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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03847-01

Fecha
22 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03847-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que amparó los derechos fundamentales invocados, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela presentada por la señora Elizabeth Jaramillo Rodríguez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03847-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

22 de septiembre de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03847-01
Demandante: ELIZABETH JARAMILLO RODRÍGUEZ
Demandado: UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL DE
ABOGADO. REQUISITO DEL EXAMEN DE ESTADO PARA
EXPEDICIÓN DE TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO.
CONFIRMA FALLO QUE AMPARÓ LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS. CARENCIA ACTUAL DE
OBJETO POR HECHO SUPERADO.

Síntesis del caso: la parte actora indicó que no le ha sido expedida su tarjeta profesional de
abogada, sin embargo, con ocasión del mecanismo constitucional se expidió la acreditación
como abogada por lo que se confirmará el fallo de primera instancia y se declarará que este
asunto carece actualmente de objeto por tratarse de un hecho superado.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia
de 4 de agosto de 2022 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante
la cual se dispuso:

“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de la señora Elizabeth
Jaramillo Rodríguez.

SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENA al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir la
notificación de esta providencia, si no lo ha hecho, proceda a expedir la tarjeta
profesional de abogado de la señora Elizabeth Jaramillo Rodríguez, dado que,
desde el 6 de mayo de 2022 radicó los documentos requeridos, publicados y
enlistados en la página web para la expedición de su tarjeta.

TERCERO: PREVENIR al Consejo Superior de la Judicatura, para que, en lo
sucesivo, se abstenga de exigir el requisito consagrado en la Ley 1905 de 2018,

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Demandante: Elizabeth Jaramillo Rodríguez
Acción de tutela – Impugnación fallo

hasta tanto, se pueda materializar la presentación del examen de la (sic)
conforme a las consideraciones expresadas en el proyecto.

CUARTO: EXHORTAR al Consejo Superior de la Judicatura para que en el
portal SIRNA actualice el requisito indicado por la Ley 1905 de 2018,
únicamente hasta que se cumplan las fases de implementación del “examen de
Estado”, dado que exigirlo sin tal proceder conlleva a imponer una carga lesiva
a los egresados.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI- negrillas y mayúsculas del original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 13 de julio de 2022 la señora Elizabeth Jaramillo Rodríguez, presentó proceso de
acción de tutela en contra de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura - con el fin de que se protegieran sus
derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y trabajo y, por tanto, se accediera
a las siguientes súplicas:

“PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales de igualdad, trabajo, libre
desarrollo a la profesión, equidad y principio de favorabilidad, al igual que el
derecho estipulado en el art 43 donde se establece que la mujer y el hombre
tienen iguales derechos y oportunidades en el ámbito social, económico y
cultural.

SEGUNDO: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que con plazo 72
horas se expida mi Tarjeta Profesional de abogado a la cual tengo derecho por
haber cumplido con todos los requisitos exigidos en la página Sirna Rama
Judicial Consejo Superior Judicatura, y de esta manera impedir se siga
vulnerando mis derechos fundamentales.”. (archivo disponible en medio
magnético a través del aplicativo SAMAI- mayúsculas y negrillas del original).

2. Los hechos de la demanda y fundamentos de la vulneración

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

1) Con ocasión de la alianza entre la universidad Politécnico Grancolombiano y la Policía
Nacional ingresó a realizar sus estudios profesionales en el programa de derecho en la
mencionada institución educativa y obtuvo su título de abogada el 19 de abril de 2022.

2) El 6 de mayo de 2022 realizó los trámites para la expedición de su tarjeta profesional,
de manera que la autoridad demandada acusó recibo de la petición indicando que la
solicitud fue transferida al personal encargado.

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Demandante: Elizabeth Jaramillo Rodríguez
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3) Para el 3 de junio de 2022 los compañeros de su promoción, quienes ingresaron al
programa de derecho en la misma fecha que ella, y se graduaron bajo las mismas
condiciones y beneficios otorgados por el convenio entre la universidad Politécnico
Grancolombiano y la Policía Nacional, ya habían recibido su tarjeta profesional.

