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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04045-00

Fecha
15 de marzo de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04045-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la parte demandante contra la sentencia de 3 de febrero de 2022 proferida en segunda instancia por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación número 08001-23-33-000-2014- 00915-01. 2º) Condénase en costas a Cenith Yance Muñoz, por Secretaría liquídense e inclúyase por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia en favor del departamento del Atlántico. 21 Expediente 11001-03-15-000-2022-04045-00 (6.460) Demandante: Cenith Yance Muñoz Recurso extraordinario de revisión 3º) Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04045-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

15 de marzo de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DOCE ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá DC, quince (15) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-04045-00 (6.460)
Demandante: CENITH YANCE MUÑOZ
Demandado: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Asunto: NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA – SENTENCIA
CONTRARIA A OTRA ANTERIOR QUE CONSTITUYA
COSA JUZGADA

Síntesis del caso: se pretende la revisión de un fallo proferido el 3 de febrero de 2022 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el cual se confirmó la decisión
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, encaminadas a que se declare
la nulidad de la Resolución no. 00360 del 22 de enero de 2014 proferida por la Secretaría de
Educación Departamental del Atlántico que ordenó el reconocimiento y pago de valores
retroactivos en favor de algunos empleados de esa entidad con ocasión de un procedimiento de
homologación y nivelación salarial; la parte recurrente invocó las causales contenidas en los
numerales 5 y 8 del artículo 250 del CPACA.

La Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado1 decide el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la señora Cenith Yance Muñoz en contra de la
sentencia de segunda instancia proferida el 3 de febrero de 2022 por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación número 08001-23-33-000-2014-00915-01,
en la cual se resolvió lo siguiente:

“Primero. Confirmar la sentencia del 16 de octubre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso instaurado por la señora
Cenith Yance Muñoz contra del departamento del Atlántico, Secretaría de
Educación, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
manifestado en las consideraciones de esta providencia.

Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte actora. (negrillas
fuera texto – fls. 408, Índice 31 Samai 02, expediente digital T1-02).

1 De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado
conoce la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sin exclusión de la sección que profirió la decisión, según lo
expresamente previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el cual fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-450 de 2015, sumado
al hecho de la decisión contenida en el auto de unificación jurisprudencial emitido por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación el 24 de mayo de 2023 en el proceso número 11001-03-15-000-2020-00471-00,
con ponencia del magistrado Milton Chaves García, por su parte, el artículo 29 del Reglamento Interno de la
Corporación asigna la decisión de estos asuntos a las Salas Especiales de Decisión.

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Expediente 11001-03-15-000-2022-04045-00 (6.460)
Demandante: Cenith Yance Muñoz
Recurso extraordinario de revisión

I. ANTECEDENTES

1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1) La señora Cenith Yance Muñoz promovió una demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra del departamento del Atlántico con el fin de obtener la nulidad de
la Resolución no. 00360 del 22 de enero de 2014 emitida por el secretario de educación
de ese ente territorial en la cual se ordenó el reconocimiento y pago de valores
retroactivos en favor de algunos empleados de dicha entidad, luego de haberse realizado
un procedimiento de homologación y nivelación salarial.

2) En las pretensiones de esa demanda se solicitó: (i) la reliquidación de los montos
pagados desde el año 2003 hasta 2009, por cuanto existía diferencia entre el salario
recibido y el fijado en las ordenanzas de la Asamblea de Atlántico, especialmente en
relación con las bonificaciones por servicios prestados y recreación, primas de servicios,
primas de vacaciones, días de descanso compensatorio no disfrutados y dejados de
cancelar; (ii) el pago de los intereses moratorios producto del reajuste salarial de
homologación desde el momento en el cual se causó, año 2003 y, (iii) la devolución de
los valores descontados por concepto de aportes parafiscales, patronales y estampillas.

3) Como sustento fáctico de la demanda se expuso: (i) la demandante se vinculó al área
administrativa de la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico desde el año
2003, después inició el proceso de homologación de cargos y nivelación salarial que fue
aprobado por el Ministerio de Educación el 3 de junio de 2009; (ii) el 24 de junio de 2009,
el departamento del Atlántico emitió el Decreto no. 208 donde ordenó la nivelación de los
servidores públicos del sector educativo y mediante la Resolución 02853 del 25 de junio
de 2009 se asignó la correspondiente denominación, código, grado y salario a la
demandante; (iii) posteriormente, se posesionó un nuevo gobernador departamental que
ordenó suspender el proceso de homologación hasta tanto se hiciera una revisión del
mismo y se enmendaran errores, de suerte que el 11 de junio de 2013 el Ministerio de
Educación Nacional aprobó un nuevo estudio técnico; (iv) el 8 de octubre de 2013, la
Secretaría de Educación Departamental del Atlántico emitió la Resolución no. 02318 que
revocó todos los actos administrativos relativos al reconocimiento y pago de la
homologación que habían sido expedidos con anterioridad y, (v) a través de la Resolución
no. 00360 del 22 de enero de 2014 la Secretaría de Educación del Departamento del
Atlántico reconoció, nuevamente, el retroactivo salarial por homologación y nivelación

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Expediente 11001-03-15-000-2022-04045-00 (6.460)
Demandante: Cenith Yance Muñoz
Recurso extraordinario de revisión

salarial, pero, no liquidó de manera correcta las correspondientes prestaciones sociales,
aunado al hecho de que se ordenó el descuento de los aportes parafiscales.

2. La sentencia de primera instancia

El 16 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones
de la demanda por considerar que, si bien a la señora Cenith Yance Muñoz le fue
reconocido un retroactivo por homologación y nivelación salarial en la Resolución no.
00360 del 22 de enero de 2014, la súplicas no podían prosperar por cuanto: (i) no se
sustentaron las razones por la cuales se debían reliquidar las correspondientes sumas
desde el 2003 hasta el 2009; (ii) en relación con las prestaciones, no es suficiente con la
afirmación de la demandante en cuanto a que fueron mal calculadas, debió probar ese
hecho y para ello no bastaba con aportar la Resolución no. 00360 de 2014, máxime
cuando de su simple lectura no se aprecia vulneración a derecho alguno; (iii) no hay lugar
a pronunciarse acerca de la devolución de los descuentos por concepto de parafiscales
y patronales, porque sobre esa pretensión en auto del 11 de diciembre de 2014 se aceptó
el desistimiento expresado por la parte actora y, (iv) no procede el reconocimiento y pago
de intereses moratorios por cuanto las sumas reconocidas fueron indexadas2.

