Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-04006-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-04006-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04006-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
18 de agosto de 2022
Demandante: Agrupación de Vivienda El Pedregal
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04006-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04006-00
Demandante: AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EL PEDREGAL
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
PRIMERA – SUBSECCIÓN A Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – defectos orgánico,
procedimental y fáctico. Ampara derecho de acceso a la
administración de justicia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la Agrupación de Vivienda
El Pedregal contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A y otro, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
La Asociación de Vivienda El Pedregal Primera Etapa, por conducto de apoderado
judicial,1 presentó acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A y el Juzgado 55 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, Sección Segunda, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de las
providencias de 28 de abril y 19 de mayo de 2022, mediante las cuales el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y el Juzgado 55
1 Según el poder adjunto, otorgado por el representante legal de la propiedad horizontal, el señor Julio
Alberto Veloza Corredor.
2 Con escrito presentado el 22 de julio de 2022 a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado.
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Demandante: Agrupación de Vivienda El Pedregal
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04006-00
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, rechazaron los medios
de control de cumplimiento identificados con los radicados 25000-23-41-000-2022-
00235-00 y 11001-33-42-055-2022-00163-00, respectivamente, promovidos por la parte
actora contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía Local de Engativá y la Policía
Metropolitana de Bogotá - MEBOG.
1.2. Pretensiones
La parte accionante presentó las siguientes:
“Se solicita a este honorable cuerpo colegiado que se conozca y ampare dentro de un
plazo prudencial perentorio, los derechos al derecho al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia y en consecuencia se ordene, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Sub-Sección A admitir el medio de control de
cumplimiento de normar con fuerza material de ley o de actos administrativos dispuesto
en el artículo 87 de la Constitución Política. o en su defecto al Juzgado Cincuenta y Cinco
(55) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Sección Segunda, remitir el expediente
al superior competente para que conozca del asunto (…)”. (Sic para la cita)
1.3. Hechos
La parte accionante sustentó la solicitud de amparo en los siguientes supuestos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
1.3.1. Indicó que, a través de un primer medio de control de cumplimiento3 de normas
con fuerza material de ley o actos administrativos, la Agrupación de Vivienda El
Pedregal Primera Etapa solicitó el cumplimiento de la Resolución N°. 1175 de 3 de
diciembre de 2015,4 expedida por la Alcaldía Local de Engativá, localidad de Bogotá,
con el fin de que se ordenara a la alcaldesa lo siguiente:
« (…) ordene el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en la Resolución No. 1175 del 03
de diciembre del 2015, “por la cual se determina una zona especial, por seguridad en la
alcaldía local de Engativá” y en consecuencia se cumpla con el despeje o desalojo de
vendedores informales de la zona comprendida en la diagonal 71 B entre carrera 101 y
carrera 96».
Señaló que este trámite se distinguió con el radicado N°. 25000-23-41-000-2022-00235-
00, el cual le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A que, con providencia de 4 de abril del 20225 inadmitió el medio
de control con el fin de que la parte accionante, en un término de 2 días, lo corrigiera en
el sentido de acreditar el envío simultáneo, por medio electrónico, de la copia de la
demanda y de sus anexos a los demandados, de conformidad con lo estipulado en el
3 El cual ejerció contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía Local de Engativá y la Policía
Metropolitana de Bogotá – MEBOG.
4 “Por la cual se determina una zona especial, por seguridad en la Alcaldía Local de Engativá (…)”.
5 Providencia que se notificó vía electrónica el 19 de abril de 2022.
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Demandante: Agrupación de Vivienda El Pedregal
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
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numeral 8° del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011 (adicionado por el artículo 35 de la
Ley 2080 de 2021).
Agregó que, con proveído de 28 de abril de 2022 el referido tribunal rechazó la
demanda por cuanto no fue corregida, en virtud del artículo 12 de la Ley 393 de 1997. 6
Lo anterior, con fundamento en que la parte demandante “ mediante escrito allegado a la
Secretaría de la Sección el 20 de abril de 2022, aportó copia del correo electrónico enviado a la
parte demandada, a través del cual remitió copia de la demanda y sus anexos; sin embargo, de
la revisión del comprobante de envío allegado, la Sala evidencia que el correo fue remitido ese
mismo día, esto es, posteriormente a haberse notificado el auto inadmisorio y, por lo tanto, no
de manera simultánea a la presentación de la demanda como lo ordena el numeral 8°. Del
artículo 162 de la Ley 1437 (…)”. (Énfasis propio)
1.3.2. Informó que, con el mismo objeto, ejerció una segunda acción de cumplimiento,
la cual se identificó con el radicado N°. 11001-33-42-055-2022-00163-00 y le
correspondió por reparto al Juzgado 55 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
autoridad que con auto de 19 de mayo de 2022 rechazó la demanda tras considerar
que: (i) el objeto recae sobre un acto administrativo de contenido particular y concreto,
no sobre leyes y actos generales, impersonales y abstractos, por tanto, existe otro
medio de defensa tendiente a conjurar la vulneración de derechos e intereses
colectivos, esto es, la acción popular; y (ii) se encuentra en trámite otra acción en el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que con identidad fáctica, jurídica y en las
partes, razón por la que, además, no se puede adecuar el trámite.
