condiciones que la Ley 1474 de 2011 y la
Ley 80 de 1993 dispusieron para tal efecto […] para la correcta ejecución del
contrato de prestación de servicios abogado de apoyo en la STJEF para adelantar
procesos de cobro coactivo era necesario que la demandante diera cumplimiento
a directrices y lineamientos particulares debido a la especialidad y necesidad del
servicio de recaudo tributario […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Conforme con lo expuesto, ruego a su Señoría se amparen los Derechos
Fundamentales Constitucionales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, seguridad social, mínimo vital, igualdad, trabajo, vulnerados por el

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Actora: Lizbeth Adriana Camargo

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y JUZGADO 12
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

En consecuencia, sírvase señor Juez ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E Y JUZGADO 12
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C que en el término de (48)
horas contadas a partir de la ejecutoria de la presente tutela, proceda a: ANULAR
las sentencias de 29 de junio de 2022 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E SISTEMA ORAL rad
11001333501220180037401 magistrada ponente DRA. PATRICIA VICTORIA
MANJARRÉS BRAVO y fallo primera instancia del 09 de octubre de 2020
JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA rad. 11001-3335-012-2018-374-00 jueza Yolanda Velazco
Gutierrez (sic) respectivamente, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho promovido contra del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU,
debido a que no se tuvo en cuenta el precedente fijado por el Consejo de Estado
para estos asuntos y se vulneró directamente la Constitución y en su lugar se dicte
una de remplazo (sic) declarando la existencia de una relación laboral entre el
Instituto de Desarrollo Urbano y Lizbeth Adriana Camargo […]”.

7. De los argumentos expuestos en el escrito de tutela, se advierte que la actora
considera que la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Bogotá
incurrieron en un defecto fáctico. Para tal efecto, indicó lo siguiente:

“[…] Al no apreciar la totalidad de las pruebas aportadas desconoció la
existencia de la Resolución N° 22542 del 30 de mayo de 2014 la cual
contempla el Manual Interno de Recaudo de Cartera del Instituto de
Desarrollo Urbano en donde en el capítulo segundo cataloga la cartera como
misional y como actividad misional indelegable en particulares, más aún el cobro
coactivo debe ser realizada por funcionarios públicos como lo determinó el Consejo
de Estado al pronunciarse sobre quienes pueden adelantar el cobro coactivo en las
entidades públicas, al definir que esta función se debe realizar con personal de
planta y no a través de contratistas o particulares […]”.

[…]

“[…] Si bien, las sentencias acusadas encontraron demostrados los requisitos de (i)
remuneración o contraprestación económica por el servicio prestado y (ii)
prestación personal del servicio, los jueces de instancias Tribunal y Juzgado
valoraron el cumplimiento del horario como elemento único de la subordinación de
forma errada, otorgándole el carácter de “prueba reina” al documento nombrado
como de control biométrico aportada por el testigo Carlos Francisco Ramírez
[…]”.

[…]

“[…] La demandante, no tenía libertad ni autonomía para disponer el lugar u horario
para atender los usuarios de la entidad, por el contrario, el IDU se reservó
expresamente la facultad de determinar dichas circunstancias, de acuerdo a la
necesidad del servicio, lo que quiere decir que el actor siempre estuvo sometido a

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Actora: Lizbeth Adriana Camargo

los horarios y lugares que la entidad le disponía, afirmación que tiene sustento
tanto en los contratos de prestación de servicios, los informes mensuales
aportados al proceso y en la prueba testimonial donde de forma unánime se
indicó que los contratistas fueron distribuidos tanto en las sedes del IDU como en
los CADES de la ciudad de Bogotá […]”.

[…]

“[…] Por si fuera poco, ni el Tribunal ni el Juzgado hicieron el mínimo esfuerzo por
verificar la equivalencia de las actividades desarrolladas entre el personal de
planta como el contratista demandante las cuales se enmarcan dentro del objeto
misional de la Entidad. Frente a este punto, las sentencias acusadas únicamente
transcriben como letra muerta los objetos contractuales y las funciones
establecidas para un profesional de planta, lo cual, de nada sirve sino se miran las
obligaciones específicas del contratista descritas expresamente en los contratos,
certificaciones aportadas, donde se evidencia la realización de tareas idénticas al
personal de planta, pero con diferente redacción […]”. (Resaltado por la Sala)

8. Igualmente, la actora señaló que, a su juicio, las autoridades judiciales
demandadas incurrieron en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, por las siguientes razones:

“[…] Recientemente en la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado
SUJ025-CES2-2021, se planteó que el contrato de prestación de servicios no es
aplicable para la cobertura indefinida de necesidades permanentes o
recurrentes, lo cual ocurrió en el presente caso, pues se demostró que la
demandante suscribió varios contratos superando ampliamente un término
de “ocasional” con objetos jurídicos idénticos y similares con el objeto de dar
continuidad a las actividades misionales inicialmente asignadas, que son las
mismas desplegadas por el personal de planta de la Entidad […]”.

[…]

“[…] Todas estas reglas de interpretación que han configurado un precedente
jurisprudencial reiterado sobre la existencia de contratos realidad bajo la aparente
contratación de prestación de servicio, fueron unificadas y recogidas por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, al proferir la sentencia de Unificación de
Jurisprudencia del 09 de septiembre de 2021, con radicado 05001- 23-33-000-
2013- 01143-01 (1317-2016).

En esta sentencia judicial también se unificaron las reglas de interpretación al
considerar que: (i) el «término estrictamente indispensable», al que alude el
numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los estudios
previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio
a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal u ocasional y, de
ninguna manera, con ánimo de permanencia; y (ii) establecer un periodo de treinta
( 30 ) días hábiles, entre la finalización de un contrato la ejecución del siguiente,
como término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se
exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez
encuentre probadas dentro del plenario.

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Actora: Lizbeth Adriana Camargo

Ahora bien, descendiendo al caso en concreto, es claro que, estuve vinculada al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, mediante los siguientes contratos
de prestación de servicios […]”.

