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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03841-01

Fecha
30 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03841-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 18 de agosto de 2022, mediante la cual el Consejo de Estado (sección quinta) negó el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por los señores Miguel Ángel, Johan Stik, Yohana y Mayerly Corzo Rodríguez (quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos Andrés Felipe y Ana Melisa Pedraza Corzo); Hernán Darío Pedraza, Aldemar Rodríguez, Eusebia Rodríguez de Corzo, Herminia Durán de Rodríguez y Camila López Corzo, por las razones expuestas en la motivación. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-03841-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

30 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela (impugnación)
Expediente : 11001-03-15-000-2022-03841-011
Actores : Miguel Ángel, Johan Stik, Yohana y Mayerly Corzo
Rodríguez (quien actúa en nombre propio y en
representación de sus menores hijos Andrés Felipe y
Ana Melisa Pedraza Corzo); Hernán Darío Pedraza,
Aldemar Rodríguez, Eusebia Rodríguez de Corzo,
Herminia Durán de Rodríguez y Camila López Corzo
Demandados : Magistrados de la subsección A de la sección tercera del
Consejo de Estado
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por los tutelantes contra la
sentencia de 18 de agosto de 2022, proferida por el Consejo de Estado (sección
quinta), que negó el amparo deprecado.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. Los señores Miguel Ángel, Johan Stik,
Yohana y Mayerly Corzo Rodríguez (quien actúa en nombre propio y en
representación de sus menores hijos Andrés Felipe y Ana Melisa Pedraza
Corzo); Hernán Darío Pedraza, Aldemar Rodríguez, Eusebia Rodríguez de
Corzo, Herminia Durán de Rodríguez y Camila López Corzo, por conducto de
apoderada, presentan acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, presuntamente quebrantados por los señores
magistrados de la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado.

Como consecuencia de lo anterior, piden se deje sin efectos el fallo de 18 de
marzo de 2022, mediante el cual el Consejo de Estado (subsección A de la
sección tercera) modificó el de 10 de septiembre de 2015, con el que el
Tribunal Administrativo de Santander accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda de reparación directa instaurada contra la Nación – Ministerio
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03841-01
Actores: Miguel Ángel Corzo Rodríguez y otros

de Defensa Nacional – Policía Nacional (expediente 68001-23-33-000-2014-
00368-00), para variar el monto reconocido como compensación de los
perjuicios reclamados; en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas que
emitan una nueva providencia en la que les confiera una indemnización acorde
con los daños padecidos.

1.2 Hechos. Relatan los accionantes que el 21 de abril de 2012 un
uniformado de la Policía Nacional le propinó un disparo al señor Edwar
Roberto Corzo Rodríguez (q. e. p. d.) con su arma de dotación oficial, que le
produjo la muerte, cuando este ingería licor en un establecimiento de comercio
de Onzaga (Santander), por lo que promovieron medio de control de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional (expediente 68001-23-33-000-2014-00368-00), con el propósito de
que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios que les
provocó el referido suceso y se le ordenara reconocerles el correspondiente
desagravio monetario.

Que del asunto contencioso-administrativo conoció, en primera instancia, el
Tribunal Administrativo de Santander, que el 10 de septiembre de 2015
accedió parcialmente a las precitadas súplicas, al considerar que en el hecho
dañoso se configuraron todos los elementos de la responsabilidad
extracontractual del Estado, habida cuenta de que el siniestro lo desencadenó
un servidor público, con un arma oficial y mientras cumplía sus funciones2, sin
embargo, negó (i) el lucro cesante, porque no se acreditó lo que devengaba el
difunto; (ii) los daños a la vida de relación, por cuanto no se probaron; y (iii) la
indemnización respecto del señor Aldemar Rodríguez.

Dicen que contra la anterior decisión interpusieron recurso de apelación, en
razón a que debieron concedérseles todos los perjuicios pretendidos, puesto
que se probó su causación. Asimismo, la parte allí demandada también la
apeló, al estimar que (i) los elementos de convicción allegados al proceso
ordinario demuestran la configuración del eximente de responsabilidad
denominado culpa de un tercero, comoquiera que el deceso del señor Corzo
Rodríguez (q. e. p. d.) acaeció por un actuar de un policía que no concierne al

2
La Corporación ordenó pagar por concepto de perjuicios morales (i) cien (100) smlmv a los señores Eusebia
Rodríguez Corzo y Miguel Roberto Corzo Rodríguez, (ii) ochenta (80) smlmv a los señores Herminia Durán
de Rodríguez y Miguel Ángel, Johan Stik, Mayerly y Johana Corzo Rodríguez; y (iii) cincuenta (50) smlmv a
los señores Camila López Corzo y Hernán Darío, Andrés Felipe y Ana Melisa Pedraza Corzo.
Adicionalmente, le concedió $2ʼ833.500 a la señora Eusebia Rodríguez Corzo por el daño emergente (gastos
funerarios).

2

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Actores: Miguel Ángel Corzo Rodríguez y otros

servicio, y (ii) el resarcimiento económico desbordó los límites fijados por la
jurisprudencia.

