Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03961-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03961-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03961-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03961-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
23 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022).
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Demandante: Consorcio Cigucon
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL –/ Defecto sustantivo - falta de carga argumentativa, la parte
actora pretende reabrir un debate ya surtido y crear una instancia adicional, al no
estar de acuerdo con lo decidido en el proceso / Defecto procedimental – falta de
carga argumentativa.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de
la solicitud de amparo constitucional formulada por el apoderado judicial del
Consorcio Cigucon contra el Despacho No. 3 de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Boyacá.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 19 de julio de 2022, el apoderado judicial del Consorcio Cigucon2, interpuso
demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia. Adujo que, estas garantías fueron vulneradas por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, al proferir los Autos del 13 de octubre de 2021 y
19 de enero de 2022 3 , dentro del proceso de controversias contractuales (rad.
15001- 23-33-000-2019-00220-00) que promovió el consorcio accionante en contra
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 El representante legal del consorcio funge, a su vez, como representante legal de una empresa integrante del
mismo.
3 Providencia notificada por estado fijado el 20 de enero de 2022.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
del Departamento de Boyacá y la Empresa Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá S.A.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente4:
<<1. Que se declare la violación de los derechos fundamentales del CONSORCIO CIGUCON
, en cuanto al DEBIDO PROCESO, al ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, AL
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA, PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL, por parte
del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA, SALA DE DECISION No 3, como quiera que
con la decisión sobre la solicitud de acumulación y al momento de desatar el recurso
interpuesto, se vulneraron estos derechos, con fundamento en el DEFECTO SUSTANTIVO
POR ERROR GRAVE EN LA INTERPRETACION DE LA NORMA APLICADA, DEFECTO
PROCEDIMENTAL, POR EXCESO DE RITUAL MANIFIESTO, VIOLACION AL PRINICIPIO
DE SEGURIDAD JURIDCIA.
2. Que se deje sin efecto el auto de fecha 13 de Octubre de 2019 (sic), mediante el cual el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA, SALA DE DECISION No 03 se ABSTUVO de
acumular el proceso 2019-00220 con el proceso identificado con el NUR 15001-33-33-006-
2019-00014-00, que cursa en el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Tunja
3. Que se deje sin efecto el auto de fecha 19 de Enero de 2022, mediante el cual el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACA, SALA DE DECISION No 03 CONFIRMO el auto de fecha 13
de Octubre de 2019 de acumular el proceso 2019-00220 con el proceso identificado con el NUR
15001-33-33- 006-2019-00014-00, que cursa en el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Tunja.
4. Que se profiera decisión sustitutiva revocando la decisión del TRIBUNAL ADMNISTRATIVO,
SALA DE DECISION No 3, DISPONIENDO LA ACUMULACION DEL PROCESO identificado
con el NUR 15001-33-33-006-2019-00014-00, que cursa en el Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito de Tunja, Al proceso que cursa en el TRIBUNAL bajo el Numero 15001 23 33 000
2019 00220 00>>.
3.- Los principales presupuestos de orden fáctico, probatorio y constitucional que
respaldan la protección invocada son, los siguientes5:
3.1.- El Consorcio Cigucon interpuso demanda en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales, en la que solicitó declarar que la Empresa
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá incumplió el Contrato de Obra No.
007 de 2014, cuyo objeto consistía en la ejecución a precios unitarios fijos de la
“CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y FLUVIAL SECTOR CALLE
7 Y 8 DESDE LA CARRERA 11 HASTA SU INTERSECCIÓN, VERTIMIENTO RIO
VILLA DE LEYVA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA -BOYACÁ”, en lo que tiene
que ver con: (i) lo dispuesto en la cláusula tercera, al negarse a suscribir las actas
4 Expediente digital, folios 7 y 8 del escrito de tutela.
5 Expediente digital, folios 1 a 7 del escrito de tutela.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
parciales de pago No. 1 y 2 por la obra ejecutada6; (ii) la toma de posesión de las
obras sin verificar el estado de las mismas7; (iii) la obligación de liquidar de manera
unilateral el contrato de obra ante la imposibilidad de hacerlo bilateralmente8, y iv) el
no pago de las mayores cantidades de obra ejecutadas por la contratista. En
consecuencia, solicitó efectuar la liquidación judicial del contrato No. 007 de 2014 y
condenar a la demandada al pago de los perjuicios ocasionados con el presunto
incumplimiento contractual alegado.
3.2.- En este punto, la parte actora expuso que, en escrito separado al momento de
presentar la demanda ordinaria, informó que la empresa demandada instauró
acción contractual en su contra a efectos de obtener la liquidación judicial del
contrato de obra No. 007 de 2014, la cual estaba siendo tramitada en el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Tunja, bajo el radicado No. 2019-000149, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 148 del Código General del Proceso, solicitó
acumular ambos procesos, al considerar que se cumplían todos los requisitos
legales para acceder a dicha petición.
3.3.- Por reparto, el conocimiento de la demanda de controversias contractuales
interpuesta por el Consorcio Cigucon le correspondió al Despacho No. 3 de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Boyacá, instancia judicial que mediante auto del 11
de septiembre de 2019 admitió la acción, pero guardó silencio sobre la solicitud de
acumulación de procesos.
3.4.- Mediante memoriales de 26 de noviembre de 2019 y 19 de marzo de 2021, la
parte actora reiteró ante el Tribunal accionado la necesidad de acumular los
expedientes referidos. Al respecto, puso de presente al Tribunal accionado que, la
solicitud de acumulación se presentó al tiempo que la demanda ordinaria, pero
revisado “uno a uno… los folios del cuerpo de la demanda, no aparece la
6
Sobre el particular, se precisa que el 26 de abril y 27 de mayo de 2016, el Consorcio accionante presentó ante
la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá, solicitudes de pago parcial (actas No. 1 y 2) de la obra acorde con
lo dispuesto en la cláusula tercera del contrato No. 007 de 2014. El representante de la Unión Temporal
Ingeobras LRO, interventor del contrato, dio respuesta al contratista manifestándole que no se podía dar trámite
a la respectiva “acta parcial No. 2” toda vez que esta se presentó posterior al vencimiento del plazo del contrato.
Mediante oficio fecha 13 de julio de 2016, el Consorcio Cigucon hizo entrega de tubería de alcantarillado sanitario
y pluvial, y nuevamente solicitó dar trámite al acta parcial de obra No. 2. La referida petición fue reiterada el 11
de agosto de 2016.
