Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03938-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03938-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-03938-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
20 de octubre de 2022
Demandante: Dagoberto Rojas Caviedes
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03938-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03938-01
Demandante: DAGOBERTO ROJAS CAVIEDES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Temas: Tutela contra providencia judicial – proceso ejecutivo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el Tribunal Administrativo del Cesar
contra la sentencia del 1º de septiembre de 2022, dictada por el Consejo de Estado
– Sección Cuarta que amparó los derechos invocados por la parte actora.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado por correo electrónico el 18 de julio de 2022 al buzón
web del Consejo de Estado, el señor Dagoberto Rojas Caviedes, mediante
apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Cesar, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales “al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad”.
2. El accionante consideró vulneradas las garantías invocadas, con ocasión de
la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada el 16 de junio del 2022, en
el proceso ejecutivo identificado con el No. 20001-33-33-002-2021-00136-00/01
promovido por el señor Dagoberto Rojas Caviedes contra la E.S.E Hospital Regional
de Aguachica José David Padilla Villafañe, mediante la cual se revocó el fallo del 9
de septiembre de 2021, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Valledupar y, en su lugar, se ordenó no seguir adelante con la
ejecución y declaró terminado el proceso.
1.2. Pretensión
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó la protección de sus garantías
fundamentales y, en consecuencia, pidió:
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“SEGUNDO: Que, como consecuencia del anterior amparo, solicito Honorables
Magistrados se REVOQUE la sentencia del 16 de junio de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo del Cesar, por la vulneración de los derechos
fundamentales esgrimidos en este escrito.
TERCERO: Solicito se ordene DEJAR SIN VALOR Y EFECTOS JURÍDICOS la
sentencia del 16 de junio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar, como consecuencia se ordene a esa Corporación que, en un lapso no
mayor a veinte (20) días, profiera una providencia de reemplazo en la que valore
el acta de liquidación del contrato según los lineamientos jurisprudenciales de
la Sala Plena del Consejo de Estado, esto, es como un título ejecutivo
autónomo.”
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El 1º de junio de 2021, el señor Dagoberto Rojas Caviedes inició proceso
ejecutivo contra el Hospital Regional de Aguachica José David Padilla Villafañe con
el propósito de obtener el pago de las facturas DARC-6 del 17 de diciembre de 2020,
DARC-7 del 28 de diciembre de 2020 y DARC-8 del 28 de diciembre de 2020, por
valor total de $89.996.797. Tal valor correspondía a la ejecución del Contrato N.º
388 de 2020, cuyo objeto consistió en “contratar el suministro de alimentos para los
usuarios hospitalizados, médicos internos y refrigerios en el Hospital Regional José David
Padilla Villafañe Empresa Social del Estado”.
5. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar
conoció del asunto en primera instancia. El 11 de junio de 2021, profirió
mandamiento de pago en contra del Hospital Regional José David Padilla Villafañe
en razón a “la obligación contenida en el título ejecutivo derivado del Contrato 388 del 1
de diciembre de 2020”, conforme con las facturas DARC-6 del 17 de diciembre de
2020, DARC-7 del 28 de diciembre de 2020, DARC-8 del 28 de diciembre de 2020
y el acta de liquidación del Contrato No. 388 de 2020, suscrita entre ambas partes.
6. En audiencia inicial de instrucción y juzgamiento, celebrada el 9 de
septiembre de 2021, dicha autoridad judicial fijó el litigio en los siguientes términos:
“Se indica que hubo una liquidación de un contrato esa liquidación es el título
ejecutivo que el despacho tomó para efecto de librar mandamiento de pago y
durante ese transcurso del trámite procesal la entidad ejecutada realizo un pago
al señor Dagoberto Rojas, el despacho no desconoce dicho pago por ende
deberá evaluar si hay un pago parcial, una compensación, una novación o una
prescripción.”
7. En la misma fecha profirió sentencia mediante la cual se pronunció frente a
las excepciones de fondo presentadas por la demandada y, en tal sentido: i) declaró
probada la excepción de pago parcial, pues se acreditó que la E.S.E. Hospital
Regional José David Padilla Villafañe realizó un pago el día 25 de junio de 2021 por
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valor de $44.962.956; ii) negó las excepciones de “cobro de lo no debido, falta de
exigibilidad de la obligación que pretende cobrar la parte demandante y omisión de los
requisitos que el título debe contener”; y iii) ordenó continuar con la ejecución.
8. Frente a la excepción de “cobro de lo no debido”, consideró lo siguiente:
“Según los documentos aportados el 09 de agosto de 2021 se puede extraer
que los días 17 y 28 de diciembre de 2020, así como el 10 de febrero de 2021,
el demandante presentó ante la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE
AGUACHICA JOSE DAVID PADILLA VILLAFAÑE las cuentas de cobro del
contrato No. 388 de 2020 en las que anexan la documentación requerida para
el cobro de las facturas DARC-6 de los suministros realizados del 01 al 15 de
diciembre de 2020, DARC – 7 de los suministros realizados del 16 al 27 de
diciembre de 2020, DARC – 8 de los suministros realizados el día 28 de
diciembre de 2020. Constituyendo en mora la parte demandante a la entidad
hoy demandada el día 05 de abril de 2021”
9. A su vez, con respecto a la “falta de exigibilidad de la obligación que pretende
cobrar la parte demandante y omisión de los requisitos que el título debe contener”,
alegada por el hospital, afirmó que “la parte ejecutada no presentó recurso de reposición
contra el auto fechado 11 de junio de 20211, por lo que no es el momento procesal oportuno
para atacar la exigibilidad de la obligación”. Esto, en virtud del artículo 430 del Código
General del Proceso que establece:
“(…) Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante
recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna
controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio
de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no
podrán reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que
ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso.”
