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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03921-00

Fecha
18 de agosto de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03921-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Amparar el derecho al debido proceso administrativo solicitado por la señora Carmen Cecilia Ramírez Córdoba; en consecuencia, se ordena a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la ejecutoria de la presente providencia, decida de fondo el recurso de apelación interpuesto el 19 de agosto de 2021 contra el 16 Radicado: 11001 03 15 000 2022 03921 00 Demandante: Carmen Cecilia Ramírez Córdoba consecutivo 202170224215 del 17 de agosto de 2021, emitido por la empresa AFINIA Grupo-EPM. Segundo. Exhortar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que, en lo sucesivo, no incurra en demoras injustificadas en la decisión de fondo de los recursos administrativos interpuestos ante la entidad, como ocurre en el presente caso, en el que han transcurrido más de cinco (5) meses, sin que se haya acreditado la existencia de razones que expliquen la considerable tardanza en la resolución de la apelación que formuló la accionante. Tercero. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03921-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

18 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 03921 00
Demandante: Carmen Cecilia Ramírez Córdoba
Demandado: Presidencia de la República y otros

Temas: Vulneración de los derechos al debido proceso, al mínimo vital, al acceso a
la administración de justicia y de petición, por la no resolución del recurso de
apelación que interpuso ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios contra el acto que declaró improcedente la solicitud de
rompimiento de la solidaridad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

La señora Carmen Cecilia Ramírez Córdoba promueve acción de tutela contra la
Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
la empresa Caribemar de la Costa SAS, ESP, y la Procuraduría General de la Nación
para que se protejan sus derechos al debido proceso, al mínimo vital, al acceso a la
administración de justicia y el derecho de petición.

1.2. Pretensiones

La accionante formula las siguientes súplicas:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03921 00
Demandante: Carmen Cecilia Ramírez Córdoba

PRIMERO: Que el juez constitucional ampare los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO DE PETICIÓN.

SEGUNDO: Que el juez constitucional ordene a la empresa a cumplir con la ley y
enviar el expediente a la Superservicios EXHORTANDO para que se abstenga de
seguir teniendo moras injustificadas al momento de enviar los expedientes a la
Superservicios y sancione al gerente general de Afinia conforme a la normativa
plasmada en el [D]ecreto-[L]ey 2591 de 1991.

TERCERO: Que el juez ordene a la Superservicios a dar respuesta dentro del
término establecido por la ley.

CUARTO: Que el honorable magistrado remita copia a la [Procuraduría General de
la Nación] para que esta en ejercicio de sus funciones emita las sanciones a que
haya lugar.

QUINTO: Que el honorable magistrado ordene al presidente de Colombia que ene
(sic) ejercicio de sus funciones emita una orden para que la Superservicios proceda
con las sanciones a que haya lugar en contra de la empresa.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la accionante señala los siguientes:

i) En ejercicio del derecho de petición solicitó a la empresa Caribemar de la Costa
SAS, ESP, decretara el rompimiento de la solidaridad ya que arrendó un inmueble y su

inquilino se fue dejando una deuda pendiente y financiada.

ii) Según la Ley 142 de 1994, interpuestos los recursos de reposición y en subsidio
apelación, una vez la empresa prestadora resuelva, debe enviar el expediente a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con el fin de que se surta la
segunda instancia.

iii) La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vulnera el derecho de
petición debido a que AFINIA Grupo-EPM remitió el asunto a esa entidad hace más de
cinco meses y aún no resuelve la alzada, pese a que las Leyes 1437 de 2011 y 1755
de 2015 establecen que el término máximo para dar respuesta no puede ser mayor a
sesenta días, es decir, dos meses. Además, en la Superservicios le informan que la
empresa prestadora no ha enviado el expediente.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03921 00
Demandante: Carmen Cecilia Ramírez Córdoba

iv) Tanto la empresa AFINIA como la Superservicios violan su derecho fundamental de
petición, ya que la respuesta tardía por parte de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios ha generado que la primera le suspenda el servicio de energía
eléctrica debido a la deuda.

