Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04007-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04007-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04007-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
10 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04007-01
Demandante: Juana Teresa Diaz Mejía
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-04007-01
Demandante JUANA TERESA DÍAZ MEJÍA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A Y JUZGADO 37 ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa. Caducidad de la acción en eventos que
involucran crímenes de lesa humanidad. Homicidio en persona
protegida. Aplicación de la sentencia de unificación de 29 de
enero de 2020.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Juana Teresa Diaz Mejía contra la
sentencia del 25 de agosto de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que dispuso:
“PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE el amparo constitucional por lo expuesto en la
parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.” 1.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 22 de julio de 20222, Juana Teresa Diaz Mejía instauró acción de tutela contra el
Juzgado 37 Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido
proceso, a la igualdad y a la reparación integral. La alegada vulneración deriva de
los autos del 3 de marzo de 2021 y del 27 de enero de 2022, en los que las
autoridades judiciales decretaron, en primera y segunda instancia, la caducidad de
la acción.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
1 Página 10 de la sentencia de tutela de primera instancia que data del 25 de agosto de 2022. Samai en
primera instancia, índice 14.
2 La acción de tutela fue radicada a través de la ventanilla virtual de la página web del Consejo de Estado y
se identificó con radicación nro. 4253. Samai, índices 1 y 2.
1
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Demandante: Juana Teresa Diaz Mejía
“3.1. DECLÁRESE que la decisión judicial emitida por la señora juez Adriana Pilar Camacho
Ruidíaz como titular del Juzgado Treinta y Siete (37°) Administrativo Oral del Circuito de
Bogotá - Sección Tercera, en auto de 29 de enero de 2020, al declarar probada la excepción
de caducidad del medio de control con radicado 11001 33 36 037 2019 00318 00, así como
la decisión de segunda instancia de fecha 27 de enero de 2022, notificada el día 2 de febrero
de la misma anualidad, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Tercera, Subsección A, integrada por los Magistrados Javier Tobo Rodríguez, Juan
Carlos Garzón Martínez y Bertha Lucy Ceballos Posada, que confirmó la primera, incurre
en vía de hecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial, vulnerando en
consecuencia mis derechos fundamentales, a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y, la reparación integral de las víctimas de graves violaciones de
derechos humanos por parte de la fuerza pública.
3.2. DECLÁRESE que frente al medio de control con radicado 11001 33 36 037 2019 00318
00, del que somos demandantes: por una parte, CANDELARIA FELICIA MEJÍA TORRES,
nuestra madre; así como los hijos de la víctima LUIS ANTONIO DIÁZ DÍAZ y ELIANIS
PATRICÍA DÍAZ DÍAZ; compañera permanente YOLIMA DÍAZ ÁLVAREZ y; por otra parte,
sus hermanos ISAURA ROSA DÍAZ MEJÍA, SARA ESTHER DÍAZ MEJÍA, CLAUDIA
ISABEL DÍAZ MEJÍA, MIRIAM BORRE MEJÍA, la suscrita, entre otros, no ha operado la
caducidad de la acción, conforme a la jurisprudencia vigente del H. Consejo de Estado, la
Corte Constitucional y los instrumentos internacionales al momento de la radicación de la
acción del medio de control de reparación directa que nos ocupa.
3.3. ORDENAR, a los tutelados emitir las órdenes correspondientes que permitan continuar
con el trámite procesal iniciado a través del medio de control de reparación directa” 3.
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. En los antecedentes del caso se indicó, entre otros hechos, que el 15 de
agosto 1997, en el municipio de San Onofre (Sucre), personas que vestían
prendas de uso privativo del Ejército Nacional asesinaron a Luis Antonio Díaz
Mejía, quien, posteriormente fue presentado como delincuente dado de baja
en combate.
2.2. El 21 de octubre de 2019, Juana Teresa Díaz Mejía y su grupo familiar
promovieron medio de control de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional. Pretendían que se
declarara la responsabilidad administrativa de la demandada con ocasión,
entre otros hechos ocurridos el 15 de agosto de 1997, por los daños derivados
de la muerte del señor Luis Antonio Díaz Mejía.