Refirió que, inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación al
argumentar que el juzgado “debió no solamente investigar si se hubiera iniciado una acción
similar, sino que por el contrario debió, además, indagar el estado del mismo, es decir,
establecer si el mismo ya se encontraba finalizado, como puede observarse en la página
SAMAI del Consejo de Estado”, por lo tanto, solicitó que se revocara la providencia de 19
de mayo de 2022.
Mediante providencia de 3 de junio de 20227 el juzgado censurado rechazó por
improcedente el recurso, comoquiera que el artículo 16 de la Ley 393 de 1997 no lo
contempla para controvertir el auto que rechaza la demanda.
6 “[…] Artículo 12.- Corrección de la solicitud. Dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de la
demanda el Juez de cumplimiento decidirá sobre su admisión o rechazo. Si la solicitud careciere de
alguno de los requisitos señalados en el artículo 10 se prevendrá al solicitante para que la corrija en el
término de dos (2) días. Si no lo hiciere dentro de este término la demanda será rechazada. En caso de
que no aporte la prueba del cumplimiento del requisito de procedibilidad de que trata el inciso segundo
del artículo 8, salvo que se trate de la excepción allí contemplada, el rechazo procederá de plano.
Si la solicitud fuere verbal, el Juez procederá a corregirla en el acto con la información adicional que le
proporcione el solicitante […]”
7 Esta decisión no es objeto de la acción de tutela.
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1.4. Fundamentos
1.4.1. En relación con el proveído de 28 de abril de 2022, refirió que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A configuró un defecto
procedimental absoluto, en tanto desconoció las causales taxativas de rechazo de la
demanda enlistadas en el artículo 90 de la Ley 1564 de 2012, “habida cuenta que, se
acreditó en escrito perentorio, la subsanación de los yerros del libelo demandatorio” y la
argumentación con la cual se justificó tal decisión no se ajusta a lo estipulado en la
referida norma.
También alegó un defecto fáctico debido a que el tribunal reprochado no valoró las
pruebas que sustentaban la subsanación, lo cual atendió de conformidad con lo
indicado en el artículo 12 de la Ley 393 de 1997, no obstante, la autoridad actuó de
manera caprichosa.
1.4.2. De otra parte, respecto al auto de 19 de mayo de 2022 del Juzgado 55
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, la parte accionante adujo que se incurrió
en un defecto orgánico por no remitir el asunto al superior el caso, habida cuenta que
al integrar la parte pasiva una entidad del orden nacional como la Policía Metropolitana
de Bogotá, de conformidad con lo estipulado en los artículos 152 y 155 de la Ley 1437
de 2011, el conocimiento del medio de control le correspondía al tribunal reprochado.
Indicó que contiene un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto,
por cuanto se rechazó de plano la demanda con base en una averiguación en el
sistema de gestión judicial SAMAI, a partir de la cual se evidenció que existía otro
medio de cumplimiento que presentaba similitud en los extremos procesales y en los
derechos, pero, sin verificar que actualmente dicho trámite está terminado, en
consecuencia, refirió que se adoptó la decisión en estricto sentido de la norma procesal
(numeral 8º del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011).
Finalmente, advirtió un defecto fáctico por no valorar que la demanda de cumplimiento
iniciada con anterioridad se encontraba terminada, tanto así, que el auto de rechazo
expedido por el tribunal se encontraba en firme.
1.5. Trámite de la acción
Con auto de 27 de julio de 2022 se admitió la acción de tutela, se dispuso la
notificación de las partes, así como la vinculación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la
Alcaldía Local de Engativá y la Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG [demandados
en el medio de control de cumplimiento].
Por último, se reconoció personería al abogado Nayib Alfonso Moncada Pacheco como
apoderado del extremo actor, y se dispuso la publicación del asunto de la referencia en
la página web del Consejo de Estado.
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1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A, a través de la ponente de la decisión reprochada, presentó un informe el 2 de agosto
de 2022, en el que solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda tutelar por
cuanto no se cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.
Lo anterior, en atención a que la razón del rechazo de la acción no se dio por capricho
de la autoridad como lo señaló el actor, sino por el incumplimiento de lo dispuesto en el
numeral 8º del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, en el que se establece que la
demanda se debe enviar a la parte pasiva de manera simultánea a su presentación, no
con posterioridad.
Finalmente, agregó que “llama la atención que la parte accionante, luego que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca le rechazó, decida, pasando por alto las competencias
asignadas a los Tribunales y a los Juzgado, intentar tramitar la demanda en los Juzgados
Administrativos, aún a sabiendas que la competencia radicaba en el Tribunal y, luego, al ver
que fue rechazada la demanda por parte del Juzgado, ahora sí esté pretendiendo por medio de
esta acción de tutela que el Juez Constitucional ordene que se envíe la demanda al Tribunal o
que revoque el auto por medio del cual el Tribunal rechazó la demanda”.