v) Por esos hechos presentó una denuncia en la Procuraduría General de la Nación
para que investigue la razón por la que la Superservicios tarda tanto para resolver los
recursos de apelación, no solo en su caso, sino en muchos otros, en donde los
usuarios se han visto obligados a presentar tutelas.

vi) El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 3 de marzo de 2022, que
profirió dentro del proceso con radicación 11001 03 15 000 2021 05822 01 decidió
sobre un caso similar, ordenando a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios que, en el término de las cuarenta y ocho horas siguientes a la
notificación del fallo, resolviera el recurso de apelación interpuesto al interior del trámite
de ruptura de solidaridad iniciado ante la empresa prestadora. Así mismo, exhortó a la
entidad demandada para que, en lo sucesivo, no incurriera en la remisión de
expedientes de manera incompleta ni en demoras administrativas injustificadas
cuando se requiera su complementación, pues ello repercute directamente en la
garantía de los derechos fundamentales de los usuarios.

1.4. Fundamentos jurídicos

La accionante aduce la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, al mínimo vital, al acceso a la administración de justicia y de petición.

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió por auto del 27 de julio de 2022, que se ordenó notificar
a la Presidencia de la República, a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, a la empresa Caribemar de la Costa SAS, ESP, y a la Procuraduría
General de la Nación, como demandados, para que dentro del término de dos días y
en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03921 00
Demandante: Carmen Cecilia Ramírez Córdoba

1.6. Intervenciones

1.6.1. La empresa AFINIA Grupo-EPM, por medio de apoderada solicita se declare
improcedente o se niegue la acción de tutela y rinde informe en los siguientes términos:

i) La señora Carmen Cecilia Ramírez Córdoba presentó el 27 de julio de 2021,
reclamación por ruptura de solidaridad ante la empresa AFINIA Grupo-EPM recibida con
el radicado RE3110202133195, a la cual se le dio respuesta mediante Consecutivo
202170207975 del 29 de julio de 2021, solicitándole aportara la documentación
necesaria para tramitarla, decisión notificada por correo electrónico en la misma fecha.

ii) El 30 de julio de 2021, bajo la radicación RE3110202133756 la accionante allegó lo
pedido, por consiguiente, se procedió a resolver de fondo mediante Consecutivo
202170224215 del 17 de agosto de 2021, en la que se realizó un estudio de los
requisitos normativos para la declaración de ruptura de solidaridad del que se concluyó
que no se cumplen los presupuestos para decretarla, decisión que fue notificada el 17
de agosto de 2021, informándole a la usuaria los recursos que procedían contra
aquella.

iii) El 6 de octubre de 2021, remitió el expediente en apelación a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios que lo recibió con el radicado 20218602965842 y
se encuentra actualmente en trámite.

1.6.2. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, solicita
se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y/o la inexistencia de la
vulneración del derecho de petición y, en consecuencia, se ordene su desvinculación
de la presente acción, por cuanto la señora Carmen Cecilia Ramírez Córdoba no ha
elevado ninguna solicitud ante esa entidad como se puede constatar en la Certificación
CERT22-001943 / IDM del 3 agosto de 2022, expedida por el coordinador del Grupo de

Correspondencia.

1.6.3. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de su
apoderada, solicita se declare la inexistencia de violación a los derechos

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03921 00
Demandante: Carmen Cecilia Ramírez Córdoba

fundamentales de la accionante o la improcedencia de la acción, por las siguientes
razones:

i) La vulneración o amenaza que aduce la accionante no es ocasionada por esa
entidad, ya que las órdenes de corte, financiación y la vinculación de una persona al
reclamo de la facturación son actuaciones de exclusiva competencia de la empresa
Caribemar de la Costa S. A., ESP, AFINIA Grupo-EPM, y no de su resorte; por tanto, no es
posible que se extiendan a ese organismo los efectos del fallo que se dicte en este
proceso.

ii) El recurso de apelación se remitió a ese órgano funcional de segunda instancia a
través del radicado SSPD No. 20218602965842 contenido en el expediente
2021860390102623E, a la fecha se encuentra en «trámite de estudio y sustanciación,
para resolver el caso […] según corresponda».