Que las alzadas fueron desatadas el 18 de marzo de 2022 por el Consejo de
Estado (subsección A de la sección tercera), en el sentido de modificar la
compensación monetaria y fijarla, frente a los perjuicios morales, en (i) quince
(15) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) respecto de los
señores Eusebia Rodríguez Durán; Miguel Roberto3, Miguel Ángel, Johan
Stik, Mayerly y Yohana Corzo Rodríguez; Jesús Rodríguez Osorio, Hernán
Darío Pedraza Corzo y Camila López Corso; y (ii) cincuenta (50) smlmv para
el señor Aldemar Rodríguez. Adicionalmente, se le otorgaron por daños a la
salud treinta (30) smlmv a los señores Eusebia Rodríguez Durán; Miguel
Ángel y Yohana Corzo Rodríguez y Camila López Corzo, y $4ʼ212.918 a la
señora Eusebia Rodríguez Durán como daño emergente (gastos fúnebres).

Sostienen que en la providencia cuestionada se indicó que como no se adosó el
registro civil de nacimiento del fallecido, no era dable considerarlos familiares
de él, sino terceros afectados, situación que imponía reducir el resarcimiento
de los agravios morales, salvo los atañederos al señor Aldemar Rodríguez,
quien probó ser «hermano de crianza» de la víctima directa, mediante los
testimonios de los señores José Jesús Ballesteros Rey, Beatriz Quiñónez León
y Amelsy Cristancho Valle. Además, solo se demostró la afección psicológica
de los señores Eusebia Rodríguez Durán, Miguel Ángel y Johana Corzo
Rodríguez y Camila López Corzo, por lo que eran las únicas personas a las que
se les debía indemnizar los perjuicios a la salud. También se señaló que los
recibos allegados para acreditar el pago de una valoración psicológica por
$30ʼ000.000, no colmaban las exigencias del artículo 617 del Estatuto
Tributario, por tanto, con base en ellos no era procedente conceder el daño
emergente por dicho concepto.

Que la sentencia atacada incurre en defecto fáctico, puesto que no advirtió que
aunque se omitió arrimar al expediente ordinario el registro civil de nacimiento
del señor Edwar Roberto Corzo Rodríguez (q. e. p. d.), allí reposan otros
documentos que acreditan el parentesco que tenían con él, como el proceso
penal que se surtió contra el uniformado que le disparó. Adicionalmente, no se
valoraron los recibos de caja, en los que consta que cancelaron $30ʼ000.000
por el estudio psicológico aportado al asunto contencioso-administrativo, y

3
Fallecido.

3

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Actores: Miguel Ángel Corzo Rodríguez y otros

algunos elementos de convicción que daban cuenta que el difunto auxiliaba
económicamente a la señora Eusebia Rodríguez Durán, por lo que debió ser
destinataria del lucro cesante, calculado, al menos, sobre un smlmv.

Aducen que el fallo cuestionado involucra (i) defecto sustantivo, porque aplicó
en forma indebida el artículo 617 del Estatuto Tributario, al desestimar los
recibos de caja atañederos al pago de la valoración psicológica, y (ii)
desconocimiento del precedente, comoquiera que desatendió el criterio del
Consejo de Estado4, según el cual es dable acreditar la condición de familiar
de la víctima directa con pruebas que obren en procesos penales trasladados al
contencioso-administrativo.

1.3 Contestaciones de la acción.

1.3.1 El señor secretario general de la Policía Nacional5, por conducto del
señor jefe del área jurídica de la dependencia que dirige, pide declarar
improcedente la acción de tutela, en razón a que «no se configura la existencia
de un perjuicio irremediable ocasionado por los accionados». Además, los
argumentos empleados por las autoridades accionadas involucran deducciones
razonables (i) de las pruebas obrantes en el expediente de reparación directa
68001-23-33-000-2014-00368-00, que no demuestran el parentesco de los
demandantes con el señor Edwar Roberto Corzo Rodríguez (q. e. p. d.), y (ii)
de las normas aplicables a la controversia allí debatida, lo que impide
atribuirles a aquellas desconocimiento de derechos constitucionales
fundamentales.

1.3.2 Los señores magistrados de la subsección A de la sección tercera del
Consejo de Estado guardaron silencio en la oportunidad prevista para el efecto.

1.4 Providencia impugnada. El Consejo de Estado (sección quinta), mediante
sentencia de 18 de agosto de 2022, negó el amparo deprecado, al considerar
que en la providencia cuestionada se efectuó un análisis integral de los
elementos de convicción obrantes en el proceso de reparación directa 68001-
23-33-000-2014-00368-00 y de las normas aplicables a la materia, de manera
que no incurre en los defectos fáctico y sustantivo invocados en la tutela.

4
Sección tercera, subsección A, sentencia de 18 de febrero de 2022, C. P. José Roberto Sáchica Méndez,
expediente 76001-23-31-000-2010-02042-01.
5
Vinculado en primera instancia, mediante auto de 1º de agosto de 2022, en condición de tercero interesado.

4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03841-01
Actores: Miguel Ángel Corzo Rodríguez y otros

Que la Corte Constitucional6 y el Consejo de Estado7 han señalado que el
registro civil de nacimiento es el documento idóneo para acreditar el
parentesco con la víctima directa, por lo que en el asunto 68001-23-33-000-
2014-00368-00 la omisión de allegarlo impide asumir que los demandantes
eran familiares del señor Corzo Rodríguez (q. e. p. d.) y que sufrieron, en
dicha condición, perjuicios por su muerte. Asimismo, el fallo de esta
Corporación en el que se funda el desconocimiento del precedente8 decidió
una controversia con contornos fácticos y jurídicos disímiles a los discutidos
en el mencionado expediente, por tanto, no se configura esa causal específica
en el sub lite.

