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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03888-00

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03888-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Jorge Carlos Orozco Camacho, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03888-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

1 de septiembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03888-00
Demandante: Jorge Carlos Orozco Camacho

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., primero (1º) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-03888-00
Demandante JORGE CARLOS OROZCO CAMACHO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos fáctico,
sustantivo y por desconocimiento del precedente. Actio in rem
verso. Medio de control de reparación directa. Arrendamiento de
inmueble a municipio.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Jorge Carlos Orozco Camacho de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 14 de julio de 20221, Jorge Carlos Orozco Camacho interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Santander, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y al principio de confianza legítima.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, la justicia material,
así como los PRINCIPIOS DE CONFIANZA LEGITIMA, JUSTICIA MATERIAL Y ACCESO
A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, los cuales están siendo vulnerados por la
mencionada autoridad judicial en la SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA proferida el
pasado 20 de enero de 2022, dentro del proceso contencioso administrativo
Radicado:680813333014-2015-00143-01, constituida en la palpable inobservancia del
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado en Sentencia de Unificación del 2012, por
violación directa del preámbulo de la constitución y el desconocimiento del precedente
judicial trasgrediendo la seguridad jurídica y confianza legítima, así como los demás
derechos que encuentre vulnerados la Honorable colegiatura como Juez Constitucional de
Primera Instancia.
SEGUNDO: Que en consecuencia se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
SANTANDER proferir una sentencia que salvaguarde los derechos fundamentales de
los propietarios del inmueble o en su defecto que se confirme la sentencia de primera
instancia proferida por el Juzgado 14 Administrativo Oral de Bucaramanga el 16 de
diciembre de 2016 dentro del Radicado:680813333014-2015-00143-01”.

1 Radicación al correo electrónico de tutelas y hábeas corpus en línea.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03888-00
Demandante: Jorge Carlos Orozco Camacho

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Jorge Carlos Orozco Camacho y otros miembros de la familia Orozco
Hederich, son dueños de un inmueble ubicado en el municipio de
Bucaramanga en el que, desde el año 1971 funciona el programa denominado
“Refugio Social”, programa social de la alcaldía de Bucaramanga para atender
niños desamparados de la ciudad.

2.2. Mediante el contrato de arrendamiento Nro. 292 del 28 de abril de 2009, el
municipio de Bucaramanga legalizó el contrato de facto que operaba en dicho
inmueble, el cual se suscribió por un periodo de 10 meses contados a partir de
la suscripción del acuerdo y, el 10 de marzo de 2010 el contrato se prorrogó
por 5 meses más.

2.3. Informó el accionante que pese al vencimiento del contrato de arrendamiento,
el municipio de Bucaramanga no ha entregado el bien inmueble.

Indicó que, el 30 de abril de 2012 se llegó a un acuerdo conciliatorio ante la
Procuraduría 212 Judicial I para Asuntos Administrativos de Bucaramanga en
el que se concilió el pago de los cánones de arrendamiento adeudados por la
alcaldía a los propietarios del inmueble por el periodo comprendido entre el 10
de agosto de 2010 hasta el 29 de junio de 2011, correspondientes a 10 meses
y 19 días.

Dicho acuerdo conciliatorio que fue aprobado por auto del 18 de mayo de 2011,
proferido por el Juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga.

2.4. Posteriormente, el 18 de julio de 2013 ante la misma procuraduría se llevó a
cabo una nueva conciliación dirigida al pago de los cánones de arrendamiento
comprendidos entre el 1º de enero de 2012 hasta el 31 de julio de 2013
correspondientes a 19 meses; acuerdo conciliatorio aprobado por el referido
juzgado en providencia del 12 de mayo de 2013.

2.5. Mediante memoriales del 3 de julio y del 25 de octubre, ambos de 2013, los
propietarios del inmueble solicitaron a la administración municipal la entrega
material del inmueble, además del pago de los cánones de arrendamiento
adeudados.

