Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04011-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04011-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04011-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
11 de noviembre de 2022
Radicación: 11001 03 15 000 2022 04011 01
Accionante: Héctor José Moreno Reyes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 04011 01
Accionante: HÉCTOR JOSÉ MORENO REYES
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN A
Tesis: Es improcedente interponer una acción de tutela contra
una providencia judicial alegando la vulneración del
principio de congruencia cuando no se ha interpuesto el
recurso extraordinario de revisión.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora en contra del fallo
de tutela proferido el 17 de agosto de 2022 por la Subsección B, Sección
Tercera, del Consejo de Estado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Héctor José Moreno Reyes, actuando por conducto de apoderado,
promovió acción de tutela en contra de la Subsección A, Sección Segunda,
del Consejo de Estado, solicitando el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, al derecho de defensa, a la seguridad
social y al mínimo vital y, para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 04011 00.
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Accionante: Héctor José Moreno Reyes
“[…] Solicito a su despacho de la manera más respetuosa, que por
medio de decisión judicial SE ORDENE LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES vulnerados por las actuaciones del
CONSEJO DE ESTADO. SECCIÓN SEGUNDA –SUBSECCIÓN A-.
En virtud de ello solicito con el mayor de los respetos que por medio
de orden judicial perentoria se ordene al H. Consejo de Estado
proceda a dictar sentencia de reemplazo resolviendo la apelación
conforme los marcos de competencia legales, procesales y
constitucionales […]”. [Mayúsculas en el escrito de tutela]
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que el Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República – Fonprecon, mediante la Resolución nro. 000850 del 17 de
agosto de 1999, le reconoció una pensión de jubilación por acreditar 20
años de servicio, conforme lo dispone la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1293
de 1994, para lo cual le homologó cuatro (4) años de servicio con base
en los libros de su autoría denominados ”Hombres y Aeroplanos" y "Llanos
de Colombia”.
Afirmó que Fonprecon promovió demanda bajo el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, en lesividad, argumentando que
el libro "Llanos de Colombia” no podía ser homologado como tiempo de
servicio por cuanto su registro ocurrió con posterioridad al retiro y, por lo
tanto, sólo acreditó 19 años, 9 meses y 21 días de servicio; añadió, que,
posteriormente al descorrer el traslado para alegar de conclusión, esa
entidad indicó que ninguna de los dos textos podía homologarlos, por lo
que el tiempo laborado fue de 17 años, 9 meses y 21 días.
Aseguró que el proceso fue conocido por la Subsección B, Sección
Segunda, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el radicado
nro. 2014-02880, que, en sentencia del 14 de abril de 2016, accedió a las
pretensiones de la demanda y ordenó a Fonprecon le garantizara, sin
solución de continuidad, el derecho a la seguridad social.
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Sostuvo que, contra dicha decisión, interpuso recurso de apelación,
argumentando que, “[…] i) que en efecto las obras sí tienen vocación de
homologación, iii) que aún sin las obras, el tiempo de servicio es suficiente
para acreditar los 20 años de servicio, y iii) que el juez de primera
instancia violó el criterio de ultra y extra petita al incluir dentro de sus
decisiones el libro ”Hombres y Aeroplanos", el cual no había sido
cuestionado en la demanda […]”; añadió que Fonprecon también apeló en
relación con la orden de garantizarle su derecho a la seguridad social.
Anotó que la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 7 de octubre de 2021, confirmó la providencia
apelada, por considerar que no se encontraba cobijado por el régimen
especial de congresistas y, por consiguiente, no se le podían aplicar las
disposiciones del Decreto 1359 de 1993, conforme a las reglas de la
sentencia de unificación CE-SUJ2-018-20 del 8 de octubre de 2020; y que,
por auto del 17 de junio de 2022, le negó la solicitud de aclaración del
fallo.
Alegó que se configuró la “(…) VIOLACIÓN [AL] PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA. DEFECTO FÁCTICO. VIOLACIÓN DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN (…)” (mayúsculas del actor), puesto que en la demanda
se cuestionó el tiempo de servicio para acceder a la pensión de jubilación
únicamente respecto al libro “Llanos de Colombia”, pero en la sentencia
de primera instancia se hizo el estudio de ambos, concluyendo que
tampoco podía tenerse en cuenta la obra “Hombre y aeroplanos” en razón
a que no se acreditó su registro; sin embargo, en el numeral 2.13 del
acápite de hechos probados del mismo proveído se indicó que obra en el
expediente copia autenticada de la certificación del 17 julio de 1997,
expedida por la Oficina de Registro de la Dirección Nacional de Derechos
de Autor, aspectos que fueron expuestos en su alzada.
Manifestó que la Subsección A, Sección Segunda, de esta Corporación, no
redujo su competencia a los motivos de los recursos de apelación, sino
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que introdujo un nuevo elemento de discusión, esto es, si le era aplicable
el régimen pensional de los congresistas, por lo que “[l]a segunda
instancia desbordó los límites de la CONGRUENCIA de la apelación
presentada, en la cual a su vez se había sustentado la forma en que el
juez de primera instancia había fallado ultra y extra petita, situaciones
que evidentemente van en contra del debido proceso y la Constitución
Política […]”.
