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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03846-00

Fecha
11 de agosto de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03846-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- Niégase la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. SEGUNDO.- Niégase la solicitud de tutela instaurada por el señor Maurizio Papa, conforme a lo señalado en las consideraciones de este proveído. 13 Transcaribe S.A. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Demandante: Maurizio Papa Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B Rad: 11001-03-15-000-2022-03846-00 TERCERO.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-03846-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

11 de agosto de 2022

Demandante: Maurizio Papa
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2022-03846-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D. C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03846-00
Demandante: MAURIZIO PAPA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra providencia judicial – Defecto fáctico –
Legitimación de la demandada responsable – Causa
eficiente del daño

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud de tutela presentada por el señor Maurizio
Papa, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política,
artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito presentado por la aplicación para la recepción de tutelas y
habeas corpus, el 13 de julio de 2022, el señor Maurizio Papa, a través de
apoderado judicial, instauró acción de tutela contra la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

Sostuvo que las garantías constitucionales invocadas le han sido vulneradas
con ocasión de la sentencia proferida el 30 de marzo de 2022 por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que revocó la decisión dictada
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 3 y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda interpuesta por el tutelante contra el
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y la empresa Transcaribe
S.A., en ejercicio del medio de control de reparación directa, proceso
identificado con el número de radicación 13001233300020130010500/01.

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Demandante: Maurizio Papa
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
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1.2. Pretensiones

En concreto, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, me permito
solicitarle respetuosamente, se sirva TUTELAR los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO y LIBRE ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del señor MAURIZIO PAPA.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene dejar din
(sic) efectos la sentencia proferida por la SUBSECCIÓN B DE LA
SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, adiada el 30 de
marzo del año 2022, radicación No. 13001-23-33-2013-00105-01 (51789)

TERCERA: Ordenas (sic) a la SUBSECCIÓN B de la SECCIÓN
TERCERA DEL CINSEJO DE ESTADO, proferir sentencia que
corresponda en derecho y de acuerdo con los lineamientos del CINSEJO
(sic) DE ESTADO.”

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

De la narración descrita en la demanda, así como las pruebas aportadas, la
Sala los sintetiza de la siguiente manera.

El actor, a través de su apoderado, sostuvo que presentó demanda de
reparación directa contra el Distrito de Cartagena de Indias y Transcaribe S.A.,
con el objeto de que se les declarara administrativa y extracontractualmente
responsables por la falla del servicio generada por el constante estancamiento
de las aguas lluvias sobre la Calle el Tablón y Avenida Escallón, que no
permiten la entrada y salida de personas a los locales de su propiedad, así
como por la imposibilidad de explotarlos económicamente. Adicionalmente
solicitó el reconocimiento de los perjuicios patrimoniales correspondientes por
lucro cesante y por daño moral.

Al distrito de Cartagena se le endilgó el daño por cuanto no acometió las obras
para el optimo funcionamiento del sistema de drenaje, mientras que a
Transcaribe S.A. se le imputó responsabilidad por las obras que realizó en la
referida zona, que incidieron en su debido funcionamiento.

Mencionó que el Tribunal Administrativo de Bolívar dictó sentencia de primera
instancia el 6 de junio de 2014, en la que resolvió declarar la responsabilidad
del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y exoneró a Trancaribe
S.A.

Agregó que, como fundamento de la decisión, el tribunal consideró que la
condenada le causó un daño antijurídico por la falla del servicio en la que
incurrió al no realizar labores de mantenimiento y limpieza, y al no adoptar
medidas que garantizaran la eficiencia del sistema de drenaje y alcantarillado

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en la zona donde se encuentran ubicados sus inmuebles.

Indicó que los sujetos procesales apelaron la sentencia bajo cita, y que la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, autoridad que
conoció del asunto en segunda instancia, la revocó y denegó sus pretensiones,
al considerar que i) la imputación debió dirigirse contra la entidad a la que le
correspondía la obligación de vigilancia y control de quienes prestan servicios
públicos domiciliarios, esto es, a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, y ii) contra la entidad ambiental del Distrito de Cartagena a quien
compete la prestación del servicio público de alcantarillado en dicha ciudad.

Sostuvo que, en criterio del Consejo de Estado, no podía concluirse que la
causa eficiente del daño fuera la falta de mantenimiento y labores de limpieza,
al no haberse acreditado dicha circunstancia, y que ni del dictamen, ni de
alguna otra prueba del expediente, se podía concluir dicho aspecto, como
tampoco las obras de construcción que adelantó Transcaribe S.A.

1.4. Sustento de la petición

Manifestó que la providencia bajo censura adolece de defecto fáctico, toda vez
que en esta no se valoraron las pruebas que demostraban que el daño debía
imputarse a las demandadas.

