Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03913-01
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03913-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03913-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
4 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03913-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: HERNÁN PÉREZ CORTÉS
TESIS: CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. EN CUANTO AL
DEFECTO SUSTANTIVO ALEGADO NO SE CUMPLE CON EL
REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD, EN LA MEDIDA QUE PARA
ELLO EL ACTOR CUENTA CON EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE
REVISIÓN PARA EXPONER ALLÍ LA PRESUNTA INCONGRUENCIA DE
LA SENTENCIA. AHORA, EN CUANTO AL DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JUDICIAL DE LAS SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN, SE
OBSERVA QUE NO SE CUMPLE CON EL REQUISITO DE LA
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, PUES LOS ARGUMENTOS
EXPUESTOS EN LA SOLICITUD DE AMPARO GUARDAN IDENTIDAD
CON LOS MENCIONADOS EN EL ESCRITO DE APELACIÓN
INTERPUESTO DENTRO DEL TRÁMITE DEL PROCESO DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, DESACUERDOS QUE FUERON
OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DEL TRIBUNAL
ACCIONADO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO
PROCESO, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 2 de septiembre de 2022, proferida por la Sección
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ACTOR: HERNÁN PÉREZ CORTÉS
Tercera -Subsección “C”- del Consejo de Estado1 que declaró
improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor HERNÁN PÉREZ CORTÉS, actuando a través de apoderado
judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social,
al acceso a la administración de justicia y al principio de legalidad,
los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el JUZGADO
NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE NEIVA2 y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA3 al proferir las
providencias de 29 de noviembre de 2019 y 2 de noviembre de 2021,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 41001-33-33-009-2018-00294-01.
1 En adelante la Sección Tercera.
2 En adelante el Juzgado.
3 En adelante el Tribunal.
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I.2.- Hechos
Refirió que ingresó a la Policía Nacional como Agente Alumno el 1o.
de febrero de 1983 y fue retirado del servicio activo mediante
Resolución núm. 0420 de 2 de marzo de 2004.
Sostuvo que mediante Resolución núm. 04690 de 27 de agosto de
2004, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR- le
reconoció asignación mensual de retiro, con fundamento en el
Decreto 1213 de 1990, incluyendo la prima de actividad en cuantía
equivalente al 20% del sueldo básico.
Indicó que el 22 de mayo de 2018, presentó derecho de petición ante
CASUR a fin de que se le reconociera y pagara la totalidad de la prima
de actividad y su respectivo retroactivo, con fundamento en el
Decreto 2070 de 2003, vigente a su fecha de retiro, solicitud que fue
denegada mediante Oficio núm. E-00003-201812854 de 9 de julio de
2018.
Relató que, por lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra CASUR,
al cual le fue asignado el número único de radicación 2018-00294-
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00 y correspondió por reparto al Juzgado que, en sentencia de 29 de
noviembre de 2019, denegó las pretensiones al estimar que su
derecho pensional se consolidó el 29 de junio de 2004, fecha en la
cual le fue reconocida la asignación de retiro.
Manifestó que, inconforme con ello, interpuso recurso de apelación,
el cual fue desatado por el Tribunal que, en sentencia de 2 de
noviembre de 2021, confirmó la decisión del a quo, providencia
aclarada mediante auto de 22 de marzo de 2022.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, el Tribunal incurrió en defecto sustantivo
al dejar de interpretar en debida forma los decretos 2070 de 2003 y
1213 de 1990, en la medida que aun cuando en su parte
considerativa indicó que le asistía derecho a que se le liquidara su
asignación de retiro con fundamento en la primera normativa,
teniendo en cuanta que su fecha de retiro fue el 29 de marzo de
2004, en su parte resolutiva decidió confirmar la decisión del a quo,
que denegó las pretensiones de la demanda, lo cual no resulta
congruente.