Concluyó que “[e]xiste total procedibilidad conforme a la necesidad de
protección del estado de indefensión de mi poderdante, quien en la
actualidad pertenece a un grupo de especial protección constitucional
dada su edad, pues cuenta con más de 78 años, sin ninguna oportunidad
de tipo laboral en caso de perder su pensión de jubilación, poniendo en
riesgo no solo su vida y sostenimiento sino el de su esposa […]”.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. Por auto del 26 de julio de 20222, la Subsección B, Sección Tercera,
del Consejo de Estado, admitió la tutela y ordenó notificar a los consejeros
que integran la Subsección A, Sección Segunda, de esta Corporación; así
como vincular a los magistrados pertenecientes a la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República3.
Igualmente, solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al
Consejo de Estado, dependiendo del lugar donde se encuentre, que
allegaran copia en archivo digital del expediente radicado con el
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 04011 00.
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Esta orden se cumplió el 28 de julio de 2022. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 04011 00.
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nro. 25000-23-42-000 2014-02880-01, el cual fue enviado por medio
magnético4.
3.2. El magistrado de la Subsección B, Sección Segunda, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, titular del despacho ponente que dictó
la decisión de primera instancia, presentó en tiempo escrito vía correo
electrónico5, en el que manifestó que la sentencia que profirió no vulneró
los derechos fundamentales invocados por el accionante, por lo que su
propósito es reabrir el debate probatorio del proceso ordinario. Solicitó se
declare la improcedencia de la acción de tutela.
3.3. El director de Fonprecon rindió informe en oportunidad vía correo
electrónico6, en el que afirmó que “[t]anto los hechos como las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho fueron coherentes en mencionar que el señor HECTOR JOSE
MORENO REYES no era beneficiario del régimen especial de pensiones de
los Congresistas y que el accionante solamente acreditó 17 años 9 meses
y 21 días de servicios por lo que no es admisible restringir la competencia
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo bajo el argumento de
que FONPRECON no cuestionó de forma explícita uno de los dos textos
ilegalmente convalidados […]”.
Aseguró que en la demanda solicitó la nulidad del acto que ordenó el
reconocimiento de la pensión de jubilación del accionante por cuanto “[…]
1) Fue Congresista en el período comprendido en el período (sic) 1990-
1991 asistiendo de manera discontinua a las sesiones, esto es, no ejerció
como Congresista en vigencia de la ley 4 de 1992. // 2) Acreditó 17 años
9 meses y 21 días de servicios […]”, por lo que no es cierto que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca haya vulnerado el principio de
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congruencia, conforme lo dispone el artículo 281 del Código General del
Proceso.
Señaló que, “[f]rente a la sentencia del Consejo de Estado, no puede
entenderse que se agravó una situación o condena impuesta en primera
instancia, ya que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
fue apelada por ambas partes y el objeto del litigio siempre estuvo
encaminado a decidir sobre la legalidad del acto impugnado por haberse
expedido con violación del ordenamiento jurídico […]”.
3.4. La Subsección A, Sección Segunda, de esta Corporación, guardó
silencio.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B, Sección Tercera, del Consejo de Estado, mediante fallo
del 17 de agosto de 2022, dispuso lo siguiente7:
“[…] PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE el amparo constitucional
en relación con el reparo relacionado con las obras publicadas por el actor.
SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de amparo de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora con respecto al análisis sobre
el régimen aplicable a la pensión reclamada, por lo expuesto en la parte
motiva de esta decisión […]”. [Negrillas y mayúsculas en la providencia]
Para dilucidar el asunto explicó que, si bien el accionante alegó la
configuración del defecto fáctico en contra de la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, su análisis se concentraría
en la decisión de segunda instancia dictada por esta Corporación, toda
vez que resolvió́ de manera definitiva el proceso con radicado nro. 25000-
23-42-000 2014-02880-01 cuestionado.
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Precisó que, en cuanto al defecto por violación directa de la Constitución
atribuido al fallo de segunda instancia, “se declarará improcedente con
respecto al cargo relacionado con la falta de congruencia por no
pronunciarse sobre el reparo relacionado con las obras publicadas por el
actor y, por otra parte, se negará con respecto al cargo sobre el análisis
del régimen aplicable a la pensión reclamada”.
Explicó que la tutela era improcedente frente al cargo relativo a las obras
publicadas por el actor por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional, “en la medida en que se fundamenta en argumentos que
ya fueron planteados por la accionante y resueltos en el proceso
ordinario”.
Dicho lo anterior, estimó que estaban cumplidos los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial frente al
cargo del régimen aplicable a la pensión reclamada y, por consiguiente,
descendió a su estudio, para negar la petición de amparo porque no
estaba configurado el cargo de violación directa de la Constitución en lo
atinente a este reparo.