1.6.2. El titular del Juzgado 55 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá –
Sección Segunda, mediante memorial radicado el 1º de agosto de 2022 solicitó que se
declare improcedente la solicitud de amparo de la referencia debido a que no satisface
el análisis de la relevancia constitucional y tampoco se configuran las causales
generales y especiales de procedibilidad.
En ese orden, manifestó que no se advierte un yerro procedimental, por cuanto se dio
aplicación a los artículos 8º y 9º de la Ley 393 de 1997, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, en donde se establece que el medio de control
de cumplimiento es procedente frente a acciones u omisiones de la autoridad en las
que se evidencie que se incumplen normas con fuerza de ley o actos administrativos
generales, impersonales y abstractos, lo cual no se ajustaba a la situación fáctica del
asunto y condujo al rechazo.
Adujo que no se configuró un defecto sustantivo por aplicar las normas procesales con
exceso ritual manifiesto, en atención a que, por el contrario, se aplicó el marco jurídico
propio del caso sin extralimitar lo establecido en este.
De otro lado, resaltó que la providencia cuestionada tampoco adolece de un yerro
fáctico, habida cuenta que, en dicho proveído no se hizo referencia a las figuras de
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cosa juzgada o pleito pendiente, sino que advirtió que existía otra acción con identidad
de partes, hechos y derechos “pero sin que este fuera el motivo del rechazo, por cuanto el
sustento de este, fue la improcedencia de la acción, para atacar un acto administrativo de
contenido particular y concreto”.
Finalmente, concluyó que se acataron las normas y la jurisprudencia referente a la
acción de cumplimiento, en concordancia con un análisis probatorio objetivo.
1.6.3. Policía Metropolitana de Bogotá
El jefe de Asuntos Jurídicos de la Policía Metropolitana de Bogotá, con escrito aportado
el 4 de agosto de 2022, solicitó que se niegue el amparo deprecado por la parte
accionante, toda vez que no se vislumbra alguna vulneración de derechos
fundamentales a la Agrupación de Vivienda el Pedregal Primera Etapa.
Respecto al fondo, manifestó que el mecanismo constitucional es improcedente en
atención a que se pretende la protección de derechos colectivos como el espacio
público, para lo cual existen otros mecanismos como la acción popular o de grupo.
Informó que, con el Oficio Nº. GS-2022-271936-MEBOG, expedido por la Estación de
Policía de Engativá, CAI los Álamos, correspondiente a la zona en donde se encuentra
ubicada la propiedad horizontal tutelante, se les informó a los peticionarios sobre las
labores de patrullaje constante para garantizar la seguridad de la zona y, para retirar a
los vendedores informales que se ubican en ese espacio, en aplicación de las medidas
correctivas estipuladas en la Ley 1801 de 2016 (Código de Seguridad y Convivencia
Ciudadana). Lo anterior también fue puesto en conocimiento de la Alcaldía Local de
Engativá el 15 de junio de 2022 y al presidente de la Junta de Acción Comunal del
Barrio los Álamos el 24 de diciembre de 2021.
Finalmente, sobre la recuperación del espacio público indicó:
«(…) que de conformidad con la jurisprudencia constitucional, las autoridades
administrativas tienen el deber y la potestad de adelantar políticas, programas y medidas
orientadas a recuperar y preservar el espacio público, pero las mismas: (i) se han de
adelantar siguiente el debido proceso y dando a los afectados un trato digno, (ii) deben
respetar la confianza legítima de los afectados, (iii) deben estar precedidas de una
cuidadosa evaluación de la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, con el
seguimiento y la actualización necesarios para guardar correspondencia en su alcance y
características con dicha realidad, con miras a asegurar el goce efectivo de derechos
constitucionales fundamentales, y (iv) no se pueden adelantar en forma tal que se lesione
desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de los sectores más vulnerables y
pobres de la población, ni de manera que se prive a quienes no cuentan con
oportunidades económicas en el sector formal de los únicos medios lícitos de subsistencia
que tienen a su disposición”».
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1.6.4. Secretaría de Gobierno de Bogotá D.C. – Alcaldía Local de Engativá
El director jurídico de la Secretaría Distrital, en oficio aportado el 2 de agosto de 2022
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela respecto a la Alcaldía
Local de Engativá y se desvincule, dado que, a su juicio, carece de legitimación en la
causa por pasiva.
Tal petición la sustentó en que la causa de la presunta vulneración de las garantías
fundamentales de la parte actora es de índole procesal y, en esa medida, las
pretensiones están dirigidas contra las autoridades judiciales que rechazaron el medio
de control de cumplimiento.
