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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04021-00

Fecha
18 de agosto de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04021-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- NEGAR el amparo solicitado a través de la acción de tutela presentada por los señores Olver Ocampo Gutiérrez y otros en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Caldas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 17 Corte Constitucional. Sentencia C-202 de 2005. 19 www.consejodeestado.gov.co C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0 B og o tá D . C . – C ol o mbi a ACC IÓN D E TUT EL A R a di c a do : 1 10 01 - 03 - 15 - 0 00 - 20 22 - 04 0 21 - 00 A cci on a nt e: O l v e r Oc am p o Gu ti ér r ez y o t ro s SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04021-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

18 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04021-00
Accionante: OLVER OCAMPO GUTIERREZ Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia / defecto fáctico, defecto
material o sustantivo, desconocimiento del
precedente / debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad / proceso de
reparación de perjuicios causados a un grupo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por los
señores Olver Ocampo Gutiérrez, Luz Marina Largo Largo, Martha
Lucía Arias Valencia, Rigoberto Giraldo Betancour, Liliana Patricia
Cardona Meza, Gloria Inés Cardona Mora y Jaime Taborda Gómez, a
través de apoderado, en contra de la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Caldas,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, defensa, contradicción e igualdad, ocurrida con ocasión de la
expedición de la providencia de 18 de febrero de 2022, proferida en el

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curso del medio de control de reparación de perjuicios a un grupo
radicado número 25000-23-26-000-2008-00226-01.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad se
fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

Los señores Olver Ocampo Gutiérrez y otros presentaron medio de
control de reparación de perjuicios causados a un grupo en contra del
municipio de Manizales, Aguas de Manizales S.A. E.S.P y la
Corporación Autónoma Regional de Caldas – Corpocaldas por no
haber realizado el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes
de acueducto, alcantarillado y conducción de aguas superficiales de
nacimiento del barrio San Joaquín (Manizales), lo que produjo
desniveles, hoyos y cárcavas que inhabilitaron las vías así como daños
a las viviendas.

El proceso bajo el número de radicado 17001-23-33-000-2013-
00092-02 le correspondió al Tribunal Administrativo de Caldas que,
mediante sentencia del 28 de junio de 2018, negó las pretensiones de
la demanda.

Contra dicha decisión la parte demandante interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por la Subsección A de la Sección

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Tercera del Consejo de Estado que, a través de providencia del 18 de
febrero de 2022, confirmó la decisión de primera instancia.

2. PRETENSIONES

La parte accionante solicita lo siguiente:

«PRIMERA: TUTELAR a mis mandantes los derechos fundamentales a la
IGUALDAD–Art. 13 Constitución Política-, DEBIDO PROCESO –Art. 29
Constitución Política-, Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
–Art. 229 Constitución Política-.

SEGUNDA: ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN
A, someter nuevamente a estudio el proceso y proferir una nueva
sentencia, teniendo en cuenta la totalidad de las pruebas obrantes
dentro del proceso.

TERCERA: ORDENAR, que, para cumplimiento de lo anterior, se
conforme UNA NUEVA SALA, a efectos de que no exista ningún sesgo
por parte de los operadores judiciales que realicen este nuevo estudio»
sic en toda la cita.

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Sostiene la parte accionante que las decisiones judiciales proferidas
por las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes
defectos:

• Defecto fáctico: porque consideró que no tuvieron en cuenta
unas pruebas aportadas al proceso y valoraron indebidamente
otras, de acuerdo con las cuales había lugar al pago de los
perjuicios reclamados en el medio de control. En ese sentido,
aseguró «que de un lado se dio prevalencia a las formalidades y

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ello impidió la efectivización del derecho material de mis
poderdantes; y de otro lado, la indebida aplicación de la sana
crítica y las reglas de la experiencia, en la que se echaron de
menos elementos probatorios y jurídicos que impidieran que los
operadores judiciales advirtieran prístinamente la
responsabilidad que les competía a todas las entidades
demandadas»

• Decisión sin motivación: pues afirmó que las consideraciones
y conclusiones de las autoridades judiciales accionadas
carecieron de sustento jurídico como consecuencia de la
indebida valoración probatoria.