2.3. El trámite de la primera instancia se surtió ante el Juzgado 37 Administrativo
de Bogotá que, en auto del 3 de marzo de 2021 (previo a la realización de la
audiencia inicial), resolvió las excepciones propuestas por la Nación, Ministerio
de Defensa, Ejército Nacional, declarando parcialmente probada la excepción
previa de caducidad de la acción.
Como fundamento de su decisión la jueza que conoció la causa indicó, con
relación a la muerte del señor Díaz Mejía, que los demandantes conocieron la
participación por acción u omisión de los agentes del Estado en los hechos
desde el 15 de agosto de 1997. Al respecto destacó como prueba el registro
civil de defunción de la víctima con fecha del mismo 15 de agosto de 1997.
Además, destacó que, no se expusieron ni advirtió el despacho la ocurrencia
3 Páginas 7 y 8 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
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de situaciones que hubieren impedido materialmente la interposición oportuna
de la acción.
Como argumento subsidiario de caducidad, expuso que, dentro del proceso
penal 9195, obra declaración del año 2014 rendida por Yolima Díaz Álvarez,
en la que señala que su esposo, el señor Díaz Mejía, fue asesinado por
miembros del Ejército Nacional.
Precisó que, aunque la apertura de la instrucción penal por la muerte de Luis
Antonio Diaz Mejía en contra de miembros del Ejército Nacional inició hasta el
12 de julio de 2018, ello no quiere decir que con anterioridad la demandante
no pudiese ejercer el derecho de acción.
2.4. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la decisión de
primera instancia. Manifestó que (i) sólo tuvo conocimiento de la participación
de agentes del Estado en los hechos, cuando fueron vinculados a la
investigación penal el 11 de junio y 12 de julio de 2018. De tal modo, que al
radicarse la solicitud de conciliación el 25 de febrero de 2019 y el medio de
control el 22 de octubre del mismo año no operó la caducidad; (ii) las
manifestaciones por la demandante Yolima Díaz no debe tomarse como
confesión, sino como la manifestación de una suposición; (iii) corresponde al
juez aplicar la facultad que le asiste para apartarse de la jurisprudencia de
unificación, por tratarse de un precedente contrario a la Constitución; (iv) el
caso debe resolverse en aplicación del precedente vigente al momento en que
fue recuperado el cuerpo.
2.5. En providencia del 27 de enero de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A confirmó la decisión de
declarar probada la excepción de caducidad de la acción, conforme a las
reglas de unificación de la sentencia del 29 de enero de 2020 y del numeral 2°
literal i del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y
Contencioso Administrativo -CPACA.
Como fundamento de lo anterior, expuso que la caducidad de la acción debía
iniciar, conforme a las pruebas del proceso, desde que la unidad de la Fiscalía
competente reabrió el caso por el deceso del señor Luis Antonio Díaz Mejía,
gestión que se fundó, entre otros, en la entrevista de la señora Yolima Díaz
Álvarez, que obra dentro del radicado penal nro. 9195. La Sala consideró
pertinente iniciar el cómputo de la caducidad desde la declaración rendida por
la señora Yolima el 11 de diciembre de 2014, cuando la parte activa realizó en
el proceso penal señalamientos de responsabilidad hacía los agentes del
Estado.