Por último, agregó que, de conformidad con las atribuciones administrativas que le
otorga a la Secretaría Distrital de Gobierno el Decreto Distrital Nº. 411 de 2016, y las
Alcaldías Locales mediante el artículo 86 del Decreto Ley 421 de 1993, así como el
artículo 6º del Acuerdo Distrital Nº. 735 de 2019, la demandada no cuenta con
facultades para emitir un pronunciamiento en torno a los hechos y pretensiones de la
solicitud de amparo.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la Agrupación
de Vivienda El Pedregal contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A y otro, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. La Alcaldía Local de Engativá solicitó ser desvinculada de la acción de tutela
objeto de análisis, con fundamento en que carece de legitimación en la causa por
pasiva comoquiera que lo pretendido por la parte activa escapa de la esfera de su
competencia funcional.
Al respecto, la Sala anuncia que despachará negativamente tal petición por cuanto esta
entidad fue vinculada al proceso en calidad de tercero con interés en la decisión que se
llegare a adoptar, por haber conformado la parte demandada en el medio de control de
cumplimiento objeto de esta acción constitucional, por tanto, deberá garantizarse la
debida integración de este contradictorio.
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2.2.2. En el asunto de la referencia la parte tutelante demandó las dos providencias por
medio de las cuales las autoridades judiciales rechazaron dos demandas instauradas
en ejercicio del medio de control de cumplimiento.
Frente al punto, esta Colegiatura precisa que, de conformidad con las pretensiones de
la demanda, la principal recae sobre la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, y la subsidiaria respecto del Juzgado
55 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, así:
“Se solicita a este honorable cuerpo colegiado que se conozca y ampare dentro de un
plazo prudencial perentorio, los derechos al derecho al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia y en consecuencia se ordene, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Sub-Sección A admitir el medio de control de
cumplimiento de normar con fuerza material de ley o de actos administrativos dispuesto
en el artículo 87 de la Constitución Política. o en su defecto al Juzgado Cincuenta y
Cinco (55) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Sección Segunda, remitir
el expediente al superior competente para que conozca del asunto (…)”. (Sic para
la cita y énfasis propio)
En atención a lo anterior y, considerando que lo que se persigue tanto del tribunal como
del juzgado es que se ampare el derecho de acceso a la administración de justicia con
el fin de que, alguna de las dos judicaturas le admita y/o remita la acción de
cumplimiento que versa sobre los mismos hechos, derechos y partes, sería inane
analizar el fondo del reclamo respecto de las dos providencias reprochadas.
Por tanto, de proceder el estudio del sub lite, este partirá de lo relacionado con las
irregularidades en que presuntamente incurrió el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A8 y, solo en el caso de que los cargos
contra esta Colegiatura no prosperen, se abordaría el análisis de los yerros elevados
contra el Juzgado 55 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la vulneración de
los derechos fundamentales de la Agrupación de Vivienda El Pedregal Primera Etapa
por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
y el Juzgado 55 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con ocasión de la
expedición de las providencias de 28 de abril y 19 de mayo de 2022, respectivamente, a
través de las cuales se rechazaron 2 demandadas promovidas en ejercicio del medio de
control de cumplimiento.
8 Se advierte que, de conformidad con el numeral 14 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 (modificado
por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021), la competencia para conocer de los asuntos relativos a la
protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento contra las autoridades del orden
nacional, es de los tribunales administrativos.
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Para resolver los interrogantes planteados, se estudiarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) las generalidades de
la acción de cumplimiento; (iii) el análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva y,
en el caso de encontrarse superados; (iv) las generalidades de los defectos invocados;
y (v) el análisis del caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 12, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Generalidades de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos contenidos
en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
Con base en la regulación establecida en el artículo 87 de la Constitución Política y el
desarrollo previsto en la Ley 393 de 1997, dicha posibilidad opera a partir de la orden
que imparte el juez de lo contencioso administrativo a la autoridad renuente.
9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Este mecanismo procesal tiene carácter subsidiario, puesto que no procede cuando el
demandante tenga a su alcance otro instrumento judicial para lograr la efectividad de la
norma legal o del acto que estima incumplidos.
Tampoco procede cuando el ejercicio del medio de control pretenda el cumplimiento de
normas legales y de actos administrativos que establezcan gastos.
De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta corporación, la prosperidad de esta
acción está sujeta a la observancia de los siguientes presupuestos: (i) que el deber
jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas con fuerza de ley o en
actos administrativos; (ii) que el mandato, la orden, el deber, la obligatoriedad o la
imposición esté contemplada en forma precisa, clara y actual; (iii) que la norma esté
vigente; (iv) que el deber jurídico esté en cabeza del accionado; (v) que se acredite que
la autoridad o el particular en ejercicio de funciones públicas fue constituido en
renuencia frente al cumplimiento de la norma o acto administrativo cuyo acatamiento
pretende la demanda y (vi) que tratándose de actos administrativos no haya otro
instrumento judicial para lograr su efectivo cumplimiento, ni persiga el cumplimiento de
normas que establezcan gastos. (Énfasis propio)
2.6. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.6.1. Para esta Sala de decisión resulta necesario precisar que, el caso objeto de
estudio está revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito
que dio origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la
demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la
parte actora solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia.
