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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04051-01

Fecha
13 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04051-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 20 de octubre de 2022 proferida por la Sección Cuarta de esta corporación, que declaró improcedente la presente solicitud de tutela. En su lugar: SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por la señora Beatriz Elena Almanza Banda en contra del Tribunal Administrativo de Córdoba, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04051-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

13 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04051-01
Accionante: BEATRIZ ELENA ALMANZA BANDA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / nulidad y
restablecimiento del derecho / contrato realidad /
defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento de
precedente jurisprudencial

Acción de tutela - sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación formulada por la accionante contra la
sentencia del 20 de octubre de 2022 por medio de la cual la Sección
Cuarta de esta corporación declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia.

I. ANTECEDENTES

La señora Beatriz Elena Almanza Banda, actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de
Córdoba, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, a la dignidad humana, al trabajo y a la vida

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04051 01
Accionante: Beatriz Elena Almanza Banda

en conexidad con el derecho a la seguridad social, con fundamento en
los siguientes:

1. HECHOS

1.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, la señora Beatriz Elena Almanza Banda demandó la
nulidad parcial del acto administrativo contenido en el Oficio del 22 de
mayo de 2014, suscrito por el gerente de la E.S.E. CAMU de Moñitos –
Córdoba, mediante el cual negó la existencia de una relación laboral,
así como el pago de las prestaciones sociales causadas desde el 2 de
mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2013.

1.2. Proceso que por reparto correspondió al Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, dependencia
judicial que, a través de la sentencia del 29 de julio de 2019, negó las
súplicas de la demanda, al considerar que no se demostraron los
elementos constitutivos del vínculo laboral, particularmente el de
subordinación y dependencia.

1.3. Inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación el cual
fue resuelto desfavorablemente por el Tribunal Administrativo de
Córdoba por medio de la providencia del 25 de marzo del 2022, en la
que confirmó la decisión de primera instancia.

1.4. La accionante considera que el material probatorio permitía
inferir la relación laboral subyacente; máxime cuando hubo
desconocimiento del precedente jurisprudencial contenido en las
«sentencias de la Corte Constitucional C-154 de 199 y C- 171 de 2012
y sentencias del Consejo de Estado, fallo de 23 de junio de 2005

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Accionante: Beatriz Elena Almanza Banda

expediente N° 0245 por el Dr. Jesús María Lemos Bustamante y
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Segunda Subsección “A” C. P., Luis Rafael Vergara Quintero, veintiséis
(26) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Radicación N° 81001-23-33-
000-2013-00059-01 (3801-14) y Horizontal (Sentencias del Tribunal
Contencioso Administrativo de Córdoba Sala Segunda Sentencia Id
Documento: 1100103150002022040510000502500000001 7 del 31
mayo de 2018 y Sala Cuarta Sentencia 14 junio de 2018»

2. PRETENSIONES

La accionante solicitó:

«Que se revoque o deje sin efecto la providencia de fecha 25 de marzo hogaño y
se profiera la que en derecho corresponda.»

3. INFORMES

Mediante auto del 1.º de agosto de 2022 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Córdoba como accionado y a la E.S.E CAMU de Moñitos y al Juzgado
Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería como
terceros interesados en las resultas del proceso.

3.1. El Tribunal Administrativo de Córdoba, por conducto de la
magistrada titular del despacho, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela, al considerar que lo que pretende la parte accionante
con el mecanismo constitucional es abrir una tercera instancia, al no
encontrarse de acuerdo con la decisión impartida el 25 de marzo de
2022.

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Por otra parte, informó que no resultaba factible aplicar el precedente
jurisprudencial citado por la actora en la demanda de tutela, toda vez
que se trataba de asuntos disímiles al que se discutió en aquella
oportunidad.

Bajo ese contexto, no era posible presumir la existencia de una relación
laboral en todos los contratos de prestación de servicios, dado que, en
cada caso concreto se debía desvirtuar la formalidad en atención a un
análisis del acervo probatorio y de los supuestos de hecho los cuales
deber estar acreditados dentro del proceso.