Al respecto, advirtió que la demanda se dirigió contra el Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias, con base en un oficio expedido por el
Departamento de Valorización Distrital de Cartagena, en el que se indicó que el
proyecto de Plan Maestro de Drenajes Pluviales no contemplaba intervención
alguna en la zona, por cuanto dicho sistema ya se había reforzado por parte de
Transcaribe S.A., no obstante, existían soluciones a la problemática en
cuestión, tales como corregir las malas prácticas de los usuarios del sistema de
alcantarillado, que arrojan basuras y desechos, y el mantenimiento adecuado
por parte de las autoridades y compañías de aseo, así como modificar los
puntos de captación, actividad que está a cargo de la Secretaría de
Infraestructura del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

Adujo que la referida Secretaría expidió el Oficio EXT AMC -0049540, en el
cual, al responder una petición suya, manifestó que de la visita que se realizó al
sector se encontró que el sistema de drenaje pluvial en la zona es suficiente,
posee buena capacidad, y estructuralmente se encuentra en buenas
condiciones, al punto que en los últimos años se amplió su captación con la
construcción de un imbornal en la vía; no obstante, el problema radicaba en la
falta de cultura ciudadana en el sector, ya que los transeúntes y comerciantes
arrojan desechos y residuos que son arrastrados hasta la captación del sistema
de drenaje pluvial, lo que ocasionaba el taponamiento y bloqueo de la rejilla
imbornal en mención.

Señaló que, en el oficio que se destaca, se planteó una alternativa consistente
en cambiar los imbornales por un sistema mixto de rejillas y ventana, menos

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susceptible a la obstrucción por desechos, para lo cual se debe elaborar un
presupuesto para gestionar la consecución de los recursos para ello.

Con base en esto último, explicó que el propio secretario de Infraestructura del
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias asumió la responsabilidad de
conseguir los recursos para las obras requeridas para menguar la obstrucción
del sistema de captación pluvial, sin señalar a otra entidad como la competente
para realizar los cambios pertinentes.

Señaló que el sustento legal de la competencia de la autoridad en mención
radica en el Decreto Distrital 0228 del 25 de febrero de 2009, aportado al
proceso, mediante el cual la Alcaldía de Cartagena delegó en el secretario de
Infraestructura la celebración de contratos de obra pública, cualquiera que fuera
su cuantía, tal como lo establece el artículo 1°, numeral 6, por lo que es esta
autoridad la única competente para acometer obras como el cambio de
imbornales.

Agregó que esta preceptiva derogó todas las disposiciones que le fueran
contrarias, entre ellas las facultades de contratación del Establecimiento Público
Ambiental de Cartagena EPA.

Aseveró que, según el Oficio AMC-OFI-0052794-2013, la Oficina Asesora de
Servicios Públicos de la Alcaldía de Cartagena tenía a su cargo el Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, en el cual se implementaron campañas
de concientización para que la comunidad no arrojara desechos en los sistemas
de captación de aguas pluviales.

Adujo que con este documento se demostró la competencia del Distrito de
Cartagena, no solamente en aspectos como la realización de obras públicas,
sino en materia ambiental. Añadió que los documentos antes destacados se
aportaron al proceso.

Por lo tanto, agregó, se probó la competencia del ente territorial para realizar las
obras públicas tendientes a mejorar los sistemas de captación de aguas lluvias,
y la conducta omisiva por no ejecutarlas, tal como lo reconoció el alcalde de
Cartagena para los años 2010 y 2011, en el informe que rindió en el proceso, lo
que justifica las razones por las que se le vinculó como extremo pasivo en la
reparación directa.

Arguyó que la providencia adolece, igualmente, de defecto fáctico al tenerse en
cuenta una prueba aportada por Transcaribe S.A., con la que concluyó,
erradamente, que el ente distrital no era competente para ejecutar las obras
públicas de que se trata.

Al respecto, indicó que dicha empresa, para sustentar su falta de legitimación y
confundir al fallador de primera instancia, argumentó que la entidad responsable
de la limpieza y obras de ampliación de sumideros y drenajes pluviales era el
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena EPA., para lo cual solicitó que

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se aportara copia del acto de su creación, sin embargo, omitió informar que a
partir del año 2009, la competencia para ello recaía en la Secretaría de
Infraestructura Distrital de Cartagena, al expedirse el referido Decreto 0228 de
2009.

Con la finalidad de sustentar lo expuesto, aportó las respuestas a sus peticiones
por parte de EPA Cartagena, mediante oficio del 7 de julio de 2022, donde
claramente manifiesta que no tenía competencia sobre el particular. Así Mismo,
aportó la respuesta de la empresa Aguas de Cartagena S.A., quien se
manifestó en el mismo sentido.

Advirtió que tampoco se valoró la comunicación del 21 de febrero de 2008,
dirigida por Transcaribe S.A. a EPA Cartagena, donde aquella solicitó a esta la
limpieza del sistema de drenajes ante el comienzo de las lluvias de abril, lo que
permite evidenciar que el taponamiento en cuestión ya se venía presentando.

Agregó que tampoco se valoró la comunicación del 30 de diciembre de 2008,
mediante la cual Transcaribe S.A., solicitó a la EPA la realización de trabajos de
conservación y mantenimiento para las obras de drenaje pluvial, pese que tales
labores correspondían a la Secretaría de Infraestructura Distrital según el
Decreto 0228 de 2009.

Se refirió al informe, bajo la gravedad de juramento, que rindió el alcalde mayor
de Cartagena de Indias, donde manifestó que para los años 2010 a 2012 no se
realizaron contratos de obra pública para el sector donde se ubican sus locales
comerciales, ni contratación de obras públicas en dicho periodo.

Explicó que, en el dictamen pericial rendido en el proceso, se concluyó que no
todos los sumideros del sector cumplían con la capacidad para evacuar
eficientemente el caudal generado por las áreas que debían cubrir, además que
la tubería instalada no contaba con el diámetro para evacuar el metraje cubico
de agua de la zona.

