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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04041-00

Fecha
18 de agosto de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04041-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la E.S.E. Hospital Simón Bolívar. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Ana Tulia Sierra Suárez, respecto del cargo de la presunta incongruencia de la sentencia, por no superarse el requisito general de procedibilidad de subsidiariedad. TERCERO: NEGAR la petición de amparo promovida por la accionante sobre los reproches de los defectos de desconocimiento del precedente y fáctico. CUARTO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Ana Tulia Sierra Suárez Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2022-04041-00 QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04041-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

18 de agosto de 2022

Demandante: Ana Tulia Sierra Suárez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04041-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04041-00
Demandante: ANA TULIA SIERRA SUÁREZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B

Tema: Declaratoria de improcedencia por no superar requisito de
subsidiariedad. Niega configuración de los defectos de
desconocimiento del precedente y fáctico

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver en primera instancia, la acción de tutela ejercida por la
señora Ana Tulia Sierra Suárez, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. La señora Ana Tulia Sierra, actuando por conducto de apoderado, interpuso
acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B 1.
Con la solicitud de amparo pidió la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de petición.

2. A juicio de la accionante, la trasgresión de las citadas garantías
constitucionales se consolidó con ocasión de la sentencia de 25 de noviembre de
2021 proferida por la referida autoridad judicial, por medio de la cual confirmó la
decisión de 30 de abril de 2015 que emitió el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A en la que se negó las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho n.º 25000-
23-42-000-2013-01440-012.

1 El escrito de tutela se radicó el 25 de julio de 2022
a través del aplicativo de tutelas y habeas
corpus dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura para tal f in.
2 Presentado por la señora Ana Tulia Sierra Suárez contra la E.S.E. Hospital Simón Bolívar.

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Demandante: Ana Tulia Sierra Suárez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04041-00

1.2. Pretensiones

3. A título de amparo constitucional, solicitó lo siguiente:

1. Dejar sin efecto la sentencia acusada; y,

2. Ordenar a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección “B”, que debe proferir una nueva sentencia dentro
del proceso promovido por la Señora ANA TULIA SIERRA SUAREZ, contra el
Hospital Simón Bolívar (…). [Transcripción literal].

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia 3:

4. La señora Ana Tulia Sierra Suárez fue nombrada en provisionalidad desde el
17 de marzo de 1986 a la E.S.E. Simón Bolívar, en su calidad de instrumentadora
hospitalaria Departamento de Cirugía Servicio Hospitalización – Sección Atención
Médica.

5. Mediante Acuerdo 8 del 15 de septiembre de 2005 se ajustó la planta de
personal del hospital, razón por la cual la señora Sierra Suárez fue incorporada
para desempeñar el cargo de Técnico Área Salud 323, Grado 06.

6. En la planta de personal del Hospital existen catorce cargos de Técnico Área
Salud, entre ellos el que ocupa la accionante cuyas funciones están enlistadas en
el Manual de Funciones de la entidad.

7. La Ley 784 del 23 de diciembre de 2002 dispuso la necesidad de reglamentar
el ejercicio de la Instrumentación Quirúrgica Profesional, exigiendo que para su
ejercicio se requiere de título de idoneidad universitaria.

8. Mediante Circular Conjunta n.º 0076 del 21 de noviembre de 2005, el Ministerio
de la Protección Social y el director Administrativo de la Función Pública
instruyeron a las instituciones prestadoras de servicios de salud, sobre la
aplicación de la referida ley, otorgando tres años para que los hospitales de
naturaleza pública del orden nacional y territorial modificaran su planta de
personal, a efectos de contar con los empleos de Profesional Universitario Área
Salud Código 237.

Por otro lado, la Sala advierte que, f rente a la providencia de segunda instancia, la parte actora
presentó solicitud de adición de la sentencia, la cual f ue denegada mediante auto de 28 de abril de
2022.
3 Los cuales se construyen a partir de lo indicado por la actora y de la sentencia de segunda

instancia en el trámite de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Demandante: Ana Tulia Sierra Suárez
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9. La demandante optó por el título de Instrumentador Quirúrgico Profesional en
la Fundación Universitaria de Ciencias en Salud, por lo que mediante Resolución
003711 del 4 de mayo de 2000, fue autorizada para ejercer esta profesión.