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Destacó que de conformidad con el artículo 10 de la Ley 1437 de
2011, las autoridades judiciales están en el deber de aplicar las
normas de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos
supuestos fácticos y jurídicos, así como deben tener en cuenta las
sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en
las que se interpreten y apliquen tales normas.
Resaltó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente judicial, puesto que decidieron
apartarse de las reglas previstas en las sentencias de unificación de
7 de marzo de 20134 y 10 de julio de 20145, así como de las
providencias de 1o. de marzo de 20126, 4 de septiembre de 20177 y
1o. de marzo de 20188, por medio de las cuales el Consejo de Estado
se pronunció respecto de la aplicación del Decreto 2070 de 2003.
4 Sentencia identificada con el número único de radicación 11001-33-31-010-2007-
00575-01 (2108-2010).
5 Sentencia identificada con el número único de radicación 11001-33-31-702-2009-
00041-01 (2602-2011).
6 Sentencia identificada con el número único de radicación 17001-23-31-000-2005-
02204-01 (0702-09).
7 Sentencia identificada con el número único de radicación 17001-23-33-000-2015-
00061-01 (0256-16).
8 Sentencia identificada con el número único de radicación 17001-23-33-000-2014-
00342-01 (4311-15).
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Finalmente, refirió que se incurrió en violación directa de la
Constitución, comoquiera que se hizo un trato desigual en relación
con los beneficiarios de la prima de actividad que si les ha reconocido
dicho derecho.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] 2. Se DEJE SIN VALOR NI EFECTO las sentencias del
29 de noviembre de 2019 y 2 de noviembre de 2021 al
igual que la providencia del 22 de marzo de 2022, y en su
lugar se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
HUILA SALA CUARTA DE DECISIÓN, que en el término que el
Juez de tutela considere prudente, profiera una nueva sentencia,
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley, el
precedente judicial y los propios del fallo de la presente tutela.
3. CONMINAR a la Sala del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL HUILA SALA CUARTA DE DECISIÓN, para que aplique las
sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado,
toda vez que las mismas son obligatorias para las autoridades,
pues así lo dispone los artículos 10 y 270 de la Ley 1437 de 2011,
por los efectos vinculantes de las mismas […]”.
I.5.- Defensa
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I.5.1.- El Juzgado adujo que contrario a lo mencionado en el escrito
de tutela, no se advierte vulneración alguna a los derechos
fundamentales invocados, en la medida que la sentencia cuestionada
contiene los motivos que condujeron a denegar las pretensiones,
conforme a los datos de prueba introducidos al expediente.
Indicó que se dio aplicación a lo dispuesto en los decretos 1213 de
1990 y 2070 de 2003, teniendo en cuenta su fecha de retiro, asunto
ventilado en el proceso, con fundamento en la interpretación de la
normativa y la jurisprudencia en vigor al momento en que se dictó la
providencia, tal como con acierto lo ratificó el Tribunal, por lo que no
se advierte el defecto sustantivo alegado.
Finalmente, advirtió que los casos reseñados en el escrito de tutela
como muestra de lesión al derecho de igualdad se apartan
notoriamente de los pormenores de la situación en la que se hallaba
el actor, motivo por el que la conclusión es forzosamente diferente,
por lo que solicitó que se despachen desfavorablemente las
pretensiones del presente trámite tutelar.
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I.5.2.- El Tribunal pese a ser notificado en debida forma del
presente trámite constitucional, guardó silencio.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- CASUR también guardó silencio.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Sección Tercera mediante sentencia de 2 de septiembre de
2022, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que
no se cumplió con el presupuesto de la subsidiariedad.
Resaltó que las inconformidades expuestas por el actor radican en
que el Tribunal, a pesar de que en su parte considerativa afirmó que
le era aplicable el Decreto 2070 de 2003, no impartió las ordenes
encaminadas a que el porcentaje de la prima de actividad aumentara,
de tal forma que los yerros alegados están dirigidos a demostrar una
incongruencia en el fallo cuestionado, para lo cual el mecanismo
idóneo es el recurso extraordinario de revisión.