En respuesta a las solicitudes, el 18 de noviembre de 2013 la administración
municipal informó que el inmueble sería entregado el 30 de diciembre de 2013.
Sin embargo, el 3 de diciembre de 2013 se les envió una comunicación en la
que se les solicitaba como propietarios, la reparación de los techos del
inmueble, a lo que se opusieron por escrito del 4 de diciembre de 2013,
manifestando que era la administración municipal la encargada de hacer ese
tipo de reparaciones, incluido el deber de entrega del inmueble.

2.6. Por lo anterior, el accionante Jorge Carlos Orozco Camacho y junto con Luis
Carlos Orozco Vargas, Leticia Orozco de Amador, Carmenza Orozco, Luis
Orozco Ordoñez, María Victoria Orozco Vargas, Elsa Lucía Orozco de
Martínez, María Margarita Orozco Ordoñez, Inés Josefina Reyes de Nieto,
Cecilia Silva, Rafael Silva, Roberto Silva, María Chumney Silva y Eduardo

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Demandante: Jorge Carlos Orozco Camacho

Reyes Orozco en calidad de propietarios del inmueble objeto de
arrendamiento, en ejercicio del medio de control de reparación directa
demandaron municipio de Bucaramanga con el fin de que se declarara el
enriquecimiento sin causa por parte del referido ente territorial y el correlativo
empobrecimiento de los demandantes por la utilización del inmueble de su
propiedad en donde funciona el “Refugio Social”, ante la ausencia de
suscripción de contrato de arrendamiento desde el 1º de agosto de 2013 a la
fecha de presentación de la demanda y, la falta de pago del canon de
arrendamiento.

Solicitaron en consecuencia el pago de los perjuicios materiales en la
modalidad de daño emergente y lucro cesante y el pago de los servicios
públicos respectivos.

2.7. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Catorce Administrativo de
Bucaramanga (Radicado Nro. 68001-33-33-014-2015-00143-00) que, mediante
sentencia del 16 de diciembre de 2016 accedió a las pretensiones de la
demanda.
El Juzgado consideró que con las pruebas obrantes en el expediente, se
acreditó el detrimento patrimonial de los demandantes, el cual debía ser
compensado por el municipio demandado, al no haber recibido ninguna suma
de dinero por concepto de cánones de arrendamiento desde el 1º de agosto
de 2013 a la fecha, y además por seguir usufructuando el inmueble al no
haberlo entregado, utilizando su supremacía como autoridad. Precisó que no
solo existía un enriquecimiento sin causa sino un correlativo empobrecimiento
en cabeza de los demandantes propietarios del bien inmueble al no recibir
oportunamente la renta que este generaba.
2.8. Las partes demandante y demandada, interpusieron recurso de apelación
contra la decisión de primer grado.
El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 20 de enero
de 2022 <<notificada por correo electrónico el 25 de enero de 2022>>, revocó la
decisión del juzgado y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Precisó que en el caso no se produjo un constreñimiento de la parte
demandada, pues no existía medio de prueba que acreditara una coacción
física, moral o jurídica por parte del municipio de Bucaramanga a los
demandantes, con el fin de que el inmueble fuera dejado a su disposición y
continuara funcionando en ese lugar el “Refugio Social”.
Recordó que las pretensiones de la Actio in rem verso por el medio de control
de reparación directa, estaban sujetas solamente al establecimiento del
posible enriquecimiento sin causa (y al correlativo empobrecimiento de los
propietarios), y por tanto, las pretensiones de restitución del inmueble y pago
de perjuicios eran improcedentes, tal como sostenía sentencia de unificación
en este sentido.
Sostuvo que la parte actora no podía invocar una cláusula del contrato de
arrendamiento firmado con la entidad demandada en el año 2011, para
sustentar en el medio de control de reparación directa, que a la entidad
territorial le asistía la obligación de reparar el inmueble y entregarlo en las
condiciones en las que fue recibido al suscribir el contrato.

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Demandante: Jorge Carlos Orozco Camacho

3. Fundamentos de la acción

El accionante consideró que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander el 20 de enero de 2022 dentro del medio de control de reparación directa
(Actio in rem verso) con la radicación Nro. 68001-33-33-014-2015-00143-00/01
incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente.
Las razones fueron las siguientes:

3.1. Defecto fáctico. Consideró que se hizo una valoración irracional y arbitraria de
las evidencias que daban cuenta de la injusticia del municipio de
Bucaramanga, quien abusando de su posición dominante, tomó en arriendo
un inmueble de unos particulares y dejó de celebrar los contratos de
arrendamiento correspondientes, pese a las solicitudes que se hicieron de
entrega y/o renovación del negocio jurídico.

