Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03858-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03858-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-03858-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
3 de noviembre de 2022
Demandantes: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03858-00
Acumulados: 11001-03-15-000-2022-03820-00
y 11001-03-15-000-2022-03822-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03858-00
ACUMULADOS: 11001-03-15-000-2022-03820-00 y 11001-
03-15-000-2022-03822-00
Demandantes: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Y OTROS1
Demandados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A Y OTRO
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial – notificación en
trámite incidental – debido proceso
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve las acciones de tutela presentadas por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, los señores Andrea Corzo Álvarez y Fabián Mauricio
Caicedo Carrascal contra la providencia del 15 de junio de 2022 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, que resolvió en grado
jurisdiccional de consulta el auto del 1.° de abril de 2022, mediante la cual decidió
el incidente de desacato iniciado de oficio.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
A. Tutela 11001-03-15-000-2022-03858-00
1. El 13 de julio de 2022 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ejerció
acción de tutela, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Consideró vulneradas sus
garantías constitucionales con ocasión de la providencia del 15 de junio de 2022,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A mediante
la cual, entre otras disposiciones, confirmó el auto del 1.° de abril de 2022 del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B, que
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Andrea Corzo Álvarez y Fabián Mauricio Caicedo Carrascal.
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Demandantes: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03858-00
Acumulados: 11001-03-15-000-2022-03820-00
y 11001-03-15-000-2022-03822-00
declaró que los señores Francisco José Cruz Prada, viceministro de Políticas y
Normalización Ambiental, Fabián Mauricio Caicedo Carrascal, director de Gestión
Integral del Recurso Hídrico; y Andrea Corzo Álvarez, directora de Asuntos
Ambientales, Sectorial y Urbano incurrieron en desacato del ordinal quinto de la
sentencia T-622 de 2016. Lo anterior, en el marco del incidente con radicado N.°
25000-23-37-000-2015-00171-03.
1.2. Pretensiones
2. Solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y como consecuencia de
ello, pidió:
“deje sin efectos toda la actuación derivada del incidente de desacato iniciado
y resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, dentro del proceso de tutela de radicado
25000233700020150017100, el cual fue parcialmente confirmado por el auto
del quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022) del Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda-Subsección A.
(…)”.
B. Tutelas 11001-03-15-000-2022-03820-00 (Fabián Mauricio Caicedo
Carrascal) y 11001- 03-15-000-2022-03822-00 (Andrea Corzo Álvarez)
3. El 12 de julio de 2022 los señores Caicedo Carrascal y Corzo Álvarez ejercieron
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad. Lo anterior, con ocasión de la providencia del 15
de junio de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A mediante la cual, entre otras disposiciones, confirmó el auto del 1.°
de abril de 2022 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta –
Subsección B, que declaró que los señores Francisco José Cruz Prada,
viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Fabián Mauricio Caicedo
Carrascal, director de Gestión Integral del Recurso Hídrico; y Andrea Corzo
Álvarez, directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano incurrieron en
desacato del ordinal quinto de la sentencia T-622 de 2016. Lo anterior, en el
marco del incidente con radicado N.° 25000-23-37-000-2015-00171-03.
1.3. Pretensiones
4. Los tutelantes Fabián Mauricio Caicedo Carrascal y Andrea Corzo Álvarez
solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales y, como consecuencia de
ello requirieron de manera idéntica lo siguiente:
“2.Declarar que el Auto 009 del primero (01) de abril de dos mil veintidós
(2022) y notificado únicamente a través de correo electrónico a esta cartera
ministerial el diecinueve (19) de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de
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Acumulados: 11001-03-15-000-2022-03820-00
y 11001-03-15-000-2022-03822-00
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, y el Auto de 15 de junio de
2022, de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
transgredieron el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia,
vulnerando el precedente judicial del Consejo de Estado respecto del carácter
subjetivo y personal del incidente de desacato.
3. Ordene se retrotraiga toda la actuación derivada del incidente de desacato
iniciado y resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, cuya decisión definitiva se encuentra contenida en el
Auto de 15 de junio de 2022, del Consejo de Estado, dentro del proceso de
tutela de radicado 25000233700020150017100, hasta su inicio, y en
consecuencia:
a) Se tengan en cuenta las acciones desplegadas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se observe su buena intención y
diligencia para con el cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia T-622 de
2016 de la Corte Constitucional,
b) y si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B aun insiste que Minambiente no ha cumplido por negligencia
con las órdenes impartidas, se notifique del incidente de desacato de manera
personal e individual a los funcionarios vinculados en ese incidente de
desacato.”
1.4. Hechos probados y/o admitidos
5. La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia, los cuales son comunes en los 3
procesos, a saber 11001-03-15-000-2022-03858-00 (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible), 11001-03-15-000-2022-03820-00 (Fabián Mauricio
Caicedo Carrascal) y 11001- 03-15-000-2022-03822-00 (Andrea Corzo Álvarez):
6. Mediante el fallo de tutela T-622 del 10 de noviembre de 2016, la Corte
Constitucional resolvió:
“QUINTO.- ORDENAR al Ministerio de Ambiente, (…) que dentro del año
siguiente a la notificación de la sentencia, se diseñe y ponga en marcha
un plan para descontaminar la cuenca del río Atrato y sus afluentes, los
territorios ribereños, recuperar sus ecosistemas y evitar daños
adicionales al ambiente en la región. Este plan incluirá medidas como: (i) el
restablecimiento del cauce del río Atrato, (ii) la eliminación de los bancos de
área formados por las actividades mineras y (iii) la reforestación de zonas
afectadas por minería legal e ilegal.
Adicionalmente, este plan incluirá una serie de indicadores claros que
permitan medir su eficacia y deberá diseñarse y ejecutarse de manera
concertada con los pobladores de la zona, así como garantizar la participación
de las comunidades étnicas que allí se asientan en el marco del Convenio 169
de la OIT.
(…)”. (Negritas propias).
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y 11001-03-15-000-2022-03822-00
7. En providencia del 19 de enero de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B abrió el incidente de desacato
por el incumplimiento de la orden quinta de la sentencia T-622 de 2016 y corrió
traslado a los siguientes funcionarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible: Francisco Cruz Prada, en su calidad de Viceministro de Políticas y
Normalización Ambiental, Fabián Mauricio Caicedo Carrascal en su calidad de
Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico, Andrea Corzo Álvarez, en su
calidad de Directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano. Dicha decisión
fue notificada al correo procesosjudiciales@minambiente.gov.co.
8. Posteriormente, mediante providencia del 1.° de abril de 20222 el mencionado
tribunal sancionó por desacato a los referidos funcionarios, con multa de 20
salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno de ellos, por
incumplimiento de la referida orden. Para el efecto, sostuvo que la Corte
Constitucional requirió a la cartera ministerial para que en el término de un año
siguiente a la notificación del fallo, diseñara y pusiera en marcha un plan de
descontaminación de las fuentes hídricas del río Atrato y sus afluentes, para lo
cual debía incluir medidas como el restablecimiento del cauce del río, la
eliminación de bancos de arena producto de las actividades mineras y la
reforestación de las áreas impactadas por tales actividades.
9. Sin embargo, coligió que transcurridos cinco años de esa decisión, a pesar del
desarrollo de una serie de acciones y actividades, se persistía en la etapa de
diagnóstico para el cumplimiento del fallo y, con ello, continuaba la vulneración de
los derechos fundamentales del río Atrato. Dicha decisión fue notificada al correo
procesosjudiciales@minambiente.gov.co.
2
“PRIMERO: DECLARAR en desacato a los siguientes funcionarios del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en relación con el cumplimiento de la sentencia T-622 de 2016, proferida por
la Corte Constitucional:
• Francisco Cruz Prada, en su calidad de Viceministro de Políticas y Normalización Ambiental.