Sostuvo que al expediente se aportó un dictamen de la firma Hidroconsultores,
soportado en la audiencia de pruebas del 12 de noviembre de 2013, donde se
concluyó que una lluvia fuerte, incluso de un periodo de retorno de tres meses,
generaría inundaciones en el punto centro estudiado, por ser el más bajo, e
igualmente advirtió que el sistema de captación y tuberías disponible es
insuficiente.

Adujo que este dictamen fue sometido a contradicción en los términos del
artículo 220 del CPACA, sin que la parte demandada lo haya objetado, por lo
que lo manifestado en dicha audiencia debe tenerse como prueba para analizar
la sentencia materia de censura.

Advirtió la configuración de un defecto sustantivo del fallador de segunda
instancia, al pretender que se debió demandar a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, pues este ente de control no es competente

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para ejercer la vigilancia sobre los establecimientos públicos ambientales, y
entidades territoriales en ejercicio de facultades de esa naturaleza, ya que estos
no prestan servicios públicos domiciliarios, de manera que para el caso no
resultaba aplicable la Ley 142 de 1994, menos aun cuando no se diferenció
entre el servicio público de alcantarillado y el sistema de drenajes de aguas
lluvias, ya que el primero es un servicio público domiciliario que vigila la
Superintendencia, en tanto el otro es una labor de tipo ambiental que lleva a
cabo las entidades territoriales o los establecimientos públicos ambientales, a
los que no se les aplica la Ley 142 de 1994.

Afirmó que también se desconoció lo previsto en el numeral 6° del artículo 65
de la Ley 99 de 1993, que establece como una de las funciones de los
municipios y distritos ejercer, con el apoyo de la Policía Nacional y demás
entidades del Sistema Nacional Ambiental, funciones de control y vigilancia del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el
cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en dicha materia y
de proteger ese derecho.

Señaló que, con base en esta disposición, si en gracia de discusión la
competencia para realizar obras de cambio de los sistemas de captación de
aguas lluvias radicara en cabeza de la EPA de Cartagena, al alcalde mayor le
correspondía ejercer actividades de control sobre tales obras, lo cual nunca
desarrolló.

2. Trámite

Por auto del 19 de julio de 2022 se admitió la solicitud de amparo, se dispuso la
notificación de la autoridad judicial demandada y la vinculación del alcalde del
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y del gerente de la sociedad
Transcaribe S.A., quienes fueron parte del proceso ordinario objeto de
controversia, y de los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de
Bolívar.

3. Contestación

3.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

El magistrado ponente de la sentencia bajo cuestionamiento indicó que la
misma contiene los argumentos y elementos necesarios para que el juez de
tutela adopte la decisión que en derecho corresponda.

3.2. Transcaribe S.A.

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica sostuvo que la autoridad judicial
demandada analizó todos los medios de prueba aportados al proceso, incluso
los que refirió la parte actora para sustentar el defecto fáctico, y concluyó que
no se acreditó que el daño alegado fuera imputable a las entidades
demandadas, o que fuera el resultado de la falta de labores de limpieza o las

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obras que realizó Transcaribe S.A.

3.3. Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

La abogada asesora Código 105 Grado 47, advirtió la falta de legitimación del
ente territorial, toda vez que las inconformidades de la parte tutelante se dirigen
hacia una providencia dictada por una autoridad judicial, asunto que escapa a
las competencias del Distrito de Cartagena.

Agregó que, en todo caso, la parte demandante contó con todas las garantías
procesales en el trámite judicial ordinario, y que la pretensión de amparo se
dirige, en realidad, a plantear una instancia adicional.

3.4. Tribunal Administrativo de Bolívar

Aportó el expediente del medio de control de reparación directa en el que se
dictó la providencia bajo censura, sin pronunciarse sobre el particular.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en
atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991 y artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto No. 1069 de 20151, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

2. Cuestión previa

La Sala desestimará la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, comoquiera
que su vinculación al presente trámite obedece a su condición de demandada
en el tramite de reparación directa, de manera que tiene interés directo en las
resultas de la acción constitucional.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los derechos fundamentales de la parte
demandante han sido vulnerados por parte de la autoridad judicial demandada,
al haber revocado la sentencia favorable de primera instancia para, en su lugar
negar las pretensiones de resarcimiento del daño endilgado al Distrito de
Cartagena u a la empresa Transcaribe S.A., al advertir que estas entidades no
eran las llamadas a responder por los hechos de la demanda.

Previo a abordar el problema jurídico, se analizará lo concerniente a i) la

1“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho”

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procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) los requisitos
generales de procedibilidad; y solo en el evento de superarlos, iii) se abordará
el fondo del asunto.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20122
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema3 y declaró
su procedencia4.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se
trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir,
agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando
ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice
vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de
los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que
se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

5. Examen de requisitos

Se advierte que, con los reparos contra la providencia bajo cuestionamiento se
pretende poner de presente las presuntas irregularidades en que incurrió la
autoridad judicial demandada al dictarla, en tanto comprometen garantías de
orden superior, más allá del debate legal surtido en las instancias ordinarias,
por lo que el asunto es relevante desde el punto de vista constitucional.

Así, la circunstancia particular aquí expuesta puede conducir a un resultado
lesivo de garantías fundamentales en materia judicial, como son el debido
proceso y el acceso a la administración de justicia, ya que la decisión

2 Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:
Nery Germania Álvarez Bello. M.P.: María Elizabeth García González.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta
providencia.”

