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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04050-00

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04050-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado por la señora Andrea Johanna Caballero Rincón, por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: en el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en los términos previstos en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04050-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

1 de septiembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04050-00
Demandante: Andrea Johanna Caballero Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundianmarca,
Sección Segunda, Subsección “D”

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., primero (1º) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04050-00
Demandante: ANDREA JOHANNA CABALLERO RINCÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “D”

Temas: Tutela contra providencia judicial – contrato realidad –
defectos fáctico y por desconocimiento del precedente – niega

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo presentado por la señora Andrea Johanna
Caballero Rincón, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86
de la Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
26 de mayo de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 26 de julio de 2022 en el correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado, la señora Andrea Johanna Caballero
Rincón, actuando a través de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, con
el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al trabajo, al debido
proceso y a la seguridad social.

2. La accionante consideró vulneradas las garantías invocadas, con ocasión
de la sentencia del 31 de marzo de 2022, mediante la cual la autoridad judicial
accionada revocó la decisión dictada el 26 de abril de 2021 por el Juzgado
Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda para, en su lugar, negarlas. Lo
anterior, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, que instauró contra el Ministerio de Defensa Nacional – Hospital Militar
Central, que se identificó con el radicado N.º 11001-33-42-046-2019-00176-00/01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04050-00
Demandante: Andrea Johanna Caballero Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundianmarca,
Sección Segunda, Subsección “D”

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“Se TUTELE el DERECHO FUNDAMENTAL DE DEBIDO PROCESO,
DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL, de la accionante ya
identificada, al ser víctima de una vía de hecho, por tanto:

Solicito comedidamente a la Alta Magistratura, que, como consecuencia del
amparo a los derechos fundamentales mencionados en el numeral primero de
las peticiones, se sirva ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN D- subsanar el
ERROR GRAVE que se denota de parte de la Justicia al omitir la valoración
de las pruebas allegadas al proceso y requiriendo además pruebas
documentales inexistentes configurándose la exigencia de una tarifa legal que
lo conllevan a desconocer la existencia del vínculo laboral que claramente se
presenta en el caso en tratado.

Solicito respetuosamente se ordene por razones de economía procesal y de
manera definitiva; REVOCAR el numeral primero y segundo del fallo de
segunda instancia proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN D- el 31 de marzo
de 2022, dentro del proceso No. 11001334204620190017601, y en su lugar se
confirme la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado 46
Administrativo Oral del circuito Judicial de Bogotá, reconociendo la existencia
de una relación de carácter laboral.

Se me reconozca personería jurídica dentro de la presente y por tanto se le
ordene a la accionada se me reconozca personería jurídica, dentro del acto
administrativo que dé cumplimiento a esta Sentencia”. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La señora Andrea Johanna Caballero Rincón se vinculó como auxiliar de
enfermería en el Ministerio de Defensa Nacional – Hospital Militar Central, a través
de diversos contratos de prestación de servicios desde el 1º de octubre de 2013
hasta el 31 de octubre de 2017, labores que desempeñó “de manera continua e
ininterrumpida”.

5. El 12 de octubre de 2018, la señora Caballero Rincón solicitó a la entidad el
reconocimiento y pago de todas las acreencias laborales y demás emolumentos
dejados de percibir durante el periodo de vinculación, por considerar que reunía
los elementos propios de una relación laboral y del contrato de trabajo.

6. A través del Oficio N.º E-00022-201810054-HMC id: 104935 del 31 de
octubre de 2018, la entidad negó la existencia del vínculo laboral que reclamaba la
señora Caballero Rincón.

7. Ante la negativa, la señora Andrea Johanna Caballero Rincón presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

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Demandante: Andrea Johanna Caballero Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundianmarca,
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derecho contra el Hospital Militar Central, con el fin de obtener la declaratoria de
nulidad del Oficio N.º E-00022-201810054-HMC id: 104935 del 31 de octubre de
2018.