• Defecto sustantivo: pues a su juicio se aplicó erradamente el
artículo 164 del C.G.P., en el entendido que «se impuso por
parte del Tribunal Administrativo, la exigencia, de una tarifa
legal probatoria inexistente en el ordenamiento procesal».

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 26 de julio 2022, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la
referencia y ordenó notificar a al Tribunal Administrativo de Caldas y
al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A como accionados
y a Aguas de Manizales S.A. E.S.P, al municipio de Manizales, a la
Corporación Autónoma Regional de Caldas – Corpocaldas, a Royal &
Sun Alliance (suramericana), a la Previsora S.A. Compañía de Seguros
y a los demás demandantes e intervinientes dentro del proceso como

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terceros interesados en las resultas del proceso, para que ejercieran
su derecho de defensa.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

5. INTERVENCIONES

5.1. La Alcaldía de Manizales, por intermedio de apoderada,
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de la referencia
por cuanto afirmó que no existió la vulneración endilgada, no se
acreditó ninguna de las circunstancias de procedencia excepcional de
la tutela contra providencia judicial y no es una tercera instancia
adicional al proceso contencioso.

5.2. El Tribunal Administrativo de Caldas, a través de uno de sus
magistrados, señaló que en el presente asunto no se configuran los
presupuestos para que las pretensiones de la tutela prosperen motivo
por el cual pidió que se negara el amparo requerido con sustento en
las razones contenidas en la decisión judicial a las cuales se remitió.

5.3. La empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela «por cuanto las
sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro de la
acción de grupo con radicado 2013-0092, por el Tribunal
Administrativo de Caldas y el Honorable Consejo de Estado,
respectivamente, no vulneraron derechos fundamentales y/o
transgredieron la legislación vigente, al contrario, fueron expedidas

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con fundamento en la Ley 472 de 1998, jurisprudencia expedida por
las altas cortes y con base en lo probado dentro del proceso».

5.4. La Corporación Autónoma Regional de Caldas –
CORPOCALDAS solicitó que se declarará la falta de legitimación en la
causa por pasiva de esa empresa, en el sentido que no ha adelantado
el trámite judicial cuyo reclamo alega la parte accionante.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución
Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».1

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión

1
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.

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de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

2. PROBLEMAS JURÍDICOS

Previo a formular los problemas jurídicos que se resolverán en esta
instancia, la Sala de Decisión precisa que el fallo que se analizará será
la sentencia del 18 de febrero de 2022 proferida por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pues es la providencia
que se encuentra en firme y ejecutoriada. En ese sentido, se
determinará lo siguiente:

• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

• ¿La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
al expedir la sentencia del 18 de febrero de 2022, incurrió en un
defecto fáctico, una decisión sin motivación y un defecto
material o sustantivo, por consiguiente, vulneró los derechos
fundamentales invocados en protección por la parte accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra las providencias judiciales, ii) los
requisitos generales de procedibilidad, iii) el defecto fáctico, la
decisión sin motivación, el defecto material o sustantivo y iv) el caso
concreto.

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3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO

3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.

Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara
después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos

2
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-
03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth
García González.

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generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:

i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.

ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.

iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de
presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

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iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en
la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se
genera independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.

vi. Que no se trate sentencias de tutela.

3.2. DEL DEFECTO FÁCTICO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

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Sobre el particular la Corte Constitucional 4 ha identificado dos
dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez.

b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la
intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el
juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido,
toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios»7.

4
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-
567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes
Muñoz.
7
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle
Correa.

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En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.3. DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN

La jurisprudencia constitucional8 ha señalado que la falta de
motivación de una providencia como causal de procedencia de una
tutela contra providencia judicial, surge cuando la sentencia o auto
atacado carece de legitimación, debido a que el funcionario judicial
encargado de adoptar determinada decisión, incumplió su obligación
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan,
lo cual deriva en una decisión arbitraria que desconoce derechos
fundamentales.

En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional 9 ha establecido los
criterios que se deben tener en cuenta para establecer si existió un
defecto por falta de motivación, ya que dicha ausencia no puede
estructurarse en cualquier descuerdo que exista con la justificación de
la providencia atacada. Para ello y con el fin de respetar el principio
de autonomía y razonamiento del juez, su configuración procederá
cuando la argumentación sea defectuosa, insuficiente o inexistente y
«se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de
argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de
voluntad del juez, es decir en una arbitrariedad»10.