10. La accionante radicó, ante la E.S.E. en mención, múltiples reclamaciones
con el fin de que se le reconociera como profesional en virtud del mandato legal
sin que esto ocurriera, desconociendo, a su juicio, que en hospitales como en la
E.S.E. El Tunal se acordó incluir en su planta de personal el empleo en comento.

11. En concreto, la E.S.E. Simón Bolívar mediante Oficio G-05394 del 2 de
noviembre de 2012, suscrito por la gerente de aquella corporación, se negó el
reconocimiento y pago de la diferencia salarial entre el cargo de Técnico Área
Salud código 323 grado 06 y el de Profesional Universitario 237 del Área Salud
y/o su equivalente.

12. En virtud de lo anterior, la actora interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. El asunto correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que en sentencia de 30 de abril
de 2015 negó las pretensiones al no encontrar desvirtuada la presunción de
legalidad del acto administrativo referido.

13. Para sustentar la decisión, dicha autoridad señaló que el cargo respecto del
cual la demandante aspiraba la nivelación salarial no existía dentro de la planta de
personal del Hospital Simón Bolívar, pues según la normativa del caso (incluyendo
el manual de funciones) no se hallaba contemplado el empleo dentro del nivel
profesional sino en el nivel técnico, por lo que aún con el título universitario no era
posible que vía judicial se le otorgue un estatus distinto.

14. Inconforme con lo resuelto, la tutelante interpuso recurso de apelación el
cual fue desatado en sentencia de 25 de noviembre de 2021 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B que confirmó lo decidido por el a quo.

15. La referida autoridad reiteró los argumentos señalados en un antecedente
de su Sala de Decisión que guardaba identidad fáctica con el tema debatido 4. De
esta manera, indicó que:

i. el cargo frente al cual la actora reclamó su nivelación salarial no existía,
ii. no era suficiente que desempeñara las mismas funciones que las de un
profesional universitario ni que tuviera la formación académica para tal
fin, pues lo relevante era la estructura contenida en el manual de
funciones de la E.S.E.,

4 Sentencia del 17 de julio de 2020,
expediente n.º 25000-23-42-000-2013-01320- 01 (4988-15),
demandante Gloria Amparo Bedoya Caicedo, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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iii. en el caso concreto, dicho ente hospitalario consignó en el referido
manual que el instrumentador quirúrgico ostentaba un nivel técnico y no
profesional,
iv. existe un concepto del Departamento Administrativo de la Función
Pública que sustenta su tesis.

16. Además, acotó que no había lugar a una vulneración al derecho a la
igualdad frente a lo que se reguló en otras E.S.E. pues no era posible equiparar
las funciones del cargo en mención . Esto por cuanto puede existir variación entre
las labores a desarrollar por parte de un profesional y las que desempeña un
técnico, así como el hecho de que el derecho en mención debe ser analizado
frente a funcionarios con el mismo cargo en el centro hospitalario en el que
trabajaba la actora.

17. La parte actora presentó solicitud de adición de la sentencia para que “se
dejara sin efecto” la decisión en cuestión, la cual fue resuelta de manera
desfavorable mediante auto de 28 de abril de 2022.

1.4. Sustento de la vulneración

18. La accionante indicó que la sentencia censurada resultó incongruente por
cuanto hubo “incoherencia al realizar un pronunciamiento ajeno al objeto del litigio
fijado, al limitar el debate a los mismos aspectos indicados por el juez de la primera
instancia, discutido y procesado en primera instancia”.