Además de no darse respuesta por parte del municipio a las mencionadas
peticiones, la alcaldía continúa posesionada del inmueble. Incluso, acudió a
conciliar en dos oportunidades y que el Juzgado Noveno Administrativo de
Bucaramanga al aprobar las conciliaciones, también coincidió en afirmar que
existía un enriquecimiento sin causa y que se daban los requisitos para la
procedencia excepcional del precedente judicial del Consejo de Estado.

Considera que el tribunal llegó a una conclusión equívoca, resultado de una
“desviada e inconstitucional” valoración probatoria, ya que con todos los
elementos de prueba se demostró la existencia de la causal señalada en la
sentencia de unificación como lo estableció el juzgado que emitió la sentencia
de primer grado.

3.2. Defecto sustantivo. Sostuvo que la interpretación y aplicación de la “regla
jurídica” contenida en la sentencia de unificación del Consejo de Estado de
2012 sobre Actio in rem verso, no solo iba en contravía de tres
pronunciamientos judiciales anteriores, correspondientes a los autos que
aprobaron las conciliaciones por parte del Juzgado Noveno Administrativo de
Bucaramanga y a la sentencia de primera instancia del Juzgado Catorce
Administrativo de Bucaramanga, sino que también resultaba lesiva a los
derechos fundamentales de los propietarios de la vivienda utilizada por el
Municipio de Bucaramanga quien, en franco abuso de la posición dominante,
tomó en arriendo el inmueble y cualquier día dejó de celebrar contratos y se
abstuvo de hacer la entrega del inmueble, dejando como resultado un
inmueble en ruinas, inhabitable y totalmente inútil que, además, no ha sido
entregado en legal forma.

Consideró injusta la decisión y manifestó que no cuenta con otro mecanismo
de defensa distinto a la tutela. Sumado a esto, afirmó que la sentencia del
tribunal se profirió en sala dual, esto es, por dos magistrados, cuando debió
ser por tres de ellos, ya que uno de los integrantes de esa sala aclaró su voto.

3.3. Defecto por desconocimiento del precedente: de un lado, por el
desconocimiento del precedente del Consejo de Estado contenido en la
sentencia de unificación de 2012, por haberse aplicado de manera equivocada
y lesiva a los derechos fundamentales como propietarios del inmueble y, de
otra parte, por desconocer el precedente contenido en las tres providencias
judiciales anteriores, que si bien fueron proferidos por Juzgados

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Administrativos de menor jerarquía, fueron pronunciamientos que se llevaron
a cabo sobre los mismos hechos que fueron analizados por el Tribunal, razón
por la cual consideraron que la sentencia de cierre resultó ser sorpresiva e
infundada frente a un mismo asunto que había sido fallado anteriormente, dos
en sede de aprobación de conciliación prejudicial y uno en primera instancia,
lo cual se traducía en una abierta negación de justicia material y de tutela
efectiva de los derechos fundamentales.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 21 de julio de 2022, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a las partes accionante y accionada. Además, se
dispuso vincular como terceros con interés (i) al municipio de Bucaramanga,
que actuó como demandado en el proceso ordinario; (ii) al Juzgado Catorce
Administrativo de Bucaramanga, autoridad que dictó la sentencia de primera
instancia y, (iii) a los señores Luis Carlos Orozco Vargas, Leticia Orozco de
Amador, Carmenza Orozco, Luis Orozco Ordoñez, María Victoria Orozco
Vargas, Elsa Lucía Orozco de Martínez, María Margarita Orozco Ordoñez, Inés
Josefina Reyes de Nieto, Cecilia Silva, Rafael Silva, Roberto Silva, María
Chumney Silva y Eduardo Reyes Orozco, quienes actuaron como
demandantes en el proceso ordinario.