De otra parte, el Tribunal descartó la tesis propuesta por la parte actora de
contabilizar la caducidad desde la vinculación al proceso penal de los
miembros del Ejército, cuya responsabilidad penal se investiga en el caso
particular. Al respecto, aclaró que ello conllevaría a “desconocer que “la
responsabilidad patrimonial del Estado no es una responsabilidad indirecta, razón por la que
los demandantes no debían esperar a que se tramitara todo el proceso penal para formular
sus pretensiones”
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La providencia se notificó a las partes en estado electrónico de 1° de febrero
de 20224.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora estima que las autoridades judiciales que conocieron el proceso de
reparación directa sub examine incurrieron en desconocimiento del precedente
judicial al decidir la caducidad de la acción. Como fundamento de su decisión, dijo
que (i) la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 no había sido proferida
cuando se presentó la demanda, por lo que para resolver el caso debió aplicarse la
jurisprudencia vigente, cuya posición mayoritaria se inclinaba por inaplicar el término
de caducidad para los eventos que involucraban crímenes de lesa humanidad; (ii)
en las sentencias de tutela del 30 de julio de 2020 y del 31 de marzo de 2022, el
Consejo de Estado ha reconocido que el precedente aplicable a estos asuntos es el
vigente al momento de la interposición de la acción; y (iii) el proceso penal por el
homicidio del señor Luis Antonio Díaz Mejía aún está vigente.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. El 26 de julio de 2022, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela presentada por Juana Teresa Díaz Mejía
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A y el Juzgado 37 Administrativo del Circuito de Bogotá.
Además, vinculó, en calidad de terceros con interés, a los señores Candelaria
Felicia Mejía Torres, Luis Antonio Díaz Díaz, Elianis Patricia Díaz Díaz, Yolima
Díaz Álvarez, Isaura Rosa Díaz Mejía, Sara Esther Díaz Mejía, Claudia Isabel
Diaz Mejía y Miriam Borre Mejía y al Ministerio de Defensa- Ejército Nacional.
Todos estos, sujetos procesales dentro del proceso de reparación directa nro.
11001-33360-37201-00318-00.
Finalmente, dispuso que se notificara a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del
Proceso y ofició al Juzgado 37 Administrativo del Circuito de Bogotá para que
allegara el expediente digitalizado del medio de control de reparación directa
sub examine.
4.2. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por conducto de la ponente del auto acusado, solicitó que se
declare la improcedencia de la acción de tutela. Dijo que la pretensión de la
accionante es tomar el mecanismo constitucional como una tercera instancia
para discutir la decisión que le fue desfavorable, pero sin que se concrete una
real vulneración de sus derechos fundamentales.
Advirtió que la sentencia del 27 de enero de 2022 no materializa defecto por
desconocimiento del precedente judicial, por las siguientes razones: (i) la
actora no relacionó el precedente con similitud fáctica y jurídica que se omitió
en el caso concreto; y (ii) el Tribunal aplicó el precedente de unificación
4 Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa nro. 1100133360372019-00318-00/01.
Archivo denominado
“4_110013336037201900318011constanciasecr20220201140731_T133035802201667784” Samai, índice
11.
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pertinente y vigente para resolver el caso concreto, esto es: la sentencia del
29 de enero de 2020 que definió el alcance del artículo 164.2.i) del CPACA.
Recordó que el análisis de los medios de prueba del proceso a la luz del marco
jurídico atrás enunciado permitió evidenciar las manifestaciones de
responsabilidad a miembros del Ejército Nacional que hicieron algunos de los
demandantes en el curso del proceso penal. Estos señalamientos permitieron
determinar la certeza sobre el conocimiento de la participación de agentes del
Estado desde el año 2013 y que dan respaldo a la decisión de caducidad que
hoy se acusa.
4.3. El Juzgado 37 Administrativo del Circuito de Bogotá, por conducto del
titular del despacho, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela, dado que se toma como una tercera instancia para que el juez
constitucional retome el análisis sobre la operancia de la caducidad de la
acción, aunque ya fue debidamente decidido en cada una de las instancias del
proceso ordinario de reparación directa. Estimó que un nuevo análisis al
respecto atentaría contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
Advirtió que los autos que declararon la caducidad de la acción atienden a una
fundamentación razonable, debidamente soportada en el análisis individual y
en conjunto de las pruebas del proceso y del marco jurídico pertinente.
4.4. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional; los señores Manuel de
Jesús Avilés Díaz, Judith María Avilés Díaz, Pedro José Avilés Díaz, María
Josefa Avilés Díaz, Marlene Teresa Avilés Díaz, Leonarda Esther Avilés Díaz,
Genoveva Avilés Díaz, Emma Cecilia Avilés Díaz, Rafael Lorenzo Avilés Díaz
y José Antonio Avilés Díaz; y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, aunque fueron notificados, guardaron silencio.