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios vulneró a la señora Carmen Cecilia Ramírez Córdoba los derechos al
debido proceso, al mínimo vital, al acceso a la administración de justicia y de petición,

1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03921 00
Demandante: Carmen Cecilia Ramírez Córdoba

al no desatar el recurso de apelación que interpuso contra el Consecutivo
202170224215 del 17 de agosto de 2021, por medio del cual se negó la ruptura de la
solidaridad.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre la procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio
de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que
se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por
alto.

Por ello, el artículo 6.º, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional2 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También tiene lugar el amparo cuando, a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de

2 Corte Constitucional, Sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-

972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03921 00
Demandante: Carmen Cecilia Ramírez Córdoba

subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.

2.3.2. El debido proceso administrativo

El derecho al debido proceso administrativo se encuentra recogido en el artículo 29 de
la Constitución Política, donde se determina que su aplicación se extiende a «toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas». De igual manera, el artículo 209
ejusdem y el numeral 1 del artículo 3.º de la Ley 1437 de 2011 incluyen al debido
proceso como principio fundamental de la función administrativa.

Por su parte, en la Sentencia C-980 de 2010, la Corte Constitucional señaló que el
debido proceso administrativo debe entenderse como: «(i) el conjunto complejo de
condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento
de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda
relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de
manera constitucional y legal». Así mismo, ha precisado que con dicha garantía se
busca «(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de
sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la
defensa de los administrados».3

En esa lógica, en lo que respecta a la administración, el debido proceso administrativo
implica una limitación al ejercicio de sus funciones, puesto que en toda actuación,
desde su inicio hasta su finalización, las entidades públicas están obligadas a observar
los parámetros procedimentales determinados en el marco jurídico vigente de manera
restrictiva, lo cual busca minimizar el criterio subjetivo dentro de los procesos y evitar
conductas omisivas, negligentes o de descuido de los funcionarios relacionados con
este.

2.4. Hechos probados

3 Corte Constitucional. Sentencia C-980 de 2010. Magistrado ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza

Martelo.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03921 00
Demandante: Carmen Cecilia Ramírez Córdoba

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 27 de julio de 2021, la señora Carmen Cecilia Ramírez Córdoba presentó
reclamación ante la empresa AFINIA filial del Grupo-EPM, a la que le correspondió la
radicación RE3110202133195 para que se decretara la ruptura de la solidaridad en el
predio identificado con el NIC 5308410 de conformidad con lo dispuesto en el artículo
130 de la Ley 142 de 1994.4

2.4.2. El 29 de julio de 2021, la coordinadora de la Central de Escrito de la entidad
mediante Consecutivo 202170207975, requirió a la accionante para que aportara el
certificado de nomenclatura expedido por el Instituto Agustín Codazzi donde se
reportara el número de matrícula del predio y la dirección. En esa misma fecha se
notificó a la interesada al correo electrónico melkiskammerer@hotmail.com.5

2.4.3. El 30 de julio de 2021, la accionante allegó el certificado de nomenclatura
emitido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) con el fin de que se
continuara el trámite de su solicitud de rompimiento de la solidaridad.6

2.4.4. El 17 de agosto de 2021, por medio de Consecutivo 202170224215, la
Coordinación de la Central de Escrito de la empresa de energía AFINIA Grupo-EPM
declaró improcedente la reclamación con radicado RE3110202133756.7

2.4.5. El 17 de agosto de 2021, se notificó la anterior decisión a la accionante a través
de mensaje enviado a la dirección electrónica melkiskammerer@hotmail.com.8

2.4.6. El 19 de agosto de 2021, la señora Ramírez Córdoba interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación contra el Consecutivo 202170224215 del 17 de
agosto de 2021, por medio del cual se negó la ruptura de la solidaridad.9

