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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03998-00

Fecha
25 de agosto de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03998-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso invocado por el actor, el cual fue vulnerado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO parcialmente la sentencia de 3 de febrero de 2022, por la citada Corporación, dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 54-001-33-33-008-2018-00132-01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta sentencia, profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 30 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03998-00 Actor: Nación – Fiscalía General de la Nación

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-03998-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

25 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03998-00
Actor: Nación – Fiscalía General de la Nación
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

Tema: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance

Derecho Fundamental Invocado: i) Debido proceso

Derecho Fundamental Amparado: i) Debido proceso

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, porque, a su juicio, al proferir la sentencia
de 3 de febrero de 2022 dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 54-001-33-33-008-2018-00132-01,
vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES
La solicitud

1. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 3 de febrero de 2022 dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación 54-001-33-33-008-2018-
00132-01, vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03998-00
Actor: Nación – Fiscalía General de la Nación

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que el señor Luis Evencio Garay Pacheco y otros presentaron demanda
contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial y Fiscalía General de la Nación, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, con el fin de que se les declarara administrativamente
responsables por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de la
privación injusta de la libertad del que fuera víctima el señor Luis Evencio Garay
Pacheco.

4. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta profirió sentencia de
primera instancia el 3 de febrero de 2021, accediendo parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió sentencia de segunda
instancia el 3 de febrero de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: MODIFICAR EL ARTÍCULO PRIMERO de la sentencia del 03 de
febrero de 2021, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Cúcuta, el cual quedará de la siguiente manera:

“PRIMERO: DECLARAR administrativa, patrimonial y extracontractualmente
responsables de forma solidaria a la Nación - Rama Judicial y a la Fiscalía General
de la Nación por la privación injusta de la libertad sufrida por Luis Evencio Garay
Pacheco, identificado con C.C. 88.285.442 durante el periodo comprendido entre
el 16 de agosto de 2015 y el 01 de diciembre de 2015, conforme a las
consideraciones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR EL ARTÍCULO SEGUNDO de la sentencia del 03 de
febrero de 2021, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Cúcuta, el cual quedará de la siguiente manera:

“SEGUNDO: CONDENAR a la Nación - Rama Judicial y a la Fiscalía General de la
Nación a reconocer y pagar solidariamente por concepto de perjuicios morales las
siguientes sumas: LUIS EVENCIO GARAY PACHECO (VÍCTIMA DIRECTA): 50
S.M.L.M.V. MARLENES RAMÍREZ ORTEGA (CÓNYUGE DE LA VÍCTIMA
DIRECTA): 50 S.M.L.V. MARLUVEN SELENA GARAY RAMÍREZ (HIJA VÍCTIMA
DIRECTA): 50 S.M.L.M.V. KAROL TATIANA GARAY RAMIREZ (HIJA VÍCTIMA

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Actor: Nación – Fiscalía General de la Nación

DIRECTA): 50 S.M.L.M.V. JOSUE AQUELAIN GARAY RAMÍREZ (HIJO DE
VÍCTIMA DIRECTA): 50 S.M.L.M.V”.

TERCERO: MODIFICAR EL ARTICULO TERCERO de la sentencia del 03 de
febrero de 2021, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Cúcuta, el cual quedará de la siguiente manera:

“TERCERO: CONDENAR a la Nación - Rama Judicial y a la Fiscalía General de la
Nación a reconocer y pagar solidariamente por concepto de lucro cesante, en favor
del señor Luis Evencio Garay Pacheco, identificado con C.C. 88.285.442, la suma
de $ 3’152.585”.

CUARTO: MODIFICAR EL ARTICULO QUINTO de la sentencia del 03 de febrero
de 2021, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Cúcuta, el cual quedará de la siguiente manera:

“QUINTO: A las anteriores declaraciones la Nación - Rama Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación las cuales le darán cumplimiento dentro del término y en la
forma señalados en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.

QUINTO: ABSTENERSE de efectuar condena en costas en la segunda instancia

[…]”.

6. Consideró que:

“[…] En tal oportunidad, el Juez de instancia declaró la responsabilidad
administrativa y patrimonial únicamente a la Nación Rama judicial, respecto de los
perjuicios ocasionados al señor Luis Evencio Garay Pacheco, excluyendo la
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación con el argumento que no
incurrió en falla en el servicio ya que, la misma entidad fue quien solicitó la
preclusión de la investigación en contra del demandante por el delito de
Fabricación, Trafico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o
municiones establecido en el artículo 365 de la Ley 599 de 2000.

Sin embargo, la Sala al disponerse a efectuar el estudio de la autoridad
responsable administrativa y patrimonialmente del daño especial ocasionado al
señor Luis Evencio Garay Pacheco encontró que, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia análoga de fecha 24 de mayo
de 2017, Radicado No. 17001-23-31-000-2011-00126-01(51806), establecido
como criterio hermenéutico auxiliar, lo siguiente:

“Como la preclusión de la investigación (…) se fundamentó en el principio de in
dubio pro reo, el título de imputación aplicable es el objetivo de daño especial, lo
que torna en injusta la privación de su libertad. En tal virtud, el daño es imputable a
la Nación-Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, pues la primera impuso la
medida de aseguramiento y la segunda recaudó los elementos probatorios y
evidencias físicas de los hechos materia de la investigación y fue la encargada de
solicitar las medidas preventivas ante el juez de control de garantías conforme el
artículo 287 de la Ley 906 de 2004 y, por ello, se revocará la sentencia apelada [y,
en su lugar, se declara] (…) administrativamente responsable a la Nación, Fiscalía
General de la Nación, Rama Judicial”

4

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Actor: Nación – Fiscalía General de la Nación

Por otra parte, respecto de la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía
General de la Nación como posible eximente de responsabilidad que, de cuenta de
existencia de la falla en el servicio, la Sala se ve en la necesidad de traer a
colación lo manifestado por el Consejo de Estado, Sentencia de fecha once (11)
de noviembre de dos mil dieciséis (2016) expediente número: (39044):