Para llegar a la anterior conclusión expuso que la sentencia que dictó la
Subsección A, Sección Segunda, de esta Corporación, fue congruente con
el recurso de apelación que interpuso la parte demandada, dado que allí
se plantearon los siguientes problemas jurídicos: “[…] (i) si el señor
Moreno Reyes es beneficiario del régimen especial de congresistas
previsto en el Decreto 1293 de 1994 al haber ejercido como senador del
20 de julio de 1990 al 19 de julio de 1991; y, en caso afirmativo, (ii) si
los textos de enseñanza se ajustaron a las exigencias del artículo 13 de
la Ley 50 de 1886 para ser considerados como tales, específicamente, si
se profirieron en ejercicio de la docencia […]”.
Añadió que el hoy accionante, en el escrito de apelación que presentó en
el proceso ordinario, indicó que había cumplido los requisitos establecidos
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en la Ley 50 de 1886 y era beneficiario del régimen de transición previsto
por el Decreto 1293 de 1994, aspecto que también fue invocado en la
contestación de la demanda.
Además que, contrario a lo sostenido en la acción de tutela, con la
demanda Fonprecon había solicitado de manera expresa “[s]e declare que
el señor [Moreno Reyes] no cumplió con los requisitos legales para el
reconocimiento de la pensión previstos en la Ley 4a de 1992 y los
Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994 […]”, por lo que resultaba
congruente que la segunda instancia se pronunciara sobre si debía
aplicarse dicho régimen, puesto que constituía el supuesto normativo para
determinar si había lugar al reconocimiento pensional controvertido.
Mencionó que, con base en otro pronunciamiento de la misma Subsección,
la sentencia cuestionada concluyó que la Resolución nro. 0850 del 17 de
agosto de 1999 era ilegal, comoquiera que la normativa que le sirvió de
sustento no podía aplicarse para definir la situación pensional del
accionante, quien ejerció como senador entre el 20 de julio de 1990 y el
19 de julio de 1991 y, por consiguiente, no cumplió los requisitos previstos
por el Decreto 1359 de 1993 que exige haber laborado como congresista
desde la vigencia de la Ley 4 de 1992 (18 de mayo de 1992).
Por ello, afirmó que la Subsección A, Sección Segunda, de esta
Corporación, no introdujo una pretensión de oficio, sino que analizó los
argumentos que el accionante planteó en su apelación en conjunto con
las pretensiones de la demanda y que, contrario a lo señalado por el
accionante, sí debía tenerse en cuenta la sentencia de unificación del 8 de
octubre de 2020, pues en el proceso se discutió la aplicación del régimen
especial de congresista.
Concluyó que, “[E]n cuanto al presunto estado de indefensión del actor,
tal calidad no altera el análisis aquí desplegado, en especial al
considerarse que en ambas instancias se ordenó a FONPRECON garantizar
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el derecho a la seguridad social del demandado, justamente en
consideración de las condiciones particulares del actor […]”.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante lo impugnó en
los siguientes términos8:
Señaló que “[l]a solicitud de amparo sólo persigue la valoración de la
actuación de la segunda instancia dentro del trámite de la acción de
lesividad, pues bajo la garantía del juez natural, siempre se ha esperado
que sea la Sección Segunda del Consejo de Estado quien defina de fondo
el debate judicial puesto bajo su competencia […]”.
Alegó que el a quo fue “[i]ndolente frente a las actuaciones del
demandante y las laxitudes de las instancias judiciales, quienes
parecieran tener por vocación revocar una pensión de jubilación, la cual,
como bien consta en los soportes, fue reconocida administrativamente
desde 1999, o sea, hace más de 20 años. //Dicha laxitud judicial se
observa cuando se permite al demandante cambiar sus pretensiones y
argumentaciones en el camino judicial, pero más grave es que se impida
el acceso a la administración de justicia cuando se trata de advertir dicha
situación al superior en vía de apelación, pero adicionalmente la segunda
instancia simplemente se extrae de la definición de fondo del asunto para
darle solución a un problema jurídico que no le había sido puesto a su
consideración […]”.
Anotó que basta con analizar la demanda promovida por Fonprecon para
concluir que el cargo de nulidad varió en el curso del trámite judicial,
“[a]ctuación que no sólo permitió́ por el juez de primera instancia, sino
contra lo cual nada se dijo, pues -como se insiste- la segunda instancia
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Visto en el índice 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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se dedicó a solucionar un problema jurídico que no había sido puesto a su
consideración […]”.
Aseguró que:
“[…] Se insiste vehementemente que no estamos frente a un
proceso de lesividad cualquiera, sino ante una pretensión mayúscula
de quitarle la pensión a un sujeto de especial protección
constitucional (pensionado de 78 años), quien hizo su vida y su
entorno a razón de una pensión reconocida desde 1999, pensión de
la cual no sólo depende él, sino su esposa también de la tercera
edad y sin pensión propia.
