Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03985-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03985-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03985-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
18 de agosto de 2022
Demandante: Fabio Enrique Lozano Velandia
Demandado: Consejo de Estado – Sala Doce Especial de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03985-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03985-00
Demandante: FABIO ENRIQUE LOZANO VELANDIA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SALA DOCE ESPECIAL DE
DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial, defectos fáctico, sustantivo y
procedimental. Niega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda presentada por el
señor Fabio Enrique Lozano Velandia contra el Consejo de Estado, Sala Doce
Especial de Decisión, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la
Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de demanda
1. Con escrito radicado el 19 de julio de 2022 en el correo electrónico
“tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co”, el señor Fabio Enrique Lozano Velandia,
actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sala Doce Especial de Decisión, con el fin de que le sean amparados sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la sentencia, proferida por la Sala Doce Especial de Decisión del
Consejo de Estado el 22 de noviembre de 2021, mediante la cual declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión1 interpuesto contra el fallo de
segunda instancia, dictado por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo
de Estado del 7 de octubre de 2010, en el que confirmó la decisión del Tribunal
Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de 11 de agosto de
2004, que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentado por el accionante contra el Instituto
Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, identificado con el radicado N.º 25000-
23-25-000-1997-04084-00/01.
1
El recurso extraordinario de revisión fue iniciado por la accionante e identificado con el radicado
N. º 11001-03-15-000-2016-03198-00.
1
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3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
“1. Revocar el fallo del recurso extraordinario de revisión
2. Concederme los derechos invocados en el texto de la tutela
3. Restituirme mis derechos conculcados desde el momento en que el I.D.R.D,
violento la ley que lo obligaba a incorporarme a la planta de personal de esa
institución y que se ha estado demostrando a lo largo del proceso.
4. Las demás que el señor juez estime pertinente.” (Sic a toda la cita)2
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El 25 de agosto de 19883 el señor Fabio Enrique Lozano Velandia fue
nombrado en el cargo de instructor de Esgrima, código 48-85, grado 8, dentro de
la Junta Administradora de Deportes de Bogotá.
5. Luego dicha junta fue absorbida por el Instituto Distrital para la Recreación
y el Deporte (en adelante IDRD) que mediante las Resoluciones N.º 1392 y 003 de
1997 y del Oficio Q1128 del 22 de enero del mismo año, declaró insubsistente al
señor Fabio Enrique Lozano Velandia.
6. El 23 de mayo de 1997 el accionante presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del IDRD de la cual tuvo conocimiento el
Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, autoridad
judicial que en providencia de 11 de agosto de 2004 negó las pretensiones de la
demanda por considerar que el cargo que ocupaba el actor no era de carrera
administrativa, y que no se demostró en el plenario que en la nueva planta de
personal creada en virtud del proceso de reestructuración de la entidad se hubiese
creado un empleo con su perfil profesional o funciones, como entrenador deportivo
de esgrima.
7. Inconforme con lo anterior, la parte demandante presentó recurso de
apelación, trámite de segunda instancia del cual tuvo conocimiento el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, que, por medio de la sentencia de 7 de
octubre de 2010 confirmó la decisión anterior, en tanto decidió que, contrario a lo
sostenido por el demandante, este no ostentaba derechos de carrera
administrativa pues, nunca superó satisfactoriamente un concurso de méritos.
8. El 21 de noviembre de 2012 la parte actora interpuso recurso extraordinario
de revisión en contra del fallo de segunda instancia para lo cual invocó como
fundamento la causal prevista en el numeral 1° del artículo 250 de la Ley 1437 de
2
Folio 17 de la demanda de tutela. Índice 2 del aplicativo SAMAI.
3
El actor dice que fue el 8 de septiembre de 1988 y que el juez se equivocó al poner 25 de agosto
de 1988.
2
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20114 relativa a las pruebas recobrados, y “subsidiariamente el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia de 1991, que se refiere a la (violación al debido
proceso), causal de revisión que ha sido establecida por la Corte Constitucional en
sentencias C-491 de 1995 y C-217 de 1996.”
9. De lo anterior, tuvo conocimiento la Sala Doce Especial de Decisión del
Consejo de Estado, que, por medio de la sentencia de 22 de noviembre de 2021
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión promovido en contra de la
sentencia del 7 de octubre de 2010, en tanto consideró que:
“En ese orden para la Sala es claro que la causal no tiene vocación de
prosperidad por cuanto no se trata de pruebas recobradas, es así que, incluso,
fueron valoradas de manera expresa en la sentencia objeto del recurso.
Y es que no podía ser de otra forma si se considera que, además, se trata de
los mismos actos administrativos demandados en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, de modo que no tiene sentido que el accionante
haya enjuiciado tales actos, los haya aportado con la demanda y en contra de
su proceder ahora pretenda hacer valerlos como supuestas pruebas
recuperadas.
En esa medida se observa, con meridiana claridad, que el interés del actor es
volver sobre el debate probatorio que tuvo lugar en el proceso ordinario en
aras de obtener un nuevo pronunciamiento como si se tratara de una tercera
instancia, lo cual no es legalmente procedente.” (Sic para toda la cita).
1.3. Fundamentos de la solicitud
10. La parte demandante aseguró que la autoridad judicial accionada vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. A pesar de que no
lo señaló de manera expresa, sus argumentos apuntan a cuestionar no solo la
sentencia de 22 de noviembre de 2021 dictada al interior del trámite del recurso
extraordinario de revisión, sino a su vez el fallo de segunda instancia, proferido por
la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado del 7 de octubre de
2010.
