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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04000-00

Fecha
6 de octubre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04000-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2022-04000-00 Demandantes: Jorge Enrique Orozco Ramírez y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena SEGUNDO: NEGAR el amparo deprecado en la acción de tutela presentada por el señor Jorge Enrique Orozco Ramírez y otros18, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04000-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

6 de octubre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04000-00
Demandantes: Jorge Enrique Orozco Ramírez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04000-00
Demandantes: JORGE ENRIQUE OROZCO RAMÍREZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGADALENA

Temas: Tutela contra providencia judicial – defecto fáctico - privación
injusta de la libertad1.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda interpuesta por los
señores Jorge Enrique Orozco Ramírez y otros, contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Magdalena, el 16 de febrero del 2022, en ejercicio de
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. Con escrito radicado el 25 de agosto de 2022 al correo electrónico
“tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co”, el señor Jorge Enrique Orozco Ramírez
y otros2, actuando por medio de apoderada judicial, instauraron acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, con el fin de que sean amparados
sus derechos fundamentales “al debido proceso, presunción de inocencia, juez natural,

1 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, Sentencia 12.05.22., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2021-07383-01;
Sentencia 1.09.22, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2022-04099-00; Sentencia del
13.02.20, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00145-00; Sentencia
30.01.20, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2019-02962-01; Sentencia
30.01.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00.
2 Dayana Vanessa Negrete Montenegro, actuando en nombre propio y en representación de su hijo

menor José Jorge Orozco Negrete; Matilde Ramírez Vásquez; José Alberto Orozco Ramírez, quien
actúa en nombre propio y en representación de sus hijas Natalia Orozco Meza, Alina Melisa
Orozco Meza y María José Orozco Meza; Jhonnys Orozco Ramírez, quien actúa en nombre propio
y en representación de sus hijos Neyinis Orozco Montes y Jhonny Orozco Montes; Kettys Orozco
Ramírez, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos Tatiana Olivella Orozco,
Fabián Andrés Olivella Orozco y Camilo Andrés Orozco Ramírez; del señor Elkin Orozco Ramírez,
quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos Elkin David Orozco González,
Rafael David Orozco González, Andrea Camila Orozco González Y Ana Luz Orozco Cadavid;
Mariela Cecilia Ramírez Vásquez, Luis Eduardo Ramírez Vásquez, Edith Mercedes Ramírez
Vásquez, Álvaro Raúl Ramírez Vásquez, Emma Rosa Ramírez Vásquez, Alba Rosa Ramírez
Vásquez y Enrique Alfonso Ramírez Vásquez
1

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Demandantes: Jorge Enrique Orozco Ramírez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena

inaplicación del precedente judicial, Acceso a la Administración de Justicia ; todos ellos en
conexidad con el Principio Constitucional de la Buena Fe (Artículo 83 Superior)”. (Sic a
toda la cita)

2. Los accionantes consideraron vulneradas dichas garantías constitucionales,
con ocasión de la providencia del 16 de febrero de 2022, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Magdalena revocó la providencia del 18 de febrero de
2021 del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, que
había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar,
negarlas. Lo anterior, en el marco del proceso de reparación directa, con radicado
N.º 47001-33- 33-001-2016-00631-01, instaurado contra la Nación - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“(…) 1.- De manera respetuosa y Comedida ruego al H. Señor Juez
Constitucional, se sirva tutelar los Derechos Constitucionales Fundamentales al
Debido Proceso (Art. 29 y 31 C. N), Acceso a la Administración de Justicia (Art.
229 C. N), e Igualdad frente a la Ley (Art. 13 C. N.), todos ellos en conexidad con
el principio Constitucional de la Buena Fe (Art. 83 Superior), de Legalidad (Art. 6°
C. N), de mi poderdante, toda vez que, por parte del H. TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA se encuentran totalmente conculcados y/o
violados con ocasión de la expedición de la sentencia del veintidós (22) de
febrero de 2022, siendo Magistrada Ponente siendo Magistrada Ponente la
Doctora MARIBEL MENDOZA JIMENEZ, por medio de la cual se resolvió el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 18 de febrero de 2021
proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta (Magdalena),
dentro del proceso administrativo de reparación directa distinguido bajo el
radicado número No. 47- 001- 33- 33- 001- 2016- 00631- 00, Actor: JORGE
ENRIQUE OROZCO RAMÍREZ Y OTROS, toda vez que, con la expedición de
dicha providencia judicial se incurrió por parte de la H. Corporación en una
evidente VIA DE HECHO, la cual violó y/o vulneró los Derechos Constitucionales
Fundamentales de mi poderdante al Debido Proceso, presunción de inocencia,
juez natural, Acceso a la Administración de Justicia ; todos ellos en conexidad
con el Principio Constitucional de la Buena Fe (Artículo 83 Superior); solicitud que
me permito fundamentar en los siguientes; e inaplicación precedente
jurisprudencial del H. Consejo de Estado y Corte Constitucional en estos casos.

2.- De manera subsidiaria, solicito a usted dejar sin efecto alguno la sentencia del
(22) de febrero de 2022, proferida por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
MAGDALENA y, en su defecto, proferir la sentencia que en derecho
corresponda.-

3.- Háganse las prevenciones de ley.” (Sic a toda la cita)3

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Jorge Enrique Orozco Ramírez, fue capturado el 31 de enero de
2007 y permaneció privado de la libertad en establecimiento penitenciario, hasta el
25 de junio de 2010, en razón de su presunta participación en una conducta

3 Folio 18 de la demanda de tutela. Índice 1 del aplicativo SAMAI.

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Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena

delictiva por el hallazgo ocurrido el 10 de diciembre de 2005, de un alijo de 15
kilogramos de cocaína camuflados en la parte interna del piso de un contenedor
que retornó del Puerto de Amberres en Bélgica en los patios de la Sociedad
Portuaria de Santa Marta, lugar en el cual le correspondía hacer vigilancia, en su
calidad de agente de policía.