[…]

“[…] Como se evidencia, no existió un lapso superior a 30 días hábiles entre
los diferentes contratos de prestación de servicios por lo que, de acuerdo
con lo estipulado por el Consejo de Estado, no hubo solución de continuidad
en la relación laboral entre el accionante y el IDU. Quedó demostrado en el
proceso de Nulidad y Restablecimiento que el accionante, durante la ejecución de
estos contratos, ejerció funciones de planta de la subdirección Técnica Jurídica y
de Ejecuciones Fiscales del IDU, inherentes a la misión de la entidad iguales a las
de un Profesional Especializado Grado 4 Código 218. Tuve a mi cargo más de
1000 procesos ejecutivos para el recaudo de los valores establecidos para las
contribuciones de valorización por acuerdos 180 de 2005 y 523 de 2013, reparto
que era efectuado por el superior […]”. (Resaltado del texto original)

9. Al respecto, también manifestó que se desconocieron las siguientes
providencias, toda vez que “[…] los siguientes procesos fueron fallados
favorablemente siendo la misma entidad acusada, la misma subdirección, el mismo
jefe inmediato,-(testigo de la parte demandada)-, el mismo objeto contractual, la
misma carga laboral, las mismas instrucciones, las mismas directrices, las mismas
herramientas, los mismos lugares de trabajo, mismas circunstancias de tiempo,
modo y lugar, profieren sentencia condenatoria en contra del IDU […]”:

• “[…] El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” 11001-3342-051-2019-00239-01 en sentencia de
segunda instancia confirmo (sic) el fallo del JUZGADO CINCUENTA Y UNO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C. en el proceso de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesto por MARIA (sic) EUGENIA
DAZA GONZALEZ (sic) […]”.

• “[…] 25000234200020180193300 […] El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E expidió sentencia
de primera instancia el 15 de septiembre de 2021 en el proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho interpuesto por OSCAR FABIO OJEDA GÓMEZ,
contra el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, accediendo a las
pretensiones de la demanda […]”.

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Actora: Lizbeth Adriana Camargo

• “[…] 11001333502920180029301 Juzgado 29 Administrativo Sección 2 de
oralidad Bogotá demandante Elber Alirio Dominguez (sic) Almanzar contra el IDU
[…]”.

10. Finalmente, la actora manifestó que las autoridades judiciales demandadas
incurrieron en la causal de violación directa de la Constitución, en la medida en
que “[…] A pesar de las consideraciones legales y jurisprudenciales expuestas, así
como las disposiciones del sistema internacional que brindan al derecho del trabajo
de una especial garantía dentro del escenario de protección de los derechos
humanos, y a pesar de que la Corte Constitucional ha declarado el estado de
cosas inconstitucionales con respecto al indebido uso de los contratos de
prestación de servicio que conllevan oculta una relación laboral, con la expedición
de las sentencias proferidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E M.P. DRA.
PATRICIA VICTORIA MANJARRES BRAVO de fecha 29/04/2022 y sentencia
proferida en primeria (sic) instancia por el JUZGADO DOCE (12)
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA (sic) SECCIÓN SEGUNDA de
fecha 09/10/2020 omitió dar aplicación a las normas de obligatorio cumplimiento al
declarar que entre LIZBETH ADRIANA CAMARGO y el INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO no existió un contrato realidad […]”.

Actuación

11. El Despacho sustanciador, mediante auto de 15 de julio de 2022; i) admitió
la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juez Doce
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá; y iii) vinculó como tercero con interés
legítimo al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, concediéndoles el término de tres
(3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

12. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó negar la acción de tutela.

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Actora: Lizbeth Adriana Camargo

12.1. Al respecto, señaló que:

“[…] Defecto fáctico

Respecto a la causal específica de procedibilidad invocada, la actora señala que no
se valoraron debidamente y en conjunto las pruebas allegadas al proceso que dan
cuenta de la prestación del servicio de forma continua y subordinada como
abogada en la Subdirección Técnica Jurídica de Ejecuciones Fiscales,
específicamente, correos electrónicos y declaración de testigos que considera son
suficientes para acreditar el elemento de subordinación en el desarrollo de sus
contratos de prestación de servicios.

En ese orden, consideró que la Sala de Decisión debió acceder a las pretensiones
de la demanda y tener como acreditada la subordinación laboral, como se hizo en
sentencias proferidas por el Dr. Néstor Javier Calvo y Dr. Luis Ortegón Ortegón del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y B,
respectivamente, en donde se accedieron a las pretensiones de la demanda en
asuntos aparentemente similares al suyo.

Sobre dichos planteamientos, resulta importante señalar que la demandante
pretende reabrir el debate ya resuelto en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, haciendo uso de la acción de tutela como mecanismo
de tercera instancia, pues idéntica argumentación fue abordada en la sentencia
expedida por esta Corporación, donde se indicó que conforme a distintos
pronunciamientos del H. Consejo de Estado, el hecho de comparecer a la entidad,
cumplir determinado horario u observar algunos lineamientos generales de orden
institucional hacen parte de una relación de coordinación de actividades con el
propósito que el objeto contractual sea culminado de manera satisfactoria.

Además, contrario a lo manifestado por la demandante, esta instancia procedió a
efectuar el análisis probatorio correspondiente tal como se constata a folios 25-28,
donde se valoraron los testimonios y los correos electrónicos aludidos por la
demandante. Cuestión diferente es que la demandante pretenda con la acción de
tutela, que se le dé una interpretación diferente a las pruebas en mención con el
propósito de favorecer sus intereses, esto es, que se encuentre acreditado el
elemento de subordinación para así declarar una relación laboral con el
reconocimiento a que haya lugar. Del mismo modo, reclama la actora que esta
instancia debió resolver en los mismos términos de las sentencias proferidas por
las Subsecciones “A” y “B” de esta Corporación, siendo circunstancias y asuntos
distintos que no pueden obligar a esta Sala a fallar en el mismo sentido.

3.2. Defecto material por violación directa de la Constitución

Frente a este cargo la accionante se limitó a señalar que la sentencia vulneraba su
derecho fundamental al debido proceso y principio de la primacía de la realidad
sobre las formas consagrado en el artículo 53 superior, al sustentarse en fallos del
Consejo de Estado cuyos efectos son inter partes y no erga omnes. En ese orden,
atendiendo al argumento expuesto se advierte que el fallo recurrido está
debidamente soportado en las normas legales aplicables, así como en la
jurisprudencia del Consejo de Estado referente al tema alegado, es decir, a la
primacía realidad sobre las formas.