No puede el juez de tutela caer en el afán de la protección de las
finanzas del fondo de pensiones so pena de menoscabar los
derechos procesales y fundamentales del pensionado, quien si bien
puede ver revocada o anulada su pensión, lo único que se espera en
un estado social de derecho es que ello ocurra con total apego y
recelo de los más básicos derechos fundamentales, y no tratando de
justificar cualquier desviación judicial bajo la teoría de la protección
de los intereses del demandante, pues estamos frente al despojo del
único ingreso constante, estable y periódico de un anciano de más
de 78 años de edad.
Finalmente, la sentencia de tutela de primera instancia menciona
que el estado de indefensión de mi poderdante no es trascedente en
la decisión, ello porque FONPRECON debe garantizar la seguridad
social de mi poderdante de acuerdo a los fallos judiciales, cosa que
el despacho simplemente presumió más no constató.
Es inverosímil que el despacho presuma que FONPRECON está
garantizando la seguridad social de mi poderdante, cuando en la
realidad ello no está pasando, pues la única decisión que
FONPRECON ha sido proclive en cumplir corresponde al RETIRO DE
LA NOMINA de pensiones de mi poderdante, lo cual ocurrió por
medio de la Resolución No. 0452 del 03 de agosto de 2022, acto
administrativo que expidió tan sólo unos días después de contestar
la presente acción de tutela.
(…)
En la actualidad mi poderdante no sólo materialmente está SIN
PENSIÓN, pues fue retirado de la nómina de pensionados, sino que
no posee esa GARANTÍA que fue ordenada judicialmente y que el
juez de tutela presume que existe, siendo evidente que aquel
perjuicio irremediable que se pedía fuera protegido en la medida
provisional, en efecto terminó por configurarse […]”.
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Por auto del 16 de septiembre de 2022 se concedió la impugnación9 y la
misma fue asignada por acta de reparto el 28 de septiembre de 202210.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199111, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201512, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201914 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:
9
Visto en el índice 24, ibídem.
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Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 04011 01.
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El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
12
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
13
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
14
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
15
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por las partes. Visto en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022
04011 00.
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6.2.1. El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República –
Fonprecon-, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, en lesividad, cuyas pretensiones fueron las siguientes:
“[…] PRIMERA.- Que se declare que el libro “LLANOS DE COLOMBIA”
cuya autoría es del señor HÉCTOR JOSÉ MORENO REYES, no cumple
con los requisitos y condiciones para ser homologado como tiempos
de servicios para efectos de la pensión, por no cumplir con el
requisito exigido por el literal a) del artículo 3º del Decreto 753 de
1974 que reglamentó la Ley 50 de 1886 y la jurisprudencia del H.
Consejo de Estado sobre el tema.
SEGUNDA.- Que se declare que el señor HÉCTOR JOSÉ MORENO
REYES, perdió los beneficios del régimen especial de transición
consagrados en el Decreto 1293 de 1994 por no contar con 20 años
de servicios a la fecha de su retiro definitivo del Congreso de la
República hecho que tuvo ocurrencia el 19 de julio de 1991.
TERCERA.- Que se declare que el señor HÉCTOR JOSÉ MORENO
REYES no cumplió con los requisitos legales para el reconocimiento
de la pensión previstos en la Ley 4ª de 1992 y los Decretos 1359 de
1993 y 1293 de 1994.
CUARTA.- Que se declare la nulidad de la Resolución nro. 0850 del
17 de agosto de 1999 “por medio de la cual se reconoce y ordena el
pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación de conformidad
con la Ley 4ª 1992”, al señor HÉCTOR JOSÉ MORENO REYES, por
cuanto no acreditó los requisitos legales para el reconocimiento de
la prestación económica otorgada por el FONDO DE PREVISIÓN
SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
QUINTA.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y
a título de restablecimiento del derecho, se ordene por parte del H.
Despacho al FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA, expedir un acto administrativo adoptando las medidas
necesarias entre otras la exclusión del señor HÉCTOR JOSÉ MORENO
REYES de la nómina de pensionados de la Entidad que den estricto
cumplimiento a la decisión contenida en el fallo y que pone fin a la
acción aquí impetrada.
SEXTA.- Que a título de restablecimiento del derecho se ordene por
el H. Despacho que el señor HÉCTOR JOSÉ MORENO REYES,
reintegre al FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA, las sumas de dinero que recibió por concepto de la
pensión de jubilación otorgada como consecuencia del acto
administrativo demandado […]”. (Mayúsculas originales del escrito)
6.2.2. El proceso correspondió por reparto a la Subsección B, Sección
Segunda, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, en sentencia
del 14 de abril de 2016, dispuso:
12
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 04011 01
Accionante: Héctor José Moreno Reyes
“[…] PRIMERO. DECLÁRESE la nulidad de la Resolución 00850 del 17
de agosto de 1999, por medio de la cual el Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República reconoció una pensión vitalicia de
jubilación al señor Héctor José Moreno Reyes, por lo expuesto en la
parte motiva de ésta providencia.