3. El recurso de apelación

La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia3, donde expresó lo
siguiente: (i) el a quo se fundó en consideraciones inexactas, erróneas y elementales que
se alejan de la realidad procesal por basarse en argumentos de “copia y pega”, y resultan
evidentes “las ganas de salir rápido de mis procesos por esa incomodidad de hacerles
ver oral y escrituralmente los errores en que caían permanentemente”; (ii) en el trámite
del proceso se negó la práctica de un dictamen pericial de un contador público con el
objeto de demostrar que la liquidación realizada por la Secretaría de Educación
Departamental del Atlántico fue equivocada, además, la entidad demandada no envió la
relación de las horas extras que se habían ordenado; (iii) las pretensiones de la demanda
se negaron sin realizar ninguna operación matemática, a partir de lo cual se concluyó que
el retroactivo se liquidó en debida forma; (iv) deben pagarse los intereses moratorios

2 Folios 249 a 263, expediente digitalizado 08001-23-33-000-2014-00915-00 NYR T1-2, índice 31 – Samai.
3 Adjunto al recurso de apelación, el demandante presentó un memorial donde formuló una solicitud de nulidad respecto

de la sentencia del 16 de octubre de 2018 del Tribunal Administrativo del Atlántico por el hecho de haberse negado las
pretensiones de la demanda, entre otras razones, porque se presentó un defecto fáctico por el hecho de que no se
llevó a cabo una inspección judicial a fin de recaudar información en la Secretaría de Educación del Atlántico que diera
cuenta de las horas extras laboradas por la demandante (fls. 322 a 368 expediente digital – T1-2pdf. Índice 31 SAMAI),
esa solicitud fu negada por improcedente por el a quo en auto del 27 de noviembre de 2018 (fls. 374 a 376 T1-2pdf.
Índice 31 SAMAI).

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Demandante: Cenith Yance Muñoz
Recurso extraordinario de revisión

desde el año 2003, cuando surgió el derecho, y desde el año 2011 cuando se iba a
realizar por primera vez el pago del retroactivo por homologación y, como el primer
procedimiento fue revocado, también procede la reliquidación de los factores salariales
desde el año 2003 hasta el 2009; (v) en el acto administrativo acusado no se ordenó el
pago de cesantías, intereses por indemnización de vacaciones ni días de descanso,
compensatorios no disfrutados y dejados de cancelar y, (vi) el retroactivo de
homologación se generó de conformidad con lo señalado en la Directiva Ministerial no.
10 de 2005, razón por la cual los intereses de mora deben aplicarse de conformidad con
ese acto administrativo4. (fls. 275 a 321 expediente digital – T1-2pdf. Índice 31 SAMAI).

En el recurso de apelación también se solicitó que se practicaran pruebas en segunda
instancia consistentes en decretar una inspección judicial para que se recolecten
certificaciones de pago por conceptos salariales, horas extras y descansos
compensatorios, además de un peritazgo contable para constatar si los factores
salariales reconocidos fueron bien liquidados; al respecto, el 29 de octubre de 2020 el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A negó la práctica de esas pruebas5,
pero, en vista de que la primera instancia había ordenado, de oficio, requerir a la
Secretaría de Educación Departamental del Atlántico para que remitiera certificación
donde informara de las horas extras y descansos compensatorios no disfrutados y
dejados de cancelar a Cenith Yance Muñoz y la correspondiente documentación no había
sido aportada, se ordenó que fuera allegada en segunda instancia6.

4. La sentencia de segunda instancia

El 3 de febrero de 2022, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
confirmó la decisión de primera instancia7, con apoyo en los siguientes razonamientos:

1) En relación con la debida liquidación de los valores señalados en la Resolución no.
00360 del 22 de enero de 2014 expedida por la Secretaría de Educación Departamental
del Atlántico, específicamente sobre la bonificación por servicios prestados, primas de
servicios, vacaciones, prima técnica, de navidad, cesantías e intereses a las mismas,
indemnización por vacaciones, días de descanso compensatorio no disfrutados y dejados

4 Folios 275 a 321, expediente digitalizado 08001-23-33-000-2014-00915-00 NYR T1-2, índice 31 – Samai.
5 Folios 388 a 390, expediente digitalizado 08001-23-33-000-2014-00915-00 NYR T1-2, índice 31 – Samai.
6 En respuesta, la Oficina de Nómina de la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico emitió certificación

en la cual expresó que “No se encontró registros de horas extras y descansos compensatorios no disfrutados y dejados
de cancelar a la señora Cenith Yance Muñoz con cédula de ciudadanía N. 22485240”. (fl. 392 expediente digitalizado
08001-23-33-000-2014-00915-00 NYR T1-2, índice 31 – Samai).
7 Fls. 400 a 409, expediente digitalizado 08001-23-33-000-2014-00915-00 NYR T1-2, índice 31 – Samai-

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Recurso extraordinario de revisión

de pagar, la demandante no aportó prueba tendiente a demostrar la alegada incorrecta
liquidación del retroactivo por homologación y nivelación salarial, el único parámetro de
comparación que aparece es una certificación suministrada por la entidad demandante
donde constan los factores salariales incluidos en esa liquidación.

2) La demandante no explicó en el recurso de alzada de qué forma la entidad incurrió en
una errada liquidación del retroactivo por homologación y nivelación salarial, tampoco
realizó diferenciación alguna sobre los factores salariales o prestacionales, toda vez que
concretó la diferencia en un monto global por salario.

3) No es posible advertir error en la liquidación realizada en la mencionada Resolución
no. 00360 de 2014 ya que, se incumplió con la carga de probar cuáles fueron las
supuestas pautas normativas desconocidas por la Secretaría de Educación
Departamental del Atlántico, los yerros cometidos o los valores desconocidos.