12

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Actora: Lizbeth Adriana Camargo

De tal suerte que, los argumentos de la actora frente a la presunta vulneración al
debido proceso y primacía de la realidad sobre las formas carecen de vocación de
prosperidad […]”. (Resaltado del texto original)

13. El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y el Instituto de
Desarrollo Urbano – IDU guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de
conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19911, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86
de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm.
333 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre
de 20183 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 4, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

16. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
2
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
3
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
4
Reglamento Interno del Consejo de Estado.

13

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acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (por ser la autoridad judicial que resolvió en segunda instancia el
proceso ordinario objeto de debate), al proferir la sentencia de 29 de abril de 2022,
dentro del proceso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 11001333501220180037401,
incurrió en un defecto fáctico, en un defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial y en la causal de violación directa de la Constitución,
lo que trajo como consecuencia que confirmara negar las pretensiones de su
demanda.

17. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto fáctico; v) el
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; vi) la causal de
violación directa de la Constitución; vii) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; viii) marco normativo y jurisprudencial
del derecho fundamental a la igualdad; ix) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; x) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo; xi) análisis del
caso concreto, y finalmente xii) las conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

18. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que
debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en
presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

14

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profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en
el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

19. Esta Sección6 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la
relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa
judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se
trate de tutela contra tutela.

21. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”7.

22. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material
o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento
del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
7
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

15

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23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos
parámetros.

24. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de
la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela en el caso concreto

26. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.

27. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple
con los requisitos generales de procedibilidad, así:

27.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia

8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

16

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constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos
fundamentales de la actora al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la
administración de justicia y al trabajo.

27.2. La Sala debe hacer énfasis en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii) la actora cumplió con
la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente y en la causal de violación directa
de la Constitución.

27.3. Para la Sala exigirle a la actora una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales10, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica de la actora, que realmente el operador judicial profirió
una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

27.4. Cumplió con el principio de inmediatez11.

27.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial
eficaces y eficientes con los cuales la actora pueda lograr la protección de los
derechos invocados.

10
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
11
Puesto que la sentencia de 29 de abril de 2022, se notificó el 6 de mayo de 2022, mientras que la tutela se
interpuso el 13 de julio de 2022, es decir, se presentó antes de que transcurrieran (6) meses después de
notificada la providencia cuestionada.

17

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27.6. La actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y
27.7. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-

28. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal
de procedibilidad12 por defecto fáctico:

“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia13 ha determinado
que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta
arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b)
valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida
forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas
pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se
entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran
dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.

El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la
negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez;”14 mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución.”15[…]“.16

29. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de
manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios
debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió
haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del
acervo probatorio.

12
“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de
manera arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros
constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición
del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos
contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y
de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.”
(Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).
13
Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y
T-535 de 20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
14
Corte Constitucional.
15
Ibídem.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de
2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.

18

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30. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en
cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y
que, con fundamento en los principios constitucionales de independencia y
autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la
valoración de las pruebas. La Corte dijo:

“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de
autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al
momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme
a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder
comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto
puede lesionar derechos fundamentales […]”17.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

31. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.

32. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189618 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de
201119; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200120; C-
816 de 201121; C-179 de 201622; y T-102 de 201423.

33. En relación con esta causal, la Corte Constitucional24 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…]
conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su
17
Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
18
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
19
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
20
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
21
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
22
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
23
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
24
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

19

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pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de
dictar sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.

34. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional25, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente
que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).

35. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria26, la regla del respeto del precedente
no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible
frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio
tendiente a resolver una situación concreta.

36. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala27, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar
la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el
orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones

25
Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
26
Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de
2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.

20

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adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la
jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa
jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios
y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

37. En efecto, la Sala28 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez
que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en
virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las
razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial29”, para
lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del
caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se
sustenta la decisión de apartarse.

38. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo
los órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de
Estado y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de
una disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que
deben ser tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los
hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio
decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.

La violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales

39. En lo que respecta al defecto de violación directa de la Constitución, se
tiene que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este se
predica cuando la afectación se deriva de una interpretación legal inconstitucional
o por la omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad, por parte de la
autoridad judicial. Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:

“[…] La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso
interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la
atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley
28
ibídem.
29
Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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y, por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las
decisiones judiciales vulneran directamente la Constitución cuando el juez realiza
una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución y
también cuando se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un
caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales
[…]”30.

40. En ese orden de ideas, el defecto por violación directa de la Constitución,
se estructura cuando la afectación se deriva de una i) interpretación de las normas
jurídicas contrarias a la Constitución, ii) por la omisión en aplicar la excepción de
inconstitucionalidad y iii) cuando la autoridad judicial desconoce los postulados de
la Carta Política de 1991.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

41. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

42. Atendiendo a que, la Corte Constitucional31 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
30
Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.
31
Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.

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derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

43. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

44. Atendiendo a que, la Corte Constitucional32 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

45. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

32
Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

23

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“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

46. Atendiendo a que la Corte Constitucional33 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo

47. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.

48. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo
ha dicho lo siguiente34:

33
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
34
Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

24

Núm. único de radicación: 110010315000202203839-00
Actora: Lizbeth Adriana Camargo

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se
desenvuelve logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el
individuo no podría existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona
los medios indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su
potencial creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la
actividad que lo pone en contacto productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se
refleja en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido
de protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.

Análisis del caso concreto

49. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

50. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

51. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

51.1. Copia digital del expediente del proceso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
11001333501220180037401.