19. Adicional a ello, señaló la configuración de los siguientes defectos:

1.4.1. Desconocimiento del precedente: dado que no tuvo en cuenta los
lineamientos desarrollados en la sentencia del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A 5 en la que, en situación similar fáctica a la suya, aquella
Sala de Decisión reconoció que, en virtud del derecho a la igualdad, podía
equipararse los niveles profesional y técnico de instrumentador quirúrgico,
accediendo a las pretensiones de la demanda.

1.4.2. Fáctico: debido a que no tuvo en cuenta las pruebas obrantes en el
expediente que darían cuenta que tiene derecho al reconocimiento y pago de la
diferencia salarial entre el cargo técnico y el profesional como instrumentador
quirúrgico, teniendo en cuenta que en otras E.S.E. a estos últimos se les reconoce
como tal y a ella no6.

5 Expediente n.º 25000-23-42-000-2013-01556-01, M.P. William Hernández Gómez, demandante
Lucia Margarita Garzón Gómez, demandado E.S.E. Hospital Simón Bolívar.
6 En concreto: i. certif icado laboral; ii. Acuerdos de la E.S.E. Hospital El Tunal en el que se modifica

el manual de f unciones y competencias laborales de la institución, así como su planta de personal;
iii. certif icación de talento humano de la E.S.E: Hospital El Tunal sobre el salario devengado por
un Prof esional Universitario Área Salud Código 237, Grado 08; iv. copia de su diploma como
prof esional en instrumentación quirúrgica y; v. Of icio G-053944 de la E.S.E. Hospital Simón Bolívar

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1.5. Actuaciones procesales relevantes

1.5.1. Trámite de admisión

20. Mediante auto de 27 de julio de 2022, el magistrado ponente admitió la
solicitud de amparo y ordenó notificar a la demandante y al Consejo de Estado
Sección Segunda, Subsección B, en calidad de autoridad accionada.

21. De igual manera, dispuso vincular:

i. al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A 7,

ii. a la E.S.E. Hospital Simón Bolívar8,

iii. a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 9.

22. Asimismo, con el fin de contar con todos los medios probatorios que
permitan analizar el fondo del asunto, se solicitó a la autoridad judicial accionada
y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
que allegaran copia íntegra digital del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho n.º 25000-23-42-000-2013-01440-00/1, demandante: Ana Tulia Sierra
Suárez.

1.5.2. Intervención

23. Remitidos los oficios correspondientes, únicamente intervino la E.S.E.
Hospital Simón Bolívar, por conducto de la Subred Integrada de Servicios de
Salud Norte E.S.E.

24. Al realizar un recuento de los antecedentes del proceso ordinario, reiteró lo
señalado por la autoridad accionada en la sentencia controvertida y concluyó que
debía declararse la improcedencia de la acción.

25. Finalmente, pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva de su dependencia.

que negó su solicitud de reconocimiento y pago de la dif erencia salarial entre los niveles técnico y
prof esional como instrumentador quirúrgico.
7 Autoridad judicial que dictó el f allo de primera instancia dentro del proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho N.º 25000-23-42-000-2013-01440-00/ 1.
8 Quien f ungió como accionante del citado proceso.
9 De conf ormidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

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2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

26. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la
señora Ana Tulia Sierra Suárez contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de
la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 201910 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

27. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

28. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991 11, en los artículos 1, 10, 46
y 49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por
sí misma; ii) a través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la
agencia oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en
condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela
los defensores del pueblo y los personeros municipales 12.

29. Con fundamento en el marco conceptual expuesto 13, la Sala advierte que la
señora Ana Tulia Sierra Suárez es la titular de los derechos fundamentales que
reclama, en razón a que es la parte demandante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se cuestiona la providencia aquí enjuiciada.

30. En consecuencia, la parte accionante goza de legitimación en la causa por
activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los
requisitos de procedibilidad y la supuesta vulneración de los derechos invocados.

31. Por otro lado, resulta importante resaltar que la demanda se dirigió contra
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, entidad que profirió la

10 Reglamento interno de la Corporación.
11 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.
13 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Al respecto, véase, entre otras,
sentencia de 10.02.22. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-03-15-000-2022-00332-00.