5. El 31 de enero de 2008, la Fiscalía 22 de la Unidad Nacional Antinarcóticos
y de Interdicción Marítima le concedió la libertad provisional al señor Orozco
Ramírez por vencimiento de términos.

6. El 9 de febrero del 2008, el ente acusador profirió resolución de acusación
en contra del señor Orozco Ramírez por los delitos de tráfico, fabricación y porte
de estupefacientes y revocó la libertad provisional que le había otorgado.

7. El 25 de junio de 2010 el señor Orozco Ramírez fue puesto en libertad con
ocasión de la decisión del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de
Santa Marta del 18 de junio de 2010 que lo absolvió en aplicación del principio “in
dubio pro reo”, dicha decisión fue confirmada en segunda instancia el 24 de
febrero de 2011 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta- Sala
Penal.

8. La parte accionante presentó demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación y la Nación - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de obtener la reparación de los
perjuicios ocasionados por la privación de la libertad que le fue impuesta al señor
Orozco Ramírez por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación y porte
de estupefacientes agravado.

9. Conoció de la demanda de reparación directa, en primera instancia, el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta. Este despacho
judicial dictó sentencia el 18 de febrero de 2021, en la que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, por cuanto estimó que en la sentencia absolutoria
de primera instancia penal el juez fundamentó su decisión en el principio de
indubio pro reo o la duda probatoria y, en que de las grabaciones aportadas el
proceso no se pudo establecer con certeza que se tratara del mismo policía
Orozco, y agregó que:

“tampoco está configurado en este caso el eximente de culpa exclusiva de la
víctima, pues, la Fiscalía General de la Nación no demostró en el plenario que
la privación de la libertad del señor Jorge Orozco Ramírez fue el resultado de
su actuar ilícito, o, por lo menos descuidado, imprudente o negligente. y la
simple sospecha no basta para declarar la conducta de Jorge Orozco Ramírez
como civilmente inaceptable, en orden a tener por configurado en este caso el
eximente de responsabilidad de culpa exclusiva y determinante de la víctima
(…)” (sic para toda la cita)

10. Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso apelación, y
conoció del recurso el Tribunal Administrativo del Magdalena, que, por medio del
fallo de 16 de febrero de 2022 revocó la decisión apelada, y en su lugar, negó las
pretensiones, en tanto consideró que la medida privativa de la libertad impuesta

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contra el señor Orozco Ramírez no obedeció a una irregularidad o arbitrariedad de
la Fiscalía General de la Nación, sino que actuó en ejercicio de sus competencias.

11. Señaló que dicha medida se fundamentó en los audios encontrados en el
computador del señor Édgar Ignacio Fierro Flórez “alias Don Antonio”,
comandante paramilitar que operaba en el Atlántico y Magdalena. Se apoyó en la
sentencia C- 456 de 2006 que indica que al momento de definir los presupuestos
de la detención preventiva se exige que se introduzcan criterios de necesidad y
proporcionalidad.

12. Así mismo, la autoridad judicial indicó:

“las medidas de aseguramiento que se imponen no constituyen una sentencia
condenatoria por si solas, sino que se trata de medidas cautelares que se
dictan preventiva y excepcionalmente sin carácter sancionatorio, cuando se
cumplan los requisitos de ley que la hagan indispensable para asegurar el
normal desarrollo del proceso penal.” (Sic para toda la cita)

13. La anterior decisión fue notificada por medios electrónicos el 22 de marzo de
2022.

1.3. Fundamentos de la solicitud

14. La parte demandante aseguró que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales “al debido proceso, presunción de inocencia, juez natural,
inaplicación del precedente judicial, Acceso a la Administración de Justicia; todos ellos en
conexidad con el Principio Constitucional de la Buena Fe (Artículo 83 Superior)”, en la
medida en que la providencia atacada incurrió en un defecto fáctico y en una vía
de hecho, por las razones que se exponen a continuación:

15. Manifestó que la autoridad demandada en la providencia atacada realizó una
indebida valoración probatoria pues determinó que la Fiscalía General de la
Nación al imponer la medida de aseguramiento fundamentó su decisión en que
existían dos indicios graves, razón por la cual concluyó que dicha aurtoridad actuó
de manera diligente en la investigación penal, dichos indicios fueron:

1.- Audio encontrado en la diligencia de registro y allanamiento rotulados como
GRAB. MINTADORES DE 09 - 01- 06 entre alias Antonio (Sic), los montadores y
Arturo Carlos Marulanda, pertenecientes al grupo paramilitar de las Autodefensas en
cabeza de Jorge Cuarenta se halló el siguiente señalamiento:

“VH Tú dices que no tienes conocimiento del Capitán de Narcóticos, si no que a ti él
que te informa todo es un, unos POLICIAS de ahí. ARTURO: aja Orozco es el que
siempre sabe sabe él y otro gordito”.

2.- El señor OROZCO RAMIREZ se encontraba en el lugar y día de los hechos esto
es se encontraba en la zona portuaria cumpliendo labores los días 16 y 17 de
noviembre de 2005.

16. Sin embargo, adujo que el Tribunal accionado se apartó del análisis probatorio
que realizaron el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Santa Marta y
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad en el proceso penal
que decidieron absolver al señor Orozco Ramírez por no existir un elemento
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probatorio contundente y fehaciente que desvirtuara su derecho a la presunción de
inocencia, pues se concluyó que en dichos audios se menciona un apellido, sin
dar cuenta que efectivamente corresponda al procesado, el que cumplió un turno
el 16 de noviembre, en el patio 2 y no en el 3, sitio en el cual se encontraban los
contenedores, entre estos, el contaminado.

17. Alegó que otro argumento del juez penal para absolver al accionante es que el
contenedor fue contaminado el 17 de noviembre de 2005 en horas de la noche, de
ahí que se le imputara responsabilidad a quienes hicieron los turnos en horas
nocturnas, mientas que el tutelante prestó sus servicios en horas de la mañana el
16 de noviembre, en un patio diferente.