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censurada tiene como efecto que la parte actora no obtenga el resarcimiento
del daño que, en su criterio, obedece a una omisión de las que en su momento
atribuyó a las demandadas.

También cabe resaltar que no se trata de una tutela contra decisión de esa
naturaleza, pues la providencia que censura la parte demandante se profirió en
el trámite de un proceso de reparación directa.

De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de
inmediatez5, toda vez que la sentencia de segunda instancia cuestionada data
del 30 de marzo de 2022, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 13
de julio de 2022, por lo que, sin necesidad de verificar la ejecutoria de la
decisión, se tiene como presentada dentro de un lapso razonable.

Cabe destacar que el pleno de esta Corporación, mediante sentencia del 5 de
agosto de 20146, acogió el lapso de seis meses como plazo razonable para
solicitar la protección de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados por las providencias judiciales.

Ahora bien, en lo referente a la subsidiariedad, se advierte que la parte actora
no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, por lo que se procederá a
estudiar el fondo del asunto; adicionalmente, los recursos extraordinarios de
revisión y unificación, taxativamente contemplados en el ordenamiento
contencioso administrativo, no tienen cabida en el sub examine.

6. Caso concreto

En el sub lite la parte accionante consideró que sus derechos fundamentales
fueron vulnerados con ocasión de la sentencia de segunda instancia que revocó
el proveído favorable de primer grado y negó sus pretensiones de reparación
del daño causado por la presunta falla en la prestación del servicio de
alcantarillado por parte del Distrito de Cartagena y Transcaribe S.A.

Con la presente acción de tutela, la parte demandante busca que se amparen
sus derechos fundamentales y que, en consecuencia, se deje sin efectos el
proveído atacado y se dicte una nueva providencia que acate los principios y
valores invocados.

La parte demandante considera que la providencia bajo censura adolece de los

5 El mencionado requisito exige que la acción de tutela se interponga tan pronto se produce el

hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o por
lo menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, pues el paso
prolongado del tiempo, indica que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la
protección deprecada, desvirtuándose así, la inminencia de la afectación. La razón de ser del
referido principio, es evitar que este mecanismo constitucional de defensa se utilice como
herramienta que subsane la desidia, negligencia o indiferencia de las personas que debieron
buscar una protección oportuna de sus derechos y no lo hicieron, o que la misma se convierta
en factor de inseguridad jurídica.
6 Expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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defectos fáctico y sustantivo, al concluir, al margen de las pruebas del proceso y
del escenario jurídico del asunto, que la imputación debió dirigirse contra la
entidad a la que le correspondía la obligación de vigilancia y control de las
entidades que prestan servicios públicos domiciliarios, esto es, a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y contra la entidad
ambiental del Distrito de Cartagena a quien compete la prestación del servicio
público de alcantarillado en dicha ciudad.

La Sala expondrá de manera breve las generalidades de los defectos en
mención y se pronunciará, inicialmente sobre el yerro sustantivo alegado,
comoquiera que a partir del estudio de este reparo se determinará la relevancia
de los medios de convicción cuya valoración echa de menos la parte actora.

Bajo el escenario descrito, la Sala anticipa que negará el amparo deprecado,
toda vez que la providencia bajo cuestionamiento no adolece de los defectos
alegados. La conclusión anterior tiene sustento en los razonamientos que se
exponen en los párrafos posteriores.

6.1. Defecto fáctico

Como lo sostiene esta Sala de antaño “El defecto fáctico, como causal
especifica de procedibilidad en las acciones de tutela contra providencia judicial,
se encuentra íntimamente relacionado con las anomalías que se presentan en
el curso del proceso, frente a la actividad intelectual que realiza el juzgador en
materia de decreto, práctica y valoración probatoria.”7

Entre los supuestos que configuran el defecto bajo cita se destacan, por
corresponder a los expuestos en la tutela, los que se refieren a situaciones en
las que el juez “(ii) desconoce, de manera injustificada, el acervo probatorio
determinante para identificar la veracidad de los hechos, (iii) valora de
manera irracional o arbitraria las pruebas (…).”

Respecto del primero de tales supuestos, la Sala sostuvo que es indispensable
que la parte interesada “a) identifique los elementos probatorios que no
fueron valorados por el juez, b) demuestre que los aportó en oportunidad
legal y con el cumplimiento de las exigencias legales, c) argumente el por qué
éstos resultaban relevantes para la decisión y; d) exponga las razones por
las cuales, su análisis, hubiera podido variar el sentido del fallo.”, y
respecto del segundo se requiere que la parte actora indique “a) cuál o cuáles
han sido las pruebas objeto de una valoración indebida por parte del
funcionario judicial y, b) por qué en cada caso, las consideraciones del
juez se alejan de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana critica, al
punto de tornarse arbitrarias o si se quiere absurdas.” (Destacado por la Sala)

7Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 12 de noviembre de 2015. Expediente:
11001-03-15-000-2015-01471-01. M.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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Rad: 11001-03-15-000-2022-03846-00

6.2. Defecto sustantivo

En relación con el defecto sustantivo, se ha considerado que este se configura
cuando:

“(…) la actuación controvertida desconoce una ley adaptable al caso o se
funda en una norma indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque (i) la
norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley, (ii) es
inconstitucional, (iii) o porque el contenido de la disposición no tiene
conexidad material con los presupuestos del caso. También puede darse
en circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo que
la Constitución le (sic) reconoce a las autoridades judiciales, se produce (iv)
un grave error en la interpretación de la norma, el cual puede darse por
desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes o cuando la
decisión judicial se apoya en una interpretación contraria a la
Constitución”8.