4.2. El Municipio de Bucaramanga, rindió informe en el que manifestó que no
existía afectación a los derechos fundamentales del actor y que tampoco
demostró una situación de amenaza o perjuicio irremediable que implicara la
intervención urgente, inmediata e impostergable del juez constitucional.

De otro lado, consideró que no le asistía legitimación en la causa por pasiva,
en la medida que las pretensiones iban dirigidas al Tribunal Administrativo de
Santander y la Rama Judicial era independiente en la defensa dentro del
presente asunto.

4.3. El Tribunal Administrativo de Santander, el Juzgado Catorce
Administrativo de Bucaramanga2 y los terceros vinculados Luis Carlos
Orozco Vargas, Leticia Orozco de Amador, Carmenza Orozco, Luis
Orozco Ordoñez, María Victoria Orozco Vargas, Elsa Lucía Orozco de
Martínez, María Margarita Orozco Ordoñez, Inés Josefina Reyes de Nieto,
Cecilia Silva, Rafael Silva, Roberto Silva, María Chumney Silva y Eduardo
Reyes Orozco, no se pronunciaron.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,

2 El juzgado allegó el link de acceso al expediente digitalizado.
3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico

3.1. Encuentra la Sala que los argumentos que la parte actora presentó como
defecto sustantivo, en realidad corresponden a los fundamentos propios del
defecto por desconocimiento del precedente, motivo por el cual, la Sala
efectuará el estudio conjunto de estos dos defectos, a partir de la
caracterización del último de los citados.

3.2. Establecido lo anterior y de acuerdo con los antecedentes del caso,
corresponde a la Sala determinar si al proferir la sentencia del 20 de enero de
2022, en el medio de control con radicado Nro. 68001-33-33-014-2015-00143-
00/01,el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en los defectos fáctico
y por desconocimiento del precedente alegados.

4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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4. Defecto fáctico. Análisis del caso concreto

4.1. El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En este sentido, se
ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario que de las
pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera
objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se
cuestiona. En otras palabras, que el apoyo probatorio en que se basó el juez
para resolver determinado asunto resulta absolutamente inadecuado para el
caso concreto.

Si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de valoración probatoria,
fundada en los principios científicos de la sana crítica, dicho poder no puede
ejercerse de manera arbitraria, de allí que para analizar si el juez natural pudo
incurrir en este defecto, corresponde al juez de tutela establecer si aquel
adoptó criterios objetivos, racionales y rigurosos, en lo que respecta a la
apreciación de las pruebas.

Refiriéndose al defecto fáctico, la Corte Constitucional7 reconoce dos
dimensiones:

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como por ejemplo,
(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso8;(ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo9.

La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión10;
o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia11.

4.2. Con el propósito de analizar el defecto propuesto, se estima procedente citar
los apartes de la sentencia acusada proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander, relativos a la valoración probatoria efectuada.

De esta manera, en el acápite denominado “Análisis de las pruebas” se
relacionaron los medios documentales y de interrogatorio de parte obrantes en
el expediente de reparación directa, de la siguiente forma:
“D. Análisis de las pruebas
En el expediente está probado lo que sigue:
1. La suscripción de contratos de arrendamiento. Se celebra el distinguido con el
No. 007 del 28.04.2009, según el cual, los aquí demandantes, dan en arriendo el
inmueble ubicado en la carrera 12# 37-51 del barrio García Rovira al municipio de
Bucaramanga, para el funcionamiento del Refugio Social, fijando un plazo de 10
meses. El anterior contrato fue adicionado en cinco meses en el plazo, el