7 Al respecto, resaltó que, con fundamento la cláusula octava, numeral 21 del contrato No. 007 de 2014, el 25 de
octubre de 2016, se reunieron en el lugar de las obras los representantes de las partes contratantes y la
interventora, y se levantó acta en donde la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá. S.A. E.S.P.
tomó posesión de las obras ante el incumplimiento del contratista, aúnque se negó a verificar in situ las cantidades
reales de obra ejecutada.
8
En este punto la parte actora refirió en la demanda ordinaria que, mediante oficio GT14-474 del 26 de agosto
de 2016, el Gerente Técnico de la Empresa Departamental contratante presentó al Consorcio contratista,
proyecto de acta de liquidación del contrato de obra, ante lo cual, se presentaron las respectivas
inconformidades, sin que la Unión Temporal hubiera acogido alguna de ellas. Posteriormente, resaltó que, a
través del oficio GTS-775 de 26 de abril de 2018, la empresa contratante citó al representante legal del Consorcio
Cigucon para suscribir acta de liquidación bilateral del contrato, pero dadas las discrepancias que aún tenían las
partes sobre el porcentaje de ejecución de la obra, no se realizó la liquidación bilateral del contrato de obra No.
007 de 2014.
9 Radicado No. 15001-3333-006-2019-00014-00.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
solicitud…[es decir], LA DEMANDA formulada contiene la totalidad de 124 folios;
ahora una vez examinado el expediente aparece como cantidad la de 121 folios, lo
que hace concluir que por alguna razón la solicitud de acumulación de procesos fue
sacada de su cuaderno, y puesta al parecer como hoja de reciclaje, basta con
observar por el anverso de LA HOJA Que contiene un CD para darse cuenta que
esta soportada en la solicitud de acumulación de procesos”10. Luego, en el escrito
presentado en marzo de 2021, indicó que, el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Tunja, mediante auto de 15 de marzo de 2021, consideró viable dictar
sentencia anticipada en el otro proceso y por tal motivo dispuso abstenerse de fijar
fecha para celebrar la audiencia inicial, con lo cual se corría el riesgo de generarse
dos decisiones judiciales sobre la misma causa.
3.5.- Mediante Auto del 13 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de Boyacá
resolvió abstenerse de acumular los referidos procesos. Empezó por indicar que,
acorde con lo dispuesto en el artículo 148 del CGP, podría decretarse la
acumulación hasta antes de que se fije fecha y hora para celebrar audiencia inicial.
No obstante, al analizar el caso concreto, expuso que verificados el sistema de
consulta de procesos de la Rama Judicial y el SAMAI, se constató que en el proceso
que cursaba en el Juzgado Sexto Administrativo de Tunja11, en Auto del 15 de marzo
de 2021, dicha instancia judicial se abstuvo de fijar fecha para celebrar audiencia
inicial, pero incorporó las pruebas documentales aportadas por las partes, fijó los
hechos del litigio y corrió traslado para alegar de conclusión, al decidir que se dictaría
sentencia anticipada en dicho asunto (en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de
la Ley 2080 de 2021). Es decir que, “por auto se cumplió lo que sería el objeto de la
audiencia inicial”12. En consecuencia, estimó que no podía realizarse la acumulación
procesal solicitada.
3.6.- Inconforme con la anterior decisión judicial, el 20 de octubre de 2021 el
apoderado del Consorcio Cigucon presentó recurso de reposición y en subsidio de
apelación, en el que reiteró que la solicitud de acumulación allegada junto con la
demanda no reposa en el expediente físico. Además, puso de presente que el
requisito de “temporalidad” para que proceda dicha petición se cumplió a cabalidad,
pues esta se presentó al momento de iniciarse la acción de controversias
contractuales, y posteriormente, se volvió a requerir al despacho judicial para que
se pronunciara sobre el particular, “muchísimo tiempo antes, de que el otro
despacho judicial se abstuviese de llevar a cabo la audiencia inicial”13.
3.7.- Mediante Auto del 19 de enero de 2022, el Tribunal Administrativo de Boyacá
confirmó la decisión no acumular los expedientes y rechazó por improcedente el
10 Expediente digital, folio 2 del escrito de tutela.
11 Radicado No. 15001-3333-006-2019-00014-00.
12 Expediente digital, folio 2 del auto de 13 de octubre de 2021.
13 Expediente digital, folio 4 del recurso de reposición y en subsidio apelación presentado por la parte actora el
20 de octubre de 2021, disponible en el aplicativo SAMAI.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
recurso de apelación interpuesto por la parte actora, acorde a lo dispuesto en el
artículo 243 del CPACA y el Código General del Proceso. En concreto, señaló que,
si bien se presentó la solicitud de acumulación al tiempo con la demanda ordinaria,
“por razones desconocidas por el despacho y que no son atribuibles a un sujeto
determinado”, el referido memorial se usó para adjuntar el CD que contiene el escrito
de demanda, lo que imposibilitó emitir pronunciamiento sobre el mismo al momento
de admitir la demanda. Luego, precisó que, el requisito de “temporalidad”
establecido en el artículo 148 del CGP, no implica que “por el solo hecho de radicar
la petición antes de dicha etapa procesal, haya lugar a acceder a la misma”, sino
que lo que procede “hasta antes de señalarse fecha y hora para la audiencia inicial”
es propiamente la decisión de acumular dos o más procesos y, en este caso, al
momento de decidirse de fondo dicha petición, el asunto que cursa en el Juzgado
Sexto Administrativo de Tunja ya había superado la fase equivalente a la audiencia
inicial.
3.8.- Revisado el expediente, la Sala constató que mediante auto del 9 de marzo de
2022, el Tribunal Administrativo de Boyacá precisó que, como las entidades
demandadas formularon la excepción de caducidad de la acción y en concordancia
con lo estipulado en la cláusula vigésimo quinta -relativa al plazo de liquidación- del
Contrato de Obra No. 007 de 2014 y de cara a lo consignado en el numeral v) del
literal j) del artículo 168 y del numeral 3 del artículo 182A de la Ley 1437 de 2011,
sería procedente dictar sentencia anticipada dentro de la referida causa. Por ende,
corrió traslado a las partes por el término de 10 días para que presentaran sus
alegaciones o se pronunciaran sobre la posible configuración de la excepción
alegada.
