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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04029-00

Fecha
15 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04029-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, según lo indicado en esta decisión. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y otro Rad: 11001-03-15-000-2022-04029-00 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04029-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

15 de septiembre de 2022

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-04029-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., quince (15) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 11001-03-15-000-2022-04029-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “A” Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no
superar el requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A” y el Tribunal Administrativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito presentado el 25 de julio de 2022 al correo electrónico de la Secretaría
General del Consejo de Estado, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante
UGPP) instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A” y el Tribunal Administrativo del Tolima, con el fin de que le sean
amparados sus derechos fundamentales al debido y de acceso a la administración
de justicia.

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia de 3 de febrero de 2022, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “A”, que confirmó el fallo de primera instancia 1,
dictado el 19 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo del Tolima. En esta
decisión, se declaró la nulidad de las Resoluciones N. º RDP 006541 de 16 de

1 A excepción de modificar la decisión de condena en costas, que fue revocada en segunda instancia.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y otro
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febrero de 2016 y RDP 019822 de 24 de mayo de 20162 y, en consecuencia, se
ordenó reliquidar la pensión de la señora María Helena Tamayo de Meneses en
cuantía del 75% de la asignación más elevada del último año de servicios,
incluyendo, además de los factores ya reconocidos, la bonificación judicial.

3. Lo anterior, sucedió al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, iniciado por la señora María Helena Tamayo de Meneses contra la
UGPP, proceso identificado con el radicado N. º 73001-23-33-001-2016-00766-
00/02.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:

“PRINCIPALES

Primero. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la UGPP,
vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA y del CONSEJO DE
ESTADO, SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A, por el evidente detrimento del erario que se genera la orden de
reliquidación de la pensión de la señora MARÍA HELENA TAMAYO DE MENESES
fundamentado el cálculo del IBL con base en el Decreto 546 de 1971, cuando lo
correspondiente era que fuera aplicada la Ley 100 de 1993.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior:

a. DEJAR sin efectos el fallo del 19 de abril de 2021 y del 3 de febrero de 2022,
dictados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA y del CONSEJO DE
ESTADO, SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
73001233300120160076600, en razón a que desconoce que el Decreto 546 de
1971, no se aplica para determina los factores que integran el IBL de las personas
sujetas al régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993, como así lo
determinó la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, ratificando que los requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa de remplazo
son los fijados en el régimen pensional anterior a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, no obstante, esta última norma es la aplicable para efectos de calcular
el IBL de la asignación.

b. Se ORDENE al CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A,
dictar nueva sentencia ajustada a derecho, esto es, revocando la sentencia del 19
de abril de 2021 dictada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, que
accedió favorablemente a las pretensiones de la demanda contenciosa al considerar
que el IBL debía ser liquidado con la asignación salarial mas alta devengada en el
último año de servicios por señora MARÍA HELENA TAMAYO DE MENESES,
obviando que lo ajustado a derecho era liquidarla con el promedio de los salarios
devengados en el tiempo que le faltare para adquirir el estatus pensional.

2 Por medio de las cuales se negó la solicitud de reliquidación pensional con aplicación del Decreto

546 de 1971.

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SUBSIDIARIAS

En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar
superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:

Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP y vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
TOLIMA y del CONSEJO DE ESTADO, SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera transitoria
el fallo del 19 de abril de 2021 y del 3 de febrero de 2022 dictado en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 73001233300120160076600, hasta
tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de
su orden tutelar.” (Sic para toda la cita).

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:

5. La señora María Helena Tamayo de Meneses trabajó al servicio de la Rama
Judicial por más de 20 años, detentando como último cargo el de Jueza Segunda
Laboral del Circuito Judicial del Espinal, Tolima.

6. A través de la Resolución N.º 16856 del 24 de agosto de 2004, Cajanal reconoció
a la señora Tamayo de Meneses una pensión de vejez de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y determinó aplicar el Decreto 546
de 1971. Para calcular el IBL se tuvo en cuenta el 75% del promedio de lo
devengado en los últimos 9 años y 3 meses, con la inclusión de la asignación básica,
la prima especial, la bonificación por servicios prestados y la prima de nivelación.