8
Sentencia C-590 de 2005
9
Sentencia T-233 de 2007
10
Sentencia T-709 de 2010

12
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Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional 11 que cuando se
estipule que una providencia judicial incurrió en falta de motivación
debido a la ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido el
juez constitucional debe salvaguardar el derecho de los accionantes a
obtener respuestas razonadas que además le permitan ejercer su
derecho de contradicción, ya que aceptar una decisión que no
sustente las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la función
judicial que ostentan los administradores de justicia, situación que
además conllevaría a una flagrante violación del derecho al debido
proceso.

3.4. DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional12, el defecto
material o sustantivo se origina en primer momento cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales13, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, «(i) una norma no aplicable al caso, ya sea,
porque la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó
cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es
inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está
vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a
la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del
margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da
aplicación a las sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas

11
Sentencia T-041 de 2018
12
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017,
SU-567 de 2015, entre otras.
13
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba
Triviño.

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de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y
finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el
ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la
disposición»14.

En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina
cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción
evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la
explican. En este orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi)
se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con
omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii)
cuando desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el
juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una
manifiesta violación de la Constitución”15. Este defecto, se presenta
ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la
decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría
improcedente16.

14
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
15
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
16
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.

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4. CASO CONCRETO

De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y
orientados por el primer problema jurídico planteado, la Sala de
Subsección evidencia de las pruebas obrantes en el plenario que:

(i) La pretensión de amparo constitucional es de marcada relevancia
constitucional, en la medida en que se contrae a establecer de
manera central si la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado con la providencia del 18 de febrero de 2022, incurrió en la
violación de los derechos de la parte accionante al debido proceso,
acceso a la administración de justicia e igualdad;

(ii) se agotaron todos los medios de defensa porque contra la
sentencia reprochada no procedía recurso alguno,

(iii) cumplió con el requisito de inmediatez toda vez que la
interposición de la acción se dio en un lapso «razonable y
proporcionado» por cuanto la providencia deprecada se profirió el 18
de febrero de 2022 y la tutela se presentó el 22 de julio de 2022,

(iv) de encontrarse probados los defectos alegados estos tienen la
vocación de vulnerar las garantías fundamentales invocadas en
protección;

(v) se identificaron los hechos que sustentan la acción y los derechos
que se consideran vulnerados en razón a la actuación de la parte
accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido, y

(vi) no se trata de una tutela contra tutela toda vez que la decisión
reprochada fue proferida por la jurisdicción contencioso administrativa

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dentro de un proceso de reparación de perjuicios causados a un
grupo.

De acuerdo con lo expuesto, la acción de la referencia cumple con
todos los requisitos de la tutela contra providencia, de tal forma que a
continuación se resolverá el segundo problema jurídico propuesto.

A propósito se advierte que la decisión judicial reprochada fue
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 18 de febrero de 2022, en el trámite del recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la
sentencia del 28 de junio de 2018 expedida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda.

En la sentencia referida, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado decidió confirmar el fallo apelado.

Al respecto la parte accionante aseguró que en la decisión referida se
configuró (i) un defecto fáctico porque omitió tener en cuenta unas
pruebas y valoró indebidamente otras de acuerdo con las cuales le
asistía el derecho al pago de los perjuicios pretendidos, (ii) decisión
sin motivación como consecuencia de la configuración del defecto
fáctico, esto es, por la omisión e indebida valoración probatoria y (iii)
defecto sustantivo toda vez que impuso una tarifa legal contraria a lo
previsto en el artículo 164 del C.G.P.

Ahora bien, una vez analizada la sentencia del 18 de febrero de 2022
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, la Sala de Decisión advierte que el defecto fáctico no se

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configuró, puesto que se analizaron las pruebas útiles, conducentes y
pertinentes para resolver el debate jurídico planteado, esto es, «la
acreditación -o no- de la imputabilidad del daño a las demandadas
bajo el título de falla del servicio, lo cual afirman los demandantes se
demostró en tanto, aseguran, los hechos ocurridos en el barrio San
Joaquín se presentaron por la falta de mantenimiento de las redes del
servicio público de acueducto y alcantarillado y la no atención de la
problemática existente pese a tener conocimiento de la misma».