Lo anterior, por cuanto la agrupación actora indicó que con las decisiones reprochadas
presuntamente se incurrió en los defectos orgánico, procedimental y fáctico, al rechazar
dos demandas promovidas en el marco del medio de control de cumplimiento, a partir
del cual pretendía la protección de los derechos de los residentes de la propiedad
horizontal El Pedregal ubicada en el barrio Álamos de la Localidad de Engativá, Bogotá
D.C., lo que, en su sentir, deja en evidencia que sí existe en cabeza del ente distrital la
obligación reclamada.
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, se advierte una tensión o contradicción
entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de las garantías alegadas por
el extremo accionante, en tanto a su juicio, las autoridades judiciales censuradas
incurrieron en los defectos orgánico, procedimental y fáctico, por lo que se evidencia
que trasciende un estudio de lo meramente legal.
2.6.2. La acción de tutela de la referencia no se dirige contra una sentencia de la
misma naturaleza, puesto que la providencia judicial que censura la parte accionante
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fue proferida en el marco de los medios de control de cumplimiento promovido por la
propiedad horizontal actora contra el Distrito Capital del Bogotá – Alcaldía Local de
Engativá, procesos que se identificaron con los radicados 25000-23-41-000-2022-
00235-00 y 11001-33-42-055-2022-00163-00.
2.6.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que las decisiones
censuradas fueron dictadas el 28 de abril y 19 de mayo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y el Juzgado 55
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, respectivamente, y la solicitud de amparo
se presentó el 11 de julio de 2022, razón por la cual, sin que sea necesario establecer
las fechas de notificación y ejecutoria de las referidas decisiones, resulta ser un término
que a juicio de la Sala es razonable, es decir, antes de transcurridos 6 meses.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 13, en la que
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200514, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.
2.6.4. Por otra parte, en consideración al agotamiento de los mecanismos judiciales,
en el caso concreto, los proveídos que se cuestionan son los expedidos por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y el Juzgado 55
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el 28 de abril y 19 de mayo de 2022,
mediante los cuales se rechazaron dos demandas en el marco de la acción de
cumplimiento promovida por la Agrupación de Vivienda El Pedregal contra el Distrito
Capital del Bogotá – Alcaldía Local de Engativá, razón por la cual contra las
providencias controvertidas no procede ningún otro recurso.15
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de
resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, y la protección de
derechos de terceros.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es,
de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.”
15 En armonía con lo definido en el auto de unificación de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
expedido en el expediente Nº. 25000-23-41-000-2015-02429-01.
11
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2.7. Generalidades de los defectos
2.7.1. Defecto orgánico
El defecto orgánico se ha entendido configurado, cuando el funcionario que expide una
decisión particular, carece de competencia absoluta para ello.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-267 de 2013 señaló:
“Jurisprudencialmente se ha determinado, desde los albores de esta corporación, que se
está en presencia de un de un defecto orgánico en aquellos eventos en los que el
funcionario que profiere determinada decisión, carece de manera absoluta de la
competencia para hacerlo. Se dice que se configura este defecto en aquellas situaciones
en las que: (i) El peticionario se encuentra supeditado a una situación en la que existe una
actuación consolidada y no tiene otro mecanismo de defensa (por ejemplo cuando una
decisión está en firme y se observa que el fallador carecía de manera absoluta de
competencia) (ii) Durante el transcurso del proceso el accionante puso de presente las
circunstancias de incompetencia absoluta, y dicha situación fue desechada por los jueces
de instancia, incluso en el desarrollo de recursos ordinarios y extraordinarios, validándose
así una actuación erigida sobre una competencia inexistente.
(…)
La jurisprudencia constitucional ha establecido que el defecto orgánico tiene un carácter:
(i) funcional, cuando la autoridad judicial extralimita de forma manifiesta el ámbito de las
competencias otorgadas tanto por la Carta Política como por la ley; o (ii) temporal, cuando
los jueces a pesar de contar con ciertas atribuciones para realizar determinada conducta,
lo hace por fuera del término consagrado para ello. Por lo anterior, cuando un operador
judicial desconoce los límites temporales y funcionales de la competencia, configura un
defecto orgánico y en consecuencia vulnera el derecho fundamental al debido proceso.”
Lo anterior encuentra relación sustancial en el artículo 29 constitucional, en el cual se
fija la garantía superior del juez natural, mediante la cual se determina cuál es el
funcionario idóneo para conocer y resolver determinado asunto, pues en primer lugar,
toda competencia debe ser reglada y, en segundo, este es uno de los fundamentos del
derecho al debido proceso.