De otra parte, en cuanto al desconocimiento del precedente judicial
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alegado, destacó que la decisión objeto de la presente acción
constitucional pudo haber sido censurada a través del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, por lo que tales
reproches eran susceptibles de plantearse a través del aludido
instrumento.
Además, en cuanto a las demás sentencias que no son de unificación
y que fueron alegadas como desconocidas, no contienen el mismo
fundamento jurídico desarrollado en los fallos cuestionados, por lo
que no comparten reglas relacionadas con el cálculo de la prima de
actividad según lo previsto en el Decreto 2070 de 2003.
Finalmente, sostuvo que no se advirtió la inminencia o configuración
de un daño de tal magnitud que amerite la adopción de medidas
urgentes o que se hubiese desvirtuado la idoneidad de los recursos
extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por la Sección
Tercera, en los siguientes términos:
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Sostuvo que contrario a lo advertido por el a quo, la decisión
cuestionada no es susceptible del recurso extraordinario de revisión,
pues se requiere que se configure una causal de nulidad, sin que se
evidencie alguna de ellas en el fallo cuestionado.
Indicó que los defectos endilgados en la sentencia enjuiciada no se
enmarcan dentro de las causales de nulidad, por lo que el a quo erró
al declarar la improcedencia de la solicitud de amparo, en la medida
que las autoridades judiciales accionadas se desviaron del asunto y
fallaron conforme a unas normas totalmente apartadas a las
invocadas, por lo que no era procedente el recurso extraordinario de
revisión.
Ahora, en cuanto al recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, advirtió que tampoco era viable, en la medida que el
Tribunal no se opuso ni contradijo las sentencias de unificación, sino
que les dio una indebida interpretación en cuanto a la aplicación del
Decreto 2070 de 2003, por lo que se incurrió en un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente y, en consecuencia, no se
encuadra en la causal establecida en el artículo 158 del CPACA.
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Sumado a lo anterior, refirió que la sentencia cuestionada se profirió
en vigencia de la Ley 1437 de 2011 y para ese momento la norma
establecía que para la procedencia del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia se tenía que cumplir con el requisito de
la cuantía, exigencia que en el presente caso no se cumplía, pues las
pretensiones no superaban el monto establecido para la prosperidad
de dicho recurso.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa
de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias
de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
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de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se dejen sin efecto las providencias de 29 de noviembre de
2019 y 2 de noviembre de 2021, proferidas por el JUZGADO y el
TRIBUNAL, respectivamente, por medio de las cuales se denegó las
pretensiones de la demanda promovida por el señor HERNÁN
PÉREZ CORTÉS contra CASUR, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2018-00294-01.
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A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la
seguridad social, al acceso a la administración de justicia y al
principio de legalidad, habida cuenta que, a juicio de la parte actora,
las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la Constitución.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
Sección Tercera que, mediante sentencia de 2 de septiembre de
2022, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que
no se cumplió con el presupuesto de la subsidiariedad.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia, para lo cual advirtió que, contrario a
lo advertido por el a quo, no era procedente el recurso extraordinario
de revisión, pues se requiere que se configure una causal de nulidad,
sin que se evidencie alguna de ellas en el fallo cuestionado, además,
en ese mismo orden de ideas, sostuvo que tampoco era procedente
el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, en la
medida que las inconformidades no se encuadran en ninguna de las
causales establecidas en el artículo 158 del CPACA.
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Sumado a lo anterior, refirió que la sentencia cuestionada se profirió
en vigencia de la Ley 1437 de 2011 y para ese momento la norma
establecía que para la procedencia del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia tenía que cumplir con el requisito factor
cuantía, exigencia que en el presente caso no se cumplía, pues las
pretensiones no superaban el monto establecido para la prosperidad
del recurso.