4) A la parte demandante le incumbe señalar las normas que considera infringidas y los
vicios atribuidos al acto administrativo, no le corresponde al juez efectuar un control
integral de legalidad del acto acusado y suplir las obligaciones que el ordenamiento
jurídico le impone a las partes.

5) Frente a la liquidación de las cesantías e intereses, la relación laboral no ha finalizado
y el derecho se sigue causando, por lo tanto, era viable la exclusión de aquellos
emolumentos dado que en el sistema de retroactividad se impone el pago al trabajador
al momento de finalizar su relación laboral, salvo en casos de retiros parciales.

6) Sobre el pago de intereses moratorios por el reajuste salarial a partir del año 2011, se
destaca que estos tienen un carácter sancionatorio, razón por la cual su reconocimiento
debe estar expresamente consagrado en una norma que autorice su pago o reconocerse
en el acto que accede al derecho, pero, ninguna de esas condiciones se presenta en este
caso.

5. El recurso extraordinario de revisión

El 14 de junio de 20228, el apoderado de Cenith Yance Muñoz interpuso recurso
extraordinario de revisión en contra de la referida sentencia de segunda instancia con

8 Fls. 4 a 86, expediente digital, archivo ED_03SOLICITUDNULIDADYR(.pdf), índice 2 - SAMAI. Este recurso fue

presentado ante el Tribunal Administrativo del Atlántico y luego remitido al Consejo de Estado.

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Recurso extraordinario de revisión

sustento en las causales previstas en los numerales 5 y 8 del artículo 250 del CPACA,
las cuales sustentó así:

1) En relación con la causal quinta del artículo 250 del CPACA, esta se presenta por
“vulneración al debido proceso, defensa y contradicción”, por lo siguiente:

a) No se accedió en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho al
decreto y práctica de pruebas relevantes que hubieran permitido revelar que en la
Resolución no. 00360 de 2014 expedida por la Secretaría de Educación Departamental
del Atlántico solo se liquidaron 50 horas extras, a pesar de que en realidad la demandante
laboró 120 horas extras, es decir, para que se pudiera probar un faltante de 70 horas
extras los medios probatorios que se echan de menos son: (i) la intervención de un
contador público y, (ii) la práctica de una inspección judicial en la Secretaría de Educación
Departamental del Atlántico donde se hallan escaneadas las planillas donde se
consignan las horas extras realmente laboradas.

Tampoco se hizo uso de las facultades oficiosas del artículo 213 del CPACA, máxime
cuando frente a las decisiones que negaron esas pruebas se interpusieron recursos y se
formularon nulidades, providencias que se consideran ilegales porque vulneran el debido
proceso y no atan al juez ni a su superior.

b) El fallo de segunda instancia fue indebidamente motivado en relación con los
siguientes aspectos: (i) a pesar de que luego del proceso de homologación salarial se
reconocieron las cesantías adeudadas, en el acto administrativo demandado no se
ordenó el pago correspondiente al 12% de intereses y sanción moratoria debido a la no
consignación oportuna de estas cada año, para el efecto también debió tenerse en cuenta
el salario homologado y no el antiguo, igualmente las 70 horas extras, lo cual fue negado
so pretexto de que se requería de una nueva reclamación; (ii) la Resolución demandada
dejó de reconocer varios años de salarios y prestaciones, pues, a pesar de que en
derecho laboral se aplica la prescripción trienal de los emolumentos no reclamados, debió
considerarse que tal prescripción empieza a computarse desde el momento en que la
prestación se hace exigible, no obstante, en este caso tal figura de prescripción no se
configuró porque la “Nación - Ministerio de Educación renunció a ella” y en el “Acuerdo
Men-Sintrenal del año 2000” no se dijo nada sobre el plazo para reclamar las prestaciones
que se reconocerían por concepto de la homologación desde el año 1995 hasta el 2005
cuando se expidió la “directiva # 10” que ordenó, justamente, la homologación de cargos
y nivelación salarial, además, la demandante hizo reclamaciones desde el año 2006 y,

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(iii) se debieron liquidar intereses moratorios “desde el año 2011”, momento desde el cual
se revocaron los primeros actos administrativos relativos al reconocimiento y pago de la
homologación como producto de la suspensión de ese procedimiento, circunstancia que
produjo un retraso en los pagos que ocasionó perjuicios a los demandantes, los cuales
no se reparan con la sola indexación, ya que esta solo compensa la pérdida de poder
adquisitivo pero no los rendimientos dejados de producir, aspecto este en el que erró la
sentencia atacada.

c) Fue trasgredido el principio de congruencia del artículo 281 del Código General de
Proceso en vista de que el operador judicial no advirtió que en la demanda se incorporó
todo un acápite de “normas violadas y concepto de violación”, de ahí que no pudiera
afirmar que hubo una indebida sustentación de la demanda.

Tampoco era viable que se expresara que la parte demandante no cumplió con su carga
procesal probatoria, a pesar de que del contenido del acto administrativo atacado se
extrae que a la demandante solo de pagaron 50 horas extras.

2) Respecto de la causal octava del artículo 250 del CPACA, consistente en ser la
sentencia contraria a una anterior que constituya cosa juzgada, se hace referencia a la
sentencia T-157 de 2014 de la Corte Constitucional en un proceso iniciado “por los
mismos afectados – víctimas” en contra de la Secretaría de Educación del Atlántico donde
se solicitó la protección a los derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, vida, mínimo
vital y debido proceso por el hecho de no haberles cancelado oportunamente las horas
extras laboradas.

6. Oposición al recurso

El 30 de enero de 2023 se admitió el recurso extraordinario de revisión y se ordenó correr
traslado de la demanda al departamento del Atlántico y al Ministerio Público por el término
de diez (10) días de conformidad con el artículo 253 de la Ley 1437 de 2011, modificado
por el artículo 69 de la Ley 2080 de 2021 (índice 11 - Samai), en el referido término
expresaron lo siguiente:

1) El 20 de febrero de 2023, el departamento del Atlántico se opuso a las pretensiones
del recurso extraordinario de revisión sobre la base de sostener: (i) se pretende reabrir
un debate propio de las instancias para suplir deficiencias probatorias y cuestionar los
fundamentos jurídicos de los correspondientes fallos del proceso de nulidad y

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Recurso extraordinario de revisión

restablecimiento del derecho, (ii) la sentencia atacada fue debidamente sustentada y no
se configura ninguna causal de nulidad que la afecte y, (iii) es infundada la causal octava
del artículo 250 del CPACA porque, las decisiones que se aluden en la demanda no
corresponden a sentencias frente a las cuales se haya materializado la cosa juzgada
(índice 17 – Samai).