3.9.- Luego de presentados los alegatos de conclusión de las partes, el 9 de agosto
de 2022, el Tribunal Administrativo de Boyacá, dictó sentencia en la que declaró
probada la excepción de caducidad de la acción de controversias contractuales
incoada por el Consorcio Cigucon. Dicha decisión fue apelada por la parte
accionante el 29 de agosto de 2022 14 y el recurso fue concedido en el efecto
suspensivo mediante auto del 15 de septiembre de 2022, ordenándose la remisión
del expediente al Consejo de Estado, sin que a la fecha se haya proferido decisión
de segunda instancia.
3.10.- A su turno, se pudo verificar que en el proceso con radicado No. 15001-3333-
006-2019-00014-00, adelantado ante el Juzgado Sexto Administrativo de Oralidad
del Circuito de Tunja, se dictó sentencia de primera instancia el 22 de noviembre de
2021, en la que se declaró liquidado y terminado el Contrato de obra No. 007 de
2014 y, en consecuencia, se ordenó a la Empresa Departamental de Servicios
Públicos de Boyacá realizar el pago de $130.621.068.37 a favor del Consorcio
Cigucon. Igualmente, se ordenó al Consorcio contratista pagar la suma o autorizar
14 Escrito de apelación disponible en el aplicativo SAMAI.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
el descuento de $3.008.329 en favor de la Empresa contratante. La referida decisión
fue recurrida por la entidad pública condenada y el apoderado del Consorcio
Cigucon, oportunidad procesal en la que la aquí accionante mencionó lo referente a
la solicitud de acumulación de procesos presentada en el otro proceso.
3.11.- Los anteriores recursos de apelación fueron concedidos en el efecto
suspensivo ante el Tribunal Administrativo de Boyacá mediante auto del 28 de
febrero de 2022. Luego, el 7 de abril de 2022, el Despacho No. 1 15 del referido
Tribunal los admitió, sin que a la fecha se haya proferido decisión de fondo o se
hubiere dictado decisión alguna con respecto a la solicitud de acumulación procesal.
4.- La parte actora sostiene que el Despacho No. 316 del Tribunal Administrativo de
Boyacá vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, así como el principio de seguridad jurídica, al haber
incurrido en los defectos sustantivo por error grave en la interpretación de la norma
aplicada y procedimental por exceso ritual manifiesto, por las siguientes razones:
4.1.- En relación con el defecto sustantivo por error grave en la interpretación
de la norma aplicada, alegó que este se configuró al haberse impuesto un “requisito
adicional” a los que se establecen en el Código General del Proceso para que se
declarara procedente la solicitud de acumulación de procesos. Al respecto, aseveró
que, en el artículo 148 de ese estatuto procesal, se determinó por parte del legislador
que, para que se dicte la acumulación de procesos y demandas se aplicarán las
siguientes reglas:
<<1. Acumulación de procesos. De oficio o a petición de parte podrán acumularse dos (2) o
más procesos que se encuentren en la misma instancia, aúnque no se haya notificado el auto
admisorio de la demanda, siempre que deban tramitarse por el mismo procedimiento, en
cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda.
b) Cuando se trate de pretensiones conexas y las partes sean demandantes y demandados
recíprocos.
c) Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones de mérito propuestas se
fundamenten en los mismos hechos.
2. Acumulación de demandas. Aún antes de haber sido notificado el auto admisorio de la
demanda, podrán formularse nuevas demandas declarativas en los mismos eventos en que
hubiese sido procedente la acumulación de pretensiones.
3. Disposiciones comunes. Las acumulaciones en los procesos declarativos procederán
hasta antes de señalarse fecha y hora para la audiencia inicial. Si en alguno de los
procesos ya se hubiere notificado al demandado el auto admisorio de la demanda, al
decretarse la acumulación de procesos se dispondrá la notificación por estado del auto
admisorio que estuviere pendiente de notificación. (…)>>.
15 M.P. José Ascención Fernández Osorio.
16 Conformada por los Magistrados Fabio Iván Afanador García (ponente), Luis Ernesto Arciniegas Triana y
Dayán Alberto Blanco Leguízamo,
6
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Así, resaltó que, según el numeral 3° del artículo 148 en cita, es requisito “de
temporalidad” para acceder a la solicitud de acumulación de expedientes,
únicamente presentar la respectiva petición antes de señalarse fecha y hora para la
audiencia inicial. No obstante, sostuvo que el Tribunal accionado, erróneamente
interpretó que, según lo dispuesto en este numeral, “por el solo hecho de radicar la
petición antes de dicha etapa, no implica que haya lugar a acceder a la misma., así
se cumplan con los requisitos generales de procedencia. Es decir impone un
requisito adicional al que trae los artículos 148 y 149 del del Código General del
Proceso, tal vez, en cuanto al estudio de forma y de fondo de la solicitud de
acumulación, más halla (sic) del requisito de la temporalidad, y que por demás, no
lo trae el código general del proceso. (Se hace alusión al requisito de la
temporalidad, como quiera que, el fundamento en que se basa el despacho para
negar la acumulación, tiene que ver con el hecho que el Juzgado Sexto
administrativo se abstuvo de llevar a cabo audiencia inicial); y con el agravante que
ni siquiera se detiene a estudiar si para el caso en comento, se cumplen con los
requisitos diferentes al de la temporalidad, como lo es con la competencia del juez,
en cuanto a las pretensiones invocadas, en cuanto a que Id Documento:
11001031500020220396100005025010001 se tratan de las mismas partes; como
para proceder a negar como lo hizo la acumulación solicitada”17.
4.2.- Sobre el defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, arguyó que
este se generó por la “renuncia consiente (sic)” por parte del Tribunal demandado,
sobre “la verdad jurídica entre los hechos y las normas”, pues este sabía que con la
demanda instaurada se había radicado la solicitud de acumulación respectiva, e
igualmente tenía conocimiento de que, en otro despacho judicial, cursaba una acción
contractual tendiente a obtener la liquidación judicial del contrato de obra No. 007
de 2014 y, no obstante ello, “guardó absoluto silencio, inclusive con la decisión de
no acumular, [e ignoró] por completo las reglas que regulan la solicitud de
acumulación y [en] especial [las] de la competencia, como quiera que, a pesar de
reconocer que le corresponde asumir el conocimiento de dicho asunto, no lo hace,
con fundamento en no entorpecer el trámite del otro proceso judicial”18.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
5.- Mediante auto de 30 de agosto de 2022, el Despacho admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la autoridad judicial demandada y vincular al Departamento de
Boyacá y a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A., como
terceros interesados en el proceso.