En este punto, la Sala destaca que se limitará a analizar las
inconformidades relacionadas con el defecto sustantivo y el
desconocimiento del precedente judicial de las sentencias de
unificación puestas de presente, en la medida que estos fueron los
únicos puntos de desacuerdo expuestos en el escrito de impugnación,
por lo que se relevará del estudio de las demás inconformidades
alegadas en el escrito de tutela al no haber sido objeto de reproche.
De otra parte, es del caso advertir que aun cuando la actora pretende
que se deje sin efectos tanto la sentencia de 29 de noviembre de
2019, como la de 2 de noviembre de 2021, la Sala únicamente
realizará el estudio frente a la sentencia proferida por el Tribunal,
comoquiera que en esta se confirmó la decisión del Juzgado y fue la
que puso fin al proceso.
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Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2018-00294-01.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial los requisitos de la subsidiariedad y relevancia
constitucional.
En el caso concreto, la Sala encuentra que la inconformidad
relacionada con el defecto sustantivo está encaminada a demostrar
una falta de congruencia en la sentencia, para lo cual la parte actora
tiene a su disposición el recurso extraordinario de revisión de
conformidad con la causal establecida en el numeral 5 del artículo
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250 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20119, esto es, por
presuntamente existir una nulidad en la sentencia acusada.
En efecto, la parte actora adujo que existe una evidente
contradicción, pues en la decisión cuestionada el Tribunal indicó que
le asistía derecho a que se le liquidara su asignación de retiro con
fundamento en el Decreto 2070 de 2003, no obstante, denegó las
pretensiones, lo cual no resulta congruente.
Así las cosas, el actor destacó en el escrito de tutela lo siguiente:
“[…] El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA SALA CUARTA DE
DECISIÓN, en la parte considerativa indica que al AG (R) HERNAN
PEREZ CORTES, le asiste el derecho a que se liquide la asignación
con fundamento en el Decreto 2070 de 2003, al ser la norma
aplicable teniendo en cuenta la fecha de retiro del actor esto es el
29 de marzo de 2004; sin embargo en su parte resolutiva
finalmente decidió confirmar la sentencia del 29 noviembre de
2019 que negó las pretensiones de la demanda […]”.
En ese orden de ideas, la Sala encuentra que tales argumentos están
encaminados a demostrar una falta de congruencia en la providencia
cuestionada, relativa a una falta de consonancia entre los
argumentos expuestos en la parte considerativa y la resolución del
9
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
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proceso, situación que debe ser discutida mediante el ejercicio del
recurso extraordinario de revisión aludido por la causal en mención.
Respecto al recurso extraordinario de revisión y, particularmente,
frente a la causal establecida en la causal 5 de la aludida norma, la
Sala Plena de lo Contencioso administrativo de esta Corporación10 ha
señalado diferentes circunstancias que pueden conllevar la
configuración de una nulidad en la sentencia que pone fin a un
proceso ordinario, seguido ante esta jurisdicción, en los siguientes
términos:
“[…] Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
Para que se configure esta causal resulta necesario que el vicio se
genere en el preciso momento en que se dicta la sentencia objeto
de censura contra la cual no procede el recurso de apelación, pues
si se trata de un reclamo acaecido en una etapa previa a ésta, no
tendrá cabida el recurso extraordinario de revisión, salvo, que se
trate de circunstancias que aunque ocurrieron con anterioridad a
esta etapa procesal no pudieron ser advertidas por el recurrente
que solo las conoció con la sentencia. Lo contrario, equivaldría a
permitir que el mencionado recurso se convierta en una
oportunidad para subsanar la incuria o desidia en que las partes
incurrieron en el trámite del proceso ordinario al no proponer las
nulidades del caso de acuerdo con las reglas de oportunidad
previstas en el artículo 142 del C.P.C, o para proponer nulidades
que quedaron saneadas en los términos del artículo 144 ib.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de los Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de noviembre de
2016, C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 11001031500020120023000.