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providencia objeto de censura, razón por la cual, se encuentra legitimada por
pasiva.

32. Finalmente, en relación con la solicitud de la E.S.E. Hospital Simón Bolívar
de ser desvinculada por carecer de legitimación en la causa, la Sala negará esta
petición por cuanto su participación en esta acción de tutela es en calidad de
tercera con interés.

2.3. Problemas jurídicos

33. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado y el informe presentado, los
problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

• ¿Se superan, en el caso bajo estudio, los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial?

34. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, vulneró los
derechos invocados, por presuntamente incurrir en incongruencia en su
decisión, así como en los defectos de desconocimiento del precedente y
fáctico al proferir la sentencia del 25 de noviembre de 2021?

35. Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i)
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii)
estudio de los requisitos generales de procedibilidad y de superarse, (iii) caso
concreto de cara a las generalidades de los defectos señalados.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 14. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas
sobre este tema15. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra
providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales16.

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del f allo de la Sala Plena antes

reseñado.
16 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conf ormidad con lo expresado a f olios 2 a 50 de esta providencia”.

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37. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 17. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia 18 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial 19.

38. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) cuando proceda, efecto decisivo de la irregularidad procesal.

39. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala
ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
18 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unif icación del 05 de agosto del 2014

son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de def ensa judicial al alcance de la
persona af ectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusf undamental
irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es d ecir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un ef ecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que af ecta los derechos f undamentales
de la parte actora; v) Que la parte actora identif ique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
19 Los ocho def ectos materiales son los siguientes: i) Def ecto orgánico, que se presenta cuando el

f uncionario judicial que prof irió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Def ecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente
al margen del procedimiento establecido; iii) Def ecto f áctico, que surge cuando el juez carece de l
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv)
Def ecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
f undamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal f ue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que af ecta
derechos f undamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los f undamentos f ácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita f uncional; vii).
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho f undamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pro cede como mecanismo para
garantizar la ef icacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
f undamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.

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requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea
de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la
acción no intente reabrir el debate de instancia.

40. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos generales de procedencia

2.5.1. Tutela contra tutela

41. En el caso objeto de estudio no existe reparo alguno frente al presente
requisito de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión
de la misma naturaleza. En efecto, la providencia que se censura fue proferida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho reseñado en líneas
precedentes.

2.5.2. Inmediatez

42. En relación con este requisito, tampoco se advierte ningún reproche, si se
tiene en cuenta que la providencia del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
fue dictada el 25 de noviembre de 2021. No obstante, la parte demandante
interpuso solicitud de adición la cual fue resuelta desfavorablemente el 28 de abril
de 2022, notificada el 25 de mayo siguiente, mientras que la presente acción de
tutela fue interpuesta el 25 de julio de 2022 20.

43. Así las cosas, sin necesidad de determinar la fecha en que adquirió
ejecutoria, se observa que se interpuso dentro de los seis meses que esta Sala ha
considerado razonable para el uso del mecanismo excepcional.

44. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 21,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200522, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra

20 Debe tenerse en cuenta que, de conf ormidad con el artículo 302 del Código General del Proceso

“cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una
vez resuelta la solicitud”.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
22 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en

un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de prof erida la
decisión, se sacrif icarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las

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providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir
y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados
con ocasión de providencias judiciales.

2.5.3. Subsidiariedad

45. De la redacción del artículo 86 de la Constitución Política y de las normas
que lo desarrollan consagradas en el Decreto Ley 2591 de 1991, se desprende el
carácter subsidiario de la acción de tutela, en cuanto procede únicamente cuando
el afectado no haya dispuesto o disponga de otros medios de defensa judicial, en
ese segundo evento, esto es, que aun cuente con ellos, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

46. El carácter residual obedece a la necesidad de preservar las competencias
atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la independencia
y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben salvaguardar
derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción pueda
convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales.