18. Por lo anterior, sostuvo que lo concluido por el Tribunal Administrativo del
Magdalena estuvo errado, por cuanto la medida de aseguramiento impuesta al
señor Orozco Ramírez fue desproporcionada por basarse en argumentos alejados
de la realidad y sin sustento probatorio contundente.

19. De igual manera, señaló que en el audio citado se menciona a un señor de
nombre “ARTURO”, frente a lo que las autoridades judiciales en el proceso penal
concluyeron que si bien se comentaba de una reunión con funcionarios de la
Policía Antinarcóticos, un mes después de los hechos en un establecimiento de
comercio llamado Chapultepec, donde le informaban que a ellos no los incluyeron
en la contaminación del contenedor, no se manifiesta que en esa reunión hubiese
participado algún policía en particular por lo que se deduce que esos policías
asistieron a este encuentro pero desconocían la información de ese contenedor.

20. Finalmente, concluyó que el Tribunal Administrativo del Magdalena al dictar la
sentencia del 16 de febrero de 2022, violó los principios de cosa juzgada, juez
natural y presunción de inocencia, en la medida en que decide realizar
nuevamente un análisis probatorio dentro del proceso penal y determina que la
Fiscalia General de la Nacion se ajustó a los requisitos exigidos en la Ley 600 de
2000 para la imposición de la medida de aseguramiento del señor Orozco, pues
determino que las pruebas aludidas como indicios graves eran suficientes.

21. Sin embargo, aseguró la parte actora que esos mismos medios de prueba
fueron los mismos elementos que llevados a juicio ante el Juzgado Único Penal
Especializado de Santa Marta y ante la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Magdalena, no fueron determinantes para endilgarle
responsabilidad penal al señor Ramírez Orozco.

1.4. Trámite de la acción de tutela

22. Mediante auto del 5 de agosto de 20224, se admitió la acción de tutela y se
dispuso su notificación5 a la parte actora, así como a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Magdalena, como autoridad judicial accionada.

4 Índice 5 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.
5 Actuación realizada el 9 del mismo mes y año.

5

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23. Así mismo, se vinculó en calidad de terceros con interés jurídico de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, a la
Nación - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la Fiscalía General de la
Nación, al Ministerio Publico, así como a los señores José Joaquín Orozco
Maestre, Cristina Isabel Orozco Montenegro, Julio Cesar Orozco Montenegro,
Genit Maria Orozco González, Genit Maria Orozco de Cabello y Luis Alberto
Ramírez Vásquez, toda vez que fungieron como parte demandante en el medio de
control de reparación directa en donde se profirió la providencia que se debate, del
mismo modo, al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta
autoridad judicial a la que se le solicitó el expediente de reparación directa que dio
origen a esta acción de tutela 6.

1.5. Intervenciones

24. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente7, se presentaron las siguientes
contestaciones:

1.5.1. Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta

25. Por medio de correo electrónico remitido el 11 de agosto de 2022 el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta aportó, de acuerdo al auto de 5
de agosto de 2022 copia digital del expediente No. 47001-33-33-001-2016-00631-
01, sin efectuar alguna consideración adicional.

1.5.2. Tribunal Administrativo del Magdalena

26. Con escrito remitido el 12 de agosto de 2022 al buzón web de la Secretaría
General de la Corporación, el despacho ponente solicitó se niegue las
pretensiones en la acción de tutela presentada.

27. Advirtió, que la solicitud de amparo está dirigida a revivir los términos ya
precluidos, razón por la cual se debe rechazar la solicitud de amparo en aplicación
de los criterios sobre la materia expuestos en la jurisprudencia constitucional,
teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación cumplía con los requisitos
legales necesarios para imponer medida de aseguramiento al señor Orozco
Ramírez, pues contaba con dos indicios graves de responsabilidad debidamente
sustentados probatoriamente; encontrándose el actor en el deber de soportar la
misma; pues en consonancia con lo anteriormente planteado, el demandante se
vio envuelto en situaciones de modo, tiempo y lugar de las cuales se podría
predicar su incidencia en la causación del daño.

6 De conformidad con las notificaciones obrantes en el expediente digital de la acción de tutela,

Índice 8, Oficio No. 85655, 85657, 85658, 85662, 85664, 85665, 85667 y 85668 del 9 de agosto de
2022. A los correos electrónicos merolu2000@hotmail.com;
stadmmgd@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminmgd@notificacionesrj.gov.co;
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co;
juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co; j01admsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co;
j01admsmta@notificacionesrj.gov.co.
7 De conformidad con las notificaciones obrantes en el expediente digital de la acción de tutela,

Índice 8, Oficio No. 85655, 85657, 85658, 85662, 85664, 85665, 85667 y 85668 del 9 de agosto de
2022.
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1.5.3. Nación - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

28. Por medio de memorial presentado el 12 de agosto de 2022 vía electrónica, el
apoderado de la entidad requirió que se denieguen las pretensiones de la
demanda.

29. Por otro lado, alegó que la afectación de los derechos que le son
presuntamente vulnerados a los tutelantes, devienen de la decisión adoptada en la
sentencia del 16 de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, por lo que se encuentra demostrado que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Santa Marta no está legitimada para responder
respecto de los hechos, y en consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite y
de una eventual orden estimatoria de las pretensiones de los demandantes.

1.5.4. Fiscalía General de la Nación

30. Mediante oficio radicado el 12 de agosto de este año, la profesional
especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos, solicitó declarar la
improcedencia de la presente acción de tutela por cuanto no se cumplen las
causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, concretamente el requisito de la subsidiariedad, así como tampoco se
argumentó la configuración de alguna causal específica de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales y, no se vulnera el precedente jurisprudencial.

31. Adujo que la parte accionante no justificó por qué el recurso extraordinario de
revisión no resultaba idóneo para amparar sus derechos fundamentales y que se
observa que la presente acción de tutela debe negarse, por cuanto no se
demostró la configuración de un defecto fáctico como uno de los requisitos
específicos.