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Ahora bien, sobre los supuestos que dan origen a esta causal, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha señalado los
siguientes:
a. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso
por desistimiento, transacción o perención, porque con esto se
revive un proceso legalmente concluido.
b. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.
c. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión,
por la firma de más, o menos jueces de los requeridos legalmente.
d. Pretermitir la instancia, por ejemplo: i) al proferir una
sentencia sin motivación o ii) violar el principio de la non
reformatio in pejus [como cuando se condena al demandado
por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en
la demanda o por causa distinta a la invocada].
e. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción
o competencia del juez.
En resumen, puede decirse que las causales de nulidad de las
sentencias están enmarcadas en dos grupos a saber, el compuesto
por las irregularidades originadas en vicios que constituyen causal
de nulidad del proceso y solo pudieron ser advertidos en la
sentencia y, las relativas a los vicios que contiene la sentencia.
Finalmente debe recordarse que la carga probatoria del recurso
frente a la causal corresponde de manera íntegra al recurrente […]”
(Resaltado fuera del texto).
Conforme con la jurisprudencia en cita, es dable concluir que la
incongruencia de una sentencia, por no guardar consonancia con los
argumentos, la normativa expuesta en el debate sometido a
consideración y la decisión del TRIBUNAL, conllevaría que tal
situación sea sujeta a control judicial mediante el ejercicio del recurso
extraordinario de revisión, en los términos aludidos.
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En el caso bajo estudio, el accionante no ha agotado el recurso
extraordinario de revisión, siendo este el mecanismo idóneo para que
sea discutida la presunta falta de congruencia que predica frente a la
providencia de 2 de noviembre de 2021.
En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente
asunto no se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis
de la acción constitucional, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de subsidiaridad, tal
como lo consideró el a quo.
De otra parte, en cuanto al alegado desconocimiento del precedente
judicial, la Sala hará las siguientes precisiones:
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
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encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional 11, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».12
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación13, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
11
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
12
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [14]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [15].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [16].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [17].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
[14] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[15] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[17] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [18]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [19].
[18] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[19] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
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En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [20]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
[20] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
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las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que los argumentos
que invoca la parte actora como fundamento del alegado
desconocimiento del precedente judicial, son los mismos que fueron
puestos a consideración ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
Así se desprende de la lectura del escrito de apelación que fue
interpuesto en el proceso ordinario origen de la controversia y su
comparación con el escrito de tutela, como se explica a continuación:
Argumentos de la demanda Argumentos del escrito de tutela
ordinaria
“[…] Que para el caso como el que nos “[…] Que en otros casos con similitud
ocupa, el CONSEJO DE ESTADO – fáctica y jurídica, Que en otros casos
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN con similitud fáctica y jurídica, el
“A” profirió sentencia de UNIFICACIÓN CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN
DE JURISPRUDENCIA el 07 de marzo SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A” profirió
de 2013, Consejero Ponente: sentencia de UNIFICACIÓN DE
GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ JURISPRUDENCIA el 07 de marzo de
ARANGUREN. Radicación No. 11001 2013. Consejero Ponente: GUSTAVO
33 31 010 2007 00575 01 (2108-10). EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN.
Actor: LUIS EDUARDO MEDINA Radicación No: 11001 33 31 010
SARMIENTO. Demandado: Caja de 2007 00575 01 (2108-10). Actor:
Sueldos de Retiro de la Policía LUÍS EDUARDO MEDINA
Nacional, la cual resolvió el RECURSO SARMIENTO. Demandado: Caja de
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, Sueldos de Retiro de la Policía
puntualizó que: Nacional, la cual resolvió el RECURSO
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EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN,
[…] puntualizando que:
El máximo órgano de la jurisdicción […]
contenciosa administrativa ha
concluido que la norma aplicable para Los accionados, en las sentencias
el caso de los miembros de la fuerza enjuiciadas, omitieron dar aplicar
pública es la vigente al momento que dicha disposición, toda vez que pasó
se le notifica el acto administrativo de por alto que el Consejo de Estado en
retiro, para el caso en concreto de la SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN del
aplicación del decreto 2070 de 2003, 07 de marzo de 2013, Consejero
el CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN Ponente: GUSTAVO EDUARDO
SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”, unificó GÓMEZ ARANGUREN. Radicación No:
el criterio en sentencia del 7 de marzo 11001 33 31 010 2007 00575 01
de 2013, proferida por Ponente (2108-10) y sentencia del 10 de julio
GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ de 2014, Radicación No.