7. Mediante la Resolución N. º ICH 014741 del 23 de mayo de 20053, Cajanal dio
cumplimiento a la orden judicial proferida por el Juzgado Primero Laboral del
Circuito Judicial de Ibagué del 15 de junio de 2004, en desarrollo de una acción de
tutela. En consecuencia, reliquidó la prestación asignada a la señora Tamayo de
Meneses con el 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último
año de servicios, incluyendo las doceavas partes correspondientes a las primas de
servicios, de vacaciones y de navidad, teniendo en cuenta que la interesada realizó
aportes hasta el 30 de junio de 2003.

8. Posteriormente, mediante Resoluciones N. º UGM 033783 de 17 de febrero de
2012 y RDP 007027 de 15 de febrero de 2013, se reliquidó la asignación de retiro
por la inclusión de nuevos tiempos de servicio.

9. Por medio de las Resoluciones N. º RDP 006541 de 16 de febrero de 2016 y RDP
019822 de 24 de mayo de 2016, la UGPP le negó a la señora Tamayo de Meneses
las solicitudes de reliquidación pensional bajo los argumentos de que para dichos

3 Adicionada por la Resolución N. º UGM 022160 de 22 de diciembre de 2011.

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efectos, solo serían tenidos en cuenta los factores salariales enlistados en el
Decreto 1158 de 1994 y que las peticiones elevadas no se encontraban de acorde
con los precedentes jurisprudenciales plasmados en las sentencias C-168 de 1995,
C-147 de 1997, C-596 de 1997 y C-258 de 2013.

10. Inconforme con dicha decisión, la señora María Helena Tamayo de Meneses
interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos4
que negaron la reliquidación de su pensión y se ordenara la misma, dando
aplicación integral al régimen del Decreto 546 de 1971, esto es, con el 75% de la
asignación mensual más elevada percibida durante el último año de servicios y la
inclusión del sueldo básico, la prima especial de servicios judiciales, las primas de
servicios, de navidad, de vacaciones, la bonificación por actividad judicial y la
bonificación por servicios.

11. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia de 19
de abril de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda.

12. En segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”,
por medio de fallo de 3 de febrero de 2022, modificó la decisión del a quo en el
sentido de no ordenar la condena en costas y confirmó en lo demás, tras argumentar
que:

“(…) respecto a los factores salariales ya reconocidos por la entidad demandada,
tampoco es posible hacer más gravosa la situación actual de la señora María Helena
Tamayo de Meneses, razón por la cual, no hay lugar a ordenar su exclusión, pues
la demanda tuvo por objeto el incremento de la pensión, incluyendo todos los
factores percibidos por la antes nombrada en el último año y no la exclusión de
alguno de esos factores ya reconocidos, ni la disminución del quantum pensional.

(…)

Es decir que, en la liquidación se incluyeron los factores de prima de navidad, prima
de servicios y prima de vacaciones pese a que estos no constituyen salario para la
liquidación de la pensión y se dejó de incluir la bonificación judicial, y por lo tanto
deberá ser incluida tal y como lo precisó el a quo”.

13. Dicha decisión fue notificada el 8 de marzo de 2022.

1.4. Fundamentos de la vulneración

14. La parte actora indicó que no se dio aplicación al régimen pensional
correspondiente, porque se tuvieron en cuenta todas las disposiciones contenidas
en el Decreto 546 de 1971, inclusive para efectuar la liquidación, aun cuando, para
efectos de calcular el ingreso base de liquidación, se debía aplicar lo dispuesto en
la Ley 100 de 1993, por expresa disposición del artículo 36 de la misma norma.

4 Resoluciones N. º RDP 006541 de 16 de febrero de 2016 y RDP 019822 de 24 de mayo de 2016.

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15. Alegó que la pensión de la señora Tamayo de Meneses es $1.695.946 mayor a
la que realmente tiene derecho y que el retroactivo asciende a la suma de
$170.804.650.

16. Señaló que el pago de esos valores demuestra la necesidad de acudir a la
acción de tutela como medio principal para obtener que se dejen sin efectos las
decisiones judiciales proferidas de manera irregular ante la búsqueda de la
protección del erario, esto es, para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable al sistema pensional. Así advirtió que, si bien el recurso extraordinario
de revisión era procedente, no era un mecanismo pertinente y eficaz para impedir
la grave irregularidad que se dio con ocasión de la reliquidación pensional de la
señora Tamayo de Meneses.