8. En primera instancia, el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bogotá, en sentencia del 26 de abril de 2021, accedió
parcialmente a las pretensiones del medio de control y, en consecuencia, i)
declaró la nulidad del acto acusado; ii) a título de restablecimiento del derecho,
ordenó a la entidad pagar “(…) las cesantías, intereses a las cesantías, prima de
servicios, vacaciones en dinero y los demás factores salariales que perciba el personal de
planta de la entidad, tomando como base para la liquidación respectiva el salario
legalmente establecido para el cargo de auxiliar de enfermería, o al que sea equivalente
en la actualidad, durante la totalidad del periodo en que prestó sus servicios en el Hospital
Militar Central, esto es, desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2017
[así como] (…) la cuota parte correspondiente a los aportes de salud, pensión y Caja de
Compensación Familiar, en tanto la demandante acredite haberla sufragado” y, iii) negó
en lo demás.

9. Lo anterior, por cuanto, para el a quo en el asunto sub judice se logró
acreditar los tres elementos del contrato laboral, a saber, la prestación personal
del servicio, la remuneración y la continua subordinación o dependencia del
trabajador respecto del empleador. En relación con el último presupuesto, explicó
que las labores de la demandante no eran eventuales sino permanentes, propias y
misionales de una entidad prestadora del servicio de salud. Para el efecto, precisó
que:

“(…) la demandante debía cumplir con un horario para la prestación de sus
servicios en la entidad, entregar y recibir turnos, prestar atención de asistencia
integral a los pacientes, rendir informe respecto de los cambios presentados
en el paciente al profesional de enfermería, llevar los registros de atención
diaria de procedimientos, actividades e intervenciones, así como mantener
actualizados los informes estadísticos y rendir los informes que el área
requiera dentro de los plazos determinados.

Lo anterior da cuenta que la demandante no podía ejercer de manera
autónoma su labor, pues debía cumplir con ciertos parámetros para la correcta
y adecuada prestación del servicio como auxiliar de enfermería, así como
estar bajo supervisión de un superior y rendir los informes correspondientes a
su gestión, todo lo cual conlleva a concluir que no se trató de una relación de
coordinación contractual, sino que se trató de una relación en la que imperó la
subordinación”.

10. Inconforme con dicha determinación, la entidad instauró recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “D”, en la sentencia del 31 de marzo de 2022 en la
que revocó la decisión de primera instancia que accedió parcialmente y, en su
lugar, negó todas las pretensiones de la demanda.

11. Como fundamento de su decisión, el ad quem explicó que si bien la señora
Caballero Rincón demostró la prestación personal del servicio de auxiliar de

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enfermería y la remuneración, no ocurrió lo mismo con el elemento de la
subordinación.

12. Frente al punto, precisó que la actora suscribió varios contratos de
prestación con la entidad y que los ejecutó por un lapso superior a 4 años, lo que
daba cuenta de que no era un vínculo ocasional sino prolongado. No obstante,
mencionó que, aunque en principio las labores que se prestan en el área de salud
son propias de la esencia del servicio que desarrollan los hospitales, dada su
naturaleza, lo que anteriormente permitía presumir la dependencia, lo cierto es
que la jurisprudencia reciente del Consejo de Estado exige una actividad
probatoria que recae sobre la persona que reclama el reconocimiento y pago de la
existencia de la relación laboral y para ello, es necesario revisar en cada caso las
condiciones en las cuales se prestaron los servicios, en aras de esclarecer la
verdadera naturaleza de la relación.

13. Así, al abordar el fondo del asunto, el operador jurídico tutelado advirtió
que:

“En este caso, no existen documentos tales como órdenes o instrucciones,
llamados de atención, invitación u órdenes de asistir a capacitaciones, o
circulares; tampoco memorandos, comunicaciones, solicitud y concesión de
permisos, entre otros, como ocurre con frecuencia en las relaciones laborales
subordinadas, pues las únicas documentales aportadas al expediente fueron
los contratos de prestación de servicios, planillas del pago a la seguridad
social, pólizas de seguro, la petición con la cual se reclamó la existencia de la
relación laboral y el acto administrativo acusado, y en ese sentido, la parte
demandante no cumplió con la carga que le impone demostrar los supuestos
fácticos en que se apoyan sus pretensiones.

