Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03928-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03928-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03928-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
25 de agosto de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03928-00
Demandante: Esther María Pineda
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia ACCIÓN DE TUTELA
Radicación 11001-03-15-000-2022-03928-00
Demandante ESTHER MARÍA PINEDA
Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas Acción de tutela contra autoridad pública. Vulneración de los
derechos de petición y debido proceso por omisión en la
respuesta recurso de queja.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir, en primera
instancia, la acción de tutela instaurada de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de julio de 20221, la señora Esther María Pineda interpuso acción de tutela
contra la Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios Superservicios, la Procuraduría General de la Nación y la empresa
Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P, por estimar vulnerado su derecho fundamental
de petición, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: Que el juez constitucional ampare los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, DERECHO DE PETICION.
SEGUNDO: Que el juez constitucional ordene a la superservicios a cumplir con la ley y dar
respuesta a mi recurso de queja.
TERCERO: Que el honorable magistrado sancione conforme al decreto-ley 2591 de 1991 al
superintendente por incumplimiento de una orden judicial.
CUARTO: Remitir copia a la procuraduría general de la nación para que investigue las faltas
que cometieron la superintendente de servicios públicos domiciliarios, el representante legal y
el jefe de jurídica de la empresa.
QUINTO: Que el honorable magistrado ordene al presidente a que en ejercicio de sus
funciones emita una orden para que el superintendente cumpla con las órdenes impartidas por
los jueces y no incurra en más violaciones de los derechos fundamentales.” 2
1 La acción de tutela se radicó a través de la plataforma tutela en línea de la Rama Judicial y fue identificada
con la radicación 874912.
2 Páginas 15 y 16 de la acción de tutela. Expediente digitalizado, Consultado a través del sistema de gestión
judicial del Consejo de Estado: SAMAI (índice 2).
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Demandante: Esther María Pineda
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La señora Esther María Pineda informó que presentó derecho de petición ante
la empresa AFINIA- Grupo EPM3 con el propósito de iniciar el proceso de
ruptura por solidaridad de una facturación frente a su arrendatario.
Manifestó que AFINIA-GRUPO EPM negó la petición y, en consecuencia,
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, pero fue
rechazado. Por lo anterior, el 8 de marzo de 2022, presentó recurso de queja
que fue identificado con la radicación nro. 20228000887462
2.2. Dijo que, al momento de haber radicado la acción de tutela, había vencido el
término legal con el que contaba la autoridad judicial para resolver su recurso,
sin que hubiera obtenido respuesta alguna.
3. Fundamentos de la acción
La señora Esther María Pineda manifestó que la omisión de respuesta por parte de
la Superservicios afecta sus derechos fundamentales, porque llevó a que AFINIA-
GRUPO EPM suspendiera el servicio de energía eléctrica en razón a la deuda.
Agregó que para resolver este caso debe tenerse en cuenta la sentencia de tutela
proferida el 28 de abril de 2022 por la Sección Cuarta de esta Corporación 4 , por
tratarse de un antecedente relevante, en el que se ampararon los derechos al
debido proceso y de petición de un ciudadano debido a que la Superservicios no dio
respuesta en término a su recurso de queja.
Finalmente, pidió “(…) imputar en sanciones al director general de la superintendencia de
servicios públicos domiciliarios las cuales están expresamente en el decreto-ley 2591 de 1991,
además remitir copia a la procuraduría general de la nación para que en ejercicio de sus funciones
sanciones disciplinariamente director general de la superintendencia de servicios públicos
domiciliarios.”5 (sic para toda la cita)
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 25 de julio de 2022, el despacho ponente admitió la acción de
tutela en contra de la Presidencia de la República, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, la Procuraduría General de la Nación y la
empresa Caribemar de la Costa SAS ESP (AFINIA-GRUPO EPM). Asimismo,
dispuso que se surtieran las notificaciones de rigor.