““(…) en virtud del art. 90 de la Carta el hecho de la absolución o preclusión en
sede penal es título suficiente para la reclamación del daño derivado de la pérdida
de la libertad (…) ya que se encuentra probado que el señor XX estuvo detenido,
sin que se desvirtuara judicialmente la presunción de inocencia, cabe concluir que
el mismo no estaba en el deber jurídico de soportar la detención (…)”

En ese orden de ideas, es claro para la Sala que, tanto la Nación – Rama Judicial
como la Fiscalía General de la Nación son administrativa y patrimonialmente
responsables por los daños ocasionados al demandante, en razón a que si bien la
rama judicial es quien impone la medida de aseguramiento, lo cierto es que la
Fiscalía General de la Nación es la encargada realizar la solicitud de conformidad
con los elementos materiales probatorios que den cuenta con toda certeza y más
allá de toda duda razonable de la autoría o participación en la comisión del delito.

En ese sentido, concluye la Sala que, tanto la Fiscalía General de la Nación como
la Rama Judicial, son responsables solidarias administrativa y fiscalmente del daño
especial ocasionado al señor Luis Evencio Garay Pacheco y a sus familiares, de
conformidad con lo anteriormente expuesto.

Por último, respecto a la solicitud de la Nación Rama Judicial de eximente de
responsabilidad relacionada con la culpa exclusiva de la víctima, la Sala advierte la
no configuración de tal causal de eximente de responsabilidad, teniendo en cuenta
que, el demandante, en efecto, no desplegó ninguna actuación de la cual se pueda
predicar su incidencia en la causación del daño. Por el contrario, sus
intervenciones se dirigieron a presentar los argumentos y las respectivas
justificaciones tendientes a demostrar su inocencia en el comportamiento
investigado […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] En virtud de lo anterior, respetuosamente se solicita:

TUTELAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, de LA FISCALIA (sic)
GENERAL DE LA NACIÓN vulnerados con la actuación de la autoridad judicial
accionada.

DEJAR sin efecto la sentencia del 03 de febrero de 2022 proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER- Sala de Decisión No. 3

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conformada por los Magistrados CARLOS MARIO PEÑA DÌAZ, HERNANDO AYALA
PEÑARANDA Y ROBIEL AMED VARGAS GONZALEZ (sic).

ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER proferir
nuevamente sentencia dentro del medio de control de reparación directa No. No.
(sic) 54-001-33-33-008-2018-00132-00 - Demandante LUIS EVENCIO GARAY
PACHECO Y OTROS- Demandado NACIÓN- RAMA JUDICIAL -FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN teniendo en cuenta las pretensiones y hechos de la
demanda y la sentencia de unificación de perjuicios morales por privación de la
libertad del Consejo de Estado de fecha 29 de noviembre de 2021 […]”.

8. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 26 de julio de 2022; i) admitió la
acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, y iii) vinculó al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Cúcuta, a Luis Evencio Garay Pacheco, a Marlenes Ramírez Ortega, a MSGR, a
KTGR, a JAGR y a JEEGR1 en calidad de terceros con interés legítimo,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander señaló que:

“[…] En ese orden la decisión adoptada se profirió con valoración de todas las
pruebas que en su oportunidad podrían ser tenidas en cuenta, y resolviendo el
asunto de fondo conforme a derecho.

Así las cosas, la presente acción de tutela resulta claramente improcedente,
habida cuenta que las pretensiones de la parte actora son incompatibles con la
finalidad de esta acción constitucional, dado que lo que se persigue con la misma
es dejar sin efectos una decisión judicial que se encuentra ajustada a la ley y a la
jurisprudencia aplicable […]”.

1
Este Despacho adopta como medida de protección a su intimidad, en caso de aún ser menores de 18 años,
la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus nombres serán reemplazados
por las siguientes iniciales MSGR, KTGR, JAGR y JEEGR.

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11. Luis Evencio Garay Pacheco, Marlenes Ramirez Ortega, Marluven Selena
Garay Ramirez y Karol Tatiana Garay Ramirez expresaron lo siguiente:

“[…] Pues bien, descendiendo al caso particular, tenemos la siguiente
circunstancia concreta: diferenciación entre el acto que erige nuestra confianza
legítima (existencia de una sentencia condenatoria) frente al acto señalado en la
sentencia para justificar modificaciones jurisprudenciales (demanda); pero porque
decimos esto, porque si bien la sentencia de unificación reconoce que la sola
presentación de demanda no da para estructurar el derecho; no sucede así
cuando existe una sentencia condenatoria, como nos sucede a nosotros, pues en
este caso el grado de afectación de nuestra confianza legítima si se torna
desproporcional.

En conclusión, cuando existan, únicamente, actos de parte (demanda), la
aplicación de la modificación jurisprudencial no afecta la confianza legítima de los
demandantes; empero, cuando ya exista un acto jurisdiccional (sentencia
condenatoria), la aplicación de la modificación jurisprudencial se torna
desproporcional, pues es capaz de afectar la confianza legítima de los
demandantes […]”.

[…]

“[…] Solicitamos muy respetuosamente declarar improcedente la presente acción
constitucional o negar la tutela del derecho fundamental al debido proceso de la
Fiscalía General de la Nación […]”.

12. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta guardó silencio en
esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por
el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y

2
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

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con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

15. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al proferir la sentencia de 3 de
febrero de 2022, dentro del medio de control de reparación directa identificado con
el número único de radicación 54-001-33-33-008-2018-00132-01, incurrió en
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, lo que trajo como
consecuencia que no reconociera de manera correcta el pago de los perjuicios
morales.

16. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso, vi) análisis del caso concreto y finalmente
las vii) conclusiones de la Sala.

8

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Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

17. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello4, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

18. Esta Sección5 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

20. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.

9

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especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”6.

21. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”7 que encaje en dichos
parámetros.

23. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148.

6
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
7 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto

25. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.

26. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:

26.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración del derecho fundamental del actor
al debido proceso.

26.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación del
derecho fundamental citado supra, y además, ii) el actor cumplió con la carga
argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad
judicial accionada incurrió en un posible defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial.

26.3. Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales9, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la

9
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”

11

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argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

26.4. Cumplió con el principio de inmediatez10.

26.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección del derecho
invocado.

26.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;

26.7. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

26.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

27. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.

28. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189611 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de
2011 ; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200113; C-
12

816 de 201114; C-179 de 201615; y T-102 de 201416.

10
Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 3 de
febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
11
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
12
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.

12

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Actor: Nación – Fiscalía General de la Nación

29. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”17 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…]
conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su
pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de
dictar sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.

30. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional18, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente
que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).

31. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria19, la regla del respeto del precedente
no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible
frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio
tendiente a resolver una situación concreta.

32. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
13
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
14
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
15
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
16
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
17 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
18 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
19 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.

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jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala20, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar
la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el
orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones
adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la
jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que
esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos,
principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

33. En efecto, la Sala21 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud
de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en
las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial22”, para lo cual
resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso
concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se
sustenta la decisión de apartarse.

34. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los
órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y
iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben
ser tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los
hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio
decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de
2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
21 ibídem.
22 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

35. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

36. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
23

proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Análisis del caso en concreto

37. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
23
Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.

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considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

38. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

39. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el
siguiente documento:

39.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, el 3 de febrero de 2022.

Solución del caso concreto

Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial

40. El actor en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:

“[…] Se reconocieron perjuicios morales por montos superiores a los topes
establecidos en la Sentencia 2006-00178 de noviembre 29 de 2021 de unificación
de perjuicios morales en casos de privación de la libertad, del 29 de noviembre
de 2021- CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO -SECCIÓN TERCERA - Magistrado Ponente: Martín Bermúdez
Muñoz- Rad.: 18001-23-31-001-2006-00178-01 (46681) Ref.: Acción de reparación
directa- Demandante: José Dídimo Díaz y otros –Demandado: Nación -Fiscalía
General de la Nación y otros […]”.

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[…]

“[…] El desconocimiento del precedente fijado en la sentencia de unificación del 29
de noviembre de 2021 en la sentencia del 3 de febrero de 2022 del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander derivó en que se condenará a las entidades
públicas FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y RAMA JUDICIAL a pagar
perjuicios morales en montos superiores a los establecidos por el H. Consejo de
Estado en suma aproximada de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES
VEINTIOCHO MIL PESOS ($198.028.000)

CONDENA SENTENCIA VALOR
TRIBUNAL UNIFICACION SUPERIOR
ADTIVO N DE S. Y REAL A RECONOCIDO
NOMBRE
RECONOCER POR TANS

Luis Evencio Garay
Pacheco (v.d.) 50 SMLMV 17,324 32,676
Marlenes Ramírez
Ortega (cónyuge) 50 SMLMV 8,662 41,338
Marluven Selena
Garay Ramírez
(hija) 50 SMLMV 8,662 41,338
Karol Tatiana Garay
Ramírez (hija) 50 SMLMV 8,662 41,338

[…]”

[…]

“[…] En la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021, expediente
46.681, la Sección Tercera del Consejo de Estado, adoptó reglas para unificar la
jurisprudencia relativa al reconocimiento y monto de los perjuicios morales por la
privación de la libertad […]”.

[…]

“[…] En la sentencia del 03 de febrero de 2022 los perjuicios morales se repararon
mediante el reconocimiento de una indemnización de 250 SMLMV en la cual el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander sin motivación alguna confirmó los
perjuicios reconocidos por el A- quo sin tener en cuenta la regla de derecho fijada en
la sentencia de unificación para reconocer este perjuicio, esto es los topes para la
víctima directa y además demandantes, pues como se indicó en el acápite del
defecto sustantivo, se reconocieron porcentajes superiores a los fijados en la
sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021 […]”.

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41. Ahora bien, la Sala considera relevante para resolver el caso concreto, el
análisis y estudio de la sentencia de unificación de 29 de noviembre de 2021
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado24.

42. Le correspondió a la Sección Tercera del Consejo de Estado precisar su
jurisprudencia respecto al tema de los perjuicios morales, fijando las siguientes
reglas jurisprudenciales:

“[…] La Sala ejercerá la competencia prevista en el artículo 270 del CPACA que la
habilita para proferir <<sentencias de unificación>>, con el objeto de <<unificar o
sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su
interpretación y aplicación>>. Lo anterior se hace necesario en relación con las
reglas de unificación vigentes, adoptadas en la sentencia de unificación del 28 de
agosto 201425; tales reglas también deben ajustarse a las disposiciones legales
sobre la necesidad y carga de la prueba, apreciación en conjunto y motivación de
los medios probatorios y valoración de los indicios, previstas en los artículos 174,
177, 187, 248, 249 y 250 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículos 164,
167, 176, 240, 241 y 242 del Código General del Proceso; la competencia se
ejerce igualmente para modificar los topes máximos de indemnización a los cuales
hace referencia el artículo 25 del Código General del Proceso26, bajo el mismo
tope máximo de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes fijado como
regla general por la jurisprudencia y, en casos excepcionales, hasta de 300
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

29.- Acerca de las razones consideradas para la determinación de topes máximos
de perjuicios morales y de su carácter vinculante, la jurisprudencia ha señalado:

<<(…) En ese orden de ideas, es posible identificar con plena claridad, la
existencia de una línea jurisprudencial consolidada en el Consejo de Estado
(Sección Tercera) en materia de daño moral y tasación de perjuicios
morales. Esa jurisprudencia fue sentada en fallo de 6 de septiembre de
2001 y ha sido reiterada en un amplio número de pronunciamientos
posteriores. (…)