2) El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Tercera Delegada de Intervención
ante el Consejo de Estado, solicitó que se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión por las siguientes razones: (i) el recurrente no precisó frente a la causal quinta
del artículo 250 del CPACA qué clase de nulidad se configura, si bien alude a la falta de
congruencia, vulneración del debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
estos reproches no encuadran en ninguno de los motivos de nulidad previstos en los
artículos 133 y 134 del CGP; (ii) no se dan los presupuestos de la causal 8 del artículo
250 del CPACA, el pronunciamiento respecto del cual se predica contradicción con la
sentencia recurrida no guarda identidad con el asunto debatido y, (iii) el recurso
extraordinario de revisión no es una instancia adicional para reiterar los argumentos ya
expuestos en el trámite ordinario (índice 19, Samai).

I. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) generalidades
del recurso extraordinario de revisión, 3) la causal quinta de revisión: nulidad originada
en la sentencia, 4) la causal octava de revisión: ser la sentencia contraria a otra anterior
que constituya cosa juzgada y, 5) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentado el recurso de manera oportuna9, corresponde a la Sala de Decisión
determinar si se configuran las causales previstas en los numerales 5 y 8 del artículo 250
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo respecto

9 La sentencia acusada se notificó el 22 de febrero de 2022, tal como aparece en el índice 31 del Samai en el proceso

de nulidad y restablecimiento con radicación no. 08001-23-33-000-2014-00915-01, por lo tanto, el recurso
extraordinario de revisión presentado el 14 de junio de 2022 (índice 2, Samai) fue oportuno

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Recurso extraordinario de revisión

de la sentencia de segunda instancia proferida el 3 de febrero de 2022 de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

La Sala declarará infundado el recurso, pues, no se probó la configuración de ninguna de
las causales de revisión alegadas y, aunado a ello, porque lo que pretende el recurrente
es revivir el análisis probatorio y jurisprudencial surtido en el proceso ordinario de nulidad
y restablecimiento del derecho, con lo cual se evidencia su intención de convertir este
asunto, indebidamente, en una tercera instancia, lo cual jurídicamente no es procedente.

2. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

1) El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada, puesto
que con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo en firme, siempre que se
configure alguno de los supuestos consagrados en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
sin perjuicio de las dos causales adicionales consagradas en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003 atinentes a la posibilidad de revisar las sentencias que reconozcan prestaciones
periódicas con cargo a recursos públicos.

2) El objeto del recurso es procurar el restablecimiento de la justicia material, cuando se
advierte que esta ha sido afectada por situaciones o circunstancias exógenas que no
pudieron plantearse en el proceso correspondiente y que revisten tal gravedad que
autorizan al juez a romper el principio de la cosa juzgada, “(…) la revisión, más que un
recurso, es un medio para conseguir la realización de la justicia, pero no de la justicia
formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de aquella verdadera
que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto superior”10.

3) El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la procedencia
del recurso extraordinario de revisión, contenidas en los artículos 250 de la Ley 1437 de
2011 y 20 de la Ley 797 de 200311.

10 Corte Constitucional, sentencia C-739 del 11 de julio de 2001, exp. D-3293, MP Álvaro Tafur Galvis.
11 En este caso, el recurso procede frente a las providencias que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza

pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, en los supuestos
contenidos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación
al debido proceso y/o cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de marzo de 2019, exp. 2018-00394-
00, CP Rocío Araújo Oñate.

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Recurso extraordinario de revisión

4) El artículo 252 del CPACA dispone que el recurso debe interponerse mediante escrito
que deberá contener (i) la indicación de las partes y sus representantes, (ii) el nombre y
domicilio del recurrente, (iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento y, (iv)
la indicación precisa y razonada de la causal invocada12.

5) En atención a su carácter extraordinario, este recurso no es una “tercera instancia” en
la que puedan plantearse nuevamente argumentos de fondo en relación con la sentencia
que se pretende revisar, por tal razón las pretensiones y fundamentos deben limitarse a
demostrar la configuración de alguno de los supuestos contemplados en las causales
para su procedencia13.

6) Ahora bien, los vicios o errores en los que se debe fundamentar el recurso son
eminentemente procedimentales, pues, ninguno está dirigido a cuestionar la labor
intelectual de juzgamiento “sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de
carácter procesal (numeral 5, referido a la existencia de causal de nulidad originada en
la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien,
aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba
que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1, 2, 3, 6 y 7), a excepción de la
causal del numeral 4, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el
pronunciamiento del fallo”14.

3. La causal quinta de revisión: nulidad originada en la sentencia

1) En el presente asunto, la parte actora invocó la causal de revisión contenida en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA cuyo tenor literal es el siguiente:

“Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, son causales de revisión: (...) 5. Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso contra la que no procede recurso de
apelación.”.

2) En ese orden de ideas, para que se configure la causal deben concurrir los siguientes
requisitos: (i) que la providencia que es impugnada mediante el recurso extraordinario de
revisión ponga fin al proceso, (ii) que contra esta decisión no proceda el recurso de

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021, exp. 2013-00212-

01(REV), CP Fredy Ibarra Martínez.
13 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1º de diciembre de 1997, exp.

REV 117, CP Libardo Rodríguez Rodríguez. Consultar, igualmente: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, exp. 2006-00318-00(REV), CP Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2

de febrero de 2016, exp. 2015-02342-00(REV), CP Alberto Yepes Barreiro.

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Expediente 11001-03-15-000-2022-04045-00 (6.460)
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apelación y, (iii) que la nulidad alegada haya ocurrido en el momento en que se dictó la
sentencia y no antes.