5. Providencia impugnada
En sentencia del 25 de agosto de 2022, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela, por considerar
que no cumple con el requisito general de relevancia constitucional5. Dijo que los
argumentos que fundamentan la acción de tutela fueron resueltos en el curso del
proceso ordinario por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Recordó que en el auto acusado el Tribunal relacionó el marco jurídico vigente y
aplicable para resolver el caso particular, esto es: el artículo 164 del CPACA y la
sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de
enero de 2020. Esta última providencia, precisa que la caducidad inicia a
computarse desde el momento en que los demandantes conocieron o debieron
conocer la participación del Estado en los hechos y advirtieron la posibilidad
imputarles responsabilidad. En el caso particular, ello ocurrió, según las pruebas del
proceso, el 11 de diciembre de 2014.
Destacó que, la Corte Constitucional, en sentencia T-210 de 2022, precisó que la
interpretación sobre el término de caducidad en asuntos de reparación directa está
plenamente unificada en la jurisprudencia contenciosa, particularmente, en lo que
5 La providencia registró salvamento parcial de voto del magistrado Alberto Montaña Plata quien estimó que
la decisión desconoce la competencia que le asiste a los jueces de la República de ejercer control de
convencionalidad en sus decisiones.
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refiere a delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Agregó que en
la sentencia T-044 de 2022 esa Corporación, indicó que la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020 se aplica a partir de su expedición, incluso a casos iniciados
con anterioridad.
Frente a las sentencias de tutela de la Sección Segunda del Consejo de Estado de
fechas 30 de julio de 2020 y 31 de marzo de 2012, destacó que el Tribunal
accionado aunque defiende una tesis diferente a la expuesta en esas sentencias,
su postura está debidamente sustentada en el marco jurídico apropiado, por lo que
no incurre en violación de derechos fundamentales.
6. Impugnación
Juana Teresa Diaz Mejía impugnó la sentencia de tutela de primera instancia.
Solicitó que se revoque la decisión, para, en su lugar, acceder al amparo frente al
homicidio en persona protegida del señor Luis Antonio Díaz Mejía, con fundamento
en las siguientes consideraciones:
6.1. Insistió en que los jueces de instancia erraron al decidir su caso a la luz de las
reglas jurisprudenciales de la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, porque no estaba vigente al momento de la interposición de la demanda
de reparación directa. Dijo que la sentencia de unificación no moduló sus
efectos por lo que debía entenderse que aplicaban hacia futuro, en los
términos de la sentencia T-044 de 2022, es decir, para las demandas
radicadas después de la notificación de la sentencia de unificación.
6.2. Frente a la reiteración de argumentos en el recurso de apelación del proceso
ordinario y en la acción de tutela, manifestó que las autoridades de instancia
omitieron analizar los efectos de la sentencia de unificación en el caso
concreto y desconocieron las circunstancias particulares del caso frente a la
posible vulneración de las garantías procesales de las partes derivada la
abrupta aplicación de las reglas de unificación de la sentencia del 29 de enero
de 2020.
Señaló, con fundamento en la sentencia de tutela del 25 de julio de 20226, que
el hecho de que en la tutela se plantearan argumentos discutidos en el proceso
ordinario no configura falta de relevancia constitucional, dado que puede
ocurrir que en el debate resuelto por el juez ordinario se hubiera materializado
algunas de las causales especiales de procedibilidad.
6.3. Reiteró los argumentos de la acción de tutela en relación con la caducidad del
medio de control de reparación directa en los eventos que involucran crímenes
de lesa humanidad antes de la sentencia de unificación.
6.4. Las autoridades judiciales accionadas omitieron el deber que les asiste de
hacer control de convencionalidad en sus decisiones. Este deber adquiere
mayor relevancia en casos como el que nos ocupa el cual involucra un delito
de lesa humanidad o crimen de guerra como lo es el homicidio en persona
protegida.
