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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04050-01

Fecha
18 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04050-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 1 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 10 Corte Constitucional, Sentencia T-883 de 2008. 11 Ibidem. 10 Radicación: 11001-03-15-000-2022-04050-01 Demandante: Andrea Johanna Caballero Rincón Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04050-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

18 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-04050-01
Demandante: Andrea Johanna Caballero Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Improcedencia – la parte actora pretende reabrir un debate
probatorio y crear una instancia adicional al no estar de acuerdo con lo decidido por
el juez natural

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el apoderado judicial de la
señora Andrea Johanna Caballero Rincón, en contra de la sentencia proferida el 1
de septiembre de 2022, por la Sección Quinta1 del Consejo de Estado, mediante la
cual se resolvió:

<< PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado por la señora Andrea Johanna
Caballero Rincón, por las razones expuestas en las consideraciones de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: en el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, en los términos previstos en el artículo 31
del Decreto Ley 2591 de 1991.>> (negrilla propia del texto)

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 26 de julio de 2022, la señora Andrea Johanna Caballero Rincón, a través de
apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra la Sección Segunda,
Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y seguridad
social. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por la autoridad judicial

1 Conformada por los Magistrados Pedro Pablo Vanegas Gil, Luis Alberto Álvarez Parra, Rocío Araujo Oñate y

Carlos Enrique Moreno Rubio.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04050-01
Demandante: Andrea Johanna Caballero Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

accionada al proferir la sentencia del 31 de marzo de 20222, al interior del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho3, que promovió la accionante contra el
Ministerio de Defensa – Hospital Central Militar. A través de dicha providencia se
revocó el fallo de primera instancia que había accedido parcialmente a sus
pretensiones. De ahí que pretenda la revocatoria de la misma, como consecuencia
del amparo.

2.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:

3.- La señora Andrea Johanna Caballero Rincón fue vinculada al Hospital Central
Militar como Auxiliar de Enfermería, mediante una serie de contratos de prestación
de servicios, suscritos entre el 1 de octubre de 2013 y el 31 de octubre de 2017.

4.- El 12 de octubre de 2018, la parte accionante solicitó ante la referida entidad, el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral y, en consecuencia, el pago
de las acreencias salariales y prestacionales derivadas de la misma. Dicha solicitud
fue negada mediante Oficio No. E-00022-2018010054-HMC de 31 de octubre
siguiente, bajo el argumento de que no existió vínculo laboral alguno.

5.- En desacuerdo con lo anterior, la parte actora presentó demanda contra el
Ministerio de Defensa Nacional - Hospital Central Militar, con el fin de que se
declarara la nulidad del referido acto administrativo; a título de restablecimiento del
derecho, pidió se reconocieran las pretensiones elevadas ante la entidad
demandada.

6.- El asunto le correspondió para su conocimiento, en primera instancia, al Juzgado
46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá. Ese despacho judicial, mediante
sentencia del 26 de abril de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda al considerar que se acreditó la existencia de una verdadera relación
laboral entre la señora Caballero Rincón y la entidad demandada.

7.- La anterior decisión fue revocada por la Sección Segunda, Subsección D del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través del fallo del 31 de marzo de 2022.
Dicha autoridad judicial resolvió negar las pretensiones de la demanda, al estimar
que las pruebas recaudadas en el trámite contencioso administrativo no resultan
suficientes para acreditar la existencia de una relación laboral subordinada. Para tal
efecto, indicó que no se logró determinar si la demandante desempeñó funciones en
igualdad de condiciones que una auxiliar de enfermería de planta, si recibió y ejecutó

2
Decisión que fue notificada el 7 de abril del año en curso.
3 Identificado con número de radicado: 11001-33-42-046-2019-00176-00/01.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04050-01
Demandante: Andrea Johanna Caballero Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

órdenes de sus superiores, si cumplió algún horario o si se encontraba sometida a
los reglamentos de la entidad demandada.

8.- En el escrito de tutela, la parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto fáctico. Al respecto, aseveró que el tribunal enjuiciado omitió
valorar el acervo probatorio obrante en el expediente ordinario, particularmente, los
contratos de prestación de servicios; pues si bien hizo mención de los mismos, lo
cierto es que estos no fueron objeto de análisis, pese a que otorgaban total certeza
de la existencia de los elementos de una relación laboral, particularmente, el relativo
a la subordinación.

