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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03892-01

Fecha
1 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03892-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de agosto de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. 21 Radicado: 11001-03-15-000-2022-03892-01 Demandante: Pedro Enrique Hernández Bermúdez y Otros Demandado: Tribunal Administrativo del Meta TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03892-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

1 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03892-01
Accionantes: PEDRO ENRIQUE HERNÁNDEZ BERMÚDEZ Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se
confirma la decisión de primera instancia - no se configuraron los
defectos denunciados

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada, a través de apoderado judicial, por los
ciudadanos Pedro Enrique Hernández Bermúdez, Nelsy Estela Ruiz Vaca, Jessica
Mayerly Hernández Ruiz, Marlon Enrique Hernández Ruiz, Orlando Rangel
Hernández Bermúdez, Gloria Esmir Peña Bermúdez, Martha Lilia Peña
Bermúdez y Hermencia Bermúdez Sarmiento, en contra de la sentencia de 19 de
agosto de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los ciudadanos arriba referenciados presentaron acción de tutela con miras a
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
a la libertad, a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y al acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyeron a la sentencia de 17 de
febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro del
medio de control de reparación directa número 50001-33-33-004-2013-00253-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestaron que el señor Pedro Enrique Hernández Bermúdez, previa orden
judicial, fue capturado el 20 de agosto de 2008 y presentado ante el Juzgado
Segundo Penal Municipal de Villavicencio con función de control y garantías,
autoridad que legalizó la captura y decretó medida de aseguramiento intramural del
procesado, por su presunta participación en la comisión de los delitos de concierto

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03892-01
Demandante: Pedro Enrique Hernández Bermúdez y Otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

para delinquir y financiación y administración de recursos relacionados con
actividades terroristas.

2.2. Indicaron
que el proceso penal tuvo origen en diligencia de registro y
allanamiento que se llevó a cabo en la finca Apolo - La Bocatoma, ubicada en la
vereda Las Moras en el municipio de Barranca de Upía.

2.3. Adujeron que, según la Fiscalía, en la finca objeto del registro y allanamiento
residían veinte personas que hacían parte de un grupo armado denominado ERPAC
o Los Cuchillos, quienes «[…] portaban armas de fuego de largo alcance y
subametralladoras, dotados de equipos de comunicación como radios satelitales y
celulares […]».

2.4. Indicaron que en la diligencia de registro y allanamiento «[…] no se encontraron
armas de fuego, ni equipos de comunicación, decomisando únicamente celulares
de los señores PEDRO ENRIQUE HERNANDEZ BERMUDEZ y PEDRO
HERNANDEZ RUIZ (Padre-Hijo), los cuales después de haber sido revisados no se
encontraron evidencias que comprometieran su responsabilidad en las conductas
imputadas […]».

2.5. Afirmaron que el Fiscal del caso, al momento de realizar la imputación y solicitar
la medida de aseguramiento, omitió señalar de qué manera el señor Pedro Enrique
Hernández Bermúdez había incurrido en el delito de financiación y administración
de recursos relacionados con actos terroristas.

2.6. Sostuvieronque la Juez Segunda Penal Municipal de Villavicencio con
funciones de control de garantías, al momento de ordenar la privación de la libertad
del señor Pedro Enrique Hernández Bermúdez, se abstuvo de realizar el «[…] juicio
de inferencia razonable sobre la presunta responsabilidad de mi poderdante en las
conductas imputadas en razón a que no hace un pronunciamiento fáctico de cada
uno de los delitos como lo es para la FINANCIACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES TERRORISTAS en lo que
tiene que ver con el ingrediente normativo en razón a que los imputados no tenían
recursos para financiar y/o administrar recursos para actividades terroristas, y para
el caso del CONCIERTO PARA DELINQUIR, en razón a que no se precisa cuál era
la actividad que comprometía a mi poderdante en esa conducta y además porque
no se manifestó si actuaba a título de autor y/o de complicidad, para determinar si
era procedente la medida de aseguramiento […]».

2.7. Indicaron que el 27 de julio de 2009 el señor Pedro Enrique Hernández Bermúdez
fue dejado en libertad por orden del Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías, por vencimiento de términos.

2.8. Señalaron que, mediante sentencia de 15 de abril de 2011, el Juzgado Segundo
Penal del Circuito Especializado de Villavicencio con Funciones de
Conocimiento absolvió al señor Pedro Enrique Hernández Bermúdez de los delitos
por los que estaba siendo investigado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03892-01
Demandante: Pedro Enrique Hernández Bermúdez y Otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

2.9. Adujeron que, con fundamento en lo anterior, presentaron la demanda de
reparación directa en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y de la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para
que se repararan los daños irrogados a los demandantes, con ocasión de la
privación injusta de la libertad que padeció el señor Hernández Bermúdez.

2.10. Comentaron que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Villavicencio, mediante sentencia de 18 de noviembre de 2016, accedió a las
pretensiones de la demanda.

2.11. Indicaron que la decisión de primera instancia fue apelada por las demandadas
y que, mediante la sentencia de 17 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo
del Meta revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.

2.12. Señalaron que la sentencia de 17 de febrero de 2022 incurrió en un defecto
fáctico porque «[…] el Tribunal hizo una indebida apreciación probatoria de las
actuaciones realizadas por la Fiscalía en las audiencias de imputación de cargos,
solicitud de medida de aseguramiento y en la etapa del juicio, así mismo no valoró
en debida forma las actuaciones del Juez de Control y Garantías en las dos primeras
audiencias […]».