10. Inconforme con lo anterior, la entidad ejecutada interpuso recurso de
apelación. Argumentó que el título estaba conformado por el acta de liquidación y la
respectiva facturación; no obstante, precisó que algunas facturas no se aceptaron
debido a que no fueron acompañadas con los debidos soportes y, por tanto, solo se
pagó la factura que cumplía con los requisitos pactados en la cláusula cuarta del
contrato2.
11. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 16 de junio de
2022, confirmó el ordinal primero del fallo recurrido, en el sentido de declarar
probada la excepción de pago parcial de la obligación y revocó en todo lo demás
dicha providencia.
1 Mediante el cual se profirió mandamiento de pago contra la entidad.
2 “CUARTA: FORMA DE PAGO: EL HOSPITAL cancelará las dietas y alimentos suministros
efectivamente entregados y previamente solicitados, los cuales serán cobrados por el
CONTRATISTA en los montos establecidos en el ANEXO 1 previa verificación de los alimentos y
suministros y dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación por parte del CONTRATISTA
de la factura y/o cuenta de cobro correspondiente en la oficina de Tesorería de la entidad” (sic a toda
la cita).
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12. Como fundamento de la decisión, indicó que la obligación perseguida estaba
consignada en un título ejecutivo complejo en materia contractual. Por tanto, a pesar
de que el demandante aportó el contrato de suministro, las facturas de cobro y el
acta de liquidación, consideró que debió aportar todos los documentos que probaran
que se había dado cumplimiento efectivo al contrato conforme lo exigía la cláusula
cuarta del mismo.
13. En este orden de ideas, indicó que no era posible acceder al pago de las
facturas porque el título no cumplía con los requisitos del artículo 422 del Código
General del Proceso y, por tanto, debieron declararse probadas las excepciones de
“cobro de lo no debido, la obligación no es clara, expresa y exigible, y de omisión de los
requisitos que el título debe contener”, planteadas por la parte ejecutada.
14. La sentencia fue notificada por mensaje de datos remitido el 17 de junio de
2022. El 14 de junio del mismo año, la parte demandante presentó solicitud de
adición y aclaración de la sentencia de segunda instancia, pero la petición fue,
posteriormente, desistida. Mediante auto del 28 de julio 2022, el despacho ponente
aceptó el desistimiento a la adición y aclaración de la sentencia de segunda
instancia.
1.4. Sustento de la vulneración
15. La parte actora sostuvo que la autoridad demandada, al proferir el fallo
censurado incurrió en desconocimiento del precedente, defecto fáctico y
defecto sustantivo.
16. En relación con el defecto por desconocimiento del precedente, indicó que
el Tribunal Administrativo del Cesar desatendió el criterio pacífico del Consejo de
Estado, según el cual, el acta de liquidación del contrato constituye un título
ejecutivo autónomo en tanto que contiene obligaciones claras, expresas y exigibles.
17. Advirtió que dicho título contiene un negocio jurídico en el que las partes, en
ejercicio de su autonomía, definen las cuentas, precisan el estado de los créditos y
deudas recíprocas y se obligan a lo estipulado en el documento que se suscribe. En
tal sentido, manifestó que la autoridad judicial accionada se apartó del precedente
que rige la materia en cuestión sin presentar los argumentos que justificaran tal
desconocimiento.
18. Indicó que dicho precedente ha sido desarrollado principalmente en las
siguientes providencias:
“Sentencia de Tutela contra providencia judicial, Segunda Instancia, Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. María Adriana Marín, radicado:
11001-03-15-000-2019-02338-01, 25 de octubre de 2019; Auto del 28 de
octubre de 2019, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P.
Nicolás Yepes Corrales, Radicación N°: 85001-23-33-000-2018- 00155-
01(63329); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03938-01
7 de febrero de 2011, Rad. 68001-23-15-000-2004-02391-01(35822), C.P.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, Auto del 29 de octubre de 2013, C.P. Ramiro de Jesús Pazos
Guerrero, Rad. 20001-23-31-000-2010-00292-01(43011); Consejo de Estado,
Sección Tercera, Sentencia del 11 de noviembre de 2009, C.P. Ruth Stella
Correa Palacio, Rad. 25000-23-26-000-2002-01920-02(32666); Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de marzo de 2020, C.P.
Martín Bermúdez Muñoz, Rad. 85001-23-31-000-2009-00139-01(44458) y
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Auto del 30 de julio de
2019, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.”
19. Frente al cargo por defecto fáctico, indicó que la parte demandante allegó
como prueba documental el acta de liquidación del contrato que, por sí sola,
constituye título ejecutivo, sin que fuera necesario consultar otros documentos
contractuales. A su juicio, el Tribunal valoró indebidamente dicho documento como
fuente de obligaciones que presta mérito ejecutivo.
20. En este orden de ideas, señaló que el acta de liquidación también es el medio
por el cual se extinguen las obligaciones y, por tanto, las contenidas en la cláusula
cuarta del contrato corrieron dicha suerte.
21. A su vez, sostuvo que la providencia cuestionada desconoció la fijación del
litigio, en la cual se definió que el acta de liquidación del contrato era el título
ejecutivo, por lo que el accionante no contaba con el deber de aportar más
documentos relativos a la conformación del título; no obstante, puso de presente
que, aún en gracia de discusión, si se tratara de un título complejo, bastaba la
apreciación en conjunto de los documentos obrantes en el expediente, para
confirmar la sentencia de primera instancia.
22. De tal forma, expresó lo siguiente:
“no es necesario aportar el contrato estatal liquidado para configurar el título
ejecutivo o realizar solicitudes y condiciones diferentes cuando ya se cuente con
la liquidación de mutuo acuerdo de acto contractual, debido a que en el acta de
liquidación se define el estado económico del negocio jurídico, así como el
balance final de las obligaciones de las partes, debiendo estarse a lo resuelto y
consignado en la misma, así que en este caso se debe solicitar del Honorable
Consejo de Estado, dejar sin valor y efectos jurídicos la sentencia del 16 de
junio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, debiéndose
emitir una nueva providencia de reemplazo en la que se valore el acta de
liquidación del contrato según los lineamientos jurisprudenciales de la sala
Plena del Consejo de Estado, esto es, como un título autónomo.”