En el fallo citado, la Sección Tercera recoge la forma en que se ha
entendido el daño moral y se han tasado los perjuicios de carácter moral en
la jurisprudencia de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa
en el transcurso del tiempo. A partir de ese desarrollo histórico consideró el
Consejo de Estado que, en materia de daño administrativo resultaba
pertinente separarse de los criterios establecidos en el ámbito penal, y dejar
de lado la tasación del mismo en gramos oro para utilizar, en cambio, el
salario mínimo como vía de cálculo, por razones de índole económica y,

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 29 de noviembre
de 2021, C.P Martín Bermúdez Muñoz, radicación número: 18001-23-31-000-2006-00178-01.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de
2014. Expediente: 36.149. M.P.: Dr. Hernán Andrade Rincón (E).
26
El artículo 25 del CGP dispone que <<Cuando se reclame la indemnización de daños extrapatrimoniales se
tendrán en cuenta, solo para efectos de determinar la competencia por razón de la cuantía, los parámetros
jurisprudenciales máximos al momento de la presentación de la demanda.>>

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principalmente, por la conexión que se mantiene entre el salario mínimo y el
costo de vida. (…)

De la jurisprudencia del Consejo de Estado se desprenden, al menos, las
siguientes conclusiones: el daño moral puede probarse por cualquier medio
probatorio. Sin embargo, la prueba solo atañe a la existencia del mismo,
pero no permite determinar de manera precisa el monto en que deben
reconocerse los perjuicios morales que, por su naturaleza (no puede
intercambiarse la aflicción por un valor material) no tienen un carácter
indemnizatorio sino compensatorio (en alguna manera intentan recomponer
un equilibrio afectado). Para la tasación del daño, el juez se debe guiar
por su prudente arbitrio, pero está obligado a observar, por expreso
mandato legal los principios de equidad y reparación integral. El
Consejo de Estado ha decidido establecer las condenas por perjuicios
morales en términos de salarios mínimos, considerando que es un
parámetro útil en tanto el salario mínimo se fija de acuerdo con el IPC,
y de esa forma mantiene un poder adquisitivo constante (o al menos
se acerca a ese ideal). Para la alta Corporación es útil establecer el
máximo de 100 smlmv como tope, con el fin de que exista un
parámetro que evite el desconocimiento al principio de igualdad. Sin
embargo, esa suma no vincula de forma absoluta a los jueces quienes,
como ya se explicó, deben tomar en cuenta consideraciones de
equidad al tasar ese tipo de condenas. (…)

A juicio de la Sala, la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de
daño y perjuicios morales sí establece parámetros vinculantes para los
jueces administrativos. En efecto, estos deben seguir la libertad probatoria
y utilizar su prudente arbitrio en el marco de la equidad y la reparación
integral para tasar los perjuicios morales. Además, al establecer un tope –al
menos indicativo- de 100 smlmv, el Consejo de Estado hizo referencia al
principio de igualdad, lo que significa que ese tope, unido a análisis de
equidad, debe permitir que cada juez no falle de forma caprichosa sino a
partir de criterios de razonabilidad, a partir del análisis de casos previos, y
de sus similitudes y diferencias con el evento estudiado. El límite, sin
embargo, es indicativo porque si, a partir de los criterios y parámetros
indicados, el juez encuentra razones que justifiquen separarse de ese tope
y las hacen explícitas en la sentencia de manera transparente y suficiente,
su decisión no se apartaría de la jurisprudencia del Consejo de Estado, ni
sería ajena a la obligación constitucional de motivar los pronunciamientos
judiciales. (…)>>27

M.- El alcance general de la unificación que se adopta en esta sentencia

30.- Las decisiones que se adoptarán están dirigidas, de una parte, a precisar que
los perjuicios morales pueden inferirse, para la víctima directa, de la prueba de la
privación de la libertad; y para su cónyuge o compañero (a) permanente, así como
para sus parientes hasta el primer grado de consanguinidad, con la prueba de tal
condición. La presunción jurisprudencial de perjuicios morales solo se refiere a
dichas víctimas. En relación con las demás víctimas indirectas, aunque la prueba
del parentesco puede ser apreciada en cada caso concreto como indicio de la
existencia de relaciones estrechas con el detenido, se concluye que dicha prueba
no es suficiente para demostrar la existencia de perjuicios morales indemnizables;
27
Corte Constitucional. Sentencia T-351 de 2011. M.P.: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

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en este caso, los perjuicios morales deben ser acreditados por la parte
demandante con otros medios de prueba. Por último, se reitera que las
presunciones jurisprudenciales admiten prueba en contrario.

De otra parte, tienen el propósito de ajustar los montos máximos
reconocidos a la persona privada de la libertad, determinados a partir de la
duración de la privación, determinar su reducción cuando se trate de
detención domiciliaria y modificar los topes máximos de indemnización para
las víctimas indirectas.

Teniendo en cuenta las reglas de unificación vigentes sobre la materia, (i) en
relación con las víctimas indirectas, se precisa que los topes máximos de
indemnización son indicativos, por lo que en cada caso concreto deben
señalarse las razones por las cuales se establece el valor de la
indemnización por perjuicios morales para ellas y (ii) se reitera la
jurisprudencia vigente para indicar que el tope de indemnización de
perjuicios morales de cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes para la víctima directa solamente podrá ser superado en casos
excepcionales, eventos en el cual deberá motivarse detalladamente esta
decisión y las razones que justifican tal determinación, hasta un monto
máximo de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

31.- La Sala expondrá el sustento de las reglas de unificación que se adoptan en
esta sentencia en lo relativo a la prueba y cuantificación de los perjuicios morales
por privación de la libertad; hecho lo anterior, se resolverán estos aspectos en el
caso concreto, dando aplicación a dichas reglas […]”.

[…]

“[…] P.- Los topes máximos de indemnización

i) Para la víctima directa

44.- Si bien la tabla establecida en la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2014 considera el tiempo de detención como criterio para determinar la
cuantía de los perjuicios morales, presenta las siguientes dificultades: (i) no
precisa si los montos establecidos en la tabla corresponden a rangos o topes de
indemnización y (ii) no establece una indemnización progresiva, en función del
tiempo de detención, dado que prevé una mayor cuantía para el primer período
establecido en la tabla (detenciones con una duración igual o inferior a un mes),
que decrece en los periodos posteriores, lo que arroja resultados que no
resultan proporcionales.