4) El 28 de junio de 2022 radicó ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia una petición en la que solicitó la expedición de su tarjeta
profesional de abogado, con fundamento en que cumplía con todos los requisitos exigidos
y expuestos en la página web SIRNA.

5) El 7 de julio de 2022 la demandada informó que la Ley 1905 del 2018 establece como
requisito para la expedición de la tarjeta profesional de abogado la certificación de
aprobación del examen de Estado, por lo cual dentro de once meses se le informaría la
fecha en la cual debería realizarlo.

6) Expresó que el Consejo Superior de la Judicatura no ha actualizado la página
https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Requisitos.aspx, donde se encuentran los
requisitos para la expedición de la tarjeta profesional de abogado, conforme lo
establecido en el artículo 2 de la Ley 1905 de 2018.

7) Aseguró que a la fecha de presentación de la presente acción constitucional no ha sido
expedida su tarjeta profesional como abogada, a pesar de que radicó de manera
completa los documentos requeridos en la página SIRNA de la Rama Judicial, dentro de
los cuales no se menciona el certificado de la presentación del “examen de Estado”
contemplado en el artículo 2 de la Ley 1905 de 2018.

8) Para la accionante el proceder de la autoridad accionada trasgredió sus derechos
fundamentales pues por la falta de respuesta se ha visto afectada profesional y
laboralmente.

3. Actuación de primer grado

Mediante providencia de 15 de julio de 2022 la Sección Quinta de esta Corporación
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Consejo Superior de
la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y a
la Universidad Politécnico Gran Colombiano – Sede Medellín, para que allegaran un
informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

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Demandante: Elizabeth Jaramillo Rodríguez
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4. Sentencia de primera instancia

La Sección Quinta de esta Corporación en sentencia de 4 de agosto de 2022 amparó los
derechos invocados por la demandante, pues consideró que como el examen de Estado
aún no ha podido ser aplicado, mal haría la autoridad en expedir una reglamentación para
obtener la tarjeta profesional en la que se exija la aprobación de dicha prueba y, en
consecuencia, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia que procediera a expedir la tarjeta profesional de
abogado.

5. Impugnación

La parte demandada presentó impugnación contra el fallo de primera instancia,
concedida en auto del 17 de agosto de 2022.

Informó que, en virtud de lo ordenado en el fallo de tutela, así como la documentación
aportada por la demandante con su solicitud, dispuso inscribir en el registro de abogados
a la señora Elizabeth Jaramillo Rodríguez, cuyos documentos fueron enviados al
contratista para la elaboración del plástico de la tarjeta profesional.

Sostuvo que no es acertado afirmar que todas las actividades laborales relacionadas con
el ejercicio de la abogacía estén condicionadas al requisito de la presentación de la tarjeta
profesional de abogado, por lo que la no expedición de esta a la demandante no
constituye una conducta vulneradora de derechos fundamentales, sino que hace parte
del acatamiento de las disposiciones de la Ley 1905 de 2018.

Por ser la profesión del derecho una actividad regulada en el ordenamiento jurídico
colombiano el proceso de trámite para la inscripción y expedición de la tarjeta profesional
de abogado ha de someterse al control riguroso sobre el cumplimiento de las exigencias
legales y reglamentarias que aseguren la expedición de un documento idóneo, que tiene
como misión cumplir una función social en colaboración con las autoridades para la
conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país.

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Demandante: Elizabeth Jaramillo Rodríguez
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura con el fin de que se proteja los derechos fundamentales a la
igualdad y trabajo, presuntamente vulnerados por la no expedición y entrega de la tarjeta
profesional de abogado.