23. En cuanto al defecto sustantivo alegado, expuso que se incurrió en una
indebida aplicación de los artículos 422 y 430 del Código General del Proceso, pues
desconoció la teleología del proceso ejecutivo. A su juicio, el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar profirió mandamiento de pago
y la demandada no interpuso el recurso de reposición en su contra, por lo que cobró
ejecutoria y, en tal sentido, retomar la discusión sobre los requisitos del contrato en
sede de apelación de la sentencia vulnera el principio de preclusión procesal.
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1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
24. A través de auto del 25 de julio de 2022, la magistrada ponente de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado admitió la tutela, ordenó la notificación de la parte
accionante y del Tribunal Administrativo del Cesar y vinculó como terceros con
interés legítimo al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar y al Hospital Regional de Aguachica José David Padilla Villafañe.
1.6. Intervención
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentó la siguiente intervención:
1.6.1. Tribunal Administrativo del Cesar
25. Por medio de escrito enviado el 29 de julio de 2022 al correo electrónico de
la Secretaría General del Consejo de Estado, la presidenta de la autoridad judicial
demandada solicitó que se declarara la improcedencia de la acción constitucional
por no haberse superado el requisito de subsidiariedad.
26. Indicó que la sentencia acusada aún no estaba ejecutoriada, puesto que la
parte actora presentó solicitud de adición y aclaración contra dicha providencia la
cual, al momento de interposición de la tutela, aún no se había resuelto. En tal
sentido, señaló que no se habían agotado los mecanismos judiciales con los que
contaba el accionante para la defensa de los derechos invocados.
27. No obstante, agregó que la sentencia objeto de tutela no contenía motivación
arbitraria o contraria al ordenamiento jurídico. Esto, en la medida en que el problema
jurídico de la segunda instancia del trámite ejecutivo consistió en determinar si la
providencia del a quo estaba ajustada a derecho o si, por el contrario, la entidad
demandada no debía ejecutar el pago reclamado porque el contratista no acreditó
el cumplimiento de la cláusula carta del contrato de suministro.
28. Puso de presente que dicho contrato fijó condiciones claras y aceptadas por
las partes, por medio de las cuales se acordó que el pago se ejecutaría previa
verificación de los suministros aportados por el contratista dentro de los 90 días
siguientes a la presentación de la cuenta de cobro. Sostuvo que, conforme con la
cláusula cuarta del contrato, dicha factura debía ser radicada dentro de los 10 días
siguientes al vencimiento del plazo pactado, junto con la documentación acordada
en dicha disposición.
29. Añadió que, en tal sentido, el ejecutante no acreditó el cumplimiento de tales
requisitos, motivo por el cual no era posible ordenar el pago. Por tanto, concluyó
que el título ejecutivo complejo aportado por el señor Rojas Caviedes no cumplió
con los requisitos del artículo 422 del Código General del Proceso, dado que los
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documentos que apoyaban las pretensiones de la demanda no prestaban mérito
ejecutivo.
30. A pesar de haber sido debidamente notificados, el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar y la E.S.E Hospital
Regional de Aguachica José David Padilla Villafañe guardaron silencio.
1.7. Sentencia de primera instancia
31. Por medio de sentencia proferida el 1º de septiembre de 2022, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado amparó los derechos invocados mediante la acción
de tutela al considerar que la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente y defecto fáctico. En tal sentido, dejó “sin efectos
la sentencia del 16 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar en
el marco del proceso ejecutivo con radicación nro. 20001-33-33-002-2021-00136-01” y
ordenó al Tribunal Administrativo del Cesar:
“que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de
esta providencia, profiera una nueva decisión en la que valore el acta de
liquidación del contrato nro. 388-2020, teniendo en cuenta el precedente judicial
del Consejo de Estado que fue precisado en la parte motiva de este fallo de
tutela”.
32. Estimó que “el presupuesto de exigibilidad de la obligación en el caso concreto no
debía analizarse de cara al clausulado del contrato, sino a la luz del contenido del acto de
liquidación, que es título ejecutivo según el artículo 297 del CPACA”. Citó la norma en
cuestión, que señala lo siguiente:
“Artículo 297. Título ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen
título ejecutivo.
(…)
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los
organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los
documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a
través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato,
o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que
consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes
intervinientes en tales actuaciones.”
33. Puso de presente que, conforme con la jurisprudencia pacífica del Consejo
de Estado, el acta de liquidación del contrato “establece el corte de cuentas entre los
contratantes y se define quién le debe a quién y cuánto”. Al respecto, agregó que “en
caso de que sea la voluntad de alguna de las partes condicionar el pago de la obligación,
debe consignar en el acta de liquidación con miras a afectar la exigibilidad de la acreencia”.
34. Expuso que dicho documento es una actuación administrativa posterior a la
terminación del contrato, por medio de la cual se definen las obligaciones de las
partes, se hace un balance de cuentas y se consigna el estado económico de la
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relación contractual. Por tanto, agregó que para definir las obligaciones de las
partes, debe atenderse a lo consignado en el acta de liquidación.