17. Sostuvo que las decisiones proferidas por las autoridades judiciales
demandadas incurrieron en un defecto fáctico porque no se tuvieron en cuenta las
pruebas obrantes en el expediente que acreditaban que, para la fecha en que entró
en vigencia la Ley 100 de 1993, la señora en mención, tenía más de 35 años y, en
consecuencia, el régimen aplicable para el reconocimiento pensional era el
contenido en el Decreto 546 de 1971, para la edad, tiempo de servicios y tasa de
reemplazo, pero para lo concerniente al ingreso base de liquidación, debía aplicarse
la Ley 100 de 1993.

18. Puso de presente que, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en un
defecto sustantivo por la indebida aplicación del Decreto 546 de 1971 para
reliquidar la pensión de la señora Tamayo de Meneses, ya que, si bien era la norma
aplicable en virtud del régimen de transición, lo cierto es que este no debía tenerse
en cuenta para calcular el ingreso base de liquidación.

19. Asimismo, expresó que se incurrió en un desconocimiento del precedente
contenido en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, identificada con el
número CE-SUJ-S2-021-20 del 11 de junio de 20205, en la que se consideró que
las pensiones de vejez reconocidas al amparo del régimen de transición, que
permite la aplicación de la norma anterior, solo pueden ser tenidas en cuenta para
determinar los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y tasa
de reemplazo y, en lo que tiene que ver con el IBL, este debe calcularse con base
en lo dispuesto en el régimen general establecido en la Ley 100 de 1993.

20. Añadió que, igualmente, la postura de la sentencia de unificación referida ya
había sido expuesta por la Corte Constitucional en las providencias SU-230 de
2015, T-494 de 2017, T-328 de 2018 y T-039 de 2018.

21. Adujo que con la solicitud de amparo buscaba proteger el erario y evitar que se
materializara el pago de una pensión de vejez superior a la que realmente tiene
derecho la señora Tamayo de Meneses.

1.5. Tramite de la acción de tutela

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia 11.06.20,

Sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20.

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22. Mediante auto de 29 de julio de 2022, el magistrado Carlos Enrique Moreno
Rubio admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte accionante,
a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima y al Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “A”, como autoridades judiciales accionadas.

23. Igualmente, ordenó la vinculación en calidad de tercero con interés jurídico a la
señora María Helena Tamayo de Meneses.

24. El 18 de agosto de 2022, los magistrados Pedro Pablo Vanegas Gil, Luis Alberto
Álvarez Parra y Carlos Enrique Moreno Rubio manifestaron impedimento conjunto
para conocer de la presente acción de tutela, aduciendo a la causal contemplada
en el numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

25. Consideraron que atendiendo a que la reliquidación de la pensión de la señora
María Helena Tamayo de Meneses se realizó con la inclusión de factores salariales
como por ejemplo la bonificación judicial, esa remuneración impactaba a los
funcionarios y empleados judiciales y podía tener una afectación en el
establecimiento de su IBL al momento de calcularse la pensión de vejez.

26. Con ocasión de ello, por medio de auto de 25 de agosto de 2022, la magistrada
ponente ordenó el sorteo de conjueces, que permitiera recomponer el quorum
necesario, trámite llevado a cabo el 29 del mismo mes y año, en el cual fueron
elegidos los doctores Germán Lozano Villegas y Alejandro Venegas Franco como
conjueces principales y Pedro Luis Blanco Jiménez y Álvaro Andrés Motta Navas,
como conjueces suplentes.

27. En consecuencia, mediante providencia de 15 de septiembre de 2022, la
magistrada ponente, acompañada de los conjueces Lozano Villegas, Venegas
Franco y Blanco Jiménez declararon fundamentado el impedimento manifestado por
los magistrados Carlos Enrique Moreno Rubio y Luis Alberto Álvarez Parra,
situación contraria con el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, frente al cual se
determinó mantenerlo en el conocimiento del proceso, tras considerar que:

“14. No obstante lo anterior, los jueces de segunda instancia, no manifestaron
impedimento alguno para conocer del caso concreto, teniendo en cuenta que la
accionante en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ostentaba
el cargo de Juez Segundo Laboral del Circuito Judicial de Espinal, Tolima, es decir
que la normativa que regulaba su situación respecto de la prima especial, al igual que
para los magistrados del tribunal, era el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, disposición
que no aplica para los magistrados de Altas Cortes.