Indica que el hecho de que las autoridades accionadas hayan negado el daño
emergente relacionado con el pago de la valoración psicológica, porque los
recibos adosados al proceso de reparación directa no colmaban las exigencias
del artículo 617 del Estatuto Tributario, no involucra defecto sustantivo, dado
que esa norma resultaba aplicable a la controversia, máxime cuando no se
arrimaron otras pruebas que dieran cuenta de tal erogación.

1.5 Impugnación. Inconforme con la anterior decisión, los accionantes la
impugnan, con fundamento en las mismas aseveraciones expuestas en el
escrito de amparo.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia. En virtud de los artículos 329 del Decreto ley 2591 de
199110 y 2511 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201912 expedido por la sala
plena del Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.

6
No hace referencia a pronunciamiento alguno.
7
Sección quinta, sentencia de 7 de julio de 2022, C. P. Rocío Araújo Oñate, expediente 11001-03-15-000-
2022-03047-00.
8
Sección tercera, subsección A, sentencia de 18 de febrero de 2022, C. P. José Roberto Sáchica Méndez,
expediente 76001-23-31-000-2010-02042-01.
9
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
10
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
11
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas
por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto.
[…]».
12
«Reglamento interno del Consejo de Estado».

5

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Actores: Miguel Ángel Corzo Rodríguez y otros

2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la sentencia de 18 de marzo de 2022, por
cuyo conducto el Consejo de Estado (subsección A de la sección tercera)
modificó la de 10 de septiembre de 2015, con la que el Tribunal
Administrativo de Santander accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda de reparación directa instaurada por los tutelantes contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional (expediente 68001-23-33-
000-2014-00368-00), en el sentido de variar el monto de la indemnización
reconocida; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores
al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocadas en la
solicitud de amparo.

2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos

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Actores: Miguel Ángel Corzo Rodríguez y otros

fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez,
es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03841-01
Actores: Miguel Ángel Corzo Rodríguez y otros

fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución,
que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho,
vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión
de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela

8

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Actores: Miguel Ángel Corzo Rodríguez y otros

resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales13, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201214, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos15.

2.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i)
el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia de los actores; (ii) contra el fallo acusado
no procede recurso alguno, por cuanto fue proferido en segunda instancia y se
encuentra ejecutoriado; (iii) se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial atacada se
profirió el 18 de marzo de 2022 y la solicitud de amparo se instauró el 13 de
julio siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (3 meses y 25 días); y
(v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.

En razón a que se colman los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sala examinará el fondo
del asunto, conforme a las causales específicas denominadas defectos fáctico y
sustantivo y desconocimiento del precedente.

2.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el

13
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
14
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
15
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de
febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03841-01
Actores: Miguel Ángel Corzo Rodríguez y otros

expediente, se destaca:

a) El 22 de abril de 2012 el señor Edwar Roberto Corzo Rodríguez (q. e. p. d.),
mientras departía con varias personas en un establecimiento de comercio de
Onzaga (Santander), recibió un disparo propinado por un policía con su arma
de dotación oficial, que le ocasionó la muerte.

b) El 8 de abril de 2014 los tutelantes promovieron medio de control de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional (expediente 68001-23-33-000-2014-00368-00), con el propósito de
que se le declarara administrativamente responsable de los perjuicios que les
produjo el hecho dañoso aludido en la letra precedente y se le ordenara
reconocerles la correspondiente compensación monetaria.

Con la demanda los actores allegaron un escrito autenticado en la Notaría
Segunda (2º) del Círculo de Floridablanca (Santander), en el que el señor
Darío Pedraza Arias afirma que trabajaba en el sector de la construcción,
devengaba mensualmente $4ʼ800.000 y el difunto era su socio, con quien
repartía las ganancias en partes iguales.

También se arrimó (i) informe psicológico, suscrito el 3 de febrero de 2014
por el señor Eduin Alexánder Prada Rodríguez, en el que consta que valoró a
los demandantes y estableció que padecían de «sentimientos de tristeza y
afectación en la interrelación socio-emocional» y que los señores Eusebia
Rodríguez Durán, Miguel Ángel y Yohana Corzo Rodríguez y Camila López
Corzo resultaron afectados psicológicamente por el hecho dañoso; (ii) recibos
de caja que, a su juicio, demostraban el pago de $30ʼ000.000 por el referido
estudio; (iii) factura por $2ʼ833.500, correspondientes a los servicios
funerarios prestados por el deceso del señor Edwar Roberto Corzo Rodríguez
(q. e. p. d.), expedida por la Funeraria Jardines de La Colina; (iv) registro civil
de defunción de este; y (v) registros civiles de nacimiento y partidas de bautizo
de los accionantes.

c) El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Primero (1º) Administrativo
de San Gil, que el 24 de abril de 2014 dispuso enviarlo al Tribunal
Administrativo de Santander, por ser el competente para tramitarlo, dado que
las pretensiones superaban quinientos (500) smlmv, Corporación que el 6 de