7. Solución

Descendiendo al asunto que ocupa a la Sala, el defecto fáctico se hizo consistir
en que la autoridad judicial se abstuvo de valorar el contenido de varias piezas
procesales en las que las propias demandadas aceptaban ser las competentes
para realizar las obras de corrección de los problemas de drenaje que
ocasionaban las inundaciones en el sector donde el demandante tiene unos
locales comerciales.

El defecto sustantivo se configuró, en sentir de la parte demandante, al dar
aplicación a la Ley 142 de 1994, pese que tal preceptiva regula la prestación de
servicios públicos domiciliarios, y no aplica para el control y vigilancia en
asuntos ambientales.

Por cuestiones metodológicas, la Sala se ocupará, inicialmente, de resolver el
reparo relacionado con el defecto sustantivo, comoquiera que de las resultas
del análisis pertinente se expondrá y concluirá la razón por la que las pruebas
cuya valoración echa de menos el tutelante no tienen incidencia alguna en el
sentido del fallo atacado.

Para el efecto, conviene traer a colación la consideración de la autoridad judicial
demandada que resulta trascendental para resolver el problema de imputación
del daño:

“Para el Tribunal Administrativo de Bolívar el daño era imputable al
Distrito de Cartagena porque a los municipios les correspondía, de
conformidad con el artículo 5.1 de la Ley 142 de 1994, “la función de
asegurar que se presente (sic) a sus habitantes, de manera eficiente los
servicios públicos de […] alcantarillado”. El Tribunal, a pesar de haber
citado las normas pertinentes que determinan que a los prestadores
de servicios públicos domiciliarios les corresponde el mantenimiento
y la reparación de las redes (en este caso de alcantarillado), concluyó: si
bien, a las ESP “en principio les compete su mantenimiento y son

8Corte Constitucional, sentencia T - 464 de 2011, con ponencia del magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.

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responsables de los daños que se causen con las mismas, ello no
exime a la entidad territorial de su deber de vigilancia y control
respecto de la prestación del servicio”.

Al respecto, esta Sala advierte que, a pesar de que el juzgador de primer
grado conocía que, en el Distrito de Cartagena de Indias la prestación
del servicio de alcantarillado estaba a cargo de una ESP, resolvió que
el daño era imputable al Distrito porque no se acreditó que hubiera
“exigido de su o sus empresas prestadoras la realización de actividades
puntuales dirigidas a solucionar la problemática”, relacionada con el manejo
de las basuras. Esto es, aunque el mantenimiento de las redes de
alcantarillado no era una actividad que le correspondiera adelantar al
Distrito, consideró que, resultaba atribuible el daño alegado por
incumplir “el deber de vigilancia y control respecto de la prestación” y
porque a los municipios les correspondía “la función de asegurar que
se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
públicos.

Como se observa, el Tribunal fundamentó “la responsabilidad del
Estado en el régimen subjetivo de la falla del servicio, cual es la existencia
de un deber a cargo del Estado y la falta de ejecución o cumplimiento del
mismo”. El deber incumplido sería, en consecuencia, la omisión de la
vigilancia y control y la desatención de la función de asegurar la
prestación eficiente de los servicios públicos.” (Destacado por la Sala)

Como se puede desprender de lo transcrito, la colegiatura demandada comenzó
por advertir un yerro interpretativo del Tribunal de primer grado en torno a la
imputación del daño alegado, a partir del entendimiento acerca del alcance del
deber del municipio de asegurar la prestación eficiente del servicio público.

En efecto, el juzgador de primera instancia del proceso ordinario consideró que,
por el hecho de que del artículo 5.1 de la Ley 142 de 1994 radica en cabeza de
los municipios el deber de asegurar la prestación eficiente y oportuna de los
servicios públicos domiciliarios, entre ellos el de alcantarillado, y reconocer que
a las E.S.P. les compete las labores de mantenimiento y son responsables de
los daños de las redes correspondientes, imputó la responsabilidad al Distrito
de Cartagena a partir de su presunto incumplimiento del deber de vigilar la
prestación eficiente del servicio público de alcantarillado.

En esa medida, para el Tribunal que profirió la sentencia de primera instancia,
la responsabilidad del Distrito de Cartagena no se concretó en las deficiencias
que según la parte actora presentaba el sistema de captación y evacuación de
aguas lluvias, sino en la omisión de su supuesto deber de vigilar y controlar la
prestación del servicio, al no exigir de la E.S.P. que tiene a su cargo su
prestación, la realización de actividades orientadas a resolver la problemática
que dio origen a la demanda.

En ese orden, la colegiatura demandada puso de presente el yerro de
imputación del daño en el que incurrió el tribunal de primera instancia, en tanto,
aun teniendo presente que en el Distrito de Cartagena la prestación del servicio
de alcantarillado está a cargo de una E.S.P., y que es a esta a la que
corresponde el mantenimiento de las redes de alcantarillado, resolvió que el

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daño era imputable al referido ente territorial por incumplimiento de un deber de
vigilancia y control.

Así lo concluyó al señalar que “el Tribunal fundamentó “la responsabilidad del
Estado en el régimen subjetivo de la falla del servicio, cual es la existencia de
un deber a cargo del Estado y la falta de ejecución o cumplimiento del mismo”.
El deber incumplido sería, en consecuencia, la omisión de la vigilancia y control
y la desatención de la función de asegurar la prestación eficiente de los
servicios públicos.”