47. No obstante, esta exigencia podrá superarse únicamente “cuando el juez
constitucional encuentre que se configura u n perjuicio irremediable que exige para
el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas
inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio
mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente”23.

48. Respecto de este requisito, es necesario que esta Sala de Decisión escinda
los cargos planteados por la parte actora teniendo en cuenta que uno de ellos no
supera la subsidiariedad como pasa a explicarse.

49. La señora Ana Tulia Sierra Suárez indicó que la providencia de 25 de
noviembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, resultó incongruente por cuanto hubo “incoherencia al realizar un
pronunciamiento ajeno al objeto del litigio fijado, al limitar el debate a los mismos
aspectos indicados por el juez de la primera instancia, discutido y procesado en
primera instancia”.

50. Por tanto, comoquiera que lo pretendido en sede constitucional se dirige a
cuestionar la decisión que a juicio de la demandante carece de congruencia, se
configura la causal consagrada en el numeral 5° del artículo 250 de Ley 1437 de
2011, es decir, “…existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso

decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conf lictos.
23 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 de 2010, T-318 de 2017, entre otras.

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y contra la que no procede recurso de apelación”, lo que habilita la procedencia
del recurso extraordinario de revisión.

51. Esto es así pues, cuando se alega una incongruencia, existe una nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso, situación jurisprudencial que ha
sido reiterada24 y en la que se ha establecido que pueden existir otros motivos no
contemplados en los estatutos procesales como causales de nulidad 25, como es
el caso de la violación al debido proceso constitucional en la sentencia,
contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política, lo que impide al juez de
tutela pronunciarse sobre este reparo.

52. Ahora bien, en lo que concierne a los señalamientos sobre un presunto
desconocimiento del precedente y la incursión de un defecto fáctico dentro de la
referida decisión, esta Sección concluye que no procede ningún recurso ordinario
ni extraordinario de revisión o de unificación de jurisprudencia contenidos en los
artículos 248 y 256 de la Ley 1437 de 2011.

53. De conformidad con lo expuesto, se tiene que la parte accionante no cuenta
con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual

24 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de

Decisión. Sentencia del 2 de f ebrero de 2016. Rad. 11001-03-15-000-2015-02342-00. Citada en
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 14 de
mayo de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-01849-00.
25 En cuanto al desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la

sentencia, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, en
sentencia del 2 de f ebrero de 2016 señaló: En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte,
conforme a lo expuesto, que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede
configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa,
pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artíc ulo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas
propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente
a los cuales no se podía pronunciar.
Sobre este punto, basta señalar que la Corte Constitucional en relación con este principio y la
violación del derecho al debido proceso ha considerado que:
‘…El principio de congruencia es uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, ‘en la medida que impide
determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que
en él se pidió, debatió, o probó’. En este orden, se erige con tal importancia el principio de
congruencia que su desconocimiento es constitutivo de las antes denominadas vías de hecho, hoy
causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales’.
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando falta al principio de
congruencia, es decir, cuando aquella carece de la coherencia externa o interna, razón suficiente
para calificar de inválida la decisión, porque el fallador excede su competencia, la que se repite
está determinada por los cargos y pretensiones de la demanda.
Pues bien, estas reflexiones, con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado y en la doctrina
de la Corte Constitucional, ratifican la tesis según la cual la congruencia de los fallos es un element o
de validez de los mismos, cuya inobservancia configura la causal de revisión de nulidad originada
en la sentencia, artículo 250, numeral 5 del CPACA.
Sin embargo, para la Sala es importante indicar que para que la incongruencia externa o interna
pueda generar la invalidez de la decisión debe ser fundamental o radical, es decir, ha de ser de tal
magnitud que no exista remedio distinto a su nulidad”. Sentencia del 2 de f ebrero de 2016. Rad.
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transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarles a sus derechos
fundamentales.