4 Índice 9, del expediente electrónico.
5 Índice 9, del expediente electrónico.
6 Índice 9, del expediente electrónico.
7 Índice 9, del expediente electrónico.
8 Índice 9, del expediente electrónico.
9 Índice 9, del expediente electrónico.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03921 00
Demandante: Carmen Cecilia Ramírez Córdoba

2.4.7. El 2 de septiembre de 2021, la empresa de energía AFINIA Grupo-EPM, al decidir
el recurso de reposición dispuso lo siguiente:10

1- Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, se confirma la decisión tomada
por la empresa mediante consecutivo 202170224215 con fecha 17 de agosto de
2021, por lo que no es procedente declarar el rompimiento de solidaridad, toda vez
que como propietario ha dejado de hacer efectivo el contrato de arriendo y
consintió la deuda dejada por el inquilino.

2- En relación a su petición le informamos que la factura solidaria fue generada y
posteriormente cancelada previa interposición de los recursos.

3- Toda vez que usted interpuso el recurso [de] apelación subsidiario al de
reposición, remitiremos el expediente del caso a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios una vez se surta la notificación personalmente o por aviso,
y será dicha entidad quien defina acerca del caso.

[…]

5- En cuanto a la no suspensión del servicio, le informamos que mientras las
facturas se encuentren en estado reclamado, el sistema no emitirá suspensiones,
por lo cual se dará el trámite requerido para que se efectúe un debido proceso,
ahora, si el cliente llegare a tener facturas no objeto de reclamación pendientes de
pago la empresa podrá suspender el servicio como lo dispone el [a]rtículo 140 de
la [L]ey 142 de 1994 y la Cláusula 62ª del Contrato de Condiciones Uniformes.

6- Le reiteramos, la factura solidaria fue generada y posteriormente cancelada
previa interposición de los recursos.

Es de aclararle que se asociaran a reclamos las facturas que hacen parte del
período contractual desde el (sic) febrero de 2021 a julio de 2021.

Por lo anterior, le informamos que Caribemar S.A.S E.S.P se ratifica en la decisión
inicial.

Toda vez que usted interpuso el recurso [de] apelación subsidiario al de reposición,
remitiremos el expediente del caso a la Superintendencia de Servicios Públicos
domiciliarios una vez se surta la notificación personalmente o por aviso, y será
dicha entidad quien defina acerca del caso.

2.4.8. El 2 de septiembre de 2021, se notificó a la interesada del Consecutivo
202170244091, mediante el que se resolvió el recurso de reposición de conformidad
con lo establecido en el artículo 4.º del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de
2020.11

10 Índice 9, del expediente electrónico.
11 Índice 9, del expediente electrónico.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03921 00
Demandante: Carmen Cecilia Ramírez Córdoba

2.4.9. El 6 de octubre de 2021, la empresa AFINIA Grupo-EPM remitió «el expediente
de RAP – CARMEN CECILIA RAMÍREZ CÓRDOBA – NIC 5308410 -FOLIOS 125. pdf» a la
Dirección Territorial Norte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
para que se surtiera el recurso de apelación.12

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

La señora Carmen Cecilia Ramírez Córdoba alega la violación de sus derechos al
debido proceso, al mínimo vital, al acceso a la administración de justicia y de petición,
porque la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no ha resuelto el
recurso de apelación que interpuso contra el Consecutivo 202170224215 del 17 de
agosto de 2021, por medio del cual la empresa de energía eléctrica AFINIA Grupo-EPM
declaró improcedente la solicitud de rompimiento de la solidaridad por la deuda
pendiente sobre el inmueble que tenía arrendado, la cual fue financiada con su
inquilino sin contar con su autorización.