3) En ese contexto, por regla general, los motivos de nulidad que afectan la sentencia
son aquellos eventos contemplados en el artículo 133 del Código General del Proceso y
por violación del artículo 29 de la Constitución Política15.

4) No obstante, el Consejo de Estado ha estudiado la causal originada en la sentencia16
y ha indicado, tal como lo precisó recientemente esta Sala Especial de Decisión 17, que
también comprende la violación del principio de congruencia18.

“Ahora bien, la causal quinta del artículo 250 del CPACA también comprende la
violación del principio de congruencia cuando al accionado es condenado por
cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por
causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la
sentencia no se pronuncie sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate.”19.

5) En todo caso, las referidas causales no están diseñadas para cuestionar las razones
del fallo ni mucho menos para corregir los yerros de apreciación de los hechos y de las
pruebas en los cuales, según el recurrente, habría incurrido el fallador; un entendimiento
distinto equivaldría a convertir, indebidamente, el recurso en un juicio en el que se
discutirían nuevamente los hechos ya establecidos y decididos con fuerza de cosa
juzgada20.

3.1 Los cargos específicos en los cuales se sustenta la causal de nulidad originada
en la sentencia

En el caso objeto de este proceso, el apoderado de la señora Cenith Yance Muñoz invoca
la causal quinta del artículo 250 del CPACA con sustento en argumentos poco claros, no
diferenciados y confusos, pero de los cuales es posible derivar las siguientes razones: (i)
se vulneró el debido proceso porque no se decretaron dos pruebas fundamentales para

15 La Corte Constitucional en las sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001 advirtió que la nulidad

originada en la sentencia no se restringe a las causales que prevé el Código General del Proceso –antes Código de
Procedimiento Civil– pues, adicionalmente, puede derivar de la violación al debido proceso establecido en el artículo
29 de la Constitución Política.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2021, radicación no. 11001-03-

25-000-2017-00852-00 (4598-17), CP William Hernández Gómez.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Doce Especial de Decisión, sentencia del 22 de

junio de 2023, exp. 2020-02981-00(REV), CP Fredy Ibarra Martínez.
18 Aunque el ponente, como integrante de la Subsección B de la Sección Tercera de Consejo de Estado, ha expuesto

una postura distinta –solo las causales de nulidad procesal de origen legal pueden predicarse respecto de la sentencia–
en esta ocasión se adhiere al criterio mayoritario de la Sala Doce Especial de Decisión, el cual permite alegar la
transgresión al principio de congruencia como causal de nulidad originada en la sentencia.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, exp. 2014-00440-

00(REV), CP César Palomino Cortés.
20 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 16 de agosto de 2018, exp. 47.300, CP

Guillermo Sánchez Luque.

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Expediente 11001-03-15-000-2022-04045-00 (6.460)
Demandante: Cenith Yance Muñoz
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resolver el asunto, una inspección judicial y el dictamen de un contador público que
hubieran permitido probar que la demandante laboró más horas extras que las
reconocidas en el acto administrativo demandado; (ii) hubo una indebida motivación del
fallo sobre el reconocimiento de intereses a las cesantías y sanción moratoria, acerca de
la falta de reconocimiento de varios años de salarios y prestaciones frente a los cuales
no se configuró la prescripción trienal y, sobre la liquidación de intereses moratorios de
lo adeudado desde el año 2011 y, (iii) el fallo desconoció el principio de congruencia
previsto en el artículo 281 del Código General del Proceso.

3.1.2 La vulneración del debido proceso por no decretar pruebas

1) En referencia a este, insistentemente, la recurrente alude al quebranto del debido
proceso, por el hecho de que en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho se dejaron de practicar dos pruebas que considera de especial relevancia y que
hubieran cambiado el sentido de la decisión, se refiere específicamente a que no se
accedió a decretar una inspección judicial a la Secretaría de Educación Departamental
del Atlántico y un peritaje contable.

2) Frente a lo anterior es claro que se trata de una nulidad que no tuvo lugar en la
sentencia sino en una etapa procesal anterior, elemento que es suficiente para considerar
que el argumento expresado no se correlaciona con la causal de revisión invocada; no
obstante, para poner en evidencia que se refiere a un aspecto procesal anterior al fallo
del 3 de febrero de 2022 de la Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, se procede al siguiente recuento de lo sucedido en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho:

a) La señora Cenith Yance Muñoz, en las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad de la Resolución no. 00360 del 22 de
enero de 2014 emitida por la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico, en
este escrito pidió como pruebas, entre otras, lo siguiente: (i) una inspección judicial con
la presencia de un perito “para comprobar todos los hechos del presente MEDIO DE
CONTROL, especialmente lo descontado por aportes patronales, parafiscales y por
estampillas” y, (ii) se tenga en cuenta una liquidación elaborada por dos peritos, Jorge
Eliecer Corredor Sara y Lourdes Olivares Amaris, quienes realizaron una “hoja de
liquidación” y debían ser llamados a ratificar su dictamen21.

21 Folio 12, expediente digitalizado 08001-23-33-000-2014-00915-00 NYR T1-1, índice 31 - Samai.

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b) El 25 de mayo de 2016 se llevó a cabo la audiencia inicial en la cual se decretó como
prueba oficiar a la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico que certificara
las horas extras efectivamente laboradas por Cenith Yance Muñoz y los pagos recibidos
por esta por concepto de salarios y prestaciones22, en consecuencia, negó la inspección
judicial solicitada por considerarla “inconducente y superflua” ya que, con esas
documentales era posible determinar los factores salariales tenidos en cuenta, decisión
que no fue objeto de recurso alguno; sin embargo, la autoridad demandada solo allegó
los comprobantes de pago, frente a lo cual la parte actora guardó silencio.

b) Agotado el término probatorio, el 11 de septiembre de 2018 el Tribunal Administrativo
del Atlántico corrió traslado para alegar de conclusión23, decisión que no fue motivo de
reparos.

c) El 16 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral de Decisión
A, negó las pretensiones de la demanda por estimar que no hubo una indebida
sustentación de las razones por las cuales se debían reliquidar las sumas pagadas por
concepto de homologación desde 2003 hasta 2009. Sobre la petición de reintegro de lo
pagado por parafiscales puso de presente que se desistió de la correspondiente
pretensión y, que no había lugar al reconocimiento de intereses moratorios porque las
sumas fueron debidamente indexadas24.