17 Expediente digital, folio 6 del escrito de tutela.
18 Ídem.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
5.1.- También se requirió al Tribunal Administrativo de Boyacá para que remitiera, en
calidad de préstamo, el expediente identificado con el radicado número 15001-23-
33-000-2019-00220-00.
(i) Tribunal Administrativo de Boyacá19
6.- El Magistrado ponente de los autos demandados solicitó declarar improcedente
el amparo deprecado, al considerar que no se acreditó la causal genérica de
procedibilidad de la acción de tutela referente a que “si se trata de una irregularidad
procesal, que la misma sea decisiva en el proceso”, pues el accionante no expuso
las razones por las cuales la negativa de acumulación de procesos podría interferir
de manera decisiva en lo que se resuelva en el proceso de controversias
contractuales o podría generar sentencia inhibitoria. Sobre el particular, manifestó
que, tanto el Juzgado Sexto Administrativo como el Tribunal, ya emitieron sentencia
de primera instancia y ambas fueron apeladas por el accionante.
6.1.- Seguidamente, indicó que tampoco se acreditó por el demandante la
configuración de las causales de procedibilidad específicas alegadas. En lo referente
al defecto sustantivo, advirtió la falta de carga argumentativa de dicho cargo, pues la
decisión de no acumular los procesos ordinarios se fundamentó en: (i) la correcta
aplicación del artículo 148 del CGP; (ii) la realidad de los trámites procesales “en las
causas objeto de acumulación”; así como (iii) en una interpretación armónica de la
referida norma con lo dispuesto en la Ley 2080 de 2021 sobre el procedimiento de
sentencia anticipada. Con todo, precisó que, los tiempos de respuesta por parte de
la administración de justicia impiden, en la mayoría de los casos, absolver las
peticiones de manera inmediata como lo pretendió el accionante en el caso concreto.
6.2.- Sobre el defecto procedimental aseveró que, pese a la “eventual demora” con
la que se decidió la petición de acumulación, la misma se adoptó conforme al
procedimiento vigente, y reiteró que la negativa de acumular los expedientes se basó
en su falta de procedencia al momento de su estudio y decreto.
6.3.- A continuación, precisó que, a pesar de que la petición de acumulación no se
tramitó desde su presentación inicial en el año 2019, en las providencias
demandadas se explicaron al accionante las razones de la tardanza, en adición a
que, debe tenerse en cuenta lo siguiente: (i) los términos procesales se suspendieron
entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020; (ii) durante el año 2020, el Tribunal dio
prelación al trámite de más de 350 procesos de control inmediato de legalidad (según
estadística oficialmente reportada en el SIERJU) de los actos generales que fueron
dictados como desarrollo de los Decretos Legislativos expedidos durante los estados
19 Intervención contenida en 6 folios. Por demás, se precisa que el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante
correo electrónico del 5 de septiembre de 2022, remitió copia digital del expediente identificado con el rad. 15001-
23-33-000-2019-00220-00.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de emergencia económica declarados por el Gobierno Nacional para atender la
pandemia del COVID-19; (iii) en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo No.
PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020, se previó la tarea de diseñar y operativizar
un plan de digitalización de expedientes, la cual abarcó para dicha Corporación
judicial “gran parte del segundo semestre de 2020 y primero de 2021”; y (iv) se
respetó el turno y la prelación para la evacuación de procesos judiciales,
privilegiándose la decisión de las acciones constitucionales, luego los procesos
escriturales que iniciaron con anterioridad al 2 de julio de 2012 y a los establecidos
en la Ley 1437 de 2011, siguiendo en turno los procesos iniciados contra actos
administrativos proferidos en el procedimiento de cobro coactivo.
(ii) Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P.20
7.- El Gerente de la empresa pidió declarar la improcedencia de la acción de tutela
y, en todo caso, solicitó la desvinculación de aquella respecto del presente trámite,
al no tener responsabilidad alguna en el actuar del Tribunal Administrativo de
Boyacá. Así, adujo que, con la interposición de la presente acción constitucional, el
demandante incurre en un evidente “abuso del derecho” pues intenta “de forma
desesperada… revivir términos a un proceso que al momento de su presentación
estaba fuera de los tiempos del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, es decir un
medio de control CADUCADO”.
7.1.- Sobre el particular, mencionó que estaba probado en el proceso que dentro del
Contrato de Obra No. 007 de 2014, se pactó un término de seis meses para realizar
la liquidación bilateral de dicho acuerdo contractual e, igualmente, se tendrían dos
meses adicionales para hacerlo unilateralmente. Agregó que, en todo caso,
finalizado este término, se empezarían a contar los dos años para presentar la
liquidación judicial, “es decir, un tiempo total convencional de 32 meses”. Con todo,
mencionó que, el vencimiento del plazo de ejecución del contrato de obra fue hasta
el 31 de abril de 2016 y el término convencional máximo para liquidar dicho acuerdo
de voluntades iba hasta el 31 de diciembre de 2018. Seguidamente, refirió que el
consorcio accionante presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría General
de la Nación el 21 de diciembre de 2018, por lo que se suspendió el término de
caducidad faltando 10 días para completarse, y posteriormente, el 19 de febrero de
2019 se celebró audiencia en la que se declaró fallida la conciliación entre las partes,
por lo que al día siguiente se reactivó el conteo del término de caducidad, siendo el
12 de marzo de 2019 el último día en que la parte actora pudo haber demandado
ante la jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo, la respectiva demanda
se presentó hasta el 24 de abril de 2019, es decir, pasado un mes y 23 días del
término de caducidad de la acción. En cualquier caso, sostuvo que la acción de tutela
es improcedente, al no configurarse los defectos endilgados al fallador de instancia.
20 Intervención contenida en 9 folios.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(iii) Departamento de Boyacá
8.- El Departamento de Boyacá guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
9.- La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por el apoderado
de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., al
advertirse que aquella entidad fungió como parte demandada en el proceso de
controversias contractuales iniciado por el Consorcio demandante, teniendo claro
interés en las resultas del proceso y pudiendo verse afectada por la decisión que se
adopte por el juez constitucional. En esa medida, se considera que la Empresa
Departamental no carece de legitimación por pasiva.