ARANGUREN. Radicación No. 11001 110013331702200900041 01
33 31 010 2007 00575 01 (2018-10). (2602-2011) ya había interpretado el
En el cual concluyó: canon 116 del Decreto 1213 de 1990
[…] y todo lo teniente a la aplicación del
Decreto 2070 de 2003, para los
En el mismo sentido, la SUBSECCIÓN miembros de la fuerza pública,
“B” del CONSEJO DE ESTADO, en mientras mantuvo su vigencia, de
sentencia del 10 de julio de 2014, suerte que en aplicación al ya
radicación NO. mencionado artículo 10, se debía
110013331702200900041 01 (2602- tener en cuenta la Jurisprudencia de
2011). Demandante MIGUEL ÁNGEL Unificación y no llegar a
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ contra interpretaciones que resulten
DEMANDADA: CAJA DE SUELDOS DE contrarias al precedente judicial.
RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, al
resolver el RECURSO […]
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.
Reitero lo ya memorado en la En sentencia de unificación de 7 de
sentencia del 07 de marzo de 2013, marzo de 2013, MP. Gustavo
puntualizando que: Eduardo Gómez Aranguren,
Radicación No: 11001 33 31 010
[…] 2007 00575 01 (2108-2010) que
resolvió un recurso
En conclusión existe una evidente EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, en
irregularidad en la providencia aquí un caso bajo las mismas condiciones
recurrida, puesto que desconoció el fácticas y jurídicas puntualizo que:
derecho a la igualdad, legalidad, el
carácter vinculante del precedente […]
jurisprudencial al inaplicar lo reglado
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por el decreto 2070 de 2003, con En el mismo sentido, la SUBSECCION
respecto al reajuste de la prima de “B” de CONSEJO DE ESTADO, en
actividad reclamada por el sentencia del 10 de julio de 2014,
demandante, puesto que para el 29 de radicación NO.
marzo de 2004, fecha de retiro del 110013331702200900041 01
actor aun se encontraba en vigor el (2602-2011). Demandante MIGUEL
decreto 2070 de 2003, cuya vigencia ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
fue hasta el 3 de junio de 2004, fecha contra DEMANDADA: CAJA DE
en la que se desfijó el edicto No. 142, SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA
con el cual se publicó la sentencia C- NACIONAL, al resolver el RECURSO
432, el 6 de mayo de 2004. EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.
Reitero lo ya memorado en la
[…]”. sentencia del 07 de marzo de 2013,
puntualizando que:
[…]
Es de resaltar que la sentencia de
unificación produce efectos
vinculantes y su inaplicabilidad
constituye violación al precedente
judicial, por esta razón se reitera que
las sentencias proferidas en primera
y segunda instancia incurren en vía
de hecho por desconocimiento del
precedente, por esta razón se
deberán dejar sin valor ni efecto y
ordenar al Juzgado y al Tribunal
Administrativo accionado, para que
profieran una nueva sentencia
teniendo en cuenta los lineamientos
y parámetros señalados por el
Consejo de Estado.
[…]”.
Como se observa tanto en el proceso ordinario como en el presente
asunto, los argumentos de la parte actora han estado encaminados
a ilustrar que se desconocieron las sentencias de unificación de 7 de
marzo de 2013 y 10 de julio de 2014, referentes a la aplicación del
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Decreto 2070 de 2003 y la forma de reajustar la prima de actividad
reclamada.