2.13. Al respecto precisaron que: (i) el Fiscal al momento de formular la imputación y
solicitar la medida de aseguramiento «[…] no hizo ningún pronunciamiento factico
[sic] sobre los actos que de una u otra forma comprometieran la responsabilidad de
los imputados, y menos aún de allegar EMP (Entrevistas-Denuncias) para
demostrar […]» que el señor Pedro Enrique Hernández Bermúdez había
participado en la comisión del delito de financiación y administración de recursos
relacionados con actividades terroristas; (ii) la Juez Segunda Penal Municipal de
Villavicencio con funciones control de garantías, al momento de ordenar la
privación de la libertad del citado ciudadano, se limitó a «[…] a leer los derechos del
capturado y explicar sobre la exclusión de los beneficios que expresa el artículo 26
de la ley 1121 de 2006 […]»; y (iii) no «[…] [existían] elementos probatorios
suficientes que permitan [sic] inferir razonablemente sobre la participación del
accionante en la conducta punible […]» de concierto para delinquir, en tanto que lo
único que se probó fue que el señor Pedro Enrique Hernández Bermúdez fungía
como administrador de la finca Apolo y «[…] era el mandadero, les llevaba víveres
y prostitutas y les daba información […]», sin que tales conductas encajen dentro
de la descripción del tipo penal imputado.

2.14. Por último, indicaron que no hubo una absolución por aplicación del principio in
dubio pro reo, sino que se presentó fue una absolución perentoria, en los términos
del artículo 442 de la Leu 906 de 20041, solicitada por el Fiscal del caso, en razón
de la atipicidad de la conducta.

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«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal».

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Demandante: Pedro Enrique Hernández Bermúdez y Otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

2.15. También manifestaron que en la decisión judicial se incurrió en un defecto
sustantivo por «[…] interpretar las normas de manera que contraría la
razonabilidad jurídica […]»; debido a las siguientes razones: (i) porque el Tribunal
accionado optó por aplicar un régimen subjetivo de responsabilidad, sin que
previamente a ello hubiese analizado la causal de absolución, lo que ocasionó una
aplicación indebida de la sentencia SU-072 de 2018; y (ii) debido a que la absolución
obedeció a la aplicación de la figura de la «absolución perentoria», el juez tenía la
obligación de aplicar un régimen objetivo de responsabilidad.

2.16. En cuanto a la causal de violación directa de la Constitución, señalaron que la
sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal accionado «[…] no fue
fallada con fundamento en los derechos Humanos, bajo la egida [sic] del principio
de progresividad, es decir que cada día deber ser más garantista y a contrario censu
aplicó unos principios de regresividad, fallando a favor de las demandadas (Fiscalía
y Rama Judicial),en donde se denota claramente que valoradas las EMP y las
actuaciones realizadas por el Ente Acusador en las etapas de indagación,
investigación y juicio, la medida de aseguramiento contra el señor PEDRO
ENRIQUE HERNANDEZ BERMUDEZ, se profirió sin fundamento legal o razonable,
los cuales me permiten inferir que dichas actuaciones son propias de un Estado
Autoritario, con fines totalitaristas, que con el pretexto de aplicar justicia se atenta
contra los derechos fundamentales de las personas reconociendo de esta forma que
el derecho penal estaría por encima de los derechos primarios consagrados a favor
del ser humano […]».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] 1.) Tutelar el derecho fundamental IGUALDAD, DEBIDO PROCESO,
LIBERTAD, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA y DERECHO
SUSTANCIAL.

2.) A consecuencia de lo anterior, se ordene a los accionados REVOCAR la
sentencia de fecha febrero diecisiete (17) de dos mil veintidós (2022), proferida
por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro del radicado No 50001-33-33-
004-2013-00253-01, que REVOCO el fallo de fecha dieciocho (18) de
noviembre de dos mil dieciséis (2016), emitido por el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral de Villavicencio, actuando como demandante el señor
PEDRO ENRIQUE HERNANDEZ BERMUDEZ y OTROS, contra LA NACIÓN-
RAMA JUDICIAL- FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN y se proceda dentro
de un término prudencial razonable a proferir sentencia como en derecho
corresponde. […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 21 de julio de 2022, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, a través del consejero sustanciador del proceso, admitió la

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presente acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros con interés en los
resultados del proceso «[…] a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y al Juzgado Cuarto (4º)
Administrativo del Circuito de Villavicencio […]». Igualmente, solicitó en préstamo el
expediente contentivo del medio de control.

5. El 24 de noviembre de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado realizó
sorteó de conjueces y resultó designado para tal efecto el doctor José Gregorio
Hernández Galindo.

V. INTERVENCIONES

6. Realizadas las comunicaciones a la autoridad judicial accionada y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

6.1. El Tribunal Administrativo del Meta, a través de la magistrada ponente de la
providencia enjuiciada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
contenidas en la acción de amparo porque los actores estaban empleando este
mecanismo judicial como una tercera instancia.

6.2. Con base en lo anterior, aseguró que en esta ocasión la acción constitucional no
satisfacía el requisito de relevancia constitucional. Adicionalmente, indicó que la
decisión proferida por la autoridad judicial accionada no incurrió en ninguno de los
defectos enunciados por los accionantes.

6.3. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, a través
de apoderada judicial, solicitó que se declarara improcedente la presente acción de
amparo porque los accionantes contaban con el recurso extraordinario de revisión.

6.4. Adicionalmente, expuso que el fallo proferido por el Tribunal Administrativo
del Meta no vulneró los derechos fundamentales de los accionantes.

6.5. El Juez Cuarto Administrativo del Circuito de Villavicencio, mediante escrito
de 27 de julio de 2022, se limitó a señalar que «[…] la decisión del 18 de noviembre
de 2016, adoptada por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Villavicencio no es cuestionada por el accionante, siendo del caso dejar constancia
que la misma no fue expedida por el suscrito, sino por el Dr. Víctor Januario Hoyos
Castro, quien fungía como titular del Despacho para dicho momento […]».