4.2. La Presidencia de la República, por conducto de apoderado judicial, solicitó
su desvinculación del proceso constitucional, porque no es la autoridad
competente para emitir respuesta de fondo de la petición formulada ni sus
funciones guardan relación con los hechos y pretensiones de la demanda.
Luego, no hay lugar a imputar afectación alguna de los derechos
fundamentales invocados por la accionante.
3 Filial del Grupo EPM para prestar el servicio de energía en la región Caribe. Luego de un proceso de subasta,
las acciones de Caribemar de la Costa SAS ESP fueron adjudicadas a EPM ESP.
4 Identificada con radicación nro. 11001-03-15-000-2021-07293-01
5 Página 4 de la acción de tutela. Samai, índice 2.
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4.3. Caribemar de la Costa SAS ESP, por conducto de apoderado judicial, indicó
el trámite que otorgó a la petición de ruptura de solidaridad de la señora Esther
María Pineda, radicada el 2 de marzo de 2022, la cual concluyó con la
respuesta al recurso de reposición y en subsidio apelación que interpuso la
peticionaria contra la respuesta inicial a la solicitud.
La respuesta al recurso fue identificada con el consecutivo 202270069480 del
4 de marzo de 2022, en el sentido de rechazar los recursos y de informarle
que contra esa decisión procedía el recurso de queja. Dijo que este acto
administrativo fue debidamente notificado al buzón de notificaciones indicado
por la peticionaria.
Explicado este contexto, solicita que se declare la improcedencia o, en su
defecto, se niegue la acción de tutela, conforme los siguientes argumentos: (i)
AFINIA en todo momento garantizó el derecho al debido proceso de la
peticionaria, asegurando la respuesta pronta y de fondo de su petición y
recursos, la notificación de los actos administrativos, el ejercicio del derecho
de contradicción y de defensa, y demás prerrogativas de este derecho; (ii) en
caso de que se presente una inconformidad con la respuesta emitida por
AFINIA frente a la petición de ruptura de la solidaridad en la facturación, el
usuario tiene a disposición los recursos de vía gubernativa y, en caso de que
el procedimiento administrativo sea insatisfactorio, le asiste la posibilidad de
propender la anulación de los actos administrativos en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Luego, estima que la acción de tutela no supera el
requisito de subsidiariedad; (iii) el Consejo de Estado no tiene competencia en
razón al territorio para decidir la acción de tutela, conforme al artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1065 de 2015; (iv) las pretensiones de la acción de
tutela se dirigen a lograr que la Superservicios emita respuesta al recurso de
queja, gestión que no se corresponde con las funciones de AFINIA, por lo que
no le asiste legitimación en causa por pasiva para procurar su satisfacción; (v)
AFINIA no ha sido notificada de la presentación del recurso de queja, ni
requerida para el envío del expediente a efectos de surtir la segunda instancia.
4.4. Electricaribe en liquidación, por conducto de la Gerencia Jurídica de la
entidad, explicó que (AFINIA) Caribemar de la Costa SAS ESP, (AIR-E)
CaribeSol de la Costa SAS ESP y Electricaribe SA ESP en liquidación son tres
empresas distintas, y que vistos los hechos y pretensiones de la acción de
tutela comprendía que no tenía la calidad de accionada o interviniente, por lo
que haría caso omiso a la notificación del auto admisorio de la acción de tutela.
4.5. La Procuraduría General de la Nación, por conducto de apoderado judicial,
solicitó ser desvinculado de la acción de tutela debido a que los hechos y
pretensiones de la solicitud de amparo no guardan relación con las
competencias asignadas a esa entidad ni es sujeto pasivo del derecho de
petición de la accionante.
4.6. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por conducto de
apoderada judicial, indicó que el recurso de queja que interpuso la señora
Esther María Pineda está en trámite de estudio y sustanciación, motivo por el
que no habría ninguna vulneración de derechos por parte de esa entidad. En
esa línea destacó que en caso de que no sea posible resolver el recurso de
queja con las piezas del expediente, la entidad estaba facultada para abrir
periodo probatorio y, surtida esta etapa, pasaría a resolverlo.