• Fabián Mauricio Caicedo Carrascal, en su calidad de Director de Gestión Integral del Recurso
Hídrico.
• Andrea Corzo Álvarez, en su calidad de Directora d
e Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano.
SEGUNDO: SANCIONAR a los funcionarios referidos en el numeral anterior con multa equivalente
a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cada uno de ellos. Dicho valor deberá
ser consignado dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia a
favor del Consejo Superior de la Judicatura, en la cuenta corriente No. 3-0820-000640-8 bajo el
código de convenio No. 13474, del Banco Agrario de Colombia. De igual forma, dentro del mismo
término deberá aportarse al despacho copia que acrediten las respectivas consignaciones.
TERCERO: CONMINAR al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuradora Delegada
para Asuntos Ambientales y Agrarios, para que ejecuten las acciones tendientes a dar
cumplimiento a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, de conformidad con la parte
considerativa de esta providencia.
CUARTO: REMITIR el expediente al H. Consejo de Estado para que se surta el grado jurisdiccional
de consulta respecto de la sanción impuesta.
(…)”
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03858-00
Acumulados: 11001-03-15-000-2022-03820-00
y 11001-03-15-000-2022-03822-00
10. Por escrito radicado el 21 de abril de 2022 3 el apoderado judicial del Ministerio
de Ambiente formuló solicitud de aclaración y complementación de la providencia
anterior. Igualmente mediante sendos escritos radicados el 21 de abril de 2022 los
funcionarios incidentados solicitaron la nulidad del auto de apertura del incidente
proferido el 19 de enero de 2022 y de la providencia del 1º de abril de 2022 que
declaró el desacato y los sancionó con multa de 20 smlm, alegando una indebida
notificación toda vez que, a su juicio, no tuvieron la oportunidad procesal de
ejercer el derecho de defensa y contradicción.
11. Esto, toda vez que las actuaciones surtidas en el incidente fueron notificadas
únicamente a la dirección electrónica de notificaciones judiciales del ente
ministerial procesosjudiciales@minambiente.gov.co, pero no a los correos
personales de cada uno, “y que, si bien se presentó un escrito de contestación al
incidente, este correspondió a una actuación del apoderado judicial en
representación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, más no
actuando a nombre de los funcionarios objeto del incidente de desacato”.
12. Así, el referido tribunal mediante providencia del 22 de abril de 2022 negó la
solicitud de aclaración y complementación al considerar que la parte resolutiva del
auto del 1º de abril de 2022 fue claro y no ofrecía motivo de duda.
13. Por otro lado, negó la solicitud de nulidad al explicar que, el auto de apertura
del incidente de desacato contra los funcionarios del Ministerio de Ambiente fue
comunicado a la dirección electrónica de notificaciones judiciales
procesosjudiciales@minambiente.gov.co., y en dicha providencia se le otorgó a los
incidentados el término de 3 días contados a partir de su notificación, para que
ejercieran su derecho de defensa. Agregó que, el apoderado judicial de la entidad
dio contestación al trámite incidental, “circunstancia que permite inferir que la
entidad tuvo conocimiento de la decisión de dar apertura al trámite incidental y, por
lo mismo, participó durante el trámite previo a la declaratoria en desacato…”.
14. Estimó que, en el portal web del Ministerio de Ambiente no se evidenciaba un
directorio de correos electrónicos personales institucionales de cada uno de los
funcionarios incidentados, situación que le impedía ordenar la notificación de las
actuaciones dictadas en el incidente a las direcciones electrónicas personales,
criterio que además iba en consonancia con lo resuelto por la Corte Constitucional,
3
Bajo los siguientes argumentos: i) indicó que no se evidenciaba la congruencia requerida para
soportar la decisión tomada toda vez que, a su juicio, la Sala reconocía que el plan de
descontaminación del río Atrato fue diseñado y puesto en marcha, pero aun así concluyó que la
orden quinta de la sentencia T-622 de 2016 no se había cumplido; ii) adicionalmente, refirió que no
era claro el presunto incumplimiento de la cartera ministerial y no analizó las conductas de cada
uno de los funcionarios frente al cumplimiento particular de la orden quinta, al no indicarse cuáles
fueron las conductas omisivas específicas que dieron lugar al desacato. Finalmente, relacionó los
correos electrónicos de los funcionarios sancionados, para que se adicionara el auto en lo relativo
a su notificación.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03858-00
Acumulados: 11001-03-15-000-2022-03820-00
y 11001-03-15-000-2022-03822-00
que en sentencia T-343 de 2011 indicó que “la notificación personal de la apertura
del incidente de desacato y la providencia que lo resuelve al funcionario
responsable del cumplimiento del fallo de tutela no es obligatorio, razón por la cual
no se configura defecto procedimental alguno”.
15. La anterior decisión fue apelada, pero el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A rechazó por improcedente el recurso.
16. Paso seguido, en grado de consulta, la referida autoridad judicial con
providencia del 15 de junio de 2022 confirmó la sanción, pero modificó la multa en
el sentido de disminuirla. Esto, teniendo en cuenta las fechas de vinculación de los
funcionarios a la entidad y el adelantamiento de varias gestiones positivas para
dar cumplimiento a la orden.4
1.5. Sustento de la vulneración
A. Tutela 11001-03-15-000-2022-03858-00 (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible)
17. Defecto por exceso ritual manifiesto: adujo que, no se cumple con los
elementos que ha contemplado el ordenamiento jurídico para que exista desacato,
los cuales son básicamente dos: por un lado, un factor objetivo, el cual hace
referencia al incumplimiento de la orden judicial y un factor subjetivo que atañe la
negligencia o renuencia de la autoridad.
18. Esto, toda vez que dicha cartera ministerial ha satisfecho oportunamente lo
requerido en la sentencia de tutela y se encuentra adelantando todas las acciones
necesarias para proteger al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad
sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a
cargo del Estado y las comunidades étnicas, conforme con las fases previstas en
el plan diseñado, aprobado, socializado y puesto en marcha, siempre en el marco
de sus competencias y respetando el principio de legalidad.
19. Defecto fáctico: Toda vez que el tribunal accionado valoró de manera
caprichosa y arbitraria las pruebas al no reconocer que: A) Se ha venido
cumpliendo con la orden quinta por cuando indica que se debe diseñar un plan y
ponerlo en marcha, y esto cabalmente se satisfizo; B) Las actividades
consagradas en el plan se encuentran en ejecución por los responsables de las
mismas, de acuerdo con sus posibilidades y competencias; C) Las órdenes cuarta,
quinta, sexta, séptima y octava de la sentencia T-622 de 2022 son responsabilidad
4
“tales como la concertación y determinación del Plan de Acción; la suscripción de contratos y
convenios, con el propósito de aunar esfuerzos técnicos y financieros, para llevar a cabo los planes
y estrategias trazadas, y la dirección y participación en múltiples actividades, con el propósito de
satisfacer el fallo judicial.”
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y 11001-03-15-000-2022-03822-00
de diferentes entidades, y en la argumentación que soporta el desacato las
confunde y trata indistintamente; D) La orden quinta es de medio y no de
resultado, y esto se ha argumentado en múltiples oportunidades; E) el plan para la
descontaminación del río Atrato se formuló para un horizonte de veinte (20) años,
puesto que resulta técnicamente inviable descontaminar el río Atrato en un término
inferior, hecho que se agrava si la minería ilegal no merma; y F) La orden quinta
no es responsabilidad única de Minambiente, pues existe responsabilidad de otras
carteras.