6 Proceso nro. 11001-03-15-000-2022-02650-00. M.P. 11001-03-15-000-2022-02650-00
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Como fundamento de este argumento mencionó la sentencia del 17 de junio
de 20227 en el que la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del magistrado Henry Aldemar
Barreto, se apartó de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19918, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales9
y especiales10 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional11 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
7 Proceso nro. 11001-33-43-060- 2016-00666-01
8
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
9 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
10 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
11 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso
3. Planteamiento del problema jurídico
La accionante pretende que se deje sin efectos la decisión de caducidad adoptada
por los jueces de instancia frente al homicidio en persona protegida del señor Luis
Antonio Díaz Mejía. Esto, en aplicación de la posición mayoritaria de la
jurisprudencia constitucional y contenciosa que, a su juicio, en el momento en que
se interpuso la demanda de reparación directa, defendía la inaplicación del
fenómeno de la caducidad para eventos relacionados con delitos de lesa
humanidad. Advierte que los efectos de la sentencia del 29 de enero de 2020, se
proyectan hacía el futuro, es decir, para las demandas radicadas después de su
notificación. De manera subsidiaria, reprocha que los jueces de instancia no
hubieran desplegado la facultad que les asiste para apartarse de los precedentes
de unificación.
Establecido lo anterior, esta Sala acoge y continúa con la delimitación del análisis
al auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de enero de
2022, hecha por el a quo, dado que fue la providencia que definió la prosperidad de
la excepción previa de caducidad, atendiendo a lo dispuesto en el auto de primera
instancia y en el recurso de apelación.
Ahora, la Sala tiene por acreditado el requisito de relevancia constitucional en
consideración a que en el caso individual el asunto guarda relación con el derecho
al acceso a la justicia de víctimas del conflicto armado interno y se estima necesario
analizar de fondo el asunto a fin de desatar las inconformidades que les surgen
frente a la decisión adoptada por el juez de segunda instancia.
Además, para resolver el cargo por desconocimiento del precedente judicial se
requiere exponer un razonamiento relativo a los efectos de las sentencias de
unificación, de las sentencias de tutela emitidas por los jueces constitucionales, de
la obligatoriedad del precedente horizontal y vertical, y hacer precisiones sobre la
facultad de los jueces de la reparación de apartarse de los precedentes de
unificación. En consecuencia, la Sala requiere analizar de fondo la acción de tutela,
por ello, el problema jurídico que resolverá la Sala será si, al proferir el auto del 27
de enero de 2022, en el marco del medio de reparación directa tramitado bajo el
radicado Nro. 110013336-0372019-00318-01, la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en desconocimiento
del precedente judicial
4. Desconocimiento del precedente judicial: alcance y análisis en el caso
individual. El Tribunal accionado aplicó el marco jurisprudencial vigente.
4.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso.
La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que, “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente
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y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación” 12.
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación
(existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean
vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii)
que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al
precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el
juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante.
A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de
lo contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por
la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical,
que proviene de la autoridad encargada de unificar jurisprudencia en cada
jurisdicción, como el precedente horizontal que es el emitido por el mismo
funcionario o autoridades del mismo nivel jerárquico y que está cimentado en
los principios de igualdad y seguridad jurídica.
4.2. Una de las líneas de disenso propuestas por la accionante refiere a los efectos
de las sentencias de unificación de las altas Corporaciones. Al respecto, esta
Sala se permite precisar que, la Corte Constitucional en las sentencias T-044
de 202213 y SU-406 de 201614, estableció que, salvo que sean modulados en
otro sentido por la autoridad que las profiere, son, por regla general,
retrospectivos. Esto significa que aplican a los casos que estén pendientes por
resolver, como lo era el asunto que nos ocupa, pues la sentencia de unificación
se emitió el 29 de enero de 2020 y en este caso: el auto de primera instancia
se profirió el 3 de marzo de 2021, el recurso de apelación se interpuso el 9 de
marzo 202115 y fue resuelto por el Tribunal accionado el 27 de enero de 2022,
por lo que el precedente de unificación aplicado era el vinculante y vigente.