Ahora bien, al estudiar el contenido de la providencia cuestionada, la
Sala observa que la autoridad judicial accionada atendió cada uno de
los aspectos aludidos por la parte actora, sobre el particular, así:
“[…] Así las cosas, la Subsección A de la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en
un asunto con similares supuestos fácticos al presente caso,
señaló en la sentencia del 07 de marzo de 2013, con relación a
la naturaleza y función de los tres meses de alta para efectos de
establecer la consolidación del derecho a la asignación de retiro,
lo siguiente:
“En efecto, para nuestro caso es importante resaltar que si bien
el retiro del actor se produjo el 13 de febrero de 2004 y los tres
meses de alta culminaron el 13 de mayo de 2004, es claro que
tal periodo tiene como uno de los objetivos primordiales la
elaboración de la hoja de servicios y el reconocimiento de la
prestación a través de acto administrativo proferido por la
entidad, culminados los cuales se goza del derecho al pago de la
asignación de retiro, como lo disponen los artículos 24 y
siguientes del Decreto 2070 de 2003.
Además, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, s[o]lo hasta
el 26 de julio de 2004, procedió a efectuar el reconocimiento
pensional, por ello, no puede aceptarse que la mora de la
administración en tal reconocimiento varíe el régimen aplicable
cuando es el retiro el que determina la norma que rige la
situación en cada caso.
Por ello, no queda duda que el actor cuenta con el derecho a que
el reconocimiento de la asignación de retiro se efectúe con base
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en el Decreto 2070 de 2003, vigente a la fecha de retiro del actor
(…)”. (Subrayado fuera de texto).
Tal criterio interpretativo ha sido reiterado por las diferentes
Subsecciones de la Sección Segunda de esta Colegiatura al
conocer asuntos análogos, como es el caso de las sentencias del
10 de julio de 2014 (Subsección B) y 04 de septiembre de 2017
(Subsección A), en las que no solo se recordaron estos
planteamientos, sino que también se reiteró que los tres meses
de alta tienen como objetivo la elaboración de la hoja de
servicios y el reconocimiento de la prestación a través del acto
administrativo por la entidad.
Finalmente, esta Corporación en sede de tutela, al conocer
asuntos como el que hoy se confuta, ha seguido esta regla de
interpretación, bajo el entendido de que la data en la que
culmina tal periodo no puede ser considerada como fecha de
retiro para liquidar la prestación social.
5.5.- Así las cosas, de conformidad con el marco normativo y
jurisprudencial en comento, se observa que los Agentes de la
Policía Nacional adquieren el derecho a la asignación de retiro a
partir de la fecha en que son retirados del servicio y a su pago
desde la data en la que finalizan los tres meses de alta. En
consecuencia, le corresponde al juez constitucional revisar si en
el sub examine hay lugar a declarar los defectos alegados”
(destaca la Sala).
d.- Con base en este calificado pronunciamiento jurisprudencial
(que recoge la postura de la Sección Segunda del H. Consejo de
Estado); es menester colegir que cuando (sic) actor se retiró del
servicio (29 de marzo de 2004), aún se encontraba vigente el
Decreto 2070 de ese mismo año. En tal virtud, la asignación de
retiro y el reajuste de la prima de actividad se debía realizar
tomando el porcentaje establecido en esa normatividad. Y en la
medida en que el señor Pérez Cortés laboró 22 años, 11 meses
y 12 días, le asiste derecho a que su beneficio pensional se
reliquide teniendo en cuenta los parámetros consagrados en el
inciso segundo del parágrafo 1º del artículo 24 de dicho decreto:
en un 78% de las partidas legalmente computables.
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Ahora bien, al revisar el acto de reconocimiento de dicha
prestación y la hoja de liquidación, se observa que efectivamente
se tomó el 78% de las partidas computables, y en la medida en
que se respetó dicho porcentaje, no se infiere que se haya
desbordado el marco legal.
[…]”.