11. De igual manera, de sus alegaciones se puede inferir que las providencias
mencionadas incurrieron en los defectos sustantivo, fáctico y procedimental,
por las razones que se exponen a continuación:
12. En relación con el defecto sustantivo manifestó que la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado en la sentencia del 7 de octubre de 2010
no tuvo en cuenta lo previsto en la Ley 181 de 19955 y en los Acuerdos 4 de 19786
y 17 de 19967, pues indicó que el Acuerdo 4 de 1978 en su artículo 16 estableció
4
“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión: 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la
sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y
que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la
parte contraria. (…)”
5
Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento
del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte.
6
Por el cual se crea el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.
7
Por el cual se Incorpora la Junta Administradora Seccional de Deportes de Bogotá al Distrito
Capital.
3
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que los empleados y trabajadores que prestaban actualmente sus servicios en las
distintas entidades y dependencias que por dicha normativa se transfirieron al
IDRD iban a pasar a integrar su planta de personal, de conformidad con la
reglamentación que estableciera cada Junta Directiva, en las mismas condiciones
laborales de que gocen en la fecha en que entre a funcionar el mismo.
13. Igualmente, señaló que el artículo 86 de la Ley 181 de 1995 previó que las
personas vinculadas a las Juntas Administradoras Seccionales de Deportes que
se liquidaran serían nombradas o contratadas por los establecimientos públicos
departamentales o distritales a los cuales se hayan cedido los bienes, elementos o
instalaciones, sin perder la condición específica de su forma de vinculación y se
les aplicaría el régimen salarial o prestacional de que gozaban en la entidad
liquidada.
14. Adujo que el artículo 40 del mismo compendio normativo dispuso que se
iban a dar oportunidades laborales a los deportistas colombianos con
reconocimientos previamente avalados por Coldeportes, en campeonatos
nacionales, internacionales o mundiales de carácter oficial, en las modalidades de
oro, plata y bronce. Así mismo, que el artículo 44 estableció que la entidad
mencionada en coordinación con los entes deportivos departamentales y
municipales, adoptarían medidas para facilitar la plena integración social y
profesional de los deportistas de alto rendimiento durante su carrera deportiva y al
finalizar la misma.
15. Teniendo en cuenta la disposición mencionada, alegó que en ningún
momento se realizaron pruebas de selección y mucho menos hubo concursos
para provisión de puestos de trabajo de ingreso al IDRD debido al acuerdo de
incorporación número 17 de 1996, que si bien la entidad realizó concursos para
proveer cargos, cuando el actor se presentó en la convocatoria 3349-23, habían
trascurrido aproximadamente 7 meses desde su declaratoria de insubsistencia,
además fue para optar por un cargo de profesional especializado código 3010 –
grado 17 que hace parte de la subdirección de construcciones como arquitecto y
no en sustitución del cargo de entrenador.
16. Respecto al defecto fáctico adujó que, contrario a lo afirmado por la
autoridad judicial en la providencia de 22 de noviembre de 2021, que resolvió el
recurso extraordinario de revisión, contaba con pruebas adicionales a las
Resoluciones N.º 1392 y 003 de 1997 y el Oficio Q1128 del 22 de enero del mismo
año, pues aparte de estas, en el proceso ordinario, se realizó una amplia petición
de material probatorio que solo fue entregado hasta después de dictarse la
sentencia de segunda instancia.
17. Explicó que a pesar de que las pruebas solicitadas fueron decretadas, y se
realizaron varios requerimientos a la entidad para que aportara los documentos,
esta no cumplió la orden y aun así se profirió el fallo del 7 de octubre de 2010 que
puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que se
vulneró su debido proceso, pues la Ley 270 de 1996 establece que los jueces de
la república deben agotar todos los recursos y medios existentes en la obtención
4
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de las pruebas con el único objetivo de dictar sentencias lo más ajustadas a
derecho, lo cual no sucedió en el caso objeto de censura.
18. Adicionó que el magistrado ponente de la Sala Doce Especial de Decisión
del Consejo de Estado en el trámite del recurso extraordinario de revisión decretó
las pruebas solicitadas pues señaló “Tener como pruebas documentales aquellas
aportadas en la demanda, las cuales obran en los folios 1-77 y 132-133 del cuaderno
principal y a las que se les dará el valor probatorio que les corresponda, de conformidad
con el artículo 246 del Código General del Proceso y el proceso con radicado No. 25000-
23-25-000-1997-04084-01 número interno 2120-2005, el cual fue fallado en primera
instancia por el Tribunal Administrativo de San Andrés y Providencia (en Descongestión) y
en segunda por el Consejo de Estado”, sin embargo, no las tuvo en cuenta.
19. En cuanto al defecto procedimental alegado el actor refirió que en el
trámite del recurso extraordinario de revisión la autoridad judicial accionada corrió
traslado a las partes para que se pronunciaran sobre las pruebas decretadas y
estableció que él guardo silencio, lo cual no es cierto, pues el 12 de diciembre del
2019, recibió vía correo electrónico la notificación y tenía hasta el 13 de enero del
2020, para radicar el memorial en el trámite del recurso extraordinario de revisión
en los términos requeridos, el cual fue allegado en tiempo.
20. Sin embargo, la sentencia cuestionada indicó “Cabe aclarar que el 13 de enero
de 2020 el recurrente presento un memorial con el fin de “hacer algunas aclaraciones o
adiciones respecto del recurso extraordinario de revisión” en el que sumo argumentos
nuevos incluso menciono otras pruebas, pero, desde ya advierte la sala que no se
pronunciara sobre aquel porque hacerlo implicaría desconocer los derechos al debido
proceso y defensa de la demandada, toda vez que el escrito fue presentado por fuera de
término y la entidad no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre ello.”