La Sala antes de pronunciarse sobre la inconformidad planteada por la accionante
considera necesario aclarar que si bien la señora Ramírez Córdoba aduce la
vulneración de su derecho de petición, lo cierto es que la garantía cuya protección se
reclama se remite al debido proceso administrativo, dado que el recurso de apelación
interpuesto ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene como
fin que se aplique el rompimiento de la solidaridad establecido en los artículos 130 y
siguientes de la Ley 142 de 1994; por tanto, el análisis del asunto se efectuará respecto
a ese derecho fundamental.

Pues bien, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional,13 a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios como entidad de creación constitucional 14 se le

12 Índice 10, del expediente electrónico.
13 Sentencias C-263 de 1996 y T-540 de 1992.
14 Artículo 370. Corresponde al [p]residente de la República señalar con sujeción a la ley, las políticas

generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por
medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia
de las entidades que los presten.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03921 00
Demandante: Carmen Cecilia Ramírez Córdoba

encomendó el ejercicio de las funciones presidenciales de control, inspección y
vigilancia de las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios.

Con la adscripción normativa de dichas funciones, se autoriza a esa entidad para
intervenir y revisar, en determinadas situaciones, las operaciones y decisiones de
quienes prestan servicios públicos domiciliarios, cuando estas vayan en contravía de
las previsiones legales «a las regulaciones generales del Gobierno sobre
administración y control de su eficiencia, a las disposiciones que a nivel regional o local
se hayan expedido sobre tales servicios, y aun a los propios reglamentos internos del
servicio, adoptados por las empresas prestatarias de este, con sujeción a la
normatividad superior».15

Así mismo, diferentes disposiciones de la Ley 142 de 1994, con miras a asegurar la
organización, el funcionamiento y la eficiencia de la prestación, otorgan a las empresas
de servicios públicos domiciliarios una serie de derechos y privilegios, entre otros, la
potestad de ejercer la autotutela, propia de las autoridades administrativas, cuando
pueden a través de decisiones unilaterales o actos administrativos definir una
controversia frente al usuario y, por consiguiente, declarar lo que es conforme a
derecho en un caso concreto e incluso decidir el recurso de reposición contra dichas
resoluciones.

Igualmente, en los artículos 152 al 159 ibidem, regula los mecanismos de protección a
los usuarios, entre los cuales se encuentra el derecho de petición y los recursos de
reposición y apelación, así como los requisitos, la oportunidad para su uso, su trámite
y las autoridades competentes para decidirlos.

El conocimiento de la apelación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, se acompasa con las funciones constitucionales y legales a ella
asignadas, en relación con la protección de los derechos de los usuarios, considerado
como un medio de impugnación en beneficio de la parte que se estima lesionada con
las resoluciones administrativas proferidas por las empresas prestadoras de los
servicios públicos domiciliarios, y su finalidad se concentra en verificar si esas

15 Sentencia C-263 de 1996.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03921 00
Demandante: Carmen Cecilia Ramírez Córdoba

determinaciones se ajustan o no a la legalidad, y decidir si las confirma, revoca o las
modifica.

En el asunto sub examine, la señora Carmen Cecilia Ramírez Córdoba interpuso
recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el Consecutivo 202170224215
del 17 de agosto de 2021, por medio del cual la empresa AFINIA Grupo-EPM declaró
improcedente la solicitud de rompimiento de la solidaridad respecto del cobro de deuda
por la prestación del servicio de energía eléctrica. La reposición se desató mediante
Consecutivo 202170244091 del 2 de septiembre de 2021 y, el 6 de octubre de ese
año, se remitió el expediente con radicado RE3110202133756 con destino a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que resolviera el recurso de
apelación, el que fue recibido con la radicación 20218602965842.

Ahora bien, los artículos 152, 153, 154 y 159 de la Ley 142 de 1994, contemplan,
respecto a las peticiones, quejas o recursos relativas al contrato de servicios públicos,
lo siguiente:

ARTÍCULO 152. DERECHO DE PETICIÓN Y DE RECURSO. Es de la esencia del contrato
de servicios públicos que el suscriptor o usuario pueda presentar a la empresa
peticiones, quejas y recursos relativos al contrato de servicios públicos. Las
normas sobre presentación, trámite y decisión de recursos se interpretarán y
aplicarán teniendo en cuenta las costumbres de las empresas comerciales en el
trato con su clientela, de modo que, en cuanto la ley no disponga otra cosa, se
proceda de acuerdo con tales costumbres.