32. A pesar de que los señores José Joaquín Orozco Maestre, Cristina Isabel
Orozco Montenegro, Julio Cesar Orozco Montenegro, Genit Maria Orozco
González, Genit Maria Orozco de Cabello y Luis Alberto Ramírez Vásquez fueron
debidamente notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

33. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada
por la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

34. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena, razón por la cual le corresponde a esta Corporación
conocer como máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

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Demandantes: Jorge Enrique Orozco Ramírez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena

2.2. Cuestión previa

35. Frente a la solicitud de desvinculación realizada por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, esta Sala de Decisión negará dicha petición, por
cuanto no fue vinculada como demandada en esta acción, sino en calidad de
tercero con interés ya que integró la parte accionada dentro del proceso de
reparación directa en el cual se profirió la sentencia que, según los tutelantes,
vulneró sus derechos fundamentales.

2.3. Problema jurídico

35. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el defecto
formulado, el material probatorio recaudado y los informes presentados, los
problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?

36. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

● ¿El Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró los derechos
fundamentales “al debido proceso, presunción de inocencia, juez natural,
inaplicación del precedente judicial, Acceso a la Administración de Justicia ; todos
ellos en conexidad con el Principio Constitucional de la Buena Fe (Artículo 83
Superior)”, por incurrir en un defecto fáctico, al proferir la sentencia de 16 de
febrero de 2022 que revocó la sentencia de primera instancia, y en su lugar
negó las pretensiones de la demanda instaurada contra la Nación -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la
Nación, al interior del medio de control de reparación directa?

37. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; iii) generalidades del defecto alegado; iv) evolución jurisprudencial sobre
la privación injusta de la libertad y la conducta de la víctima y v) el análisis del
caso concreto.

2.3.2. Requisitos de procedibilidad adjetiva

2.3.2.1. Relevancia constitucional8

38. En el presente caso, la Sala entiende superado este requisito, por cuanto al
realizar el test de procedibilidad de la acción en relación con los supuestos fácticos

8 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia del 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia del 20.02.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia del 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-
00; Sentencia del 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia del 06.02.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00;
Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia del 23.10.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia del 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
8

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Demandantes: Jorge Enrique Orozco Ramírez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena

de la demanda y las pretensiones, se advierte que la parte actora solicita, entre
otros, la garantía de los derechos fundamentales al “al debido proceso, presunción de
inocencia, juez natural, inaplicación del precedente judicial, Acceso a la Administración de
Justicia ; todos ellos en conexidad con el Principio Constitucional de la Buena Fe (Artículo
83 Superior)” que consideró vulnerados con la sentencia de 16 de febrero de 2022
que revocó el fallo que accedió parcialmente a sus pretensiones, y en su lugar,
negó declarar patrimonialmente responsable a la entidad accionada en el proceso
de reparación directa9.

39. En el presente caso se alegó la vulneración del derecho al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto la parte
accionante explicó que existió una indebida valoración probatoria, pues considera
que los elementos que reposaban en el expediente demostraban la
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación pues en su criterio la medida
de aseguramiento que privó de la libertad al señor Orozco Ramírez, fue impuesta
de manera arbitraria sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley, lo que
implica que la acción de tutela trasciende el ámbito meramente legal.

40. Igualmente, los actores alegaron solicitaron la protección del derecho de
acceso a la administración de justicia, pues consideraron que la sentencia
proferida por el tribunal accionado violó los derechos que surgieron de lo ya
probado en un proceso judicial anterior, en este caso, el trámite penal, lo que para
ellos rompe la seguridad jurídica de los ciudadanos.

41. Lo anterior, teniendo en cuenta la sentenecia SU-215 de 202210, la cual
indica que para determinar si la demanda de tutela contra providencia judicial
cumple con el presupuesto de relevancia constitucional toca identificar unos
criterios:

“(…) 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales119. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales. (…)

42. Así las cosas, se observa que en cuanto el primer criterio se observa que el

9 Según lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución, la finalidad de la acción de tutela es
conjurar aquellas situaciones en que la decisión de la autoridad judicial incurre en graves falencias,
de relevancia constitucional, que conllevan una decisión incompatible con la Constitución
(Sentencia T-817 de 2012 de la Corte Constitucional). Por tal razón, la jurisprudencia constitucional
ha reiterado que uno de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela en contra
de providencias judiciales es que el asunto tenga evidente relevancia constitucional; esto es,
que se oriente a la protección de derechos fundamentales (Sentencia SU-573 de 2017, reiterando
las consideraciones expuestas en la C-590 de 2005) esto se refiere a que , “involucre garantías
superiores y no sea de competencia exclusiva del juez ordinario”(Sentencia SU-050 de 2018).
10 Corte Constitucional, sentencia de 16 de junio de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Demandantes: Jorge Enrique Orozco Ramírez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena

presente caso no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, pues el
caso involucra un debate jurídico en torno a derechos fundamentales como el
debido proceso y acceso a la administración de justicia, pues la parte demandante
alegó que el contenido de la sentencia de segunda instancia en el proceso de
reparacion directa realizó una interpretación errada de las pruebas que obraban en
el proceso y descartó lo ya dicho por otras autoridades judiciales en el proceso
penal que lo involucraba.

43. Frente al segundo criterio, la controversia no se limita a una pretensión
puramente legal y/o económica, pues en el caso concreto se discute si el Tribunal
Administrativo del Magdalena vulnero las garantías constitucionales de la parte
demandante al no declarar patrimonialmente responsable a la Fiscalia General de
la Nacion por la privación de la libertad del señor Orozco Ramírez, lo cual generó
perjuicios materiales e inmateriales a el y a su nucleo familiar.

44. De igual forma, no da lugar a una tercera instancia y trasciende la “mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”, pues la
parte actora expone las razones por las cuales considera que el Tribunal
Administrativo del Magdalena cometió un yerro judicial en el análisis de las
pruebas dentro del proceso administrativo, además si se tiene en cuenta que tal
como lo reitera en su escrito con las mismas pruebas, entre las que se encuentran
audios, informes y declaraciones, fue absuelto en el proceso penal.