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Núm. único de radicación: 110010315000202203839-00
Actora: Lizbeth Adriana Camargo

Solución del caso concreto

Análisis del presunto defecto fáctico

52. La actora adujo que la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto fáctico, en la medida en
que i) no valoró la totalidad de las pruebas, en concreto, “[…] el Manual Interno de
Recaudo de Cartera del Instituto de Desarrollo Urbano en donde en el capítulo
segundo cataloga la cartera como misional […] contratos de prestación de
servicios, los informes mensuales aportados al proceso y en la prueba testimonial
[...] testigo Carlos Francisco Ramírez […]” y ii) le dio un indebido valor probatorio
a la prueba del registros del control biométrico; con lo cual, a su juicio, desconoció
que se configuró el elemento de la subordinación y la equivalencia entre las
funciones que ella desempeñaba y aquellas asignadas al cargo de Profesional
Especializado Grado 04 Código 222 del IDU

53. Por su parte, la autoridad judicial demandada señaló en el acápite de
“PRUEBAS JURÍDICAMENTE RELEVANTES PARA RESOLVER” lo siguiente:

“[…] - Oficio N.º 2018526013022 con fecha de radicado del 14 de febrero de 2018,
mediante el cual la accionante solicitó a la entidad demandada el pago de
acreencias laborales, como consecuencia de la relación laboral que sostuvo con
esta última en el período comprendido entre el 08 de enero de 2013 hasta el 10 de
noviembre de 2016 (fls. 11-12)

• Oficio N.º 20184350114241 del 21 de febrero de 2018, por medio del cual la
Dirección de Gestión Contractual del IDU, despachó desfavorablemente la solicitud
de reconocimiento de acreencias laborales por el período entre el 08 de enero de
2013 hasta el 10 de noviembre de 2016 […]”.

• Copias de correos dirigidos por funcionarios del IDU a la demandante entre los
años 2012, 2014, 2015 y 2016 donde le informaban al personal general de la
institución la necesidad de cumplir un horario dentro de la institución, como
también, se le solicitó en una ocasión a la señora Camargo, la depuración de
expedientes a su cargo próximos a prescribir a fin de priorizarlos en la
sustanciación para el cumplimiento de la labor de recaudo (fl. 20-30)

• Copia del Acuerdo N.º 002 de 03 de febrero de 2009 proferido por el Consejo
Directivo del IDU “Por el cual se establece la estructura organizacional del Instituto
de Desarrollo Urbano, las funciones de sus dependencias y se dictan otras
disposiciones” y se dictan las funciones y generales de cada una de las

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Núm. único de radicación: 110010315000202203839-00
Actora: Lizbeth Adriana Camargo

Subdirecciones y dependencias dentro de la entidad, entre ellas, la Subdirección
Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales, donde la demandante estuvo asignada
como contratista.

• Resolución N.º 66434 de 2015 “Por el cual se adopta el Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de
personal del Instituto de Desarrollo Urbano IDU” mediante la cual se identifican
las funciones del cargo profesional especializado, código 222, grado 04, en el que
se consiga lo siguiente: (fl. 31-33., fl. 95 Cd)

• Copia de la carpeta de estudios previos para la contratación de servicios de la
señora Camargo, en donde se sustenta la necesidad del servicio y la finalidad de
la contratación en los siguientes términos (fl. 3-10 Anexo 4) […]”.

• Copia de los contratos de prestación de servicios N.º 1736 de 2012, 769 de
2013, 1228 de 2013, 1169 de 2014, 276 de 2015 y 91 de 2016, suscritos entre la
señora LIZBETH ADRIANA CAMARGO y el IDU con el objeto de contratar los
servicios profesionales para gestionar y tramitar actuaciones jurídicas en el marco
de la contribuciones por valorización, en los que se establecieron los siguientes
funciones: (fls.58-83 y Anexos)

• Copia de los informes de gestión realizados en cada uno de los contratos
suscritos por la señora LIZBETH ADRIANA CAMARGO y el IDU, firmados por
la accionante, el Subdirector de la oficina Técnica Jurídica y de Ejecuciones
Fiscales, en donde se relacionan cada uno de los procesos sustanciados,
recursos, gestión documental y tareas. (Anexo 1,2,3,4 y 5)

• Testimonio del señor ELVER ALIRIO DOMÍNGUEZ ALMANZA.

• Testimonio de la señora OLGA ESPERANZA CASTRO PAREDES.

• Testimonio del señor CARLOS FRANCISCO RAMÍREZ CÁRDENAS […] para
corroborar su dicho el testigo aportó registro biométrico del IDU, del que
manifestó que la demandante registra siempre horarios diferentes de ingreso y de
salida en comparación a los funcionarios de planta de 7 am a 4:30 pm […]”.
(Resaltado por la Sala).

54. Al respecto, dentro de la providencia cuestionada, la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró lo
siguiente:

“[…] Teniendo en cuenta lo anterior, de la revisión de los contratos de
prestación de servicios suscritos por el demandante y la entidad demandada,
la Sala destaca las siguientes obligaciones a cargo del contratista […]”.

[…]

“[…] Conforme la justificación contenida en el contrato, las actividades pactadas
y lo manifestado en los testimonios se colige que la demandante realizaba
funciones de apoyo a la STJEF del IDU (entre el año 2013 a 2016), tendientes a la
sustanciación y proyección de actos administrativos en los procesos de cobro
coactivo en el marco de programas de valorización, todo ello, con la finalidad de

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Actora: Lizbeth Adriana Camargo

evacuar los programas de valorización entre los años 2012 a 2016 del plan de
gobierno “Bogotá Humana”, conforme lo expuesto en los estudios previos, por lo
que fueron de carácter transitorio y dependieron de la necesidad del servicio, al
tratarse de obligaciones específicas y técnica jurídicas para el cumplimiento de
metas temporales de la entidad en razón a un cambio en la política institucional,
circunstancia corroborada por lo manifestado en el testimonio del señor CARLOS
FRANCISCO RAMÍREZ CÁRDENAS, que descartan la permanencia de sus
servicios y actividades.

Se adujó (sic) por la parte demandante que las anteriores obligaciones
contractuales eran similares a las consignadas en el manual de funciones
específicas de planta al cargo denominado profesional especializado código 222,
grado 4 en la STJEF […]”.

[…]

“[…] De las funciones mencionadas en el cargo de planta en comparación las
previstas en los contratos de prestación de servicios, si bien se presenta en
parte alguna similitud, debe indicarse que esta situación no es suficiente para
la declaratoria de una relación legal y reglamentaria pues como bien lo ha
señalado el Consejo de Estado en decisión de 31 de octubre de 2018 “…no
necesariamente se está frente a un contrato laboral cuando se desempeñan
funciones similares a las de los empleados de planta, dado que una relación legal y
reglamentaria tiene requisitos especiales”.

Sumado a lo anterior, del material probatorio recaudado se desprende que las
obligaciones contractuales no se ejecutaron en las mismas condiciones que
los empleados de la planta global del IDU vinculados a la STJEF.