45.- Para superar estos problemas, la Sala adoptará los siguientes topes para
cuantificar los perjuicios morales de la víctima directa:

45.1.- Si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a un mes,
una suma fija equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes
(5 SMLMV).

45.2.- Si la privación de la libertad tiene una duración superior a un mes:

a.- Por cada mes adicional transcurrido, sin importar el número de días que
tenga el mes, cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV).

20

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b.- Por cada día adicional al último mes transcurrido, una fracción equivalente a
0,166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual se obtiene de dividir
cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV) por 30 días.

c.- La cuantía se incrementará hasta cien salarios mínimos legales mensuales
vigentes (100 SMLMV), indemnización que recibirá la víctima directa cuando esté
detenida por 20 meses o más tiempo, con el objeto de mantener el tope máximo
jurisprudencial, de acuerdo con la jurisprudencia antes indicada.

d.- De conformidad con los anteriores parámetros, los topes de indemnización de
perjuicios morales para la víctima directa son los siguientes:

Víctima directa en
Duración de la privación
SMLMV
Entre un día y un mes Suma fija de 5 SMLMV
Hasta 2 meses Hasta 10 SMLMV
Hasta 3 meses Hasta 15 SMLMV
Hasta 4 meses Hasta 20 SMLMV
Hasta 5 meses Hasta 25 SMLMV
Hasta 6 meses Hasta 30 SMLMV
Hasta 7 meses Hasta 35 SMLMV
Hasta 8 meses Hasta 40 SMLMV
Hasta 9 meses Hasta 45 SMLMV
Hasta 10 meses Hasta 50 SMLMV
Hasta 11 meses Hasta 55 SMLMV
Hasta 12 meses Hasta 60 SMLMV
Hasta 13 meses Hasta 65 SMLMV
Hasta 14 meses Hasta 70 SMLMV
Hasta 15 meses Hasta 75 SMLMV
Hasta 16 meses Hasta 80 SMLMV
Hasta 17 meses Hasta 85 SMLMV
Hasta 18 meses Hasta 90 SMLMV
Hasta 19 meses Hasta 95 SMLMV
20 meses o más Hasta 100 SMLMV

e.- Y la fórmula para determinar la cuantía de los perjuicios morales de la víctima
directa es:

PM = (número de meses x 5 SMLMV) + (fracción adicional de días x 0,166 SMLMV)

f.- El tope de indemnización de perjuicios morales de cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes para la víctima directa solamente podrá ser superado en
casos excepcionales, evento en el cual deberá motivarse detalladamente esta
decisión y las razones que justifican tal determinación, hasta un monto máximo de
trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ii) Reducción en el caso de detención domiciliaria

46.- Estima la Sala que, también como regla general, la intensidad del perjuicio es
sustancialmente inferior cuando se trata de detención domiciliaria, caso en el cual la
persona no se ve privada del entorno material de su hogar ni de la compañía de su
familia. Esta circunstancia incide en la determinación de la intensidad de los perjuicios

21

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morales que sufren la víctima directa y sus familiares. Por lo tanto, en casos de
detención domiciliaria, la reparación deberá disminuirse en un cincuenta por ciento
(50%).

iii) Para las víctimas indirectas

47.- La Sala considera que el monto de los perjuicios morales previstos en la
tabla adoptada en la jurisprudencia vigente para las víctimas indirectas de la
privación no es proporcional con los fijados en otras sentencias de unificación
de la Sección Tercera para daños que pueden considerarse de mayor
intensidad, como es el caso de la muerte de la víctima directa, los cuales se
encuentran determinados en la sentencia de unificación también dictada el 28 de
agosto de 2014, radicado 2625128.

48.- Cuando la privación de la libertad es superior a 18 meses, los parientes y
personas cercanas a la víctima directa obtienen una indemnización por
concepto de perjuicios morales equivalente a 100 salarios mínimos, que es igual
a la que recibirían en casos de muerte de la víctima directa. Y por regla general,
no puede asimilarse el dolor que sufre el padre por la muerte de su hijo y con el
que le causa la privación de su libertad.

49.- De igual manera, no se estima justificado reconocer a favor de los
cónyuges, compañeros permanentes o parientes en el primer grado de
consanguinidad el mismo monto que se le otorga a la víctima directa que ha
padecido la privación de la libertad. Nuevamente, se trata de daños frente a los
cuales no puede afirmarse, por regla general, que tengan igual intensidad.

50.- El dolor sufrido por la víctima directa de la privación injusta de la libertad no es,
por regla general, equiparable al que padecen sus familiares o personas cercanas,
que no sufren personalmente la detención. La privación de la libertad, para el que la
padece, implica sobrellevar una situación de hecho permanente; no poder realizar sus
labores cotidianas; no vivir en su casa de habitación; no estar con sus seres queridos;
no poder circular libremente; no poder autodeterminarse; y convivir con desconocidos.
Es cierto que los parientes y personas cercanas (padres, hijos, pareja) sufren al saber
que la víctima directa del daño se encuentra en tales circunstancias. Pero no resulta
razonable considerar que, en todos los casos o por regla general, los dos dolores
tienen la misma intensidad o el mismo grado, ni la misma permanencia o constancia
durante el periodo de duración de la detención. En consecuencia, tampoco resulta
razonable establecer una regla jurisprudencial de equiparación.29

51.- Con fundamento en lo anterior, se establecen los topes de perjuicios morales para
las víctimas indirectas así: para los parientes en el primer grado de
consanguinidad del detenido, su cónyuge o su compañero o compañera
permanente el cincuenta por ciento (50%) de lo que le corresponda a la víctima

28
Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251). Sentencia del
28 de agosto de 2014. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
29
María Cecilia M’Clausand, al referirse al dolor que sufren los parientes cercanos del detenido, anota que
<<aunque el sufrimiento de estas por lo común es profundo no parece adecuado compararlo con el de quien
ve restringida su libertad y padece en carne propia las condiciones de la reclusión>>. No descarta que existan
situaciones excepcionales, que deben probarse, entre las cuales menciona el <<caso de los niños pequeños
que deben ser separados de su madre recluida y llevados a un lugar especial donde, si bien reciben la
protección del Estado, carecen de la compañía familiar>>. M’Causland Sánchez, María Cecilia. Equidad
judicial y responsabilidad extracontractual. Editorial Universidad Externado de Colombia, 2019. Págs. 470 y
471.