15. Así las cosas, aduciendo al hecho de que los magistrados Carlos Enrique Moreno
Rubio y Luis Alberto Álvarez Parra ejercieron como magistrados de tribunal
administrativo y devengaron dicho factor salarial, se encontrarían incursos en la
causal alegada, sin embargo, no sucede lo mismo con el magistrado Pedro Pablo
Vanegas Gil, quien nunca ha detentado un cargo similar”.

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1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Tolima

28. Mediante documento remitido el 4 de agosto de 2022, el conjuez que profirió el
fallo de primera instancia indicó que era clara la intención de la parte actora de
revivir una discusión jurídica ya zanjada, en la que se aplicaron las normas y
jurisprudencia sobre la materia. Así señaló la falta de cumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

29. Asimismo, aludió que no se encontraba superado el requisito de subsidiariedad,
por cuanto la entidad tenía a su disposición el agotamiento del recurso
extraordinario de revisión.

1.6.2. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

30. A través de escrito enviado el 8 de agosto de 2022, el magistrado ponente de la
decisión de segunda instancia, puso de presente que lo planteado por la UGPP
evidenciaba una diferencia de criterios frente a la interpretación de una norma, lo
cual no era suficiente para calificar las providencias de arbitrarias o caprichosas, y,
menos aún, de violatorias de derechos fundamentales.

31. Por ello, manifestó que la acción de tutela no procedía para resolver
divergencias interpretativas de la ley, pues el criterio del juez de conocimiento
prevalecía sobre la opinión del juez constitucional, por no ser el juez natural del
asunto.

32. Pese a que la señora María Helena Tamayo de Meneses fue notificada en
debida forma, guardó silencio6.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

33. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

34. Lo anterior, por cuanto una de las autoridades contra las que se dirige la acción
de tutela es el Tribunal Administrativo del Tolima y, en tal sentido, debe aplicarse el
numeral 5° de la referida norma, por ser esta Corporación el superior funcional.

6 Índice 10 de SAMAI.

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2.2. Problema jurídico

35. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• En primer lugar, se determinará si la presente solicitud de amparo cumple
con los requisitos de procedencia que hagan pertinente el análisis de fondo.
• Solo en el evento de superar tales requisitos, se determinará si ¿las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos fáctico,
sustantivo y por desconocimiento del precedente y vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
de la parte actora, al reconocer la reliquidación de la pensión de vejez de la
señora María Helena Tamayo de Meneses conforme al Decreto 546 de 1971,
aun cuando para efectos de calcular el ingreso base de liquidación, se debía
aplicar lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, por expresa disposición del
artículo 36 de la misma norma?

36. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad; (iii)
jurisprudencia relevante para resolver el caso y, en caso de superarse, (iv) caso
concreto.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

37. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 20127,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y
la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 8. Así,
después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 9.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

38. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201410, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de 2012,

Expediente No. 2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
9 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo., M.P. Jorge Octavio Ramírez

Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200511, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la
tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo
frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

39. Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia12 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.

40. Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad adjetiva,
esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra
tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la protección del
derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez.

41. Después de ello, sería posible realizar el estudio de la procedibilidad
sustantiva, a través de los posibles errores específicos en que podría incurrir una
providencia judicial. Estos últimos, según la doctrina fijada en la sentencia C-590 de
2005, y acogida por esta Sección13.

42. De esta manera, la acción de tutela será procedente una vez verificada i) la
ocurrencia de los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales14; ii) la configuración de alguno de los requisitos específicos
siempre y cuando hayan sido alegados por el interesado; y que iii) el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales15.

2.3.2. Jurisprudencia relevante para resolver el caso

43. De manera pacífica, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional
han reconocido, además de lo establecido por ley, que el estudio de las providencias
que imponen un pago de sumas periódicas al tesoro público pueden ser revisadas
mediante el recurso extraordinario de revisión.

44. Así las cosas, el Consejo de Estado en sentencia de 5 de febrero de 201916,
indicó que el recurso extraordinario de revisión “(…) es un medio de impugnación
excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo

11 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590

de 2005.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Carlos Enrique

Moreno Rubio, Sentencia 07.12.16, Rad. 2016-02213-01.
14 Sentencia T-309 de 2005.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,

M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 05.02.19, Rad. 11001-03-15-000-2018-01884-00.

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-04029-00

Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas
ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas por incurrir en alguna de las
causales que taxativamente consagra la ley”.