D. De la acción de tutela contra providencias judiciales
10.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales21.
10.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un
instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior22.
10.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos
generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son los siguientes23:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
• Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No.
11001-03-15-000-2009-01328-01.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
• Que se cumpla el requisito de inmediatez.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,
• Que no se trate de sentencias de tutela.
10.3.- Interesa destacar que la relevancia constitucional, supone la presentación de
un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien
es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en
el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no
puedan relacionarse con un derecho constitucional24. En tal virtud, no basta con que
el actor afirme que una determinada providencia judicial transgrede derechos
fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar
una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del
juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos
fundamentales invocados.
10.4.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional25 y, en ese sentido, evitar
que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 26 ; (ii)
restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada
relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales27; e (iii)
24 Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional.
25 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este
sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez
constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no
puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en
su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación
judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia”.
26 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la
constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones
o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la
definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos
fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la
jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-
896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-
182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional.
27 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de
una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental
del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o
suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades
jurisdiccionales28.
10.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales29: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.
10.6.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia
suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al
abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia
judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de
esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la
interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del
caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras
autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y
excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites
judiciales”30.
10.7.- Precisado lo anterior, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento
estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese
examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, los cuales deben ser adecuadamente formulados por el
interesado31.
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales
de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite
la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales
a los distintos ámbitos del derecho”.
28 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina
la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de
2006 de la Corte Constitucional.
29 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender
situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un
desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal
específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.
30 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.
31 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre
de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-
02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de
12
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
E. Análisis del caso concreto
11.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar si las
circunstancias que se alegan en la presente causa acreditan los requisitos de
procedencia de la tutela contra providencia judicial; particularmente, si cumple el
requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a
abordar el estudio de los demás criterios con el propósito de establecer si el Tribunal
Administrativo de Boyacá incurrió en los defectos o yerros invocados por el
accionante y si se justifica la adopción de medidas de protección frente a los mismos.
F. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
12.- Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional es necesario entrar a examinar dos elementos, a saber32:
• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal vulneración
ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con
suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela,
de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por mandato
constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de administrar
justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe
permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone
aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.
• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión
del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la determinación
contenida en la sentencia no se ve favorecido, pues sin lugar a dudas de lo que se
trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.
noviembre de 2016, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y
SU-490 de 2016.
32 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
13
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
13.- Revisado el escrito de tutela, las pruebas obrantes en el expediente y los autos
objeto de demanda, la Sala advierte que el defecto sustantivo por error grave en la
interpretación de la norma aplicada alegado por el Consorcio accionante en contra
de la decisión de no acumulación de procesos proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, tiene como finalidad reabrir el debate judicial que se surtió ante el juez
natural del proceso. Así mismo, que dicho reproche y el de la configuración de un
defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, carecen de carga
argumentativa, pues, al describirlos, la parte actora no expone de manera clara
cuáles son los elementos que dieron lugar a su configuración o simplemente busca
controvertir la interpretación normativa que efectuó el Tribunal, cuestión que no se
enmarca dentro de las causales específicas de procedibilidad previstas para las
acciones de tutela contra providencias judiciales.
14.- De acuerdo con lo expuesto en el escrito de tutela, al proferirse los autos de 13
de octubre de 2021 y 19 de enero de 2022, absteniéndose de acumular los procesos
con radicados No. 15001-33-33-006-2019-00014-00 y 15001-23-33-000-2019-
00220-00, el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en un defecto sustantivo por
error grave en la interpretación de la norma aplicada, específicamente, de lo
dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del CGP, norma que, a juicio del actor,
permite inferir que si la solicitud de acumulación de procesos se presentó
debidamente antes de que se fije fecha y hora para celebrarse audiencia inicial y la
misma cumple con los requisitos sustanciales exigidos para dicho fin, debe
procederse con la acumulación de los expedientes.
No obstante, el Tribunal accionado, erróneamente y creando un nuevo requisito no
contemplado por el legislador, consideró que la citada norma prevé que solo hasta
antes de señalarse fecha y hora para la audiencia inicial, el juez podría acceder a
acumular los procesos y en este caso, si bien la parte actora había elevado dicha
petición antes de que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Tunja hubiera
determinado no celebrar audiencia inicial y dictar sentencia anticipada, lo cierto es
que, al momento de decidir sobre la acumulación de procesos, ya se había tomado
esa decisión al interior del proceso iniciado por la empresa departamental
contratante, por lo que la solicitud de acumulación se tornaba improcedente.
14.1.- Pues bien, al revisar el recurso de reposición interpuesto por el Consorcio
Cigucon contra el Auto de 13 de octubre de 2021, se advierte que la argumentación
esgrimida en el escrito de tutela para sustentar el defecto sustantivo previamente
descrito, referente a la oportunidad de presentar la solicitud de acumulación y su
consecuente procedencia, ya fue alegada ante el Tribunal Administrativo de Boyacá,
en los siguientes términos:
14
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Argumentos aducidos en el recurso de Justificación del defecto sustantivo en el
reposición contra el auto de 13 de octubre escrito de tutela presentado el 19 de julio de
de 2021 2022
“(…) La acumulación de procesos se encuentra “El despacho No 03 del TRIBUNAL
regulada en los artículos 148 del Código ADMINISTRATIVO DE BOYACA cometió
General del Proceso (CGP)… defecto sustantivo por error grave en la
Para el efecto, deberán cumplirse los siguientes interpretación de la norma aplicada, CUANDO
requisitos: (…) INTERPRETA LA NORMA, IMPONIENDO
• Que la solicitud de acumulación se realice UNOS REQUISITOS ADICIONALES A LOS
hasta antes de señalarse fecha y hora para la QUE PREVEE, esto es, la procedencia de la
audiencia inicial ACUMULACION DE PROCESOS; ya que
(…) mientras el Código General del Proceso,
dispone que la acumulación PROCEDERÁ: a)
De otro lado, vale la pena precisar que el Cuando las pretensiones formuladas habrían
CONSORCIO CIGUCON por conducto de podido acumularse en la misma demanda. b)
apoderado, al momento de radicar la demanda, Cuando se trate de pretensiones conexas y las
solicito mediante escrito separado la partes sean demandantes y demandados
ACUMULACION DE PROCESOS, recíprocos. c) Cuando el demandado sea el
anunciándole al despacho que la entidad mismo y las excepciones de mérito propuestas
demandada había instaurado demanda se fundamenten en los mismos hechos. Y como
contractual a efectos de obtener la liquidación requisito de tiempo dispone que debe
del mencionado contrato. hacerse hasta antes de señalarse fecha y
hora para la audiencia inicial, sin otro
Dicho escrito, fue sacado del expediente, no requisito mas que el de la temporalidad, es
obstante haber sido radicado, conforme al acta decir, el que se solicite antes de fijarse la
de individual de reparto, donde se puede fecha y hora de la audiencia inicial, el
constatar que el suscrito radicó la demanda despacho accionado interpreta, que por el
contractual y sus anexos en 124 folios, mientras solo hecho de radicar la petición, antes de
que el expediente en su momento contaba con dicha etapa, no implica que haya lugar a
121 folios. (…) Esta situación fue puesta en acceder a la misma, así se cumplan con lo
conocimiento del despacho mediante oficio de requisitos generales de procedencia.