22

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directa. Y para los demás demandantes, cuando acrediten los perjuicios morales, el
tope máximo es del treinta por ciento (30%) de lo que le corresponda a la víctima
directa. La fijación de estos topes se enmarca en las justificaciones y criterios que se
explican en el siguiente capítulo […]”.

[…]

“[…] Las reglas de unificación

65.- Con fundamento en lo anterior, la Sala adoptará las siguientes reglas de
unificación para el reconocimiento y cuantificación de perjuicios en casos de
responsabilidad del Estado por privación de la libertad:

65.1.- En relación con la víctima directa de la detención, tanto si se trata de detención
en establecimiento carcelario, como si se trata de detención domiciliaria, la sola
prueba de la privación de la libertad constituye presunción de perjuicio moral para ella.

65.2.- En relación con los parientes en el primer grado de consanguinidad del
detenido, su cónyuge o su compañero o compañera permanente, la prueba de tales
calidades constituye presunción del perjuicio moral para ellos.

65.3.- Las presunciones establecidas en las dos reglas anteriores podrán desvirtuarse
por la parte demandada.

65.4.- En relación con las demás víctimas indirectas, la prueba del parentesco no es
una presunción del perjuicio moral. En tales casos, el juez determinará si el
demandante cumplió la carga de acreditar la existencia del perjuicio moral derivado de
la existencia de una relación estrecha con el detenido, de la cual pueda inferirse la
existencia de un perjuicio moral indemnizable.

65.5.- Los topes máximos de indemnización se establecen de la siguiente forma
para la víctima directa:

a.- Si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a un mes, una
suma fija equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5
SMLMV).

b.- Si la privación de la libertad tiene una duración superior a un mes:

• Por cada mes adicional transcurrido, sin importar el número de días que tenga
el mes, cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV).

• Por cada día adicional al último mes transcurrido, una fracción equivalente a
0,166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual se obtiene de dividir
cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV) por 30 días.

• La cuantía se incrementará hasta cien salarios mínimos legales mensuales
vigentes (100 SMLMV), indemnización que recibirá la víctima directa cuando esté
detenida por 20 meses o más tiempo, con el objeto de mantener el tope máximo
jurisprudencial, de acuerdo con la jurisprudencia antes indicada.

• De conformidad con los anteriores parámetros, los topes de indemnización de
perjuicios morales para la víctima directa son los siguientes:

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Víctima directa en
Duración de la privación
SMLMV
Entre un día y un mes Suma fija de 5 SMLMV
Hasta 2 meses Hasta 10 SMLMV
Hasta 3 meses Hasta 15 SMLMV
Hasta 4 meses Hasta 20 SMLMV
Hasta 5 meses Hasta 25 SMLMV
Hasta 6 meses Hasta 30 SMLMV
Hasta 7 meses Hasta 35 SMLMV
Hasta 8 meses Hasta 40 SMLMV
Hasta 9 meses Hasta 45 SMLMV
Hasta 10 meses Hasta 50 SMLMV
Hasta 11 meses Hasta 55 SMLMV
Hasta 12 meses Hasta 60 SMLMV
Hasta 13 meses Hasta 65 SMLMV
Hasta 14 meses Hasta 70 SMLMV
Hasta 15 meses Hasta 75 SMLMV
Hasta 16 meses Hasta 80 SMLMV
Hasta 17 meses Hasta 85 SMLMV
Hasta 18 meses Hasta 90 SMLMV
Hasta 19 meses Hasta 95 SMLMV
20 meses o más Hasta 100 SMLMV

• En consecuencia, la fórmula para determinar la cuantía de los perjuicios morales de
la víctima directa es:

PM = (número de meses x 5 SMLMV) + (fracción adicional de días x 0,166
SMLMV)

• En casos de detención domiciliaria, la cuantía de los perjuicios morales sufridos
por la víctima directa se disminuirá en un 50%.

65.6.- Para las víctimas indirectas, los topes máximos de indemnización se
determinan a partir del monto reconocido a la víctima directa, de la siguiente
manera:

a.- A los parientes en el primer grado de consanguinidad del detenido, su
cónyuge o su compañero o compañera permanente, el cincuenta por ciento
(50%) de lo que le corresponda a la víctima directa.

b.- A los demás demandantes, cuando acrediten los perjuicios morales, el treinta
por ciento (30%) de lo que le corresponda a la víctima directa.

65.7.- Para la determinación del monto final de la indemnización de las victimas
indirectas dentro de los topes máximos antes señalados, la cuantificación
deberá estar fundamentada en las pruebas que obren en el expediente y ella
deberá ser motivada según lo probado en cada caso.

65.8.- Se reitera lo señalado en las anteriores jurisprudencias de unificación en lo
relativo a que todos los topes que aquí se establecen podrán ser superados cuando se
acrediten circunstancias que evidencien una gravedad e intensidad excepcional en el
perjuicio moral sufrido por el detenido o las víctimas indirectas de la detención, las
cuales podrán estar relacionadas con la gravedad del delito por el cual el sindicado fue

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Actor: Nación – Fiscalía General de la Nación

investigado o acusado y las circunstancias particulares afrontadas con ocasión de la
detención. En estos eventos, la decisión y las razones que justifican tal determinación
deberán motivarse detalladamente. Finalmente, se establece que en ningún caso la
indemnización podrá superar los trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales
vigentes para la víctima directa […]”.

43. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander al proferir la
sentencia de segunda instancia el 3 de febrero de 2022, consideró lo siguiente:

“[…] En tal oportunidad, el Juez de instancia declaró la responsabilidad
administrativa y patrimonial únicamente a la Nación Rama judicial, respecto de los
perjuicios ocasionados al señor Luis Evencio Garay Pacheco, excluyendo la
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación con el argumento que no
incurrió en falla en el servicio ya que, la misma entidad fue quien solicitó la
preclusión de la investigación en contra del demandante por el delito de
Fabricación, Trafico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o
municiones establecido en el artículo 365 de la Ley 599 de 2000.

Sin embargo, la Sala al disponerse a efectuar el estudio de la autoridad
responsable administrativa y patrimonialmente del daño especial ocasionado al
señor Luis Evencio Garay Pacheco encontró que, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia análoga de fecha 24 de mayo
de 2017, Radicado No. 17001-23-31-000-2011-00126-01(51806), establecido
como criterio hermenéutico auxiliar, lo siguiente:

“Como la preclusión de la investigación (…) se fundamentó en el principio de in
dubio pro reo, el título de imputación aplicable es el objetivo de daño especial, lo
que torna en injusta la privación de su libertad. En tal virtud, el daño es imputable a
la Nación-Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, pues la primera impuso la
medida de aseguramiento y la segunda recaudó los elementos probatorios y
evidencias físicas de los hechos materia de la investigación y fue la encargada de
solicitar las medidas preventivas ante el juez de control de garantías conforme el
artículo 287 de la Ley 906 de 2004 y, por ello, se revocará la sentencia apelada [y,
en su lugar, se declara] (…) administrativamente responsable a la Nación, Fiscalía
General de la Nación, Rama Judicial”

Por otra parte, respecto de la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía
General de la Nación como posible eximente de responsabilidad que, de cuenta de
existencia de la falla en el servicio, la Sala se ve en la necesidad de traer a
colación lo manifestado por el Consejo de Estado, Sentencia de fecha once (11)
de noviembre de dos mil dieciséis (2016) expediente número: (39044):

““(…) en virtud del art. 90 de la Carta el hecho de la absolución o preclusión en
sede penal es título suficiente para la reclamación del daño derivado de la pérdida
de la libertad (…) ya que se encuentra probado que el señor XX estuvo detenido,
sin que se desvirtuara judicialmente la presunción de inocencia, cabe concluir que
el mismo no estaba en el deber jurídico de soportar la detención (…)”

En ese orden de ideas, es claro para la Sala que, tanto la Nación – Rama Judicial
como la Fiscalía General de la Nación son administrativa y patrimonialmente
responsables por los daños ocasionados al demandante, en razón a que si bien la

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rama judicial es quien impone la medida de aseguramiento, lo cierto es que la
Fiscalía General de la Nación es la encargada realizar la solicitud de conformidad
con los elementos materiales probatorios que den cuenta con toda certeza y más
allá de toda duda razonable de la autoría o participación en la comisión del delito.

En ese sentido, concluye la Sala que, tanto la Fiscalía General de la Nación como
la Rama Judicial, son responsables solidarias administrativa y fiscalmente del daño
especial ocasionado al señor Luis Evencio Garay Pacheco y a sus familiares, de
conformidad con lo anteriormente expuesto […]”.

44. La Sala observa que hay identidad fáctica y jurídica entre la sentencia
demandada, esto es, la dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander el día 3 de febrero de 2022 y la sentencia de unificación proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado el 29 de noviembre de 2021, por cuanto
en ambas providencias se analizaron casos de i) personas que fueron privadas
injustamente de su libertad, ii) se declaró la responsabilidad del Estado, y iii) se
reconocieron y pagaron perjuicios morales a favor de las víctimas directas e
indirectas.

45. Atendiendo lo anterior, la Sala advierte que, el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander optó por no aplicar la regla jurisprudencial fijada en la sentencia de
unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 29 de
noviembre de 2021 al caso concreto, frente a los topes indemnizatorios que se
deben tener en cuenta para efectos de reconocer y pagar los respectivos
perjuicios morales, en donde se debe hacer énfasis, en que que el señor Luis
Evencio Garay Pacheco estuvo privado de la libertad 3 meses y 14 días, por lo
que el Tribunal desconoció los topes fijados por la Sección Tercera del Consejo de
Estado en dicha providencia judicial.

46. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de manera errónea fijó los
topes indemnizatorios para efectos de reconocer los perjuicios morales,
estableciendo como condena a “[…] la Nación - Rama Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación a reconocer y pagar solidariamente por concepto de
perjuicios morales las siguientes sumas: LUIS EVENCIO GARAY PACHECO
(VÍCTIMA DIRECTA): 50 S.M.L.M.V. MARLENES RAMÍREZ ORTEGA
(CÓNYUGE DE LA VÍCTIMA DIRECTA): 50 S.M.L.V. MARLUVEN SELENA

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Actor: Nación – Fiscalía General de la Nación

GARAY RAMÍREZ (HIJA VÍCTIMA DIRECTA): 50 S.M.L.M.V. KAROL TATIANA
GARAY RAMIREZ (HIJA VÍCTIMA DIRECTA): 50 S.M.L.M.V. JOSUE AQUELAIN
GARAY RAMÍREZ (HIJO DE VÍCTIMA DIRECTA): 50 S.M.L.M.V […]”. (Resaltado
por la Sala).

47. La Sala debe hacer énfasis, que la Sección Tercera del Consejo de Estado fijó
la siguiente regla jurisprudencial, que fue desatendida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, al momento de proferir la sentencia de 3 de
febrero de 2022:

“[…] 65.5.- Los topes máximos de indemnización se establecen de la siguiente
forma para la víctima directa:

a.- Si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a un mes, una
suma fija equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5
SMLMV).

b.- Si la privación de la libertad tiene una duración superior a un mes:

• Por cada mes adicional transcurrido, sin importar el número de días que tenga
el mes, cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV).