3.2. La ESE Camu de Moñitos, Córdoba, a través de apoderado
judicial, manifestó que en el presente asunto no se cumple con el
requisito de inmediatez, toda vez que la acción de tutela se interpuso
una vez transcurrieron 4 meses desde la fecha en que se notificó de la
providencia objeto de censura.

De otro lado, discrepó del precedente jurisprudencial citado por la
demandante en la acción de tutela, porque no contempla la misma
situación fáctica y, en esa medida, no se podía predicar de que se
tratara del mismo asunto.

3.3. No se rindieron más informes.

4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sección Cuarta de esta corporación, mediante sentencia del 20 de
octubre de 2022 declaró improcedente la acción de tutela, porque no
cumple con el requisito de relevancia constitucional.

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Lo anterior, al considerar que en la solicitud de amparo, la parte
accionante insistió en aspectos que ya fueron expuestos al juez
ordinario, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, que luego fueron adecuados a la presunta configuración
de los defectos endilgados.

De modo que, en sentir del a quo, lo que pretendió la demandante al
interponer la acción de tutela era revivir la discusión jurídica que ya
fue estudiada y definida por su juez natural, de manera motivada y
razonable.

Así las cosas, concluyó que el hecho de que la parte accionante no
compartiera el análisis efectuado y el sentido de la decisión adoptada
por el juez de la causa se escapaba de la órbita de competencia del
juez constitucional, la cual estaba dada en clave de derechos
fundamentales y no para dirimir diferencias de juicio o de opinión, pues
en efecto la simple disparidad de criterio no constituía per se una
vulneración a los derechos fundamentales.

5. IMPUGNACIÓN

La parte accionante recurrió el fallo de primera instancia, al considerar
que no es cierto cuando el a quo aduce que pretende utilizar la acción
de tutela como una instancia adicional, en tanto en la decisión objeto
de censura se configuraron los defectos sustantivo, factico y
desconocimiento del precedente alegados en la demanda de tutela.

De otra parte, manifestó que dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho quedó demostrado que las actividades
desarrolladas por la actora en calidad de odontóloga se realizaron en

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atención al cumplimiento de un horario laboral asignado por la E.S.E.,
funciones que por su naturaleza eran propias del área de la salud y no
le permitían el goce de la autonomía, característica propria de dicha
modalidad de contratación.

En esa medida, insistió que hubo desconocimiento del precedente
jurisprudencial de esta corporación contenido en la sentencia del 21 de
abril de 2016 cuyo radicado corresponde al n.° 13001-23-31-000-
2012-00233-01 (2820-2014), dado que, en el asunto bajo estudio se
acreditaron los elementos constitutivos de la relación laboral.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:

• ¿Si la autoridad judicial accionad al proferir la decisión del 25 de
marzo de 2022, por medio de la cual confirmó la sentencia del
29 de julio de 2019 que negó las súplicas de la demanda
transgredió a la señora Beatriz Elena Almanza Banda sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la dignidad humana, al

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trabajo y a la vida en conexidad con el derecho a la seguridad
social al incurrir en los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento de precedente?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia; y, de encontrarla procedente, iii) el marco conceptual
del defecto fáctico; y iv) el caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio

1 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-

01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de
años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y
especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado
equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales
fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente

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únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución y (vi) desconocimiento del precedente.

2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos quebrantados se encuentran
plenamente individualizados.

2.1.2. Así mismo, se observa que las providencias objeto de tutela
carecen de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el
amparo constitucional.

2.1.3. Se advierte, igualmente, que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado
desde la fecha de notificación de la sentencia de segunda instancia (29
de marzo de 2022) hasta la radicación de la acción de tutela (26 de
julio de 2022).

2.1.4. Finalmente, y contrario a lo señalado por el juez constitucional
de primera instancia, la Sala considera que el asunto a resolver sí es
de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en
establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia
de los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento de precedente en

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que, presuntamente, incurrieron las autoridades judiciales
cuestionadas, por lo que, sobre ese aspecto, se revocará la sentencia
de primer grado, en tanto el presente asunto amerita un análisis de
fondo sobre la controversia.