35. Citó los siguientes extractos de providencias de la Sección Tercera del
Consejo de Estado cuyo criterio, a su juicio, fue desconocido por la autoridad judicial
demandada:
“(...) la sola acta de liquidación puede prestar mérito ejecutivo siempre y cuando
cumpla con los requisitos del artículo 488 del C.P.C. (...) Cuando la demanda
ejecutiva se presenta con posterioridad a la liquidación del contrato, la
existencia de obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de alguna de las
partes contratantes se acredita fundamentalmente con el acta o el acto de
liquidación del contrato.”3
“No obstante lo dicho, la Sala aclara que, en casos como el presente, donde los
contratos fueron liquidados y las obligaciones que se reclaman constan en las
respectivas actas, el aporte o no de los contratos no es factor determinante para
establecer la existencia de una obligación clara, expresa y exigible, habida
cuenta que siendo la liquidación un acto donde se deciden todas las
reclamaciones que hayan surgido en la ejecución del contrato, finiquitando de
esta forma la relación existente entre las partes del negocio jurídico, tal
expresión implica un corte o cierre final de cuentas donde se define quién debe
a quién y cuánto. En tal sentido, si con la liquidación del contrato se define el
estado económico del mismo, no hay duda que para establecer las obligaciones
resultantes debe estarse a lo resuelto y consignado en el acta respectiva, sin
perjuicio de que pueda demandarse su modificación por vía judicial.”4
“7. Los actos administrativos de liquidación (unilateral o bilateral), este goza de
una presunción de legalidad que obliga a las partes en los términos de su
contenido, sin perjuicio de que el juez del contrato, en desarrollo de un proceso
declarativo, pueda revisarla.
8. Así, la única forma de desvirtuar la mencionada presunción de legalidad es
por medio de una sentencia judicial en la que se declare su nulidad por alguna
de las causales legalmente contempladas para ello, esto es, cuando el juez
contencioso administrativo encuentra probado alguno vicio que afecte su
legalidad.
9. En efecto, si una parte no está conforme con la liquidación efectuada debe
acudir a un proceso judicial declarativo para que pueda ser modificada o
revocada en sede judicial, sin embargo, mientras eso no ocurra, el acta de
liquidación goza de plena validez y es el único título ejecutivo válido, teniendo
en cuenta que es el balance final de las obligaciones a cargo de las partes.”5
36. Consideró que, conforme con dicho precedente, “cuando se ejecuta el acto de
liquidación de un contrato, la exigibilidad de las obligaciones allí consignadas dependerá de
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 27.05.04.
M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad: 76001-23-31-000-2000-02627-01(26877).
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
19.07.06. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad: 23001-23-31-000-2003-01328-01(30770). Reiterada
en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B.
Sentencia del 28.10.19. Rad: 85001-23-33-000-2018-00155-01(63329).
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B. Auto
del 22.07.19. M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Rad: 23001-23-31-000-2009-00277-02 (60613).
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los términos, para este caso, en los que la entidad contratante manifestó su voluntad por
tratarse de una liquidación unilateral”.
37. Advirtió que en el acta de liquidación del caso en concreto, la cual cuenta con
la firma del gerente del Hospital y del supervisor del contrato, la entidad ejecutada
reconoció que debía una suma de dinero como contraprestación de la ejecución del
contrato de suministro. Añadió que el pago de la deuda no fue sometido al
cumplimiento de algún plazo o condición y, por tanto, “no era dable afectar su
exigibilidad acudiendo a la cláusula cuarta del contrato, como lo hizo el Tribunal
Administrativo del Cesar”.
38. Adujo que si el Hospital estimaba que el pago de las obligaciones exigibles
conforme con el acta de liquidación dependía de que se aportaran ciertos
documentos o se cumplieran con requisitos adicionales a lo dispuesto en el acta,
debió establecer en esta tal condición; no obstante, al no haber realizado ello, “no
era dable afectar la exigibilidad del título ejecutivo imponiendo condiciones que la entidad
contratante no consignó en el acta”.
39. Por tanto, argumentó que la obligación que se pretendía ejecutar era: i)
expresa, pues en el acápite de balance financiero del acta de liquidación está
determinado el saldo adeudado al contratista, cuyo monto deriva de las tres facturas
que también fueron relacionadas en tal documento; ii) clara, pues fue determinada
en el acta; y iii) exigible, dado que su pago no fue sometido a plazo o condición por
parte de la entidad ejecutada.
40. En tal sentido concluyó que:
“(…) la sentencia del 16 de junio de 2022 incurrió en defecto fáctico y en
desconocimiento del precedente judicial, dado que el contenido del acta de
liquidación del contrato y, en específico, el presupuesto de exigibilidad de la
obligación ejecutada no fue analizado a la luz de la jurisprudencia de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que establece que los créditos reconocidos en el
acta de liquidación del contrato estatal, en cuanto a su exigibilidad, deben ser
analizados conforme a los términos, condiciones o plazos consignados por las
partes o por la entidad, según sea el caso, en el documento, pero si la
administración guarda silencio sobre tales condiciones, las obligaciones allí
consignadas serán puras y simples”.
41. Por último, negó el cargo por defecto sustantivo pues, si bien el artículo 430
del Código General del Proceso señala que los requisitos formales del título pueden
discutirse solo a través del recurso de reposición contra el mandamiento de pago,
lo cierto es que “el juez de la ejecución en despliegue de su deber de saneamiento puede
retomar esta discusión en la sentencia”. Por tanto, indicó que la determinación de la
accionada de “retomar en sentencia la discusión sobre los requisitos del título ejecutivo,
no se traduce en una actuación contraria al ordenamiento jurídico”
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1.8. Impugnación
42. A través de correo electrónico enviado el 12 de septiembre de 2022 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del
Cesar impugnó la sentencia proferida el 1º del mismo mes y año, notificada el 8 de
septiembre siguiente y solicitó que se revocara para que, en su lugar, se niegue el
amparo de derechos.