• Por cada día adicional al último mes transcurrido, una fracción equivalente a
0,166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual se obtiene de dividir
cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV) por 30 días.

• La cuantía se incrementará hasta cien salarios mínimos legales mensuales
vigentes (100 SMLMV), indemnización que recibirá la víctima directa cuando esté
detenida por 20 meses o más tiempo, con el objeto de mantener el tope máximo
jurisprudencial, de acuerdo con la jurisprudencia antes indicada.

• De conformidad con los anteriores parámetros, los topes de indemnización de
perjuicios morales para la víctima directa son los siguientes:

Víctima directa en
Duración de la privación
SMLMV
Entre un día y un mes Suma fija de 5 SMLMV
Hasta 2 meses Hasta 10 SMLMV
Hasta 3 meses Hasta 15 SMLMV
Hasta 4 meses Hasta 20 SMLMV
Hasta 5 meses Hasta 25 SMLMV
Hasta 6 meses Hasta 30 SMLMV
Hasta 7 meses Hasta 35 SMLMV
Hasta 8 meses Hasta 40 SMLMV
Hasta 9 meses Hasta 45 SMLMV
Hasta 10 meses Hasta 50 SMLMV
Hasta 11 meses Hasta 55 SMLMV

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03998-00
Actor: Nación – Fiscalía General de la Nación

Hasta 12 meses Hasta 60 SMLMV
Hasta 13 meses Hasta 65 SMLMV
Hasta 14 meses Hasta 70 SMLMV
Hasta 15 meses Hasta 75 SMLMV
Hasta 16 meses Hasta 80 SMLMV
Hasta 17 meses Hasta 85 SMLMV
Hasta 18 meses Hasta 90 SMLMV
Hasta 19 meses Hasta 95 SMLMV
20 meses o más Hasta 100 SMLMV

• En consecuencia, la fórmula para determinar la cuantía de los perjuicios morales de
la víctima directa es:

PM = (número de meses x 5 SMLMV) + (fracción adicional de días x 0,166
SMLMV)

• En casos de detención domiciliaria, la cuantía de los perjuicios morales sufridos
por la víctima directa se disminuirá en un 50%.

65.6.- Para las víctimas indirectas, los topes máximos de indemnización se
determinan a partir del monto reconocido a la víctima directa, de la siguiente
manera:

a.- A los parientes en el primer grado de consanguinidad del detenido, su
cónyuge o su compañero o compañera permanente, el cincuenta por ciento
(50%) de lo que le corresponda a la víctima directa.

b.- A los demás demandantes, cuando acrediten los perjuicios morales, el treinta
por ciento (30%) de lo que le corresponda a la víctima directa.

65.7.- Para la determinación del monto final de la indemnización de las victimas
indirectas dentro de los topes máximos antes señalados, la cuantificación
deberá estar fundamentada en las pruebas que obren en el expediente y ella
deberá ser motivada según lo probado en cada caso.

65.8.- Se reitera lo señalado en las anteriores jurisprudencias de unificación en
lo relativo a que todos los topes que aquí se establecen podrán ser superados
cuando se acrediten circunstancias que evidencien una gravedad e intensidad
excepcional en el perjuicio moral sufrido por el detenido o las víctimas
indirectas de la detención, las cuales podrán estar relacionadas con la gravedad
del delito por el cual el sindicado fue investigado o acusado y las circunstancias
particulares afrontadas con ocasión de la detención. En estos eventos, la
decisión y las razones que justifican tal determinación deberán motivarse
detalladamente. Finalmente, se establece que en ningún caso la indemnización
podrá superar los trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales
vigentes para la víctima directa […]”. (Resaltado por la Sala).

48. La Sala debe hacer énfasis, en que el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander no cumplió con la carga argumentativa30 para apartarse del

30
Frente a la carga argumentativa para apartarse de un precedente judicial, ver entre otras: Corte
Constitucional, sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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Actor: Nación – Fiscalía General de la Nación

precedente judicial fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación de 29 de noviembre de 2021, toda vez que en su
providencia no hizo mención expresa a dicho precedente judicial (requisito de
transparencia) y, a partir de allí, exponer las razones jurídicas (de que las
situaciones fácticas y los problemas jurídicos expuestos en el caso sub examine
son totalmente diferentes a lo decidido en la sentencia de unificación de 29 de
noviembre de 2021 (requisito de suficiencia), y en ese orden de ideas,
argumentar que no era procedente aplicar la ratio decidendi fijada por el Consejo
de Estado en dicho precedente judicial.

49. En ese orden de ideas, la Sala i) concederá el amparo del derecho
fundamental del actor al debido proceso, por encontrarse configurado el defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial;

ii) se dejará sin efectos parcialmente la sentencia proferida el 3 de febrero de 2022
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del proceso de
reparación directa identificado con el número único de radicación 54-001-33-33-
008-2018-00132-01, y

iii) se ordenará a dicho Tribunal que en el término de 40 días, contado a partir de
la notificación de esta sentencia profiera la providencia de reemplazo, teniendo en
cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Conclusiones de la Sala

50. En suma, para la Sala, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda
vez que al proferir la sentencia de 3 de febrero de 2022 dentro del proceso de
reparación directa identificado con el número único de radicación 54-001-33-33-
008-2018-00132-01, trajo como consecuencia la afectación del derecho
fundamental al debido proceso del actor.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03998-00
Actor: Nación – Fiscalía General de la Nación

51. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala accederá a las pretensiones del amparo frente al
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso invocado por el
actor, el cual fue vulnerado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO parcialmente la sentencia de 3 de febrero
de 2022, por la citada Corporación, dentro del proceso de reparación directa
identificado con el número único de radicación 54-001-33-33-008-2018-00132-01,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Norte de Santander que
dentro de los cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta sentencia,
profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31
del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.

30

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03998-00
Actor: Nación – Fiscalía General de la Nación

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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