ARTÍCULO 153. DE LA OFICINA DE PETICIONES Y RECURSOS. Todas las personas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios constituirán una "Oficina de
Peticiones, Quejas y Recursos", la cual tiene la obligación de recibir, atender,
tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que
presenten los usuarios, los suscriptores o los suscriptores potenciales en relación
con el servicio o los servicios que presta dicha empresa. Estas "Oficinas" llevarán
una detallada relación de las peticiones y recursos presentados y del trámite y las
respuestas que dieron. Las peticiones y recursos serán tramitados de conformidad
con las normas vigentes sobre el derecho de petición.

ARTÍCULO 154. DE LOS RECURSOS. El recurso es un acto del suscriptor o usuario
para obligar a la empresa a revisar ciertas decisiones que afectan la prestación del
servicio o la ejecución del contrato. Contra los actos de negativa del contrato,
suspensión, terminación, corte y facturación que realice la empresa proceden el
recurso de reposición, y el de apelación en los casos en que expresamente lo
consagre la ley. No son procedentes los recursos contra los actos de suspensión,
terminación y corte, si con ellos se pretende discutir un acto de facturación que no
fue objeto de recurso oportuno. El recurso de reposición contra los actos que

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03921 00
Demandante: Carmen Cecilia Ramírez Córdoba

resuelvan las reclamaciones por facturación debe interponerse dentro de los cinco
(5) días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión. En ningún caso,
proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de
haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos. De los recursos de
reposición y apelación contra los demás actos de la empresa que enumera el inciso
primero de este artículo debe hacerse uso dentro de los cinco días siguientes a
aquel en que la empresa ponga el acto en conocimiento del suscriptor o usuario,
en la forma prevista en las condiciones uniformes del contrato. Estos recursos no
requieren presentación personal ni intervención de abogado, aunque se emplee un
mandatario. Las empresas deberán disponer de formularios para facilitar la
presentación de los recursos a los suscriptores o usuarios que deseen emplearlos.
La apelación se presentará ante la superintendencia.

ARTÍCULO 159 DE LA NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN SOBRE PETICIONES Y RECURSOS.
La notificación de la decisión sobre un recurso o una petición se efectuará en la
forma prevista por el Código Contencioso Administrativo. El recurso de apelación
sólo se puede interponer como subsidiario del de reposición ante el Gerente o el
representante legal de la Empresa, quien deberá en tal caso remitir el expediente
a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Una vez presentado
este recurso al mismo se le dará el trámite establecido en el Código Contencioso
Administrativo.

Por su parte, los artículos 79 y 80 de la Ley 1437 de 2011, sobre el trámite de los
recursos de reposición y apelación, en sede administrativa, establecen lo siguiente:

ARTÍCULO 79. TRÁMITE DE LOS RECURSOS Y PRUEBAS. Los recursos se tramitarán en
el efecto suspensivo. Los recursos de reposición y de apelación deberán
resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de
pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario
decretarlas de oficio.

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que
interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un
término no mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse
por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En
el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término
probatorio.

ARTÍCULO 80. DECISIÓN DE LOS RECURSOS. Vencido el período probatorio, si a ello
hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la
decisión motivada que resuelva el recurso. La decisión resolverá todas las
peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo
del recurso.

Así las cosas, conviene recordar que la Corte Constitucional16 en numerosas
decisiones, ha precisado que el debido proceso administrativo es un conjunto de

16 Sentencias T-796 de 2006, C-980 de 2010, T-051 de 2016, T-595 de 2019, entre otras.

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Demandante: Carmen Cecilia Ramírez Córdoba

condiciones que le impone la ley a la administración «materializado en el cumplimiento
de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa». Igualmente, ha
considerado que su finalidad consiste en: i) asegurar el ordenado funcionamiento de
la administración; ii) la validez de sus propias actuaciones; y iii) resguardar el derecho
a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados.