20. Igualmente, adujo que no se tuvieron en cuenta las pruebas aportadas porque
el plan de acción aprobado en 2019, da fe de las acciones desplegadas, no solo
por dicha entidad sino por los legalmente responsables. Así mismo, los informes
de cumplimiento que periódicamente se han presentado muestran al amplio
número de actividades adelantadas, lo que desvirtúa el presupuesto de renuencia
al cumplimiento.
21. Defecto sustantivo: En la providencia reprochada se confirmó una decisión
de desacato y sanción que no especificó cuál era la orden incumplida, por lo que
se “interpreto mal una orden de la Corte.” Esto, toda vez que la misma consiste en
diseñar y poner en marcha un plan, “y ya se diseñó y puso en marcha, pero no solo
eso basta, sino que el plan de la orden quinta se está ejecutando y Minambiente pretende
ejecutarlo cabalmente de acuerdo con lo allí dispuesto, porque apresurar acciones resulta
inconsecuente y técnicamente inviable, por tanto, se requiere ser juicioso con la aplicación
de acciones.”
22. Desconocimiento del precedente: Adujo que no se tuvieron en cuenta las
siguientes sentencias i) T–014 de 2009, ii) T-512 de 2011 y ii) T–271 de 2015, que
establecen que el “solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la
sanción, ya que es necesario que se pruebe la negligencia o el dolo de la persona que
debe cumplir la sentencia de tutela.”
B. Tutelas 11001-03-15-000-2022-03820-00 (Fabián Mauricio Caicedo
Carrascal) y 11001- 03-15-000-2022-03822-00 (Andrea Corzo Álvarez)
23. Vulneración al debido proceso: Esto, porque su juicio, se configuró una
nulidad en los términos del artículo 133 numeral 4° del Código General del
Proceso en cuanto la notificación del trámite incidental, la cual debió hacerse de
manera personal.
24. Agregaron que es una exigencia que la apertura del incidente de desacato se
notifique personalmente al funcionario o al particular responsable de llevar a cabo
la orden impartida por el juez de tutela y, solo en caso de no lograrse esta,
notificar por cualquier medio efectivo que garantice su intervención durante la
actuación sancionatoria. Lo anterior, en aras de que el incidentado pueda ejercer
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su defensa personal y exponer las gestiones desarrolladas conforme a las
atribuciones internamente para cumplir la sentencia del río Atrato.
25. Indicaron que la línea jurisprudencial del Consejo de Estado ha sido clara al
establecer que la sanción por desacato es personal y no institucional, por eso
precisamente el pago de la multa se realiza con recursos propios del funcionario
acusado, a quien debe probársele total renuencia, negligencia y capricho en el
cumplimiento de la decisión, “lo que no se observó aquí, todo lo contrario, si hay una
Entidad y unos funcionarios comprometidos con esta sentencia ha sido el MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE aun cuando en territorio quienes ejecutan
las políticas son otras entidades públicas, ignorando los despachos judiciales que el
Ministerio es rector de política”.
26. Adujeron que se desconoció la amplia jurisprudencia del Consejo de Estado5 y
de la Corte Constitucional6 que han tratado el tema de la vulneración al debido
proceso cuando la notificación del trámite del incidente de desacato no se realiza
personalmente.
27. Contra la providencia del 15 de junio de 2022: Defecto fáctico: en cuanto
se valoró de manera caprichosa y arbitraria las pruebas aportadas al proceso toda
vez que no reconoció que: a) se ha venido cumpliendo con la orden quinta que
indica que se debe diseñar un plan y ponerlo en marcha, y esto cabalmente se
satisfizo, b) las actividades consagradas en el plan se encuentran en ejecución por
los responsables de las mismas, de acuerdo con sus posibilidades y
competencias; c) las órdenes cuarta, quinta, sexta, séptima y octava de la
sentencia T-622 de 2022 son responsabilidad de diferentes entidades y en la
argumentación que soporta el desacato las confunde y trata indistintamente, d) la
orden quinta es de medio y no de resultado; e) el plan para la descontaminación
del río Atrato se formuló para un horizonte de 20 años, puesto que resulta
5
-Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia del 28 de mayo de 2021, rad. 11001-03- 15-
000-2021- 01802-00, en la cual se explicó que “para la Sala, esta situación vulnera el debido
proceso del accionante pues la notificación del trámite del incidente de desacato debe realizarse
personalmente y, en este caso, no se practicó en debida forma. “
-Consejo de Estado – Sección Quinta, sentencia de 7 de mayo de 2021, rad. : 47001-23- 33-000-
2017- 00320-03, en cual se dejó por sentado lo siguiente: “La nulidad será declarada a partir de la
notificación del auto de fecha 19 de marzo de 2021, inclusive, que puso en conocimiento el
contenido de la solicitud de desacato con el propósito de que el funcionario sea notificado en legal
forma de la citada providencia, como de las demás que correspondan a dicha actuación, para que
pueda ejercer su derecho a la defensa y contradicción”.
-Consejo de Estado – Sección Primera, sentencia del 16 de mayo de 2007 en el marco de la
acción de tutela con rad. “2007-0019” en la cual se concluyó que “las providencias judiciales que se
dicten dentro de un incidente de desacato deben ser notificadas no sólo al Representante Legal de
la autoridad pública o particular demandada, sino también a la persona natural sobre quien recae,
concretamente, la orden de tutela.”
6
• La SU-034 de 2018, en la cual la Corte Constitucional indicó que la garantía al debido proceso
se manifiesta en el trámite incidental con la debida notificación del auto de apertura del incidente al
supuesto incumplido.
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Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03858-00
Acumulados: 11001-03-15-000-2022-03820-00
y 11001-03-15-000-2022-03822-00
técnicamente inviable descontaminar el río en un término inferior, hecho que se
agrava si la minería ilegal no merma.
28. Estimaron que el material probatorio obrante en el expediente muestra la
intención de cumplimiento porque el plan de acción aprobado en 2019 da fe de las
acciones a desplegar y su soporte técnico, así como los informes de cumplimiento
que periódicamente se han presentado muestra al amplio número de actividades
adelantadas.
29. Defecto sustantivo: indicó que la decisión enjuiciada no es congruente, pues
por un lado resaltó que sí hay estrategias de descontaminación y restauración,
empero, también concluyó que están acreditados los presupuestos objetivo y
subjetivo para declarar el desacato de los funcionarios incidentados del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, toda vez que no han dado cumplimiento total
a la orden quinta de la sentencia T-622 de 2016 y decide declarar en desacato a
algunos funcionarios del citado ministerio.
30. Decisión sin motivación: En la medida que se interpretó una orden que se
refería a elaborar un plan, con ejecutar cada uno de los ítems, “téngase en cuenta
que la orden consiste en diseñar y poner en marcha un plan”, lo cual ya se hizo.
31. Concluyeron que el Ministerio de Ambiente puede actuar en el marco de sus
competencias, capacidades y de acuerdo con lo que técnica y razonablemente
resulte viable, por tanto, “no puede él solo cumplir con todo el plan de la orden quinta
desde su fecha de aprobación a hoy (2019 a 2022), y menos puede asumir la
responsabilidad que se deriva de la orden sexta de la sentencia para reducir las
afectaciones nocivas al río Atrato”.
1.6. Actuaciones procesales relevantes
1.6.1. Auto admisorio de la demanda
A. Tutela 11001-03-15-000-2022-03858-00 (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible)
32. Mediante auto del 15 de julio de 2022 la magistrada ponente del Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección A7 admitió la demanda de tutela y ordenó
notificar a la parte actora y a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B y del Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A, como autoridades judiciales accionadas. Así
mismo, se dispuso la vinculación del Centro de Estudios para la Justicia Social
“Tierra Digna”, el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular
Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), el Consejo Comunitario Mayor de la
7
Marta Nubia Velásquez Rico.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03858-00
Acumulados: 11001-03-15-000-2022-03820-00
y 11001-03-15-000-2022-03822-00
Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), la Asociación de Consejos
Comunitarios del Bajo Atrato (Asocoba), y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó
(FISCH), quienes hicieron parte de la tutela T-622 de 2016 proferida por la Corte
Constitucional.