fecha 21 de noviembre de 2019, y donde
además se le reitera la solicitud de acumulación Es decir se impone un requisito adicional al
de procesos, RADICANDO NUEVAMENTE LA que trae los artículos 148 y 149 del Código
SOLICITUD DE ACUMULACION DE General del Proceso, tal vez, en cuanto al
PROCESOS.
Ante el silencio del despacho, el estudio de forma y de fondo de la solicitud
suscrito mediante correo electrónico de fecha 19 de acumulación, mas halla del requisito de la
de marzo de 2021, solicita que se pronuncie temporalidad, y que por demás, no lo trae el
sobre la situación planteada… código general del proceso. (Se hace alusion
al requisito de la temporalidad, como quiera que,
Ahora bien, consideramos que la solicitud de el fundamento en que se basa el despacho para
acumulación de procesos, invocada por el negar la acumulación, tiene que ver con el
demandante reúne todos y cada uno de los hecho que el Juzgado Sexto administrativo se
requisitos exigidos por el código general del abstuvo de llevar a cabo audiencia inicial); y con
proceso, en cuanto a la competencia del el agravante que ni siquiera se detiene a
juez, en cuanto a las pretensiones estudiar si para el caso en comento, se cumplen
invocadas, en cuanto a que se tratan de las con los requisitos diferentes al de la
mismas partes y principalmente por cuanto, temporalidad, como lo es con la competencia del
se cumplió con el requisito de temporalidad, juez, en cuanto a las pretensiones invocadas, en
esto es , que se solicito, antes de fijarse la cuanto a que Id Documento:
audiencia inicial; ya que si se observa, es 11001031500020220396100005025010001 se
absolutamente claro, que el demandante no tratan de las mismas partes; como para
15
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
obstante, haber radicado con su demanda, la proceder a negar como lo hizo la acumulación
solicitud de acumulación, solicito solicitada. (…)
nuevamente la petición de acumulación, la
que en ningún momento fue resuelta por el Ya que mientras que el Código General del
despacho, muchísimo tiempo antes, de que Proceso dispone que la acumulación
el otro despacho judicial se abstuviese de PROCEDERÁ hasta antes de señalarse fecha
llevar a cabo la audiencia inicial, de manera y hora para la audiencia inicial, sin otro
que la consideración invocada por el requisito mas que el de la TEMPORALIDAD,
despacho judicial para abstenerse de es decir, el que se solicite, antes de fijarse la
ACUMULAR el proceso con otro que cursa fecha y hora de la audiencia inicial, el
en otro juzgado, en cuanto a que, si bien el despacho accionado interpreta, que por el
otro despacho se abstuvo de llevar a cabo la solo hecho de radicar la petición antes de
audiencia inicial y de llegar ser necesaria la dicha etapa, no implica que haya lugar a
celebración de la audiencia inicial dentro de acceder a la misma.
la presente causa y decretar la acumulación (…)
solicitada por el apoderado actor, daría lugar Adicionalmente, en el numeral 3 de la norma
al entorpecimiento del trámite procesal, toda en cita, en relación con la oportunidad, se
vez que, como se dijo, en el proceso 2019- indica que la acumulación procede hasta
00014-00 se impartió el trámite de sentencia antes de señalarse fecha y hora para la
anticipada”. audiencia inicial. Lo que significa que si es a
petición de parte deberá formularse antes de
ese momento procesal. Al haberse cumplido
todos los requisitos, entiende el
ACCIONANTE que la acumulación de
procesos es viable y procedente (…) de
manera que no se entiende como se niega la
solicitud de acumulación, endilgándole
responsabilidad directa al accionante, respecto
al hecho de que uno de los despachos, omitió
dar trámite a la solicitud de acumulación, y
respecto al hecho que el otro despacho judicial,
se abstuvo de llevar a cabo audiencia inicial”.
14.2.- Del anterior recuento, es claro para esta Sala que, en ambas oportunidades
procesales, el actor alegó que, al haberse interpuesto y reiterado la solicitud de
acumulación de procesos ante el Tribunal accionado, con anterioridad a que el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Tunja hubiese decidido no celebrar
audiencia inicial y dictar sentencia anticipada en la demanda ordinaria presentada
por la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, acorde con el
requisito de “temporalidad” establecido en el artículo 148 del CGP, numeral 3, debía
accederse a acumular los procesos de controversias contractuales iniciados por las
partes, al ser evidente el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la
referida norma.
14.3.- En efecto, mediante auto de 19 de enero de 2022, al resolverse el respectivo
recurso de reposición, en el recuento de los reproches que sustentan la
inconformidad del Consorcio accionante, se menciona lo referente al “requisito de
16
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
temporalidad”33 y, al respecto, el Tribunal demandado consideró que era pertinente
mantener la decisión referente a la no acumulación de procesos, dado que, para el
momento en que esta se decide de fondo, el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Tunja decidió dictar sentencia anticipada, aun cuando el Consorcio
demandante insistiere en que la acumulación era procedente en tanto, fue
presentada junto con la demanda y reiterada en petición posterior antes de que el
referido Juzgado fijara fecha de audiencia inicial. Sobre el particular, pasó a indicar
que, “por motivos que el Despacho desconoce y que le es imposible atribuir a algún
sujeto determinado, se observa que la petición de acumulación fue presentada con
la demanda. Sin embargo, el memorial reposa a folio 20 vto del expediente físico y
fue utilizado para adjuntar el CD que contiene el escrito de demanda. Razón por la
cual, se imposibilitó emitir pronunciamiento sobre el mismo al momento de admitir la
demanda. También se observa que, mediante escritos del 26 de noviembre de 2019
y 19 de marzo de 2021, el apoderado actor insistió en la acumulación de los
procesos”34.