2.5.4. Relevancia constitucional

54. La Sala considera que el asunto que se debate resulta constitucionalmente
relevante, toda vez que se discute si la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos de desconocimiento del precedente y fáctico pues no tuvo en cuenta que
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en una situación similar a
la de la actora, accedió a las pretensiones de la demanda y que, en todo caso, no
valoró las pruebas allegadas al expediente que darían cuenta de una vulneración
a su derecho a la igualdad.

55. En este sentido, resulta claro que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión.

56. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando
prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los
derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal
administrativo o judicial establecido por la ley para su protección.

2.5.5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados

57. Tal y como sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005
la acreditación de este requisito resulta comprensible “pues, sin que la acción de
tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y
no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello
al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos”.

58. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que la parte actora ha
presentado de manera clara y razonable que la transgresión de sus derechos se
concretó porque, en su concepto, la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente y no valoró unas pruebas relevantes.

2.5.6. Efecto decisivo de la irregularidad procesal

59. Finalmente, no se observa que se haya alegado una irregularidad procesal,
razón por la que no es procedente su análisis en el caso concreto.

60. Así las cosas, habiéndose cumplido los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la Sala analizará si en el caso concreto se

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encuentran configurados los defectos de desconocimiento del precedente y fáctico
alegados por la parte accionante.

2.6. Caso concreto

61. Como se ha mencionado con antelación, la Sala determinará si la autoridad
judicial accionada al proferir la providencia del 25 de noviembre de 2021 incurrió
en los defectos de desconocimiento del precedente y fáctico que se le atribuye.

62. Bajo tal perspectiva, se caracterizará brevemente los yerros en comento y,
enseguida, se analizarán los mismos con el fin de dilucidar si procede o no el
amparo de los derechos fundamentales sobre los que se invocó la protección
constitucional.

2.6.1. Generalidades de los defectos invocados

2.6.1.1. Desconocimiento del precedente

63. Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de
precedente26. Este se sintetiza en los siguientes términos:

(…) es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en
sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido
(…).27 (Negrilla y subrayado fuera de texto).

64. En otras palabras, por regla general, se entiende como precedente aquella
sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos, problemas jurídicos y ratio
decidendi que fija una regla para resolver la controversia, que sirve también para
solucionar el caso reciente 28, la cual no está atada al número de decisiones, dado
que solo basta una providencia en donde se especifique una regla o sub-regla de
derecho.

2.6.1.2. Fáctico

65. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015 29, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 15 de

julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 19 de

f ebrero de 2015. Rad. No. 11001-03-15-2013-02690-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
28 Corte Constitucional. Sentencias T-292 de 2006 y T-794 de 2011.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del

12.11.15., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. N.º 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión.

66. Los eventos de configuración del defecto fáctico son : i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos
que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba
relevante para resolver el problema jurídico sometido
a consideración, y ésta fue negada; ello sin
desconocer la facultad del juez ordinario de negar
pruebas que no atiendan los requisitos de
conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas,
es importante considerar que no toda negativa a un
decreto de pruebas abre la posibilidad a la
Omisión de decreto
configuración del defecto, ya que éste procederá
y práctica de
cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba
pruebas
que, solicitada oportunamente, no cumpla con los
indispensables para
parámetros arriba señalados.
fallar el asunto
De esta manera, se requiere que la parte:

a) Identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Exponga las razones por las cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señale de manera razonada la razón por la cual,
de haberse decretado la prueba, el sentido de la
decisión hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de
convicción en el expediente, y estos resultan
decisivos frente a los hechos que se pretenden
probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
Desconocimiento
ordinario. En este punto, se requiere que, de forma
del acervo
específica, se concrete en el escrito de amparo,
probatorio
cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente,
determinante para
fueron desconocidas por el juez.
identificar la
veracidad de los
Así las cosas, se configura siempre que el interesado:
hechos alegados
por las partes
a) Identifique los elementos de prueba no
valorados por el juez.
b) Demuestre que estos fueron aportados en
forma legal y oportunamente al proceso

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Evento Características
c) Señale las razones por las cuales eran
relevantes para la decisión
d) Precise, razonadamente, la incidencia de estos
para variar el sentido del fallo.

