Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04017-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04017-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04017-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
7 de octubre de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá D.C, siete (7) de octubre de dos mil veintidós (2022).
Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-04017-01
Demandante: MARÍA ROCÍO GONZÁLEZ BOTERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
ANÁLISIS DE LOS DEFECTOS SUSTANTIVO Y
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE.
Síntesis del caso: la actora alegó que se vulneraron sus derechos constitucionales
fundamentales con ocasión de la sentencia que negó las pretensiones del medio de control
que presentó para lograr la reliquidación de una pensión de invalidez post-mortem. Esta
Sala analizó los cargos relacionados con la presunta configuración de los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente y encontró que le asistió razón al a quo por
negar las pretensiones del proceso de acción de tutela. Sin embargo, modificará la decisión
impugnada para declarar improcedente el cargo relacionado con la condena en costas,
pues, tal como fue propuesto, se trata de un debate meramente económico sin relevancia
alguna desde el punto de vista constitucional.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora María Rocío González
Botero en contra de la sentencia de 25 de agosto de 2022 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que decidió:
“1. Negar las pretensiones de la tutela presentada por la señora María
Rocío González Botero.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito (...)”. (negrillas del original – archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI).
II. ANTECEDENTES
Mediante escrito radicado ante esta Corporación el 23 de julio de 2022 la actora
presentó proceso de acción de tutela en contra de la sentencia de 7 de junio de
2022 en la que el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no.
05001-33-33-012-2018-00484-01 para que se protejan sus derechos
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-04017-01
Demandante: María Rocío González Botero
Acción de tutela – Impugnación de fallo
constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad, seguridad social, vida
digna y mínimo vital por cuanto, a su juicio, esa providencia judicial incurrió en los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente por negar la reliquidación de
la pensión de invalidez post mortem reconocida a la actora.
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante, señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El señor Hugo de Jesús Cartagena Urrego se desempeñó como funcionario de
la Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia (hoy Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario - INPEC) en el cargo de cabo de prisiones (personal de
custodia y vigilancia), en la Reclusión de Mujeres de Medellín desde el 4 de mayo
de 1982 hasta el 30 de abril de 1991.
2) El 24 de abril de 1991, la División de Salud Ocupacional emitió concepto de
pérdida de capacidad laboral del 96 % del señor Cartagena Urrego a partir del 1 de
noviembre de 1990 y el 2 de mayo de 1991 falleció.
3) Como consecuencia de lo anterior el 4 de julio de 1991 la señora María Rocío
González Botero, en calidad de cónyuge supérstite y en representación de sus
menores hijos, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez del
causante y la extinta CAJANAL, mediante Resolución no. 23520 de 3 de mayo de
1993, reconoció el 50 % de esa prestación post-mortem en favor de Cristian Camilo
y Ana María Cartagena González hasta el 17 de septiembre de 2005 y 24 de octubre
de 2007, respectivamente, momento en el que alcanzarían la mayoría de edad, y
dejó en suspenso el reconocimiento del porcentaje de la actora.
4) Posteriormente, mediante Resolución no. 002779 de 6 de septiembre de 1995, la
autoridad sustituyó el restante 50% en favor de la actora, prestación que, cumplida
la mayoría de edad de los hijos, se acrecentó hasta el 100%.
5) El 21 de septiembre de 2017, la actora solicitó la reliquidación de la prestación
por considerar que la autoridad no tuvo en cuenta la totalidad de los factores
devengados por el causante en el último año de servicios y la UGPP negó esa
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-04017-01
Demandante: María Rocío González Botero
Acción de tutela – Impugnación de fallo
solicitud con Resolución no. RDP 041504 de 2 de noviembre de 2017, acto
confirmado por Resolución no. RDP 001172 de 16 de enero de 2018.
6) La demandante ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la UGPP con la finalidad de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos referidos y, a título de restablecimiento del derecho, se ordenara la
reliquidación de la mesada pensional con la inclusión los factores salariales
mencionados.
7) El proceso en primera instancia correspondió al Juzgado 12 Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín que, en sentencia del 4 de febrero de 2020, accedió
a las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad de los actos demandados y,
en consecuencia, ordenó la reliquidación de la pensión con inclusión del subsidio
de alimentación, auxilio de transporte, prima de navidad y prima de servicios.
