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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03851-01

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03851-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03851-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

3 de noviembre de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03851-01
Demandante: MINISTERIO DEL INTERIOR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE HUILA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
CONFIRMA DECISIÓN QUE DECLARÓ LA
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR EL
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD
POR CUANTO NO SE AGOTARON LOS MEDIOS
JUDICIALES DE DEFENSA CONTRA LA PROVIDENCIA
QUE NEGÓ LA SOLICITUD DE LA ACTORA.

Síntesis del caso: la demandante indicó que se vulneraron sus derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia como consecuencia
del fallo proferido el 9 de junio de 2022, mediante el cual se negó la solicitud de levantamiento
de la medida cautelar de embargo y retención de dineros depositados en cuentas corrientes
adscritas al Banco Davivienda del Ministerio del Interior.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 18 de agosto de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el Ministerio del Interior, atendiendo a las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.”. (archivo disponible en medio magnético a través del
aplicativo SAMAI- negrillas del original).

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03851-01
Demandante: Ministerio del Interior
Acción de tutela – Impugnación fallo

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 13 de julio de 2022 el Ministerio del Interior, a través de apoderada judicial, presentó
proceso de acción de tutela en contra de la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Huila con el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia y, por tanto,
se accediera a las siguientes súplicas:

“PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y
el principio de SEGURIDAD JURÍDICA del MINISTERIO DEL INTERIOR, los
cuales han sido vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA -
M.P. Enrique Dussán Cabrera dentro del proceso con radicación:
410012331200020060076600, con fecha (sic) 9 de junio de 2020 y mediante la
cual se abstuvo de decretar el levantamiento de embargo dentro del citado
proceso, proceder que a todas luces transgrede las garantías esenciales aquí
invocadas.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR EL
LEVATAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ordenadas por el Tribunal
Accionado respecto al Ministerio del Interior, por pago de la obligación.”. (sic)

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida, la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

1) La señora Yineth Puentes de Borrero, en su condición de cesionaria de los derechos
de orden crediticio, presentó demanda ejecutiva contra la Nación - Ministerio del Interior,
la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, en la que solicitó el cumplimiento de la sentencia de
23 de noviembre de 2019 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, que ordenó el resarcimiento de los daños ocasionados por el secuestro
del señor Luis Fernando Borrero Solano.

2) A través de auto de 5 de febrero de 2021 el Tribunal Administrativo de Huila libró
mandamiento de pago y, posteriormente, mediante auto de 1 de junio de 2021, decretó
la medida cautelar de embargo respecto de unas sumas dinerarias pertenecientes a las
demandadas y depositadas en cuentas corrientes adscritas del banco Davivienda.

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Demandante: Ministerio del Interior
Acción de tutela – Impugnación fallo

3) Mediante sentencia del 9 de junio de 2022 el despacho de conocimiento ordenó seguir
adelante con la ejecución y se abstuvo de levantar la medida cautelar impuesta al
Ministerio del Interior, pues advirtió que el pago realizado por la autoridad no cubría el
valor total del que solidariamente estaba obligada, contenido en el mandamiento de pago.

4) El Ministerio del Interior interpuso recurso de apelación en contra de dicha providencia,
el cual fue rechazado por extemporáneo por el Tribunal Administrativo de Huila con auto
de 22 de julio de 2022.

3. El fundamento de la vulneración

La parte actora señaló que la autoridad demandada vulneró sus derechos fundamentales
del debido proceso y acceso a la administración de justicia con ocasión del fallo proferido
el 9 de junio de 2022, mediante el cual se negó la solicitud de levantamiento de la medida
cautelar de embargo y retención de dineros depositados en cuentas corrientes del
Ministerio del Interior, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo
y procedimental absoluto.

En cuanto al defecto fáctico afirmó que el tribunal omitió la fecha en que se realizó el
pago total de la obligación de modo que, aun cuando contaba con las pruebas del pago
realizado, el tribunal no se pronunció al respecto.

Por otra parte, sostuvo que se configuró un defecto sustantivo en cuanto a la solidaridad
de la obligación pues esta solidaridad a cargo de las demandadas está garantizada, por
lo tanto, mantener las medidas cautelares en contra del Ministerio del Interior vulneró las
garantías de la Cartera Ministerial.

Finalmente, frente al defecto procedimental absoluto indicó que la autoridad judicial actuó
de forma contraria a ley en tanto que se negó reiteradamente a atender sus solicitudes y
decretar el levantamiento de la medida cautelar de embargo a las cuentas corrientes
afectadas, negativa que puso en riesgo la estabilidad de su actividad misional.