2.2. Defecto fáctico

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
el particular la Corte Constitucional3 ha identificado dos dimensiones
en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa4, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva5, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la
intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el

3 Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010,

T-311 de 2009, entre otras.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido,
toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto
fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de
los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el
ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y
conjunto de los elementos probatorios»6.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

2.3. Del defecto sustantivo

De conformidad con la jurisprudencia constitucional7, el defecto
material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad
judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su
decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales8, es decir,
se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, “(i) una
norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma,(a) no es
pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como
consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido
declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se
aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las
sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o

6 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
7 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015, entre otras.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

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contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición”9.

En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando
en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente
y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican. En este
orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi) se funda en una
hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión del
análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el
juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una
manifiesta violación de la Constitución”10. Este defecto, se presenta
ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la
decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría
improcedente11.

2.4. Desconocimiento del precedente

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de
protección y trato por parte de las autoridades y específicamente la
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las

9 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
10 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
11 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

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autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad
jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales
de la misma forma12.

En ese sentido, el precedente judicial13 es la figura jurídica que sirve
como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en
el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias
jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la
aplicación del derecho14.

En ese orden, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye
un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido 15.
Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una
controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas
similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es
que contiene algunos puntos de Derecho que guían al juez para
resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un carácter
orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en cuenta por
el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar
las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia
e igualdad”16.

Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que

12 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-

808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
13 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que precedente

judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia
y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”.
14 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no

1, p. 249-266.
15 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación”17.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales18, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del que
se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone el
deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se protegen el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial19.

3. Caso concreto

En el presente asunto, la parte accionante cuestiona la sentencia del
25 de marzo de 2022 por medio de la cual el Tribunal Administrativo
de Córdoba confirmó la decisión del 29 de julio de 2019 proferida por
el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería
que negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad

17 Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
18 Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y que resultan

pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por una autoridad judicial de
la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de
2007.
19 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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y restablecimiento del derecho promovido por la señora Beatriz Elena
Almanza Banda, al no encontrar demostrado particularmente el
elemento de subordinación y dependencia de la relación laboral
subyacente.

Por su parte, la Sección Cuarta de esta corporación declaró
improcedente la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional, pues en su criterio, lo que pretendía la
demandante al interponer la demanda de tutela era revivir la discusión
jurídica que ya fue estudiada y definida por su juez natural, de manera
motivada y razonable.

En el escrito de impugnación, la demandante manifestó que no es
cierto cuando el a quo aduce que pretende utilizar la acción de tutela
como una instancia adicional y por ende, no se cumple con el requisito
de relevancia constitucional, en tanto, en la decisión objeto de censura
se configuraron los defectos alegados en el escrito de tutela, además
porque dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
se demostraron los elementos constitutivos del vínculo laboral.

Ahora bien, de las piezas procesales que reposan en el expediente, la
Sala observa que el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Montería en la sentencia del 29 de julio de 2019, consideró:

« (…)
3.2. Tesis que sostendrá el Despacho. El Despacho, acogiendo las interpretaciones del
Consejo de Estado en su Sentencia 00117 de 2018 Magistrado Ponente, Dr. Carmelo
Perdomo Cuéter, que señala como requisitos esenciales para demostrar la existencia de
una relación laboral, la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo, negará las
pretensiones de la demanda, en vista de que no se demostró la primacía de la realidad
sobre las formas.
(…)

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3.4. Lo que se encuentra probado en el expediente. Dentro del proceso de la referencia se
incorporaron como pruebas las documentales aportadas por las partes, entre las cuales se
destacan:

• Copia del Acto Administrativo Oficio de fecha 22 de mayo de 2014, que niega la
existencia de una relación laboral (fl.17-18).
• Copias los contratos de prestación de servicios suscritos entre la demandante y la
E.S.E. Camu de Moñitos. (fl.27-34).
• Copia en medio magnético de la Modificación Manual Especifico de la Planta de
Personal de servicios (fl. 106).
• Copia de la nómina de la planta de personal de la ESE Camu de Moñitos de los años
2012 y 2013 (fl. 132-133).