7 Cfr. Sentencia SU-159 de 2002.
8 Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
9 Cfr. Sentencia T-417 de 2008.
10 Ibidem. Óp. Cit. 10.
11 Cfr. Sentencia SU-226 de 2013.
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10.03.2010 (Fols.36 a 39). El 29.06.2011 se suscribe nuevamente contrato de
arrendamiento, Num.292, fijando como plazo de ejecución seis meses.
2. Celebración de acuerdos conciliatorios por las partes. El 30.04.2012 ante la
Procuraduría 212 Judicial I para asuntos administrativos, conciliaron el pago de los
cánones de arrendamiento por el periodo comprendido entre el 10.08.2010 hasta
el 29.06.2011 -, la que fue aprobada por el Juzgado Noveno Administrativo de
Bucaramanga mediante providencia del 18.05.2012 (Fols.68 a 73).
El 18.07.2013, ante la misma Procuraduría, se surtió acuerdo conciliatorio de los
cánones de arrendamiento, periodo comprendido entre el 01.01.2012 al
31.07.2013 - 19 meses-, la que es aprobada en providencia del 12.05.2013 por el
Juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga, en la que, adicionalmente,
ordena compulsar copias para que se investigue disciplinariamente a los
funcionarios que omitieron la realización del trámite contractual correspondiente
(Fols.60 a 67).
3. Peticiones presentadas por los aquí demandantes ante el municipio de
Bucaramanga.
3.1. El 03.07.2013 se presenta petición para el pago de cánones de arrendamiento y
entrega material del inmueble, sin que obre prueba de haber sido resuelta de fondo.
Se informa que la petición será remita al funcionario competente (Fols.46 a 51)
3.2. El 25.10.2013 se presentó nuevamente la petición, solicitando la entrega material
del inmueble o la suscripción de un contrato de arrendamiento, la que es atendida
en el oficio del 14.11.2013, informándose por parte del Sub Secretario de
Desarrollo Social, que para darle respuesta de fondo, se necesita la reunión de la
Junta Directiva del Refugio Social, para tomar una decisión en particular (Fol.52 a
54).
3.3. Con oficio del 18.11.2013 suscrito por “la delegada del alcalde, señora Martha
Rosa Amira Vega Blanco”, se informa a la señora María Victoria Orozco Vargas,
que: “Se hará la entrega del inmueble ubicado en la carrera 12 # 37-51 en el cual
funciona el Refugio Social el día 30 de diciembre del presente año” (Fol.55)
3.4. Con oficio del 04.12.2013 la señora María Victoria Orozco Vargas, da respuesta al
anterior oficio, afirmando entre otras cosas: “me permito indicarle que las
reparaciones locativas deben ser asumidas por el arrendatario Refugio Social –
Municipio de Bucaramanga y que hasta que no se efectúen no se procederá a
recibir el inmueble a satisfacción” (Fols.56 a 57).
3.5. El 03.12.2013, la directora del Refugio Social, mediante oficio dirigido a la señora
María Victoria Orozco Vargas solicita la refacción del techo de la casa (Fol.58).
4. Interrogatorio de parte a la señora Martha Victoria Orozco Vargas. En
audiencia del 13.07.2016 (Fol.471), la señora Orozco Vargas, a las preguntas
formuladas por el municipio de Bucaramanga, entre otras, manifiesta que las
peticiones elevadas para la entrega del inmueble no fueron resueltas de fondo. En
su relato en nada refiere a que el municipio de Bucaramanga realizó algún acto de
constreñimiento para que el inmueble le fuera dejado a su disposición para el
funcionamiento del Refugio Social. Tampoco ejerció acción alguna frente a la no
respuesta de fondo a las peticiones”.

Luego, el análisis que efectuó la autoridad judicial accionada, a partir de estos
elementos de prueba de cara al caso concreto, fue el siguiente:
“Con base en lo anterior, concluye la Sala, que, frente a la primera excepción para que
se presente un enriquecimiento sin justa causa en razón de un constreñimiento de la
entidad pública, contrario a lo afirmado por la primera instancia, no existe prueba que
acredite una coacción física, moral o jurídica por parte del municipio de Bucaramanga
a los aquí demandantes, para que, el inmueble ubicado en la carrera 12 # 37-51, le
fuera dejado a su disposición, para que el Refugio Social, continuara funcionando
en él.
Hace notar la Sala que, la suscripción de acuerdos conciliatorios por parte de la entidad
territorial con los aquí demandantes en los que reconoce el pago de cánones de