2.7.2. Defecto procedimental
En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha considerado que el defecto
procedimental, se presenta, cuando la autoridad judicial en el desarrollo del proceso: (i)
sigue un trámite completamente ajeno al establecido en la ley o (ii) porque pretermite
etapas sustanciales del procedimiento, lo cual afecta el derecho de defensa y
contradicción de las partes16.
Asimismo, la mencionada Corporación ha admitido que, de forma excepcional éste
pueda configurarse debido a un exceso de ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el
16
Sentencia T- 1049/2012.
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operador judicial arguye razones formales a manera de impedimento, que traen como
consecuencia una denegación de justicia.
Por otra parte, para que el defecto procedimental se configure es necesario tener en
cuenta que debe ser: i) un error trascendente que afecte de manera grave el
derecho al debido proceso y que tenga una influencia directa en la decisión de
fondo adoptada y, ii) una deficiencia no atribuible al afectado17.
2.7.3. Defecto fáctico
Esta Sala en decisión de 12 de noviembre del 201518 precisó los alcances y requisitos
que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en
una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión:
Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar
pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio
determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii)
valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con
fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso.
De conformidad con la sentencia de 11 de febrero de 2016 19, estos aspectos tienen
características que se transcriben a continuación:
Evento Características
Omisión de Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
decreto y práctica alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para
de pruebas resolver el problema jurídico sometido a consideración, y esta
indispensables fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario
para fallar el de negar pruebas que no atiendan los requisitos de
asunto conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
importante considerar que no toda negativa a un decreto de
pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya
que este procederá cuando se rechace el decreto y práctica
de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con
los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere:
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
17
Sentencia T781/ 2011
18
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
19 Consejo de Estado, sentencia del 11 de febrero de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, Radicación No.
11001-03-15-000-2015-03442-01.
13
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c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada
era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere
sido otro.
Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción
del acervo en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los
probatorio hechos que se pretenden probar, estos no son tenidos en
determinante para cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que
identificar la de forma específica, se concrete en el escrito de amparo,
veracidad de los cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron
hechos alegados desconocidas por el juez.
por las partes
Así las cosas, se configura siempre que:
a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por
el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos
para variar el sentido del fallo.
Valoración Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica,
irracional o la apreciación efectuada por el fallador, resulta
arbitraria de las manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
pruebas aportadas peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Se requiere entonces que:
a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto
de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la
lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia,
en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario,
implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
14
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Dictar sentencia Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
con fundamento asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
en pruebas legales para su producción o introducción al proceso. Así las
obtenidas con cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
violación del apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para
debido proceso decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta
una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde señalar:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.
“[…] Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
mínimamente en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración
del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la
prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia
judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la
cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los
artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los
supuestos de hecho hasta aquí mencionados, se excluyen entre sí, de tal manera que no
será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir, pues
además de ser desacertado, genera confusión al fallador […]”.
2.8. Caso concreto
2.8.1. La parte tutelante alegó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, con el proveído de 28 de abril de 2022 incurrió en los
siguientes yerros:
(i) Defecto procedimental absoluto, en tanto desconoció las causales taxativas de
rechazo de la demanda enlistadas en el artículo 90 de la Ley 1564 de 2012, “ habida
cuenta que, se acreditó en escrito perentorio (sic), la subsanación de los yerros del libelo
demandatorio” y la argumentación con la cual se justificó tal decisión no se ajusta a lo
estipulado en la referida norma.
(ii) También alegó un defecto fáctico debido a que el tribunal reprochado no valoró las
pruebas que sustentaban la subsanación, lo cual atendió de conformidad con lo
15
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indicado en el artículo 12 de la Ley 393 de 1997, no obstante, la autoridad actuó de
manera caprichosa.
2.8.2. En este punto del análisis, la Sala anuncia que accederá el amparo deprecado
por la parte accionante, en relación con los defectos procedimental y fáctico elevados
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.
Esta Colegiatura, de plano advierte que se acreditó la existencia del defecto fáctico por
indebida valoración de la prueba con la cual se demostró la corrección de la demanda,
así como en procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto en relación con las
causales taxativas de rechazo,20 al desacatar con ello el principio de la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formalidades procesales.
Al respecto, este juez constitucional resalta que la autoridad reprochada, si bien dio
aplicación al artículo 162 de la Ley 1437 de 201121 que regula lo concerniente a la
presentación de la demanda en materia de cumplimiento,22 en la cual se establece
20 Según la parte actora, se desatendió lo estipulado en el “ARTÍCULO 90. ADMISIÓN, INADMISIÓN Y
RECHAZO DE LA DEMANDA. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el
trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal
inadecuada. En la misma providencia el juez deberá integrar el litisconsorcio necesario y ordenarle al
demandado que aporte, durante el traslado de la demanda, los documentos que estén en su poder y que
hayan sido solicitados por el demandante.
El juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el
término de caducidad para instaurarla. En los dos primeros casos ordenará enviarla con sus anexos al
que considere competente; en el último, ordenará devolver los anexos sin necesidad de desglose.