21. Finalmente, concluyó que durante el proceso se han trasgredido sus
derechos, ya que, si se hubiera revisado y confrontado la totalidad de las pruebas,
estas hubieran demostrado la vulneración de su derecho a la igualdad directa o
indirecta y los atropellos cometidos por el IDRD.
1.4. Trámite de la acción de tutela
22. Mediante providencia de 24 de mayo de 20228, se admitió la acción de
tutela y se dispuso su notificación9 a la parte actora, así como a los magistrados
de Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado como autoridad judicial
accionada.
23. Así mismo, ordenó la vinculación en calidad de terceros con interés, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, a la
Junta Administradora Seccional de Deportes del Distrito absorbida por el Instituto
Distrital de Recreación y Deporte, a la Sección Segunda, Subsección “A” del
Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, que conformaron el extremo pasivo y las autoridades judiciales de
primera y segunda instancia, que resolvieron el medio de control de nulidad y
8
Índice 10 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.
9
Actuación realizada el 1 de agosto de 2022.
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restablecimiento del derecho, identificado con radicado N.º 25000-23-25-000-
1997-04084-00/01.
1.5. Intervenciones
24. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente 10, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
25. Con escrito remitido el 2 de agosto de 2022 al buzón web de la Secretaría
General de la Corporación, el magistrado que sucedió al ponente de la decisión
censurada solicitó declarar improcedente la acción de tutela presentada frete a la
sentencia de 7 de octubre de 2010 por no cumplir con el requisito de la
inmediatez.
26. Sin embargo, señaló que la Subsección estableció en dicha providencia con
claridad que el señor Fabio Enrique Lozano Velandia no ostentaba derechos de
carrera administrativa ya que nunca superó satisfactoriamente un concurso de
méritos. Además, se hizo énfasis en que, si bien con la nueva planta de personal
debía darse preferencia a los trabajadores que hasta ese momento habían estado
vinculados a la Junta Administradora de Deportes de Bogotá, las nuevas
designaciones o nombramientos debían atender a los requerimientos de la planta
recién creada y los derechos de prelación de los empleados pertenecientes al
sistema de carrera administrativa.
27. Indicó, que cuando una providencia judicial se fundamenta en un
determinado criterio jurídico y en una razonable interpretación de las normas que
son aplicables al caso, no es plausible alegar la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, pues ello implicaría una intromisión arbitraria del juez
constitucional, que afecta de manera grave los principios constitucionales de
autonomía e independencia judicial.
1.5.2. Consejo de Estado - Sala Doce Especial de Decisión
28. Por medio de memorial presentado el 3 de agosto de 2022 al buzón web de
la Secretaría General de la Corporación, el magistrado ponente de la Sala Doce
de Decisión solicitó se declare improcedente el amparo pretendido o, de manera
subsidiaria, se nieguen las pretensiones toda vez que ninguno de los argumentos
de la parte actora tiene vocación de prosperidad.
29. Señaló que, contrario a lo manifestado por el actor, la Sala no tenía otra
opción que declarar infundado el recurso extraordinario de revisión porque no se
trataba de pruebas recobradas ni contaba con la entidad suficiente para cambiar el
sentido de la decisión en tanto que correspondían a los mismos actos
demandados.
10
De conformidad con las notificaciones obrantes en el expediente digital de la acción de tutela,
Índice 7, Oficio No. 81985, 81993, 81997, 81999, 82002 y 82004 del 1 de agosto de 2022.
6
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30. Sostuvo que el demandante busca obtener un nuevo pronunciamiento
sobre el mismo punto sin haber cumplido siquiera con la carga mínima
argumentativa que le asistía pues, no solo no identificó, explicó ni desarrolló
ningún defecto específico de tutela contra providencia judicial, sino que, se limitó a
reiterar que los jueces de instancia no advirtieron que las pruebas que estaban en
poder de la entidad sí respaldaban su tesis.
31. Adujo frente al argumento del accionante que se refiere a que la Sala
incurrió en una equivocación porque desconoció que él sí se manifestó durante el
término de traslado del auto de pruebas, que si bien el actor aportó un memorial el
13 de enero de 2020 y se pronunció en el término de traslado de las pruebas, lo
hizo para reformar la demanda con el objetivo de adicionar argumentos y sumar
como prueba recobrada un oficio que no incluyó en el libelo inicial, a pesar de que
la oportunidad para presentar el recurso o reformarlo ya había fenecido.
1.5.3. Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD
32. Por medio de escrito presentado electrónicamente el 3 de agosto de 2022, a
traves de apoderada judicial, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad
solicitó negar por improcedente la presente acción constitucional por cuanto el
accionante no demostró la ocurrencia de un defecto fáctico o sustantivo, además,
por no existir elementos jurídicos que puedan demostrar la violación de los
derechos fundamentales a los cuales hace referencia, y porque tampoco se
cumple el principio de la inmediatez.
33. Argumentó que el accionante ejerce la presente tutela, porque disiente del
juicio de valor de la autoridad judicial accionada y que devino en una providencia
contraria a sus intereses, por lo que sus reproches frente a la providencia atacada
recaen sobre un aspecto sustancial de fondo que ya fue evaluado en anteriores
instancias, por tanto, la acción constitucional no puede ser utilizada para revivir
términos ni volver a hondar sobre aspectos que ya fueron abordados.
34. De otra parte, en cuanto a la inmediatez, indicó que la acción constitucional
se ejerció de manera inoportuna, si se tiene en cuenta que la providencia
cuestionada fue proferida el 22 de noviembre de 2021, y la presente acción de
tutela se instauró aproximadamente seis meses después, período que, en
términos generales, se considera no razonable, según el precedente de la Corte
Constitucional que ha considerado como término razonable para tal efecto el de 3
meses.