SEGUNDO. El Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República, debe garantizar sin solución el derecho a la seguridad
social del señor Héctor José Moreno Reyes, atendiendo su situación
fáctica, que se trata de persona de la tercera edad y de conformidad
con las normas generales pensionales anteriores a la Ley 100 de
1993, por lo anotado en la parte motiva.
TERCERO. DENIÉGUESE las demás pretensiones de la demanda
[…]”.
6.2.3. En contra de la precitada decisión, interpusieron recurso de
apelación Fonprecon y el señor Héctor José Moreno Reyes, y la Subsección
A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en providencia del 7 de
octubre de 2021, la confirmó.
6.2.4. Por auto del 17 de junio de 2022 fue negada la solicitud de
aclaración de la sentencia, que formuló el señor Héctor José Moreno
Reyes.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, la Subsección B, Sección Tercera, del Consejo
de Estado, mediante fallo del 17 de agosto de 2022, declaró la
improcedencia de la acción de tutela en contra de la sentencia proferida
el 7 de octubre de 2021 por la Subsección A, Sección Segunda, del
Consejo de Estado, “(…) en relación con el reparo relacionado con las
obras publicadas por el actor (…)”, por carecer de relevancia
constitucional.
De otro lado, negó “(…) la solicitud de amparo de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora con respecto al análisis sobre
el régimen aplicable a la pensión reclamada (…)”, por considerar que no
13
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Accionante: Héctor José Moreno Reyes
estaba configurado el defecto de violación directa de la Constitución,
puesto que no se había vulnerado el principio de congruencia de la
sentencia.
El accionante impugnó la precitada decisión y para ello insistió en los
argumentos que expuso en la acción de tutela, esto es, que la sentencia
dictada el 7 de octubre de 2021 por la Subsección A, Sección Segunda,
del Consejo de Estado, no resolvió los cuestionamientos que formuló en
su escrito de apelación, y “(…) se dedicó a solucionar un problema jurídico
que no había sido puesto a su consideración (…)”, con lo cual infringió el
principio de congruencia; adicionalmente, manifestó que Fonprecon lo
excluyó de la nómina de pensionados, por lo que no se está garantizando
el reconocimiento pensional.
A partir de las inconformidades expuestas por el accionante, la Sala
considera que, aunque el a quo declaró la improcedencia de la acción de
tutela en relación con el reparo relacionado con los libros que publicó, por
carecer de relevancia constitucional, y la negó al concluir que la sentencia
atacada analizó tanto los argumentos de la demanda como los planteados
por el hoy accionante en el recurso de apelación, lo cierto es que los
cuestionamientos de la tutela y del escrito de impugnación se dirigen a
demostrar la violación del principio de congruencia en contra de la
sentencia dictada por esta Corporación en el proceso ordinario
cuestionado y, por lo tanto, en este caso, el requisito de subsidiariedad
no está cumplido, según las razones que pasan explicarse.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable16.
16
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
14
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A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción
de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la
medida en que solo resulta procedente cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio
irremediable17.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial18: (i) cuando el asunto está
trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de
defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para
revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico.
Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal Constitucional ha establecido dos
excepciones al requisito de subsidiariedad de la acción de tutela: (i)
cuando el mecanismo ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para la
protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii) cuando se
pretende evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe
acreditarse que cumple con la características de ser inminente y grave,
17
La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si,
efectivamente, en un caso concreto, se está ante la presencia de un perjuicio
irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo de amparo
constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un
derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría
forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la
gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la
tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
18
Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio.
15
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Accionante: Héctor José Moreno Reyes
que requiere de la adopción de medidas de carácter urgente para superar
el daño y, por lo tanto, que la protección constitucional es
impostergable19.
En este caso, el accionante interpuso acción de tutela con el fin de
controvertir la sentencia proferida el 7 de octubre de 2021 por la
Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, para lo cual
argumentó:
“[…] VIOLACIÓN PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. DEFECTO FACTICO.
VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN.
Como se trató de colocar de manifiesto en los hechos, es claro que
en el año 2014 cuando inició el proceso judicial, mi poderdante
estaba sometido a un juicio de lesividad que atacaba y amenazaba
su pensión debido al supuesto error de FONPRECON en haber
homologado la obra literaria “LLANOS DE COLOMBIA”, lo cual, según
el alegato de FONPRECON, causaría que mi poderdante ya no tuviese
los 21 años, 9 meses y 21 días con los cuales le fue reconocida su
pensión, sino tan sólo 19 años, 9 meses y 21 días.
(…)
A reglón seguido, el mismo fallo judicial de primera instancia
muestra como FONPRECON cambia su alegato previo al fallo judicial,
ahora mencionando que son las DOS OBRAS las que no cumplen con
los requisitos legales, y que mi poderdante por lo tanto sólo acredita
17 años, 9 meses y 21 días.