En ese sentido, ha estimado como sus garantías, las siguientes: i) que la actuación se
surta sin dilaciones injustificadas; ii) que la actuación se adelante con el pleno respeto
de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico; y iii) la razonabilidad de
los plazos.17

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al contestar la demanda
señala que «el recurso [interpuesto por la señora Ramírez Córdoba] allegado a este
órgano funcional de segunda instancia a través del radicado SSPD No.
20218602965842, contenida en el expediente 2021860390102623E […] se encuentra
en trámite de estudio y sustanciación, para resolver el caso sometido a recurso de
apelación según corresponda». Se advierte que el 6 de octubre de 2021, se envió la
alzada a esa entidad, sin que hasta la fecha la haya resuelto.

Por lo anterior, la Sala concluye que la entidad demandada vulneró el derecho al
debido proceso administrativo de la accionante por cuanto la ha privado de obtener en
el término previsto en la ley una respuesta adecuada y oportuna a sus reclamaciones.

Por otro lado, la Sala aclara que no hará ningún pronunciamiento con respecto a las
demás pretensiones, puesto que, en primer lugar, las dirigidas contra el presidente de
la República y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios están
encaminadas a que se dicten de órdenes de carácter general, relacionadas con sus
funciones, lo cual no es procedente a través de la acción de tutela, y, en segundo,
lugar, porque se persigue que se dicte una decisión de fondo sobre el rompimiento de
la solidaridad reclamada, lo cual es el tema de discusión en el proceso administrativo
que está en trámite.

17 Sentencias C-980 de 2010, C-758 de 2013, C-034 de 2014, T-543 de 2017, entre otras.

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Demandante: Carmen Cecilia Ramírez Córdoba

Finalmente, si la accionante considera que algunos de los funcionarios en sede
administrativa han incurrido en faltas de carácter disciplinario, debe individualizarlos y
elevar la correspondiente queja ante la autoridad competente.

3. Conclusión

La Sala amparará el derecho al debido proceso administrativo de la señora Carmen
Cecilia Ramírez Córdoba, respecto del recurso de apelación que interpuso el 19 de
agosto de 2021 contra el Consecutivo 202170224215 del 17 de agosto de 2021,
expedido por la empresa AFINIA Grupo-EPM; en consecuencia, se ordenará a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que en el término máximo e
improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la ejecutoria de esta providencia
decida conforme a derecho, sin que ello signifique la concesión a favor de la parte
actora de lo pretendido en dicho medio de impugnación.

Así mismo, estima la Sala pertinente exhortar a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios para que, en adelante, no incurra en demoras injustificadas en
la decisión de fondo de los recursos administrativos interpuestos ante esa entidad,
pues como se estableció en el presente caso, han transcurrido más de cinco meses,
sin que se haya acreditado la existencia de razones que expliquen la considerable
tardanza en la resolución de la apelación que formuló la accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Amparar el derecho al debido proceso administrativo solicitado por la
señora Carmen Cecilia Ramírez Córdoba; en consecuencia, se ordena a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la ejecutoria de la presente providencia, decida
de fondo el recurso de apelación interpuesto el 19 de agosto de 2021 contra el

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Demandante: Carmen Cecilia Ramírez Córdoba

consecutivo 202170224215 del 17 de agosto de 2021, emitido por la empresa AFINIA
Grupo-EPM.

Segundo. Exhortar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para
que, en lo sucesivo, no incurra en demoras injustificadas en la decisión de fondo de
los recursos administrativos interpuestos ante la entidad, como ocurre en el presente
caso, en el que han transcurrido más de cinco (5) meses, sin que se haya acreditado
la existencia de razones que expliquen la considerable tardanza en la resolución de la
apelación que formuló la accionante.

Tercero. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

MAM

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