En la sentencia de primera instancia la Sección Quinta del Consejo de Estado amparó
los derechos invocados por la demandante y ordenó al “Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia” que procediera a
expedir la tarjeta profesional de abogado.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03847-01
Demandante: Elizabeth Jaramillo Rodríguez
Acción de tutela – Impugnación fallo

En el escrito de impugnación la parte demandada puso de presente que inscribió en el
registro de abogados a la señora Elizabeth Jaramillo Rodríguez, cuyos documentos
fueron enviados al contratista para la elaboración del plástico de la tarjeta profesional y
su posterior entrega por lo que solicitó que se declarara la existencia de un hecho
superado.

En los estrictos términos en que fue propuesta la impugnación Sala verificará si hay lugar
a inferir que se cumplió el fallo de primera instancia y, en caso afirmativo, se confirmará
la decisión que amparó los derechos invocados por la demandante y, en cuanto a la
actualidad del objeto, se declarará la existencia de un hecho superado, por las razones
que procederán a exponerse:

1) En primer lugar, revisado el expediente observa la Sala que efectivamente la parte
demandante elevó solicitud de inscripción en el registro nacional de abogados ante la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia con el objeto de
obtener la expedición y entrega de su tarjeta profesional de abogada.

2) Con ocasión del fallo de tutela proferido el 4 de agosto del presente año la autoridad
demandada le manifestó a la peticionaria que le asignó la tarjeta profesional de abogado
no. 388.371 mediante Acta no. 15971 de 2022, la cual le va a ser entregada en su
domicilio, a través del servicio de correo certificado de la empresa de mensajería 472,
una vez se elabore por el contratista el plástico correspondiente. De manera expresa,
señaló:

“En cumplimiento al fallo de tutela de fecha 4 de agosto de 2022, proferido por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, según acción interpuesta contra el
Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia, notificada a través de correo electrónico el 8 de
agosto del año en curso, en el cual se dispuso entre otros aspectos lo siguiente
“(…) se ORDENA al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia que, en un término de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir la notificación de esta providencia, si no lo
ha hecho, proceda a expedir la tarjeta profesional de abogado de la señora
Elizabeth Jaramillo Rodríguez, (…)”, de manera atenta, me permito informarle
lo siguiente:

Esta Unidad con todos los documentos aportados, la inscribió en el registro de
abogados, asignándole la Tarjeta Profesional de Abogado No. 388.371
mediante el Acta No. 15971 de 2022, cuya copia anexo.

Así mismo, los respectivos documentos fueron enviados al contratista para la
elaboración del plástico de la Tarjeta Profesional de Abogado y, una vez sea
entregada a esta Unidad, se remitirá a través del servicio de correo certificado

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de 472, al domicilio (residencia) registrado por usted al momento de realizar la
preinscripción del trámite.

De igual manera, podrá acceder a la certificación de vigencia de la tarjeta
profesional de abogado, que puede ser descargada o consultada por la internet,
a través del servicio de “Certificado de Vigencia”, al que podrá acceder cualquier
ciudadano o funcionario, desde la página web de la Rama Judicial o en el link
https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx, escogiendo la
calidad de “Abogado” y verificar así la titularidad y vigencia del documento.”.
(archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI-
mayúsculas y negrillas del original).

3) De conformidad con lo anterior, para la Sala resulta claro que la pretensión contenida
en la tutela fue satisfecha, toda vez que mediante comunicación enviada el 8 de agosto
de 2022 al correo electrónico suministrado en la demanda “eliley2011@hotmail.com” se
le informó acerca de la inscripción en el registro de abogados, el número de asignación
de la tarjeta profesional y que el plástico sería enviado a su domicilio, una vez sea
entregado por el contratista.

4) Por consiguiente, se confirmará el fallo de primera instancia que amparó los derechos
fundamentales de la parte actora, pero en cuanto a la actualidad del objeto se declarará
la carencia actual por hecho superado puesto que en el trámite de impugnación la
autoridad cumplió el fallo de tutela de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que amparó los derechos
fundamentales invocados, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

2º) Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela
presentada por la señora Elizabeth Jaramillo Rodríguez, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

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Demandante: Elizabeth Jaramillo Rodríguez
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4º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia de la misma.

5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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