En primer lugar, se puede concluir que la señora Camargo no cumplió un horario
estricto en el tiempo que prestó sus servicios como contratista, como sí lo hacían
los servidores de planta, el cual comprendía de lunes a viernes de 7 am a 4:30 pm.
En este sentido de los testimonios de los señores CARLOS FRANCISCO
RAMÍREZ y OLGA ESPERANZA CASTRO se desprende que la demandante no
estaba sujeta a un horario riguroso si no que dadas sus circunstancias personales
éste resultaba relativamente flexible […] De igual modo, los señores CARLOS
FRANCISCO RAMÍREZ Y OLGA ESPERANZA CASTRO coinciden al afirmar que
la señora Camargo era autónoma en realizar sus labores de sustanciación en los
procesos asignados con el objeto adelantar el trámite de cobro coactivo y que
además de la custodia de las documentales, tenía ingreso a las plataformas de la
institución para llevar a cabo las obligaciones contractuales, acceso que podía
darse independientemente del lugar y hora de ejecución. Ahora bien, con relación a
la atención de los contribuyentes también afirman que dicho servicio podía
realizarlo cualquier contratista o funcionario de la STJEF del IDU, de tal suerte que
su presencia no resultaba indispensable, testimonios que gozan de credibilidad no
solo por la función que desempeñaban en el control de las labores ejecutadas por
la demandante, sino también porque resultan coincidentes con las circunstancias
que justificaron la contratación dado el incremento del inventario de esa
dependencia […]”.

[…]

“[…] En esa medida, la sala concluye que en el caso bajo examen la labor
contratada no fue prestada bajo una continua subordinación y dependencia,
sino que obedeció a características propias de temporalidad y de

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Actora: Lizbeth Adriana Camargo

conocimientos jurídicos especializados en derecho administrativo y cobro
coactivo, bajo las condiciones que la Ley 1474 de 2011 y la Ley 80 de 1993
dispusieron para tal efecto […]”. (Resaltado por la Sala)

55. La Sala, con base en lo anteriormente expuesto, considera que la autoridad
judicial demandada no incurrió en un defecto fáctico, toda vez que para adoptar la
decisión judicial, valoró de manera razonable e integral las diferentes pruebas
obrantes en el expediente, entre ellas, aquellas que la actora alegó no fueron
valoradas, a saber: “[…] el Manual Interno de Recaudo de Cartera del Instituto de
Desarrollo Urbano en donde en el capítulo segundo cataloga la cartera como
misional […] contratos de prestación de servicios, los informes mensuales
aportados al proceso y en la prueba testimonial [...] testigo Carlos Francisco
Ramírez […]”, lo que le permitió concluir que i) las funciones que realizó la actora
fueron de carácter transitorio y no permanente, en la medida en que, estas
tuvieron como finalidad evacuar los programas de valorización del plan de
gobierno “Bogotá Humana” y, en consecuencia, que la entidad pudiera cumplir con
las metas temporales que habían surgido con ocasión de un cambio en la política
institucional y ii) no se configuró el elemento de la subordinación, toda vez que, si
bien sus funciones eran similares a las consignadas en el manual de funciones
específicas de planta al cargo denominado Profesional Especializado Código 222,
grado 4, lo cierto es que la actora no cumplió un horario estricto como los demás
empleados de planta, era autónoma en la ejecución de sus funciones y su
presencia en la entidad no resultaba indispensable.

56. A lo anterior se suma que, contrario a lo expuesto por la actora, el registro
del control biométrico que aportó el señor Carlos Francisco Ramírez Cárdenas
para sustentar su dicho fue valorado de manera razonable junto con los demás
elementos de prueba, tal como se advierte de la argumentación expuesta por el
Tribunal, sin que se advierta que este fue la única prueba que se tuvo en cuenta
para determinar si la actora cumplía o no un horario estricto, puesto que para tal
efecto también se tuvo en cuenta los testimonios rendidos dentro del respectivo
medio de control.

57. En ese orden de ideas, la Sala debe destacar, que la autoridad judicial
demandada no desconoció el acervo probatorio obrante en el expediente, toda vez

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Actora: Lizbeth Adriana Camargo

que dentro del margen de valoración probatoria y de los principios de la sana
crítica y autonomía judicial de que gozan los jueces, efectuó un estudio juicioso,
integral y razonable de las pruebas documentales y testimoniales.

58. La Sala debe hacer énfasis que para la configuración del defecto fáctico
por falta de valoración o irregularidades en la apreciación del material probatorio,
la actuación del operador judicial debe ser ostensible, manifiesta y flagrante, en
donde además dicha irregularidad debe tener una relación intrínseca con el
sentido de la decisión judicial, es decir, que, de no configurarse dicho error
manifiesto, la sentencia hubiera adoptado un sentido totalmente distinto, lo que a
juicio de la Sala no aconteció en el presente caso.

59. En otras palabras, esta Sala encuentra que la autoridad judicial
demandada, en la providencia motivo de tutela, efectuó un análisis probatorio
razonado y coherente bajo las reglas de la sana crítica, sin que dicha valoración
fuera arbitraria, abusiva o irracional, por el solo hecho de no interpretarse en los
términos que lo pretende la actora.

60. En esa medida, los planteamientos realizados por la actora en el presente
asunto obedece a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que
adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el
descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus
intereses, pero no se advierte que la decisión fue arbitraria o irracional; por el
contrario, la actividad intelectual que realizó el juez natural del proceso en materia
de valoración y apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e
independencia que tienen los jueces de la República y, por consiguiente, ni las
partes ni el juez constitucional pueden imponer su criterio, interpretación y lógica
sobre la del juez natural, como si se tratara de un juez superior que pueda sustituir
de manera arbitraria el juicio valorativo del juez del proceso.

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Actora: Lizbeth Adriana Camargo

Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial

61. La actora en su escrito de tutela indicó que la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto
sustantivo por haber desconocido el precedente judicial contenido en la sentencia
de unificación de 9 de septiembre de 2021, proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, proceso identificado con el número interno de radicación
050012333000201301143-01, C.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.