6.6. La Fiscalía General de la Nacional, por conducto de la dirección de asuntos
jurídicos, se opuso a la prosperidad de la presente acción porque «[…] resulta[ba]
improcedente por cuanto (i) los accionantes no dan cuenta de por qué a pesar de
existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia objeto de esta
acción, no hizo uso de este, (ii) no sustentaron las causales específicas de

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procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente y (iii) pretenden
recuperar oportunidades procesales perdidas […]».

VI. FALLO IMPUGNADO

7. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante
sentencia de 19 de agosto de 2022, negó la acción de amparo, luego de considerar
que «[…] los argumentos (…) contenidos [en el escrito de tutela] pretenden que el
juez de tutela se pronuncie sobre la existencia o no del nexo de causalidad y del
factor de imputación, a pesar que la providencia censurada no se refirió a ellos, en
la medida que el asunto puesto en conocimiento del Tribunal Administrativo de
Meta, no superó el análisis del primer requisito de existencia de responsabilidad
estatal […]».

8. Adicionalmente, y en lo concerniente al presunto desconocimiento del precedente,
señaló que «[…] las razones expuestas por la parte actora no guardan
correspondencia con lo demostrado en el proceso contencioso administrativo, por
razón a que buscan continuar con el estudio sobre los factores de la responsabilidad
estatal, desconociendo que el juez natural del asunto sentenció la inexistencia del
primer elemento, lo que hacía inane cualquier otro pronunciamiento como lo
sugieren los tutelantes […]».

9. Por último, señaló que no existía una posición unificada en relación con el título
de imputación aplicable en materia de responsabilidad del Estado por privación
injusta de la libertad, por lo que los jueces contaban con un amplio margen de
autonomía y discrecionalidad al momento de decidir analizar el caso desde la óptica
de la falla en el servicio o el daño especial.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

10. Los accionantes, a través de apoderado judicial, impugnaron el fallo de primera
instancia porque consideraron que en este «[…] no [se] hizo [un] pronunciamiento
de fondo sobre [el] test proporcionalidad a fin de determinar la existencia del daño
antijurídico, junto con los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad
en sentido estricto, con el fin de establecer si la medida de aseguramiento fue legal
y constitucional en sentido estricto para no vulnerar los derechos y garantías del
señor PEDRO ENRIQUE HERNANDEZ BERMUDEZ, tal y como lo ha dispuesto la
Honorable Corte Constitucional en SU-072 de 2018 […]».

11. Con base en lo anterior, solicitaron «[…] realizar el test de proporcionalidad a fin
de determinar la existencia del daño antijurídico que padeció mi poderdante a causa
de la medida de aseguramiento […]».

12. En segundo lugar, manifestaron que en la decisión de primera instancia se omitió
pronunciarse acerca de la causal atinente a la violación directa de la Constitución,

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ya que en criterio de los actores el fallo proferido por el juez contencioso desconocía
el principio de progresividad de los derechos humanos.

13. En tercer lugar, señalaron que la autoridad judicial había apreciado
incorrectamente la causal consistente en la configuración de un defecto fáctico, en
tanto que «[…] la medida de aseguramiento es una medida cautelar anticipativa que
se adopta en el proceso penal, en donde el Juez para decretarle [sic] debe contar
con EMP de los cuales pueda inferir que el delito existió y que el sindicado participó
de él, pero aquí cabe un interrogante ¿Qué ocurre cuando el fiscal no sale avante
con su proceso? Es decir que el imputado no es condenado, sino absuelto, ¿Tendrá
derecho a una compensación por la privación de la libertad? Y la respuesta es que
la detención preventiva en razón a que es una medida cautelar y acogiéndonos al
principio de la presunción de inocencia, el imputado tiene derecho a una
compensación por el daño sufrido; pues si en un proceso civil, si el demandado es
objeto de una medida cautelar y el demandante pierde el proceso, la ley lo obliga a
pagarle los perjuicios a la parte pasiva. Si esto es en materia civil, porque el
imputado no tendría el derecho a ser indemnizado, máxime si se trata de perjuicios
derivados de la afectación de unos derechos fundamentales como son la presunción
de inocencia, la libertad, dignidad humana, que son amparados y protegidos desde
la óptica de un Estado Social y de Derecho […]».

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril
de 20214.

VIII.2. Problemas jurídicos

15. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado5, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es
así, se deberá determinar:

b) Si la sentencia de 17 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta, dentro del medio de reparación directa número

2
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
3
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
4
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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50001-33-33-004-2013-00253-01, vulneró los derechos fundamentales de la
parte accionante al haber negado las pretensiones de la demanda debido a
que concluyó que la privación de la libertad del señor Pedro Enrique
Hernández Bermúdez no fue injusta.

16. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

17. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

18. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución8.

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
8
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.

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21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”9 que se encaje en dichos
parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

23. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

24. Los ciudadanos arriba referenciados presentaron acción de tutela con miras a
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
a la libertad, a la prevalencia del derecho sustancial y al acceso a la administración
de justicia, cuya vulneración le atribuyeron a la sentencia de 17 de febrero de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, dentro del medio de control de
reparación directa número 50001-33-33-004-2013-00253-01.

VIII.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela

25. En relación con el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala observa lo siguiente:

26. Respecto del requisito de relevancia constitucional, se observa que el
accionante identificó los derechos fundamentales que estaban viéndose afectados
y, además, cumplió con la carga argumentativa mínima exigible, por lo que se
considera que este requisito se encuentra satisfecho.

Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
9
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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27. Adicionalmente, se advierte que la parte accionante no cuenta con otro medio de
defensa para solicitar la protección de los derechos fundamentales que estima
vulnerados con la decisión proferida, en segunda instancia, por el Tribunal
Administrativo del Meta, pues se agotaron todos los recursos ordinarios
establecidos en el procedimiento común.