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arrendamiento sin la suscripción de un contrato; ni la celebración fallida de una
conciliación extrajudicial en la que el municipio de Bucaramanga presenta como fórmula
de arreglo el pago de $143’000.000 por concepto de cánones de arrendamiento y
reparaciones locativas, con base en el concepto del comité de conciliación de la entidad
(Fols.392 a 396), tienen la virtud de acreditar de manera fehaciente y evidente, que
fue exclusivamente el municipio de Bucaramanga, sin participación y sin culpa de la
parte demandante, quien mediante coacción en virtud de la supremacía de la autoridad,
hizo que le entregaran o dejaran a su disposición el inmueble, sin la suscripción de un
contrato estatal.
[…]
No existe prueba que permita inferir que la entidad pública, sin participación y sin culpa
del particular afectado, en virtud de la supremacía de su autoridad o de su imperium,
constriñó o impuso a los demandantes el arrendamiento del inmueble, sin que mediara
un contrato, y estos al haber aceptado voluntariamente prestar un servicio sin la
suscripción de un contrato de arrendamiento, se colocaron bajo una condición precaria
frente al derecho y la ley, pues con su conducta aceptó pretermitir el cumplimiento de
normas imperativas, asunto que descarta la procedencia de un enriquecimiento sin
causa – Consejo de Estado Sentencia del 04.06.2021, rad Núm.76001-23-31-000-2011-
00279-01 (54146)-.
Tampoco se encuentran probados los restantes requisitos, debido a que el
arrendamiento del inmueble de los aquí demandantes, no se realizó para evitar una
amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, ni para conjurar
alguna situación de urgencia manifiesta la administración hubiera omitido”.

De lo anterior se desprende que, el tribunal accionado hizo una relación de las
pruebas relevantes allegadas legal y oportunamente al proceso, y de la
apreciación conjunta de las mismas, concluyó que en el caso examinado no
se configuraron de la teoría del enriquecimiento sin causa, así como tampoco
se acreditó el alegado constreñimiento o coacción de parte del municipio de
Bucaramanga, en virtud de la supremacía de su autoridad o del abuso de su
posición dominante, que condujera a la parte demandante, propietaria del
inmueble objeto de controversia, a omitir la suscripción del contrato de
arrendamiento del bien.

4.3. Para sustentar el cargo por defecto fáctico, en el escrito de tutela la parte
actora luego de citar los apartes de los medios de prueba mencionados en la
sentencia del tribunal señaló que:
“…el Tribunal llega a una conclusión equívoca, a través de una desviada e
inconstitucional valoración probatoria, toda vez que con todos estos elementos
probatorios se probó evidentemente la existencia de la causal en la sentencia de
unificación, tal y como fue establecido en la sentencia de primera instancia del Juzgado
14 Administrativo Oral de Bucaramanga.
Sobre este particular, se estructura y edifica el defecto fáctico producido por la
valoración irracional y arbitraria de todas estas evidencias que dan cuenta de la injusticia
del Municipio de Bucaramanga, quien abusando de su posición dominante, toma en
arriendo un inmueble de unos particulares y caprichosamente deja de celebrar los
contratos de arrendamiento correspondientes, muy a pesar de las suplicas de entrega
y/o solicitudes de renovación de dicho negocio jurídico, tal y como aparece señalado en
estas evidencias.
Aunado a lo anterior y no conforme con omitir la respuesta de estas peticiones, así como
la entrega del inmueble, el cual valga la pena señalar continua en posesión de la
Alcaldía, también acudió a conciliar en dos ocasiones el pago de cánones de
arrendamiento, las cuales se llevaron a cabo en la Procuraduría Delegada para asuntos
Administrativos de Bucaramanga y fueron objeto de pronunciamiento en dos ocasiones
por el Juzgado Noveno Administrativo de Bucaramanga, quien también coincidió en
argumentar que existía enriquecimiento sin causa y que se daban los requisitos para la
procedencia excepcional del precedente judicial del Consejo de Estado”.
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De esta forma, el planteamiento del cargo por defecto fáctico se orientó en
hacer ver la supuesta “injusticia” cometida por el municipio de Bucaramanga
que, según precisa la parte actora, abusando de su posición dominante, no
solo tomó posesión del inmueble que inicialmente tenía en arriendo, sino que
dejó de celebrar los contratos y de pagar los cánones de arrendamiento, lo que
para el actor es la consecuencia de una valoración “irracional y arbitraria”, pero
no se observa un planteamiento concreto dirigido a fundamentar la
configuración de defecto examinado.