10

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junio siguiente lo admitió y el 21 de mayo de 2015 celebró audiencia inicial16,
en la que decretó como pruebas (i) los documentos adosados con la demanda,
(ii) el expediente penal surtido contra el uniformado que le disparó al señor
Corzo Rodríguez (q. e. p. d.) y (iii) los testimonios de los señores José de Jesús
Ballesteros Rey, Beatriz Quiñónez León, Amelcy Cristancho Ovalle y Ligia
Reyes Arciniegas.

d) El 22 de julio de 2015 se realizó audiencia de pruebas, en la que los señores
José de Jesús Ballesteros Rey, Beatriz Quiñónez León y Amelcy Cristancho
Ovalle aseveraron que el señor Aldemar Rodríguez era «hermano de crianza»
de la víctima directa. Por su parte, la señora Ligia Reyes Arciniegas indicó que
el difunto le colaboraba económicamente a la señora Eusebia Rodríguez
Durán, quien laboraba en una fábrica de bolsos.

e) El 10 de septiembre de 2015 el Tribunal Administrativo de Santander
declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, al considerar que el daño antijurídico le era
atribuible, por ser causado por un policía en ejercicio de sus funciones y con
un arma de dotación oficial. Asimismo, la Corporación ordenó pagar por
concepto de perjuicios morales: (i) cien (100) smlmv a los señores Eusebia
Rodríguez Corzo y Miguel Roberto Corzo Rodríguez17, (ii) ochenta (80)
smlmv a los señores Herminia Durán de Rodríguez18 y Miguel Ángel, Johan
Stik, Mayerly y Johana Corzo Rodríguez19; y (iii) cincuenta (50) smlmv a los
señores Camila López Corzo y Hernán Darío, Andrés Felipe y Ana Melisa
Pedraza Corzo20. Adicionalmente, le concedió $2ʼ833.500 a la señora Eusebia
Rodríguez Corzo por el daño emergente (gastos funerarios).

Además, el a quo desestimó el reconocimiento (i) del lucro cesante, por cuanto
no se acreditó que el finado ayudara económicamente a los demandantes, (ii)
del daño emergente relacionado con la valoración psicológica ($30ʼ000.000),
porque no se probó que se haya cancelado, (iii) de los agravios a la vida de
relación, dado que no existe una afectación «en la esfera externa» de los
accionantes, y (iv) del resarcimiento económico a favor del señor Aldemar
Rodríguez, por no acreditar vínculo alguno con el difunto.

16
De que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
17
En condición de supuestos padres del difunto.
18
Presunta abuela de la víctima directa.
19
Supuestos hermanos del fallecido.
20
Presuntos sobrinos del difunto.

11

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f) Contra la anterior decisión las partes interpusieron recursos de apelación; la
actora, con el argumento de que la compensación monetaria otorgada debió ser
mayor y el señor Aldemar Rodríguez era «hermano de crianza» de la víctima
directa; y la demandada, en razón a que aquella excedía los topes fijados por la
jurisprudencia del Consejo de Estado, en particular, en lo que atañe a los daños
morales, y en el hecho dañoso se configuró el eximente de responsabilidad
denominado culpa de un tercero.

g) Las precitadas alzadas fueron desatadas el 18 de marzo de 2022 por el
Consejo de Estado (subsección A de la sección tercera), en el sentido de
modificar el fallo de primera instancia, para (i) reducir el monto del
resarcimiento de los perjuicios morales a quince (15) smlmv respecto de los
señores Eusebia Rodríguez Durán, Miguel Roberto Corzo Rodríguez, Jesús
Rodríguez Osorio; Miguel Ángel, Johan Stik y Mayerly Corzo Rodríguez;
Hernán Darío Pedraza Corzo, Yohana Corzo Rodríguez y Camila López
Corzo; (ii) concederle cincuenta (50) smlmv por ese concepto al señor
Aldemar Rodríguez; (iii) conferir $4ʼ212.918 a la señora Eusebia Rodríguez
Durán en razón al daño emergente; y (iv) reconocerle treinta (30) smlmv a las
señoras Eusebia Rodríguez Durán, Miguel Ángel Corzo Rodríguez, Yohana
Corzo Rodríguez y Camila López Corzo por los daños a la salud.

Que los elementos de convicción demuestran que el deceso del señor Edwar
Roberto Corzo Rodríguez (q. e. p. d.) se produjo por un disparo que le propinó
un policía con un arma de dotación oficial, durante un procedimiento de cierre
de establecimiento de comercio en el municipio de Onzaga, por lo que se
configuran los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Sostiene que no se adosó el registro civil de nacimiento del fallecido, lo que
impide determinar el supuesto vínculo de consanguinidad que tenía con los
demandantes, por lo que estos deben considerarse como terceros afectados,
pues con la valoración psicológica allegada se acreditó la congoja que
sufrieron como consecuencia del deceso del señor Corzo Rodríguez (q. e. p.
d.).