14.4.- Con todo, indicó acertadamente que, contrario a lo sostenido por el recurrente,
en cuanto al “requisito que denominó ‘temporalidad”’, tal como se establece en el
numeral 3 del artículo 148 del CGP, lo que procede “hasta antes de señalarse fecha
y hora para la audiencia inicial” es propiamente la decisión de acumular dos o más
procesos, sin que ello implique que, por el solo hecho de radicar la petición antes de
dicha etapa procesal, haya lugar a acceder a la misma35.
14.5.- Finalmente, aseveró que si bien el Tribunal, según la regla de competencia
consignada en el artículo 149 del CGP, podría ser competente para conocer de las
dos causas por cuanto se trata de un juez de superior categoría, adujo que, decidir
acumular a esta causa el proceso No. 2019-00014-00 entorpecería el trámite
procesal de este último, en razón a que al momento de decidir la solicitud, aquel
proceso se encontraba en fase de alegatos de conclusión, mientras que en la causa
que era de conocimiento del Tribunal no se había decidido sobre la viabilidad o no
de fijar fecha de audiencia inicial.
33 Expediente digital, folios 1 y 2 del Auto de 19 de enero de 2022, disponible en el aplicativo SAMAI.
Al respecto,
el Tribunal resumió el cargo sobre temporalidad así: “Anotó que la acumulación es procedente porque reúne
los requisitos establecidos en el artículo 148 del CGP, especialmente el relativo a la “temporalidad”, por
cuanto se solicitó con antelación a que el Juzgado Sexto Administrativo se abstuviera de fijar fecha de
audiencia inicial, sin ser resuelta por este Despacho. No decretar la acumulación podría generar situaciones
contradictorias en los Despachos que conocen de los referidos asuntos. Destacó que no se vería entorpecido el
trámite porque aún no se ha convocado a audiencia inicial dentro del presente proceso y este Despacho sería el
competente para conocer la causa acumulada”.
34 Expediente digital, folio 3 del auto de 19 de enero de 2022, disponible en el aplicativo SAMAI.
35 Así, aclaró que, revisado el Sistema SAMAI, se pudo verificar que para el momento de decidir de fondo la
acumulación pretendida por la parte actora -Auto de 13 de octubre de 2021-, el proceso que cursaba en el
Juzgado Sexto Administrativo de Tunja ya había superado la fase equivalente a la audiencia inicial, toda vez que
se le impartió el trámite de sentencia anticipada, tal como consta en auto del 15 de marzo de 2021. Por ende,
reiteró que, devenía improcedente decretar la acumulación, “aún cuando en el sub examine no se [había]
convocado aún a audiencia inicial”.
17
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
15.- De lo anterior, se concluye que el cargo por defecto sustantivo carece de
relevancia constitucional, pues su argumentación fue puesta en conocimiento del
Tribunal accionado y sobre la misma, el juez natural de la causa efectuó el respectivo
análisis, respetando el sentido que atribuyó a la norma y así, se mantuvo en su
decisión de no acumular los expedientes señalados por la parte actora, sin que ello
involucre, per se, desconocimiento alguno a los derechos fundamentales invocados
en el escrito de tutela.
15.1.- En este punto, se considera importante indicar que, este cargo también
adolece de falta de carga argumentativa dado que, es evidente que lo pretendido por
la parte actora es cuestionar la interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo
de Boyacá sobre lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del CGP que, por
demás, no se advierte irracional o contraria a derecho, sino todo lo contrario,
respetuosa con el sentido literal de la norma. En efecto, el Consorcio Cigucon
defiende que, de la referida norma se puede concluir que, por el simple hecho de
haberse solicitado la acumulación de procesos antes de que en el otro proceso se
hubiere decidido dictar sentencia anticipada, la autoridad judicial accionada debía
acceder a dicha petición, toda vez que se cumplen los demás requisitos exigidos
legalmente para ello. No obstante, razonablemente el Tribunal accionado indicó en
los autos objeto de demanda que, acorde con la norma en cita, independientemente
de la fecha en que se presentó la solicitud para acumular los procesos que, por
demás, reconoce que se realizó al momento de formularse la demanda de
controversias contractuales y en dos ocasiones más, dicha petición ya no era
procedente al haberse decidido no celebrar dicha audiencia en el otro asunto por
parte del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Tunja.
15.2.- Es así como, no advierte esta Sala que realmente el Tribunal accionado haya
creado un requisito adicional a los dispuestos para la acumulación procesal en los
artículos 148 y 149 del CGP, así como tampoco haya interpretado erróneamente
dichas disposiciones. Además, se resalta que, si bien el demandante presentó la
solicitud de acumulación con la demanda y luego la reiteró el 26 de noviembre de
2019, solamente insistió sobre su petición hasta el 19 de marzo de 2021, esto es,
cuatro días después de que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Tunja
hubiere proferido el Auto del 15 de marzo de 2021 en el que determinó que, en la
demanda ordinaria presentada por la Empresa Departamental contratante, habría
lugar a dictarse sentencia anticipada y no se celebraría audiencia inicial. Por ende,
se considera que la acción de tutela también se usa por el actor para subsanar las
consecuencias adversas a su actuar poco diligente en ambos procesos sobre la
acumulación procesal pretendida.
15.3.- En este punto, es importante mencionar que, contra el auto de 15 de marzo
de 2021 proferido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Tunja, en el
que se dispuso la no realización de audiencia inicial en dicho proceso, la parte
18
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
accionante no presentó recurso alguno en el que alegara la posible acumulación de
procesos ante dicha instancia judicial, y tal como lo expuso el referido juzgado en el
fallo de primera instancia que profirió el 22 de noviembre de 2021, de forma
extemporánea y solo hasta los alegatos de conclusión, sin hacer una petición
concreta sobre el particular, la parte actora expuso al despacho la interposición de
otra demanda de controversias contractuales que podía ser acumulada36.