8) Esa decisión fue apelada por la UGPP1 y el 7 de junio de 2022, el Tribunal
Administrativo de Antioquia la revocó por considerar que a la parte actora le asistía
derecho a esa reliquidación, únicamente, respecto de los factores efectivamente
cotizados por el causante en el último año de servicios, estos son: asignación básica
mensual y bonificación por servicios prestados, además, condenó en costas a la
actora como parte vencida en ese proceso con fundamento en el artículo 365 del
Código General del Proceso.
2. Los fundamentos de la vulneración
Para la demandante la sentencia de 7 de junio de 2022 adolece de los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.
En lo relacionado con el defecto sustantivo reclamó que la autoridad demandada
ignoró que el reconocimiento pensional se hizo antes de la Ley 100 de 1993 y por
tanto se debían aplicar a su caso las disposiciones de los Decretos 1848 de 1969,
respecto a la cuantía y 1045 de 1978, respecto a los factores.
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Esa autoridad reconoció que la normatividad aplicable para el reconocimiento de la pensión de
invalidez del causante era la contenida en el Decreto 1848 de 1969 pero alegó que el juzgado incurrió
en un error por ordenar la liquidación de esa prestación con todos los factores salariales del Decreto
1045 de 1978 pues esa norma incluyó erogaciones diferentes a aquellas vigentes para la fecha en
la que se estructuró la invalidez.
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Demandante: María Rocío González Botero
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Sobre el desconocimiento del precedente judicial la actora alegó que el Tribunal
Administrativo de Antioquia erró en acudir a la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado, porque esa providencia
únicamente rige para controversias que decidan asuntos sobre el régimen pensional
de la Ley 33 de 1985.
Por último, agregó que la autoridad judicial demandada no debió condenarla en
costas porque no existió temeridad en su actuar y no realizó conductas dilatorias.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
1. AMPARAR los derechos A LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y
MINIMO VITAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD,
DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS LEGITIMAS, PRINCIPIO
DE SEGURIDAD JURIDICA, DEBIDO PROCESO, Y DERECHO A LA
IGUALDA[D] PROCESAL, del señor (sic) MARIELA SANCHEZ PABON.
2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, en
amparo a los derechos enunciados, revocar la sentencia proferida el 07
de JUNIO de 2022, que REVOCÓ la sentencia de primera instancia por la
cual se accedió a las pretensiones de la demanda y en consecuencia se
ordene a reliquidar la pensión de asistida (sic) teniendo en cuenta el (sic)
reliquidación de la pensión de invalidez en un 100% del salario mensual
promedio devengado en el año anterior a la adquisición del status
pensional incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados.
3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los
derechos aquí tutelados.”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI – subrayas y mayúsculas del documento original).
4. Actuación en primer grado
La Sección Cuarta del Consejo de Estado por auto de 26 de julio de 2022 admitió la
acción de tutela y notificó a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia
como autoridades demandadas, con el fin de que presentaran un informe sobre los
hechos que dieron lugar a la presente acción.
Adicionalmente, se vinculó al titular del Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín y el director de la UGPP, como terceros interesados.
La autoridad judicial demandada y los terceros interesados no presentaron informe
de respuesta en este proceso de acción de tutela a pesar de estar debidamente
notificados.
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Demandante: María Rocío González Botero
Acción de tutela – Impugnación de fallo
5. Sentencia de primera instancia
El 25 de agosto de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia
y negó las pretensiones de la acción de tutela.
El a quo denotó que la pensión de invalidez fue otorgada con anterioridad a la Ley
100 de 1993, razón por la cual el causante fue beneficiario del régimen especial
consagrado en la Ley 32 de 1986 y para efectos de los factores de liquidación de
esa prestación fue necesario acudir al Decreto 1045 de 1978 como así se hizo en
el acto administrativo que se demandó por la vía ordinaria.
La autoridad judicial demandada acudió a la sentencia de 28 de agosto de 2018
proferida por la Sala Plena de esta Corporación como un criterio auxiliar para aplicar
la regla que determinó que, para efectos de la liquidación de prestaciones laborales,
únicamente se deben tener en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
aportó al sistema general de pensiones, lo cual, a juicio del a quo, constituyó una
valoración razonable que no vulneró los derechos fundamentales de la actora.
Una simple discrepancia sobre la interpretación normativa y jurisprudencial
plasmada en la sentencia atacada no es por sí sola una irregularidad o defecto que
amerite dejar sin efecto la decisión judicial demandada.
La condena en costas impuesta a la demandante no fue caprichosa o injustificada
porque fue debidamente sustentada en la facultad prevista en el artículo 365 del
Código General del Proceso.