62. Al respecto, la actora centró su reparo en dos argumentos: i) el Tribunal
desconoció que en la sentencia de unificación de la referencia “[…] se planteó
que el contrato de prestación de servicios no es aplicable para la cobertura
indefinida de necesidades permanentes o recurrentes, lo cual ocurrió en el
presente caso, pues se demostró que la demandante suscribió varios contratos
superando ampliamente un término de “ocasional” con objetos jurídicos idénticos
y similares con el objeto de dar continuidad a las actividades misionales
inicialmente asignadas […]”; y ii) la autoridad judicial demandada desconoció el
término para que opere la solución de continuidad establecido en la respectiva
sentencia de unificación, a saber, 30 días hábiles entre la finalización de un
contrato y la ejecución del siguiente.

63. Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario
verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de
la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto
en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente35.

35
Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de
2006. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

31

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Sentencia de 9 de septiembre de 2021

64. La Sección Segunda del Consejo de Estado analizó un caso en el que, a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la señora
Gloria Luz Manco Quiroz demandó a la Personería de Medellín – Municipio de
Medellín y al Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín con el fin de que se
declarara la nulidad del Oficio núm. 20130100917565OFE de 5 de marzo de 2013,
a través del cual la Personería de Medellín le negó la petición de reconocimiento
de una relación laboral y el pago de las correspondientes prestaciones sociales.

65. Los temas que fueron objeto de unificación por el Consejo de Estado,
corresponden a los siguientes:

“[…] En ese orden de ideas, tal como se señaló en el auto de 25 de abril de
2019, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a
unificar jurisprudencia en torno a los siguientes temas: i) sentido y alcance de
la expresión «término estrictamente indispensable» (temporalidad) contenido
en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) delimitación del término
de solución de continuidad en los contratos estatales de prestación de servicios
que ocultaron la existencia de una relación laboral que se declara, a efectos de
determinar la prescripción de derechos; y, iii) improcedencia de la devolución
de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el contratista. Lo
anterior sin perjuicio de que la Sala pueda pronunciarse sobre la finalidad del
contrato estatal de prestación de servicios, a fin de ofrecer seguridad jurídica a
las autoridades administrativas y judiciales, para que decidan uniformemente
los asuntos puestos a su conocimiento, y así garantizar el derecho fundamental
de igualdad de quienes acuden a la justicia contencioso-administrativa […]”.

66. Al respecto, la Sala precisa que centrará el análisis de la sentencia de
unificación en los dos argumentos que propuso la actora para fundamentar el
presunto defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, a saber,
i) que, si la función ejercida no es ocasional o temporal, sino que corresponde a
una función permanente de la entidad, deja de ser un contrato de prestación de
servicios y ii) si entre los diferentes contratos suscritos por las partes no se supera
el término de 30 días hábiles entre la finalización y la ejecución del siguiente, no
hay solución de continuidad; supuestos que, a su juicio, se configuraron en su
caso.

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67. Frente a la temporalidad como elemento del contrato estatal de
prestación de servicios, la Sección Segunda de esta Corporación unificó dicho
aspecto en los siguientes términos:

“[…] Mediante el contrato de prestación de servicios, el legislador pretendió atender
situaciones especiales o contingentes relacionadas con la administración o
funcionamiento de las entidades, por lo que estableció su celebración por un periodo
temporal. Así lo consagra el inciso segundo del numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993, que a letra transcrita, señala lo siguiente: «En ningún caso estos
contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el
término estrictamente indispensable». En ese sentido,
la temporalidad y excepcionalidad de la contratación son la esencia de este tipo de
contratos. Por consiguiente, con ellos no pueden suplirse, de manera definitiva, las
funciones permanentes o misionales de las entidades, pues su ejercicio sólo
corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias […]”.

[…]

“[…] La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados,
es esencialmente temporal; por lo tanto, este tipo de contratos, cuando se suscriben
con personas naturales, no pueden concatenarse indefinidamente en el tiempo.

132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que alude la
referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta donde la
entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de los recursos
disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para su ejecución. En
otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el tiempo necesario para
ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto al principio de
planeación, que encuentra su manifestación práctica «en la elaboración de los
estudios previos a la celebración del negocio jurídico, pues es allí donde deberán
quedar motivadas con suficiencia las razones que justifiquen que la Administración
recurra a un contrato de prestación de servicios».36

133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución de los
contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones imprevistas que exijan
su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo estimado, ab initio, como «el
ajustado enteramente a la necesidad», puede resultar insuficiente. En cualquier
caso, las mismas razones que en su momento justificaron la planeación del contrato
inicial y la suscripción de los contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben
encontrar soporte en los mencionados estudios previos.

134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla a
cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin

36
Cita del texto original: “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre
de 2013; radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa”.

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perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento […]”. (Resaltado del texto original)

68. En relación con el término de interrupción de los contratos estatales de
prestación de servicios, la Sección Segunda del Consejo de Estado advirtió que:

“[…] 136. El segundo problema jurídico que pretende resolver la presente sentencia
de unificación es establecer el término de solución de continuidad en aquellos
contratos de prestación de servicios que presentan interrupciones entre uno y
otro.

137. Antes que nada, conviene precisar la noción de solución de continuidad, en el
entendido de que «solución» es igual a interrupción.37 Es decir, que cuando se
habla de solución de continuidad se debe entender configurada la interrupción del
periodo de prestación de servicios; mientras que la no (sin) solución de continuidad
equivale a la existencia de una unidad de vínculo contractual, cuando la relación
permanece ininterrumpidamente causándose.

138. Ahora bien, en la actualidad, en la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en los 26 tribunales y en los juzgados administrativos se emplean diferentes
criterios para computar la interrupción de los contratos estatales de prestación de
servicio, sin que exista consenso sobre el tiempo que debe transcurrir entre uno y
otro para determinar la solución de continuidad o un fundamento normativo claro
que la soporte.38 Tanta ha sido la heterogeneidad de las decisiones, que en algunas
providencias se han computado plazos que van desde «un día»,39 «15 días
hábiles»;40 y, unas menos, hasta más de un mes inclusive.41 De ahí la necesidad
de unificar la jurisprudencia de la Sección en torno a un término de referencia
de interrupción y a la definición del momento desde el cual debe iniciarse su
cómputo, con el objetivo de identificar si se produjo o no la ruptura de la
unidad contractual y, de concretarse esta, la consecuente prescripción de los
derechos reclamados.