43. En primera medida, puso de presente los documentos allegados como
pruebas por el ejecutante y detalló que éste:
“aportó el acta de liquidación del Contrato No. 388 de 2020, de fecha 15 de abril
de 2021, que le fue presentada por el hospital ejecutado, en donde se detalló
las pólizas de garantías, se describió el balance financiero, relacionando las tres
facturas electrónicas citadas, con su respectivo valor, señalando como saldo a
favor del contratista, la suma de $89.996.797 e indicándose además, que
estaba legalmente terminada la ejecución del contrato, y, se dejó constancia
que las partes cesaron todas las obligaciones mutuas pactadas en el contrato,
que el contratista ejecutó a satisfacción el objeto del mismo, y, que cumplió con
todas las obligaciones en el sistema general de salud, riesgos, aportes y
pensiones”.
44. Argumentó que, no obstante, el material probatorio debió “valorarse en su
conjunto, con miras a establecer si constituían prueba idónea de la existencia de una
obligación clara, expresa y exigible a favor del ejecutante, como lo establece el artículo 422
del C.G. del P”.
45. Arguyó que el título ejecutivo debe demostrar la existencia de una prestación
en beneficio de alguien, por lo que el obligado tiene que observar en favor de su
acreedor una conducta de dar, hacer o de no hacer y tal obligación debe ser
expresa, clara y exigible, requisitos que constituyen todo título ejecutivo. En tal
sentido, afirmó que, conforme con el Consejo de Estado:
“(…) los títulos ejecutivos deben gozar de ciertas condiciones esenciales, unas
formales y otras sustanciales. Las primeras se refieren a que la obligación debe
constar: i) en documentos auténticos que provengan del deudor o de su
causante y que constituyan plena prueba contra él, o ii) en providencias
emanadas de autoridades competentes que tengan fuerza ejecutiva, conforme
a la ley, como, por ejemplo, las sentencias de condena y otro tipo de
providencias judiciales que impongan obligaciones, verbigracia, aquellas que
fijan honorarios a los auxiliares de la justicia, las que aprueban la liquidación de
costas, etc. Las condiciones sustanciales, por su parte, se traducen en que las
obligaciones que se acrediten a favor del ejecutante o de su causante y a cargo
del ejecutado o de su causante sean claras, expresas y exigibles”.
46. Expuso que, en relación con las condiciones sustanciales del título ejecutivo,
la doctrina ha señalado que en el documento debe estar expresamente declarada
la obligación, es decir, “debe estar nítido el crédito - deuda que allí aparece, de modo que
sea fácilmente inteligible y se entienda en un solo sentido”. En tal sentido, indicó que el
Tribunal Administrativo del Cesar no compartió lo decidió por el a quo, pues “de los
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documentos que fueron aportados como título ejecutivo, no se observó que existiera una
obligación clara, expresa y exigible”.
47. Resaltó que en el contrato se fijaron unas cláusulas claras aceptadas por las
partes, entre las que se encontraba la cuarta que se refería a la forma como sería
cancelado el contrato. Sostuvo que allí se indicó de manera específica que el pago
se ejecutaría previa verificación de los suministros aportados por el contratista:
“dentro de los 90 días siguientes a la factura y/o cuenta de cobro aportada, la
cual debería ser radicada dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del
plazo pactado, junto con unos documentos que fueron debidamente indicados
en la mencionada cláusula, último requisito que el ejecutante no demostró haber
cumplido a satisfacción, como para que procediera al pago de las facturas
allegadas”.
48. Manifestó que, luego de librarse mandamiento de pago, el Hospital canceló
la factura electrónica N.º DARC-6 del 17 de diciembre de 2020 por valor de
$48.666.276, de la cual giró la suma de $44.962.956 tras las deducciones por
concepto de compensación. A su juicio, ello significó que la entidad “no fue evasiva
con la obligación adeudada, simplemente como adujo la apoderada recurrente, ello
demostró que la factura se canceló al haberse aportado los documentos que fueron
pactados en el parágrafo primero de la cláusula cuarta”.
49. Narró que ello acreditó un pago parcial de la obligación, en el sentido del fallo
de primera instancia; no obstante, “teniendo en cuenta que el contrato es ley para las
partes”, declaró que el ejecutante no podría desconocer el cumplimiento de los
requisitos establecidos en tal acuerdo de voluntades con el fin de obtener el pago ni
tampoco pretender que aquellos se satisfacían con la presentación de los
documentos allegados como título ejecutivo,
“hablando en particular de la liquidación del contrato, pues en el clausulado de
dicho instrumento se determinó claramente, cuáles eran los requisitos que
debía acreditar para materializar el pago, que para el caso analizado, eran los
documentos descritos en el parágrafo primero de la cláusula cuarta, los cuales
debían ser allegados con la cuenta de cobro, y éstos brillaron por su ausencia”.
50. En este orden de ideas, sostuvo que el título ejecutivo complejo aportado por
el señor Rojas Caviedes no cumplió con los requisitos contemplados en el artículo
422 del Código General del Proceso, pues los documentos que apoyan sus
pretensiones no prestan mérito ejecutivo. De tal forma, concluyó que:
“como el título ejecutivo complejo no cumplía con los requisitos señalados, las
excepciones propuestas por el ente hospitalario demandado denominadas
«Cobro de lo no debido, la obligación no es clara, expresa y exigible, omisión
de los requisitos que el título debe contener» estaban llamadas a prosperar; por
lo que se decidió modificar la sentencia de primera instancia”.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
51. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte accionada contra la sentencia del 1º de septiembre de 2022, dictada por el
Consejo de Estado – Sección Cuarta de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
52. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida el 1º de septiembre de 2022, por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, a través de la cual accedió al amparo solicitado, para lo cual
se deberán resolver los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela?
53. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente
problema:
● ¿El Tribunal Administrativo del Cesar vulneró los derechos fundamentales
invocados, por presuntamente incurrir en desconocimiento del precedente y
defecto fáctico al proferir la sentencia del 16 de junio de 2022 mediante la
cual confirmó el ordinal primero del fallo recurrido, en el sentido de declarar
probada la excepción de pago parcial de la obligación y revocó en todo lo
demás dicha providencia proferida en el proceso ejecutivo con radicado No.