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
crítica, la apreciación efectuada por el fallador
resulta manifiestamente equivocada o arbitraria,
y por ello, el peso otorgado a la prueba se
entiende alterado.

Se requiere entonces que la parte:

a) Precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
objeto de indebida valoración por el juez
b) Identifique la razón del por qué, en cada caso
Valoración
en particular, la consideración del operador
irracional o
judicial se aleja de las reglas de la lógica, la
arbitraria de las
experiencia y la sana crítica.
pruebas
aportadas
El segundo de los elementos señalados resulta
de vital importancia, pues es claro que un
sencillo desacuerdo en relación con la
conclusión a la cual arribó el juez de instancia,
en ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este
aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una
sustitución arbitraria del juez natural.

c) Refiera la incidencia de la prueba en el fallo
atacado

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia
decide el asunto con base en pruebas que no
observaron los requisitos legales para su producción
o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación,
pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el
Dictar sentencia problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta
con fundamento una prueba que desconoce el debido proceso de las
en pruebas partes.
obtenidas con
violación del Para su configuración corresponde:
debido proceso
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29
constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha
vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción
fueron el sustento de la decisión.

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67. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

68. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Constitución Política.

69. Asimismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión.

2.6.2. Análisis de los defectos invocados

70. Teniendo en cuenta la interrelación entre los defectos invocados, la Sala
los analizará en conjunto.

71. La parte actora señaló que la autoridad accionada no tuvo en cuenta que el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A 30, en situación similar fáctica
a la suya, reconoció que, en virtud del derecho a la igualdad, podía equipararse
los niveles profesional y técnico de instrumentador quirúrgico, accediendo a las
pretensiones de la demanda.

72. Al respecto, se tiene que, en la providencia que motivó esta acción de tutela,
la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, señaló que el acto que
negó la petición de reconocimiento y pago de la diferencia salarial entre los cargos
de nivel técnico y profesional se encuentra revestido de legalidad.

73. Para sustentar la decisión, adujo que, si bien la señora Sierra Suárez poseía
título profesional como instrumentadora quirúrgica, esto no era suficiente para que
se le homologara su cargo técnico a uno de orden profesional, pues era necesario
tener en cuenta el manual de funciones de la E.S.E. Hospital Simón Bolívar el cual
solo tenía contemplado el empleo provisto por la actora.

74. Además, indicó que no era posible equiparar su situación con la de
trabajadores de otras E.S.E. (como el del Hospital del Tunal) puesto que el
derecho a la igualdad únicamente puede predicarse de funcionarios del mismo
centro hospitalario que tuviera su mismo cargo sin que eso quedara probado en el
proceso.

30 Expediente n.º 25000-23-42-000-2013-01556-01,
M.P. William Hernández Gómez, demandante
Lucia Margarita Garzón Gómez, demandado E.S.E. Hospital Simón Bolívar.

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75. En ese orden, acotó que, de conformidad con el Decreto Ley 785 de 2005 31,
a nivel territorial en las entidades prestadoras del servicio de salud, el cargo de
instrumentador quirúrgico se encuentra ubicado en el nivel técnico, sin perjuicio
de que ya se hubiera expedido la Ley 784 de 2002 que la profesionalizó al exigir
el título de idoneidad académica.

76. Con ese escenario se refirió a las distintas pruebas obrantes en el
expediente, dentro de las que se incluyen las referidas por la actora como
ausentes de valoración 32, y reiteró los argumentos jurisprudenciales dictados por
su Sala de Decisión 33, para concluir que el acto de la autoridad demandada era
plenamente legal.

77. En ese orden, para esta Sección Constitucional se evidencia que la
accionada valoró las pruebas que la parte actora señaló como desconocidas y
que, aun cuando la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
tenga una postura distinta a la de la demandada (Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado), no puede entenderse que existe vulneración a
los derechos fundamentales de la tu telante por cuanto lo resuelto guarda respeto
por los mandatos legales y constitucionales que regulan la materia.