(…)
Con todo, y si bien formalmente mi poderdante no fue apelante
único, pues FONPRECON también apeló la decisión, en el fondo de
la discusión sí lo es, pues mi poderdante era el único que trató de
insistir que SÍ CONTABA con los 20 años de servicio que le
cuestionaban desde la primera demanda, pero cuando el proceso
llega a sede de apelación, la segunda instancia vuelve el centro de
la discusión el establecer si mi poderdante cumplía o no con los
criterios de la sentencia de unificación CE-SUJ2-018-20 del 8 de
octubre de 2020, la cual en efecto podría solucionar un problema
jurídico de profunda trascendencia, pero dicho problema nunca fue
el problema jurídico de mi poderdante dentro del proceso judicial en
el cual se trató de defender.
Claramente la decisión y argumentación del Consejo de Estado en
segunda instancia coloca a mi poderdante en una peor posición y
más gravosa situación que aquella impuesta en el fallo de primera
instancia, pues el fallo inicial ordena revocar su pensión dada la
pérdida del régimen por la no acreditación de los 20 años de
servicios exigidos, mientras que para la segunda instancia el primer
19
Sentencia T-150 de 2016.
16
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debate consistía en establecer si mi poderdante tendría derecho al
régimen de congresista, análisis en el cual nada tendría que ver el
poder acreditar los 20 años de servicio antes del 20 de junio de
1994, cosa que en cambio para la primera instancia era el motivo
central de discusión, siendo todo un evidente abuso de las facultades
del juez de alzada.
Sobre la violación directa a la Constitución como elemento de
procedibilidad en la acción de tutela, la Corte Constitucional es
enfática en señalar que en efecto la CONGRUENCIA en las decisiones
judiciales está íntimamente ligada con el Debido Proceso, y así́
mismo señala y explica como la competencia en los jueces en sede
de apelación es por regla general restringida, criterios que en el
presente caso el H. Consejo de Estado ha soslayado de manera
evidente.
(…)
Pero con todo y ello, y como bien lo señala la LEY, el H. Consejo de
Estado en segunda instancia bien podría de OFICIO declarar una
excepción de fondo aún si la misma no se hubiere propuesto,
empero, debe recordarse que estamos en un proceso de lesividad,
y lo que no puede el juez de alzada es proponer una pretensión o
acción de oficio, como lo acaba de hacer en el presente caso.
Caso contrario sería si mi poderdante fuere un accionante y
pretendiese el reconocimiento de una pensión bajo el régimen de
congresistas, y fuere FONPRECON quien no presentara excepción en
tal sentido, lo cual sí permitía al H. Consejo de Estado en segunda
instancia declarar de OFICIO la excepción basada en la sentencia
CE-SUJ2-018-20 del 8 de octubre de 2020, pero lo que NO puede
hacer es lo contrario, o sea, tomar su capacidad oficiosa de
excepción para generar un nuevo cargo de nulidad en contra de la
resolución que reconoció́ la pensión de mi poderdante, pues ello se
edifica como una transgresión al límite ultra y extra petita, siendo
una evidente violación a los derechos fundamentales.
(…)
En el presente caso se ha insistido en que la segunda instancia
desbordó los límites de la CONGRUENCIA de la apelación
presentada, en la cual a su vez se había sustentado la forma en que
el juez de primera instancia había fallado ultra y extra petita,
situaciones que evidentemente van en contra del debido proceso y
la constitución política, siendo procedente la presente acción de
tutela […]” (Mayúsculas del accionante)
A su vez, en la impugnación argumentó:
“[…] Con todo, no es deseo de mi poderdante alegar la validez de
las obras literarias en sede de acción de tutela, sino que se alega
que la segunda instancia CREÓ una casual nueva de nulidad, y
debido a dicha violación a la congruencia, mi poderdante no tuvo la
garantía del debido proceso para defenderse de dicha causal que fue
totalmente novedosa, y a consecuencia de lo anterior, no recibió́ de
17
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la administración de justicia la respuesta congruente a su recurso
de apelación.
Se insiste, mi poderdante presentó en su recurso de apelación con
varias consideraciones, pero principalmente con dos argumentos,
primero, tratar de demostrar que el juez de primera instancia actuó́
de manera ultra y extra petita al incluir dentro de los cargos de
nulidad una obra que no estaba cuestionada en la demanda inicial,
y dos, que aún sin aquellas dos obras literarias, él SI CONTABA CON
LOS 20 AÑOS ANTERIORES AL 20 DE JUNIO DE 1994, pues habían
tiempos de servicio no contabilizados por FONPRECON, siendo éste
último criterio la base final para que el despacho de primera
instancia declarara la nulidad de la pensión de mi poderdante.
Empero, esos argumentos que deberían ser resueltos en sede del
proceso judicial ordinario, y más por la competencia de la segunda
instancia, quedaron en la caneca porque el despacho de alzada
decidió́ que lo primero que había que solucionar era si mi poderdante
había sido congresista con posterioridad a la vigencia de la Ley 4 de
1992, cosa que nunca había sido cuestionada por el demandante y
ni siquiera analizada por el juzgador de primera instancia […]”.