20-001-33-33-002-2021-00136-00/01?
54. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; iii) generalidades de los defectos alegados; iv) jurisprudencia relevante
para resolver el caso; v) análisis del caso en concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
55. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
6
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 7 y declaró su
procedencia.8
56. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.
57. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
58. Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
59. De acuerdo con la Sala, este requisito se encuentra cumplido en el caso en
concreto, por cuanto, al revisar el escrito de tutela en relación con los supuestos
fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se
advierte que la controversia propuesta por la parte actora es de naturaleza
constitucional al solicitar la protección de sus derechos fundamentales al “al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad”.
60. De acuerdo con lo anterior, en el presente caso, el accionante cumplió con el
requisito de evidenciar una tensión entre la providencia censurada y el núcleo
esencial de los derechos fundamentales alegados, mediante la exposición de los
motivos por los que considera que el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en
desconocimiento del precedente y defecto fáctico.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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61. En efecto, este requisito mínimo implica que la parte accionante, con
suficiencia en la parte motiva de la demanda interpuesta, evidencie la tensión que,
de acuerdo con su criterio jurídico, existe entre los derechos fundamentales
invocados y el fallo proferido por la autoridad judicial.
62. Dicha pericia argumentativa en la exposición del criterio del demandante con
respecto a la relación entre la providencia judicial y la vulneración de sus derechos
fundamentales, es lo que permite la superación de este requisito y evidencia que la
controversia trasciende de un orden exclusivamente legal; lo anterior, porque se
evidencia que se cumple con la carga mínima de argumentación, que permite
comprender con suficiente claridad y de manera precisa el debate constitucional en
torno a la vulneración de las garantías fundamentales invocadas. Esto, con
independencia de si se comparte o no los motivos por los que considera el
accionante se vulneraron sus derechos fundamentales.
2.4.2. Tutela contra tutela
63. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza, ya que la providencia censurada fue
proferida en segunda instancia del proceso ejecutivo con radicado No. 20001-33-
33-002-2021-00136-00/01.
2.4.3. Inmediatez
64. En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún
reproche, en vista de que la providencia del Tribunal Administrativo del Cesar fue
proferida el 16 de junio de 2022. Dado que el accionante interpuso la acción
constitucional el 18 de julio de 2022, la Sala considera que se presentó dentro de
un término razonable para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia
judicial, sin necesidad de determinar la fecha en que cobró ejecutoria.
65. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20149,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200510, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial, y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir
y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
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ocasión de providencias judiciales.
2.4.4. Subsidiariedad
66. En relación con los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, se
acredita que la parte tutelante no dispone de otros medios de defensa judicial
ordinarios ni extraordinarios para cuestionar la providencia dictada en segunda
instancia, por el Tribunal Administrativo del Cesar, toda vez que ninguna de las
razones presentadas se puede adecuar a las causales de procedencia de los
recursos extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
2.5. Generalidades de los defectos alegados
2.5.1. Defecto fáctico
67. Esta Sala, en decisión del 12 de noviembre del 201511, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales, a continuación, son traídos
a colación en la presente decisión.
68. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso.
69. Aquellos casos en los que se configura el defecto en referencia, cuentan con
las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el
problema jurídico sometido a consideración y ésta fue negada; ello,
sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que
no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad.
Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un
decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del
defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y
Omisión de decreto práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla
y práctica de con los parámetros arriba señalados.
pruebas De esta manera, se requiere:
indispensables 1. Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
11 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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para fallar el asunto 2. Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
3. Que se expongan las razones por la cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
4. Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente y resultando decisivos frente a los hechos que se
pretenden probar, aquellos no son tenidos en cuenta por el fallador
ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se
Desconocimiento concrete en el escrito de amparo, cuáles pruebas, aportadas
del acervo oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
probatorio Así las cosas, el defecto en este evento se configura siempre que:
determinante para 1. Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por
identificar la el juez.
veracidad de los 2. Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y
hechos alegados oportunamente al proceso
por las partes 3. Se señalen las razones por las cuales eran relevantes para
la decisión
4. Se precise, razonadamente, la incidencia de estos para
variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente
equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se
entiende alterado.
Se requiere entonces que:
1. La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto
Valoración de indebida valoración por el juez
irracional o 2. Se indique la razón del por qué, en cada caso en particular,
arbitraria de las la consideración del operador judicial se aleja de las reglas
pruebas aportadas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación
con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, de ninguna
manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por
este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución
arbitraria del juez natural.
3. Se señale la incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto
con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para
Dictar sentencia su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
con fundamento en ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al
pruebas obtenidas haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le
con violación del fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido
debido proceso proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
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1. Señalar con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.
2. Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
3. Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.
70. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
71. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.
72. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al
fallado.
2.5.2. Desconocimiento del precedente
73. Para esta Sala12, el precedente es aquella regla de derecho creada por una
alta corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar
un determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en
el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, se
crea una regla aplicable en los demás asuntos que se basen en los mismos
supuestos de hecho.
74. Lo anterior tiene lugar en ejercicio de la actividad creadora de derecho que
ejercen los jueces de las altas Cortes y los órganos de cierre de cada jurisdicción,
ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe
dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos
normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.
75. Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios
y operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al definir
directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
12 Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019, radicación
11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y la
providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con ponencia
de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
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Constitución.
76. Sin embargo, resulta necesario advertir que no todas las decisiones
judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla, pues
aquellas corresponden más al resultado de la aplicación al caso en concreto de la
norma cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin que exista
necesariamente una actividad creadora del juez como tal13.
77. De allí que esta Sección ha considerado que la parte que invoca el
desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de
identificar en su proceder argumentativo: i) la decisión que considera desatendida;
ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la
jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.
2.6. Jurisprudencia relevante para resolver el caso
78. Previo al estudio del caso en concreto, esta Sala considera pertinente llevar
a cabo un breve recuento jurisprudencial en materia del acta de liquidación del
contrato como título ejecutivo.
