Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04025-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04025-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04025-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
18 de agosto de 2022
Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 02 5- 0 0
Ac c i o na nt e : Nar a n jo A bo g ad o s S . A. S .
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)
F.T: 209
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04025-00
Accionante: NARANJO ABOGADOS S.A.S.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
C, Y OTRO
Tema: Acción de tutela en contra de providencias judiciales, proferidas en medio
de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, mediante las
cuales se dictó sentencia anticipada y se negaron las pruebas solicitadas en el
recurso de apelación. Incumplimiento del requisito de subsidiariedad y ausencia de
un perjuicio irremediable.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide la acción de la referencia.
HECHOS RELEVANTES
a) Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo
Las sociedades Naranjo Abogados S.A.S. e Inversiones Narval S.A.S., por
intermedio de apoderado, instauraron demanda de reparación de los perjuicios
causados a un grupo en contra del Ministerio de Salud y Protección Social y del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que se les declarara
administrativamente responsables por los perjuicios causados, por el no pago de
las acreencias quirografarias reconocidas por la primera cartera ministerial
referida, durante los procesos de liquidación de las empresas sociales del Estado
Rafael Uribe Uribe, José Prudencio Pradilla, Antonio Nariño, Luis Carlos Galán
Sarmiento, Policarpa Salavarrieta, Francisco de Paula Santander y Rita Arango
Álvarez del Pino.
El 3 de julio de 2020 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, dictó sentencia anticipada, en la que declaró probada de
oficio la excepción de ausencia de legitimación en la causa por activa y, en esa
medida, se inhibió de pronunciarse sobre las súplicas de la demanda, al
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considerar que las sociedades no acreditaron su condición de cesionarios de los
créditos quirografarios reconocidos a los proveedores de las extintas empresas
sociales del Estado ni la notificación de estos al respectivo deudor. Por lo anterior,
la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión, el
cual fue concedido por la autoridad judicial precitada el 18 de septiembre de la
misma anualidad.
El 14 de enero de 2022 el magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas de la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó las pruebas
solicitadas en el recurso de apelación, por no reunir los requisitos del artículo 212
del CPACA. Inconforme con esta decisión, la sociedad Naranjo Abogado S.A.S.
presentó recurso de súplica y el 29 de abril de la misma anualidad los demás
magistrados de la Subsección precitada confirmaron la anterior decisión.
b) Inconformidad
La sociedad Naranjo Abogados S.A.S. consideró que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, y el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia y, junto con ellos, el principio de la
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.
Como fundamento de lo anterior, adujo que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, puesto que la
primera de las mencionadas debió realizar un control de legalidad o inadmitir la
demanda si consideraba que el título no era suficiente para continuar el proceso,
faltaban elementos para determinar la titularidad del crédito o no le era clara la
relación de los acreedores para definir el grupo, pero no proferir una sentencia
anticipada que terminara en una denegación de justicia, sin darle la oportunidad,
en su calidad de parte demandante, de aportar dichos documentos.
Indicó que lo expuesto cobra relevancia si se tiene en cuenta que existe un grupo
y un derecho afectado, por lo que el Tribunal estaba en la obligación de decretar
pruebas de oficio, con el fin de determinar la certeza de quiénes eran los
afectados y si existía esa titularidad que llevara a la legitimación en la causa, pero
no negar de plano el derecho sustancial.
Adicionalmente, manifestó que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, incurrió en el defecto referido, al no darle valor probatorio a los
anexos del recurso de apelación, pues, por causa de un ritualismo y aplicación
mecánica de las normas procesales, no tuvo en cuenta que el a quo, a pesar de
considerar erradamente que no se cumplía con el requisito de la notificación del
crédito o su aceptación, debió realizar la solicitud formal del mismo, al admitir la
respectiva demanda en su control de legalidad o incluso en la audiencia inicial, y
no esperar hasta el momento de la sentencia anticipada, para negar un derecho
que ya había adquirido.