9.- Refirió que las cláusulas de los contratos de prestación de servicios daban cuenta
que las labores ejecutadas por la demandante no podían ser desarrolladas
autónomamente, por cuanto: (i) debía cumplir un horario estipulado en turnos de
trabajo; (ii) estaba obligada a acatar los protocolos establecidos por el Hospital, (iii)
las actividades debían ser registradas en formatos e informadas permanentemente
a la jefe de enfermería; (iv) eran realizadas con los insumos y equipos
proporcionados por la entidad; y (iv) le impartieron instrucciones en relación con el
comportamiento que debía mantener en la prestación del servicio.

10.- A su vez, adujo que el ad quem le impuso una carga probatoria “exagerada” al
solicitarle la presentación de pruebas documentales inexistentes, como: órdenes,
instrucciones, llamadas de atención, invitaciones a asistir a capacitaciones,
circulares, memorandos, comunicaciones y concesiones de permisos, configurando
con ello la exigencia de una tarifa legal. Indicó que el Tribunal desconoció que desde
el momento en que agotó el trámite administrativo, le solicitó a la entidad demandada
que aportara el expediente contractual, no obstante, ésta se limitó a remitir
únicamente los contratos de prestación de servicios suscritos con la demandante.

11.- Lo anterior, a su juicio, desconoce el vínculo laboral existente entre la
demandante y la demandada, así mismo niega la posibilidad de acceso a los
beneficios que otorga el ordenamiento jurídico en materia laboral.

B. Sentencia de primera instancia

12.- Mediante sentencia del 1 de septiembre de 2022, la Sección Quinta del Consejo
de Estado negó la solicitud de amparo al no encontrar configurado el defecto
atribuido a la providencia enjuiciada.

13.- Para tal efecto, consideró que el análisis fáctico, normativo y jurisprudencial
efectuado por la autoridad accionada se encuentra conforme a derecho, pues si bien
el material probatorio obrante en el expediente ordinario, permitía inferir que la actora
suscribió diferentes contratos de prestación de servicio con la entidad demandada,
3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04050-01
Demandante: Andrea Johanna Caballero Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

que ejecutó las labores por un periodo superior a 4 años y que las funciones
desarrolladas son de la esencia y naturaleza del servicio que prestan los hospitales,
lo cierto es que ello sólo denota la existencia de una relación coordinada de
actividades entre contratante y contratista para cumplir el objeto del acuerdo.

14.- En tal sentido, señaló que el tribunal demandado determinó válidamente que las
pruebas recaudadas en el trámite contencioso administrativo no lograron probar la
existencia de una relación laboral subordinada.

15.- Por lo anterior, concluyó que la providencia cuestionada no adolece del yerro
atribuido por la accionante, por cuanto la misma se sustentó en una valoración
razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como en una adecuada
aplicación de los criterios jurisprudenciales sentados sobre la materia.

C. La impugnación

16.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación; para
el efecto, reiteró los argumentos expuestos en el libelo introductorio. Además,
manifestó que el A quo se limitó a reproducir los argumentos esbozados en la
providencia cuestionada, ignorando aquellos que fueron planteados en sede de
tutela.

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

17.- La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914.

18.- Corresponde a esta Sala determinar si confirma, modifica o revoca el fallo
impugnado.

E. La acción de tutela contra providencias judiciales

19.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que, para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos5:

4
“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04050-01
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

a) Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta con enunciar los derechos presuntamente transgredidos, sino que tal
vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe
expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan
un juicio de desvalor respecto de los derechos fundamentales de quien promueve la
acción de tutela, cuya fuente es la decisión que ha adoptado el juez, encargado por
mandato constitucional de definir el derecho bajo la sacramental fórmula de
administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio
debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se
superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la
sentencia.

b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión
del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien no se ve favorecido con
la determinación contenida en la sentencia, pues, sin lugar a dudas, de lo que se
trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.

F. Análisis del caso concreto

20.- De entrada, la Sala advierte que la solicitud de amparo deviene improcedente
por no cumplir el requisito general de procedencia atinente a la relevancia
constitucional.