35. Finalmente, alegó que en su caso se configuró la falta de legitimación en la
causa por pasiva ya que el IDRD no ha vulnerado algún derecho fundamental del
accionante, pues no profirió la sentencia objeto de inconformidad del tutelante ni
adelantó el proceso dentro del cual devino la misma.
1.5.4. Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
36. Mediante memorial radicado el 3 de agosto de 2022, la Secretaría General
informó que atendiendo a lo ordenado en los ordinales cuarto y quinto de la
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providencia de 28 de julio de 2022, auto admisorio de la demanda, y consultado el
archivo de la Corporación constató que conoció dicho proceso en desarrollo del
plan de descongestión dispuesto para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
del proceso con radicación 25000-23-25-000-1997-04084-01, profiriendo sentencia
de primera instancia el día 11 de agosto de 2004.
37. Por lo anterior, explicó que no puede allegar copia digitalizada del expediente
en mención, pues el mismo fue devuelto en físico el 13 de agosto de 2004 al
tribunal de origen (Tribunal Administrativo de Cundinamarca) el 13 de agosto de
2004.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
38. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada
por la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
39. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra la Sala Doce
Especial de Decisión y la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de
Estado, razón por la cual le corresponde a esta Corporación conocer como
máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
2.2. Cuestión previa
40. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD solicitó se le
desvinculara del presente trámite constitucional, al considerar que no vulneró los
derechos fundamentales del actor.
41. Al respecto, esta Sala de Decisión manifiesta que negará dicha petición,
teniendo en cuenta que su vinculación no se efectuó en calidad de demandado
sino de tercero con interés.
2.4. Problema jurídico
42. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentados,
los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
● ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
43. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
8
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● ¿La Sala Doce Especial de Decisión vulnero los derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad del accionante, por incurrir en los defectos
fáctico y procedimental, al proferir la sentencia de 22 de noviembre de
2021?
44. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; iii) generalidades de los defectos; iv) la prueba recobrada y v) el análisis
del caso concreto.
2.5. Razones jurídicas de la decisión
2.5.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
45. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
11
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y
la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 12 y declaró
su procedencia.13
46. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y
vi) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
47. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
48. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
11
Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:
Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
12
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
13
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
9
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2.5.2. Requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.2.1. Relevancia constitucional14
49. En el presente caso, la Sala entiende superado este requisito, por cuanto al
realizar el test de procedibilidad de la acción en relación con los supuestos fácticos
de la demanda y las pretensiones, se advierte que la parte actora solicita, la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de igualdad que
consideró vulnerados con la sentencia que declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión respecto del fallo de 7 de octubre de 2010 que negó sus
pretensiones en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para anular
los actos administrativos que lo declararon insubsistente, objeto del anterior
recurso.
50. Por lo anterior, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de
tal manera que al existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de
sus garantías ante el juez contencioso administrativo, natural de la causa
ordinaria, quien tenía la obligación de constituirse en garante de los derechos
fundamentales asumiendo el rol de juez de constitucionalidad y/o de
convencionalidad, puede comparecer al juez de tutela, quien deberá analizar el
caso a la luz de los postulados del Estado Social de Derecho.
51. Asimismo, se advierte que, a juicio del tutelante, se presenta un
quebrantamiento del núcleo esencial de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, debido a que el juez del recurso extraordinario de revisión
desconoció los argumentos elevados en torno a la configuración de la causal
alegada, esto es, el haberse recobrado pruebas que modifican el sentido de la
decisión recurrida.
52. Es importante resaltar que la Corte Constitucional 15 ha considerado que la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial debe ser compatible
con los principios de cosa juzgada, independencia y autonomía judicial y
seguridad jurídica, razón por la cual la cuestión que se discute debe ser de
evidente relevancia constitucional, como se evidencia en el caso concreto, de cara
al análisis de la vulneración alegada de los derechos al debido proceso y a la
igualdad.
53. La conclusión anterior deviene de la consideración de que el asunto es de
relevancia constitucional cuando resulta necesario verificar si subsiste la violación
o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el
14
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia del 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia del 20.02.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia del 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-
00; Sentencia del 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia del 06.02.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00;
Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia del 23.10.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia del 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-099 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Ver también la
sentencia SU-573 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido
10
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procedimiento judicial establecido por la ley para su protección.
2.5.2.2. Tutela contra tutela16
54. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto a este aspecto, toda
vez que, no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza,
pues las providencias cuestionadas, esto es el fallo de 22 de noviembre de 2021 y
la sentencia del 7 de octubre de 2010, fueron proferidas, respectivamente, dentro
del recurso extraordinario de revisión adelantado por la parte actora y el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por el señor Lozano
Velandia en contra el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD,
cuestionada en dicho recurso.17
2.5.2.3. Subsidiariedad18
55. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora
considera vulnerados, la Sala precisa que la sentencia de 22 de noviembre de
2021 fue dictada en el marco de un recurso extraordinario de revisión, sin que en
contra de tal decisión procedan recursos adicionales, poniendo así fin al trámite.
16
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia del 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-
000-2020-00014-00; Sentencia del 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-
000-2020-00400-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-
000-2020-00092-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-
15-000-2020-00179-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-
15-000-2020-00141-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2019-04788-01; Sentencia del 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00137-00; Sentencia del 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-
00; Sentencia del 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00;
Sentencia del 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05202-00.
17
En igual sentido, se encuentran las siguientes: Consejo de Estado, Sección Quinta: sentencia del
27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00014-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
sentencia del 27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00400-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00092-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00179-00, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00141-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04788-01, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00037-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05346-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05202-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
18
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia del 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia del 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00;
Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-
03-15-000-2019-05025-00; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00;
Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia del 13.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia del 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-
01.