B. Tutela 11001-03-15-000-2022-03820-00 (Fabián Mauricio Caicedo
Carrascal)
33. El magistrado ponente de Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección
B8 a través de auto del 14 de julio de 2022 admitió la admitió la demanda de tutela
y ordenó notificar a la parte actora y a los magistrados del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B y del Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A, como autoridades judiciales accionadas. Por
otro lado, vinculó en calidad de terceros con interés a los demás funcionarios que
resultaron sancionados por desacato en la providencia acusada, al Consejo
Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato
(Cocomopoca), al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible así como al
Consejo Superior de la Judicatura.
C. 11001- 03-15-000-2022-03822-00 (Andrea Corzo Álvarez)
34. El magistrado ponente del Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B9 con auto del 15 de julio de 2022 admitió la admitió la demanda de
tutela y ordenó notificar a la parte actora y a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B y del Consejo
de Estado – Sección Segunda – Subsección A, como autoridades judiciales
accionadas. Por otro lado, vinculó en calidad de terceros con interés al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios y al Consejo
Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato
(Cocomopoca).
1.6.2. Intervenciones de la autoridad accionada y de los terceros
vinculados/actuaciones procesales relevantes
A. Intervenciones en la tutela 11001-03-15-000-2022-03820-00 (Fabián
Mauricio Caicedo Carrascal)
1.6.2.1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social
35. Adujo que había una adecuada gestión del señor Fabián Mauricio Caicedo
Carrascal en calidad de Director de Gestión Integral del Recurso Hídrico del
8
Alberto Plata Montaña.
9
César Palomino Cortés.
10
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Demandantes: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03858-00
Acumulados: 11001-03-15-000-2022-03820-00
y 11001-03-15-000-2022-03822-00
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y por tanto, con las decisiones de
declarar en desacato y sancionar, tanto del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca como del Consejo de Estado, si resultan vulnerados los derechos
fundamentales de los que es titular y allí se encuentra mérito para acceder, si a
bien se considera, a la tutela pretendida.
36. Concluyó que se desconoció la línea que ha mostrado el Consejo de Estado
referente a la necesidad de notificar personalmente el auto por medio del cual se
da inicio al incidente de desacato.
1.6.2.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta –
Subsección B
37. La autoridad judicial accionada reiteró lo mismo que se expone en los
numerales 48 a 49 de esta providencia.
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
38. La autoridad judicial accionada reiteró lo mismo que se expone en los
numerales 50 y 51 de esta providencia.
1.6.2.3. Consejo Superior de la Judicatura.
39. Solicitó la improcedencia de la acción con relación a la Dirección Seccional de
Administración Judicial Bogotá- Cundinamarca, y en consecuencia exonerarla de
responsabilidad alguna que se le endilgue, dado que no hay obligación o
responsabilidad de su parte, ni ha vulnerado o puesto en peligro derecho
fundamental alguno al accionante.
1.6.2.4. Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH)
40. La entidad reiteró lo mismo que se expuso en el numeral 52 de esta
providencia.
1.6.2.5. Auto que ordena remitir
41. El magistrado ponente con providencia del 22 de agosto de 2022 remitió el
proceso de la referencia al despacho de la Magistrada Marta Nubia Velásquez
Rico, a fin de que resuelva sobre la posible acumulación con la acción de tutela
No. 11001-03-15-000-2022-03858-00.
1.6.2.6. Auto que admite acumulación
42. Con auto del 2 de septiembre de 2022 la magistrada Velásquez Rico
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Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03858-00
Acumulados: 11001-03-15-000-2022-03820-00
y 11001-03-15-000-2022-03822-00
ordenó la acumulación de dicho asunto al proceso 11001-03-15-000-2022-03858-
00 y avocó conocimiento.
B. Intervenciones en la tutela 11001- 03-15-000-2022-03822-00 (Andrea Corzo
Álvarez)
1.6.2.7. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta –
Subsección B
43. La autoridad judicial accionada reiteró lo mismo que se expone en el numeral
48 a 49 de esta providencia.
1.6.2.8. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
44. La autoridad judicial accionada reiteró lo mismo que se expone en el numeral
50 a 51 de esta providencia.
1.6.2.9. Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios
45. Adujo que en el asunto la notificación del auto de apertura del incidente de
desacato se realizó por medios electrónicos, y en vigencia del Decreto Legislativo
806 de 2020, cuyas disposiciones fueron adoptadas como legislación permanente
en la Ley 2213 de 2022; normas que tienen por objeto o finalidad agilizar el trámite
de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria, en las especialidades civil,
laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción
constitucional y disciplinaria.
1.6.2.10. Auto que ordena remitir
46. El magistrado ponente con providencia del 1.° de agosto de 2022 remitió el
proceso de la referencia al despacho de la Magistrada Marta Nubia Velásquez
Rico, a fin de que resuelva sobre la posible acumulación con la acción de tutela
No. 11001-03-15-000-2022-03858-00.
1.6.2.11. Auto que admite acumulación
47. Con auto del 9 de agosto de 2022 la magistrada Velásquez Rico ordenó la
acumulación de dicho asunto al proceso 11001-03-15-000-2022-03858-00 y avocó
conocimiento.
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Acumulados: 11001-03-15-000-2022-03820-00
y 11001-03-15-000-2022-03822-00
C. Tutela 11001-03-15-000-2022-03858-00 (Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible)
1.6.2.12. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta –
Subsección B
48. La magistrada ponente pidió declarar la improcedencia de la acción ya que, a
su juicio, la solicitud de amparo estaba encaminada a dejar sin efectos una
decisión dictada en el marco de un incidente de desacato, lo que constituye una
instancia adicional distinta de la finalidad de la acción de tutela, máxime cuando la
procedencia de la sanción ya fue confirmada en la providencia del 15 de junio de
2022 proferida por la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado,
que surtió el grado de consulta.
49. Igualmente, adujo que si bien se alegó una vulneración al debido proceso en
tanto las actuaciones del trámite incidental no se notificaron a los correos
personales de los funcionarios sancionados, lo cierto era que de conformidad con
lo establecido por la Corte Constitucional en la T-343 de 2011, “no resulta obligatoria
la notificación personal de la apertura del incidente de desacato y la providencia que lo
resuelve al funcionario responsable del cumplimiento del fallo de tutela, razón por la cual
no se configura defecto procedimental alguno.”
1.6.2.13. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
50. Requirió negar las pretensiones de la demanda toda vez que a su juicio, no
existió una indebida identificación y notificación de tres de los funcionarios del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sancionados, comoquiera que no
era necesario notificar las decisiones posteriores a los correos personales de cada
uno de ellos, puesto que tal exigencia iría en contra de la finalidad del incidente de
desacato, la cual no es otra que lograr el cumplimiento de los fallos de la acción de
tutela de forma célere y la correspondiente protección inmediata de los derechos
fundamentales.
51. Concluyó que al revisar el cumplimiento de la orden de tutela, determinó que,
si bien los funcionarios sancionados habían realizado múltiples actuaciones
relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de tutela T-622 de 2016, entre
esas, el diseño y aprobación del Plan de Acción de la orden quinta de la
providencia aludida, luego del desarrollo de un proceso de construcción y
concertación con las entidades del orden, nacional, regional y local, las
comunidades étnicas de la zona de influencia de la fuente hídrica y los distintos
actores, lo cierto era que no habían materializado ninguno de los procesos
ordenados en el fallo de tutela, en el entendido que no existía ninguna prueba que
demostrara que se inició de manera efectiva, el restablecimiento del cauce del río
Atrato, la remoción de los bancos de arena o el proceso de reforestación.