Mediante auto no susceptible de recursos el juez declarará inadmisible la demanda solo en los siguientes
casos:
1. Cuando no reúna los requisitos formales.
2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.
3. Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales.
4. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.
5. Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo
proceso.
6. Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario.
7. Cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. (…).”
21 “ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea
competente y contendrá: (…)
8. <Numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El
demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de
ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se
desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el
demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará
por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el
canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus
anexos.
En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado,
al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado.”
22 De conformidad con la remisión establecida en el artículo 30 de la Ley 393 de 1997, en el cual se
señala: “ARTICULO 30. REMISIÓN. En los aspectos no contemplados en esta Ley se seguirá el Código
Contencioso Administrativo en lo que sea compatible con la naturaleza de las Acciones de
Cumplimiento.”
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como causal de inadmisión el hecho de no remitir vía electrónica el libelo y sus anexos
a la parte pasiva, lo cual encuadra en el numeral 1º del artículo 90 del CGP, lo cierto es
que no avaló la actuación con la cual la parte interesada dio cumplimiento de lo
ordenado en el auto de 4 de abril del 2022.
Ello, debido a que, pese a que la agrupación accionante presentó oportunamente el
memorial de subsanación (el 20 de abril de 2022 comoquiera que la providencia de
inadmisión le fue notificada el 19 del mismo mes año), a lo cual adjuntó la constancia
electrónica de envío del mensaje de datos a las autoridades demandadas, el tribunal
cuestionado resaltó que el correo se envió en fecha posterior a aquella en la que se
interpuso el medio de control de cumplimiento, pasando por alto el principio de la
primacía de la sustancia sobre la forma, tal como lo indicó el extremo activo.
Este razonamiento encuentra fundamento en que, el asunto objeto de debate discurrió
en el marco de una acción constitucional instituida para procurar la protección de
garantías de rango constitucional, lo cual no puede perderse de vista, comoquiera que
se dejaría al usuario del servicio de administración de justicia desprovisto de los medios
de orden superior, conculcándose de esta forma, el debido proceso.
Mas aún si se trae a colación que en el artículo 2º de la Ley 393 de 1997 se señala que
el mecanismo de cumplimiento se desarrollará en forma oficiosa y con sujeción a los
principios de “publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad, eficacia y
gratuidad”, debido a que con tal acción se procura la materialización de los principios,
deberes y derechos superiores.
Así lo aseguró esta Sección en sentencia de 7 de abril de 2016 al resolver un recurso
de apelación contra la decisión que rechazó de plano una acción de cumplimiento, en el
sentido de resaltar que con este mecanismo se permite el acatamiento de los deberes
sociales del Estado frente a la realización de los principios y derechos constitucionales:
“Esta consagración constitucional y legal tiene fundamento en el hecho de que Colombia
es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Así, y
comoquiera que las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo
2 de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado
logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.”23
En ese sentido, al tratarse de un medio de raigambre constitucional, el operador judicial
no puede soslayar el deber que le asiste como garante de la norma de normas por el
cumplimiento de una formalidad, pese a que se cumplió con la finalidad del precepto
legal.
23 Expediente N.º 25000-23-41-000-2015-02429-01.
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Es decir, tampoco puede obviarse que la finalidad del artículo 162 de la Ley 1437 de
2011 consiste en que se ponga en conocimiento de la contraparte la existencia de la
demanda, aspecto que en el caso objeto de análisis se demostró oportunamente al
tribunal, lo cual es totalmente coherente con el hecho de que la misma norma permita la
posibilidad de subsanar el incumplimiento del requisito, puesto que de lo contrario, se
anularía el efecto útil de la ley.
Consecuencialmente, esta Sala advierte que con la decisión reprochada también se
desconoció el derecho de acceso a la administración de justicia, garantía fundamental
respecto de la cual, la Corte Constitucional ha referido el alcance de su núcleo esencial,
así:
“La protección del derecho de acceso efectivo a la administración de justicia tiene dos
dimensiones: (i) la posibilidad de acudir ante un juez o tribunal a presentar las
pretensiones para la protección de sus derechos o intereses y (ii) que dicho acceso a la
justicia sea efectivo, al obtener la resolución de fondo de las pretensiones presentadas y
que la misma se pueda hacer efectiva a través de su correcta ejecución. En esa medida,
es importante tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia no se verifica
únicamente con el hecho de acudir ante los jueces competentes, sino que implica que la
persona que acude obtenga una solución de fondo pronta, cumplida y eficaz. Por ello,
cuando quien concurre a la jurisdicción no obtiene respuesta de fondo en un término
razonable, por razones imputables al aparato judicial, se puede concluir que existe
vulneración del derecho de acceso efectivo a la administración de justicia”.
Así las cosas, es notorio que el hecho de que la Agrupación de Vivienda El Pedregal
Primera Etapa hubiese tenido que soportar la carga de corregir la presentación de la
demanda de manera oportuna y, pese a ello, debiera acudir nuevamente a la
administración de justicia ante otra autoridad, es la clara evidencia de la ausencia de
protección de las referidas garantías.