De lo anterior, es claro que no le asiste razón a la accionante cuando indica
que los efectos de la sentencia de unificación solo aplican para las demandas
interpuestas después de la notificación de la providencia del 29 de enero de
2020 y que su caso debió resolverse a la luz de las reglas jurisprudenciales
vigentes al momento en que radicó la demanda, esto es, el 21 de octubre de
2019.
Ahora, es pertinente precisar que, si bien la Corte Constitucional en la
sentencia T-044 de 202216 encontró, en el caso que estudió, que el Tribunal
Administrativo de Casanare incurrió en desconocimiento del precedente
judicial en relación con la aplicación de la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, la motivación de la sentencia obedeció a que la autoridad
12 Corte Constitucional. Sentencia T-158 de 2006. M.P. Humberto Sierra Porto. Tesis reiterada en la
sentencia T-284 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Sala Quinta de Revisión. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
14 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
15 Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa. Proceso nro.
11001333603720190031800. Carpeta “02CuadernoPpal2”, archivo “15ApelaciónExcepciones”. Samai,
índice 11.
16 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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judicial allí accionada pretermitió la etapa de alegatos de conclusión y cercenó
a las partes la posibilidad de enrutar su actividad argumentativa a las
exigencias de las reglas de unificación recientemente definidas y bajo las
cuales se decidió el caso17.
En esa oportunidad, la Corte Constitucional destacó que las etapas del
proceso que analizó, hasta la presentación de los alegatos de conclusión de
segunda instancia, se surtieron antes de que se emitiera la sentencia de
unificación18, por lo que las partes no tuvieron la oportunidad de pronunciarse
en relación con las reglas de decisión de la sentencia del 29 de enero de 2020.
Por ello, en la providencia se indicó que, el Tribunal accionado debió adecuar
el proceso “particularmente, la fase de alegatos, para permitir que las partes explicaran
cuáles fueron las razones por las que no acudieron a la justicia en los términos legales, esto
es, la imposibilidad material de demandar en los términos de ley .”19
El escenario fáctico expuesto es diferente al que en esta oportunidad nos
ocupa, pues, como se mostró en el anterior numeral, el auto que declaró la
caducidad en primera instancia se profirió después de emitida y notificada la
sentencia del 29 de enero de 2020. De manera tal que, la parte demandante
contó con la oportunidad procesal de pronunciarse, en el recurso de apelación,
frente a la aplicación a su caso de las reglas de unificación creadas por la
Sección Tercera del Consejo de Estado y a que la autoridad judicial de
segunda instancia apreciara esos argumentos al momento de decidir sobre el
recurso.
4.3. En el escrito de tutela y en el de impugnación, también se reprochó que el juez
de instancia debió inaplicar la sentencia de unificación y el término de
caducidad del artículo 164.2 del CPACA, invocando las facultades que la ley y
la jurisprudencia le reconocen para tal propósito.
Es pertinente considerar que, las sentencias de unificación constituyen
precedente vertical respecto de los jueces y magistrados de tribunales
administrativos, por lo que, en principio, era deber de la accionada acoger las
reglas de unificación contenidas en la providencia en comento. Ahora, no se
ignora que, excepcionalmente, los jueces de conocimiento pueden apartarse
17 En el párrafo 121 de la sentencia T-044 de 2022, se lee: “121. Para los efectos del derecho que les asiste a las
partes a presentar alegatos, el cambio en el parámetro normativo está dado en que, antes de la sentencia de unificación,
la actividad argumentativa de las partes debía orientarse a mostrar la ocurrencia de delitos de lesa humanidad o crímenes
de guerra. Así, los alegatos de conclusión debían tener como objeto de análisis conductas de los agentes del Estado, que
ocurrieron antes de la causación del daño. Sin embargo, luego de la sentencia de unificación, las reflexiones jurídicas de
las partes deben estar orientadas a mostrar circunstancias que les imposibilitaron el ejercicio oportuno de la acción. Así,
los alegatos de conclusión, en adelante, tendrán como objeto de argumentación conductas y omisiones que, por regla
general, se relacionan con los demandantes y que, además, ocurren luego de causados los daños.”