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Precisó que con el recurso de queja se aportó un acto administrativo de
rechazo que no correspondía al nombre de la peticionaria ni a la empresa
prestadora del servicio, por lo que fue necesario mediante auto de trámite
SSPD No. 20228600186906 de fecha 28 de julio de 2022, requerir a la usuaria,
la señora Esther María Pineda para que aclarara el número de cuenta interna
“nic” respecto del cual interpuso el recurso de queja, como condición para
realizar el estudio y sustanciación de éste.
Agregó que para “los trámites sometidos a recurso de queja aplica el efecto
suspensivo”, lo que implica que hasta que se resuelva, la empresa no podrá
hacer efectivo el concepto sometido a recurso.
En atención a estas consideraciones, solicitó que se desvincule a la entidad
del trámite de la acción de tutela, dada la inexistencia de vulneración de los
derechos fundamentales de la accionante por parte de la Superservicios.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Cuestión previa: desvinculación de la Presidencia de la República y de la
Procuraduría General de la Nación
Aunque la parte accionante relacionó a la Procuraduría General de la Nación y a la
Presidencia de la República como autoridades accionadas, la Sección observa que
no tienen legitimación en causa por pasiva para intervenir en este proceso
constitucional, ni siquiera interés en el mismo, por lo que se accederá a su solicitud
de desvinculación.
El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, establece que la acción de tutela debe
dirigirse contra la entidad o autoridad que presuntamente vulneró el derecho
fundamental invocado por la parte accionante.
En la solicitud de amparo constitucional, la señora Esther María Pineda alegó
desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso y de petición ante la
omisión de respuesta por parte de la Superservicios frente al recurso de queja que
interpuso el 8 de marzo de 2022.
En esta medida, es claro que la Presidencia de la República y la Procuraduría
General de la Nación carecen de funciones relacionadas con el procedimiento
administrativo derivado de la facturación de energía. Luego, no tienen injerencia en
6 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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los hechos de la acción de tutela ni la competencia para satisfacer las pretensiones
de la demanda.
Conviene precisar que si bien el Presidente la República ostenta funciones de
inspección, control y vigilancia frente a las entidades que prestan servicios públicos
domiciliarios estas se ejercen por conducto de la Superintendencia de Servicios
Públicos, conforme lo establece el artículo 75 de la Ley 142 de 1994 7.
En esa medida, la Sección considera que la Presidencia de la República y la
Procuraduría General de la Nación no tienen legitimación en causa por pasiva y, en
consecuencia, se accederá a su petición de desvinculación.
3. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala determinar si la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de petición del accionante, dada la omisión en
el trámite y decisión del recurso de queja radicado por la señora Esther María Pineda
el 8 de marzo de 2022, identificado con la radicación nro. 20228000887462.
4. La Superintendencia de Servicios Públicos vulneró los derechos de
petición y debido proceso de la accionante
4.1. La Ley 142 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones” reguló lo relativo a las peticiones, quejas
y recursos que presenten los usuarios ante las empresas que prestan servicios
públicos domiciliarios e indicó que deben resolverlos en el término de 15 días
hábiles contados desde la presentación (artículo 158); pero, no reguló lo
relativo a los recursos de queja conocidos por la Superservicios.
Ante este vacío normativo, debe considerarse la naturaleza administrativa del
acto que resuelve el recurso de queja y, en ese orden, establecerse su trámite
y analizarse sus términos a la luz de las normas relativas al derecho de petición
consagradas en la Ley 1437 de 2011 CPACA8.
El artículo 14 del CPACA indicó como término general para resolver peticiones
el de 15 días hábiles siguientes a su recepción, por lo que, en principio, ese es
el término que debe considerarse para resolver si la Superservicios vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y de petición de la señora Esther
María Pineda.