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PRETENSIONES
La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales antes
mencionados y, en consecuencia, requirió dejar sin efectos la providencia emitida
el 14 de enero de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
por medio de la cual negó el decreto de pruebas formulado en el recurso de
apelación instaurado en contra de la sentencia proferida el 3 de julio de 2020 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en el
medio de control de reparación de los perjuicios causados con número de
radicado 2019-00022, para, en su lugar, ordenar admitir las pruebas aportadas
para continuar con el proceso referido.
CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
El magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas adujo que, aunque las
consideraciones y motivaciones que dieron lugar a adoptar su decisión se
encuentran consignadas en la providencia censurada, es conveniente
pronunciarse frente al caso en concreto, en razón a que el accionante alega que el
debido proceso se consolida con la garantía del principio de la igualdad de las
partes, lo que significa que quienes concurren a él deben tener las mismas
oportunidades procesales para la realización plena de sus derechos.
Por lo anterior, sostuvo que la parte demandante, dentro del proceso ordinario, en
el que se profirieron las decisiones cuestionadas por esta vía constitucional, podía
con la presentación de la demanda pedir pruebas, por lo que, al tratarse del
decreto excepcional de estas en segunda instancia, no bastaba con que se
formulara la solicitud en la oportunidad prevista para tal fin, sino que además
debían estar satisfechos los requisitos dispuestos en el artículo 212 del CPACA,
puesto que conforme al artículo 167 del CGP, aplicable por remisión del artículo
211 del CPACA, le asiste al juez el deber de rechazar cualquier requerimiento de
pruebas en el que una parte pretenda subsanar el incumplimiento de sus deberes
de autorresponsabilidad frente a sus pretensiones o excepciones. Por
consiguiente, coligió que el amparo deprecado a través de la presente acción es
improcedente.
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.
El magistrado César Giovanni Chaparro Rincón, luego de hacer un recuento de las
actuaciones judiciales adelantadas en el medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo, afirmó que las decisiones adoptadas en las
providencias del 17 de octubre de 2019, 7 de noviembre del mismo año y 3 de julio
de 2020 se fundamentaron debidamente en la normativa que regula la materia y la
valoración de las pruebas allegadas al proceso y en ellas se respetaron los
derechos de las partes, sujetos e intervinientes.
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En esa medida, solicitó negar la salvaguarda peticionada, dada la improcedencia,
la carencia de mérito de la acción de la referencia y la ausencia de vulneración de
los derechos fundamentales que reclama la sociedad accionante.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
El profesional del derecho Juan José Martínez Guerra indicó que la presunta
vulneración alegada en el escrito de tutela se contrae a una actuación procesal, en
la que no tiene injerencia alguna esa cartera ministerial. Sin embargo, debido a las
posibles consecuencias que tendrían las resultas de esta acción frente a esa
entidad, precisó que en la actuación procesal que se alega violatoria de los
derechos fundamentales, esto es, el auto del 14 de enero de 2022 proferido por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, se desarrollaron
suficientemente los eventos en los cuales se torna procedente el decreto y
práctica de pruebas en segunda instancia, conforme a los requisitos previstos en
el artículo 212 del CPACA.
Además, resaltó que la prueba solicitada debe ser conducente, pertinente y útil,
situación que no era dable subsanar cuando se interpuso el recurso de apelación,
por cuanto se vencieron las oportunidades procesales dispuestas para solicitar
pruebas, por lo cual consideró que desde la primera instancia la accionante
desaprovechó el momento para controvertir lo que hoy alega, más aún si se tiene
en cuenta que tiene por objeto la prestación de servicios profesionales y asesoría
jurídica. En esos términos, peticionó mantener incólume la providencia precitada,
por encontrarse ajustada a derecho.
Ministerio de Salud y Protección Social
La abogada Elsa Victoria Alarcón Muñoz aseguró que los hechos y pretensiones
están encaminados a discutir la presunta responsabilidad del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, por las actuaciones y providencias judiciales
emitidas, aspecto sobre el cual ese Ministerio no tiene competencia alguna, pues,
conforme a lo previsto en el Decreto Ley 4107 de 2011, modificado por el Decreto
2562 de 2012, solo actúa como ente rector del sector administrativo de salud y
protección social, cuyas principales funciones son las de formular, adoptar, dirigir,
coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en la materia. Por consiguiente,
solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en esa medida,
rechazar por improcedente la acción de la referencia con respecto a esa entidad.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
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Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20211, el cual regula que:
«[…] Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a
la misma Corporación (sic) y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o
Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento […]».