28. La acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, dado que la
providencia censurada fue expedida el 17 de febrero de 2022, mientras que esta
solicitud de amparo fue radicada el 15 de julio de 2022.

29. La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.

30. No se alega la existencia de una irregularidad procesal en el trámite de la tutela,
por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto.

31. La acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso
de idéntica naturaleza y/o índole.

VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

32. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte
accionante con ocasión de la configuración de un presunto defecto fáctico,
sustantivo y violación directa de la Constitución.

33. Vale la pena aclarar que, si bien la parte actora alega que se incurrió en un
defecto sustantivo, lo cierto es que los argumentos que sustentan dicho defecto
encajan dentro de la órbita del desconocimiento del procedente constitucional, por
lo que su estudio se abordará desde esta órbita.

34. Adicionalmente, se aprecia que los argumentos que sustentan la presente acción
de amparo se encuentran intrínsecamente relacionados, por lo que la Sala abordará
su estudio en forma conjunta.

VIII.4.2.1. Caracterización del defecto fáctico

35. De conformidad con lo previsto en la sentencia T-008 de 2019 de la Corte
Constitucional, este defecto se presenta cuando el operador jurídico decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados, y resuelve a su
arbitrio el asunto jurídico sometido a su consideración, o cuando aprecia una prueba
allegada al proceso que se encuentra viciada. También se configura cuando la
autoridad judicial a pesar de que en el proceso existen elementos probatorios, omite
considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de
fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que, de

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haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido
variaría sustancialmente.

VIII.4.2.2. Caracterización del desconocimiento del precedente

36. En lo relativo Se tiene que la jurisprudencia10 ha entendido por precedente, la
sentencia o el conjunto de sentencias proferidas con anterioridad al asunto que debe
resolverse que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en
materia de i) patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio
decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también
para solucionar el nuevo caso.

37. Se debe distinguir entre el precedente horizontal y el vertical, teniendo en cuenta
la autoridad que profiere la providencia. Así, el primero hace referencia a aquellas
sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador
judicial y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la respectiva
jurisdicción.

38. Un juez -individual o colegiado- no puede separarse, sin una explicación
suficientemente y sustentada del precedente fijado en sus propias sentencias, ni
tampoco del precedente establecido por las autoridades superiores,
específicamente del emanado de las Altas Cortes.

39. En este contexto, se destaca que el desconocimiento del precedente puede ser
alegado de dos formas, a saber: i) como causal autónoma, cuando la providencia
judicial enjuiciada se aparta de un precedente contenido en sentencias proferida por
la Corte Constitucional, y ii) como defecto sustantivo, el cual se configura cuando la
autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical fijado por la
jurisdicción contenciosa y sin justificación suficiente, lo cual conduce a concluir que
la providencia adolece de un defecto sustantivo11.

40. La
jurisprudencia constitucional también ha diferenciado los conceptos de
antecedente y precedente, así12:

10
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo (i)
si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
11
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s),
solo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la
pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22
de mayo de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12
T-102 de 25 de febrero de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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[…] El antecedente se refiere a una decisión de una controversia anterior a la
que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de
derecho (e.g. conceptos, interpretaciones, preceptos legales, etc.) que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen
un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en
cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad […]13”.
(…)
Por su parte, el precedente, por regla general, es aquella sentencia o conjunto
de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio
en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su
ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso […]14. (destacado de la Sala)

VIII.4.2.3. Caracterización de la violación directa de la Constitución

41. Esta causal de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales
se fundamenta en el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 4
de la Constitución Política, en virtud del cual los preceptos y mandatos allí
dispuestos son normas jurídicas de aplicación inmediata, de carácter vinculante y
con eficacia directa, cuya fuerza normativa impone a todos los administradores de
justicia el deber de velar por su cumplimiento y prevalencia15.

42. En criterio de la Corte Constitucional, esta causal tiene lugar cuando el juez
ordinario adopta una decisión que representa la inaplicación de una norma
constitucional para el caso concreto, o cuando aplica una norma de rango
inferior al constitucional, al margen de los dictados de la Constitución16.

43. Igualmente, la Corte ha explicado que la violación directa de la Constitución, debe
ser entendida como una causal específica autónoma de procedencia del
amparo constitucional contra una decisión judicial, ante la exigencia de
razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo que realizan
los jueces o autoridades administrativas, el cual siempre estará sujeto, entre
otros aspectos, a la concordancia con la Carta Política17.
44. En el anterior entendimiento, la jurisprudencia constitucional ha señalado se
configura este defecto cuando: i) se desobedecen las reglas y principios en la
Constitución, ii) cuando al aplicar tales reglas y principios se les da un alcance
diferente al pretendido, y iii) cuando no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad a pesar de ser evidente y de haber sido solicitada por alguna
de las partes en el proceso18.
13
T-292 de 6 de abril de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Vargas.
14
Texto tomado de la sentencia de 27 de noviembre de 2015, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo
de Estado, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018, M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva. En este mismo sentido pueden verse las
sentencias T-967 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-310 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo y T-555 de 2009
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-088 de 2018. M.P.: José Fernando Reyes Cuartas.
18
Sentencia T-032 de 8 de febrero de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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45. Aunado a lo anterior, debe resaltarse que el bloque de constitucionalidad, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, hace referencia la «unidad
jurídica compuesta “por...normas y principios que, sin aparecer formalmente en el
articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de
constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la
Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues
verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas
situadas en el nivel constitucional».

46. En tal sentido, se infiere que desconocer normas que hacen parte del bloque de
constitucionalidad equivale a violar la Constitución Política.