45. En lo relacionado con el tercer criterio, la parte demandante intenta
evidenciar que en la interpretación probatoria realizada por la autoridad judicial
demandada no se tuvo en cuenta que la Fiscalia General de la Nacion iniciando la
investigación y al momento de la imposición de la medida de aseguramiento ya
contaba con elementos probatorios que apuntaban a que no era necesaria ni
proporcional decretarla, por lo que, en su sentir, dicha entidad debía ser declarada
patrimonialmente responsable dentro del medio de control de reparación directa.

46. Por lo anterior, la Sala advierte que es necesario en el presente asunto
determinar si la actuación judicial del Tribunal Administrativo del Magdalena fue
arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales alegados por los
demandantes.

2.3.2.2. Tutela contra tutela11

47. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto a este aspecto, toda
vez que, no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza,

11 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, Sentencia del 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-
000-2020-00014-00; Sentencia del 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-
000-2020-00400-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-
000-2020-00092-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-
15-000-2020-00179-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-
15-000-2020-00141-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2019-04788-01; Sentencia del 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-
00137-00; Sentencia del 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-
00; Sentencia del 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00;
Sentencia del 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05202-00.
10

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pues la sentencia cuestionada corresponde a un proceso de reparación directa
adelantado por el señor Jorge Enrique Orozco Ramírez y otros en contra de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

2.3.2.3. Subsidiariedad12

48. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora
considera vulnerados, la Sala precisa que la providencia reprochada fue dictada
en segunda instancia, sin que en contra de tales decisiones procedan recursos
ordinarios adicionales, poniendo así fin al proceso de reparación directa.

49. En consecuencia, la Sala tendrá por superado el requisito de subsidiariedad
en relación con el fallo proferido el 16 de febrero de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, al no ser posible interponer otros recursos
ordinarios ni extraordinarios, estos últimos en consideración a que los argumentos
expuestos no encuadran en las causales de revisión ni de unificación de
jurisprudencia, por lo que no son procedentes ni idóneos en el caso concreto.

2.3.2.4. Inmediatez13

50. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, porque la parte actora considera vulnerados sus derechos con
ocasión de la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, el
16 de febrero de 2022, la cual fue notificada el 22 de marzo del mismo año a las
partes e intervinientes por medios electrónicos, por lo que cobró ejecutoria el 25
de marzo de la misma anualidad.

51. Por su parte, el escrito de tutela se radicó el 25 de agosto de 2022, de tal
manera que se presentó en un plazo inferior a seis (6) meses, el cual se considera
razonable de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la posición
unificada del Consejo de Estado.

2.3.3. Generalidad del defecto alegado

2.3.3.1. Fáctico

12 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia del 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia del 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00;
Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-
03-15-000-2019-05025-00; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00;
Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia del 13.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia del 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-
01.
13 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia del 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia del 30.01.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00;
Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia del 06.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00;
Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia del 13.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia del 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-
01.
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52. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015,14 precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión:

53. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen, entre otras, las siguientes
características:

Evento Características
Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de
del acervo convicción en el expediente, y estos resultan
probatorio decisivos frente a los hechos que se pretenden
determinante probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
para identificar la ordinario. En este punto, se requiere que de forma
veracidad de los específica, se concrete en el escrito de amparo,
hechos alegados cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente,
por las partes fueron desconocidas por el juez.

Así las cosas, se configura siempre que:

a) Se identifiquen los elementos de prueba no
valorados por el juez.
b) Se demuestre que éstos fueron aportados en
forma legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.

Valoración Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
irracional o crítica, la apreciación efectuada por el fallador,
arbitraria de las resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y
pruebas por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
aportadas alterado.

Se requiere entonces que:

a) La parte precise cual o cuales de las pruebas
fueron objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular,
la consideración del operador judicial se aleja de
las reglas de la lógica, la experiencia y la sana
crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta
de vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la

12

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cual arribó el juez de instancia, en ninguna
manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo
contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.

c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Dictar sentencia Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia
con fundamento decide el asunto con base en pruebas que no
en pruebas observaron los requisitos legales para su producción o
obtenidas con introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
violación del ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación,
debido proceso pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el
problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una
prueba que desconoce el debido proceso de las
partes.

Para su configuración corresponde señalar:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29
constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha
vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción
fueron el sustento de la decisión.

2.4. Evolución jurisprudencial Privación injusta de la libertad y la conducta
de la víctima.

50. En lo relacionado con la privación injusta de la libertad y el régimen aplicable al
caso para determinar la responsabilidad del Estado, el Consejo de Estado ha
presentado cambios en su jurisprudencia. En la sentencia del 17 de octubre de
201315 la Sección Tercera, la Corporación acogió un régimen de responsabilidad
objetivo cuando el sindicado fuera absuelto porque (i) no cometió el delito, (ii) el
hecho no existió, (iii) la conducta por la cual fue detenido no es típica o, (iv) por
aplicación del principio in dubio pro reo, eventos a partir de los cuales la
antijuridicidad del daño se consideraba presente y por tanto debía probarse
únicamente la ocurrencia del daño, es decir, la privación de la libertad. En este
régimen, para efectos de que no se emitiera orden de condena se debía probar
alguna causal eximente de responsabilidad.

51. Posteriormente, con la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, la
Sección Tercera del Consejo de Estado modificó y unificó su jurisprudencia, e
indicó que, en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano
investigador levantará la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa
de ello, incluso cuando se encontrará que (i) el hecho no existió, (ii) que el
sindicado no cometió el ilícito, (iii) que la conducta investigada no constituyó un
hecho punible, o (iv) que la desvinculación del procesado respecto del proceso

15 Consejo de Estado, Subsección A de la Sección, expediente 52001-23- 31-000-1996-07459-01

(23.354), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, es necesario hacer
el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es,
identificar la antijuridicidad del daño. Adicional o lo anterior, se debe verificar,
imprescindiblemente, incluso de oficio (i) si quien fue privado de la libertad actuó
con culpa grave o dolo; y, (ii) si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y
a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención
preventiva.