79. La Sección Segunda del Consejo de Estado14 ha considerado que el acta de
liquidación bilateral del contrato es un acuerdo autónomo, motivo por el cual las
obligaciones derivadas de él deben establecerse de manera clara, expresa y
exigible, con el fin de que puedan ser reclamadas en sede judicial. Según tal
autoridad, ante la existencia de tal acta y cuando se pretenda el pago de una
obligación que se derive de esta luego de la terminación del contrato, aquella debe
constar en el documento, pues éste es el que presta mérito ejecutivo.
80. Ha señalado que cuando el contrato ya ha sido liquidado, la existencia de
una obligación clara, expresa y exigible a cargo de alguno de los contratantes se
acredita fundamentalmente con el acto de liquidación, puesto que es el documento
mediante el cual se hace el balance final de cuentas.
81. A su vez, dicha autoridad15 ha considerado que un acta de liquidación
contractual cumple con los requisitos para prestar mérito ejecutivo cuando define
con claridad la suma adeudada al contratista o el saldo pendiente de pago y la forma
como se va a pagar, sin dar lugar a suposiciones o interpretaciones.
13 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B. Sentencia del 21.05.21. M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. Rad: 11001-03-15-000-2021-00508-01; Consejo de Estado, Sección Segunda –
Subsección A. Sentencia del 19.01.17. M.P. William Hernández Gómez. Rad: 111001-03-15-000-
2016-00877-01.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B. Sentencia del 23.07.21. M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. Rad: 11001-03-15-000-2021-01955-01.
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82. En este sentido y conforme con el artículo 297 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sección Segunda de esta
Corporación ha afirmado que si las partes suscriben tal acto de mutuo acuerdo, ello
incorpora un negocio jurídico que expresa la manifestación de voluntad de las partes
y, en esa medida, sólo puede ser invalidado por un vicio del consentimiento, esto
es, por error, fuerza o dolo. Por tanto, ha establecido que, según el artículo 60 de la
Ley 80 de 1993, en tal documento se deben dejar consignadas las obligaciones por
ejecutar y los acuerdos, conciliaciones o transacciones pendientes entre las partes.
83. Por su parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reiterado 16 que
en los casos en los que los contratos fueron liquidados y las obligaciones que se
reclaman constan en las respectivas actas, el aporte o no de los contratos no es un
factor determinante para establecer la existencia de una obligación clara, expresa y
exigible. Esto, pues el acto decide todas las reclamaciones que hayan surgido en la
ejecución del contrato y finiquita de tal forma la relación existente entre las partes
del negocio jurídico, por lo que implica un cierre final de cuentas “donde se define
quién debe a qué y cuánto”17. Por tanto:
“(…) si con la liquidación del contrato se define el estado económico del mismo,
no hay duda que para establecer las obligaciones resultantes debe estarse a lo
resuelto y consignado en el acta respectiva, sin perjuicio de que pueda
demandarse su modificación por vía judicial.”
84. También ha establecido dicha Sección18 que el acto de liquidación goza de
presunción de legalidad que obliga a las partes en los términos de su contenido sin
perjuicio de que el juez del contrato, en desarrollo de un proceso declarativo, pueda
revisarla. Por tanto, la única forma de desvirtuar dicha presunción es por medio de
una sentencia judicial en la que se declare su nulidad por alguna de las causales
contempladas por la ley. En tal sentido, ha considerado que mientras ello no ocurra,
el acta reviste de plena validez y es un título ejecutivo válido y singular, teniendo en
cuenta que es el balance final de las obligaciones a cargo de las partes.
85. Tal autoridad19 ha reiterado que frente a una liquidación de común acuerdo,
las partes quedan sujetas a lo estipulado allí y únicamente es posible disentir de su
contenido, en la medida en que se impugne su validez como fundamento en algún
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
19.07.06. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad: 23001-23-31-000-2003-01328-01(30770). Reiterada
en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B.
Sentencia del 28.10.19. Rad: 85001-23-33-000-2018-00155-01(63329).
17 Ibidem.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B. Auto
del 22.07.19. M.P. Ramiro Pazos Guerrero. Rad: 23001-23-31-000-2009-00277-02 (60613); Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del
28.19.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Rad: 85001-23-33-000-2018-00155-01(63329)
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B.
Sentencia del 06.03.11. M.P. Danilo Rojas Betancourth. Rad: 27001-23-31-000-1995-02484-
01(15935).
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vicio del consentimiento; de no ser así, al suscribir el acta de liquidación bilateral sin
observaciones, es inocua cualquier reclamación posterior sobre asuntos que fueron
objeto del acuerdo, por lo que la única alternativa cuando una parte no está de
acuerdo con los términos de la liquidación es suscribirla con objeciones o
salvedades, esto es, consignando de manera expresa la constancia de los puntos
sobre los cuales no se comparte la liquidación.
86. En este orden de ideas, ha establecido20 que, de forma pacífica, se ha
reconocido el efecto vinculante de dicha manifestación de voluntad, por lo que se
rechaza, en principio, la posibilidad de desconocer la palabra expresada, puesto
que a nadie le es dado ir contra sus propios actos, a menos que alegue un vicio de
la voluntad que invalide el acto respectivo. Adujo que el valor vinculante del acta de
liquidación bilateral se manifiesta en el mérito ejecutivo que ostenta y, de tal forma,
el cobro de las cantidades a favor del contratista puede verificarte a través del
proceso ejecutivo en el que se presentará como título dicho acuerdo.
87. En el mismo sentido, la Sección Quinta21 del Consejo de Estado ha
considerado que la liquidación bilateral presta mérito ejecutivo y constituye un
mecanismo para finalizar el contrato, por medio de la cual las partes se declaran a
paz y salvo. Por tanto, dicho acuerdo constituye un título ejecutivo en el que deben
quedar de manera clara, expresa y exigible todas las obligaciones que se pretendan
hacer valer y si no se consigna ninguna salvedad, se entiende que las partes están
de acuerdo con lo liquidado.