Ahora, conviene recordar que el Decreto 491 de 20209, entre otras cuestiones,
amplió los términos de respuesta del derecho de petición y la regla general de
respuesta pasó de 15 a 30 días hábiles. Este decreto estuvo vigente desde el
28 de marzo de 2020, fecha de publicación del decreto, hasta el 17 de mayo
7 Artículo 75. Funciones Presidenciales de la Superintendencia de Servicios Públicos. El Presidente de
la República ejercerá el control, la inspección y vigilancia de las entidades que presten los servicios públicos
domiciliarios, y los demás servicios públicos a los que se aplica esta Ley, por medio de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios y, en especial, del Superintendente y sus delegados.
8 En el mismo sentido ver: sentencia de tutela del 28 de abril de 2022, proferida en el proceso nro. 11001-03-
15-000-2021-07293-01. Sección Cuarta del Consejo de Estado. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
9 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por
parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas
para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.
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de 2022, debido a la promulgación de la Ley 2207 de 202210, que derogó de
manera expresa esa disposición normativa. Esta ampliación en el plazo de
respuesta aplica al caso individual, porque el recurso de queja se interpuso el
8 de marzo de 2022, esto es, cuando estaba vigente el Decreto 491 de 2020.
4.2. Establecido lo anterior, se recuerda que, según las pruebas del proceso, la
señora Esther María Pineda interpuso el recurso de queja ante la
Superservicios el 8 de marzo de 2022, bajo el radicado nro.
2022800088746211.
Luego, en aplicación de las reglas del CPACA y del Decreto 491 de 2020, la
Superintendencia debió resolver el recurso de queja a más tardar el 27 de abril
del año en curso, pero al momento de la interposición de la acción de tutela
(18 de julio de 2022) y aún al momento de proferirse este fallo, no se había
emitido decisión de fondo en el caso concreto.
En este punto conviene destacar que en la respuesta a la acción de tutela la
Superservicios indicó que el 28 de julio de 2022, profirió auto de trámite Nro.
SSPD – 20228600186906, en el que decretó la práctica de pruebas para que
la usuaria aclare cuál es el acto administrativo contra el cual dirigió el recurso
de queja y lo aporte. Además, se ordenó comunicar a Caribemar de la Costa
SAS la decisión y se fijó para la práctica de esta prueba el término máximo de
tres (3) días hábiles.
Al respecto valga destacar que, aunque con el informe de respuesta a la acción
de tutela se aportó la copia del acto administrativo en comento y del
correspondiente oficio de notificación del auto de pruebas que data del 29 de
julio de 2022, no se allegó soporte alguno de que dicho auto se hubiera
remitido a la señora Esther María Pineda.
Con el propósito de corroborar la notificación del mencionado auto de pruebas,
el despacho ponente se comunicó al número de celular relacionado en la
acción de tutela. En la comunicación se indicó que la peticionaria no había
recibido ni estaba enterada del auto proferido por la entidad el 28 de julio de
2022.
El despacho también consultó el estado del trámite en el sistema de gestión
documental de la Superservicios12.
En la plataforma se refleja que el recurso está en trámite y que ha permanecido
en la entidad 163 días, sin que se observe indicación alguna relativa al auto
de pruebas.
El sistema arroja la siguiente imagen al consultar el radicado del recurso de
queja 20228000887462:
10 “Por medio de la cual se modifica el Decreto Legislativo 491 de 2020”
11 Esta información se puede corroborar en el sistema de gestión documental de la Superservicios. Enlace
para el caso individual:
https://orfeoii.superservicios.gov.co/orfeo/consultaWeb/principal.php?fechah=180822_&PHPSESSID=3m6
o9sa7a49c42lqi7pjo9euoq&ard=usWeb&pasar=no&verdatos=no&idRadicado=20228000887462&estadosT
ot=7006cdba6a014c64b241d709d4b7495b#undefined
12 Cfr. https://www.superservicios.gov.co/Atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/consulta-estado-de-tramite
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Al consultar la opción histórico del documento13, tampoco aparece relacionada
actuación alguna relativa al auto de pruebas del 28 de julio de 2022, es más,
la última actuación registrada data del 22 de mayo de 2022.