18 En el párrafo 103 de la sentencia T-044 de 2022, se lee: “Actuaciones adelantadas en el proceso de reparación
directa. Las pruebas aportadas al expediente de tutela, particularmente, las del plenario del proceso ordinario de
reparación directa, dan cuenta de varios hechos relevantes para este proceso, que ocurrieron antes de que la Sección
Tercera del Consejo de Estado unificara su jurisprudencia sobre la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, a saber: (i) la demanda de reparación
directa se presentó el 20 de junio de 2014; (ii) la sentencia de primera instancia, en la que se declaró la responsabilidad
extracontractual del Estado por la muerte de los familiares de los tutelantes, debido a que se encontró probado que este
“omitió su deber constitucional de proteger [su] vida (…) y en su lugar los ejecutó de manera arbitraria, de manera ilícita,
solamente para presentarlos como un resultado positivo de su acción militar y derivado de ellos obtener un beneficio
económico”, se profirió el 15 de febrero de 2019; (iii) los recursos de apelación, en los que se cuestionó la caducidad de
la acción y la cuantía de los daños reconocidos, se presentaron el 27 de febrero y el 1 de marzo de 2019; (iv) los recursos
de apelación fueron admitidos por la magistrada sustanciadora del Tribunal Administrativo del Casanare, en auto del 19
de noviembre de 2019; (v) dicha funcionaria judicial corrió traslado para presentar alegatos de conclusión, por medio de
providencia del 19 de diciembre de 2019; (vi) dicho auto se notificó por estado del 13 de enero de 2020; (vii) los alegatos
de conclusión de la parte demandante se presentaron el 27 de enero de 2020; y (viii) el término para presentar alegatos
venció ese mismo día, de conformidad con lo establecido en el numeral 5º del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.”
19 Párrafo 123 de la sentencia T-044 de 2022.
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de los precedentes, pero deben cumplir con una carga argumentativa estricta
en la que demuestren con suficiencia las razones que sustentan tal
determinación y que explican por qué la tesis que defienden desarrolla de una
manera más amplia el contenido de los derechos en litigio, so pena de incurrir
en defecto por desconocimiento del precedente judicial.
Entonces, el deber de acatamiento del precedente vertical se sustenta en la
defensa del derecho a la igualdad de los usuarios de la administración de
justicia y del principio de seguridad jurídica, de manera que su
desconocimiento debe ser excepcional y argumentado con suficiencia, so
pena de incurrir en un ejercicio abusivo de la autonomía judicial20.
En este contexto, no es posible hacer derivar un defecto en la providencia
acusada a partir de una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
relativo a acoger el precedente jurisprudencial de unificación y analizar la
caducidad en el caso del homicidio de Luis Antonio Díaz Mejía a la luz de lo
establecido en el artículo 164.2. del CPACA y de la sentencia del 29 de enero
de 2021.
De otra parte, reprocharle a la autoridad accionada, so pena de declarar un
yerro en la providencia, que no expusiera una argumentación tendiente
apartarse de la providencia de unificación en comento, se traduciría en una
indebida injerencia en el ejercicio autónomo, independiente y libre de la
competencia de administrar justicia propia de la autoridad accionada, para
hacer prevalecer la postura o tesis que defiende la parte o, eventualmente, el
juez constitucional.
En conclusión, no es posible declarar la configuración de un defecto en el auto
del 27 de enero de 2022, derivado de la decisión del Tribunal accionado de
analizar la caducidad de la acción en aplicación del artículo 164.2 de CPACA,
debido a que tal determinación derivó del acatamiento legítimo de las reglas
de unificación que al respecto estableció la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por lo que se niega el amparo de tutela a la luz de esta línea
argumentativa de disenso21.
4.4. La accionante también considera que, el auto del 27 de enero de 2022,
desconoció el precedente horizontal de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en tanto la tesis de interpretación normativa
que defiende es contraria a la que fue expuesta por esa Corporación en
sentencia del 17 de junio de 202222. Al respecto, destacó que la Subsección B
de esa Sección se apartó de la tesis de unificación del 29 de enero de 2020,
para inaplicar el término de caducidad porque el daño estaba relacionado con
un caso de lesa humanidad.