Que los testimonios de los señores José Jesús Ballesteros Rey, Beatriz
Quiñónez León y Amelsy Cristancho Valle dan cuenta de que el señor
Aldemar Rodríguez era «hermano de crianza» de la víctima directa, por tanto,
debía cancelársele cincuenta (50) smlmv como reparación de los perjuicios
morales. De igual modo, la testigo Ligia Reyes Arciniegas afirmó que el
difunto le ayudaba económicamente a la señora Eusebia Rodríguez Durán, sin
12

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embargo, no hay lugar a otorgarle lucro cesante, dado que no se adosó
certificación de lo devengado por aquel y en la declaración se dijo que ella
laboraba en una fábrica de bolsos, por lo que el supuesto pago no constituía el
cumplimiento de una obligación alimentaria.

Indican que no es viable conceder el daño emergente con motivo de la
evaluación psicológica, porque los recibos de pago que obran en el expediente
no satisfacen las exigencias del artículo 617 del Estatuto Tributario y tampoco
se arrimaron pruebas que demostraran su cancelación. Además, incrementó la
compensación del daño emergente a $4ʼ212.918, debido a que el a quo no
actualizó el valor de los gastos funerarios.

Que no era dable reparar los daños a la vida de relación, pues ahora se
denominan perjuicios a la salud y como los demandantes lo sustentaron en la
aflicción que sufrieron, esta se resarció con la indemnización de los agravios
morales, salvo frente a los señores Eusebia Rodríguez Durán, Miguel Ángel y
Yohana Corzo Rodríguez y Camila López Corzo, por cuanto demostraron, con
la respectiva valoración, afectación psicológica.

2.5.2 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión»21.

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra22.

En el sub lite los demandantes sostienen que la sentencia cuestionada incurre
en defecto fáctico, en razón a que inobservaron que en el proceso de
reparación directa 68001-23-33-000-2014-00368-00 (i) reposan documentos
que dan cuenta del parentesco que tenían con el señor Edwar Roberto Corzo

21
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
22
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.

13

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Rodríguez (q. e. p. d.), en particular, las diligencias penales adelantadas contra
el uniformado que le causó la muerte; (ii) obran los recibos de caja que
demuestran el pago del estudio psicológico realizado por el señor Eduin
Alexánder Prada Rodríguez, por valor de $30ʼ000.000; y (iii) se hallan
testimonios que acreditan que el fallecido le colaboraba económicamente a la
señora Eusebia Rodríguez Durán.

Con la finalidad de determinar si los anteriores argumentos tienen o no asidero
jurídico, la Sala los analizará separadamente, de manera que para estudiar el
primero resulta oportuno indicar que el artículo 14 de la Constitución Política
prevé que «[t]oda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad
jurídica», prerrogativa que involucra el otorgamiento de una identidad, la cual
permite adquirir derechos y obligaciones, y se concreta a través del registro
civil, entendido como «la base del sistema de identificación y es la única
prueba del estado civil de las personas»23.

Sobre el particular, el artículo 5º del Decreto 1260 de 197024 prevé que «los
hechos y los actos relativos al estado civil de las personas, deben ser inscritos
en el competente registro civil», como el nacimiento, sobre el cual el artículo
52 ibidem consagra:

La inscripción del nacimiento se descompondrá en dos secciones: una
genérica y otra específica. En aquella se consignarán solamente los
nombres del inscrito, su sexo, el municipio y la fecha de su nacimiento, la
oficina donde se inscribió y los números del folio y general de la oficina
central.

En la sección específica se consignarán, además, la hora y el lugar del
nacimiento, el nombre de la madre; el nombre del padre; en lo posible la
identidad de una y otro, su profesión u oficio, su nacionalidad, su estado
civil y el código de sus registros de nacimiento y matrimonio; el nombre
del profesional que certificó el nacimiento y el número de licencia […].

Cabe aclarar que «[n]inguno de los hechos, actos y providencias relativos al
estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en
proceso ni ante ninguna autoridad, empleado a funcionario público, si no ha
sido inscrito o registrado en la respectiva oficina […]», conforme al artículo
106 del mencionado Decreto 1260 de 1970.

23
Corte Constitucional, sentencia T-107 de 2019, M. P. Alejandro Linares Cantillo.
24
«Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las personas».

14

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El documento en el que reposan las exigencias estipuladas en el artículo 52 del
aludido Decreto se denomina registro civil de nacimiento, el cual es público y
constituye, dada la información que allí reposa, un instrumento que demuestra
el vínculo de consanguinidad entre personas, motivo por el que se erige como
la prueba idónea para acreditar parentescos dentro de los procesos judiciales,
como en los de reparación directa relacionados con muertes de individuos
atribuibles al Estado, toda vez que en virtud de él se individualizan los
llamados a recibir la correspondiente indemnización en condición de
familiares del afectado directo, tal como lo precisó la Corte Constitucional25.

Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado26 indica, en cuanto a la
demostración del parentesco en sede contencioso-administrativa, que solo es
dable probarlo a través del registro civil de nacimiento de la víctima directa,
por cuanto la información que allí se consigna permite establecer el grado de
consanguinidad de los demandantes frente a aquella y, por ende, la
procedencia del respectivo resarcimiento monetario de perjuicios.

Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, en el asunto sub judice la Sala
evidencia, frente a la aseveración consistente en que no se tuvo en cuenta que
en el proceso de reparación directa 68001-23-33-000-2014-00368-00 obran
medios de convicción que demuestran su parentesco con el señor Edwar
Roberto Corzo Rodríguez (q. e. p. d.), que sobre el particular las autoridades
accionadas afirmaron que el vínculo de consanguinidad debe demostrarse con
el registro civil de nacimiento y como no se adosó el del difunto, no era
posible determinar si los demandantes eran o no sus familiares, por
consiguiente, debían considerarse como terceros afectados.