4. Actuación de primer grado

Mediante auto de 18 de julio de 2022 la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado admitió el proceso de acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal

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Administrativo de Huila y vinculó a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional (Ejército y
Policía Nacional) y a los señores María Teresa Solano Barrero, Germán Borrero Solano,
Fidel Borrero Solano, María Cristina Borrero Solano, Luz Helena Borrero Solano, María
Teresa Borrero Solano, Tulia Inés Borrero Solano, Luis Fernando Borrero Solano y Luis
Fernando Borrero Puentes, por tener interés jurídico dentro del proceso, con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción, al tiempo
que se negó la medida provisional solicitada por la parte actora.

5. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 18 de
agosto de 2022 declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad.

Señaló que el Ministerio del Interior no agotó el procedimiento ordinario dentro del asunto
que fundamentó la interposición de la acción constitucional en contra de la providencia
de 9 de junio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Huila.

Lo anterior, pues la parte actora presentó de forma extemporánea el recurso de apelación
con el que pretendía obtener un pronunciamiento de segunda instancia.

El Ministerio del Interior contó con la oportunidad procesal para defender sus intereses,
sin embargo, prefirió guardar silencio, por tanto, de acuerdo con lo previsto en la ley debe
asumir las decisiones judiciales aun en lo desfavorable, sin que pueda acudir a la acción
constitucional como mecanismo adicional para procurar la protección de sus derechos
constitucionales fundamentales.

Por último, indicó que no existen elementos que lleven a la convicción de la existencia de
un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez constitucional con miras a
sustraerla de la obligación de acudir al juez ordinario que es quien debía conocer el
asunto.

6. Impugnación

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Demandante: Ministerio del Interior
Acción de tutela – Impugnación fallo

La parte demandante impugnó el fallo de primera instancia, recurso que fue concedido
en auto de 5 de octubre de 2022.

Reiteró que es evidente que se presentó una violación del derecho constitucional
fundamental del debido proceso en conexidad con el principio de seguridad jurídica en el
proveído de 9 de junio de 2022 por parte del Tribunal Administrativo de Huila, pues se
negó el levantamiento de la medida cautelar de embargo solicitada por la parte
ejecutante.

De igual manera, afirmó que la acción de tutela se convierte en el mecanismo procedente
para brindarle la protección de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados por una autoridad pública o particular.

Agregó que si bien la acción de tutela no procede cuando existen otros mecanismos
judiciales de protección, la existencia de dichos mecanismos no debe ser estudiada en
abstracto, sino en concreto para valorar su idoneidad y eficacia, como lo ha señalado la
Corte Constitucional en la sentencia T-488 de 2004. En consecuencia, indicó que la
acción de tutela es el mecanismo idóneo para la protección de sus derechos
fundamentales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los

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Demandante: Ministerio del Interior
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procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Tribunal Administrativo de Huila con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de
justicia como consecuencia de la expedición de la providencia de 9 de junio de 2022,
mediante la cual se negó el levantamiento de la medida cautelar de embargo y retención
de dineros a nombre del Ministerio del Interior.

En la sentencia de primera instancia la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, pues consideró que la parte actora no agotó el procedimiento ordinario
dentro del asunto que fundamentó la interposición de la acción constitucional y que aun
cuando contó con la oportunidad procesal para defender sus intereses prefirió guardar
silencio.

En el escrito de impugnación la parte demandante indicó que la acción de tutela se
convierte en el mecanismo procedente para la protección de sus garantías
constitucionales fundamentales que fueron violadas por el proceder de la autoridad
judicial ejecutada.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará el fallo de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, por las razones que procederán a exponerse:

1) El artículo 86 de la Constitución Política establece “que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales […]”.

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2) Asimismo, señala que solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

3) De esta manera, es claro que la acción de tutela opera de manera subsidiaria y solo
procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un perjuicio irremediable o
cuando se acredita en el caso concreto que dicho mecanismo no es idóneo y eficaz para
la protección de los derechos fundamentales.

4) Frente a la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo
transitorio, la Corte Constitucional ha sostenido que no puede ser utilizada como un medio
judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la
defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios
o especiales. Al respecto señaló1:

“(…) La acción de tutela es un instrumento de defensa judicial dotado de un
carácter subsidiario y residual, en virtud del cual, es posible, a través de un
procedimiento preferente y sumario, obtener el amparo inmediato de los
derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los casos expresamente previstos por el legislador.

3.3.2. El carácter subsidiario y residual, significa entonces que solo es
procedente supletivamente, es decir, cuando no existan otros medios de
defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo estos, se promueva
para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable. A este respecto, el
artículo 86 de la Constitución Política señala expresamente que “esta acción
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.

3.3.3. Bajo esa orientación, se entiende que “la acción de tutela, en términos
generales, no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional
o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos,
pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y,
menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos dentro de estos procesos
para controvertir las decisiones que se adopten2.”.