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Acumulados: 11001-03-15-000-2022-03820-00
y 11001-03-15-000-2022-03822-00
1.6.2.14. Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH)
52. Manifestó que “fue de sorpresa la decisión adoptada por la Magistrada de declarar
en desacato a los funcionarios del Ministerio de Ambiente por el incumplimiento de la
orden quinta del fallo”, toda vez que las razones alegadas no se compadece con la
situación desarrollada en el proceso de implementación de esta sentencia. Agregó
que “frente a este particular el Cuerpo Colegiado de Guardianes se pronunció sentado su
valoración del asunto en memoria radicado al Tribunal de Cundinamarca el pasado abril,
en el marco del incidente de desacato.”
1.6.2.15. Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”
53. Solicitó que se realice una revisión de las decisiones adoptadas el Auto del 1.°
de abril de 2022, de cara a realizar una valoración más precisa de las acciones
ordenadas en la sentencia que han sido incumplidas, así como de sus respectivos
responsables, con el objetivo de que se establezcan de forma concreta las
entidades que actualmente omiten los deberes que les fueron asignados por la
Corte Constitucional en la sentencia T-622 de 2016.
54. Posteriormente, anexó el informe de auditoría de cumplimiento de las
sentencias T-622 de 2016 y T-445 del 2016 y adujo que la sanción interpuesta a
estos funcionarios constituia un modelo ejemplificante que ayuda a los servidores
públicos a comprender la importancia de hacer un trabajo de liderazgo óptimo,
eficaz y eficiente cuando de recursos públicos estamos hablando y de
implementación de fallos judiciales en pro de proteger el patrimonio de la Nación y
garantizar los derechos fundamentales de miles de comunidades que se
encuentran después de 5 años en el mismo o más gravoso estado de indefensión.
1.6.2.16. Auto que ordena vincular
55. En providencia del 17 de agosto de 2022, la magistrada ponente vinculó al
proceso como terceros con interés a los señores Francisco Cruz Prada y Fabián
Mauricio Caicedo Carrascal, sujetos frente a los cuales también recayó la orden de
desacato.
1.6.2.17. Francisco José Cruz Prada
56. Solicitó que, conforme a las reglas que rigen la acumulación de procesos, las 3
tutelas que presentan identidad fáctica y jurídica fueran acumuladas al proceso
con radicado 11001-03-15-000-2022-03808-00, M.P. Roció Araujo Oñate, porque
fue la primera tutela que se presentó
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Acumulados: 11001-03-15-000-2022-03820-00
y 11001-03-15-000-2022-03822-00
1.6.2.18. Fabián Mauricio Caicedo Carrascal
57. Adujo que fue víctima de la vulneración del debido proceso por parte de las
Autoridades Judiciales accionadas toda vez que se le sancionó, pero dichas
providencias no le fueron notificados en debida forma, para así ejercer su derecho
a la defensa.
58. Puso de presente que conoció de dichas decisiones el 21 de abril de 2022 por
intermedio de su apoderado judicial y conoció de los incidentes cuando ya había
sido sancionado.
59. Concluyó que frente a una eventual acumulación de su proceso, se atiene “a lo
resuelto en su sabiduría por su despacho, siempre que se respeten las reglas que en
derecho existen para la acumulación de procesos y de fondo se revise integralmente las
acciones de tutela interpuesta por el suscrito con los respectivos anexos.”
1.6.2.19. Auto que ordenó remitir
60. La magistrada ponente mediante auto del 9 de septiembre de 202210 remitió el
expediente acumulado de la referencia al despacho de la doctora Rocío Araujo
Oñate, toda vez que mediante sentencia del 25 de agosto de 2022 resolvió la
demanda de tutela No. 11001-03-15-000-2022-03808-00, interpuesta por el señor
Francisco José Cruz Prada, por la supuesta vulneración a su derecho al debido
proceso por la expedición de los autos del 1.° de abril de 2022 y del 15 de junio de
2022 proferidos en el trámite del proceso identificado con radicado
25000233700201500171-00, por lo que se cumplían los requisitos para su
acumulación.
1.6.2.20. Auto que avoca conocimiento
61. La magistrada Rocío Araujo Oñate con auto del 5 de octubre de 2022 avocó el
conocimiento de las acciones de tutela ejercidas por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la señora Andrea Corzo Álvarez, en su condición de
directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbano y el señor Fabián Mauricio
Caicedo Carrascal, en su calidad de director de Gestión Integral del Recurso
Hídrico de dicha entidad, bajo el radicado 11001-03-15-000- 2022-03858-00, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 2.2.3.1.3.2. del Decreto 1834 de 2015.
10
Mediante autos del 9 de agosto y 2 de septiembre de 20221 , dicho este despacho resolvió
acumular los procesos identificados con los expedientes con radicados Nos.
110010315000202203822-00 y 110010315000202203820-00 al asunto de la referencia.
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y 11001-03-15-000-2022-03822-00
1.6.2.21. Auto de mejor proveer
62. Posteriormente, la magistrada Araujo Oñate mediante providencia del 11 de
octubre de 2022 ofició al Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible, así como a
los señores Andrea Corzo Álvarez, directora de Asuntos Ambientales, Sectorial y
Urbano y Fabián Mauricio Caicedo Carrascal, director de Gestión Integral del
Recurso Hídrico, para que indicaran y acreditaran con los documentos pertinentes,
las actuaciones que se han adelantado para dar cumplimiento a la orden quinta,
contenida en sentencia T-622 de 2016.
63. Por lo anterior tanto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los
señores Caicedo Carrascal y Corzo Álvarez remitieron a este despacho sendos
informes, los cuales obran en SAMAI, y que acreditan a su juicio, el cumplimiento
de la referida orden de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
64. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los señores Andrea Corzo
Álvarez y Fabián Mauricio Caicedo Carrascal, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1.° del Decreto 333 de 2021. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se
dirige contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro, por
tanto, debe aplicarse el numeral 7° de la referida norma.
2.3. Problema jurídico
69. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
70. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
¿El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A vulneró los derechos
fundamentales “al debido proceso y derecho de defensa establecido en el artículo 29 de
la Constitución Política de Colombia.” Esto, con ocasión de la providencia del 15 de
junio de 2022, que confirmó el auto del 1.° de abril de 2022 del a quo, pero
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y 11001-03-15-000-2022-03822-00
modificó la multa impuesta a Francisco Cruz Prada, Fabián Mauricio Caicedo
Carrascal y Andrea Corzo Álvarez, en el sentido de disminuirla, al existir una
indebida notificación trámite incidental objeto de tutela?
71. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) procedencia de la acción de tutela contra los
autos que resuelven el incidente de desacato; iii) debido proceso en actuaciones
judiciales; iv) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; v) análisis del caso en
concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
72. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
201211 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y
la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12 y declaró
su procedencia.13
73. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que
se analice el fondo del asunto.
74. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
75. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
13
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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y 11001-03-15-000-2022-03822-00
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven el
incidente de desacato
76. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción
de tutela contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, de
la siguiente manera:
“Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas
en el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el
incidente, la Corte ha establecido que procede la acción de tutela
excepcionalmente, siempre que logre verificarse la existencia de una vía de
hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que por medio del incidente de
desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que pueden llegar a
vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo
procedente de forma excepcional la acción de tutela, debe tenerse presente
que durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que
afecten la ratio decidendi, ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el
fallo de tutela, y que sirve como fundamento para promover el incidente de
desacato. Así, el estudio de una acción de tutela interpuesta contra un
incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la conducta
desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna
del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido
que hizo tránsito a cosa juzgada”14.