45. Mencionó que este es riguroso ante su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas en el artículo 250 del CPACA y a las previstas en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003. Así, manifestó que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es
pertinente “(…) cuando la sentencia atacada reconoce, reajusta o reliquida una pensión
con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública, con violación al debido
proceso”.

46. El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario
deben ser revisadas “[C]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”. Por
ello, uno de los principales propósitos de esta ley “(…) era el de reducir el déficit fiscal
y hacer del sistema pensional un sistema posible, realizable, en términos económicos, de
tal forma que fuera posible la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya
cuantía excediera lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden de ideas,
las causales de procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad
con la teleología a la que responde dicho instrumento procesal 17”.

47. Por su parte, la Corte Constitucional en su última sentencia de unificación sobre
el tema, también recordó que para la revisión de pensiones reconocidas con abuso
del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, “(…) se ha
acudido al recurso extraordinario de revisión que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
con el propósito de revisar las providencias judiciales a través de las cuales se han
reconocido pensiones con abuso del derecho. En este sentido, desde la Sentencia C-258
de 2013 la Corte ha concluido que cuando una pensión fue reconocida de forma ilegal, con
fraude a la ley o con abuso del derecho “por vía de acto administrativo, lo procedente es
aplicar el artículo 19 de la Ley 797 de 2003. En cambio, cuando dichas pensiones hayan
sido reconocidas judicialmente el mecanismo apropiado es el artículo 20 de dicha ley”. En
esa misma providencia, la Corte también reconoció que, a pesar de que ese mecanismo
fue diseñado “para otros propósitos”, ante la ausencia de regulación legislativa lo
procedente es recurrir al “mecanismo legal existente 18”.

2.3.3. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.3.3.1. Subsidiariedad

48. La Sala considera necesario indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción
de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo
6º del Decreto 2591 de 1991.

49. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,

M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 05.02.19, Rad. 11001-03-15-000-2018-01884-00.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-136 de 2022, M.P. Juan Fernando Reyes Cuartas.

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los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.

50. En la petición de tutela, la parte actora manifestó que la reliquidación de la
pensión de la señora María Helena Tamayo de Meneses ocasiona un detrimento
patrimonial al Estado, puesto que se ordenó la reliquidación de su pensión, con base
en las normas que no le eran aplicables, ya que no se tuvo en cuenta que si bien la
pensionada era beneficiaria del régimen de transición, dicha prerrogativa no
implicaba la aplicación del régimen anterior en relación con el cálculo del ingreso
base de liquidación, pues para esto debía aplicarse lo dispuesto en la Ley 100 de
1993, tal y como lo establece la norma en mención y las sentencias de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado.

51. En razón a las manifestaciones señaladas en el escrito de demanda, la Sala
considera que el amparo solicitado no cumple con el requisito de la subsidiariedad
porque la UGPP cuenta con el recurso extraordinario de revisión, consagrado en el
artículo 248 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para cuestionar la decisión judicial con la que, a su
juicio, se incurrió en un abuso del derecho al ordenar la reliquidación de una pensión
con base en unos parámetros jurisprudenciales diferentes a los definidos por la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

52.Al respecto, esta Sección sostuvo:

“En consonancia con lo anterior recuerda la Sección que el recurso
extraordinario de revisión19, regulado en los artículos 248 y siguientes del
CPACA, es un medio de impugnación excepcional que permite revisar
determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante la
demostración inequívoca de ser decisiones injustas por incurrir en alguna de las
causales que taxativamente consagra la ley”20.

53. Para la revisión de las providencias judiciales que reconocen sumas periódicas,
en el artículo 250 ibidem, se enlistaron las causales de procedencia de dicho recurso
extraordinario, “(…) sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003” 21,
el cual en lo pertinente dispone:

“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A
CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA.
Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser

19 Sobre el recurso extraordinario de revisión pueden consultarse entre otras, las providencias de: (i) 3 de

noviembre de 2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18. Consejero Ponente (E): Alberto
Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-03284-00; (ii) 7 de abril de 2015 Sala Especial de Decisión
No. 27. Consejero Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00577-00 y; (iii) 3 de
noviembre de 2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18. Consejero Ponente (E): Alberto
Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-01918-00.
20 Consejera Ponente (E): Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017), radicación número: 11001-03-15-000-2016-
02774-01, actor: Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, demandado: Tribunal Administrativo de
Caldas y otro.
21
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.