78. Mal haría la Sala en desconocer una línea que, de manera pacífica, la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación ha ido acentuando
desde el 2020, en la que, con suficiencia, conforme a principios como la sana
crítica y la autonomía judicial, ha adoptado.

79. A ello se suma que la misma accionante reconoce las posturas disímiles
pero válidas dentro de la Sección Segunda del Consejo de Estado como órgano
de cierre de la jurisdicción contencioso administrativo en asuntos laborales. Al
respecto expuso:

el fallo de la Subsección A tuvo como fundamento el análisis desde la perspectiva
del reconocimiento del principio de igualdad bajo las premisas de “a trabajo igual,
salario igual” y de “prevalencia de la realidad sobre las formas”, mientras que el
enfoque de esta Subsección “B” tuvo como perspectiva la inexistencia del empleo
del cual se predica la nivelación salarial, en la planta de personal de la ESE
Hospital Simón Bolívar.

31 El cual estableció el sistema de nomenclatura y clasif icación y de f unciones y requisitos
generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las dis posiciones de la
Ley 909 de 2004.
32 i. certif icado laboral; ii. Acuerdos de la E.S.E. Hospital El Tunal en el que se modif ica el manual

de f unciones y competencias laborales de la institución, así como su planta de personal; iii.
certif icación de talento humano de la E.S.E: Hospital El Tunal sobre el salario devengado por un
Prof esional Universitario Área Salud Código 237, Grado 08; iv. copia de su diploma como
prof esional en instrumentación quirúrgica y; v. Of icio G-053944 de la E.S.E. Hospital Simón Bolívar
que negó su solicitud de reconocimiento y pago de la dif erencia salarial entre los niveles técnico y
prof esional como instrumentador quirúrgico.
33 Sentencia del 17 de julio de 2020, expediente n.º 25000-23-42-000-2013-01320- 01 (4988-15),

demandante Gloria Amparo Bedoya Caicedo, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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80. Así, ante la falta de una regla de unificación aplicable al caso concreto, pues
incluso la misma actora lo reconoce, y que en el asunto bajo análisis se adoptó
una decisión siendo ceñido a la legalidad sobre la normativa que regula la materia,
debe prevalecer la autonomía y la independencia de los jueces, esto es, la libertad
para adoptar una posición siempre que cuente con la carga argumentativa y
razonable suficiente; carga que si se cumple hace inadmisible que el juez de tutela
imponga o someta al juez natural acoger una postura determinada, tal y como
ocurre en el particular.

81. En ese orden de ideas, esta Sección advierte que no es posible afirmar que
la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada haya i ncurrido en
vulneración de derechos fundamentales, por cuanto fundamentó su decisión en la
norma aplicable a la situación de revisión y, además, expuso de manera razonable
los motivos por los que la señora Ana Tulia Sierra Suárez no tenía derecho al
restablecimiento del derecho ni era procedente la anulación de un acto revestido
de legalidad.

82. Así las cosas, la Sala concluye que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B no incurrió en los defectos por desconocimiento del
precedente y fáctico, amén de señalar que en la sentencia censurada se analizó
el material probatorio aportado, mediante un estudio y una argumentación
razonable, propia de la autonomía del operador judicial frente a la apreciación y
valoración de las pruebas, actividad que solo encuentra su límite cuando el
juzgador incurre en arbitrariedad o capricho, escenario que no se advierte en el
caso concreto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la E.S.E. Hospital Simón
Bolívar.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Ana Tulia Sierra Suárez, respecto del cargo de la presunta incongruencia
de la sentencia, por no superarse el requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad.

TERCERO: NEGAR la petición de amparo promovida por la accionante sobre los
reproches de los defectos de desconocimiento del precedente y fáctico.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

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QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión f ue generada con f irma electrónica, la cual tiene plena validez y ef ectos jurídicos,
conf orme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 d e 2012.

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