11
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2.5.2.4. Inmediatez19
56. Frente a este requisito se ha insistido que la acción de tutela debe ejercerse
en un plazo razonable20, el cual requiere ser ponderado por el juez en cada caso,
pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente
y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y
efectivo21.
57. De acuerdo con lo anterior, esta Sección22 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la solicitud
de protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.
58. Al descender al caso concreto, la Sala advierte la necesidad de escindir el
estudio de este requisito, por cuanto, como se explicó en el acápite de
sustentación de vulneración, existen reparos dirigidos contra la decisión del 7 de
octubre de 2010 proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de
Estado por presuntamente incurrir en defecto sustantivo por no tener en cuenta lo
previsto en la Ley 181 de 199523 y en los Acuerdos 4 de 197824 y 17 de 199625, si
embargo los argumentos no se encuentran relacionados o concatenados con el
fallo del recurso extraordinario de revisión y los reparos que frente a este presenta
el actor.
69. Así, en lo que se relaciona con la decisión de 7 de octubre de 2010 a través
de la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A puso fin al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, tal decisión fue notificada por
edicto, el cual se desfijó el 17 de noviembre de 2010 y quedó ejecutoriada el 22 de
noviembre de esa misma anualidad, por lo que desde el día siguiente inició el
cómputo del plazo razonable con el que contaba para ejercer la acción
constitucional, no obstante, entre esta fecha y la de presentación del asunto de la
referencia (19 de julio de 2022) transcurrieron más de 12 años, sin que se advierta
alguna razón válida para flexibilizar esta exigencia.
19
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia del 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia del 30.01.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00;
Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia del 06.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00;
Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia del 13.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia del 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-
01.
20
Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
21
Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011.
22
Ver, entre otras, Sentencias de 09.06.22. Rad 11001-03-15-000-2022-02627-00, M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil; 02.06.22. Rad 11001-03-15-000-2022-02209-00, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio; 26.05.22. Rad. 11001-03-15-000-2022-01403-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra y;
05.05.22. Rad. 11001-03-15-000-2022-01942-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
23
Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el
aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte.
24
Por el cual se crea el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.
25
Por el cual se Incorpora la Junta Administradora Seccional de Deportes de Bogotá al Distrito
Capital.
12
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59. Respecto a los defectos fáctico y procedimental relacionados con las
pruebas adicionales y a la amplia petición de material probatorio que se realizó en
el trámite del recurso extraordinario de revisión, que solo fue entregado hasta
después de dictarse la sentencia, como sobre sobre el hecho de que guardo
silencio frente al auto que decreto las pruebas, se acata el requisito de inmediatez.
60. Lo anterior, por cuanto la providencia cuestionada por la parte actora es la
proferida por el Consejo de Estado, Sala Doce de Decisión el 22 de noviembre de
2021, la cual fue notificada el 21 de enero de 2022 a las partes e intervinientes por
medios electrónicos, por lo que cobró ejecutoria el 28 del mismo mes y año.
61. Por su parte, el escrito de tutela se radicó el 19 de julio de 2022, de tal
manera que se presentó en un plazo inferior a seis (6) meses, el cual se considera
razonable de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la posición
unificada del Consejo de Estado.
62. En este punto, resulta importante poner de presente que la Corte
Constitucional en la sentencia SU-050 de 2017, en relación con la verificación del
requisito de inmediatez cuando se han presentado recursos extraordinarios,
manifestó:
“Observa la Corte, que el presente caso supera el examen del requisito de
inmediatez, pues el tiempo comprendido entre el momento en que se agotaron
todos los recursos de defensa judicial ordinarios y extraordinarios dispuestos en el
ordenamiento jurídico para controvertir la sentencia proferida por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado y la radicación de la tutela, resulta
razonable.
Lo anterior, en consideración a que se constató que tan solo trascurrió un mes y
veinte días entre la notificación de la providencia que resolvió el recurso
extraordinario de súplica interpuesto por la señora Castiblanco Arévalo contra la
sentencia del 17 de septiembre de 2015 proferida por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado -14 de julio de 2015 - y el radicación de la
acción de tutela -3 de septiembre de 2015.
Admitir el argumento expuesto por las secciones Cuarta y Quinta del Consejo de
Estado para establecer que este caso no cumple con el requisito de inmediatez en
el sentido que para analizar este presupuesto no puede tomarse como referencia la
fecha en que se resolvió el recurso extraordinario de súplica, conllevaría a
desconocer el requisito de subsidiaridad que exige el agotamiento de todos los
recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada.
Lo anterior, equivaldría a aceptar que la señora Castiblanco Arévalo tenía la
posibilidad de promover este mecanismo constitucional sin que el Consejo de
Estado hubiese resuelto el recurso extraordinario de súplica formulado el 24 de
mayo de 2004. Esta posición, contradice el carácter residual y subsidiario de la
acción de tutela, desconoce la competencia del Consejo de Estado para resolver la
controversia originada entre la actora y la Universidad de Cundinamarca y podría
generar un paralelismo de decisiones respecto de una misma problemática.”26
26
Corte Constitucional, Sentencia SU-050 del 2.02.2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
13
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2.6. El derecho al debido proceso de cara al recurso extraordinario de
revisión
63. El recurso extraordinario de revisión27, regulado en los artículos 248 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, es un medio de impugnación excepcional
que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas
ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas por incurrir en alguna
de las causales que taxativamente consagra la ley.
64. De acuerdo con el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 el recurso
extraordinario de revisión28 procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas
por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces
administrativos y, debe interponerse mediante demanda que debe reunir los
requisitos prescritos por el artículo 162 de ese mismo Estatuto Procesal, con
indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompañada de los
documentos necesarios y las pruebas documentales que el recurrente tenga en su
poder y pretenda hacer valer (artículo 252).