En sentir de la Sala, más que la fundamentación de un error en la valoración y
apreciación de los medios de prueba del proceso ordinario, lo que se evidencia
es el desacuerdo de la parte actora con la forma como se resolvió el caso,
pues no se precisan las razones que permitan al juez de tutela establecer la
posible arbitrariedad, irracionabilidad o falta de rigor en la apreciación de los
medios de prueba del proceso. Lo que se advierte es un desacuerdo en la
valoración hecha por el tribunal de los elementos de prueba que llevaron a la
convicción de no encontrar configurados los elementos de la Actio in rem
verso.

4.4. No debe olvidarse que el análisis del defecto fáctico debe ser en extremo
cauteloso, en procura de no afectar los principios de autonomía e
independencia judicial que adquieren significado en actos propios e intrínsecos
del juez de la causa, como la valoración de la prueba12. Es por ello que la
jurisprudencia constitucional ha sido consistente en indicar que, será viable la
acción de tutela por defecto fáctico cuando el error en el juicio valorativo del
juez de la causa sea “ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una
incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia” 13

Al respecto, se estima pertinente recordar que la jurisprudencia constitucional
ha dicho que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó
como un análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión
atacada y la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece
a su naturaleza y propósito.

5. Defecto por desconocimiento del precedente y su análisis en el asunto

5.1. El precedente judicial busca armonizar y salvaguardar los principios de
igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la
misma forma y, consecuentemente, se garantice el debido proceso del
ciudadano.

Para la Sala14, puede plantearse la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación; (ii) que
tales decisiones eran vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto
por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente;
(iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela es contraria al

12 Sentencia SU-573 del 14 de septiembre de 2017. Ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU 949 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
14 CONSEJO DE ESTADO. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de abril de 2014. Expediente No. 11001-03-15-
000-2013-02625-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
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precedente vinculante, (iv) y que el juez de instancia no presentó una
justificación razonable para apartarse del precedente vinculante.

El desconocimiento del precedente constitucional, es una causal autónoma y
específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: (i) cuando
se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o (ii)
cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a través
de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando se trata
de sentencias de unificación.

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las
decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical,
que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía,
en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

5.2. Para fundamentar el cargo de defecto por desconocimiento del precedente, la
parte accionante indicó que dicha causal especial de procedencia de la acción
de tutela contra la providencia judicial cuestionada “…se presenta en dos
dimensiones, inicialmente en el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado con
la Sentencia de Unificación del 2012, toda vez que fue aplicada de manera equivocada y lesiva
de nuestros derechos fundamentales como propietarios del inmueble ubicado en la carrera 12
No 37-51 en el cual funcionaba el Refugio. (.) Por otro lado, la providencia objeto de tutela,
desconoce flagrantemente el precedente contenido en las tres providencias judiciales
anteriores, que si bien fueron proferidos por Juzgados Administrativos de menor jerarquía,
fueron pronunciamientos que se llevaron a cabo sobre los mismos hechos que fueron
analizados por el Tribunal, razón por la cual este proveído de la corporación resulta sorpresivo
e infundado frente a un mismo asunto que había sido fallado anteriormente, dos en sede de
aprobación de conciliación prejudicial y uno en primera instancia, lo cual se traduce en una
abierta negación de justicia material y de tutela efectiva de los derechos fundamentales”.

Partiendo de estos argumentos, precisa la Sala que se refiere a dos
precedentes, uno, relacionado con una sentencia de unificación del Consejo
de Estado sobre la materia que, en su sentir, se aplicó de manera equivocada
y lesiva a sus derechos y el otro, frente a dos sentencias emitidas por dos
juzgados administrativos en dos trámites procesales distintos: de un lado, la
sentencia que se profirió en primera instancia en el proceso ordinario de
reparación directa (Actio in rem verso) y de otro, las providencias que aprobaron
conciliaciones celebradas por las partes ante un procurador delegado frente al
pago de cánones de arrendamiento adeudados.