En atención a lo expuesto, se observa que la postura de los señores
magistrados demandados se ajusta al ordenamiento jurídico, en especial, al
criterio del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, según el cual la
consanguinidad con la víctima directa de un hecho dañoso, dentro de un
proceso de reparación directa, se prueba con su registro civil de nacimiento.
Por consiguiente, como el aludido documento del señor Corzo Rodríguez (q. e.
p. d.) no se arrimó al expediente 68001-23-33-000-2014-00368-00, no era

25
Sentencia T-113 de 2019, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado: «[…] en los procesos de reparación directa el
registro civil de nacimiento es un requisito necesario para la acreditación del parentesco, circunstancia que
permite inferir el dolor, la aflicción y el sufrimiento de quien solicita la reparación […]».
26
Sección tercera, subsección C, sentencia de 9 de julio de 2018, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas,
expediente 76001-23-31-000-2002-00095-02: «[…] la Sala advierte que el registro civil constituye el medio
idóneo y suficiente para probar el parentesco […]; por tanto, su ausencia impide tener por probada la
relación parental […]».

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dable tener a los tutelantes como sus parientes, por tanto, tampoco era
procedente concederles la indemnización como si tuvieran esa condición, dado
que ello hubiere involucrado, además de un desconocimiento de la postura
jurisprudencial estudiada en precedencia, una inobservancia del artículo 106
del Decreto 1260 de 1970, puesto que se hubieren dado por ciertas situaciones
relacionadas con el estado civil y capacidad de las personas que no se acreditó
que estuvieren inscritas en el correspondiente registro civil.

Cabe advertir que no corresponde a la realidad la aserción de los accionantes
de que reposan en el asunto ordinario otros elementos de convicción que dan
cuenta de su vínculo con el señor Edwar Roberto Corzo Rodríguez (q. e. p. d.),
pues en las diligencias penales surtidas contra el uniformado que le causó la
muerte no se demostró ello, por cuanto allí solo se hizo mención al supuesto
lazo familiar en algunas providencias (como en el escrito de acusación), pero
no se identificaron elementos de convicción concernientes a la presunta
consanguinidad.

De igual modo, en principio, resultaría inadecuado dar por cierto el parentesco
entre el fallecido y los actores con fundamento en el proceso penal seguido
contra el victimario, comoquiera que las actuaciones realizadas en ese asunto
estuvieron orientadas a determinar la responsabilidad penal de aquel y no a
esclarecer el parentesco entre la víctima directa y los aquí tutelantes, máxime
cuando, se reitera, la afirmación que se consigna en algunas decisiones, de que
son parientes, no goza de respaldo probatorio.

En ese orden de ideas, como no se adosó el registro civil de nacimiento del
señor Edwar Roberto Corzo Rodríguez (q. e. p. d.) al proceso de reparación
directa 68001-23-33-000-2014-00368-00 y ese es el documento idóneo para
acreditar el parentesco, no comporta una deducción arbitraria o caprichosa de
las autoridades accionadas la conclusión de que los accionantes debían
considerarse terceros afectados y no familiares del difunto.

Por otra parte, en lo atinente a la inobservancia de los recibos de caja que
demuestran que los actores pagaron $30ʼ000.000 al señor Eduin Alexánder
Prada Rodríguez, por la valoración psicológica que les practicó, debe
advertirse que los perjuicios materiales hacen referencia al deterioro
patrimonial que sufre una persona con ocasión de un daño antijurídico, es
decir, por una lesión de sus intereses pecuniarios que no está en la obligación
de soportar.

16

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Ese agravio se clasifica en daño emergente y lucro cesante. El primero
involucra el empobrecimiento directo que padece la persona por la ocurrencia
del hecho dañoso, esto es, los gastos que debe asumir para afrontar las
consecuencias negativas de aquel; por su parte, el segundo es lo que deja de
ingresar al patrimonio del afectado por el siniestro27. Para acreditar esos
detrimentos el ordenamiento jurídico no establece una tarifa legal, por tanto, la
parte demandante, en virtud del principio de libertad probatoria, puede
demostrarlos a través de los medios de convicción que estime pertinentes28,
siempre que se ajusten al sistema normativo.

Uno de los documentos instituidos para demostrar los referidos perjuicios es la
factura, que es un escrito que el vendedor emite al comprador de bienes o
servicios y en el que constan obligaciones. Su validez, por ser un título valor,
está supeditada al cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos
62129 y 77430 del Código de Comercio y 61731 del Estatuto Tributario.