Por ello se advierte que el tribunal no fue garante de los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia sin perjuicio de que, al haberse rechazado la
acción no se hubiere configurado la cosa juzgada y que la parte tutelante pueda acudir
nuevamente ante el juez de cumplimiento, lo cierto es que el servicio que prestan los
operadores judiciales debe estar provisto de eficacia, efectividad y celeridad.
Es decir, considera esta Colegiatura que la autoridad censurada incurrió en un exceso
ritual manifiesto que claramente no avala esta Sala de Decisión, por cuanto la
agrupación accionante ha tenido que soportar la carga de continuar solicitando la
prestación de un servicio que le fue denegado en forma irregular, pues se debió
entender por corregida la presentación de la demanda por parte del tribunal enjuiciado.
Para el caso, es preciso traer a colación la sentencia C-438 de 2013, en la cual la Corte
Constitucional señaló:
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«El Estado colombiano, a través de los jueces y demás asociados, por estar fundado en el
respeto de la dignidad humana (artículo 1º de la Constitución) y tener como fines
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes (artículo 2º), tiene la
obligación de preferir, cuando existan dos interpretaciones posibles de una
disposición, la que más favorezca la dignidad humana. Esta obligación se ha
denominado por la doctrina y la jurisprudencia “principio de interpretación pro homine” o
“pro persona”. A este principio se ha referido esta Corporación en los siguientes términos:
“El principio de interpretación <pro homine>, impone aquella interpretación de las normas
jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de
aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y
consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de
los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional”.
Éste es entonces un criterio de interpretación que se fundamenta en las obligaciones
contenidas en los artículos 1° y 2º de la Constitución antes citados y en el artículo 93,
según el cual los derechos y deberes contenidos en la Constitución se deben interpretar
de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia. En lo
que tiene que ver con los derechos, los mencionados criterios hermenéuticos se estipulan
en el artículo 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adicionalmente, se debe afirmar que
estos criterios configuran parámetro de constitucionalidad, pues impiden que de una
norma se desprendan interpretaciones restrictivas de los derechos fundamentales. El
principio pro persona, impone que “sin excepción, entre dos o más posibles
análisis de una situación, se prefiera [aquella] que resulte más garantista o que
permita la aplicación de forma más amplia del derecho fundamental».
Esta postura del máximo órgano constitucional se fundamenta en el principio “ pro
persona”, a través del cual se ha establecido que ante dos posibles análisis de una
disposición o situación, prevalezca aquella que es más beneficiosa o que garantice un
mayor alcance del derecho reclamado, como sucede en el sub lite, por cuanto el
tribunal reprochado debía ponderar la prevalencia del derecho material sobre lo formal
al encontrar acreditado que la parte accionante atendió, dentro del plazo otorgado, al
requerimiento de subsanación de la demanda y, en consecuencia, proceder a
pronunciarse sobre la admisión de la acción plurimencionada.
Es por lo anterior, que se colige que la autoridad demandada no le otorgó el valor
pertinente y correspondiente a la constancia de envío del correo a los integrantes de la
parte pasiva, derivando en una indebida valoración de dicha prueba con la que se
cumplió lo ordenado en el auto de 4 de abril del 2022.
Corolario, esta Colegiatura concluye que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, incurrió en los yerros procedimental absoluto por
exceso ritual manifiesto y fáctico, al no tener como corregida la demanda del medio de
control de cumplimiento ejercida por la Agrupación de Vivienda El Pedregal Primera
Etapa, pese a que tal entidad lo efectuó dentro la oportunidad otorgada.
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Demandante: Agrupación de Vivienda El Pedregal
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04006-00
2.9. Conclusión
Por las razones expuestas, esta Corporación, actuando en calidad de juez
constitucional, accederá al amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia de la Agrupación de Vivienda El Pedregal
Primera Etapa, luego de encontrar acreditada la existencia de los defectos
procedimental y fáctico, en consecuencia, dejará sin efectos el auto de 28 de abril de
2022 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, para que, en atención a las consideraciones expuestas en este fallo,
tenga por subsanada la demanda de cumplimiento a la cual se le asignó el radicado Nº.
25000-23-41-000-2022-00235-00 y se pronuncie sobre la admisión del referido medio
de control en una nueva providencia, dentro del término de cinco (5) días contados a
partir de la notificación de esta decisión.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de la Agrupación de Vivienda El Pedregal Primera Etapa.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el auto de 28 de abril de 2022 proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, para que, en
atención a las consideraciones expuestas en este fallo, tenga por subsanada la
demanda de cumplimiento a la cual se le asignó el radicado Nº. 25000-23-41-000-2022-
00235-00 y, provea sobre la admisión del referido medio de control en una nueva
providencia, dentro del término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de
esta decisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del artículo 6º del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
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Demandante: Agrupación de Vivienda El Pedregal
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04006-00
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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