Así mismo, debe decirse que la parte demandante no probó que el cargo
desempeñado por ella existiera en la planta de personal de la entidad
demandada, y además, la entidad certificó que dicho empleo no existe en la
institución (Archivo No. 1 Páginas 51 a 52), de manera que, imposibilita
determinar si en este caso se estuvo ante la ejecución de una labor en
igualdad de condiciones a las de un funcionario de planta.”

14. La referida decisión se notificó por mensaje de datos enviado a los correos
electrónicos de las partes el 8 de abril de 2022.

1.4. Sustento de la vulneración

15. La parte actora consideró que la Subsección “D” de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró sus derechos fundamentales,
con ocasión de la sentencia del 31 de marzo de 2022, mediante la cual revocó la
decisión de primer grado que declaró la existencia de una vinculación laboral entre
la señora Caballero Rincón y el Ministerio de Defensa Nacional – Hospital Militar
Central, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. Lo anterior, por
cuanto, en su criterio, dicha providencia adolece de defecto fáctico1.

1
Luego de desarrollar el fundamento de la vulneración, la parte actora citó las sentencias SU-448
de 2016 y T-781 de 2011 de la Corte Constitucional, así como las del 12 de marzo de 2013 y 28 de

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16. Indicó que la autoridad judicial accionada omitió valorar las pruebas
documentales allegadas al proceso, situación que permitió desconocer la
existencia de una verdadera relación laboral. Aseguró que si bien se hizo
referencia a los contratos de prestación de servicio, no los analizó por cuanto
dichos documentos otorgaban total certeza del tipo de vinculación, impidiendo de
esa manera que la actora accediera a los beneficios mínimos establecidos por las
disposiciones laborales.

17. Asimismo, precisó que el operador jurídico exigió la presentación de
pruebas inexistentes, generando una carga excesiva sobre la parte actora y que
desemboca en el desconocimiento del elemento de subordinación, el cual había
sido acreditado en primera instancia.

18. Transcribió las que, a su juicio, eran las cláusulas más significativas del
Contrato N.º 255 de 2014, que evidenciaban la pérdida de gobierno y
administración de la señora Caballero Rincón que daban cuenta que: i) debía
cumplir un horario estipulado en turnos; ii) las actividades no podían realizarse
según su criterio, sino con apego a los protocolos establecidos por el hospital,
además de que todo lo que se llevara a cabo debía quedar consignado en los
formatos, e informar permanentemente a la jefe de enfermería sobre las mismas y
el estado de cada paciente a cargo; iii) todo debía ejecutarse dentro de las
instalaciones del Hospital, con insumos y equipos proporcionados por la
institución; y iv) no podía faltar a la entidad por más de 3 días, so pena de que se
diera por terminado el contrato.

19. Agregó que el ente de salud le entregó lineamientos frente a su
comportamiento con su equipo de trabajo, usuarios y familia y la instruyó sobre la
actitud que debía mantener frente a las observaciones que se realizaran,
promoviendo los principios y valores de la institución y cumpliendo con las
actividades asignadas por su superior.

20. Insistió en que el Tribunal desconoció que desde el momento en que se
agotó la vía gubernativa en el año 2018, se le solicitó a la entidad que allegase
todo el expediente contractual, así como toda la documentación relacionada con el
vínculo mantenido, no obstante, el hospital se limitó a entregar únicamente los
contratos de prestación de servicios, sin entregar lo demás. En ese orden, explicó
que exigir a la parte actora que lo aportara imponía una carga desbordada pues no
estaba en la posibilidad de allegar órdenes, llamados de atención, circulares,
memorandos, solicitud y concesión de permisos, “(…) en tanto que durante el vínculo
los mismos no se entregaron, posteriormente la entidad no los allegó y es posible que
algunos nunca existieran”.