65. Como lo sostuvo la Sala Plena en anterior oportunidad, “la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión pretende conciliar nociones esenciales del ordenamiento legal, como lo son
la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, o la
cosa juzgada material y el principio de restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la
vigencia de un orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política”29. Y,
precisamente, bajo ese entendimiento, en esa misma oportunidad sostuvo que “el
recurso extraordinario de revisión conlleva una limitación a la seguridad jurídica que representan las
sentencias ejecutoriadas, constituye un medio excepcional de impugnación, que permite cuestionar
una sentencia que está amparada por el principio de cosa juzgada material”.
66. A su turno, en el mismo sentido la Corte Constitucional entiende que el
recurso extraordinario de revisión permite el ejercicio de una verdadera acción contra
decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material del caso concreto 30. Por
ello, dice la Corte, “[e]l recurso de revisión ha sido establecido para respetar la firmeza de los
fallos, con miras a preservar la certeza y obligatoriedad incondicional que acompaña a las decisiones
de los jueces, sin perjuicio de la necesidad de hacer imperar en ellos los dictados constitucionales y
los imperativos legales, artículos 2°, 29 y 230 C.P.”31.
27
Sobre el recurso extraordinario de revisión pueden consultarse entre otras, las providencias de:
(i) 3 de noviembre de 2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18. Magistrado
Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-03284-00; (ii) 7 de abril de
2015 Sala Especial de Decisión No. 27. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro Rad. No.
11001-03-15-000-2013-00577-00 y; (iii) 3 de noviembre de 2015, Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión No. 18. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-
15-000-2014-01918-00.
28
Ver al respecto la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, del 12 de septiembre
de 2019. M.P. Luís Alberto Álvarez Parra. Rad. 11001-03-15-000-2019-03291-01, sentencia del 14
de febrero de 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2018-04760-00, sentencia
del 12 de diciembre de 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2019-03853-01.
29
Sentencia del 12 de julio de 2005, expediente REV-00143, reiterada en sentencia del 18 de
octubre de 2005, expediente REV-00226.
30
Sentencia C-418 de 1994.
31
Sentencia T-966 de 2005.
14
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67. Este mecanismo excepcional de impugnación materializa la garantía del
debido proceso ante la configuración de causales específicas que permiten
levantar el sello de la cosa juzgada en las decisiones revisadas y que, por ende,
se encuentra ligada al acceso a la administración de justicia.
68. Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una
interpretación armónica de los artículos 229 de la Constitución 32, del derecho
fundamental al debido proceso33 y de los principios de la Carta Política, se ha
otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de
justicia34.
69. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía “no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los
jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los
asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados judiciales,
serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia
probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos
materia de su decisión”35.
70. Ahora, para el caso concreto, resulta relevante la causal primera de
revisión, por ser esta la alegada en el recurso extraordinario que es objeto de esta
tutela.
71. El numeral 1º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 consagra como
causal de revisión “Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y
que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria.”
72. De la redacción de la norma es posible dilucidar los ingredientes normativos
y las exigencias que deben concurrir para encontrar acreditada la causal objeto de
análisis, la cual, por un lado, hace relación únicamente a la prueba documental
preexistente a la sentencia objeto de revisión, por lo que, por regla general, no se
ha admitido la configuración de dicha causal cuando se trata de otro tipo de
pruebas (como testimonios, experticias, informes técnicos o exámenes médicos
especializados), tampoco cuando ésta es producida u obtenida de manera
posterior a la sentencia que se revisa.36
32
“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado.”
33
“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de
oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”.
34
Sentencia T-006 de 1992.
35
Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 26.03.2015, M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez
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73. La causal requiere la comprobación de los siguientes requisitos:
i) La prueba debe ser documental, lo cual se deduce del aparte del precepto que
textualmente establece “documentos decisivos”.
ii) La prueba documental se debe haber recobrado con posterioridad a la sentencia
objeto de revisión, lo cual se ha interpretado por esta Corporación señalando que, al
emplear la norma el verbo ‘recobrar’ quiere decir que el medio de convicción existía
pero que no fue posible aportarlo oportunamente al proceso 37. Por ello, son
inadmisibles en este recurso extraordinario documentos creados con posterioridad
al fallo, como tampoco es válido edificar la causal con aquellos que, aun siendo
anteriores pudieron haber sido aportados o solicitados en las oportunidades
procesales correspondientes, toda vez que este medio de impugnación no puede
aprovecharse para subsanar errores o actitudes negligentes de las partes respecto
a la carga probatoria.38
iii) Las razones para no aportar la prueba documental durante el proceso son
expresamente consagradas por el precepto, esto es, fuerza mayor, caso fortuito u
obra de la parte contraria y deben acreditarse en el recurso.
iv) La prueba documental debe ser de tal entidad que pueda sustentar una decisión
distinta a la impugnada, esto debe incidir directamente en el sentido de la decisión.
2.7. El caso concreto
74. Teniendo en cuenta lo precisado en el acápite 2.5.2.4, el accionante
también alegó que la autoridad judicial accionada en la providencia cuestionada
incurrió en un defecto fáctico y procedimental, por las razones que se exponen
a continuación:
2.7.1. Generalidades del defecto fáctico
75. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015,39 precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión.
76. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen, entre otras, las siguientes
características:
37
La existencia previa del documento exhibido como requisito de la revisión, fue destacada por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación: ‘la prueba recobrada es un elemento probatorio nuevo,
presentado por el recurrente, que pudiendo ser decisivo para el sentido de la decisión, no fue tenido en cuenta
por el fallador, porque el interesado no pudo presentarla oportunamente dentro del proceso, pues sólo fue
recuperado luego de proferida la sentencia. Esto implica, que el elemento probatorio existía al tiempo de
dictarse la sentencia, pero no fue conocido por el fallador, porque sólo llegó a poder del recurrente con
posterioridad a ello.” Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de
1.12.1997, Rad. REV-117 y 12.97.2005, Rad. 2000-00236(REV). Reiterada en la sentencia dictada por la
Sección Cuarta de esta Corporación el 23-03-2015, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
38
Ob.Cit
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Evento Características
Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de
del acervo convicción en el expediente, y estos resultan
probatorio decisivos frente a los hechos que se pretenden
determinante probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
para identificar la ordinario. En este punto, se requiere que de forma
veracidad de los específica, se concrete en el escrito de amparo,
hechos alegados cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente,
por las partes fueron desconocidas por el juez.
Así las cosas, se configura siempre que:
a) Se identifiquen los elementos de prueba no
valorados por el juez.
b) Se demuestre que éstos fueron aportados en
forma legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
irracional o crítica, la apreciación efectuada por el fallador,
arbitraria de las resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y
pruebas por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
aportadas alterado.
Se requiere entonces que:
a) La parte precise cual o cuales de las pruebas
fueron objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular,
la consideración del operador judicial se aleja de
las reglas de la lógica, la experiencia y la sana
crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta
de vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la
cual arribó el juez de instancia, en ninguna
manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo
contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Dictar sentencia Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia
con fundamento decide el asunto con base en pruebas que no
en pruebas observaron los requisitos legales para su producción o
obtenidas con introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
violación del ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación,
debido proceso pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el
problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una
prueba que desconoce el debido proceso de las
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partes.
Para su configuración corresponde señalar:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29
constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha
vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción
fueron el sustento de la decisión.
77. Como se observa de los elementos señalados, la parte accionante debe
precisar en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la
configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
78. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad
jurídica, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la
Constitución Política.
79. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues ello resulta desacertado.
2.7.1.1. Del defecto fáctico en el caso concreto
80. La parte actora alegó que, en el fallo de 22 de noviembre de 2021, se
incurrió en este yerro, pues se tuvo como única prueba, para negar la
configuración de la causal invocada, las Resoluciones No. 1392 y 003 de 1997 y el
Oficio Q1128 del 22 de enero del mismo año, desconociendo que en el proceso
ordinario se solicitaron varios elementos probatorios que fueron allegados
únicamente con posterioridad a la providencia que resolvió la apelación.
81. Adicionalmente, por cuanto se omitió la valoración probatoria de las
pruebas decretadas en sede del recurso extraordinario de revisión, visibles a folios
1 al 77 y 132 al 133 del cuaderno principal.
82. A juicio de la parte actora, de haberse tenido en cuenta dichas pruebas el
sentido de la decisión habría cambiado, porque las mismas solo fueron aportadas
luego de proferirse la sentencia de segunda instancia.
83. De la revisión de la providencia que resolvió el recurso extraordinario de
revisión, la Sala observa que no le asiste razón a la parte actora, toda vez que la
Sala Doce Especial de Decisión indicó:
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“En efecto, las Resoluciones nos. 1392 y 003 de 1997 y el oficio Q1128 del 22
de enero del mismo año fueron aportados al proceso con la demanda por el
propio recurrente40, de modo que no es de recibo que en esta oportunidad
pretenda catalogarlos como pruebas recobradas porque, claramente, ya
hacían parte del proceso y fue él mismo quien las allegó, razón por la cual no
puede desconocer su existencia.
Es tan diáfano lo anterior, que esas pruebas documentales ya estaban en el
expediente y los jueces de instancia las tuvieron en cuenta a la hora de fallar.”
84. De la transcripción realizada, se observa que la autoridad judicial
demandada, tuvo en cuenta los actos administrativos enunciados por el tutelante y
advirtió que los mismos habían sido aportados al proceso ordinario, motivo por el
cual no podían considerarse como pruebas recobradas. Adicionalmente, puso de
presente que, fueron valorados por los jueces de instancia, quienes los tuvieron en
cuenta para proferir sus respectivas providencias.
85. Por otra parte, al revisar el expediente se encuentra que fueron decretadas
como pruebas documentales las aportadas en la demanda inicial, que obraban en
los folios 1-77 y 132-133 del cuaderno principal en el trámite del recurso
extraordinario de revisión, las cuales contenían la vinculación del señor Lozano
Velandia a la Junta Administradora de Deportes de Bogotá, como las comisiones
de servicios otorgadas al accionante para cuando participó en campeonatos
nacionales e internacionales.
86. Dichos materiales probatorios, fueron valorados por los jueces del proceso
ordinario quienes concluyeron que las calidades de deportista y sus méritos en
dicho medio, no le otorgaban el derecho a ser reintegrado a la planta de personal
de la entidad en un cargo de carrera administrativa, pues aquel ostentaba un
cargo en provisionalidad.
87. Por su parte, el juez del recurso extraordinario de revisión, en relación con
los mencionados materiales probatorios, afirmó:
“Ahora, si lo que pretendía demostrar el interesado era que la entidad
demandada no aportó los documentos solicitados “en los numerales 2.1 a 2.4
y 3.1 a 3.4” de la demanda, pruebas cuya solicitud se reiteraron en segunda
instancia y que efectivamente fueron decretadas por esta Corporación, la Sala
advierte que esos medios de convicción sí reposan en el expediente pues
fueron entregados por la entidad con ocasión del requerimiento que se le hizo
(fl. 444 a 474 cdno. 1), sin que el actor haya tachado de falso su contenido o
alegado que estaban incompletas.