21.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el contenido de la
providencia enjuiciada, no encuentra esta Sala que los argumentos que presenta el
demandante se proyecten como trasgresión de los derechos fundamentales que
invoca. Ciertamente, una revisión de los planteamientos expuestos en la acción de
tutela permite advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso
administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por
el juez natural de la causa, por no estar de acuerdo con la decisión de revocar el
fallo de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

22.- Para sustentar la ocurrencia del defecto fáctico, la parte actora alegó que el
tribunal accionado valoró de forma errada las pruebas allegadas al proceso
ordinario, particularmente, los contratos de prestación de servicios, pues los mismos,
5

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Demandante: Andrea Johanna Caballero Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

a su juicio, daban cuenta de la existencia de un vínculo laboral. En concreto, hizo
hincapié en el elemento relativo a la subordinación, argumentos que también
sustentaron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, como se expone
a continuación:

<< (...) Durante la prestación del servicio existió una SUBORDINACIÓN por
perdida(sic) del GOBIERNO del CONTRATO, toda vez que estaba sometida a
reglamentaciones, funciones predeterminadas dentro de la entidad susceptibles de
ser desarrolladas por trabajadores de contrato laboral directo, parámetros
predeterminados para su función, directrices de comportamiento laboral y personal,
etc. (...)

4. Durante la prestación del servicio ha sido sometida a SUBORDINACIÓN por
perdida (sic) del (la) ADMINISTRACIÓN del CONTRATO, toda vez que estaba
sometida a un honorario, en este caso la asignación de turnos, tenía asignadas las
INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, sin poder ejercer la actividad fuera de estas, le
fueron asignados ELEMENTOS DE TRABAJO (...) los cuales eran de propiedad del
contratante.

4.1. La prestación continua y permanente de los servicios: la labor desempeñada tal
como se revisa en las órdenes de prestación de servicios y en los contratos de
prestación de servicio se desarrolló desde el año 2013 hasta el año 2017

4.2. El cumplimiento de un horario de trabajo (...).

La existencia de superiores jerárquicos (...) ANDREA JOHANNA CABALLERO
RINCON(sic) en la ejecución de los diferentes contratos no dispone de su propia
dirección y gobierno , tal como se observa en las diferentes cláusulas de los
contratos (...).>>

23.- Estos reproches fueron resueltos por la autoridad judicial accionada en el fallo
del 31 de marzo de 2022. Para tal efecto, el Tribunal accionado comenzó por señalar
el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto, particularmente lo
relacionado con el contrato de prestación de servicios, los elementos característicos
de una relación de trabajo y la presunción de subordinación en el caso de las
enfermeras. Esbozado lo anterior, efectuó el análisis del asunto sometido a estudio,
con fundamento en el material probatorio obrante en el plenario, así:

<< (...) Las pruebas mencionadas indican que la entidad enjuiciada contrató los
servicios de la actora, durante los siguientes períodos:

No. Contrato Folios Fecha Fecha Valor total Interrupción
inicio terminación del contrato día hábiles

845 de 2013 Archivo No. 1 Páginas 01-10-2013 31-07-2014 $11.235.000 -
53 a 57

2260 de 2014 Archivo No. 1 Páginas 03-09-2014 30-11-2014 $3.295.600 21 días
59 a 63

2558 de 2014 Archivo No. 1 Páginas 01-12-2014 31-10-2015 $12.358.500 -

6

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

65 a 70

3779 de 2015 Archivo No. 1 Páginas 01-11-2015 31-10-2016 $13.886.400 -
71 a 76

5130 de 2016 Archivo No. 1 Páginas 01-11-2016 31-10-2017 $14.233.400 -
77 a 82

(...) (iii) Subordinación. Como primera medida, observa la Sala que se encuentra
probado que la parte actora suscribió varios contratos de prestación de servicios con
la entidad demandada, y que el desempeño de sus labores fue por el lapso de más de
4 años, con la interrupción señalada en el cuadro expuesto líneas atrás, circunstancia
que evidencia que no se trató de un vínculo ocasional o con una temporalidad mínima,
característica propia del contrato de prestación de servicios, al tenor del numeral 3 del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, sino que, por el contrario, el tiempo de vinculación
prolongado, constituye un “indicio claro de que bajo la figura del Contrato de Prestación
de Servicios se dio en realidad una relación de tipo laboral”6.

(...)

De otro lado, se evidencia que tratándose del trabajo de una enfermera, la
jurisprudencia del H. Consejo de Estado ha dicho, que las labores que se prestan en
el área de la salud son propias de la esencia del servicio que desarrollan los Hospitales
y que dada su naturaleza, POR REGLA GENERAL, NO ES POSIBLE EJECUTAR
DICHAS FUNCIONES DE FORMA AUTÓNOMA.

(...)