Establecido como quedó, que la conducta que configuró la falla del servicio que
el tribunal de primer grado imputó al Distrito de Cartagena, consistió en la
omisión de un supuesto deber de control y vigilancia, y el que corresponde al
aseguramiento de la prestación eficiente del servicio, y no en la falta de
mantenimiento de la red de alcantarillado y de la realización de las obras
pertinentes para optimizar su eficiencia, que fue la tesis de la demanda, el juez
colegiado avocó la tarea de analizar los presupuestos legales acerca de la
responsabilidad por incumplimiento del deber de vigilancia y control.

Bajo tal escenario, la Subsección demandada recordó que “(…) la labor de la
inspección, control y vigilancia de quienes prestan servicios públicos
domiciliarios está atribuida constitucional (artículos 365 y 370) y legalmente
(artículos 75 y siguientes de la Ley 142 de 1994) al Estado en cabeza de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por lo que debe ser
sobre esta última entidad, y no otra, que se atribuya una omisión del deber
de “vigilancia y control respecto de la prestación”. De manera que, si lo que
se consideraba era que la omisión de un deber de control y vigilancia daba
lugar a la responsabilidad del Estado, la imputación debió predicarse de la
entidad en cuya cabeza reposaba ese deber.” (Destacado por la Sala)

En esas condiciones, la Sala considera que la autoridad judicial demandada
acertó en la aplicación de la Constitución Política y de la Ley 142 de 1994 para
señalar que la labor de vigilancia y control de la prestación de los servicios
públicos corresponde, no a los municipios por cuanto a estos les compete
garantizar su prestación eficiente y oportuna, sino a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.

Con ello, el juez colegiado desvirtuó que la falla del servicio por omisión del
deber de vigilancia y control pudiera imputarse al Distrito de Cartagena,
comoquiera que, según el régimen de los servicios públicos del país, ese deber
está a cargo de otra entidad.

Ahora bien, no se debe pasar por alto que la colegiatura demandada echó de
menos que en el análisis realizado en primera instancia no se hubiera abordado
lo concerniente a las competencias del Distrito, “en especial cuando, como bien
lo advirtió el Tribunal, el servicio de alcantarillado no correspondía a una

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prestación directa a cargo de Cartagena de Indias9 y, como lo advirtió
Transcaribe, existía una entidad con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio autónomo que tenía a su cargo labores de limpieza
y conservación ambiental10.”

Se destaca la nota de pie de página 14 de la sentencia, en la que se citó el
texto del artículo 6° de la Ley 142 de 1994, que establece las condiciones
excepcionales bajo las cuales los municipios y distritos pueden prestar de
manera directa el servicio público, como es la ausencia de empresas dispuestas
a ello.

Esto con el propósito de ilustrar que, tal como se advirtió en las instancias
ordinarias, el Distrito de Cartagena no es quien presta el servicio público de
alcantarillado, comoquiera que en esa ciudad la actividad está a cargo de una
E.S.P.

Valga resaltar lo anterior si se tiene en cuenta que, bajo ese contexto, las
labores de mantenimiento y reparación de las redes corresponde a la empresa
que tiene a su cargo la prestación del servicio público11, de manera que si de la
omisión de este deber se deriva una falla que da lugar a la causación de un
daño antijurídico, el mismo resultaría imputable a la empresa de servicios
públicos que presta directamente el servicio lo cual, se insiste, no es de la
competencia del Distrito de Cartagena porque en esa ciudad la actividad está a
cargo de una E.S.P.

9 Cita de cita. Se toma de la nota de pie de página 14 de la sentencia: “Ley 142 de 1994,
artículo 6. “Los municipios prestarán directamente los servicios públicos de su
competencia, cuando las características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias
generales lo permitan y aconsejen, lo cual se entenderá que ocurre en los siguientes casos:
6.1. Cuando, habiendo hecho los municipios invitación pública a las empresas de
servicios públicos, no haya habido empresa alguna que se ofreciera a prestarlo; 6.2.
Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho
los municipios invitación pública a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a
la Nación y a otras personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios
públicos que lo preste, no haya habido una respuesta adecuada; 6.3. Cuando, aún habiendo
empresas deseosas de prestar el servicio, haya estudios aprobados por el Superintendente
que demuestren que los costos de prestación directa para el municipio serían inferiores a
los de empresas interesadas, y que la calidad y atención para el usuario serían, por lo menos,
iguales a las que tales empresas podrían ofrecer. Las Comisiones de Regulación establecerán
las metodologías que permitan hacer comparables diferentes costos de prestación de servicios
[…]”. (Destacado por la Sala)
10 Cita de cita. Se toma de la nota de pie de página 15 de la sentencia: “Dentro de las

competencias asignadas por el Acuerdo 29 de 2002, “por el cual se crea el
establecimiento público ambiental -EPA- Cartagena, como autoridad ambiental del Distrito
de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones” (que hizo parte de las pruebas
aportadas, relacionadas y consideradas por el Tribunal) se encontraban las de “ejecutar
proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por
vertimientos del Distrito, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de
residuos líquidos y sólidos […] promover y desarrollar la participación comunitaria en
actividades y programas de protección ambiental […] adelantar programas de adecuación
de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como erosión, manejo de causes y
reforestación”. (Destacado por la Sala)
11 Como lo dispone el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, en tanto dispone que “Las empresas

tienen la obligación de efectuar el mantenimiento y reparación de las redes locales, cuyos
costos serán a cargo de ellas.”