1 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, sentencia T-022 de 2017, MP Luis Guillermo Guerrero

Pérez.
2 Consultar, entre otras, las sentencias SU-544 de 2001, T-599 de 2002, T-803 de 2002, T-273 de 2006, T-

093 de 2008, SU-037 de 2009, T-565 de 2009, T-424 de 2010, T-520 de 2010, T-859 de 2010, T-1043 de
2010, T-076 de 2011, T-333 de 2011, T-377A de 2011, T-391 de 2013, T-627 de 2013 y T-502 de 2015.

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5) De lo anterior, se concluye que la tutela resulta improcedente cuando es utilizada como
mecanismo para desplazar los medios ordinarios y extraordinarios de defensa previstos
por la ley; sin embargo, le asiste razón a la parte impugnante en cuanto a que tal regla
general se exceptúa si el juez constitucional logra determinar que dichos mecanismos no
son suficientemente “idóneos y eficaces” para garantizar la protección de los derechos
presuntamente vulnerados o amenazados y se requiere el amparo constitucional como
mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

6) En el presente asunto, se recuerda que la demandante pretende obtener la protección
de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados como consecuencia de la
expedición de la providencia de 9 de junio de 2022, mediante la cual se negó el
levantamiento de la medida cautelar de embargo y retención de dineros en cuentas
bancarias a nombre del Ministerio del Interior.

7) Ahora bien, revisada la solicitud de tutela objeto de examen la Sala advierte que, tal
como lo señaló el a quo constitucional, la misma es improcedente en los términos
previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en razón a que, a
pesar de que se invoca la vulneración de derechos fundamentales como el debido
proceso y acceso a la administración de justicia la parte demandante no agotó todos los
medios de defensa judicial que tenía a su alcance y tampoco se demostró la existencia
de un perjuicio irremediable que imponga la imperiosa necesidad de que el juez
constitucional intervenga y adopte medidas urgentes, improrrogables y suficientes en
aras de evitar su inminente materialización o mitigarlo.

8) En efecto, como lo advirtió la primera instancia, a partir de los documentos allegados
al expediente resulta claro que la sentencia de primera instancia del 9 de junio de 2022
es una decisión susceptible de ser apelada y examinada por el superior, sin embargo, a
pesar de que la parte demandante podía presentar el recurso de apelación lo hizo en
forma tardía o, en otros términos, no lo presentó oportunamente.

9) Adicionalmente, tampoco agotó el recurso de queja contra el auto que rechazó por
extemporánea la apelación, razón de más para inferir que dejó de emplear los medios
judiciales que tenía a su alcance y que resultaban idóneos y eficaces si lo que pretendía
era demostrar que la autoridad judicial accionada se equivocó en seguir adelante con la
ejecución.

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10) Aunque en su escrito de impugnación la recurrente señaló, en términos generales,
que la existencia de otros medios judiciales debe ser analizada en concreto para verificar
la idoneidad y eficacia de tales mecanismos lo cierto es que no explicó por qué en este
caso el recurso de apelación no era la vía idónea o eficaz para ventilar los argumentos
que, por desidia, descuido o desinterés, dejó de proponer a través del recurso de
apelación oportunamente.

11) Además, a partir de lo planteado en la demanda, no es posible inferir la inminencia
de un perjuicio irremediable en relación con ninguno de los intereses y derechos
fundamentales cuya protección se solicitó, pues con la sola afirmación de que las cuentas
corrientes afectadas por la medida cautelar de embargo son utilizadas para cubrir las
obligaciones en favor de los trabajadores tales como pagos de nómina, aportes sociales
y parafiscales, impuestos, servicios públicos, entre otros, no puede entenderse como una
inminente afectación debido a que en el numeral tercero del auto de 1 de junio de 2021
que decretó la medida cautelar objeto de controversia se indicó expresamente que “…la
medida se limita a la suma de $796.320.525 M/CTE, siempre que no correspondan a
dineros inembargables destinados al pago de pensiones o los recaudados con el objeto
de transferirlos al Fondo de Solidaridad y Garantías o los girados por la Nación por
concepto de Sistema General de Participaciones o regalías, siendo responsabilidad del
accionante el que no se exceda ese valor dada la pluralidad de las cuentas a embargar.”.
Por consiguiente, las afectaciones aludidas no demuestran que se configure un perjuicio
irremediable, máxime cuando la cartera ministerial más allá de la afirmación no demostró
en qué medida se afectaron sus intereses.

12) En ese orden de ideas, no le es dado al juez de tutela pronunciarse sobre el fondo
del asunto ni siquiera con miras a adoptar un amparo transitorio, pues la actora cuenta
con medios de defensas judiciales efectivos e idóneos que debió emplear, toda vez que
el mecanismo constitucional no es un medio judicial alternativo, adicional o
complementario de los establecidos por la ley.

13) Por consiguiente, se confirmará la decisión impugnada debido a que la acción de
tutela no cumplió con el requisito de subsidiariedad, por las razones hasta aquí
expuestas.

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En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia de la misma.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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