139. Sobre el particular, desde ahora se anticipa que la Sala acogerá un término
de treinta (30) días hábiles como límite temporal para que opere la solución de
continuidad entre los contratos de prestación de servicios. Un término que no
debe entenderse como «una camisa de fuerza» que impida tener en cuenta un
mayor periodo de interrupción, sino como un marco de referencia para la
Administración, el contratista y el juez de la controversia, de cara a determinar la
no solución de continuidad; en especial para este último, que en cada caso
concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren dentro del plenario,
cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado.

37
Cita del texto original: “https://dle.rae.es/solución#3jeYZlZ”.
38
Cita del texto original: “Si bien, otrora, en algunas providencias se venía empleando como fundamento
normativo el término de 15 días que recoge el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978, el hecho de que el
precepto regule «el tiempo de servicios para adquirir el derecho a vacaciones» le resta entidad suficiente
para su aplicación analógica para determinar el fenómeno prescriptivo”.
39
Cita del texto original: “Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 18 de julio de
2018. Radicado 68001 23-33-000-2013-00689-01(3300-14) C.P. William Hernández Gómez”.
40
Cita del texto original: “Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Sentencia de 26 de julio de
2018. Radicado 68001-23-31-000-2010-00799-01. C.P. César Palomino Cortés”.
41
Cita del texto original: “Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Sentencia de 13 mayo de
2015. Radicado 680012331000200900636 01. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez”.

34

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140. Para la Sala, la aplicación de este término se soporta en varias razones de
peso. En primer lugar, porque permite concluir que cuando se interrumpe la
prestación de un servicio por hasta treinta (30) días hábiles, el vínculo laboral
(en aquellos eventos donde previamente se haya acreditado la relación
laboral) sigue siendo el mismo, lo cual facilita establecer el cómputo de la
prescripción de los derechos reclamados. En segundo lugar, porque su aplicación
resulta idónea por la evolución que ha tenido la figura del «contrato realidad» en la
jurisprudencia de esta Sección, pues, como se mencionó, el análisis de sus
particularidades ha exigido la introducción de distintos plazos para la configuración
del fenómeno prescriptivo; siendo el que aquí se acoge el que mayor garantía
ofrece para los reclamantes y, en consecuencia, el que mejor materializa el
propósito perseguido por el legislador, que definió a la efectividad de los derechos
reconocidos en la Constitución Política y en la ley como el objeto de la jurisdicción
de lo Contencioso-administrativo.42 Y, en tercer lugar, porque, en la práctica, treinta
(30) días hábiles es un periodo razonablemente suficiente para determinar si
lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de otro
anterior, puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe la
relación laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes. 43[…]”

69. La Sección Segunda del Consejo de Estado, conforme la regla de
unificación previamente expuesta, en el caso concreto concluyó lo siguiente:

“[…] 233. De acuerdo con el anterior cuadro sumario, y siguiendo el criterio
acogido en esta sentencia respecto del plazo de la ruptura del vínculo
contractual, se concluye que la demandante prestó sus servicios profesionales a
la Personería de Medellín en una única y continuada relación laboral, que dio
inicio el 29 de enero de 2005 y finalizó el 30 de diciembre de 2011, pues no se
vio interrumpida en ningún momento, ya que los interregnos entre cada
contrato no fueron superiores a 30 días hábiles, que es el término unificado
por esta Sección para la configuración de la solución de continuidad. Por lo
tanto, ante la existencia de una única relación laboral entre la demandante y la
Personería de Medellín, corresponde realizar el cómputo del término prescriptivo
a partir de «la terminación de su vínculo contractual», esto es, desde el día 30 de
diciembre de 2011. De igual manera, se precisa que es esta última fecha la de
terminación del vínculo, y no el 2 de enero de 2012, como señala la demandante,
por cuanto es la única que acreditan los respectivos contratos de prestación de
servicios y las actas de inicio y liquidación de estos, sin que la Sala haya
observado alguna otra prueba dentro del plenario, con entidad suficiente, que
permita su modificación […]”. (Resaltado por la Sala)

70. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que, en primera
medida, existe identidad fáctica y jurídica, toda vez que en ambos casos se
abordó el estudio de la nulidad de dos actos administrativos que le negaron a las

42
Cita del texto original: “CPACA, «ARTICULO 103. OBJETO Y PRINCIPIOS. Los procesos que se
adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.»”.
43
Cita del texto original: “Ver, entre otras sentencias: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección
B. Sentencia de 13 mayo de 2015. Radicado 680012331000200900636 01. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez”.

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Actora: Lizbeth Adriana Camargo

actoras el reconocimiento de la existencia de una relación laboral con las
entidades respectivas.

71. Igualmente, la Sala precisa que, dentro de la providencia cuestionada,
específicamente en el acápite de “[…] Sentencias de unificación del Consejo de
Estado sobre el contrato realidad […]”, la autoridad judicial demandada analizó la
sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021, objeto de estudio.

72. Ahora bien, en relación con la aplicación de la ratio decidendi que la
Sección Segunda del Consejo de Estado estableció frente a la temporalidad
como elemento del contrato estatal de prestación de servicios, la Sala advierte
que el análisis que al respecto realizó la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca se desarrolló de la siguiente manera:

“[…] de la revisión de los contratos de prestación de servicios suscritos por el
demandante y la entidad demandada, la Sala destaca las siguientes obligaciones a
cargo del contratista […]”.

[…]

“[…] Conforme la justificación contenida en el contrato, las actividades
pactadas y lo manifestado en los testimonios se colige que la demandante
realizaba funciones de apoyo a la STJEF del IDU (entre el año 2013 a 2016),
tendientes a la sustanciación y proyección de actos administrativos en los procesos
de cobro coactivo en el marco de programas de valorización, todo ello, con la
finalidad de evacuar los programas de valorización entre los años 2012 a
2016 del plan de gobierno “Bogotá Humana”, conforme lo expuesto en los
estudios previos, por lo que fueron de carácter transitorio y dependieron de
la necesidad del servicio, al tratarse de obligaciones específicas y técnica
jurídicas para el cumplimiento de metas temporales de la entidad en razón a
un cambio en la política institucional, circunstancia corroborada por lo
manifestado en el testimonio del señor CARLOS FRANCISCO RAMÍREZ
CÁRDENAS, que descartan la permanencia de sus servicios y actividades
[…]”. (Resaltado por la Sala)

73. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que el Tribunal no
desconoció el precedente establecido en la sentencia de unificación de 9 de
septiembre de 2021, sino que por el contrario, dentro del caso sub examine, uno
de los aspectos que abordó fue precisamente el tema de la temporalidad como
elemento del contrato estatal de prestación de servicios, en relación con lo cual
concluyó que, de conformidad con el acervo probatorio, las funciones que realizó
la actora fueron de carácter transitorio y no permanente, en la medida en que,

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Actora: Lizbeth Adriana Camargo

estas tuvieron como finalidad evacuar los programas de valorización del plan de
gobierno “Bogotá Humana” y, en consecuencia, que la entidad pudiera cumplir
con las metas temporales que habían surgido con ocasión de un cambio en la
política institucional.