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura
reiterada y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido
admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos
generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de
procedencia (defectos).
La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez,
concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y
cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los
requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.
Veamos:
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de
la vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute
tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa
judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de
inmediatez; (iv) cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser
decisiva en la sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v)
se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la
providencia bajo estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue
dictada dentro de una acción de tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales
1 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-
1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999,
T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de
2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018
de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-
074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de
2015.
3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
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puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b)
defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa
completamente al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente
equivocada o no tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente
para proferir la decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando
exista un error judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca
lineamientos constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se
decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas o exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por
terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente
judicial y h) violación directa de la Constitución Política.
Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias del Consejo de
Estado
Resulta necesario poner de presente que en la sentencia de unificación del 5 de
agosto de 2014, precitada en el acápite anterior, se decidió admitir la procedencia
de la acción de tutela cuando se discuten providencias judiciales de esta
corporación, por lo cual desde esa oportunidad este ha sido el criterio pacífico del
Consejo de Estado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en
pronunciamientos recientes, la Corte Constitucional5 ha venido sosteniendo que la
procedencia de las acciones de tutela dirigidas a debatir sentencias judiciales
dictadas por altas corporaciones debe ser más restrictiva, por lo cual, además de
los requisitos generales de procedencia y los específicos de procedibilidad, debe
acreditarse la existencia de una irregularidad que desconozca abiertamente
mandatos constitucionales o que resulte incompatible con la jurisprudencia
sentada por el máximo tribunal constitucional sobre el alcance de un derecho
fundamental y que, por ende, requiera la imperiosa intervención del juez de tutela,
en pro de la salvaguarda de los derechos fundamentales.
Lo anterior en atención a la prerrogativa asignada a las altas cortes consistente en
unificar jurisprudencia y ser los órganos de cierre de su jurisdicción, con lo cual
dotan de seguridad jurídica las decisiones judiciales y brindan certeza a los
usuarios que acuden a los procesos en busca de administración de justicia. Bajo
este contexto, la Corte Constitucional coligió que cuando no se presente una
irregularidad de la entidad antes señalada, deben admitirse las interpretaciones y
valoraciones probatorias, inclusive si el juez de tutela no comparte la decisión.
4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.
5 Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: SU-917 de 2010, SU-074 de 2016, SU-050 de 2017,
SU-573 de 2017, SU-050 de 2018 y SU-072 de 2018.
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Bajo este contexto, este debe ser especialmente cuidadoso cuando la acción se
dirige a controvertir providencias judiciales del Consejo de Estado, ya que
únicamente puede intervenir en la decisión adoptada cuando estén plenamente
superadas las exigencias generales y exista una arbitraria vulneración a un
derecho fundamental con ocasión de la incursión en una causal específica de
procedencia.
Problema jurídico
El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes
preguntas:
1. ¿El medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo
se encuentra en trámite?
2. En caso de una respuesta afirmativa al anterior interrogante, deberá
resolverse el siguiente: ¿Está acreditada la probable e inminente
configuración de un perjuicio irremediable?
Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: (I)
exigencia general de subsidiariedad, (II) improcedencia de la acción de tutela
cuando el proceso se encuentra en trámite, (III) análisis de procedencia en el caso
bajo estudio, (IV) perjuicio irremediable y (V) inexistencia de ese perjuicio.
Veamos:
• Primer problema jurídico
¿El medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo se
encuentra en trámite?
I. Exigencia general de subsidiariedad
La jurisprudencia de la Corte Constitucional6 como de esta corporación ha
sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en
principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El
accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su
alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales; 2. El accionante acude directamente a la acción de tutela a pesar
de existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o
asunto se encuentra en trámite.