VIII.4.2.4. Solución de los defectos

47. En la presente acción de tutela se aduce que, en la sentencia de 17 de febrero
de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, se incurrió en los
defectos fáctico, de desconocimiento del precedente y de violación directa de la
Constitución por las siguientes razones:

47.1. Porque los elementos materiales probatorios que sirvieron de fundamento para
decretar la medida de aseguramiento eran insuficientes a efectos de acreditar una
inferencia razonable sobre la participación del señor Pedro Enrique Hernández
Bermúdez en la comisión de los delitos de concierto para delinquir y de financiación
y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

47.2. Porquela Juez Segunda Penal Municipal de Villavicencio con funciones
control de garantías, al momento de ordenar la privación de la libertad del
ciudadano, no analizó el cumplimiento de los requisitos [objetivo y subjetivo] para
decretar la medida de aseguramiento.

47.3. Porque el Tribunal Administrativo del Meta utilizó el régimen subjetivo de
responsabilidad, desconociendo que el señor Hernández Bermúdez fue absuelto en
virtud de la aplicación de la figura de la absolución perentoria, la cual tiene cabida
en aquellos casos en los que el hecho no existió o la conducta no era constitutiva
de delito.

47.4. Porqueel Tribunal Administrativo del Meta desconoció el principio de
progresividad de los derechos, en tanto que concluyó que la privación de la libertad
del ciudadano sí cumplía con los requisitos previstos en la Ley 906 de 2004.

48. Resumidos los argumentos que le dan sustento a la presente acción de amparo,
procede la Sala a analizarlos.

49. El primer y el segundo reproche que se efectuó contra la decisión proferida por el
Tribunal accionado tienen que ver con que la privación de la libertad padecida por

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el señor Pedro Enrique Hernández Bermúdez fue injusta porque no existía una
inferencia razonable acerca de la participación del procesado en la comisión de los
delitos por lo que estaba siendo investigado.

50. Sobre este aspecto de la controversia, la Sala evidencia que, en la sentencia de
17 de febrero de 2022, la autoridad judicial accionada concluyó que la privación de
la libertad del procesado no era injusta por las siguientes razones:

[…] Analizando el discurrir procesal, principalmente en lo que atañe a la medida
de aseguramiento, inicialmente desde una perspectiva subjetiva de
responsabilidad, se tiene que el 18 de agosto de 2008, la FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN solicitó ante el JUEZ SEXTO PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTIAS, que se librara orden de captura
contra algunos indiciados, entre ellos, contra el señor PEDRO ENRIQUE
HERNÁNDEZ BERMÚDEZ, a quien le correspondió la orden de captura 021
de 2008.

El 19 de agosto de 2008, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN adelantó una
diligencia de allanamiento y registro al inmueble finca Apolo, vereda Las Moras,
del municipio de Barranca de Upía, Meta, ubicada en las coordenadas N 04º
33´32.8” W 072º 57´28.9”, en la que según el informe de investigador FPJ9 de
la misma fecha, no se logró encontrar EMP ni E.F., sin embargo, se logró allí la
captura de varios sujetos, entre ellos, del señor PEDRO ENRIQUE
HERNÁNDEZ BERMÚDEZ.

El 20 de agosto de 2008, la FISCALÍA presentó a los capturados ante el JUEZ
SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE
GARANTÍAS, a efectos de impartir legalidad al procedimiento de captura,
formular en su contra imputación y solicitar la imposición de medida de
aseguramiento. La FISCALÍA formuló imputación en contra del hoy
demandante, por los delitos de CONCIERTO PARA DELINQUIR, en concurso
con FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES TERRORISTAS.

Contra el procesado, la FISCALÍA 1ª ESPECIALIZADA solicitó la imposición de
la medida de aseguramiento, destacando que se satisfacía el requisito objetivo
de que trata el art. 313 del CP.P, bajo la consideración de que se procedía por
delitos de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializado,
conforme al art. 35 del CPP, y se trata de conductas con pena mínima superior
a 4 años.
(…)
Al resolver sobre la solicitud de la Fiscalía, la Jueza de control de
garantías analizó los fines de la medida de aseguramiento y destacó que
existían elementos materiales que permitían la inferencia razonable de
autoría o participación en la conducta delictiva, como quiera que los
informes de policía judicial y demás medios estudiados daban cuenta de
la relación del hoy demandante con la “banda los cuchillos” y que se
evidenciaba la actividad del actor como auxiliador al interior de la banda,
estableciendo que los EMP, permitían identificar a PEDRO ENRIQUE
HERNÁNDEZ BERMÚDEZ, como el encargado de hospedar, proveer de
víveres a los miembros del grupo y servir de informante. (Minuto 13:22)

Dentro de los medios de prueba enunciados por el Fiscal en su intervención y
que militan en el sub lite, se destacan la Entrevista en FPJ-14 del 19-Sep-2008
visible a folio 33 del cuaderno 1, en la que el Subteniente de la Policía HEGEL

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DUCKLEY GARCÍA MEDINA relató que aportó una grabación que realizó con
su teléfono Nokia modelo 6300 con número de teléfono 3138850220 el día 28-
Jul-2008, en la estación de policía de Barranca de Upía – Meta, a las 19:44
horas, donde identificó e individualizó a DRIYEN MARTÍNEZ GÓMEZ.
(…)
Se cuenta también con el Acta de Reconocimiento Fotográfico y Videográfico
FPJ- 20 del 17-Ago-2008 que se encuentra en folio 34 y ss del cuaderno 1,
suscrito por el servidor de Policía Judicial, CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ
ZAFRA, respecto a la entrevista a CHARRUPI JHON JAIRO, la cual se llevó
a cabo a las 13:30 del día 17-Ago-2008. En dicha diligencia se presentó
ante el testigo el primer álbum fotográfico, en donde señaló la casilla UNO,
que corresponde al señor PEDRO ENRIQUE HERNÁNDEZ, c.c.: (…), sobre
el que indicó que se encarga de los mandados de los sujetos que se
encuentran en la finca, observa la situación en el pueblo y los transporta
en motocicleta AX como azul y es administrador de la finca donde habitan
los sujetos que se hacen llamar banda de CUCHILLO.