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Por lo tanto, si en criterio de la parte actora la falla se concretó en la falta de
mantenimiento, reparación o modificación12 de la red de captación y evacuación
de aguas, entonces sería la E.S.P. que tiene a su cargo la prestación del
servicio de alcantarillado la que debió vincularse como demandada, por ser la
llamada a responder por las pretensiones de resarcimiento.

A su turno, la autoridad judicial demandada destacó, en la nota de pie de página
15 de la sentencia, parte del texto del Acuerdo 29 de 2002, “por el cual se crea
el establecimiento público ambiental -EPA- Cartagena, como autoridad
ambiental del Distrito de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones”,
para resaltar que en cabeza de dicho establecimiento radica la función de
“ejecutar proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua
afectados por vertimientos del Distrito, así como programas de disposición,
eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos […] promover y desarrollar
la participación comunitaria en actividades y programas de protección ambiental
(….)”

Con ello, la judicatura demandada puso de presente que las labores de
limpieza, disposición de residuos sólidos y descontaminación de las estructuras
de alcantarillado radican en cabeza de un establecimiento público distinto del
Distrito de Cartagena, de manera que si el daño alegado tuvo lugar por la
omisión de estas actividades, la llamada a responder por la pretensión de
reparación debía ser EPA Cartagena.

Por lo tanto, la Subsección demandada advirtió:

“El deber constitucional (artículo 365) y legal (artículo 5 de la Ley 142 de
1994) de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos, no
se traduce en una fórmula automática de atribución de
responsabilidad a las entidades territoriales, en especial, cuando
exista otro claro centro de imputación de la responsabilidad (de otra
entidad o entidades no demandadas en el proceso) bien porque esté a su
cargo la prestación de un servicio público domiciliario (y, en
consecuencia, la responsabilidad por los daños que se originen en su
prestación), bien porque omitan sus deberes de inspección, control y
vigilancia.

De manera que, si lo que se consideró fue que una omisión constituyó
la causa eficiente del daño, la imputación de la responsabilidad debió
haber sido el resultado del estudio de los deberes y de las
competencias asignadas a las entidades demandadas, análisis que no
realizó el juzgador de primera instancia. Ahora bien, como se advierte a
continuación, tampoco estaba probado que la causa del daño hubiera sido
el inadecuado manejo de las basuras.” (Destacado por la Sala)

Tal como se observa, la autoridad judicial concluyó, acertadamente, y con

12 Al tenor del texto del artículo 28 de la Ley 142 de 1994, “Todas las empresas tienen el

derecho a construir, operar y modificar sus redes e instalaciones para prestar los
servicios públicos, para lo cual cumplirán con los mismos requisitos, y ejercerán las mismas
facultades que las leyes y demás normas pertinentes establecen para las entidades oficiales
que han estado encargadas de la prestación de los mismos servicios, y las particulares
previstas en esta Ley.” (Destacado por la Sala)

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fundamento en los dictados legales que regulan la prestación de los servicios
públicos, que el deber de asegurar su prestación eficiente y oportuna no se
traduce en una formula objetiva de responsabilidad, menos aun cuando existen
otras entidades que tienen a su cargo su prestación directa.

Por lo tanto, la parte actora incurre en un error al considerar que la autoridad
judicial demandada inaplicó indebidamente la Ley 142 de 1994 respecto de la
competencia de vigilancia y control a cargo de la Superintendencia de Servicio
Públicos.

Conviene aclarar y reiterar que la consideración que efectuó la subsección
demandada sobre el particular tuvo como propósito desvirtuar el juicio de
imputación que erróneamente el Tribunal descargó en el Distrito de Cartagena,
para aclarar que el ente territorial no tiene a su cargo la labor de inspección,
control y vigilancia de la actividad de prestación de los servicios públicos.

En esas condiciones, en manera alguna se puede advertir, como lo hace la
parte actora, que el defecto sustantivo se configuró al atribuir a la referida
superintendencia una función de control en asuntos ambientales, pues la
autoridad judicial no efectuó consideraciones de ese talante.

Tampoco es de recibo el reparo de la parte tutelante en cuanto aduce que se
desconoció el numeral 6° del artículo 65 de la Ley 99 de 1993 que, según el
actor, confiere al alcalde mayor de Cartagena el ejercicio de actividades de
control sobre las obras de modificación del sistema de captación de aguas
lluvias, puesto que nunca se realizaron y además la norma refiere actividades
en materia de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales
renovables.

Adicionalmente, el actor no demuestra el defecto sustantivo que en su criterio
tuvo lugar por no distinguir entre el servicio público de alcantarillado y el sistema
de drenaje de aguas lluvias, al no exponer la preceptiva que en su sentir difiere
estos aspectos. Por el contrario, es la propia definición prevista en el artículo
14.23 de la Lay 142 de 1994 la que establece que el servicio público de
alcantarillado “Es la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos,
por medio de tuberías y conductos. También se aplicará esta Ley a las
actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de
tales residuos.”, sin distinciones acerca de las estructuras de drenaje de aguas
lluvias.