Orden No. Periodo Periodo Honorarios
de
ejecución
009-2013 A partir del 01 de febrero de 2013 5 meses $11 .000.000
hasta el 30 de junio de 2013
009-2013 A partir del 01 de julio de 2013 hasta 2 meses $4.400.000
(otro si) el 31 de agosto de 201 3
051-2013 A partir del 01 de septiembre de 2013 4 meses $8.800.000
hasta el 31 de diciembre de 2013

La demandante solicitó ante la entidad el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales laborales, a que desde su percepción tiene derecho, como quiera que trabajó de
manera continua, bajo subordinación del gerente, cumpliendo un horario laboral y
prestando el servicio personalmente, por lo cual surgió una relación laboral; petición
que fue negada por oficio de fecha 22 de mayo de 2014, argumentando que fueron
revisados los archivos y qué con base a lo reglamentado por la Ley, este tipo de
vinculaciones no representa ni constituye relación laboral alguna.

Ahora bien, según los documentos aportados al proceso, no hay prueba de que la señora
BEATRIZ ALMANZA BANDA, cumpliera un horario laboral, pues no se aportaron al
proceso cuadros de turnos de la entidad, donde pueda comprobarse tal afirmación pese
a que fueron solicitados por el Despacho, pues se alega por parte de la entidad que no
existen; así mismo no se comprobó que se mantuviera bajo una subordinación por
alguna persona que ejerciera las funciones de superior.

Respecto a la subordinación alegada por la demandante, es natural en este tipo de
contratos que se ejerza una supervisión, o se rinda un informe para constatar el
cumplimiento del objeto para el cual fue contratado.

Así las cosas, revisado el listado de la planta de personal de la ESE Camu de Moñitos,
no se encuentra relacionado el cargo de odontólogo, por lo que se concluye que no es
una actividad misional de la entidad, sino que fue creado dicho cargo como una
actividad de apoyo para el buen funcionamiento de la misma.

En esa misma arista, cabe señalar que no siempre que se contrate por órdenes de
prestación de servicios a un personal externo a la institución para realizar el tipo de
actividades y funciones que son del giro ordinario de la entidad, se está ocultando una

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relación laboral legal y reglamentaria, y menos debe presumirse una mala fe por parte
de la Institución, por cuanto la Ley y la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado, que
arriba se ha citado, los autoriza para hacerlo siempre y cuando el personal de la entidad
no puedan realizarlo directamente.

En conclusión, esta Judicatura no ve probados en el libelo, los tres elementos
fundamentales para poder afirmar que existe un contrato realidad, como los son, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral
a la que se debió someter al demandante, que el alto Tribunal de lo Contencioso
Administrativo señala como la más importante, por lo tanto y en consecuencia de eso,
se negaran las pretensiones de la demanda, en vista de que no se considera que la E.S.E.
Camu de Moñitos, ocultara una relación laboral bajo la modalidad de contratos de
prestación de servicio »

Contra la anterior decisión, la hoy accionante interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto desfavorablemente por el Tribunal
Administrativo de Córdoba en sentencia del 25 de marzo de 2022, bajo
las siguientes consideraciones:

«4.2. PROBLEMA JURÍDICO De acuerdo a lo contenido en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si se encuentran probados los elementos esenciales de
una relación laboral; y en el mismo sentido si la primera instancia realmente omitió la
valoración de las pruebas testimoniales decretadas para tal fin.

4.3. MARCO NORMATIVO APLICABLE
(…)
Disposiciones Jurisprudenciales: Lo son por parte de la honorable Corte Constitucional.
C-479 de 1992 sobre el deber de realizar un análisis de relaciones laborales, incluidas las
del estado bajo perspectivas ampliamente garantistas.

• C-023 de 1994 la cual plantea la necesidad de que el congreso de la república expida
una legislación para suplir los vacíos jurídicos que le demanda el artículo 53 de la
constitución en lo referido a un estatuto general del trabajo que por lo menos contemple
los principios básicos de la precitada norma constitucional.

• C-154 de 1997 que declaró exequible de manera condicionada el artículo 32 de la Ley
80 de 1993 en el entendido de que las expresiones acusadas son exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada.