6 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. «[…]En este
orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción
de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso
adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como
de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación […]»
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Pese a lo anterior es dable reconocer que la mencionada regla general tiene
algunas excepciones. En relación con el primero de los casos, la acción de tutela
resulta procedente cuando logre demostrarse que dicha acción es el único
mecanismo de defensa para proteger un daño gravísimo a un derecho
fundamental y que el accionante no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa
por encontrarse en una situación que se lo impedía por completo. Ahora, en
cuanto a la excepción frente al segundo y tercero de los eventos, se configura
cuando los otros mecanismos no resultan idóneos para proteger el derecho
fundamental presuntamente vulnerado y/o no son expeditos para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.
II. Improcedencia de la acción de tutela cuando el proceso se encuentra en
trámite
En caso de que mediante la acción de tutela pretenda cuestionarse una decisión
dictada dentro de un proceso judicial que está en trámite y en el cual existan
mecanismos idóneos y eficaces para la protección de los derechos fundamentales,
esta se torna en improcedente, puesto que es al juez natural a quien corresponde
subsanar los yerros en que pueda incurrir. Aunado a ello, la Corte Constitucional 7
ha reiterado que el interior del proceso es el primer escenario donde debe
efectuarse la protección de los derechos fundamentales y de las garantías propias
de aquel, para lo cual en el ordenamiento jurídico se han creado los medios y
recursos necesarios, con el fin de que las partes puedan utilizarlos para alegar las
irregularidades que puedan presentarse y el juez se pronuncie sobre el particular.
En efecto, la acción de tutela no es un mecanismo complementario a los procesos
ordinarios, debido a que lo deseado no es reemplazar al juez natural, sino proteger
derechos fundamentales que puedan verse transgredidos con la actuación u
omisión de una autoridad judicial o administrativa o de un particular, en los casos
señalados en la ley. Por lo tanto, debe declararse la improcedencia de la tutela y,
por ende, no es posible conocer el fondo, cuando la decisión controvertida haya
sido dictada dentro de un proceso que está en curso y en el cual existen los
mecanismos judiciales para proteger los derechos fundamentales de las partes.
III. Análisis de procedencia en el caso bajo estudio
La sociedad Naranjo Abogados S.A.S. solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia y, junto
con ellos, el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, los
cuales estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
al incurrir en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
Para el efecto, precisó que la primera de las mencionadas debió realizar un control
de legalidad o inadmitir la demanda, para solicitar los documentos que necesitaba,
7
Ver entre otras la sentencia T-211 de 2013.
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pero no dictar sentencia anticipada, pues, de esa forma, le negó la posibilidad de
subsanar el presunto yerro. Asimismo, manifestó que la segunda autoridad
judicial, al no darle valor probatorio a los anexos del recurso de apelación, no tuvo
en cuenta que el a quo, a pesar de considerar erradamente que no se cumplía con
el requisito de la notificación del crédito o su aceptación, debió realizar la solicitud
formal del mismo, al admitir la respectiva demanda en su control de legalidad o
incluso en la audiencia inicial y no esperar hasta el momento de la sentencia
anticipada, para negar un derecho que ya había adquirido.
Pues bien, para poder emitir un pronunciamiento de fondo sobre los anteriores
desacuerdos, es necesario definir si se encuentra satisfecho el requisito de
subsidiariedad. Así, del recuento realizado en la parte inicial de esta providencia,
se advierte que el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un
grupo, cuyos proveídos se controvierten en esta sede, actualmente se encuentra
en trámite, pues la última actuación que se observa es la providencia proferida el
29 de abril de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
mediante la cual se confirmó la decisión adoptada el 14 de enero de la misma
anualidad consistente en negar las pruebas solicitadas en el recurso de apelación.
Bajo este contexto, se denota que está pendiente de resolver el recurso de
apelación formulado en contra de la sentencia anticipada, por lo cual será en esa
instancia donde se decida sobre la declaratoria de la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa, decisión que a la fecha se encuentra en
discusión y que, por ende, no ha finalizado y en relación con la cual la accionante,
en últimas, expone su disenso.