Bajo dicho contexto, la Sala considera que la acción de tutela deviene
improcedente en los términos en los que se formuló, comoquiera que, en
contra de la providencia censurada, es posible interponer el recurso
extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la
sentencia, en la medida en que lo alegado tiene que ver con que la
sentencia cuestionada transgredió el principio de congruencia.
Al efecto, esta Corporación ha puntualizado que la causal de revisión
contenida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto
es, la nulidad originada en la sentencia, “[s]e puede configurar cuando
el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna
y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara
violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la
providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas
propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez
para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar […]”20.
Al respecto se precisó lo siguiente:
20
Sala Especial de Decisión 22, sentencia de 2 de febrero de 2016, proferida en el
expediente con radicado núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV), C.P. Alberto
Yepes Barreiro.
18
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Accionante: Héctor José Moreno Reyes
“[…] Ello significa que es procedente el recurso extraordinario
de revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en
segunda instancia o única, si se alega el desconocimiento del
principio de la congruencia, que en últimas implica una actuación
sin competencia.
(…)
En términos generales, la congruencia se entiende como el deber
legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones
de no incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita (…).
Además, la congruencia también se puede calificar según las
relaciones que se produzcan entre la sentencia, entendida como un
todo, y lo pedido y planteado por las partes.
En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la
sentencia. Se puede identificar porque en líneas generales es lo
que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A., y las normas del procesal
civil, según los cuales el fallo debe estar en armonía con lo
pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la
parte demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la
congruencia interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo
dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia.
Las dos formas de congruencia han sido abordadas por la
jurisprudencia de esta Corporación en los siguientes términos:
“Se reitera que el principio de congruencia de la sentencia, exige de
una parte, que exista armonía entre la parte motiva y la parte
resolutiva de la misma, lo que se denomina congruencia interna, y
de otra, que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo
pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de
oposición, denominada congruencia externa, es decir, se tome la
decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso.
(…)
La violación de dicho principio traería como consecuencia,
igualmente la violación al debido proceso, en la medida en que
nuestro ordenamiento positivo consagra etapas procesales
exclusivas a que las partes manifiesten y contradigan argumentos
en defensa de sus derechos, siempre bajo el marco de litis que se
ha planteado desde la demanda (…).
Pues bien, estas reflexiones, con apoyo en jurisprudencia del
Consejo de Estado y en la doctrina de la Corte Constitucional,
ratifican la tesis según la cual la congruencia de los fallos es un
elemento de validez de los mismos, cuya inobservancia
configura la causal de revisión de nulidad originada en la
sentencia, artículo 250, numeral 5 del CPACA […]”. (se
destaca)
19
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En suma, bajo los anteriores criterios jurisprudenciales, esta Corporación
ha señalado que la nulidad originada en la sentencia se configura cuando:
“i) se dicta sentencia, pese a que previamente se produjo la
terminación del proceso, o se revive un proceso legalmente
concluido;
ii) se dicta sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido;
iii) la sentencia se emite sin la mayoría necesaria o con la firma de
más o menos jueces de los requeridos legalmente;
iv) se pretermite una instancia, y ello se configura en tres
escenarios: a. cuando se emite sentencia sin motivación; b. cuando
se viola el principio de la non reformatio in pejus; y c. cuando se
profiere sentencia condenatoria contra un tercero que no fue
vinculado al proceso;
v) en la sentencia se deciden aspectos que no debía resolver el juez,
por carecer de jurisdicción o competencia;
vi) se profiere una sentencia con fundamento en pruebas obtenidas
con violación del debido proceso;
vii) en la sentencia se incurre en violación del derecho constitucional
del debido proceso; y
viii) la sentencia está afectada por falta de congruencia interna o
externa”21.
[Destacado por la Sala]
De contera, como la parte actora reprocha que la sentencia proferida por
la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, no resolvió los
cuestionamientos formulados en su recurso de apelación y “(…) se dedicó
a solucionar un problema jurídico que no había sido puesto a su
consideración (…)”, la Sala concluye que el interesado tiene a su alcance
el recurso extraordinario de revisión, que constituye el mecanismo idóneo
para ventilar estos reproches.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-
2013-00034-00 (0089-13), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
20
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Ahora bien, el accionante estima que la solicitud de amparo resulta
procedente puesto que se encuentra en estado de indefensión, en razón
a que “[c]uenta con más de 78 años, sin ninguna oportunidad de tipo
laboral en caso de perder su pensión de jubilación, poniendo en riesgo no
sólo su vida y sostenimiento sino el de su esposa […]”.
Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional22 ha precisado
que la acción de tutela es procedente para reclamar un derecho pensional,
de forma excepcional, cuando: “[…] (i) el amparo es solicitado por un
sujeto de especial protección constitucional; (ii) la falta de pago de la
prestación afecta gravemente los derechos fundamentales de quien la
solicita; (iii) el interesado ha desplegado actividad administrativa y
judicial para lograr el reconocimiento de su derecho pensional por los
medios ordinarios que tiene para ello; y (iv) se acredita la razón que lleva
a concluir que el medio judicial ordinario no puede proteger efectivamente
el derecho reivindicado […]”.