20 Corte Constitucional. Sentencia T-044 de 2022.
21 En este punto, conviene aclarar que si bien en sentencia de tutela nro. 11001-03-15-000-2022-01700-00, el
despacho ponente salvó el voto en relación con la aplicación del término de caducidad en un evento
posiblemente relacionado con crímenes de lesa humanidad, ello obedeció a las particularidades de ese
caso, en el cual los familiares aún no tenían conocimiento sobre el paradero de la víctima de desaparición
forzada, situación que se considera como un daño de carácter continuado. Además, en esa oportunidad, la
caducidad se resolvió sin que el accionante tuviera la oportunidad de pronunciarse sobre las reglas de
unificación que, finalmente, resolvieron su caso, escenario diferente al que hoy nos ocupa (supra 4.2.).
22 Proceso nro. 11001334306020160066602. Cfr.
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
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Es importante tener presente que, la sentencia que se acusa como
desconocida, no tiene la calidad de precedente exigible para resolver el asunto
sub examine, al menos, por dos razones. La primera es que aquella
providencia, fue proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, diferente al auto que se analiza, el
cual fue proferido por la Subsección A de la Sección Tercera de esa
Corporación. Esto es importante porque los magistrados que profirieron una y
otra sentencia no son los mismos, situación que tiene relevancia especial
cuando se pretende hacer exigible el precedente horizontal, pues al tratarse
de funcionarios de igual categoría, en principio, no es dable exigirles que
acojan sin más las tesis o posturas de otra Sección o Sala, pues podría afectar
su autonomía e independencia en la decisión razonable de los casos. Asunto
diferente, es cuando la Sala de decisión desconoce su propio precedente,
pues en ese escenario es posible exigir la coherencia entre en las posturas de
Sala para decidir los casos puestos en su consideración y su impacto en el
derecho a la igualdad.
Así pues, en el caso concreto se estima que el Tribunal accionado adelantó un
análisis apropiado y debidamente motivado del marco jurídico a analizar
conforme a las particularidades fácticas del asunto puesto a su consideración,
sin que se estime aceptable imponer la tesis de otra Sala de la misma
Corporación judicial.
Como segundo argumento, debe considerarse que la sentencia relacionada
por la accionante data del 17 de junio de 2022 y el auto que se acusa es del
27 de enero del mismo año, por lo que es claro que no era oponible al caso
concreto.
4.5. Finalmente, de manera breve, esta Sala se permite precisar que la vigencia
del proceso penal a efectos del análisis de la caducidad de la acción resulta
relevante en los casos de desaparición forzada, ya que el Legislador previó
que su cómputo iniciaba en uno de dos eventos: a partir del momento en que
apareciera la víctima o desde la ejecutoria del fallo penal definitivo.
No obstante, el caso que en esta oportunidad se analiza refiere al cómputo de
caducidad de la acción en un evento de homicidio y en tal virtud el parámetro
está determinado por la regla general de conocimiento del hecho dañoso
establecida en el inciso primero del artículo 164.2.i) del CPACA y las
precisiones que al respecto contiene la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020. En consecuencia, el hecho de que el proceso penal aún esté
vigente no impide que inicie el cómputo de caducidad, sino que corresponde
al juez de la causa determinar, a partir de las pruebas del proceso, el momento
del conocimiento del daño, estudio que en efecto se desarrolló en el auto del
27 de enero de 2022.
5. Conclusión
De conformidad con los argumentos expuestos, la Sala revocará la sentencia de
tutela del 25 de agosto de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela. En su
lugar, se negarán las pretensiones de la solicitud de amparo por considerar que, la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
no incurrió en desconocimiento del precedente judicial al emitir el auto del 27 de
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enero de 2022, dado que resolvió el asunto de la caducidad a la luz del marco
jurídico aplicable y vigente.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia del 25 de agosto de 2022, proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que había declarado la
improcedencia de la acción. En su lugar, negar la solicitud de amparo incoada
por la señora Juana Teresa Díaz Mejía, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
13
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