En ese orden de ideas, es necesario enfatizar en que la solicitud de amparo no es
un mecanismo alterno o complementario a los procesos judiciales ni uno a través
del cual puedan revisarse cada una de las actuaciones allí adelantadas, menos
aun cuando la autoridad judicial está a cargo de la dirección de este y es a quien
le corresponde adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de
las partes y terceros intervinientes en el asunto.
Por consiguiente, no es factible que, ante la inconformidad con las decisiones
adoptadas, se acuda paralelamente a este medio subsidiario de protección de
derechos fundamentales, para que sea en esta sede donde se resuelvan las
discusiones que deben efectuarse al interior del proceso, pues de no ser así se
admitiría que todas las decisiones adoptadas por la autoridad judicial dentro de un
proceso estén sometidas a un nuevo control a través de la tutela, lo cual
conllevaría desconocer las competencias que le son propias al juez natural y
desnaturalizaría el carácter subsidiario de la acción de tutela.
Por lo tanto, se concluye que en el presente asunto no se cumple el requisito de
subsidiariedad, pues, se itera, que el medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo, cuyos proveídos discute la sociedad accionante,
se encuentra en trámite. Sin embargo, se verificará, en los siguientes acápites, si
se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable que flexibilice este requisito
general y amerite estudiar de fondo el presente asunto.
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• Segundo problema jurídico
¿Está acreditada la probable e inminente configuración de un perjuicio
irremediable?
IV. El perjuicio irremediable
El perjuicio que determina la procedencia de la acción de tutela de manera
transitoria es aquel que genera un daño de imposible reparación, lo cual justifica la
intervención del juez en orden a evitar el menoscabo de los derechos y garantías
constitucionales. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional8, el
perjuicio debe reunir varias características, que deben ser identificadas por la
autoridad judicial para poder conocer el fondo del asunto, estas son: 1. Inminencia,
lo cual implica que el solicitante debe demostrar que el daño está por suceder
prontamente y que no se trata de una simple posibilidad y 2. Gravedad, esto es,
que revista gran relevancia para el ordenamiento jurídico y que, por ende, amerita
la atención inmediata de las autoridades públicas.
De igual manera, para que se acredite un perjuicio irremediable debe probarse
que las medidas necesarias para evitar su configuración son urgentes, pues de
aplazar su adopción no podría evitarse la ocurrencia del daño. Así las cosas, se
reitera que para que la acción de tutela proceda, a pesar de la existencia de otro
medio de defensa judicial, es necesario que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar esa afectación.
V. Inexistencia de un perjuicio irremediable en el caso bajo estudio
La sociedad accionante, en el escrito inicial, manifestó que la negativa de las
pruebas solicitadas en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del
3 de julio de 2020 podría ocasionarle un perjuicio irremediable, consistente en que
se resuelva de manera desfavorable aquel.
Sin embargo, debe aclararse que la peticionaria del amparo parte de un supuesto,
esto es, que la decisión frente a la solicitud probatoria elevada en el recurso de
alzada va a implicar que sean denegadas sus pretensiones, cuando esto no ha
ocurrido ni se tiene certeza de que suceda en ese sentido, pues, como se expuso
en precedencia, el proceso se encuentra en trámite, dado que a la fecha no se ha
resuelto el recurso de apelación en contra de la sentencia anticipada, de tal
manera que el argumento expuesto por la accionante no resulta suficiente para
flexibilizar el requisito de subsidiariedad, en la medida en que no permite
vislumbrar la probable ocurrencia de un perjuicio irremediable.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-1316 del 7 de diciembre de 2001. M.P: Rodrigo Uprimny Yepes.
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Sumado a lo expuesto, de las pruebas obrantes en el expediente, tampoco es
posible evidenciar una circunstancia de vulnerabilidad que haga necesaria la
intervención del juez constitucional.
En consecuencia, la Subsección, al no cumplirse la exigencia de subsidiariedad y
no haberse acreditado la probable e inminente configuración de un perjuicio
irremediable, rechazará por improcedente la acción de tutela instaurada por la
sociedad Naranjo Abogados S.A.S. en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, y del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por la
sociedad Naranjo Abogados S.A.S. en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, y del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no
fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto
Firma electrónica
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Aclaración de voto
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