Ahora bien, el Consejo de Estado32 ha precisado que para resarcir el daño
emergente dentro de un proceso de reparación directa respecto de honorarios
27
Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, M. P. Enrique Gil
Botero, expediente: 05001-23-31-000-2004-04210-01 (40060).
28
Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 10 de agosto de 2016, M. P. Hernán Andrade Rincón,
expediente: 23001-23-31-000-2005-00380-01 (37040).
29
«Además de lo dispuesto para cada título-valor en particular, los títulos-valores deberán llenar los
requisitos siguientes:
1) La mención del derecho que en el título se incorpora, y
2) La firma de quién lo crea […]».
30
«La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los artículos 621 del presente Código,
y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, los
siguientes:
1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención expresa
en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días
calendario siguientes a la emisión.
2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma de quien sea el
encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley.
3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del
estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación
están sujetos los terceros a quienes se haya transferido la factura […]».
31
«Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el
original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos:
a. Estar denominada expresamente como factura de venta.
b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la
discriminación del IVA pagado.
d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
e. Fecha de su expedición.
f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
g. Valor total de la operación.
h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas […]».
32
Sección tercera, sentencia de unificación de 18 de julio de 2019, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera,
expediente 73001-23-31-000-2009-00133-01.

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profesionales, deben colmarse ciertas exigencias, a saber: (i) demostrar que la
persona que prestó el servicio recibió dinero por su labor y (ii) que ese monto
esté consignado en una factura, es decir, en un documento que cumpla los
presupuestos fijados en las normas aludidas en el párrafo precedente, so pena
de negar la respectiva indemnización.

En el caso sub examine se evidencia que en el expediente 68001-23-33-000-
2014-00368-00 obran recibos de caja que ascienden a $30ʼ000.000, suma que,
según los demandantes, corresponde a lo que cancelaron al profesional Eduin
Alexánder Prada Rodríguez por la valoración psicológica que les realizó, sin
embargo, en aquellos no se especifica la actividad que dio origen a la
obligación, la fecha en que esta se pactó, ni se consigna la firma de los
contratantes.

Así las cosas, con fundamento en dichos documentos no es dable conceder la
indemnización del daño emergente por el precitado monto, toda vez que (i) no
se indica que los valores registrados correspondan a la contraprestación por la
evaluación psicológica y (ii) tampoco cumplen las demás exigencias previstas
en los artículos 621 y 774 del Código de Comercio y 617 del Estatuto
Tributario para ser considerados como facturas, de manera que las autoridades
accionadas, el negar la reparación del daño emergente en razón al mencionado
precio ($30ʼ000.000), no incurrieron en una inferencia probatoria arbitraria,
sino que atendieron el ordenamiento jurídico, en particular, la citada sentencia
de unificación de 18 de julio de 2019 emitida por el Consejo de Estado.

De acuerdo con lo expuesto, la decisión de negar la compensación del daño
emergente por la supuesta atención psicológica que recibieron los
demandantes no involucra un deficiente estudio probatorio.

En lo que atañe a la supuesta omisión de los señores magistrados demandados
de apreciar los testimonios que dan cuenta de que el señor Edwar Roberto
Corzo Rodríguez (q. e. p. d.) le ayudaba económicamente a la señora Eusebia
Rodríguez Durán, se advierte que en el proceso de reparación directa 68001-
23-33-000-2014-00368-00, sobre este aspecto, solo obra la declaración de la
señora Ligia Reyes Arciniegas, quien dijo que el difunto le colaboraba
económicamente a la señora Rodríguez Durán.

No obstante, las autoridades accionadas indicaron que no era factible
reconocer el lucro cesante, porque, además de que la testigo declaró que la
señora Eusebia Rodríguez Durán trabajaba en una fábrica de bolsos, no se
18

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acreditó el parentesco con el fallecido, por lo que no es posible asumir que este
cumplía una obligación alimentaria, aserción para que la Sala no comporta
defecto fáctico, por cuanto es una deducción razonable de los elementos de
convicción que obran en las diligencias contencioso-administrativas.

En este punto, es oportuno aclarar que el hecho de que los señores magistrados
demandados no hayan valorado el testimonio de la señora Ligia Reyes
Arciniegas y las demás pruebas que reposan en el expediente 68001-23-33-
000-2014-00368-00, en el sentido en que lo pretendían los demandantes, no
configura la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales denominada defecto fáctico, en razón a que en
acatamiento de sus competencias jurisdiccionales tienen la potestad de
examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos probatorios
obrantes en ese proceso, así como la de brindarles diferentes grados de certeza,
siempre que lo hagan de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica,
como aconteció en el asunto materia de controversia.

Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) acerca del
resarcimiento pecuniario que debía concederse en el aludido asunto
contencioso-administrativo, están precedidas de una valoración integral y
razonable de las pruebas recaudadas, lo que imposibilita al juez de tutela
cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias a las garantías
superiores, supuesto que no se da en el sub lite. En lo que atañe a este aspecto,
la Corte Constitucional33 sostuvo:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una
prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien
debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de
su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto.

El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo
sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe,
lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y
salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas
realizadas por aquél es razonable y legítima.

Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en
el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible,
33
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto” […].

En virtud de lo expuesto en precedencia, se concluye que no son arbitrarias o
caprichosas las inferencias probatorias de las autoridades accionadas acerca (i)
del parentesco de los demandantes con el señor Edwar Roberto Corzo
Rodríguez (q. e. p. d.), (ii) de los recibos que supuestamente daban cuenta de
los honorarios pagados al señor psicólogo Eduin Alexánder Prada Rodríguez y
(iii) del testimonio de la señora Ligia Reyes Arciniegas, por tanto, la
providencia reprochada no comporta de defecto fáctico.