77. Lo anterior, denota claramente que la acción de tutela sí es procedente en
contra de las decisiones que se profieran en el trámite de un incidente de
desacato, lo que está prohibido es que el juez constitucional ahonde y se
pronuncie sobre la decisión de tutela que sirvió como base para promover el
incidente.
78. Dicha postura resulta lógica, pues, de lo contrario, los asuntos decididos por el
juez de tutela serían interminables y sometidos a incertidumbre, lo cual va en
contravía de los postulados de seguridad jurídica y cosa juzgada imperantes en un
Estado de Derecho.
79. Igualmente, en la sentencia SU - 627 de 2015, el Máximo Tribunal
Constitucional fijó las reglas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias dictadas en el trámite de la acción de tutela, en los siguientes
términos:
“4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción
de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces
de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.
14
Corte Constitucional, sentencia T-482 del 25.07.2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.
18
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y 11001-03-15-000-2022-03822-00
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o
posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus
Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de
nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la
decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de
tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de
desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional”. (Subrayas por fuera del texto)
2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.6.1. Relevancia constitucional15
15
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20,
19
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y 11001-03-15-000-2022-03822-00
80. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado
por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la
providencia del 15 de junio de 2022 del Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A, pues en su sentir, se vulneró su derecho fundamental al debido
proceso e incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y decisión sin motivación.
81. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión,
pues en efecto, la parte actora considera vulneradas sus garantías fundamentales
“al debido proceso y derecho de defensa establecido en el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia.”, ya que no se le notificó de manera personal el
auto que dio apertura al incidente desacatado así como la providencia que lo
notificó. Aunado a que se cometieron una serie de yerros porque no se tuvieron en
cuenta los elementos que dan cuenta que, a su juicio, se ha venido cumpliendo
con la orden, por lo que no se acreditaba el elemento subjetivo de responsabilidad.
82. En ese sentido, los argumentos que, en sentir de la parte tutelante, son
irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, fueron analizados erróneamente
por la autoridad judicial accionada, desconociendo el alcance y aplicación de su
derecho fundamental al debido proceso y omitiendo el deber del juez ordinario de
actuar tanto como juez de legalidad, como de constitucionalidad y de
convencionalidad en la causa ordinaria.
83. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza al
derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento legal
administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, lo que implica
que el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que
busque reabrir el debate procesal.
84. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente el acceso a la administración
de justicia y el debido proceso.
Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-
00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
20
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y 11001-03-15-000-2022-03822-00
2.6.2. Tutela contra tutela
85. La Sala observa frente al mencionado aspecto16, que no se trata de una
tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues la providencia
cuestionada fue proferida en el marco del trámite incidental con N.º 25000-23-37-
000-2015-00171-03.
2.6.3. Inmediatez
86. En relación con el acatamiento del referido requisito17, no se advierte ningún
reproche, en vista que la providencia del Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A fue proferida el 15 de junio de 2022 y la solicitud de amparo se
presentó el 12 de julio de 2022. Así, sin que sea necesario determinar la fecha de
ejecutoria, se considera que la misma se presentó dentro de un término que la
Sala considera razonable para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia
judicial.
87. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201418,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200519, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
16
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-
04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00;
Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia
06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
17
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-
04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00;
Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia
06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
21
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providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.6.4. Subsidiariedad
88. En consideración a la subsidiariedad, no existe reparo alguno, en tanto se
observa que, dentro del trámite del incidente de desacato previamente referido, ya
se resolvió el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sanción impuesta en
desacato por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta –
Subsección B, por lo que es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios.
89. Al respecto, es preciso hacer claridad que en el caso en concreto, de
conformidad con lo expuesto en los antecedentes de esta providencia, uno de los
fundamentos elevados por el actor está dirigido a atacar la indebida notificación en
el trámite incidental, situación que le impedía por completo participar en el
incidente y hacer efectivo sus derechos de defensa y contradicción, es decir,
interponer los recursos ordinarios correspondientes contra las decisiones que allí
se tomaron, motivo por el cual interpuso el respectivo incidente de nulidad, el cual
le fue negado, por lo que agotó el mecanismo judicial idóneo para ventilar dicha
irregularidad.
90. Así pues, superado el cumplimiento de los requisitos adjetivos, esta Sala
entrará a estudiar el caso concreto.
2.7. Caso concreto
91. Esta Sala de Decisión en aplicación de sus políticas de transparencia acogerá
y reiterará algunas consideraciones expuestas en sentencias de tutela dictadas
por esta Sección20, mediante las cuales se resolvieron casos con similares
supuestos fácticos y jurídicos al aquí planteado, en atención a que los actores
consideraron vulnerado su derecho fundamental al debido proceso con ocasión a
la falta de notificación personal de la apertura del trámite y de las decisiones
tomadas en el marco de incidentes de desacato que se adelantaban en su contra.
92. Se advierte necesario indicar que si bien la sanción por desacato se le impuso
a los señores Caicedo Carrascal y Andrea Corzo Álvarez, lo cierto es que el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene legitimación en la causa por
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
20
Consejo de Estado – Sección Quinta, sentencia del 25.08.2017, rad. 11001-03-15-000-2022-
03808-00, M.P. Rocío Araujo Oñate; sentencia del 05.10.2017, rad. 11001-03-15-000-2017-01578-
00, M.P. Rocío Araujo Oñate; 26.04.2018, rad. 11001-03-15-000-2017-03330-01, M.P. Lucy
Jeannete Bermúdez Bermúdez; sentencia del 02.05.2019, rad 11001-03-15-000-2019-00874-00,
M.P. Rocío Araujo Oñate.
22
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y 11001-03-15-000-2022-03822-00
activa para actuar en la presente acción de tutela de conformidad con la SU-050
de 2022, mediante la cual la Corte Constitucional dejó por sentado que en estos
casos las entidades si están legitimadas “ya que los efectos de la decisión que se
cuestiona atañe directamente en los derechos de la entidad y y trascienden lo relativo a la
sanción impuesta por el funcionario.”
93. Ahora bien, los señores Caicedo Carrascal y Andrea Corzo Álvarez adujeron
que se vulneró su derecho fundamental al debido proceso, pues la apertura del
incidente de desacato no se le notificó de manera personal, ni tampoco la
providencia que lo sancionó, motivo por el cual no pudo ejercer su derecho de
defensa y contradicción para exponer las gestiones desarrolladas para cumplir la
sentencia de tutela de la Corte Constitucional. Para fundamentar lo anterior, citó
una serie de sentencias del Consejo de Estado y del Alto Tribunal Constitucional
mediante las cuales se ha establecido de manera pacífica que la notificación de la
sanción por desacato es personal y no institucional, y solo en caso de no lograrse
esta, es posible notificar por cualquier medio efectivo que garantice su
intervención durante la actuación sancionatoria.
94. Igualmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sostuvo que las
autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales debido
a que dicha entidad ha venido cumpliendo oportunamente lo requerido en la
sentencia de tutela y se encuentra adelantando todas las acciones necesarias
para proteger al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de
derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del
Estado y las comunidades étnicas, conforme con las fases previstas en el plan
diseñado, siempre en el marco de sus competencias. Igualmente adujo que no se
cumplía con los elementos que ha contemplado el ordenamiento jurídico para que
exista desacato, los cuales son básicamente dos: por un lado, un factor objetivo, el
cual hace referencia al incumplimiento de la orden judicial y un factor subjetivo que
hace referencia a la negligencia o renuencia de la autoridad.
2.7.1. Debido proceso en actuaciones judiciales
95. El artículo 29 de la Constitución Política establece lo siguiente:
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
“Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de
las formas propias de cada juicio.