Sin embargo, la alta Corporación de la jurisdicción contencioso administrativo ha
adoptado otra posición, pues, en fallos posteriores7 ha señalado que la viabilidad de
las pretensiones dirigidas a la declaración de un contrato realidad, depende
exclusivamente de la actividad probatoria de la parte demandante, según el
aforismo “onus probandi incumbit actori”, dirigida a desvirtuar la naturaleza contractual
de la relación establecida y a acreditar la presencia real de los elementos ya previstos
en especial el de subordinación, al ser la manera primordial para desentrañar la
existencia de una relación laboral encubierta.

(…)

Conforme con la jurisprudencia antes señalada, se concluye que la plurimentada
Corporación exige una actividad probatoria que recae sobre la persona que reclama el
reconocimiento y pago de la existencia de una relación laboral y para ello, es necesario
revisar en cada caso las condiciones en las cuales se prestaron los servicios, en aras
de esclarecer bajo el análisis probatorio pertinente la verdadera naturaleza de la
relación existente entre las partes.

De conformidad con lo expuesto, se destacan las siguientes actividades realizadas por
la demandante, tomadas del contrato de prestación de servicios No. 845 de 2013

6 Cita original: “Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “B”. Sentencia de 7 de febrero de 2013.

Radicado No.: 250002325000- 2008-00653-01 CP. Dra. Bertha Lucia Ramírez de Páez.”
7 Cita original: “Ver entre otros: (...) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, con ponencia de la

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, el dieciséis (16) de octubre de dos mil veinte (2020), Radicación número: 81001-
23-39-000-2016-00114-01(1671-18) y el veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021), Radicación
número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17)”.
7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04050-01
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

(Páginas 53 a 57 Archivo No. 1), las cuales son similares a las que se establecen en
los demás contratos que suscribió con la entidad demandada (...).

En este caso, no existen documentos tales como órdenes o instrucciones, llamados
de atención, invitación u órdenes de asistir a capacitaciones, o circulares; tampoco
memorandos, comunicaciones, solicitud y concesión de permisos, entre otros, como
ocurre con frecuencia en las relaciones laborales subordinadas, pues las únicas
documentales aportadas al expediente fueron los contratos de prestación de servicios,
planillas del pago a la seguridad social, pólizas de seguro, la petición con la cual se
reclamó la existencia de la relación laboral y el acto administrativo acusado, y en ese
sentido, la parte demandante no cumplió con la carga que le impone demostrar los
supuestos fácticos en que se apoyan sus pretensiones.

Así mismo, debe decirse que la parte demandante no probó que el cargo
desempeñado por ella existiera en la planta de personal de la entidad demandada, y
además, la entidad certificó que dicho empleo no existe en la institución (Archivo No.
1 Páginas 51 a 52), de manera que, imposibilita determinar si en este caso se estuvo
ante la ejecución de una labor en igualdad de condiciones a las de un funcionario de
planta.

Se recuerda, que en esta clase de asuntos, la carga de la prueba corresponde a quien
pretende demostrar la existencia de una relación laboral, de acuerdo con el artículo
167 del CGP8, y que básicamente se cuenta únicamente con algunas pruebas
documentales que reposan en el expediente que no conllevan a concluir que se
hubiera configurado la subordinación que pregona la parte actora, sino simplemente
una coordinación de actividades entre contratante y contratista, para cumplir el objeto
contractual.

(…)

Así las cosas, teniendo en cuenta las pruebas documentales obrantes en el plenario
no resultan suficientes para acreditar fehacientemente el elemento subordinación,
como requisito necesario para establecer si bajo la apariencia de un contrato de
prestación de servicios, se ocultó una verdadera relación laboral entre las partes, pues
no se logró establecer si la actora realizó labores en igualdad de condiciones que una
auxiliar de enfermería de planta, si recibió y ejecutó órdenes de sus superiores, si
cumplió horario o si se encontraba sometida a reglamentos. >> (negrilla propia del
texto).

24.- De acuerdo con lo expuesto la parte accionante busca crear una instancia
adicional al proceso contencioso administrativo y reabrir un debate probatorio, en
torno a un asunto que, como ya se vio, fue objeto de estudio ante la instancia judicial
respectiva, la cual tuvo a su cargo valorar los alegatos de hecho y de derecho que
las partes sometieron a su consideración, sin que ahora quepa prolongar el debate
sobre los mismos, pues la acción de tutela es mecanismo principal, no
complementario al del medio de control ordinario, y no tiene por fin revisar las bases
del debate judicial para definir, como instancia final, las razones de derecho objeto
de la controversia.