2.7. Caso en concreto
88. El Tribunal Administrativo del Cesar consideró que no ha vulnerado ningún
derecho fundamental pues, en síntesis, arguyó que el título ejecutivo complejo
aportado por el señor Rojas Caviedes no cumplió con los requisitos contemplados
en el artículo 422 del Código General del Proceso, debido a que los documentos
que apoyan sus pretensiones no prestan mérito ejecutivo. Lo anterior, conforme con
los argumentos expuestos en los numerales 42 al 50 de esta providencia.
89. Por su parte, el Consejo de Estado – Sección Cuarta consideró que la
autoridad judicial accionada vulneró los derechos invocados por el señor Rojas
Caviedes al incurrir en desconocimiento del precedente en concurrencia con el
defecto fáctico pues, en síntesis, desatendió el criterio de la Sección Tercera de esta
Corporación de acuerdo con el cual el acta de liquidación del contrato es un título
ejecutivo autónomo.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección B.
Sentencia del 31.05.13. M.P. Danilo Rojas Betancourth. Rad: 25000-23-26-000-1999-02072-
01(23903)
21 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 05.07.18. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Rad: 76001-23-31-000-2011-01141-01; Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 02.12.21.
M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad: 11001-03-15-000-2021-07007-00.
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90. Por tal motivo, consideró que el Tribunal Administrativo del Cesar valoró
indebidamente dicho documento aportado por la parte actora en el proceso
ejecutivo, pues este contenía obligaciones claras, expresas y exigibles al no haber
sido sometido su reconocimiento a plazo o condición alguna.
91. La Sala centrará su estudio en los defectos fáctico y por desconocimiento del
precedente que el a quo constitucional declaró configurados, pues la impugnación
se dirigió a cuestionar exclusivamente los fundamentos del amparo del fallo de
primera instancia. En tal sentido, se advierte que confirmará la decisión de primera
instancia proferida por la Sección cuarta del Consejo de Estado pues, en efecto, el
Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en desconocimiento del precedente en
concurrencia con el defecto fáctico.
92. Como fue expuesto con antelación, la Sección Tercera de esta Corporación
ha considerado de manera pacífica que el acta de liquidación bilateral de un contrato
es un título que presta mérito ejecutivo por sí mismo pues, al ser una manifestación
expresa de la voluntad de las partes, goza de presunción de legalidad que sólo
puede ser desvirtuada cuando se configura un vicio del consentimiento. A su vez,
dicho órgano de cierre en la materia ha considerado que cuando una parte no está
de acuerdo con los términos de la liquidación, debe suscribirla con objeciones o
salvedades consignadas de manera expresa pues, de lo contrario, las obligaciones
allí expuestas serán claras, expresas y exigibles si no están sometidas a algún
plazo, condición o interpretación adicional a lo acordado.
93. En el caso en concreto, el señor Rojas Caviedes aportó con la demanda el
acta bilateral de liquidación del contrato suscrita por ambas partes en el que consta
que la E.S.E Hospital Regional de Aguachica José David Padilla Villafañe adeuda
al ejecutante la suma de $89’996.797, como puede acreditarse en el balance
financiero del documento:
94. A su vez, se acreditó que dicha acta de liquidación fue suscrita por el gerente
de la entidad ejecutada sin ninguna salvedad y tampoco se pactó un plazo o
condición para el pago de la obligación, por lo que esta es clara, expresa y exigible.
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Esto, pues en tal documento, la demandada en el proceso ejecutivo reconoció que
debía una suma de dinero como contraprestación del contrato de suministro.
95. Por tanto, en el sentido manifestado por el a quo constitucional, si el Hospital
consideraba que el pago de las obligaciones contenidas en dicha acta dependía del
cumplimiento de requisitos adicionales, como por ejemplo lo consignado en la
cláusula cuarta del contrato, debió establecer de manera expresa dicha condición.
Lo anterior, pues conforme con el criterio pacífico de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, el acta de liquidación es un título ejecutivo autónomo, con independencia
de que se aporte o no el contrato en cuestión.
96. A su vez, en aquel documento suscrito de mutuo acuerdo, se declaró que “el
contratista ejecutó a entera satisfacción el objeto del contrato, como se desprende de las
verificaciones realizadas por él”, lo que permite evidenciar la exigibilidad de la
obligación. Por tanto, el Tribunal Administrativo del Cesar desconoció que, en
principio y conforme con el criterio de la Sección Tercera, no es posible manifestar
un desacuerdo con sus propios actos ni desconocer la palabra expresada, a menos
que se alegue un vicio del consentimiento – situación que no se puso de presente
en el caso estudiado ni ha sido declarada por el juez competente –.
97. Es necesario señalar que la autoridad judicial accionada desatendió dicho
criterio jurisprudencial reiterado sin exponer los motivos por los cuales se apartaba
del mismo, pues la providencia cuestionada y el memorial de impugnación carecen
de referencia alguna a dicho precedente.
98. En este orden de ideas, la demandada incurrió en una indebida valoración
probatoria del acta de liquidación aportada por el señor Rojas Caviedes, pues la
estudió sin atención a su naturaleza de título ejecutivo autónomo, conforme con el
precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
2.7. Conclusión
99. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 1º de septiembre
de 2022 dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que accedió al
amparo de los derechos invocados por la parte actora al concluir que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca incurrió en desconocimiento del precedente y
defecto fáctico.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
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Demandante: Dagoberto Rojas Caviedes
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03938-01
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 1º de septiembre de 2022 dictada por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado que ACCEDIÓ AL AMPARO de los
derechos fundamentales del señor Dagoberto Rojas Caviedes, conforme con la
parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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