6. Impugnación
La actora presentó impugnación y esta le fue concedida en auto de 9 de septiembre
de 2022.
En ese documento no expuso razones de disenso frente a las consideraciones del
a quo y reiteró las razones por las cuales consideró que la providencia atacada
incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
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Demandante: María Rocío González Botero
Acción de tutela – Impugnación de fallo
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce
mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera
inmediata y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o
vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con
ella términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
constitucionales fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el caso de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Antioquia con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad, seguridad social, vida
digna y mínimo vital presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia de 7 de
junio de 2022 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no. 05001-
33-33-012-2018-00484-01 que revocó el fallo del Juzgado Doce Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.
Respecto del defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente la Sala
evidenció que el proceso de acción de tutela cumplió con los requisitos genéricos
de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se
agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona
afectada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el
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Demandante: María Rocío González Botero
Acción de tutela – Impugnación de fallo
requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro
de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia atacada; (iii) el presente
caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales
de la parte actora; (iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron, (v)
no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente, (vi) la cuestión que se discute
resulta de relevancia constitucional, únicamente en lo atinente a los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente, porque la actora expuso las razones
por las cuales consideró que la providencia atacada adolece de tales defectos, esto
es, con la identificación precisa de la normatividad que consideró aplicable para
efectos de obtener la reliquidación de su pensión y de la jurisprudencia que estimó
indebidamente analizada por la autoridad demandada.
Sin embargo, se advierte que no ocurrió lo mismo para el cargo en el que se
cuestionó la condena en costas impuesta en el proceso ordinario, en la medida en
que esa controversia es de carácter eminentemente económico y la actora no
justificó las razones que permitan la intervención del juez de tutela, por lo que dicha
petición será declarada improcedente.
En esos términos, esta Sala anticipa que modificará la sentencia de primera
instancia para confirmarla en cuanto negó las pretensiones de la demanda en lo
relacionado con los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente y
declarar improcedente el cargo relacionado con la condena en costas, por las
razones que procederán a exponerse:
2.1. El defecto sustantivo
1) La actora reclamó que la autoridad demandada ignoró que el reconocimiento
pensional del señor Hugo de Jesús Cartagena se hizo antes de la Ley 100 de 1993
y, por tanto, para liquidar la pensión de invalidez se debían aplicar las disposiciones
de los Decretos 1848 de 1969 y 1045 de 1978.
2) A efectos de desatar ese cargo la Sala destaca que para resolver la controversia
que le fue planteada en primera instancia, el Juzgado 12 Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín accedió a las pretensiones de la demanda luego de
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Demandante: María Rocío González Botero
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considerar que, a la actora, como beneficiaria post mortem de la pensión de
invalidez reconocida a su cónyuge le eran aplicables las disposiciones de la Ley 32
de 19862.
3) Esa autoridad judicial denotó que el Decreto 1848 de 1969 reguló la manera en
que procede la liquidación de la pensión de invalidez y señaló que para determinar
los factores salariales a incluir en la liquidación de esa prestación se debía acudir al
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, siendo aquellas las normas que la actora
invocó como desconocidas en el presente asunto.
4) Para el a quo del proceso ordinario se acreditó que el causante percibió como
factores salariales durante el último año de servicios, además de la asignación
básica, el subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima de navidad y prima
de servicios, por lo cual ordenó la reliquidación de la prestación con la inclusión de
esos factores.
5) Por otra parte, la UGPP presentó una apelación contra esa decisión en la que
admitió que la normatividad aplicable para el reconocimiento de la pensión de
invalidez del causante era la contenida en el Decreto 1848 de 1969, pero alegó que
el juzgado incurrió en un error por ordenar la liquidación de esa prestación con todos
los factores salariales del Decreto 1045 de 1978, pues, esa norma incluyó
erogaciones diferentes a aquellas vigentes para la fecha en la que se estructuró la
invalidez.
6) El Tribunal Administrativo de Antioquia desató la discusión legal en segunda
instancia y para resolver el caso concreto consideró lo siguiente:
“Sea lo primero advertir, que teniendo en cuenta la fecha de fallecimiento
del causante de la prestación que se reclama (2 de mayo de 1991) y la
fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, en virtud de la
cual se reconoció una pensión de invalidez post mortem, no le asiste
razón a la demandada, cuando manifiesta que la prestación se estudió
bajo las previsiones de la Ley 100 de 1993, por cuanto dicha norma no se
encontraba vigente para la fecha de causación del derecho. Por el
contrario, la reclamación de la prestación solicitada, debe estudiarse
con fundamento en las normas vigentes para el momento de la
estructuración de la pérdida de capacidad laboral y el fallecimiento
del causante (años 1990 y 1991).