El declarante también identificó a los señores PEDRO HERNÁNDEZ RUÍZ,
DRIYEN MARTÍNEZ GÓMEZ, le dicen BRANDON o CURA, JULIO
EDUARDO MUÑOZ GONZÁLEZ, ALQUÍMIDES GÓMEZ, y ALIRIO CHITIVA
TORRES, a quienes señala de hacer parte del grupo delincuencial.

Igualmente el Acta Reconocimiento Fotográfico y Video-gráfico FPJ-20 del 17-
Ago-2008 en folio 43 cuad. 1., suscrito por el servidor de Policía Judicial
CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ ZAFRA, contentivo de la entrevista a
ARAFAT RAFAEL MOHALES MAESTRE, realizada a las 13:30 horas del
día 17-Ago-2008, en la que igual que en el caso anterior se puso de
presente un álbum fotográfico (No. 1), al deponente, quien señaló la
casilla CUATRO, que corresponde a PEDRO ENRIQUE HERNÁNDEZ
BERMÚDEZ, c.c.: (…), a quien indicó que le dicen EL CUCHO, vive en la
finca donde están los delincuentes, y que está encargado de la
alimentación, lleva cervezas y prostitutas al lugar.

Este testigo igualmente identificó como miembros de la organización
terrorista, a los señores PEDRO HERNÁNDEZ RUIZ, DRIYEN MARTÍNEZ
GÓMEZ, conocido como DRIYEN, CURA O BRANDON, a quien señala
como el cabecilla de la zona, y a los señores JULIO EDUARDO MUÑOZ
GONZÁLEZ, ALQUÍMIDES GÓMEZ LÓPEZ y ALIRIO CHITIVA TORRES.
(…)
Si bien puede cuestionarse lo relativo a la fundamentación de la posible
autoría frente al punible de financiación del terrorismo y administración
de recursos relacionados con actividades terroristas, debido a que no se
contó con medios de prueba determinantes que dieran cuenta de
actividades financieras o de administración de recursos, como también se
destaca en la sentencia penal, lo cierto es que los señalamientos contra el
hoy demandante por su participación en el concierto para delinquir,
resultaban ser serios, específicos y muy claros, pues daban cuenta de su
concertación y/o reunión con miembros de un grupo ilegal.

Dichos señalamientos, arriba analizados, lo ubicaban como la persona
que administraba el inmueble en el que se reunían o concertaban
miembros del ERPAC, e incluso lo describían como informante y auxiliar
del grupo, el cual se dedicaba a cometer homicidios y extorsiones en la
región. Aunado a lo anterior, la FISCALÍA al momento de solicitar la
imposición de la medida de aseguramiento, fundamentó su petición de manera
clara, completa y suficiente, explicando que se reunían en el caso tanto los
requisitos de orden objetivo como los de tipo subjetivo. Como se explicó

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anteriormente, el delegado Fiscal indicó que se procedía por delitos con pena
superior a 4 años, y de competencia de los Jueces Penal Especializado,
además, relacionó EMP e ILO., que permitían satisfacer el estándar de prueba
de que trata el art. 308 del C.P.P., inferencia razonable de autoría o
participación.

La FGN, explicó que se trataba de delitos de naturaleza graves, relacionados
con organizaciones criminales y con una alta pena a imponer, y precisó que la
libertad de los procesados, incluido el actor, representaban un peligro para la
sociedad y las víctimas. Su fundamentación estuvo enfocada en que las
actividades desarrolladas por el ERPAC generaban una gran afectación para
los habitantes de la región, destacando la influencia armada y delincuencial del
grupo inclusive en el departamento del Casanare, así mismo, explicó que por
las conductas atribuidas y la relación con bandas criminales no era posible que
los procesados gozaran de beneficios de libertad, elementos que
razonadamente permiten justificar los presupuestos de los artículos 310 peligro
para la comunidad y 311 peligro para la víctima , además del riesgo de no
comparecencia, establecido en el art. 312 del CPP.

Así, al resolver sobre la solicitud de medida, la Jueza de control de
garantías resaltó que conforme a los informes de policía judicial, y los
EMP aportados por la Fiscalía, era posible inferir razonadamente la
participación del ahora demandante en las conductas atribuidas y
consideró procedente la imposición de la medida de aseguramiento en
contra de los imputados, entre ellos PEDRO ENRIQUE HERNÀNDEZ
BERMÙDEZ.

Bajo estas consideraciones, la medida de aseguramiento en contra del actor
no resulta arbitraria, desproporcionada ni infundada, como quiera que además
de cumplir con los requisitos legales y el estándar de prueba requerido,
satisface los fines constitucionales de la detención, pues dentro del proceso, se
llegó a la detención del actor, luego de una serie de actos de investigación y
peticiones de la Fiscalía, sometidas a control jurisdiccional, como la solicitud de
orden de captura, la legalización de la captura, la formulación de imputación y
la final decisión sobre la medida de aseguramiento, en las cuales se valoraron
las pruebas y argumentos esgrimidos por el acusador, los que a criterio de la
funcionaria judicial resultaban suficientes […].

51. De acuerdo con la sentencia objeto de esta acción constitucional, se observa que
el Tribunal concluyó que el juez de control de garantías contó con los siguientes
elementos materiales probatorios al momento de decretar la medida de
aseguramiento: (i) acta de reconocimiento fotográfico y videográfico de 17 de agosto
de 2008 realizada por el señor Jhon Jairo Chapurri, y (ii) acta de reconocimiento
fotográfico y videográfico de 17 de agosto de 2008 realizada por el señor Arafat
Rafael Mohales Maestre.