“En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
“Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado
23
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judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación
y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el
mismo hecho.
“Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido
proceso”.
96. A pesar del conjunto de eventualidades previstas por el texto constitucional
transcrito, esta es una norma con estructura de cláusula abierta. En ese sentido,
fija un listado de hipótesis netamente enumerativas que dan lugar a que se
incluyan otros posibles eventos plenamente encuadrables dentro del contenido de
su concepto. Por lo tanto, se puede afirmar que el derecho fundamental al debido
proceso no se agota en el enunciado del artículo 29 Superior, toda vez que su
protección concreta ha revestido un gran número de casos diferentes que han sido
abordados por la jurisdicción en general.21
97. Dentro de la estructura en comento, lo primero que debe resaltarse del
derecho fundamental al debido proceso es su ámbito de aplicación: “toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas” (negrilla fuera del texto). Esta
característica indica que no hay ninguna actuación judicial o administrativa que se
escape del mandato constitucional de observar estrictamente el debido proceso.
98. En consecuencia, toda interpretación que resulte de la anterior singularidad del
derecho fundamental no puede encasillarse a la resolución de los casos
específicos que eventualmente se presenten. Todo lo contrario, los criterios de
interpretación de la transcrita cláusula universal se aplican a todos los casos que
sucedan y sean puestos a consideración de la autoridad competente. En
específico, debe recalcarse que el debido proceso comprende una garantía en la
correcta aplicación de las normas jurídicas por parte de los jueces.
99. De conformidad con lo expuesto, el derecho fundamental en comento se aplica
a toda actuación que se lleve a cabo dentro del trámite de un proceso judicial. Ello
implica observar estrictamente el contenido de las normas procesales, las cuales,
por su importancia social y por lo que tiene que ver con el artículo transcrito, son
de orden público y de cumplimiento obligatorio para los jueces y las partes. Si lo
anterior no sucede de esa manera, se compromete la legitimidad del proceso, de
tal manera que este puede llegar, incluso, a quedar viciado de nulidad o a afectar
otros derechos fundamentales de los que sean titulares las personas.
21
Corte Constitucional. Sentencia T-237 del 31.05.1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; SU-
1219 del 21.11.2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; SU-159 del 06.03.2002, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; T-058 del 02.02.2006, M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
24
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y 11001-03-15-000-2022-03822-00
100. Así, el examen que debe hacer el juez de tutela en el momento en que es
puesta a su consideración una situación que comprometa el estudio del debido
proceso dentro del trámite de una actuación judicial gira alrededor de verificar que,
en todas sus etapas, se haya cumplido con las garantías propias del mencionado
derecho fundamental.22
2.7.2. Análisis del derecho invocado
101. De entrada, la Sala destaca que si bien, el artículo 16 del Decreto 2591 de
1991 al regular la notificaciones de la providencias que se dicten en el trámite
constitucional se realizarán “a las partes o intervinientes, por el medio que el juez
considere más expedito y eficaz”23, en la era digital en la que vivimos y con la rápidez
de la evolución de las tecnologías digitales y de la información, la manera más ágil
que hay para lograr una notificación es el correo electrónico, pero para realizar
ésta hay que tener ciertas precauciones dependiendo si estamos en el trámite de
la acción de tutela o del incidente de desacato. 24
102. En segundo lugar, dentro de los procesos de tutela que adelantan los jueces
de la República, es perfectamente válida la notificación por correo electrónico que
se haga a través de las direcciones generales de las entidades (buzón de correo
electrónico de notificaciones judiciales), pero lo mismo no se puede predicar
dentro del trámite del incidente de desacato, pues frente a este punto, de forma
reiterada esta Sección de Consejo de Estado ha explicado 25 que para que la
notificación por correo electrónico tenga validez dentro de dicha actuación,
aquella se debe hacer al correo electrónico personal institucional, privado o
de forma presencial del servidor público o particular a quien se le adelanta tal
juicio de responsabilidad objetiva, esto es, la verificación material del cumplimiento
del mandato dado por el juez, y subjetivo, frente al presunto incumplimiento de una
orden constitucional.
22
Corte Constitucional. Sentencia T-718 del 17.09.2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
23
Énfasis de la Sala.
24
Lo anterior, con los dispuesto en el artículo 103 del CGP que indica lo siguiente; “En todas las
actuaciones judiciales deberá procurarse el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la gestión y trámite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el
acceso a la justicia, así como ampliar su cobertura.// Las actuaciones judiciales se podrán realizar
a través de mensajes de datos. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan
generar, archivar y comunicar mensajes de dato…”
25
Sobre el tema se pueden consultar las siguientes providencias, de esta Sala de Decisión: Abril
12 de 2018. Consulta de Desacato No. 76001-23-33-000-2016-01609-01; actor: Álvaro Felipe
Aristizábal Bravo; C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Marzo 15 de 2018. Tutela No. 11001-
03-15-000-2018-00465-00; accionante: Fernando Pineda Solarte; C. P. Alberto Yepes Barreiro.
Enero 25 de 2018. Tutela No. 11001-03-15-000-2017-03281-00; actor: Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional (Alberto José Mejía Ferrero); C. P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. Mayo 25 de 2017. Tutela No. 11001-03-15-000-2017-01037-00; demandante: Mauro
Rodrigo Plata Cerón; C. P. Alberto Yepes Barreiro.
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Demandados: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03858-00
Acumulados: 11001-03-15-000-2022-03820-00
y 11001-03-15-000-2022-03822-00
103. Así, el incidente de desacato que regula el artículo 52 del Decreto 2591 de
1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”, establece:
“Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con
base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto
hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo
que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta
y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será
consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días
siguientes si debe revocarse la sanción”26
104. Este instrumento jurídico coincide con el previsto en el artículo 27 del Decreto
2591 de 199127, en cuanto la finalidad común es lograr el efectivo cumplimiento de
las órdenes impartidas en los fallos de tutela, esto es la protección de los derechos
fundamentales constitucionales.
105. La declaratoria de que un funcionario o particular es acreedor a las sanciones
legales por desacato, requiere estar precedida de la constatación de unos
supuestos objetivos y subjetivos. Debe establecerse la existencia y firmeza de un
fallo estimatorio de tutela, mediante el cual fue concedido el amparo y se
dispusieron las medidas necesarias para cesar la violación o amenaza que se
cierne sobre los derechos fundamentales objeto de protección. Además, es
preciso verificar que la orden emitida por el juez constitucional aún está pendiente
de cumplirse; no obstante haber expirado el término judicialmente otorgado con tal
fin; y que no haya alguna razón que materialmente justifique la conducta omisiva
del destinatario de la orden de amparo, pues nadie está obligado a lo imposible.
106. En punto al desacato de la orden de tutela, la Corte Constitucional ha
señalado:
«Incidente de desacato y responsabilidad subjetiva
26
Con sentencia C-243 de mayo 30 de 1996 la Corte Constitucional declaró inexequible la
expresión «La consulta se hará en el efecto devolutivo», con la que finalizaba este párrafo.
27
Artículo 27. Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad
responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.// Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga
cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta
y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo
ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El
juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.//
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso. //En todo caso, el juez
establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta
que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.
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y 11001-03-15-000-2022-03822-00
Dice el artículo 52 del Decreto No. 2591 de 1991 que ‘La persona que
incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto
incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa
hasta de veinte salarios mínimos mensuales, salvo que en este Decreto ya se
hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las
sanciones penales a que hubiere lugar’. Es, por lo tanto, una sanción y por
lo mismo susceptible al debido proceso.
(…)
Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la
responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva.
Es decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el
incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo
hecho del incumplimiento…»28 (negritas propias).