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Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC.
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Demandante: María Rocío González Botero
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Así las cosas, como se advirtió con anterioridad, la Ley 32 de 1986
consagró en favor del personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
una pensión de invalidez en los términos previstos para los demás
empleados públicos, prestación contemplada de acuerdo con
aquella remisión en el Decreto 1848 de 1969, que establece para el
caso concreto del causante, que para el personal con pérdida de la
capacidad laboral superior al 96% se reconocerá una pensión de
invalidez en cuantía del 100% del último salario devengado.
A su vez, ni la Ley 32 de 1986 ni el Decreto 1848 de 1969,
contemplaron los factores a tener en cuenta para su liquidación, por
lo que deberá atenderse lo dispuesto en el artículo 114 de la primera
norma que indica que para los temas no previstos se aplicará las normas
vigentes para los empleados públicos nacionales, sin que sea posible
acudir al contenido de las Leyes 33 y 62 de 1985 por cuanto aquellas
contemplaron de manera expresa que no serían aplicables al
personal del INPEC.
Es así, que es necesario dar aplicación al artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, que contempla los siguientes factores salariales: (...)
De acuerdo con lo anterior, se tiene que para el último año de
servicios del causante de la prestación (2 de mayo de 1990 a 2 de
mayo de 1991), según certificaciones visibles a folios 18 a 22 del
expediente, aquel devengó los siguientes conceptos: asignación
básica, sobresueldo, bonificación por servicios prestados, subsidio
de alimentación, auxilio de transporte, bonificación por recreación,
prima de vacaciones, prima de navidad y prima de servicios. (...).”.
(negrillas de la Sala – archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI)
7) Para esta Sala las anteriores razones son suficientes para concluir que no le
asiste razón a la parte actora en cuanto afirmó que la sentencia cuestionada no
aplicó los citados Decretos 1848 de 1969 y 1045 de 1978, pues fueron justamente
estos los soportes normativos que sirvieron de sustento a la decisión, cuestión
diferente es que esté en desacuerdo con la postura de la demandada, según la cual,
para efectos de la liquidación de la pensión, únicamente debían tenerse en cuenta
los factores salariales de esa última normatividad sobre los que el causante realizó
aportes, aspecto que la Sala desarrollará en el siguiente capítulo por ser el
fundamento central del alegado desconocimiento del precedente judicial.
2.2. El desconocimiento del precedente judicial
a) En lo relacionado con este cargo, la parte actora aseveró que se configuró porque
el Tribunal Administrativo de Antioquia resolvió su caso con base en la sentencia de
unificación proferida el 28 de agosto de 2018 por la Sala Plena del Consejo de
Estado y reclamó que no resultaba aplicable porque esa decisión se refirió a
controversias pensionales del régimen general de la Ley 33 de 1985 más no así al
régimen especial del personal de cuerpo y custodia del INPEC.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-04017-01
Demandante: María Rocío González Botero
Acción de tutela – Impugnación de fallo
b) La Sala encontró que, entre las consideraciones plasmadas en la sentencia
atacada el Tribunal Administrativo de Antioquia, se pronunció en los siguientes
términos sobre el alcance de la mencionada sentencia proferida por esta
Corporación:
“La Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia del veintiocho (28)
de agosto de dos mil dieciocho (2018), unificó el criterio frente a la
interpretación sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con lo cual, se
analizaron unas subreglas sobre el tema, entre las cuales se evaluó lo
referente a los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios del régimen de
transición. Al respecto, la Máxima Corporación de lo Contencioso
Administrativo, señaló que son únicamente aquellos sobre los que se
hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones. (...)