8
Cita original: “Art. 167.- Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (...)”.
8

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

25.- De esta manera, la acción que se propone pretende prolongar un debate ya
definido por el juez de instancia, sin que lo que se alega ante el juez constitucional
revele la presencia de un real defecto, pues más allá de su simple enunciado, lo que
muestra es la discrepancia de criterios de quien no resultó favorecido con la decisión
del juez natural.

26.- Del contenido de la decisión sometida a examen, se observa que, en virtud del
principio de la libre apreciación de la prueba que rige en materia procesal, el juez de
lo contencioso administrativo valoró en forma debida el acervo probatorio obrante
en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. Incluso fueron objeto de
estudio los contratos de prestación de servicios suscritos por la demandante; otra
cosa es que los mismos no otorgaran la suficiente certeza al juzgador para
demostrar el vínculo laboral reclamado.

27.- Así las cosas, se advierte que ante la falta de elementos materiales probatorios
que demostraran que las labores desempeñadas por la actora como Auxiliar de
Enfermería eran ejercidas de forma subordinada, no resultaba procedente acceder
a las pretensiones de la demanda, pues la accionante no cumplió con la carga de
probar sus afirmaciones, tal como lo expuso la autoridad accionada.

28.- Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que en
los procesos contenciosos, “el juez no puede adoptar decisiones que no estén
fundadas en las pruebas debidamente allegadas al proceso, ni le corresponde
descargar a las partes de sus deberes probatorios, puesto que se incurriría en
una violación flagrante de los artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil,
así como también se estarían vulnerando los derechos fundamentales al debido
proceso y a la defensa del interviniente que resulte afectado”.9 (se resalta)

29.- Así pues, contrario a lo expuesto por la accionante, la exigencia de carácter
probatorio objeto de reproche, no obedece a un capricho o arbitrariedad, por el
contrario, tiene como fundamento el marco jurisprudencial sentado por esta
Corporación, según el cual le corresponde a la parte demandante demostrar los
elementos de la relación laboral. Carga que, de ninguna manera, puede ser
trasladada al juzgador, pues, como se vio, la actividad probatoria recae en cabeza
de aquel que pretenda probar la existencia de un vínculo laboral.

30.- Visto lo anterior, las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión
adoptada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
corresponden, en realidad, a una mera discrepancia valorativa sobre el resultado

9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, exp. 05001-23-26-000-1994-02376-01. CP. Enrique Gil
Botero.
9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04050-01
Demandante: Andrea Johanna Caballero Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

desfavorable del proceso que no es susceptible de admitirse como una causal de
procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas y
razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso
de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía
e independencia.

31.- Así las cosas, la acción de tutela objeto de estudio no acredita el cumplimiento
del requisito general de relevancia constitucional, máxime, si se tiene en cuenta que
su objeto es reabrir un debate tramitado y concluido, lo que desnaturaliza su finalidad
como mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales.

32.- Finalmente, a efectos de definir la decisión a adoptar, la Sala recuerda que la
jurisprudencia constitucional, ha distinguido entre la improcedencia de la acción de
tutela y la denegación del amparo. La primera “supone la ausencia de los requisitos
procesales indispensables para que se constituya regularmente la relación procesal
o proceso y el juez pueda tomar una decisión de fondo sobre el asunto sometido a
su consideración”10. Por su parte, negar el amparo implica que el juez realiza un
análisis de fondo11, que sólo es posible cuando la acción es procedente.

33.- Las causales de procedencia e improcedencia de la acción de tutela se
contemplan de forma general en los artículos 5 y 6 del Decreto 2591 de 1991, y en
asuntos puntuales como el de la tutela contra providencia judicial, estas causales de
procedencia han sido definidas por la jurisprudencia. En el caso que nos ocupa, se
advierte la ausencia de uno de estos requisitos: la relevancia constitucional. En ese
escenario nos encontramos ante un caso de improcedencia, en el cual no es posible
entrar a estudiar el fondo del asunto. Considerando que el juez de primera instancia
sí realizó ese estudio de fondo y negó el amparo, corresponde a esta Sala revocar
dicha decisión.

34.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- F A L L A

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 1 de septiembre de 2022, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR improcedente el
amparo constitucional solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.

10 Corte Constitucional, Sentencia T-883 de 2008.
11
Ibidem.
10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-04050-01
Demandante: Andrea Johanna Caballero Rincón
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

12 VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

11

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