52. Del mismo modo, la Corte Constitucional estableció en la sentencia SU-072 de
2018 lo siguiente:

“Asimismo, de manera casi uniforme, se prevé como asunto de obligatorio
estudio, la eventual participación de la víctima como causa efectiva del
daño. Sobre este punto debe anotarse que, a pesar de existir ese parámetro,
se advierten providencias en las cuales no se estudia de manera profunda
dicho aspecto[255].

63. Entonces, a pesar de las leves variaciones que se aprecian en las
providencias citadas, es claro que para la Sección Tercera del Consejo de
Estado, la responsabilidad del Estado, por privación injusta de la libertad, en
principio, será objetiva en cuatro casos, a saber: (i) cuando el hecho no
existió, (ii) el procesado no lo cometió, (iii) la conducta no era atípica y (iv) la
aplicación del in dubio pro reo.

64. También se acepta que en otros eventos la responsabilidad se determina
a partir de un régimen de falla del servicio el cual exige mayor carga
demostrativa para el demandante y, en todo caso, que la actuación culposa o
dolosa de la víctima no haya dado lugar a su detención, conducta “entendida
como ‘la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto
el administrado’[256].

65. Según la Corporación en cita, dicha culpa es “grave o dolosa desde el
punto de vista civil (…) difiere completamente del campo penal, pues los
efectos de la decisión que se profiera dentro del proceso penal, no se
transmiten respecto del estudio de la responsabilidad extracontractual del
Estado, porque está última es autónoma y con identidad propia”
(…) así “cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o
culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el
artículo 63 del Código Civil.”[257] (Resaltado fuera del texto original).

De acuerdo con esas precisiones, el análisis de la conducta de la víctima no
supone un nuevo juzgamiento, toda vez que el dolo y la culpa no son
abordados para definir la responsabilidad en una conducta punible, sino para
establecer el grado de descuido o la intención de quien soportó la
investigación a la hora de afrontar la misma”.16

53. Lo anteriormente citado nos permite concluir que, con independencia del
régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez administrativo al determinar
si declara responsable administrativamente al Estado por privar de manera injusta
de la libertad a una persona, la conducta de la víctima es un aspecto que debe
valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado,
en otras palabras, que puede generar una declaratoria de irresponsabilidad
administrativa.

16 Corte Constitucional, SU-072 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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2.4. Análisis del caso concreto

54. Teniendo en cuenta lo ya precisado en el acápite 1.3, el accionante alegó
que la autoridad judicial accionada en la providencia cuestionada incurrió en un
defecto fáctico, por las razones que se exponen a continuación:

55. Se recuerda que la parte actora adujo que la autoridad judicial accionada
realizó una indebida valoración probatoria pues determinó que los dos indicios
graves que sirvieron como fundamento no eran suficientes para la imposición de la
medida de aseguramiento. Dichas pruebas fueron:

1.- Audio encontrado en la diligencia de registro y allanamiento rotulados como
GRAB. MINTADORES DE 09 - 01- 06 entre alias Antonio (Sic), los montadores y
Arturo Carlos Marulanda, pertenecientes al grupo paramilitar de las Autodefensas en
cabeza de Jorge Cuarenta se halló el siguiente señalamiento:

“VH Tú dices que no tienes conocimiento del Capitán de Narcóticos, si no que a ti él
que te informa todo es un, unos POLICIAS de ahí. ARTURO: aja Orozco es el que
siempre sabe sabe él y otro gordito”.

2.- El señor OROZCO RAMIREZ se encontraba en el lugar y día de los hechos esto
es se encontraba en la zona portuaria cumpliendo labores los días 16 y 17 de
noviembre de 2005.

56. En efecto, alegó que el Tribunal accionado no tuvo en cuenta el análisis
probatorio realizado por las autoridades judiciales del proceso penal que en sus
decisiones consideraron absolver al señor Orozco Ramírez por no existir un
elemento probatorio contundente y fehaciente que desvirtuara su derecho a la
presunción de inocencia pues se concluyó que en dichos audios se menciona un
apellido, sin dar cuenta que efectivamente correspondiera al procesado, el que
cumplió un turno el 16 de noviembre, en el patio 2 y no en el 3, sitio en el cual se
encontraban los contenedores, entre estos, el contaminado.

57. De igual manera, adicionó que los hechos probados apuntaban a que el
contenedor fue contaminado el 17 de noviembre de 2005 en horas de la noche y
que el tutelante en su labor como agente de policía prestó sus servicios en horas
de la mañana el 16 de noviembre, en un patio diferente.

58. Así mismo, resaltó que en los elementos probatorios no se menciona la
reunión grabada con funcionarios de la Policía Antinarcóticos, un mes después de
los hechos en un establecimiento de comercio llamado Chapultepec, donde le
informaban que a ellos no los incluyeron en la contaminación del contenedor. Es
decir, no se menciona que hubiese participado algún policía en particular por lo
que se deduce que esos agentes asistieron a este encuentro pero desconocían la
información de ese contenedor.

59. Por lo anterior, concluyó que el ente acusador no se ajustó a los lineamientos y
requisitos exigidos en la Ley 600 de 2000 para la imposición de la medida de
aseguramiento del señor Orozco pues las pruebas aludidas como indicios graves
no fueron suficientes para endilgarle responsabilidad penal, por lo que el Tribunal
accionado incurrió en una vía de hecho al realizar nuevamente un análisis
probatorio violando el principio de la presunción de inocencia.

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60. Desde ese panorama, la Sala advierte que la parte demandante cumplió
con la carga argumentativa requerida para el estudio del defecto fáctico, ya que
sus argumentos van dirigidos a explicar que la autoridad judicial accionada realizó
una indebida valoración de las pruebas referidas.