d) La señora Cenith Yance Muñoz presentó recurso de apelación en el cual aseveró que
el fallo impugnado era infundado, entre otras razones, porque en el trámite procesal de
primera instancia se negó el decreto de un dictamen de un contador público y la práctica
de la inspección judicial, pruebas que solicitó fueran practicadas en segunda instancia,
también expresó que hubo una indebida comprobación sobre los montos reconocidos por
la administración, que debían pagarse intereses moratorios desde 2003 hasta 2011 y que
en el acto administrativo demandado no se ordenó el pago de cesantías ni intereses por
vacaciones y compensatorios dejados de disfrutar25.

e) En escrito separado, la parte actora propuso un incidente de nulidad frente a la
sentencia del 16 de octubre de 2018 del Tribunal Administrativo del Atlántico con
fundamentos similares a los expuestos en el recurso de apelación, y porque consideró

22 Folio 174, expediente digitalizado 08001-23-33-000-2014-00915-00 NYR T1-1, índice 31 - Samai.
23 Folio 206, expediente digitalizado 08001-23-33-000-2014-00915-00 NYR T1-1, índice 31 - Samai.
24 Folios 249 a 263, expediente digitalizado 08001-23-33-000-2014-00915-00 NYR T1-2, índice 31 - Samai.
25 Folios 275 a 321, expediente digitalizado 08001-23-33-000-2014-00915-00 NYR T1-2, índice 31 - Samai.

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Expediente 11001-03-15-000-2022-04045-00 (6.460)
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que ese fallo de basó en argumentos “elementales”, que se incurrió en un defecto
sustantivo porque se apoyó en normas inexistentes o inconstitucionales y porque se
omitió la práctica de la inspección judicial, con lo cual se configuraba un defecto fáctico26.

f) Previamente a conceder el recurso de apelación, el Tribunal Administrativo del
Atlántico corrió traslado de la solicitud de nulidad27, la cual posteriormente negó en auto
del 27 de noviembre de 2018, debido a que los argumentos planteados por la parte
demandante no encuadraban en ninguno de los supuestos para que se configurara una
nulidad en etapa posterior a la sentencia28.

g) Una vez admitida la apelación por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado29, se dictó auto del 29 de octubre de 2020 en el cual se negó la práctica de la
inspección judicial y el peritazgo contable sobre la base de considerar que estas pruebas
no cumplían los presupuestos del artículo 212 del CPACA para ser decretadas en
segunda instancia, no obstante, sí se accedió a requerir a la Secretaría de Educación
Departamental del Atlántico para que remitiera certificación acerca de las horas extras y
descansos compensatorios no disfrutados por la demandante y dejados de cancelar30.

h) Frente a ese requerimiento probatorio, el 15 de diciembre de 2020 la Oficina de Nómina
de la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico certificó que no se encontró
registro de las horas extras y descansos compensatorios dejados de cancelar a Cenith
Yance Muñoz31.

i) El 3 de febrero de 2022, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
confirmó la decisión de primera instancia, en el sentido de negar las pretensiones de la
demanda32.

3) El anterior recuento de las incidencias procesales ocurridas en el respectivo
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho evidencia, de manera palmaria, que
tal argumento de la demanda de revisión sobre la vulneración del debido proceso no es
más que la reiteración de una solicitud probatoria que fue negada en múltiples ocasiones
con antelación al fallo de segunda instancia, el cual no encuadra en la causal alegada de

26 Folios 322 a 368, expediente digitalizado 08001-23-33-000-2014-00915-00 NYR T1-2, índice 31 - Samai.
27 Folio 371, expediente digitalizado 08001-23-33-000-2014-00915-00 NYR T1-2, índice 31 - Samai.
28 Folios 374 a 376, expediente digitalizado 08001-23-33-000-2014-00915-00 NYR T1-2, índice 31 - Samai.
29 Folio 382, expediente digitalizado 08001-23-33-000-2014-00915-00 NYR T1-2, índice 31 - Samai.
30 Folios 388 a 390, expediente digitalizado 08001-23-33-000-2014-00915-00 NYR T1-2, índice 31 - Samai.
31 Folio 361, expediente digitalizado 08001-23-33-000-2014-00915-00 NYR T1-2, índice 31 - Samai.
32
Folios 400 a 409, expediente digitalizado 08001-23-33-000-2014-00915-00 NYR T1-2, índice 31 - Samai.

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Recurso extraordinario de revisión

nulidad originada en la sentencia y que escapa al objeto para el cual está diseñado el
recurso extraordinario de revisión.

4) Sin perjuicio de lo anterior, se destaca que en la demanda del recurso extraordinario
de revisión el apoderado de la parte demandante solicitó que, en el presente trámite, una
vez más, se decretara la práctica de una inspección judicial con el fin de obtener “las
planillas de las horas extras” elaboradas por la Secretaría de Educación Departamental
del Atlántico, lo cual fue negado por auto el 4 de septiembre de 2023 (índice 31 – Samai).

5) En ese sentido, es válido reiterar lo expuesto en este último auto, donde se expresó
que el recurso extraordinario de revisión no permite abrir debates propios del trámite
ordinario, como si se tratase de una tercera instancia, y que no puede ser utilizado para
corregir, subsanar o enmendar aspectos vinculados con el decreto y práctica de pruebas,
pues, estos aspectos están reservados al conocimiento que adelantó el proceso que dio
origen a la sentencia objeto de revisión.

3.1.3 La supuesta indebida motivación del fallo

1) La recurrente expresa que se incurrió en una indebida motivación del fallo de segunda
instancia, porque se hizo un análisis errado sobre la legalidad del acto administrativo
demandado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, Resolución no.
00360 del 22 de enero de 2014 expedida por la Secretaría de Educación Departamental
del Atlántico, el cual dejó de reconocer lo siguiente: (i) intereses de las cesantías en un
12% y sanción moratoria, (ii) varios años de salarios y prestaciones frente a los cuales
no se configuró la prescripción trienal y, (iii) los interés moratorios del capital adeudado
desde el año 2011.