La imagen es la siguiente:
4.3. Así las cosas, al no existir prueba de la remisión del auto del 28 de julio de
2022 a la señora Esther María Pineda, y considerando que la Superservicios
no ha surtido la actuación que le corresponde en un término razonable, pues
han pasado aproximadamente cinco meses desde la radicación del recurso de
queja sin que se le haya dado trámite ni se haya proferido decisión de fondo,
la Sala considera que se vulneraron los derechos de petición y debido proceso
de la accionante comoquiera que la autoridad accionada debió tramitar el
recurso dentro del término de 30 días, antes mencionado.
13 Cfr.
https://orfeoii.superservicios.gov.co/orfeo/consultaWeb/verHistorico.php?verrad=20228000887462&cmp=3
8bfcebc307d00c6207a06d7a8fc82c4&fechah=20220818145332
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4.4. En consecuencia, se ordenará a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, a través de la respectiva dependencia, que dentro de los dos (2)
días siguientes a la notificación de la presente providencia, notifique a la
señora Esther María Pineda el auto de trámite nro. SSPD - 20228600186906
del 28 de julio de 2022, “Por el cual se decreta la práctica de pruebas”; y que, una
vez recibida la documentación e información que requiere, resuelva el recurso
de queja interpuesto por la señora Esther María Pineda el 8 de marzo de 2022,
identificado con radicación nro. 20228000887462, en un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, en atención al amplio lapso que ha tomado la decisión
de este recurso.
Se instará a la señora Esther María Pineda para que, a la mayor brevedad
posible, aporte la documentación e información que requiere la
Superintendencia de Servicios Públicos para resolver su recurso de queja que
interpuso.
5. Finalmente, la Sala negará la petición de compulsar copias a la Procuraduría
General de la Nación, porque la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para pretender la apertura de investigaciones disciplinarias.
En todo caso, si la accionante estima que la situación expuesta, debe ser
conocida por las autoridades encargadas de adelantar los procesos
disciplinarios, no es necesario esperar a que el juez acceda a la compulsa de
copias, pues ella está facultada para poner en conocimiento de las autoridades
competentes los hechos constitutivos de actos reprochados por las leyes y
aportar las pruebas que tenga en su poder.
Es importante observar, por ejemplo, que el artículo 92 de la Constitución
Política establece que “cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad
competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta
de las autoridades públicas.”
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la falta de legitimación en causa por pasiva de la Presidencia de la
República y de la Procuraduría General de la Nación, conforme los
argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.
2. Amparar los derechos fundamentales de petición y al debido proceso de la
señora Esther María Pineda. En consecuencia, ordenar a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios que, (i) dentro de los dos (2) días siguientes
a la notificación de esta providencia, notifique a la señora Esther María Pineda
el auto de trámite nro. SSPD - 20228600186906 del 28 de julio de 2022, “Por
el cual se decreta la práctica de pruebas”; y (ii) una vez recibida la documentación
e información que requiere, resuelva el recurso de queja interpuesto por la
señora Esther María Pineda el 8 de marzo de 2022, identificado con radicación
nro. 20228000887462, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, en
atención al amplio lapso que ha tomado la decisión de este recurso.
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3. Instar a la señora Esther María Pineda para que aporte, a la mayor brevedad
posible, la documentación e información que requiere la Superintendencia de
Servicios Públicos para resolver su recurso de queja.
4. Negar la solicitud de compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación
para iniciar investigaciones disciplinarias, por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.
5. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
6. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
7. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
9
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