52. Revisadas las pruebas que sirvieron de fundamento al decreto de la medida de
aseguramiento, la Sala encuentra lo siguiente:

52.1. En el acta de reconocimiento fotográfico y videográfico de 17 de agosto de 2008,
realizada por el señor Jhon Jairo Chapurri, se evidencia lo siguiente «[…] [d]ado
el caso se inicia presentando ante el testigo el álbum fotográfico número [sic] UNO,
en donde es testigo señala de manera clara y precisa la fotografía ubicada en la

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casilla número UNO, la cual corresponde al señor PEDRO ENRIQUE HERNÁNDEZ
BERMÚDEZ (…) de quien mencionó que lo reconoce “por que [sic] es la persona
encargada de los mandados de los sujetos, que se encuentran en la finca, de la
misma manera les lleva cerveza y cosas a la finca, observa como esta [sic] la
situación en el pueblo y los transporta en una motocicleta AX como azulita. Es el
administrador de la finca en donde están alojados que se hacen llamar banda de
cuchillos […]»19.

52.2. Por su parte, en el acta de reconocimiento fotográfico y videográfico de 17 de
agosto de 2008, realizada por el señor Arafat Rafael Mohales Maestre, se
evidencia lo siguiente «[…] [d]ado el caso se inicia presentando ante el testigo el
álbum fotográfico número [sic] UNO, en donde es testigo señala de manera clara y
precisa la fotografía ubicada en la casilla numero CUATRO la cual corresponde al
señor PEDRO ENRIQUE HERNÁNDEZ BERMÚDEZ (…) de quien mencionó que
lo reconoce “por que [sic] le dicen el CUCHO no se el nombre, vive en la finca donde
esta [sic] el personal de delincuentes. Este señor es el encargado de la
alimentación, sale al pueblo a llevarles cerveza y prostitutas; se eso por que he
estado en esa finca y BRANDON me quería obligar a trabajar con ellos” […]».

53. Adicionalmente, vale la pena señalar que en la diligencia de reconocimiento
fotográfico de los dos testigos se dejó constancia de lo siguiente: «[…] [s]iendo las
13.30 horas del día (…) se presentaron a las instalaciones de la URI-SIJIN, el señor
ARAFAT RAFAEL MOHALES MAESTRE (…), se da inicio a la diligencia de
reconocimiento fotográfico, en donde para tal evento se presentaron seis (06)
álbumes, con fotografías pertenecientes al grupo de desmovilizados del bloque
héroes del llano (…). Una vez verificados los nombres de las personas a quien
señaló el declarante, y estableciendo de la misma manera que todos y cada
uno de os reconocidos por parte del testigo, tienen relación entre ellos con
respecto a la agrupación armada ilegal denominada LOS CUCHILLOS […]».

54. En ese orden de ideas, la Sección no comparte el argumento expuesto por los
actores asociado a que el juez de control de garantías no contaba con elementos
materiales probatorios suficientes para privar de la libertad al ciudadano porque no
estaba acreditada una inferencia razonable acerca de la participación del señor
Hernández Bermúdez en los delitos de concierto para delinquir y financiación y
administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

55. Contrario a ello, lo que la Sala evidencia de las pruebas analizadas por el juez de
lo contencioso administrativo, es que la autoridad judicial en materia penal, al
momento de ordenar la privación de la libertad del sobreseído, contaba con la
declaración de dos personas que identificaron al señor Pedro Enrique Hernández
Bermúdez como uno de los miembros de la banda criminal «Los Cuchillos»; y en
ambas declaraciones se relacionó el nombre del procesado como la persona
encargada de transportar a los presuntos criminales, de abastecerlos de comida, de

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Visible a folio

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suministrarle información, de hacerle los mandados y/o favores y de administrar la
finca en la que estos residían.

56. De manera que la Sala considera que el Tribunal Administrativo del Meta
valoró en forma razonable y ponderada las pruebas obrantes en el expediente, las
cuales permitían concluir que la privación de la libertad del ciudadano cumplió con
los requisitos previstos en los artículos 308 y 313 de la Ley 906 de 2004, en tanto
que sí estaba acreditado en dicho momento procesal, una inferencia razonable
sobre la participación del procesado en los delitos investigados. Lo que a su vez
permite señalar que la imposición de medida de aseguramiento se encontraba
justificada.

57. El segundo reproche que se plantea contra de la sentencia de 17 de febrero de
2022 guarda relación con que la autoridad judicial accionada se abstuvo de aplicar
el régimen objetivo de responsabilidad, pese a que la absolución del procesado
devino de la aplicación de la figura de la absolución perentoria [Art° 442 del CPP],
la cual tiene cabida en aquellos casos en los que el hecho no existió o cuando la
conducta no es constitutiva de delito.

58. Encuanto a este punto de la controversia, la Sala estima pertinente traer a
colación el siguiente aparte de la sentencia enjuiciada, en el que explican las
razones por las que el Tribunal no analizó la controversia desde el régimen objetivo
de responsabilidad:

[…] Dentro de las actuaciones surtidas al interior del proceso penal, se tiene
que el 15 de abril de 2011, el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO DE VILLAVICENCIO, absolvió al demandante, acogiendo
la solicitud de absolución de la Fiscalía y destacando la falencia
probatoria frente a la acreditación de la responsabilidad penal en ambos
delitos.
(…)
Frente al delito de Concierto para Delinquir y con relación al demandante, el
Juez penal destacó:

“De otra parte, en cuanto atañe al caso de los señores PEDRO HERNÁNDEZ
RUIZ y PEDRO ENRIQUE HERNÁNDEZ BERMÚDEZ y la imputación de la
que fueron objeto, relacionada con el punible de CONCIERTO PARA
DELINQUIR, agotado el debate probatorio, encuentra éste Juez que los
testimonios que militaron como de cargo, resultan insuficientes para
soportar fallo de condena en su contra.”
(…)
Lo anterior conduce a concluir que el fundamento de la absolución del
procesado fue precisamente un déficit probatorio, una insuficiencia de los
medios de prueba para llevar al Juez, al estándar de prueba requerido para
dictar sentencia condenatoria, conforme al art. 381 de CPP, pues debido
a la existencia de duda, debió declararse la absolución del ahora
demandante […].