74. En ese orden de ideas, la Sala considera que el Tribunal no desconoció ni
aplicó de manera indebida el precedente que alegó la actora, sino que, con
fundamento en el acervo probatorio, le doy en el caso concreto de la tutelante el
alcance respectivo a dicha sub regla de derecho, concluyendo que no le asistía
razón en relación con el carácter permanente de las funciones que desempeñó
en el IDU.

75. Por otra parte, frente al término de interrupción de los contratos estatales
de prestación de servicios, la Sala advierte que dicha sub regla no tiene
incidencia alguna en lo resuelto por el Tribunal demandado, toda vez que la razón
de ser de su decisión consistió en que la actora no acreditó el elemento de la
subordinación, y no que entre los contratos suscritos por la actora y el IDU se
haya superado el término de 30 días hábiles entre la finalización de uno y la
ejecución del otro que haya implicado la prescripción de los derechos
reclamados.

76. En efecto, la Sala observa que la conclusión a la cual arribó el Tribunal fue
la siguiente:

“[…] En esa medida, la sala concluye que en el caso bajo examen la labor
contratada no fue prestada bajo una continua subordinación y dependencia, sino
que obedeció a características propias de temporalidad y de conocimientos
jurídicos especializados en derecho administrativo y cobro coactivo, bajo las
condiciones que la Ley 1474 de 2011 y la Ley 80 de 1993 dispusieron para tal
efecto.

En conclusión, esta Sala comparte lo esgrimido por el juez de primera instancia al
considerar que para la correcta ejecución del contrato de prestación de servicios
abogado de apoyo en la STJEF para adelantar procesos de cobro coactivo era
necesario que la demandante diera cumplimiento a directrices y lineamientos
particulares debido a la especialidad y necesidad del servicio de recaudo tributario
en atención a las modificaciones normativas en los acuerdos que regulan el
impuesto de valorización que influyeron en mayor número de recursos y derechos
de petición de los contribuyentes para el período comprendido entre el año 2013 a
2016, lapso que coincide los períodos contractuales de la señora Camargo […]”.

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77. En ese orden de ideas, la Sala advierte que el precedente relacionado con
el término de solución de continuidad que adujo la actora como desconocido no
tiene incidencia alguna frente a lo resuelto por la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puesto que,
independientemente de ello, lo cierto es que, según la valoración probatoria que
efectuó el Tribunal, la actora no probó el elemento de la subordinación para
entender configurada una relación laboral.

78. Finalmente, frente al desconocimiento de las providencias que adujo la
actora y que se mencionaron en el numeral 9 de esta providencia, la Sala
advierte que los criterios jurisprudenciales emanados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del
Circuito de Bogotá constituyen antecedentes jurisprudenciales44, teniendo en
cuenta que solo las sentencias que profieren los órganos de cierre como lo es el
Consejo de Estado se constituyen en precedente judicial al fijar reglas y sub
reglas jurisprudenciales que deben ser tenidas en cuenta por los demás
operadores judiciales.

Análisis de la causal de violación directa de la Constitución

79. La actora en su escrito de tutela indicó que la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en la causal de
violación directa de la Constitución, en la medida en que “[…] A pesar de las
consideraciones legales y jurisprudenciales expuestas, así como las
disposiciones del sistema internacional que brindan al derecho del trabajo de una
especial garantía dentro del escenario de protección de los derechos humanos, y

44 Así mismo, se resaltan algunos pronunciamientos que han sostenido la misma tesis, entre ellos: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 1 de diciembre de 2016;
C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación número: 110010315000201601285-01; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2018; C.P. Hernando
Sánchez Sánchez, radicación número: 110010315000201801525-00; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 27 de junio de 2019, C.P Carlos Enrique Moreno
Rubio, radicación número: 110010315000201901850-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de julio de 2019, C.P Hernando Sánchez Sánchez,
radicación número: 110010315000201903062-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 24 de octubre de 2019, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número:
110010315000201903307-01.

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a pesar de que la Corte Constitucional ha declarado el estado de cosas
inconstitucionales con respecto al indebido uso de los contratos de prestación de
servicio que conllevan oculta una relación laboral, con la expedición de las
sentencias proferidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
– SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN E M.P. DRA. PATRICIA VICTORIA
MANJARRES BRAVO de fecha 29/04/2022 y sentencia proferida en primeria (sic)
instancia por el JUZGADO DOCE (12) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTA (sic) SECCIÓN SEGUNDA de fecha 09/10/2020 omitió dar aplicación a
las normas de obligatorio cumplimiento al declarar que entre LIZBETH ADRIANA
CAMARGO y el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO no existió un contrato
realidad […]”.

80. De conformidad con lo expuesto al estudiar el defecto fáctico y el defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, para la Sala, la autoridad
judicial accionada no incurrió en la causal de violación directa de la Constitución,
toda vez que al resolver el caso concreto interpretó y aplicó de manera razonable
las disposiciones normativas que le sirvieron de fundamento para proferir la
sentencia, sin que se evidenciara el desconocimiento del precedente establecido
en la materia por la Sección Segunda del Consejo de Estado, razón por la cual,
su conclusión resulta razonable, ajustada a derecho y conforme con el acervo
probatorio.

Conclusiones de la Sala

81. En suma, la Sala negará la acción de tutela que presentó Lizbeth Adriana
Camargo contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Doce Administrativo Oral del
Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

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Actora: Lizbeth Adriana Camargo

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela que presentó Lizbeth Adriana Camargo
contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31
del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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Actora: Lizbeth Adriana Camargo

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