De igual manera, aún si se obviara esa circunstancia, el interesado tampoco
justificó cómo esas pruebas podían cambiar el sentido de la decisión, carga
argumentativa que le correspondía como sustento de la causal invocada y que
no puede suplir la Sala oficiosamente, razón de más para declarar infundado
el recurso.”
88. Conforme a lo anteriormente citado, esta Sección evidencia que la
autoridad judicial demandada determinó que la causal alegada dentro del recurso
extraordinario de revisión como es la prueba recobrada no se configuraba en el
40
Fls 78 a 86 y 215 a 217 cdno. 1.
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caso concreto, pues las pruebas fueron decretadas desde el inicio del proceso
ordinario y siempre reposaron al interior del expediente ya que fueron entregadas
en su momento por la entidad requerida.
89. Por otra parte, la Sala Doce Especial de Decisión estableció que el
demandante tampoco explicó por qué las pruebas que extrañó eran determinantes
para cambiar el sentido de la decisión, omitiendo su deber de carga
argumentativa.
90. Teniendo en cuenta lo argumentos expuestos, la Sala advierte que no se
configura el defecto fáctico alegado por el señor Lozano Velandia.
2.7.2. Generalidades del defecto procedimental
91. Como lo expresó esta Corporación en la providencia del 5 de agosto de
41
2014 , el mencionado defecto se origina cuando el juez actuó completamente al
margen del procedimiento establecido.
92. En lo que respecta al defecto procedimental absoluto, este acontece
cuando la autoridad judicial “…se aparta por completo del procedimiento establecido
legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite
completamente ajeno al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o ii) omite etapas
sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de
defensa y contradicción de una de las partes del proceso.” 42 (Destacado por la Sala)
93. En relación con dicho yerro, la Corte Constitucional ha considerado que
“…este defecto requiere, además, que se trate de un error de procedimiento grave y
trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisión de fondo, y
que esta deficiencia no pueda imputarse ni directa ni indirectamente a la persona que
alega la vulneración al derecho a un debido proceso.”43
2.7.2.1. Del defecto procedimental en el caso concreto
94. Para sustentar este yerro, el actor manifestó que el juez del recurso
extraordinario de revisión desconoció que aquel sí se pronunció en el traslado de
las pruebas y, por ende, sus argumentos no fueron tenidos en cuenta.
95. Al respecto en la providencia de 22 de noviembre de 2021, la autoridad
judicial explicó:
“El 10 de diciembre de 2019 el despacho sustanciador tuvo como pruebas las
aportadas junto con el recurso extraordinario de revisión, las allegadas por la
entidad con su oposición y el expediente recibido en préstamo, además, se
corrió traslado a las partes para que se pronunciaran sobre las pruebas
decretadas y aportadas (fls. 186 a 187 cdno. ppal.), pero, estas guardaron
silencio.
41
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela - Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
42
Sentencia T-367 de 2018 de la Corte Constitucional.
43
Ibidem.
20
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Cabe aclarar que el 13 de enero de 2020 el recurrente presentó un memorial
con el fin de “hacer algunas aclaraciones o adiciones respecto del recurso
extraordinario de revisión” en el que sumó argumentos nuevos e incluso
mencionó otras pruebas, pero, desde ya advierte la Sala que no se
pronunciará sobre aquel porque hacerlo implicaría desconocer los derechos al
debido proceso y defensa de la demandada, toda vez que el escrito fue
presentado por fuera de término y la entidad no tuvo la oportunidad de
pronunciarse sobre ello.”
96. De esa manera, esta Sección observa que, contrario a lo dicho por el actor,
la Sala Doce analizó el memorial presentado el 13 de enero de 2020 frente al auto
de 10 de diciembre de 2019, y concluyó que sus argumentos no iban encaminados
a confrontar las pruebas decretadas sino a introducir argumentos nuevos y otros
elementos probatorios frente a los cuales las entidades demandadas no habían
tenido la oportunidad de pronunciarse.
97. Es decir, que con dicho memorial se estaba reformando la demanda, por
fuera del término establecido para ello. En este punto, resulta importante aclararle
al actor que, el juez del recurso no concluyó que el memorial se presentó por fuera
del término otorgado para que se pronunciara sobre las pruebas, sino que advirtió
que el recurrente, lejos de controvertir el material probatorio, realizaba nuevas
peticiones y reformó la demanda inicial, cuestiones que sí se eran extemporáneas,
por lo que no podían tenerse en cuenta.
98. En efecto, la autoridad judicial explicó que si tenía en cuenta las
aclaraciones y adiciones al recurso extraordinario de revisión que pretendía hacer
valer el demandante fuera del término establecido para esto, afectaría los
derechos fundamentales de defensa y debido proceso de los demandados.
99. En consecuencia, la Sala advierte que no se le pretermitió la oportunidad
para controvertir las pruebas, motivo por el cual el cargo no se configura y será
negado.
2.7. Conclusión
100. Las anteriores razones son suficientes para considerar que no resulta
procedente la intervención excepcional del juez constitucional de tutela, pues las
providencias censuradas se dictaron atendiendo parámetros de razonabilidad y
carecen de arbitrariedad, motivo por el cual prevalecen los principios de cosa
juzgada y autonomía judicial, frente a los argumentos que involucran al fallo de 22
de noviembre de 2021.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que presentó el Instituto Distrital
de Recreación y Deporte – IDRD.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del mecanismo respecto del
defecto sustantivo frente a la decisión de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, Subsección A.
TERCERO: NEGAR el amparo deprecado en la acción de tutela presentada por el
señor Fabio Enrique Lozano Velandia, por las razones expuestas en la presente
providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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