No obstante, teniendo en cuenta además la disparidad de criterios que en
torno al tema existen al interior de la jurisdicción y en aras de recoger a
partir de esta providencia, la posición mayoritaria de esta Sala de
Decisión, es necesario tener en cuenta que la decisión de unificación en
cita, versa sobre la adecuada aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, relativa al régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y
que resulta únicamente aplicable a aquellos regímenes especiales, cuya
aplicación quedó a salvo precisamente en virtud de la transición aludida;
supuesto que no resulta aplicable al caso de los empleados del cuerpo de
custodia y vigilancia del Inpec, cuyo régimen no deviene de la transición
dispuesta en la Ley 100 de 1993, sino precisamente de la exclusión de la
aplicación del régimen general de pensiones contenido en la misma. (...)
c) Con fundamento en lo anterior, en la resolución del caso concreto la autoridad
demandada anotó lo que a continuación se transcribe:
“(...) se tiene que para el último año de servicios del causante de la
prestación (2 de mayo de 1990 a 2 de mayo de 1991), según
certificaciones visibles a folios 18 a 22 del expediente, aquel devengó los
siguientes conceptos: asignación básica, sobresueldo, bonificación por
servicios prestados, subsidio de alimentación, auxilio de transporte,
bonificación por recreación, prima de vacaciones, prima de navidad y
prima de servicios.
Ahora bien, del acto administrativo contenido en la Resolución N° 23520
del 3 de mayo de 1993, que reconoció la pensión de invalidez post-
mortem se desprende que la entidad demandada, aplicó una tasa de
reemplazo del 100% sobre el último salario devengado, teniendo en
cuenta los conceptos de asignación básica y bonificación por servicios
prestados.
Ahora, como se indicó con anterioridad, para efectos de determinar si la
entidad incurrió en error al no tener en cuenta la totalidad de los factores
salariales enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, es
necesario verificar no solo que dichos factores hayan sido percibidos, sino
que además que sobre dichos factores se efectuaron los correspondientes
aportes pensionales. (...)
Para tal efecto, basta tener en cuenta certificación expedida por el INPEC
(...)
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-04017-01
Demandante: María Rocío González Botero
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Así mismo, en los certificados obrantes a folios 21 y 22 sobre los demás
factores percibidos (subsidio de alimentación, auxilio de transporte,
bonificación por recreación, prima de vacaciones, prima de navidad y
prima de servicios), la entidad consignó expresamente que los mismos no
son objeto de aportes.
Se concluye de lo anterior, que de la información que reposa en el
expediente solo es dable establecer la realización de los aportes a
pensión sobre los conceptos de asignación básica y bonificación por
servicios prestados, incluidos en el reconocimiento pensional.
En razón de lo anteriormente expuesto, se advierte que está llamado a
prosperar el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Doce
Administrativo Oral de Medellín, por cuanto como se analizó con
anterioridad, dentro de la liquidación pensional, solo pueden incluirse
aquellos factores salariales enlistados en el Decreto 1045 de 1978, sobre
los cuales además se acredite haber realizado la cotización a la caja
nacional de previsión para la época.
En razón de ello, se revocará la sentencia de primera instancia y en su
lugar, se negarán las pretensiones de la demanda, conforme los
argumentos expuestos en esta decisión.”. (negrillas de la Sala)
d) Como viene de leerse, la autoridad judicial demandada hizo un análisis probatorio
que le permitió denotar que al causante le era aplicable el Decreto 1848 de 1969
por ser la norma que contempló el reconocimiento de la pensión de invalidez en
favor del personal del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC.
e) De igual manera el tribunal consideró que debía aplicar, como criterio auxiliar,
aquella regla contenida en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018
proferida por la Sala Plena de esta Corporación, según la cual la pensión reclamada
por la actora debía liquidarse con aquellos factores enlistados en el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978 respecto de los cuales se hubieren efectuado aportes al
sistema general de pensiones.
f) El estudio de las pruebas aportadas al expediente, en particular el certificado
laboral aportado por el INPEC permitió evidenciar que, si bien el señor Hugo de
Jesús Cartagena percibió los factores salariales de asignación básica, bonificación
por servicios prestados, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, bonificación
por recreación, prima de vacaciones, prima de navidad y prima de servicios,
únicamente realizó aportes por las dos primeras erogaciones enlistadas.
g) Por lo anterior y en atención a que el acto administrativo de reconocimiento que
expidió la UGPP liquidó la pensión de invalidez post mortem con la asignación
básica y la bonificación por servicios prestados, únicos factores salariales sobre los
que se hicieron aportes, la demandada concluyó que no podía predicarse la nulidad
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-04017-01
Demandante: María Rocío González Botero
Acción de tutela – Impugnación de fallo
del acto administrativo demandado y negó las pretensiones de la demanda
ordinaria.
h) Ahora bien, en punto al reproche concreto de la parte actora, según el cual no
era viable acudir a las reglas de la mencionada sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018, esta Sala debe señalar que el Tribunal Administrativo de Antioquia
adoptó una posición que no desconoció los precedentes del Consejo de Estado
sobre la materia; de una parte, porque no es cierto que existe un precedente
unificado sobre el alcance de la citada sentencia a los regímenes especiales
anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y, por la otra, en atención
a que existen pronunciamientos de esta Corporación en los que se precisó que
dicha providencia sí puede hacerse extensiva al régimen de los funcionarios del
INPEC.