61. Por lo anterior, el yerro alegado será analizado frente a la sentencia de 16
de febrero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro
del medio de control de reparación directa, comoquiera que fue la providencia que
puso fin al trámite ordinario. El fallo atacado realizó el estudio de los elementos
probatorios de la siguiente manera:

“Los hechos que dieron origen a la actuación iniciaron con el pliego de cargos
el 8 de febrero de 2008, el Despacho 22 del Fiscal Adscrito a la UNAIM, en
contra de los policías Yuber Maldonado Rojas, Luis Vicente Garzón Herrera y
Jorge Enrique Orozco García por la contaminación del contenedor TRIU
836595-0, con 15 kilogramos de clorhidrato de cocaína, detectados después
de regresar al puerto de Santa Marta el 12 de diciembre de 2005. Este
contenedor había permanecido inicialmente en el puerto de la ciudad de Santa
Marta desde el 16 de noviembre de ese año y, partido con destino al Puerto
de Amberes, Bélgica el 17 siguiente.

(…)

Al interior del proceso penal radicado bajo el No. 47-001-3107-001-2008-
00035 se recolectaron elementos probatorios que permiten a esta Sala
evidenciar que la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la
Nación fue diligente y se debió a un estudio juicioso de dichos elementos. La
entidad basó la imposición de una medida de aseguramiento del hoy
accionante en los audios encontrados en el computador personal de Edgar
Ignacio Fierro Floréz, “Alias Don Antonio”, comandante paramilitar del bloque
Norte de las Autodefensas que operaba en el Departamento del Magdalena y
del Atlántico.17” (Sic para toda la cita).

62. De lo transcrito, esta Sala encuentra que la autoridad judicial accionada
realizó el análisis de los hechos conforme a las pruebas recaudadas dentro del
proceso, como son los audios encontrados en el computador personal de “Alias
Don Antonio”, en los cuales se mencionó al señor Orozco como presunto participe
en la conducta delictiva de tráfico de estupefacientes.

63. Ahora, si bien el juez penal contó con otros elementos de juicio para dictar
sentencia absolutoria dentro del proceso penal, cabe destacar que en este caso el
problema jurídico planteado por el juez de la reparación directa se enfocó en
determinar si para el momento en que se tomó la decisión de dictar la medida de
aseguramiento existían por lo menos dos indicios graves en contra del señor
Orozco Ramírez, conforme lo exigía la Ley 600 del 2000.

64. Por lo anterior, frente al argumento presentado por la parte demandante, en
cuanto a que el tribunal accionado no tuvo en cuenta en la providencia atacada
que las mismas pruebas que fueron sustento para absolver al señor Orozco
Ramírez en el proceso penal, sirvieron como fundamento para la imposición de la

17 Folio 32 Cuaderno de pruebas segunda instancia del expediente del proceso de reparación
directa.
16

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medida de aseguramiento que lo privó de su libertad, la Sala advierte que la
sentencia atacada de 16 de febrero de 2022 estableció:

“En este punto resulta pertinente reiterar que en el escenario procesal de la
imposición de la medida de aseguramiento bajo el imperio de la Ley 600 del
2000, bastaba con que existan por lo menos dos indicios graves de
responsabilidad basados en las pruebas obtenidas legalmente al interior del
proceso para que se cumpla el requisito legal y proceda la medida. Constrario
sensu, para imponer la condena se requiere que esos indicios se demuestren
con certeza y que se desborde toda duda razonable acerca de la comisión de
la conducta punible.” (Resaltado fuera de texto).

65. Lo anterior, permitió determinar que el ad quem analizó solo si los audios
eran elementos probatorios bastaban para que la Fiscalia General de la Nacion
impusiera la medida de aseguramiento al señor Orozco, pues tal como lo explicó
el tribunal, otro es el panorama para declarar la condena al sindicado, ya que el
juez penal de primera instancia requería que esos indicios al confrontarlos con
otros medios probatorios, los cuales se iban a obtener de manera posterior a lo
largo del proceso, demostrara con certeza, más alla de toda duda razonable, que
el acusado hubiese participado en la conducta punible, situación que al final no se
evidenció y produjo la absolución del Señor Orozco Ramírez.

66. De igual manera, la autoridad judicial accionada resaltó de la resolución de
acusación realizada por la Fiscalía General de la Nación lo siguiente:

“La acusación de la Fiscalía General de la Nación en contra del señor Orozco
Ramírez se basaron en la presunta colaboración con, el conocimiento y
frecuente asistencia al establecimiento de comercio llamado CHAPULTEPEC
e inclusive la presencia del actor el mismo día que en dicho lugar los
presuntos participes en la comisión de la contaminación del contendor se
reunieron con un policía de antinarcóticos y que cancelaron una suma de
dinero, situación que el aquí demandante corroboró, con un CDT No.
010030054 del Banco de Bogotá por quince millones de pesos ($15.000.000)
a nombre de su hermano JOSÉ ALBERTO OROZCO RAMÍREZ, monto similar
o igual al discutido en las transliteraciones de los audios encontrados en el
computador de EDGAR IGNACIO FIERRO FLÓREZ”. (Sic para toda la cita).

67. En ese sentido, el Tribunal Administrativo del Magdalena, de la valoración
probatoria transcrita, determinó que si bien el señor Orozco Ramírez resultó
absuelto en el proceso penal, lo cierto es que, para el momento de la imposición
de la medida de aseguramiento, su presunta participación en el hecho punible se
basó en su presencia en el establecimiento de comercio mencionado donde se
habían reunido los presuntos partícipes, incluso el mismo día en que aquellos se
vieron con un policía de antinarcóticos.

68. Sumado a que su hermano recibió un CDT por la misma suma de dinero
mencionada en los audios que se habían entregado a los policías de
antinarcóticos participes de la comisión del hecho, razón por la cual dicho hecho
también sirvió al ente acusador para investigar al accionante y considerar
razonable, necesario y proporcional adoptar la medida privativa de la libertad.