El análisis anterior desvirtúa la tesis del demandante según la cual el sustento
legal de la competencia del Distrito de Cartagena en el asunto radica en el
Decreto Distrital 0228 del 25 de febrero de 2009, pues si bien en su artículo 1°
numeral 6,° delegó en el secretario de Infraestructura la celebración de
contratos de obra pública, cualquiera que fuera su cuantía, dicha disposición no
derogó, y no podía hacerlo por cuestiones de jerarquía normativa, las
disposiciones de la Ley 142 de 1994 que radican en cabeza de las empresas
prestadoras de servicios públicos la competencia para construir, operar y

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modificar sus redes e instalaciones para prestar los servicios públicos, como en
este caso son las estructuras del sistema de alcantarillado de la ciudad.

En concordancia, el referido Decreto 0228 de 2009 tampoco derogó la
competencia de EPA Cartagena en actividades de limpieza de sumideros y
drenajes pluviales, pues no atribuyó de manera expresa estas actividades en
otra entidad.

El estudio anterior da cuenta de que las pruebas con las que el tutelante
sustenta el defecto fáctico, a saber, el oficio del Departamento de Valorización
Distrital de Cartagena que, según el demandante, advirtió que la competencia
para modificar los puntos de captación de aguas, está a cargo de la Secretaría
de Infraestructura del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, y el
Oficio EXT AMC -0049540 de la referida dependencia de acuerdo con el cual, al
parecer, asumió la responsabilidad de conseguir recursos para modificar el
sistema de captación y drenaje, no pueden tener incidencia alguna en el sentido
de la decisión.

Lo anterior en la medida que, si en gracia de discusión fueran las propias
entidades las que advierten ser competentes para acometer las obras que
demanda la parte actora, lo cierto es que ello en manera alguna puede
entenderse como una circunstancia que desvirtúe las atribuciones legalmente
previstas para los entes territoriales y las empresas en cargadas de prestar
servicios públicos domiciliarios.

De este modo, las documentales en cuestión no pueden entenderse como
prueba de la competencia del Distrito de Cartagena en cuanto concierne a la
prestación del servicio público de alcantarillado, toda vez que las atribuciones
sobre el particular están definidas en la ley, como se expuso con suficiencia en
párrafos anteriores, luego, al margen de las consignas de estos documentos, no
tienen valor de convicción para orientar la sentencia cuestionada en otro
sentido.

Establecido lo anterior y en razón de que, a juicio de esta Sala, la autoridad
judicial demandada consideró, acertadamente, que al Distrito de Cartagena no
se le podía imputar la responsabilidad por el daño derivado de la falta de
limpieza y mantenimiento y realización de obras para optimizar el servicio de
alcantarillado, pues tal competencia recae en otra entidad, resulta irrelevante
demostrar la causación de dicho menoscabo.

Con todo, la subsección demandada se ocupó de advertir que no encontró
acreditado que la falta de limpieza de los drenajes pluviales fuera la causa
eficiente del daño, ya que, de su análisis de la prueba pericial concluyó que la
afirmación del perito según la cual su estudió partió de la presencia de
condiciones ideales comoquiera que el efecto de las basuras haría aumentar las
inundaciones, tuvo lugar en la audiencia de pruebas, no obstante, no hizo parte
de un estudio técnico, “a diferencia de lo sostenido en la Sentencia objeto de la
apelación, el alcalde mayor del Distrito de Cartagena de Indias sí informó que

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“se ha[bían] ejecutado en los últimos 2 años brigadas de capacitación en
materia de aseo y disposición de residuos sólidos”.”

Adicional a ello, el colegiado sostuvo que “(…), contrario a las consideraciones
del demandante en su recurso de apelación, y tal y como lo advirtió el Tribunal
Administrativo de Bolívar, “no se demostró que la ejecución de la obra
desarrollada por dicha sociedad13, fue la determinante de las inundaciones
que se presentaron en el sector donde se encuentra ubicados (sic) los
inmuebles […] la prueba pericial practicada no atribuyó la falla del servicio
de alcantarillado a la ejecución de la obra pública realizada por
Transcaribe S.A., al punto que reconoció que incluso los tubos instalados
tenían una capacidad superior a la antes existente”. A pesar de la insistencia
del demandante, ningún medio de prueba permite concluir (artículo 177 del
Código de Procedimiento Civil) que las obras ejecutadas por Transcaribe
tuvieron siquiera injerencia en las inundaciones que dieron origen a la
demanda.”

Lo anterior da cuenta que la autoridad judicial resolvió, con base en el dictamen
pericial practicado en el proceso, que la capacidad de la tubería instalada es la
óptima para la función de evacuación de aguas, por lo que, aun bajo la
circunstancia de no haberse contradicho el dictamen de la firma
Hidroconsultores, existe una prueba con la cual se fundamentó la conclusión de
la autoridad judicial.

Ello da cuenta de que el inconformismo de la parte actora radica, en realidad,
en un cuestionamiento orientado a controvertir las conclusiones del juez
colegiado en torno a la valoración de la prueba practicada en el proceso, y que
su argumento se enfocó en el hecho de no haber conferido mayor valor de
convicción a la prueba que le resultaba favorable, y no haber descartado la que
no lo era.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Sala negará el amparo
deprecado en la acción de tutela de la referencia, en atención a que no se
configuraron los defectos fáctico y sustantivo alegados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- Niégase la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.

SEGUNDO.- Niégase la solicitud de tutela instaurada por el señor Maurizio
Papa, conforme a lo señalado en las consideraciones de este proveído.

13 Transcaribe S.A.

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TERCERO.- Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO.- Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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