2.5.3 Defecto sustantivo. El artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de ese
mandato, las autoridades judiciales deben decidir las discusiones conforme a
las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional34 ha precisado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el
denominado defecto sustantivo, que se configura cuando el litigio es desatado
con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien
porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no
tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es
paradójica o simplemente se omite aplicarla.

Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que este defecto implica «[…] la
existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el
proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso
sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la
procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la
efectividad de los derechos constitucionales»35.

En el sub lite los actores indican que la sentencia atacada involucra defecto
sustantivo, habida cuenta de que aplicó de manera indebida el artículo 617 del
Estatuto Tributario, al valorar los recibos de caja que presuntamente expidió el
psicólogo Eduin Alexánder Prada Rodríguez, aserción que para la Sala carece

34
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
35
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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de asidero jurídico, pues, tal como se precisó al estudiar el defecto fáctico,
para que sea dable reconocer el daño emergente con fundamento en un
documento relacionado con el pago de honorarios, es indispensable que
satisfaga las exigencias fijadas en la sentencia de unificación de 18 de julio de
2019 del Consejo de Estado36, esto es, que se demuestre que la persona que
prestó el servicio recibió una suma de dinero por su labor y que esta esté
consignada en una factura, es decir, en escritos que cumplan los presupuestos
señalados tanto en la aludida disposición como en los artículos 261 y 774 del
Código de Comercio, los cuales no se colmaron.

En ese orden de ideas, la Sala no observa que las autoridades accionadas hayan
aplicado erradamente el artículo 617 del Estatuto Tributario, porque la
jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que los requisitos allí
enunciados deben cumplirse para conferir como indemnización por daño
emergente lo cancelado por concepto de honorarios profesionales, lo que no
ocurrió en este asunto, por lo que no era viable otorgar los $30ʼ000.000
deprecados, situación que impone concluir que la sentencia cuestionada no
comporta defecto sustantivo.

2.5.4 Desconocimiento del precedente. El desconocimiento del precedente
tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela
contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii)
como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La
primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente
de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia37, y
la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del
precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a
concluir que la providencia incurre en defecto sustantivo38 conforme a los
principios del debido proceso, igualdad y buena fe39.
36
Sección tercera, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente 73001-23-31-000-2009-00133-01.
37
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias
de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional
a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
38
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
39
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P.
Jorge Iván Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03841-01
Actores: Miguel Ángel Corzo Rodríguez y otros

En el asunto sub examine los actores aseveran que el fallo reprochado
desconoce la sentencia de 18 de febrero de 2022 del Consejo de Estado40,
según la cual la condición de familiar de la víctima directa de un hecho dañoso
también se demuestra con documentos diferentes al registro civil de
nacimiento, sin embargo, esa aserción no corresponde a la realidad, en razón a
que, además de que el fallo invocado por los demandantes decidió una
controversia relacionada con la responsabilidad extracontractual de la
Administración por error judicial, en él se dijo que «resulta válido afirmar que
el registro civil de nacimiento es el documento idóneo para acreditar de
manera eficaz y suficiente la relación de parentesco y, de allí, los grados de
consanguinidad común entre los miembros de la unidad familiar», postura
que, se reitera, atendieron los señores magistrados demandados.

Ahora bien, en la citada sentencia se anotó que excepcionalmente es viable
acreditar el lazo familiar con la víctima directa con pruebas que reposen en un
proceso penal adelantado en virtud del hecho dañoso, como testimonios de
personas que concurrieron a las diligencias punitivas, empero, ese presupuesto
no se colmó en el expediente 68001-23-33-000-2014-00368-00, pues en el
asunto penal seguido contra el uniformado que le disparó al señor Edwar
Roberto Corzo Rodríguez (q. e. p. d.) no obran declaraciones concernientes a
la consanguinidad de este con los aquí tutelantes.

Así las cosas, aunque el precitado pronunciamiento decidió un asunto con
contornos fácticos diferentes, la regla allí fijada, en cuanto al registro civil de
nacimiento, fue observada por las autoridades accionadas, situación que
impone concluir que el fallo atacado tampoco comporta desconocimiento del
precedente, máxime cuando en el respectivo proceso penal no reposan
elementos de convicción que den cuenta del vínculo entre el difunto y los
actores.

A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que la sentencia
censurada no involucra defectos fáctico y sustantivo ni desconocimiento del
precedente, se impone confirmar el fallo impugnado, que negó el amparo
deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en

40
Sección tercera, subsección A, C. P. José Roberto Sáchica Méndez, expediente 76001-23-31-000-2010-
02042-01.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03841-01
Actores: Miguel Ángel Corzo Rodríguez y otros

nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 18 de agosto de 2022, mediante la cual el
Consejo de Estado (sección quinta) negó el amparo de los derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia invocados por los señores Miguel Ángel, Johan Stik, Yohana y
Mayerly Corzo Rodríguez (quien actúa en nombre propio y en representación
de sus menores hijos Andrés Felipe y Ana Melisa Pedraza Corzo); Hernán
Darío Pedraza, Aldemar Rodríguez, Eusebia Rodríguez de Corzo, Herminia
Durán de Rodríguez y Camila López Corzo, por las razones expuestas en la
motivación.

2º. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Comuníquese el presente fallo a la sección quinta de esta Corporación y
remítasele copia.

4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

23

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