Conforme con la transcripción en cita se advierte que el TRIBUNAL,
dando aplicación a las sentencias de unificación de 7 de marzo de
2013 y 10 de julio de 2014, determinó que al momento del retiro del
servicio del actor, aun se encontraba vigente el Decreto 2070 de
2004, por lo que la asignación de retiro y el reajuste de la prima de
actividad se debía realizar teniendo en cuenta el porcentaje
establecido en esa normativa, de tal forma que le asistía derecho a
que se le reliquidara su pensión en un 78% de las partidas legales
computables.
Así las cosas, advirtió que revisado el acto administrativo acusado
por medio del cual se le reconoció la asignación de retiro, evidenció
que en efecto se tomó el 78% de las partidas computables, por lo
que al haberse respetado dicho porcentaje, no se observaba que se
hubiera desbordado el marco legal, y conforme con lo anterior negó
las pretensiones de la demanda.
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De lo expuesto, se evidencia que los fundamentos que soportan la
acción de tutela son una reiteración de los mismos planteamientos
que fueron resueltos en el curso del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el actor y se dirigen de
manera exclusiva a poner de presente un desconocimiento del
precedente judicial de las sentencias de unificación de 7 de marzo de
2013 y 10 de julio de 2014.
Sobre el particular, la Sala destaca que tal inconformidad no tiene
vocación de prosperidad, pues resolver tal argumento sería realizar
un estudio de mera legalidad que ya se surtió dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues el actor
pretende que en sede de tutela se estudien las razones y
fundamentos del recurso de apelación que interpuso en el trámite
que dio lugar a las providencias cuestionadas, lo que torna la acción
de tutela improcedente, ya que este mecanismo no está instituido
para ser ejercido como una instancia adicional a las establecidas por
el legislador en los procesos ordinarios.
Realizadas las anteriores observaciones, la Sala constata que lo
planteado en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto
de relevancia constitucional, -en los términos señalados en la
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jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la
intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible
vulneración del derecho fundamental al debido proceso invocado por
el accionante. Por el contrario, se destaca que sus argumentos fueron
analizados y resueltos por el Tribunal en segunda instancia y, en esa
medida, solo se procura su discusión en sede de tutela para buscar
la oportunidad de debatir, en una tercera oportunidad, la posición del
accionante, lo cual resulta improcedente.
Como quedó visto, resulta improcedente por esta vía constitucional
plantear un debate legal como si se tratara de un recurso o una
instancia adicional frente a actuaciones que han hecho tránsito a cosa
juzgada, que fueron proferidas por autoridades judiciales investidas
de competencia en procesos que ofrecen los medios para proteger
las garantías constitucionales, así lo precisó la Sala Plena de la Corte
Constitucional en sentencia de unificación SU-215 de 2022, en la que
al efecto sostuvo:
“[…] Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que
“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de
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amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales”.
Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios
ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal.
[…]
En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de
tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del
ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia
o recurso adicional para reabrir debates meramente legales.
Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado,
pues en las providencias objeto de censura, en especial, la sentencia
de 2 de noviembre de 2021, se explicaron las razones por las cuales
se encontraba ajustada a derecho la decisión, debido a que si se
aplicaron los precedentes judiciales alegados.
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Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedente acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se
centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue
el caso de la providencia de 29 de agosto de 2018 21, en la que se
sostuvo:
“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201722, se indicó:
21
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
22
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino la reiteración de planteamientos que ya fueron
estudiados por el juez natural y que obedecen a un debate de mera
legalidad, en el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena
de otorgar a la acción de tutela el carácter de una tercera instancia
o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de
paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente
asunto no se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis
de la acción constitucional, la Sala concluye que tales
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inconformidades carecen del requisito general de relevancia
constitucional, razón por la que se confirmará la decisión del a quo,
que declaró improcedente la solicitud de amparo, pero por las
razones expuestas en precedencia, como en efecto se dispondrá en
la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de noviembre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Ausente en comisión
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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