59. La cita anterior le permite a la Sala evidenciar que, a juicio del juez contencioso,
la absolución del señor Pedro Enrique Hernández Bermúdez devino de la aplicación
del principio de in dubio pro reo, en tanto que en el proceso penal no se recaudaron

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más elementos probatorios que demostraran la responsabilidad del acusado en la
comisión los delitos por los que estaba siendo investigados.

60. Revisadas las pruebas aportadas al proceso contencioso, la Sala advierte que el
Fiscal Primero Especializado de Villavicencio le solicitó al Juez Segundo Penal
del Circuito Especializado de Villavicencio la absolución del señor Pedro Enrique
Hernández Bermúdez porque no se demostró la participación de esta persona en
los delitos investigados, ya que «[…] las atestaciones de JHON JAIRO CHAPURRÍ
no fueron claras, y en últimas el ente persecutor desistió del testimonio de ARAFAT
RAFAEL MOHALES MAESTRE […]».

61. En efecto, se puede apreciar que a la audiencia de juicio oral solo asistió el señor
Jhon Jairo Chapurri, quien en síntesis se retractó de la información brindada el 17
de agosto de 2008 en la diligencia de reconocimiento, manifestado que el señor
Hernández Bermúdez se trataba de un «[…] simple mandadero […]».

62. Asimismo, tampoco fue posible la asistencia del señor Arafat Rafael Mohales
Maestre al juicio oral, quien, en la diligencia de reconocimiento fotográfico, vinculó
al hoy accionante con la banda criminal «Los Cuchillos».

63. En relación con lo anterior, el juez penal en su providencia absolutoria señaló lo
siguiente:

[…] Por ello, ad portas del proferimiento del fallo respectivo, si bien es posible
afirmar con base en las pruebas recaudadas con probabilidad de verdad, que
la conducta delictiva de CONCIERTO PARA DELINQUIR de la que trata el
inciso 2° del artículo 340 del Código Penal existió, no ocurre lo mismo en
relación con la responsabilidad penal de los acusados como autores de la
misma, pues las pruebas acopiadas no conducen a este funcionario al
conocimiento más allá de toda duda razonable acerca de ello, sino que se
concluye que aunque la Fiscalía logró demostrar la existencia material del
episodio fáctico en cuanto al punible que fuera aceptado por los procesados
JULIO EDUARDO MUÑOZ GONZÁLEZ, DRILLEN MARTÍNEZ GÓMEZ,
ALIRIO CHITIVA TORRES y ALQUÍMEDES GÓMEZ LÓPEZ, no tuvo éxito en
su empeño de probar la participación y responsabilidad de los señores PEDRO
HERNÁNDEZ RUIZ y PEDRO ENRIQUE HERNÁNDEZ BERMÚDEZ, en la
comisión del mismo delito […].

64. En ese orden de ideas, y a pesar de que la Fiscalía solicitó la absolución del señor
Hernández Bermúdez, lo cierto es que la absolución de este no derivó de los
supuestos indicados por los actores, esto es, porque el hecho no existió o porque la
conducta no era constitutiva de delito; sino que, tal como se aprecia del tenor literal
de la sentencia proferida por el juez penal, no fue posible demostrar más allá de
toda duda que el procesado había participado en la comisión de la conducta punible.

65. Significa lo anterior que tampoco era razonable que el juez contencioso utilizara
el régimen de daño especial, en tanto que la absolución del procesado estuvo
determinada por la aplicación del principio de in dubio pro reo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03892-01
Demandante: Pedro Enrique Hernández Bermúdez y Otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

66. Asílas cosas, tampoco tiene vocación de prosperidad el presente reproche
efectuado contra la sentencia de 17 de febrero de 2022.

67. El cuarto argumento esbozado contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta que guarda relación con que se desconoció el principio de
progresividad de los derechos humanos, en tanto que; «[…] la medida de
aseguramiento contra el señor PEDRO ENRIQUE HERNANDEZ BERMUDEZ, se
profirió sin fundamento legal o razonable, los cuales me permiten inferir que dichas
actuaciones son propias de un Estado Autoritario, con fines totalitaristas, que con el
pretexto de aplicar justicia se atenta contra los derechos fundamentales de las
personas reconociendo de esta forma que el derecho penal estaría por encima de
los derechos primarios consagrados a favor del ser humano […]».

68. Teniendo en cuenta lo dicho por la parte accionante en desarrollo de este cargo,
la Sala inicia por señalar que este argumento tampoco tiene vocación de
prosperidad porque, en primera medida, no es cierto que la medida de
aseguramiento se haya proferido sin un fundamento legal.

69. Al respecto, la Sección se remite a lo señalado en párrafos atrás cuando puso en
evidencia que la autoridad penal sí había cumplido con los presupuestos procesales
para decretar la medida de aseguramiento.

70. Adicionalmente, vale la pena aclarar que el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo del Meta no tiene la vocación de privar de la libertad al ciudadano
accionante, por lo cual mal podría decirse que dicha sentencia supone un retroceso
en materia de derechos humanos.

71. Así las cosas, la Sala encuentra que ninguno de los defectos denunciados en
este escrito de amparo tiene vocación de prosperidad. Por tanto, se confirmará en
su totalidad el fallo impugnado, a través del cual se negó el amparo deprecado por
los actores.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de agosto de 2022, proferida por la
Subsección B de la Sección segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03892-01
Demandante: Pedro Enrique Hernández Bermúdez y Otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Meta

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Salva voto

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. (p:15)

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