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69. Nótese que la autoridad judicial accionada, tuvo en cuenta todos los
elementos materiales probatorios valorados por la Fiscalía al momento de proferir
la acusación y privarlo preventivamente de su libertad, es decir, su decisión no
solo se fundamentó en las grabaciones aportadas, sino también en la presencia
del señor Orozco en el lugar donde se reunieron los presuntos autores del delito y
el hecho de que su hermano hubiere recibido una suma de dinero ese mismo día
que coincidía con la indicada en la grabación. Indicios que llevaron al ente
acusador a tomar la decisión de la cual se pretende deducir la responsabilidad del
Estado.

70. En relación con lo anterior, la autoridad judicial accionada indicó:

“En este sentido, para esta Corporación es evidente que la investigación penal
adelantada por la Fiscalía General de la Nación estuvo acorde a los
lineamientos legales consagrados en el ordenamiento jurídico vigente para la
época de los hechos, los cuales se basaron en elementos de prueba
recaudados legalmente que soportaban la imposición de una medida de
aseguramiento del actor. Si bien, las resultas del proceso resultaron
favorables para el señor Jorge Orozco Ramírez, al no haber logrado
establecer con las pruebas obtenidas la certeza de la comisión del delito por
parte del hoy demandante, lo cierto es que al momento de imponer la medida
de aseguramiento se cumplió con los requisitos del artículo 356 del C.P.P., lo
que se traduce en por lo menos 2 indicios graves de responsabilidad.” (Sic
para toda la cita).

71. La Sala observa que el fallo de 16 de febrero de 2022 destacó que no era
posible acceder a las pretensiones de la demanda bajo el argumento que la
imposición de la medida se basó en las pruebas recaudadas, específicamente en
los audios encontrados en la diligencia de registro y allanamiento, en los informes
de policía que sirvieron como sustento para la Resolución de Acusación proferida
por la Fiscalía General de la Nación, de igual manera en declaraciones rendidas
dentro del proceso penal, las cuales se encuentran consignadas a folio 257 del
expediente del asunto.

72. De conformidad con lo expuesto, es claro que ad quem del proceso ordinario
valoró en debida forma y de manera integral las pruebas allegadas al plenario y,
con ocasión de ello, advirtió que las pruebas analizadas indicaban graves
indicios de la presunta participación del ex agente de policía, el señor Orozco en
la comisión del delito y resultara encausado en un proceso penal.

68. En ese orden, la decisión fue proferida conforme a derecho, máxime si se
tiene en cuenta que es su deber como autoridad judicial al determinar si hay
responsabilidad patrimonial del Estado es valorar el material probatorio obrante
en el expediente, el cual fue analizado en el marco del principio del debido
proceso, de la sana crítica y de la autonomía judicial.

73. En efecto, evidenció que los audios se refirieron a un agente de policía de
apellido Orozco y que su hermano había recibido una suma de dinero de igual
valor al mencionado en las grabaciones que fue entregado como
contraprestación por la realización de la conducta delictiva.

74. Es así como se puede establecer que el Tribunal demandado no realizó una

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indebida valoración de los audios y declaraciones que reposan en el expediente,
frente a lo cual, vale la pena aclarar que no le correspondía revisar el estudio
probatorio realizado por los jueces del proceso penal, pues escapa de su
competencia pronunciarse sobre la responsabilidad penal del acusado. Por el
contrario, su estudio se delimitaba a verificar si la privación de la libertad del
tutelante fue injusta o no.

75. De igual manera, se generó un análisis de las pruebas en conjunto, en lo
que tiene que ver con las declaraciones, informes de policía, audios y
grabaciones de los partícipes de la conducta y de la resolución de acusación
dictada por la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió a la autoridad
judicial accionada concluir que le era atribuible su detención por el delito de
tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y así poder excluir la
responsabilidad del Estado.

70. Así mismo, en la providencia enjuiciada se estudiaron las pruebas que
obraban en el expediente, de lo cual la autoridad judicial demandada encontró
probado que el señor Orozco Ramírez fue privado de su libertad y luego dejado en
libertad en aplicación del principio in dubio pro reo, sin embargo, no se demostró
que la medida de aseguramiento se impusiera de manera desproporcionada. De
igual manera, que el análisis probatorio fue razonable, adecuado y acorde con las
reglas de la sana crítica.

71. Así pues, no se acreditó el defecto alegado, por cuanto la sentencia
proferida por la autoridad judicial accionada se ajustó a derecho.

2.5. Conclusión

74. Las anteriores razones son suficientes para considerar que se negara por
cuanto no se configuró el defecto alegado por la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

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Demandantes: Jorge Enrique Orozco Ramírez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena

SEGUNDO: NEGAR el amparo deprecado en la acción de tutela presentada por el
señor Jorge Enrique Orozco Ramírez y otros18, de conformidad con lo señalado en
la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

18 Dayana Vanessa Negrete Montenegro, actuando en nombre propio y en representación de su

hijo menor José Jorge Orozco Negrete; Matilde Ramírez Vásquez; José Alberto Orozco Ramírez,
quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijas Natalia Orozco Meza, Alina Melisa
Orozco Meza y María José Orozco Meza; Jhonnys Orozco Ramírez, quien actúa en nombre propio
y en representación de sus hijos Neyinis Orozco Montes y Jhonny Orozco Montes; Kettys Orozco
Ramírez, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos Tatiana Olivella Orozco,
Fabián Andrés Olivella Orozco y Camilo Andrés Orozco Ramírez; del señor Elkin Orozco Ramírez,
quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos Elkin David Orozco González,
Rafael David Orozco González, Andrea Camila Orozco González Y Ana Luz Orozco Cadavid;
Mariela Cecilia Ramírez Vásquez, Luis Eduardo Ramírez Vásquez, Edith Mercedes Ramírez
Vásquez, Álvaro Raúl Ramírez Vásquez, Emma Rosa Ramírez Vásquez, Alba Rosa Ramírez
Vásquez y Enrique Alfonso Ramírez Vásquez
20

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