i) Tal es el caso de la sentencia de tutela de 30 de enero de 2020 en la que la
Sección Cuarta del Consejo de Estado analizó el cargo de desconocimiento del
precedente alegado por la parte demandante en ese proceso y resolvió que:
“(…) En suma, hay dos aspectos a destacar: primero, que las sentencias
invocadas en la solicitud de amparo no tienen la entidad suficiente para
construir un cargo por desconocimiento del precedente, habida cuenta
que la tesis que contienen ya fue recogida. Segundo, que la autoridad
accionada no incurrió en ninguna irregularidad al tener en cuenta y
fallar el caso de acuerdo a la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018, ya que esta providencia es aplicable a todos los
regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993, incluido el que regula a
los funcionarios del INPEC (...).”3.
j) Asimismo en sentencia de 29 de agosto de 2019 esa Sala de decisión señaló lo
siguiente:
“Igualmente, la Sala advierte que el análisis de la decisión objeto de tutela
se enmarca en la interpretación realizada en la sentencia C-258 de 2013,
la cual fue acogida por la Sala Plena del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, en cuanto a que la
regla del IBL es aplicable tanto al régimen general, como a los regímenes
especiales existentes antes de la Ley 100 de 1993, por lo que no se
evidencia que se haya incurrido en defecto alguno. Y si bien es cierto, que
la sentencia de unificación antes mencionada no hizo referencia a que la
misma se hacía extensiva a los regímenes especiales o exceptuados,
pues su estudio se centró a la Ley 33 de 1985, lo cierto es que las
conclusiones a las que llegó el tribunal demandado se avienen con la tesis
de la Corte Constitucional.”.
3
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta, MP. Milton Chávez
García, radicación no. 11001-03-15-000-2019-04359-00 (AC) y sentencia de 20 de enero de 2020
de Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, MP.
Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación no. 11001-03-15-000-2019-04604-01 (AC).
13
Expediente: 11001-03-15-000-2022-04017-01
Demandante: María Rocío González Botero
Acción de tutela – Impugnación de fallo
k) En definitiva, esta Sala encontró que las consideraciones expuestas por el
Tribunal Administrativo de Antioquia en la providencia atacada no constituyeron un
desconocimiento del precedente judicial en tanto resultaron razonables para
resolver la controversia que fue sometida a su consideración en ejercicio de la
prerrogativa otorgada a los jueces en el artículo 230 de la Constitución Política que
dispuso que la jurisprudencia es un criterio auxiliar de interpretación.
m) En efecto, la autonomía e independencia constitucional de los jueces son
facultades que le otorga el Estado y cuya limitación se enmarca por la Constitución
y las leyes para que, en su labor de administrar justicia, puedan a través de una
carga argumentativa suficiente y clara aplicar e interpretar los mandatos definidos
por el legislador.
n) Así entonces, es claro que la providencia cuestionada empleó a la sentencia de
28 de agosto de 2018 como un criterio auxiliar y esa postura permitió dar prevalencia
al principio de solidaridad que caracteriza al régimen de pensiones según lo
señalado en los artículos 1 y 48 de la Constitución Política de Colombia.
o) En esa medida, no es posible afirmar que el Tribunal Administrativo de Antioquia
incurrió en un desconocimiento del precedente por lo que se negarán las
pretensiones de la acción de tutela.
3. Conclusión
De acuerdo con lo anteriormente expuesto la Sala confirmará la decisión de primera
instancia en cuanto negó las pretensiones de la acción de tutela en lo relacionado
con los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, pero la modificará
para declarar improcedente por carencia de relevancia constitucional frente al
argumento relacionado con la condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
14
Expediente: 11001-03-15-000-2022-04017-01
Demandante: María Rocío González Botero
Acción de tutela – Impugnación de fallo
FALLA
1º) Modifícase la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. En su lugar se dispone:
Niéganse las pretensiones de la demanda en lo relacionado con los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente.
Declárase improcedente el cargo relacionado con los cuestionamientos a la
condena en costas impuesta a la parte actora.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes e intervinientes o por el
medio que resulte más expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.
4º) Por Secretaría, publíquese la presente providencia en la página web de esta
Corporación.
5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto parcialmente
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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