En ese orden de ideas, encontró acreditado que «los eventos
presentados en el barrio San Joaquín de Manizales no tuvieron como
causa un mal mantenimiento o funcionamiento del sistema de
acueducto y alcantarillado, pues los mismos, en especial el siniestro
acaecido a inicios del año 2011 y sobre el cual se funda
principalmente la demanda, se generaron por la conjunción de los
altos niveles freáticos de la zona, las intervenciones de su topografía
mediante llenos de poca compactación y la canalización de los cauces
presentes en la misma en los años 50 mediante tuberías a gran
profundidad, que han empezado a ceder, y que se comprobó conducía
aguas freáticas, y en ningún lugar se conectaba con el sistema de
alcantarillado dispuesto en el sector».

Lo anterior luego de valorar el «informe general de actividades
asociadas con las obras de intervención en la calle 25 entre carreras
27 y 28 de Manizales» donde se realizó un diagnóstico preliminar de
la problemática presentada en la zona, el «informe técnico elaborado
por la OMPAD», con apoyo técnico de la Secretaría de Planeación
Municipal en el que se explicó el proceso de erosión interna, oficios
del director de la Corporación Autónoma Regional de Caldas y del

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alcalde de Manizales sobre los trabajos de reparación del
alcantarillado realizado por Aguas de Manizales y la intervención de
suelo, «Estudios geotécnicos para la protección de las redes de
servicios públicos que operan La Chec y Aguas de Manizales S.A.
E.S.P entre las Carreras 25 a 30 y las Calles 23 a 28 del municipio de
Manizales», los testimonios practicados en el proceso de los
ingenieros Alejandro Gutiérrez Jaramillo, Jhon Jairo Chisco
Leguizamón, Alejandro Jaramillo Quinceno y Juan Carlos Castaño
Araque, el «Informe general de actividades asociadas con las obras de
intervención en la calle 25 entre carreras 27 y 28 de Manizales», los
cuales permitieron comprobar que los daños que se presentaron en el
barrio San Joaquín no fueron imputables a las entidades demandadas
sino a la confluencia de fenómenos naturales y prácticas constructivas
cuestionables que impactaron en una antigua tubería de 24 pulgadas
encontrada a 12 metros de profundidad, desconocida e inexistente en
los registros, de tal manera que no se tiene constancia de quiénes y
bajo qué condiciones fue construida 50 años atrás, ajena, además, al
sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

En esa línea de ideas, tampoco se encuentra acreditada la decisión
sin motivación en los términos formulados por la parte accionante
pues como se evidenció la decisión judicial cuestionada tuvo
fundamento en la valoración y análisis de las pruebas aportadas al
proceso útiles conducentes y pertinentes para resolver el problema
jurídico planteado.

Por su parte, en cuanto al defecto sustantivo porque a juicio de la
parte accionante se impuso una tarifa legal probatoria, lo cierto es
que una vez verificado el fallo deprecado, la Sala de Decisión no

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advierte que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado exigiera una tarifa legal o prueba tasada entendido como el
sistema «en el cual la ley establece específicamente el valor de las
pruebas y el juzgador simplemente aplica lo dispuesto en ella, en
ejercicio de una función que puede considerarse mecánica, de suerte
que aquel casi no necesita razonar para ese efecto porque el
legislador ya lo ha hecho por él»17, pues por el contrario, lo que se
demostró fue un análisis de los operadores judiciales respecto a las
pruebas allegadas al proceso.

Como consecuencia de lo expuesto, al encontrar que los defectos
alegados no se configuraron, la Sala de Decisión negará el amparo
solicitado por los señores Olver Ocampo Gutiérrez y otros.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

IV. FALLA

PRIMERO.- NEGAR el amparo solicitado a través de la acción de
tutela presentada por los señores Olver Ocampo Gutiérrez y otros en
contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
y el Tribunal Administrativo de Caldas de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.

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Corte Constitucional. Sentencia C-202 de 2005.

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SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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