En el presente caso, aunque el accionante afirmó que tiene más de 78
años de edad, no aportó ningún documento que permitiera acreditarlo;
sin embargo, en la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 14 de abril de 2016, se indicó que “(…) al momento de
proferir esta providencia, cuenta con 72 años y 17 días de edad (…)”, lo
que permite evidenciar que a la fecha el actor tiene 78 años de edad y,
por lo tanto, puede ser considerado de la tercera edad y sujeto de especial
protección constitucional23, ya que, como lo ha explicado la Corte
Constitucional, corresponde a aquellas personas que superan los 76 años
de edad24.
22
Corte Constitucional, sentencia T-015 del 22 de enero de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
23
Corte Constitucional en la sentencia T-678 del 2 de diciembre de 2016, M.P. Alejandro
Linares Cantillo, precisó que se trata de “[a]quellas personas que debido a su condición
física, psicológica o social particular merecen una acción positiva estatal para efectos de
lograr una igualdad real y efectiva. Así, ha considerado que entre los grupos de especial
protección constitucional se encuentran: los niños, los adolescentes, los ancianos, los
disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas
desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en extrema pobreza […]”.
24
La Corte Constitucional explicó lo siguiente frente a las personas consideradas de la
“tercera edad”, en la sentencia T – 015 del 22 de enero de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz
21
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Pese a lo señalado, de la argumentación expuesta por el accionante no se
desprende que se encuentre en una condición crítica desde el punto de
vista socioeconómico, ni está acreditada esa situación en el expediente,
por lo que no puede concluirse que la falta de pago de la pensión de
jubilación que venía recibiendo afecte gravemente los derechos
fundamentales que invocó como vulnerados.
Cabe agregar por la Sala que en la sentencia cuestionada, proferida por
la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, se ordenó que,
“[e]n cumplimiento de la presente providencia, la entidad deberá proferir
un nuevo acto de reconocimiento pensional, en el cual se analice la
situación fáctica del demandado, al tenor del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100, en aras de definir el régimen pensional que
resulte aplicable y garantizar de esta manera su derecho a la seguridad
social. Por consiguiente, se confirmará la decisión del a quo en su
integridad […]”.
A su vez, en la Resolución nro. 0452 del 3 de agosto de 2022 expedida
por Fonprecon, por medio de la cual dispuso el retiro del accionante de la
nómina de pensionados, la cual allegó con el escrito de impugnación, se
lee: “[d]e conformidad con lo ordenado en la sentencia del 7 de octubre
de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Delgado: “[…] Por su parte, la calidad de “persona de la tercera edad” solo puede
ostentarla quien no solo es un adulto mayor, sino que ha superado la esperanza de vida.
No todos los adultos mayores son personas de la tercera edad; por el contrario,
cualquier persona de la tercera edad será un adulto mayor.
Para efecto de precisar a qué edad una persona puede catalogarse en la tercera edad,
esta Corporación ha acudido a la esperanza de vida certificada por el DANE. Ha asumido
que la tercera edad inicia cuando la persona supera la expectativa de vida fijada por
aquel organismo público, misma que varía periódicamente. A esta se le conoce como la
tesis de la vida probable, que en este caso concreto fue aplicada por el ad quem.
Durante el periodo comprendido entre 2015 y 2020, conforme el documento
titulado “Indicadores Demográficos Según Departamento 1985-2020. Conciliación
Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020” emitido por el DANE, la
esperanza de vida al nacer para la totalidad de la población en Colombia (sin distinguir
entre hombres y mujeres), se encuentra estimada en los 76 años. Por lo tanto, una
persona será considerada de la tercera edad solo cuando supere esa edad, o aquella
que certifique el DANE para cada periodo específico. […]”. (Se subraya)
22
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Accionante: Héctor José Moreno Reyes
Subsección A, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República,
procederá a efectuar un nuevo estudio de la pensión de vejez del señor
HECTOR JOSE MORENO REYES al tenor del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, garantizando su derecho a la
seguridad social, con el fin de establecer si le asiste derecho y si es
competencia de esta Entidad resolver de fondo la prestación, lo cual le
será notificado mediante Acto Administrativo debidamente motivado […]”.
De donde se colige que está pendiente por resolverse la situación
pensional del accionante.
En consecuencia, ante la existencia de un medio de defensa judicial
idóneo y la falta de acreditación del perjuicio irremediable, la Sala
revocará el fallo de tutela proferido el 17 de agosto de 2022 por la
Subsección B, Sección Tercera, de esta Corporación, para, en su lugar,
declarar la improcedencia de la acción de tutela por cuanto no se cumple
con el requisito de la subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 17 de agosto de 2022
por la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, según lo
explicado en la parte motiva, y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor Héctor José
Moreno Reyes en contra de la sentencia proferida el 7 de octubre de 2021
por la Subsección A, Sección Segunda, del Consejo de Estado, por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad.
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Accionante: Héctor José Moreno Reyes
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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