2) A respecto, es pertinente destacar que el Consejo de Estado ha precisado que
obedecen a supuestos de hecho distintos los conceptos de falta de motivación,
insuficiente motivación y errada motivación, con el propósito de significar que únicamente
la carencia total de pronunciamiento sobre las razones de hecho y de derecho que le
permiten arribar a una decisión es motivo de esa causal de revisión, de lo contrario se
desconocería el carácter extraordinario del recurso de revisión y lo convertiría en una
instancia adicional, así lo ha dicho de manera puntual la Sección Segunda:

“De acuerdo con lo anterior, la nulidad originada en la sentencia por ausencia
de motivación se presenta ante la carencia absoluta de pronunciamiento del
juez sobre las razones de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento a
la decisión, o cuando se basa en circunstancias manifiestamente erróneas,

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Expediente 11001-03-15-000-2022-04045-00 (6.460)
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incompletas o de actitudes dolosas. No aplica, así, para controvertir las
razones del fallo ni la apreciación que de los hechos y de las pruebas hizo el
fallador”33.

3) En este caso objeto de análisis, la Sala Especial de Decisión no advierte que en la
sentencia del 3 de febrero de 2022 de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado hubiera incurrido en dicho defecto de falta total de motivación, por el
contrario, se observa que se verificaron y evaluaron cada uno los motivos de la apelación
esgrimidos contra la sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, los cuales se centraron en aseverar que el a-quo invocó
consideraciones inexactas en cuanto a la negativa de la práctica de algunas pruebas, el
pago de los intereses a las cesantías, sanción moratoria y los intereses de mora.

4) En ese contexto, de la simple lectura del fallo impugnado es posible observar que alude
de manera concreta a lo siguiente: (i) no hubo prueba de una incorrecta liquidación del
retroactivo por homologación y nivelación salarial, aunado al hecho de que no se sustentó
en debida forma el concepto de violación; (ii) sobre la liquidación de las cesantías, no hay
lugar a ellas porque la relación laboral no había finalizado y el derecho se seguía
causando y, (iii) sobre el pago de los intereses moratorios del reajuste salarial desde
2011, se trata de un aspecto sancionatorio cuyo reconocimiento debe estar consagrado
en una norma o en el mismo acto que reconoce el derecho, sobre lo cual en este caso
no había disposición jurídica alguna. A lo anterior se suma que respecto de las pruebas
no decretadas ya se había decidido en auto anterior.

5) En ese orden de ideas, es inequívoco que la argumentación expuesta por la recurrente
se aparta del propósito y finalidad previsto para el recurso extraordinario de revisión en
cuanto a una supuesta indebida motivación, pues, lo que pretende la parte actora es, en
realidad, revivir un debate sobre elementos que ya fueron estudiados en las dos
instancias, máxime cuando respecto de la causal invocada lo único que es motivo de
revisión es el hecho de una carencia total de motivación, aspecto que claramente no se
presenta en la sentencia recurrida.

3.1.4 La violación del principio de congruencia

1) En relación con el principio de congruencia, su aplicación deviene de lo dispuesto
normativamente en los artículos 280 y 281 del Código General del Proceso, así como del

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de agosto de 2021, radicación no. 11001-

03-25-000-2017-00852-00 (4598-17), CP Wílliam Hernández Gómez.

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artículo 187 del CPACA, a nivel jurisprudencial el Consejo de Estado ha señalado que
este contiene dos dimensiones, a saber: (i) la congruencia interna, que obedece a la
correspondencia que debe existir entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia,
entendida como la armonía de las conclusiones de la decisión judicial con la valoración
probatoria y normativa y, (ii) la congruencia externa, según la cual la decisión contenida
en la parte resolutiva debe guardar concordancia con lo pedido en la demanda y lo
controvertido en la contestación34.

2) En cuanto a este punto del recurso, asegura el apoderado de la señora Cenith Yance
Muñoz que se desconoció el artículo 281 del Código General del Proceso porque el
operador judicial no advirtió que en la demanda sí se incluyó un acápite de “normas
violadas y concepto de violación”, de ahí que no pudiera concluir que hubo una indebida
sustentación, así como tampoco debió decirse que no se cumplió con la carga probatoria.

3) Frente a lo anterior, esta Sala advierte que los argumentos del recurso extraordinario
de revisión no refieren propiamente que hubo algún punto que no fue abordado por la
sentencia censurada, más bien lo que expresa es el desacuerdo de la demandante con
el hecho de que el fallo de segunda instancia consideró que no hubo una indebida
sustentación del concepto de violación y el incumplimiento del deber de la carga de la
prueba.

4) En ese sentido, la expresión según la cual el fallo del 3 de febrero de 2022 aludió a
una indebida formulación del concepto de violación es imprecisa, porque, en realidad lo
que se dijo en el fallo de segunda instancia fue que la demandante “no explicó en el
recurso de apelación de qué forma la entidad incurrió en una errada liquidación, ni realizó
diferenciación alguna frente a los factores salariales o prestacionales, toda vez que
concretó la diferencia en un monto global por salario”35.

5) Con base en ese contexto, se reitera que la providencia en cuestión adoptó una
decisión dentro del debido marco de competencia que le confirieron los argumentos de
la demanda y la apelación, por lo tanto, no se dejó ningún punto por resolver, tal como se
advirtió en los párrafos anteriores, la discusión giró en torno a aspectos que fueron
resueltos, uno a uno, en la sentencia del 3 de febrero de 2022.

34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 16 de agosto de 2002, CP Juan

Ángel Palacio Hincapié, expediente no. 76001-23-24-000-1997-04345-01 (12668), CP Juan Ángel Palacio Hincapié.
En sentido similar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de
Decisión, CP Rocío Araujo Oñate, expedienten no. 11001-03-15-000-2019-03970-00 (REV).
35 Folio 407 Vlto, expediente digitalizado 08001-23-33-000-2014-00915-00 NYR T1-2, índice 31 - Samai.