5.3. Así, en relación con la sentencia de unificación del Consejo de Estado, pese a
que solo se mencionó el año de la sentencia sin datos adicionales, entiende la
Sala que se refiere a la sentencia del 19 de noviembre de 201215, en la que
la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación fijó su posición frente
a la procedencia de la actio in rem verso, supeditado a la ocurrencia de una
de las siguientes hipótesis de carácter excepcional y de aplicación e
interpretación restrictiva:
“1. Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso que fue
exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular afectado,
la que, en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium constriñó o impuso

15 Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación Nro. 73001-23-31-000-2000-03075-01 (24987). M.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el suministro de bienes o servicios
en su beneficio, por fuera del marco de un contrato estatal o con prescindencia de este.
“2. En los casos en que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios,
suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o
una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este que es
fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal,
urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y manifiesta como
consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y adelantar un proceso de
selección de contratistas, así como de la celebración de los correspondientes contratos,
circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el proceso contencioso
administrativo, sin que el juzgador pierda de vista el derrotero general que se ha
señalado en el numeral 12.1 de la presente providencia, es decir, verificando en todo
caso que la decisión de la administración frente a estas circunstancias haya sido
realmente urgente, útil, necesaria y la más razonablemente ajustada a las
circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.

“3. En los casos en que, debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia
manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la ejecución de
obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato escrito alguno, en los
casos en que esta exigencia imperativa del legislador no esté excepcionada, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993”.
[…]

Revisada la providencia acusada en la presente acción, se advierte que el
tribunal hizo el análisis apoyado en tal precedente y, de manera coherente con
el caso concreto, concluyó que: “en el presente caso no se configura los presupuestos
establecidos en la Sentencia de Unificación para que se constituya un enriquecimiento sin
justa causa, por lo que la Actio in rem verso presentada no procede, en especial, el elemento
del constreñimiento por el cual, la primera instancia accede parcialmente a las pretensiones,
lo que impone revocar la sentencia apelada, para en su lugar negar las pretensiones de la
demanda”.

Es así como no puede hablarse de un desconocimiento del precedente, por el
contrario, al proferir la decisión, el Tribunal tuvo en cuenta el precedente de
unificación del máximo órgano de lo contencioso administrativo, pero concluyó
que no estaban configurados los elementos para tener por establecido el
enriquecimiento sin causa solicitado en la demanda por el actor y los demás
propietarios que fueron demandantes y ahora se encuentran vinculados al
presente trámite constitucional en calidad de terceros con interés.

5.4. Ahora bien, en relación con las sentencias proferidas por los juzgados
administrativos, se considera necesario hacer las siguientes precisiones:

5.4.1. La sentencia proferida por el Juzgado Catorce Administrativo de
Bucaramanga, corresponde a la decisión de primer grado proferida en
el medio de control de reparación directa (Actio in rem verso), que fue
apelada y posteriormente revocada en segunda instancia por el
tribunal como superior funcional, de manera que no puede ser
considerada como un precedente desconocido por el tribunal. En otras
palabras, dicha sentencia no constituye precedente porque (i) fue la
decisión revisada en segunda instancia; y (ii) fue proferida por el
inferior jerárquico.

5.4.2. Las providencias proferidas por el Juzgado Noveno Administrativo de
Bucaramanga, corresponden a las decisiones por las cuales se
aprobaron las conciliaciones prejudiciales celebradas por los
propietarios del inmueble objeto de controversia y el municipio de
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Bucaramanga, ante la respectiva procuraduría delegada y, pese a
mencionar el actor que allí se sugirió la posible existencia de un
enriquecimiento sin causa, tales decisiones no constituyen precedente
jurisprudencial, pues además de ser proferidas por autoridades
judiciales de menor jerarquía, no obligan a su superior, quien para
resolver el asunto, aplicó las reglas de unificación fijadas por el órgano
de cierre de la jurisdicción, que son las que deben ser observadas por
los jueces y tribunales del país.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, y al no encontrar acreditados los defectos factico y por
desconocimiento del precedente alegados, la Sala negará las pretensiones de la
acción de tutela de la referencia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Jorge
Carlos Orozco Camacho, de conformidad con las consideraciones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

13

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