107. Sobre la naturaleza jurídica del incidente de desacato, ha establecido la
Corporación de cierre en materia de derechos fundamentales que: 29
“El incidente de desacato es un mecanismo de creación legal que procede a
petición de la parte interesada, de oficio o por intervención del Ministerio
Público, el cual tiene como propósito que el juez constitucional, en ejercicio de
sus potestades disciplinarias, sancione con arresto y multa a quien desatienda
las órdenes de tutela mediante las cuales se protejan derechos
fundamentales. De acuerdo con su formulación jurídica, el incidente de
desacato ha sido entendido como un procedimiento: (i) que se inscribe en el
ejercicio del poder jurisdiccional sancionatorio; (ii) cuyo trámite tiene carácter
incidental.
La Corte Constitucional ha manifestado que la sanción que puede ser
impuesta dentro del incidente de desacato tiene carácter disciplinario, dentro
de los rangos de multa, resaltando que, si bien entre los objetivos del incidente
de desacato está sancionar el incumplimiento del fallo de tutela por parte de la
autoridad responsable, ciertamente lo que se busca lograr es el cumplimiento
efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada y, por ende, la
PROTECCIÓN de los derechos fundamentales con ella protegidos”.
108. A partir de los anteriores derroteros normativos y jurisprudenciales, al
revisarse el trámite otorgado en el marco del trámite incidental, este juez
constitucional evidencia que no se garantizó el debido proceso, el derecho de
defensa y contradicción de los accionantes, toda vez que no fueron notificados al
correo personal institucional o privado, como se observa:
109. De las pruebas obrantes en el expediente se observa que tanto la providencia
del 19 de enero de 2022 (que abrió el incidente de desacato) como del 1.° de abril
28
Corte Constitucional sentencia T-763 de 1998. Exp. 161333. M. P. Alejandro Martínez Caballero.
29
Corte Constitucional sentencia T-512 de 2011. Exp. T-2836952. M. P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
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de 2022 (sancionó por desacato a los funcionarios con multa de 20 salarios
mínimos) fueron notificadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección B al correo electrónico institucional del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible: procesosjudiciales@minambiente.gov.co, como
se observa respectivamente:
110. Igualmente, el tribunal accionado en providencia del 22 de abril de 2022 al
resolver el incidente de nulidad propuesto por la presunta indebida notificación,
adujo que no se había configurado vicio alguno teniendo en cuenta que el
apoderado judicial de la entidad dio contestación, aunado a que en el portal web
no se evidenciaba un directorio de correos electrónicos personales institucionales
de cada uno de los funcionarios incidentados, criterio que además iba en
consonancia con lo establecido por Corte Constitucional.
111. Debe recordarse, que esta Corporación30 ha señalado que el desacato
encierra el ejercicio de un poder disciplinario del juez en el que es preciso
indicar, que para que proceda la imposición de la sanción debe verificarse que el
incumplimiento de la orden de tutela sea producto de la negligencia del obligado,
30
Consejo de Estado, Sentencia del 10 de agosto de 2017. C.P. Rocio Araújo Oñate. Rad. 76001-
23-33-000-2016-01089-01
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y 11001-03-15-000-2022-03822-00
es decir, que la responsabilidad subjetiva debe estar comprobada; de ello
necesariamente se infiere, que el llamado a responder debe ser
adecuadamente delimitado en el fallo que se dice desobedecido y además,
debe ser debidamente notificado.
112. En efecto, la apertura del trámite incidental debe notificarse en forma idónea
al funcionario o particular responsable de conformidad a lo dispuesto en el artículo
16 del Decreto 2591 de 1991, aplicable al caso. Lo anterior resulta relevante pues,
las autoridades judiciales accionadas, al momento de sancionar a los funcionarios
del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible vulneraron el derecho al
debido proceso ya que no existe constancia de que los accionantes hubieren
recibido dichas notificaciones en forma personal.
113. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala pone de presente que en ocasiones
anteriores31 ha sostenido que los oficios remitidos a los correos
institucionales que las entidades hayan destinado para recibir notificaciones
judiciales no satisfacen el núcleo esencial del debido proceso, pues el
incidente de desacato se dirige contra el funcionario público encargado de dar
cumplimiento a la orden de amparo y no contra el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
114. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho al
debido proceso en las actuaciones judiciales demanda que todo procedimiento
previsto en la ley se adecúe a las reglas básicas derivadas del artículo 29
Superior. Dicha garantía constitucional implica la observancia de las formas de
cada juicio y en tal sentido, se le impone al operador judicial la obligación de
cumplir con lo dispuesto en las normas especiales para agotar el respectivo
trámite. Es así como este se ve conculcado cuando el funcionario judicial se
aparta del proceso establecido por ley, “ya sea porque sigue un proceso distinto al
aplicable o porque omite una etapa sustancial, lo cual desconoce el derecho de defensa y
contradicción de alguna de las partes del proceso.” 32
115. Así mismo, el Máximo Órgano Constitucional estableció que el derecho de
defensa como manifestación del derecho al debido proceso, comprende las
siguientes garantías: “a) el derecho a que se notifiquen los actos expedidos en el
marco del proceso de que se trate; b) el derecho de presentar y solicitar pruebas; c) el
derecho a controvertir las pruebas que se presenten en contra; d) el derecho a que las
actuaciones sean públicas; e) el derecho a impugnar las decisiones adoptadas en el
marco del proceso, entre otras.”33
31
Consejo de Estado, Auto del 4 de mayo de 2017. CP Rocío Araújo Oñate. Rad. 05001-23-33-
000-2017-00294-01
32
Corte Constitucional, T-025 del 06.02.2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
33
Corte Constitucional, T-555 del 07.07.2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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y 11001-03-15-000-2022-03822-00
116. Por último, se advierte que si bien los accionantes elevaron reparos contra la
providencia enjuiciada (enlistados en los numeras 27 al 31 de esta providencia) en
tanto no se tuvieron en cuenta los elementos que dan cuenta que, a su juicio, se
ha venido cumpliendo con la orden, por lo que no se acredita el elemento subjetivo
de responsabilidad, lo cierto es que el juez de tutela está vedado para
pronunciarse frente a este aspecto, pues como ya se explicó, al haberse incurrido
en una indebida notificación en el marco del trámite incidental, el operador judicial
debe retrotraer toda la actuación en aras de garantizar el derecho al debido
proceso del actor y proferir una nueva decisión atendiendo a las pruebas que se
aporten en dicha instancia.
117. En consecuencia, la Sección Quinta del Consejo de Estado amparará los
derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y contracción de los
actores y dejará sin efectos el trámite de incidente de desacato, desde la
providencia del 19 de enero de 2022 (que abrió el incidente de desacato), para
que al día siguiente de la notificación del presente fallo, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B rehaga la actuación y
notifique a los accionantes, en los términos indicados y deberá informar a las
autoridades del caso la decisión aquí adoptada.
2.8. Conclusión
118. A partir de lo expuesto, esta Sección de la Corporación concluye que los
actores deben ser notificados personalmente, tanto del auto de apertura como de
aquel que le impone la correspondiente sanción, pues de esta manera, ese
derecho al debido proceso se efectiviza a efectos de garantizar la participación de
los incidentados en defensa de sus intereses.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso, defensa y
contradicción de los accionantes, de conformidad con la parte motiva de la
presente decisión.
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Acumulados: 11001-03-15-000-2022-03820-00
y 11001-03-15-000-2022-03822-00
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS el trámite
de incidente de desacato con radicado N° 25000-23-37-000-2015-00171-03,
desde la providencia 19 de enero de 2022 (que abrió el incidente de desacato),
para que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta –
Subsección B rehaga el trámite y notifique en debida forma a los tutelantes y
deberá informar a las autoridades del caso la decisión aquí adoptada, conforme a
las razones dadas en este proveído.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
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