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revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.» 22

54. Asimismo, el Gobierno Nacional, con fundamento en el ordinal 6º del artículo 6º
del Decreto 5021 de 28 de diciembre de 2009, delegó como función de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social la de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

55. Debe precisarse que de conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la
Ley 1437 de 2011, el término para interponer el recurso extraordinario de revisión
para los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es de 5 años
siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o “(…) en los casos de que ella no
se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo
transaccional o conciliatorio”.

56. La Corte Constitucional ha considerado que, a pesar de que la UGPP puede
acudir al recurso extraordinario de revisión previsto en la citada norma, si se
evidenciaba palmariamente la ocurrencia de un abuso del derecho, procederá la
tutela como mecanismo preferente, situación que no se advierte en el presente
asunto.

57. La Corte Constitucional en las sentencias SU-427 de 2016 y SU-631 de 2017
indicó: “El abuso del derecho, según lo ha destacado esta Corporación, supone que su
titular haga de una facultad o garantía subjetiva un uso contrapuesto a sus fines, a su
alcance y a la extensión característica que le permite el sistema. Se presenta cuando en el
ejercicio de un derecho subjetivo se desbordan los límites que el ordenamiento le impone
a este, con independencia de que con ello ocurra un daño a terceros. Es la conducta de la
extralimitación la que define al abuso del derecho, mientras el daño le es meramente
accidental.”.

58. En términos de la Corte Constitucional, para que el abuso del derecho, en temas
pensionales, admita la intervención del juez constitucional para la protección de la

22
«Artículo declarado EXEQUIBLE, con respecto a los cargos formulados y 'bajo los supuestos reseñados en
el numeral 5 de las consideraciones y fundamentos de esta sentencia', salvo los apartes tachados que se
declaran INEXEQUIBLES, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-835-03 de 23 de septiembre de
2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araujo Rentería». La Corte Constitucional declaró estarse a lo resuelto
en la sentencia C-835-03, mediante providencia C-157-04 de 24 de febrero de 2004, magistrado ponente
Álvaro Tafur Galvis.

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sostenibilidad financiera, éste debe ser palmario, es decir, no solo debe advertirse
el ejercicio del derecho pensional sin tener en cuenta los límites que impone el
derecho de solidaridad del sistema de seguridad social, sino que, además, deberá
constatar la existencia de una ventaja irrazonable que genere un riesgo inminente
a los demás afiliados del sistema de seguridad social.

59. Para la Sala no son de recibo los argumentos expuestos por la UGPP sobre el
perjuicio irremediable pues la presunta configuración de los defectos fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente implica que este juez constitucional
haga un análisis de las normas aplicables al caso y de los supuestos fácticos
probados en el proceso, esto es, un estudio de fondo del asunto, lo que de plano
desplaza la posibilidad de que se trate de una vulneración palmaria y por tanto, no
es posible superar el requisito de la subsidiariedad.

60. Por último, es necesario analizar la pretensión expresada por la UGPP de
amparar los derechos de manera transitoria, con ocasión de la existencia de un
perjuicio irremediable.

61. Para la Sala, dicho perjuicio no se encuentra acreditado, por cuanto la entidad
demandante no demostró que el pago de los emolumentos reconocidos en la
sentencia cuestionada cause un perjuicio grave al sistema pensional. Si bien, la
UGPP asegura que el pago de la suma de $170.804.650 por concepto de retroactivo
y el pago de la mesada pensional de $9.994.484, en vez de $8.298.537 genera un
inminente detrimento al erario, este no se encuentra demostrado en el caso en
estudio y, con todo, será en el recurso extraordinario de revisión que se estudiará si
hay un detrimento y si es procedente la devolución de dineros recibidos de buena
fe.

2.4. Conclusión

62. Por lo tanto, para este juez constitucional es claro que en el presente caso no
se cumple con el requisito de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, por cuanto
la UGPP puede hacer uso de un mecanismo de defensa judicial diferente a la
solicitud de amparo constitucional, como lo es el recurso extraordinario de revisión
previsto en los artículos 248 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, en consecuencia, se declarará
improcedente la solicitud de amparo.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, según lo indicado en esta decisión.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
GERMÁN LOZANO VILLEGAS
Conjuez

(Firmado electrónicamente)
ALEJANDRO VENEGAS FRANCO
Conjuez

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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