21. De igual manera, reprochó que el ad quem señalara que la demandante no
probó que el cargo que desempeñaba existía en la planta de personal o que las
funciones que desarrollaba se relacionaban directamente con el objeto misional de

junio de 2016 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que analizaban las generalidades del
defecto fáctico.

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la entidad, siendo que la planta de cualquier hospital contempla auxiliares de
enfermería, quienes prestan su servicio permanentemente, pues ello se requiere
24 horas al día, los 7 días de la semana para atender a los pacientes, todo lo cual
demuestra que la relación no fue de coordinación sino de subordinación.

1.5. Trámite de la acción de tutela

22. Por encontrar que la acción cumplía con los requisitos establecidos en el
artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, la magistrada ponente, mediante auto del 5
de agosto de 2022, la admitió y ordenó la notificación de la parte accionante, de
los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”, como autoridades accionadas y, de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

23. Así mismo, dispuso la vinculación como terceros con interés del Juzgado
Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, como a quo del
proceso ordinario, y al Ministerio de Defensa Nacional – Hospital Militar Central,
como entidad accionada, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que originó la radicación de este instrumento.

24. Igualmente, ofició a la Secretaría de la autoridad judicial accionada para
que publicara en su página web copia digital de la demanda de tutela y del auto
admisorio para que cualquier persona que tuviera interés, conociera los
documentos e interviniera en el trámite constitucional.

25. Finalmente, reconoció personería para actuar, al abogado Jorge Iván
González Lizarazo, en calidad de apoderado judicial de la señora Andrea Johanna
Caballero Rincón, de conformidad con el poder obrante en el expediente de tutela.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentó la siguiente intervención:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “D”

26. El magistrado ponente de la decisión objeto de censura solicitó que se
niegue el amparo deprecado, al considerar que se realizó un análisis adecuado de
las pruebas, ajustado a la realidad procesal, diferente es que los elementos de
convicción recaudados no fueran suficientes para evidenciar el elemento de
subordinación que acreditara la existencia de la relación laboral.

27. En ese orden, explicó que de las pruebas no fue posible establecer si la
actora realizó labores en igualdad de condiciones a un auxiliar de enfermería de
planta, si recibió y ejecutó órdenes de sus superiores, si cumplió horario o si
estuvo sometida a los reglamentos del hospital.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundianmarca,
Sección Segunda, Subsección “D”

28. Agregó que la jurisprudencia actual del Consejo de Estado establece que la
viabilidad de las pretensiones dirigidas a la declaración del contrato realidad
dependen exclusivamente de la actividad probatoria de la parte demandante que
de cuenta de los elementos de la relación legal y reglamentaria, especialmente el
de la subordinación, para exponer el vínculo laboral encubierto.

1.6.2. Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá

29. La secretaria del despacho remitió el link de acceso autorizado al
expediente digital del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado N.º 11001-33-42-046-2019-00176-00/01, sin
pronunciarse respecto de la situación fáctica y jurídica planteada en la tutela.

1.6.3. El Ministerio de Defensa Nacional – Hospital Militar Central y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE, pese a haber sido
notificados en debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

30. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

31. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos adjetivos de procedibilidad?

32. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se determinará:

• Si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D” vulneró los derechos fundamentales de la parte actora al
proferir la sentencia del 31 de marzo de 2021, a través de la cual revocó el
fallo que accedió parcialmente para, en su lugar, negar las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró contra
el Ministerio de Defensa Nacional – Hospital Militar Central, por
presuntamente incurrir en defecto fáctico.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundianmarca,
Sección Segunda, Subsección “D”

2.3. Razones jurídicas de la decisión

33. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) los requisitos de procedibilidad
adjetiva; (iii) generalidades del defecto alegado y; (iv) el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
2
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema3 y declaró su
procedencia4.

35. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
que el asunto sea de relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra
tutela; iii) inmediatez; iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

36. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

37. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2
Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:
Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
3
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
4
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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Sección Segunda, Subsección “D”

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

38. En el sub judice se advierte que el asunto es de relevancia constitucional,
por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la
providencia proferida el 31 de marzo de 2022 a través de la cual la Subsección “D”
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó el
fallo de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, para en su lugar negarlas, determinación que, en su criterio, adolece de
defecto fáctico.

39. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión
pues, en efecto, el accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales
al trabajo, a la seguridad social y al debido proceso, porque, pese a que el a quo
del proceso encontró acreditados los 3 elementos que demuestran la relación
laboral, el ad quem consideró que la parte actora no aportó los elementos de
convicción suficientes que demostraran el preuspuesto de la subordinación.

40. En ese sentido, los argumentos que a juicio de la parte actora eran
irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, conllevaron a que se omitiera el
deber del juez ordinario de actuar tanto como juez de legalidad, de
constitucionalidad y de convencionalidad en la causa ordinaria.

41. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte tutelante frente a
la razonabilidad de la decisión, lo que, en su criterio, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al trabajo.

42. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales mencionadas
que subyacen en el sub lite, por ser aquellas cuya protección pretende la parte
accionante, tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de
la Carta, lo que implica que las mismas trasciendan el ámbito meramente legal. En
virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima facie
resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los derechos
constitucionales, después de haber agotado el procedimiento judicial establecido
por la ley para su protección.

43. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la
acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.

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Sección Segunda, Subsección “D”

2.5.2. Tutela contra tutela5

44. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que
no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la
providencia que se censura fue proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado N.º 11001-33-42-046-
2019-00176-00/01.

2.5.3. Inmediatez6

45. En relación con este requisito, la Sala tampoco advierte ningún reproche en
vista de que la providencia que en esta instancia se ataca fue proferida el 31 de
marzo de 2022, notificada a través de mensaje de datos remitido el 8 de abril
siguiente7, es decir que cobró ejecutoria el 22 de abril de 20228 por lo que, al
haberse radicado la tutela el 26 de julio de 2022, se advierte que la parte actora
acudió al amparo constitucional antes de que culminara el plazo razonable de 6
meses.

46. En ese orden de ideas, para esta Sección del Consejo de Estado es claro
que este asunto sí supera el requisito adjetivo de la inmediatez. Ello, a la luz de la
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y, reiteró
que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los
derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas, computados a
partir de la ejecutoria de la providencia controvertida en sede constitucional.

5
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-
04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00;
Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia
06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
6
Al respecto, consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 3.2.2022, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-
15-000-2021-06564-01.
7
De acuerdo con el inciso 3º del artículo 8º del Decreto 806 de 2020, “(…) la notificación personal
se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”.
8
Teniendo en cuenta que la semana santa de este año transcurrió del lunes 11 al viernes 15 de
abril.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04050-00
Demandante: Andrea Johanna Caballero Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundianmarca,
Sección Segunda, Subsección “D”

2.5.4. Subsidiariedad

47. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora
considera vulnerados, la Sala precisa que se agotó el recurso de apelación contra
la decisión que resolvió favorablemente las pretensiones en primera instancia, que
corresponde al medio de impugnación ordinario procedente.

48. Con respecto a los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de
jurisprudencia el despacho advierte que no son procedentes, toda vez que los
argumentos expuestos en la tutela no se enmarcan en las causales taxativas
previstas por el legislador en los artículos 248 y siguientes de la Ley 1437 de
2011, modificada por la Ley 2080 de 2021.

2.6. Generalidades del defecto alegado

2.6.1. Defecto fáctico

49. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 20159 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión.

50. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características
Omisión de Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
decreto y alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante
práctica de para resolver el problema jurídico sometido a consideración,
pruebas y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez
indispensables ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos
para fallar el de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
asunto importante considerar que no toda negativa a un decreto de
pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya
que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica
de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con
los parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere:

a) Que la parte identifique el elemento probatorio que
solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad
legal

9
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01,

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04050-00
Demandante: Andrea Johanna Caballero Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundianmarca,
Sección Segunda, Subsección “D”

c) Se expongan las razones por la cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.

Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de
del acervo convicción en el expediente, y estos resultan decisivos
probatorio frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no
determinante son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este
para identificar la punto, se requiere que, de forma específica, se concrete
veracidad de los en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas
hechos alegados oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
por las partes
Así las cosas, se configura siempre que:

a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados
por el juez.
b) Se demuestre que éstos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.

Valoración Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
irracional o crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta
arbitraria de las manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
pruebas peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
aportadas
Se requiere entonces que:

a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede
ser razón para ordenar el amparo constitucional por
este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una
sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Dictar sentencia Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
con fundamento asunto con base en pruebas que no observaron los
en pruebas requisitos legales para su producción o introducción al
obtenidas con proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se
violación del equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en
debido proceso cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido
proceso de las partes.

Para su configuración corresponde señalar:

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04050-00
Demandante: Andrea Johanna Caballero Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundianmarca,
Sección Segunda, Subsección “D”

a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron
el sustento de la decisión.

51. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

52. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.

53. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al
fallador.

2.7. Caso concreto

54. La parte actora considera que la sentencia del 31 de marzo de 2022, a través
de la cual la Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca revocó el fallo de primera instancia que había accedido
parcialmente a las súplicas de la demanda para, en su lugar, negarlas, en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que
pretendía que se declarara la existencia de la relación laboral que aparentemente
sostuvo con el Ministerio de Defensa Nacional – Hospital Militar Central, vulneró
sus garantías constitucionales del debido proceso, al trabajo y a la seguridad
social.

55. Al respecto, señaló que la corporación acusada incurrió en defecto fáctico al
efectuar una errada valoración de las pruebas documentales practicadas en el
proceso, concretamente de “los contratos de prestación de servicio”, situación que
devino en una interpretación alejada de la realidad, teniendo en cuenta que los
referidos elementos demostraban suficientemente el vínculo laboral que pretendía
que le reconocieran.

56. En ese orden de ideas, se advierte que la parte actora cumplió con la carga
argumentativa requerida para analizar el cargo planteado.

57. Así las cosas, es menester revisar los fundamentos expuestos por la
Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la providencia objeto de censura, a partir de los cuales

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Demandante: Andrea Johanna Caballero Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundianmarca,
Sección Segunda, Subsección “D”

determinó que en el caso sub examine no se estructuraron los elementos
constitutivos del contrato laboral, puntualmente el de la subordinación. Lo anterior,
a efectos de verificar si le asiste razón o no al accionante, respecto del defecto
fáctico que alegó.

58. Al emprender el estudio del referido elemento, el tribunal trajo a colación las
diferentes posiciones del máximo órgano de la jurisdicción contencioso
administrativa, que actualmente establece que cuando se pretende la declaratoria
del contrato realidad, la parte demandante tiene la carga de probar la naturaleza
contractual del vínculo y, para el efecto, se debe acreditar la presencia de los
elementos de la verdadera relación laboral, principalmente el de la subordinación.

59. Luego de ello, analizó los elementos de convicción que se allegaron al
proceso ordinario, a saber, las copias de: i) los contratos que la actora suscribió
con el Ministerio de Defensa Nacional – Hospital Militar Central para el periodo
comprendido entre el 1º de octubre de 2013 y el 31 de octubre de 2017, para la
prestación de los servicios como auxiliar de enfermería; ii) las pólizas de seguro
de cumplimiento; iii) del registro de aportes al Sistema Integral de Seguridad
Social, expedido por la coordinadora de soporte al cliente de la EPS Famisanar;
iv) la historia laboral de la señora Caballero Rincón expedida por Colpensiones y;
v) del Oficio N.º E-00003-2018010012-HMC id: 104625 del 30 de octubre de 2018,
a través del cual la entidad informó que dentro de la planta de personal “(…) no
existe el cargo de auxiliar de enfermería”.