16.- Acorde con lo anteriormente expuesto, se hace notoria la falta de carga
argumentativa y relevancia constitucional del cargo por defecto sustantivo formulado
por el Consorcio accionante, al pretenderse reabrir el debate jurídico dado sobre la
acumulación de procesos ante el juez natural de la causa, aún cuando la parte fue
poco diligente en su insistencia, pues durante más de un año y 4 meses se mantuvo
inactiva sobre el particular, aún teniendo conocimiento del extravío de la solicitud
original y de la falta de pronunciamiento alguno por parte del Tribunal, a pesar de
que el otro proceso seguía en trámite y aún no se había determinado que se dictaría
sentencia anticipada.
16.1.- En este orden de ideas, la Sala encuentra que no hay lugar a predicar la
configuración del defecto sustantivo mencionado, no solo porque se dejó de lado la
presentación razonada de su configuración, sino también porque la argumentación
del Tribunal se presenta como razonable a la luz de la interpretación dada al artículo
148 del CGP; otra cosa, muy distinta, es que la parte accionante no comparta las
razones allí expuestas, pues le resultaron desfavorables a sus intereses,
circunstancia que ciertamente resulta improcedente para estructurar, a partir de ello,
como base para la intervención del juez constitucional.
16.2.- Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible
la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, cuando quiera
que estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una valoración
adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión
arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma precisa,
habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal.
17.- Ahora bien, la parte actora también afirmó que el Tribunal accionado incurrió en
defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, pues a pesar de saber
que cursaba otro proceso en el que se pretendía la liquidación del Contrato de Obra
No. 007 de 2014 y que la solicitud de acumulación de procesos se presentó al tiempo
con la demanda ordinaria, es decir antes de que el Juzgado Sexto Administrativo del
36 Expediente digital, folio 9 de la sentencia de 22 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Tunja, disponible en el aplicativo SAMAI al dentro del radicado No. 15001-3333-
006-2019-00014-00.
.
19
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Circuito de Tunja decidiera no celebrar audiencia inicial, guardó silencio
injustificadamente y después negó la acumulación pedida. Además, adujo que, a
pesar de reconocer que según el artículo 149 del CGP, en caso de haber ordenado
la acumulación de procesos era la instancia judicial competente para conocer ambos
procesos, se abstuvo de hacerlo.
17.1.- Respecto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se considera
importante mencionar que la Corte Constitucional ha señalado que este puede
entenderse, en términos generales, como el apego estricto a las reglas procesales
que obstaculizan la materialización de los derechos sustanciales, la búsqueda de la
verdad y la adopción de decisiones judiciales justas. En otras palabras, por la ciega
obediencia al derecho procesal, el funcionario judicial abandona su rol como garante
de la normatividad sustancial, para adoptar decisiones desproporcionadas y
manifiestamente incompatibles con el ordenamiento jurídico. Bajo este supuesto, la
validez de la decisión adoptada judicialmente no solo se determina por el
cumplimiento estricto de las reglas procesales, sino que además depende de la
protección de los derechos sustanciales. Por ello, ha sostenido la Corte, el sistema
procesal moderno no puede utilizarse como una razón válida para negar la
satisfacción de tales prerrogativas, en la medida que la existencia de las reglas
procesales se justifica a partir del contenido material que propenden 37.
17.2.- Pues bien, revisada la argumentación esgrimida por el Consorcio demandante
para justificar el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, la Sala constata
que, aquella va dirigida a cuestionar: (i) el conocimiento que tenía el Tribunal
demandado sobre la presentación de la acumulación procesal junto con la demanda
de controversias contractuales y el silencio deliberado que, para la parte actora,
guardó dicha instancia judicial al respecto; y que (ii) a pesar del reconocimiento que
hizo de su eventual competencia para conocer de ambos asuntos, acorde con lo
dispuesto en el artículo 149 del CGP, dado que tiene una mayor jerarquía que el
Juzgado Sexo Administrativo del Circuito de Tunja, no decretó la acumulación de los
expedientes.
17.3.- Sobre el particular, se advierte que, ninguno de dichos yerros va dirigido a
demostrar un apego excesivo por parte del operador judicial accionado a ciertas
reglas procesales ni a argumentar que con esta conducta se haya impedido acceder
a su petición, vulnerando sus derechos fundamentales. Al respecto, se considera
que la parte actora únicamente reiteró la poca diligencia con la que, en su sentir obró
el Tribunal accionado, sin señalar una verdadera deficiencia procesal de entidad
suficiente para que el juez de tutela haga pronunciamiento alguno.
17.4.- Al respecto, la Sala destaca que esta Corporación, al analizar las diferencias
que existen entre la acumulación de procesos y la acumulación de demandas, aclaró
37 Sentencia SU-061 de 2018.
20
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
que el CPACA no consagra expresamente estas figuras respecto de un proceso
ordinario en la jurisdicción contencioso administrativa. No obstante, el artículo 306
del mencionado estatuto procesal remite al Código de Procedimiento Civil (hoy
Código General del Proceso). De conformidad con esta remisión, ha considerado
que la acumulación procede cuando los procesos se encuentren en la misma
instancia, al paso que para la acumulación de demandas es necesario que aquellas
se hubiesen podido presentar como pretensiones acumuladas en un único proceso,
conforme al artículo 65 del CPACA, esto es, entre otros, que el juez sea el
competente para conocerlas de todas las pretensiones y no haya operado la
caducidad respecto de alguna petición38.
17.5.- En otras palabras, la parte promotora del recurso de amparo no cumplió con
el deber de indicar con rigor demostrativo el yerro o vicio que, en su sentir, se produjo
en la sentencia que reprocha, pues, en ninguno de sus argumentos logró demostrar
la ocurrencia del defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto para
habilitar la intervención excepcional del juez de tutela, limitándose a enunciar la
transgresión de sus derechos, haciendo aproximaciones generales sin sustentar
debidamente las razones por las cuales aquella se produce.
18.- Así las cosas, la acción de tutela que se examina no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional, por lo cual, esta Sala declarará improcedente
el amparo impetrado por el Consorcio Cigucon.
19.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. – NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación presentada por la
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado.
TERCERO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Auto 11001032500020130149100 (37902013), Mar. 1/16.
21
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03961-00
Accionante: Consorcio Cigucon
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE39
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
39 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
22
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.