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6) Por consiguiente, la Sala estima que el defecto alegado no corresponde a los
presupuestos legales y jurisprudenciales que podrían viciar de nulidad la providencia
recurrida, por la simple pero suficiente razón de que los argumentos del recurso
extraordinario interpuesto se encaminan a convertir este proceso, indebidamente, en una
tercera instancia, pues, persigue revivir el análisis contenido en la sentencia censurada,
cuestionamientos que no son propios de la causal alegada y que escapan al propósito
del recurso extraordinario de revisión, en cuya dirección la jurisprudencia ha precisado lo
siguiente:

“No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en
que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una
determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se
interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas
observaciones escapan al ámbito de la aludida causal.”36.

7) Frente a tal panorama, resulta forzoso concluir que el recurso extraordinario de la
referencia en lo que respecta a la causal 5 del artículo 250 del CPACA, atinente a la
nulidad originada en la sentencia es manifiestamente infundado, pues, el fallo materia de
examen se encuentra debidamente sustentado en los elementos fácticos, probatorios y
jurídicos aplicables al caso, sobre la base de una debida y ponderada valoración
probatoria en el ámbito de la autonomía funcional de la Sala de Decisión que la profirió,
para cuya constatación basta una lectura desprevenida de la providencia, sin que el fallo
impugnado esté afectado, en modo alguno, de nulidad, como equivocadamente sostiene
la parte recurrente en este proceso.

4. La causal octava de revisión: ser la sentencia contraria a otra anterior que
constituya cosa juzgada

1) En relación con la causal de revisión prevista en el numeral 8 del artículo 250 del
CPACA, esto es, ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada
entre las partes del proceso en que aquella fue dictada, el Consejo de Estado ha
considerado que es indispensable la concurrencia de los siguientes factores: (i) la
existencia de dos sentencias contradictorias; (ii) la providencia en sentido contrario debió
hacer tránsito a cosa juzgada, en procesos donde exista identidad de partes, objeto y
causa y, (iii) que en el segundo proceso no hubiera sido posible la excepción de cosa
juzgada37.

36 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, exp. 35.221, CP Mauricio Fajardo Gómez.
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013, expediente 11001-

03-15-000-2001-00118-01 (REV), CP Gerardo Arenas Monsalve.

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Demandante: Cenith Yance Muñoz
Recurso extraordinario de revisión

2) Esta causal se interpreta de manera armónica en conjunto con el alcance y efectos de
la de la cosa juzgada según los preceptos de los artículos 303 del Código General del
Proceso38 y 189 de la Ley 1437 de 201139, los cuales regulan los elementos a considerar
para que dicha figura se materialice, es decir, identidad de partes, objeto y causa.

3) En la demanda de revisión extraordinaria, el apoderado de la señora Cenith Yance
Muñoz plantea que la decisión contraria es la sentencia T-157 de 2014 de la Corte
Constitucional, proferida en el curso de un proceso de acción de tutela iniciado por las
“mismas víctimas” en contra de la Secretaría de Educación Departamental del Atlántico
donde se solicitó la protección de los derechos a la igualdad, trabajo, vida, mínimo vital y
debido proceso.

4) De cara a lo anterior se observa que, si bien es cierto que la referida sentencia T-157
de 2014 guarda cierta similitud con el presente caso, en donde la causa que dio origen a
la correspondiente acción de tutela fue el no reconocimiento por parte de la Secretaría
de Educación Departamental del Atlántico del pago de horas extras, recargos por exceso
de horas diurnas, nocturnas ordinarias y en dominicales o festivos, además de los días
compensatorios por haber laborado en esos días sin el disfrute de los descansos de ley,
no lo es menos que no hay identidad de partes, por cuanto en los nombres que allí se
relacionan no aparece la señora Cenith Yance Muñoz.

5) Debe agregarse que el objeto no es el mismo porque, evidentemente, en ese proceso
de acción tutela no se solicitó ni igualmente se podía pretender la nulidad de la Resolución
no. 00360 del 22 de enero de 2014 sino la protección de los derechos constitucionales
fundamentales que los correspondientes accionantes consideraron vulnerados, y que el

38 El artículo 303 del Código General del Proceso prevé: “La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso

tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa
que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes (…). La cosa juzgada no se opone al recurso
extraordinario de revisión”.
39El artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, preceptúa: “La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en

un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga
omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen
en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas
superiores frente a las cuales se haga el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal, en
todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios.
Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política,
tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos
diferentes.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y cumplimiento, producirá efectos de cosa
juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya identidad
jurídica de partes.
La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en ellos
y obtenido esta declaración a su favor (…).” (Aparte tachado INEXEQUIBLE).

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Expediente 11001-03-15-000-2022-04045-00 (6.460)
Demandante: Cenith Yance Muñoz
Recurso extraordinario de revisión

sentido de la decisión consistió en denegar las pretensiones por ser improcedentes por
el hecho de que no se reunía el requisito de subsidiariedad.

6) De manera que no se reúnen los requisitos previamente descritos para que se
configure la causal 8 del artículo 250 del CPACA.

4. Condena en costas

En los términos de los artículos 255 del CPACA y 366 (numeral 4) del Código General
del Proceso, la señora Cenith Yance Muñoz debe asumir las costas porque se le declara
infundado el recurso extraordinario de revisión; la condena incluye las agencias en
derecho que se fijan, en atención al concepto y los criterios definidos para su causación
en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en un (1)
salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia y en favor
del departamento del Atlántico.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA DOCE ESPECIAL DE DECISIÓN,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la parte
demandante contra la sentencia de 3 de febrero de 2022 proferida en segunda instancia
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación número 08001-23-33-000-2014-
00915-01.

2º) Condénase en costas a Cenith Yance Muñoz, por Secretaría liquídense e inclúyase
por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia en favor del departamento del
Atlántico.

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Expediente 11001-03-15-000-2022-04045-00 (6.460)
Demandante: Cenith Yance Muñoz
Recurso extraordinario de revisión

3º) Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente, previas
las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Sala 12 Especial de Decisión
(Firmado electrónicamente)

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) Salvamento parcial
(Firmado electrónicamente)

WILSON RAMOS GIRÓN LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) Aclaración de voto
(Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Sala
Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los
artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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