60. A partir de la posición jurisprudencial y del mencionado recuento probatorio,
concluyó que la accionante no logró demostrar el tercer y más importante
elemento de la relación laboral, toda vez que no se aportaron “(…) órdenes o
instrucciones, llamados de atención, invitación u órdenes de asistir a capacitaciones, o
circulares; tampoco memorandos, comunicaciones, solicitud y concesión de permisos,
entre otros, como ocurre con frecuencia en las relaciones laborales subordinadas”. De
igual manera, destacó que tampoco se logró acreditar que el cargo que la
demandante desempeñó existiera en la planta de personal del hospital pues, de
hecho, la entidad certificó que dicho empleo no existía en la institución, situación
que tampoco permitía afirmar que la señora Caballero Rincón hubiese ejecutado
labores iguales o similares a las de un servidor público de planta.

61. Así pues, contrario a lo señalado por la parte actora, esta Sala de Decisión
considera que el análisis fáctico, normativo y jurisprudencial que desplegó el
operador jurídico censurado se ajusta a derecho, dado que aunque de los
elementos de convicción recaudados se podía inferir que la señora Andrea
Johanna Caballero Rincón suscribió diversos contratos de prestación de servicio
con la entidad, que desempeñó la labor por un periodo superior a 4 años,
circunstancia que evidenció que el vínculo no fue ocasional sino prolongado y que,
las funciones desarrolladas son de la esencia y naturaleza del servicio que prestan
los hospitales, lo cierto es que ello solo da cuenta de una relación coordinada de
actividades entre contratante y contratista para cumplir el objeto del acuerdo.

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62. En virtud de todo lo expuesto, esta Sala de Decisión encuentra razonable
que la autoridad judicial accionada concluyera que, si bien en el caso sub judice se
comprobaron los elementos de prestación personal del servicio y de remuneración
por la labor prestada, no ocurría lo mismo con el presupuesto primordial, ya que la
documental arrimada no daba cuenta de un vínculo de dependencia o
subordinación pues, se insiste, los elementos a analizar fueron los contratos de
prestación de servicios, planillas del pago a la seguridad social, pólizas de seguro,
la petición con la cual se reclamó la existencia de la relación laboral y el acto
administrativo acusado.

63. En síntesis, de las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, así como los
fundamentos expuestos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D” para orientar el sentido de su providencia, esta Sala de
Decisión no observa que la decisión objeto de censura adoleciera del defecto
alegado por la parte actora puesto que la misma obedece a la apreciación
razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como a la adecuada
aplicación de los criterios jurisprudenciales vigentes, de cara a la acreditación de
los elementos esenciales para declarar la existencia del contrato realidad.

64. En consecuencia, el hecho de que la decisión objeto de reproche no fuera
favorable a las pretensiones de la parte accionante no implica per se que el
operador jurídico demandado vulnerara sus derechos fundamentales puesto que,
se reitera, la sentencia del 31 de marzo de 2022 se profirió con fundamento en
una adecuada valoración de los elementos de convicción efectivamente
recaudados los cuales, en criterio del juez natural de la causa, no fueron
suficientes para demostrar el elemento de subordinación, como presupuesto
necesario para mutar la relación contractual a una laboral.

2.9. Conclusión

65. En ese contexto, esta Sección del Consejo de Estado negará el amparo
deprecado por la señora Andrea Johanna Caballero Rincón, por no encontrar que
la sentencia objeto de censura adoleciera del defecto fáctico alegado.

66. Lo anterior, sobre la base de considerar que, contrario a lo expresado por la
parte tutelante, el operador jurídico demandado no contó con los elementos
probatorios suficientes que permitieran evidenciar la configuración del elemento de
subordinación, que hiciera viable que en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se declarara la existencia de la relación laboral y no
la contractual que tuvo lugar.

3. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04050-00
Demandante: Andrea Johanna Caballero Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundianmarca,
Sección Segunda, Subsección “D”

FALLA:

PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado por la señora Andrea Johanna
Caballero Rincón, por las razones expuestas en las consideraciones de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: en el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, en los términos previstos en el artículo 31
del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

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