• T-723 de 2016 relativa a la vulneración sistemática de la constitución por parte de las
malas prácticas adoptadas en la administración pública, por medio del uso indiscriminado
de los contratos de prestación de servicios.

Por parte de la Corte Suprema de Justicia, figura como jurisprudencia análoga y
complementaria la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral con radicado
SL981- 2019, del 20 de febrero de 2019 sobre la noción jurídica de la interrupción según
en cuanto figure como amplia, relevante o de gran envergadura.

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Por parte del Honorable Consejo de Estado como órgano de cierre de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, son fuente jurisprudencial aplicable al presente proceso las
siguientes sentencias:

• La proferida por medio de Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; el 18 de
noviembre de 2003 con radicado IJ-0039, del C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda sobre la
distinción entre la subordinación y la existencia de una relación de coordinación en la
ejecución del contrato para el cumplimiento de su objeto.

• La proferida por la Sección Tercera del 29 de agosto de 2007 con radicado
850012331000030901 por el C.P. Mauricio Fajardo Gómez en relación a la imposición
que recae sobre la toma de decisiones de contratación en obedecimiento a las reales
necesidades de la comunidad previa planeación y presupuestación por parte del estado
con la debida antelación cuya finalidad sea el cumplimiento de los cometidos estatales.

• La proferida por la Sección Tercera el 25 de febrero de 2009 dentro del expediente
16.130. sobre los términos estrictamente indispensables para la ejecución de los objetos
convenidos en las etapas precontractuales como elemento esencial del principio de
planeación conexo con el de legalidad por cuanto determina el negocio jurídico.

• La proferida por la Sección Tercera Subsección B del 28 de mayo de 2011 con
radicación 1999-00546-01(21489) por la C.P. Ruth Stella Correa Palacio sobre el
establecimiento de la conveniencia del objeto contractual como resultado de la aplicación
del principio de planeación cuya naturaleza asegura los proyectos por medio de los
estudios de orden técnico, financiero y jurídico que se requieran para determinar su
viabilidad.

• La proferida por la Sección Tercera, Subsección C del 13 de junio de 2013 con radicado
1998-00685-01 (26.637) por el C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa sobre la
importancia de la planeación y la consecuencia de omitir su realización cuya
consecuencia conlleva a la anulación de contratos considerados como ilícitos al no estar
sustentados en una debida planeación por parte de la administración.

• La proferida por la Sección Tercera, Subsección C con fecha del 2 de diciembre de 2013
y radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); por el C.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa sobre las características y modalidades del contrato estatal de
prestación de servicios; y otras precisiones relativas al término estrictamente
indispensable, por el cual se tiene que aquellos negocios jurídicos se celebran con sustento
en el objeto de la contratación y los recursos disponibles para estos, lo que permite
determinar el tiempo máximo de ejecución y por tanto se resume en que la vigencia de
los contratos está supeditada a una planeación que establezca los lapsos de tiempo
necesarios que motivan a la administración a recurrir al contrato de prestación de
servicios.

• La proferida por la Sección Segunda Subsección B del 13 mayo de 2015 con radicación
680012331000200900636-01 por la C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez sobre la justificación
en la adopción del término de treinta (30) días hábiles por parte del Consejo de Estado
como criterio para determinar la interrupción de contratos sucesivos que excedan de dicho
término; toda vez que ese lapso de tiempo ofrece mayores garantías a los reclamantes y
permite además determinar si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una
prórroga de otro anterior sin que ello imponga límites o impida a los juzgadores valorar
las características de cada caso en concreto, dado que en muchos casos en los que se ha

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encontrado que existe la relación laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se
presentan interrupciones, superiores, incluso, a un mes.

• La proferida por la Sección Segunda Subsección B del 1 de marzo de 2018 con radicado
2013-00117-01-(3730-2014) por el C.P. Carmelo Perdomo Cuéter sobre la prestación
personal del servicio por parte del contratista por gracia de las capacidades y
cualificaciones que originaron su elección y no la de otra persona.

• La pronunciada por la Sección Segunda, Subsección A del 24 de abril de 2019 con
radicado 08001-23-33-000-2013-00074-01-(2200-16) por el C.P. William Hernández
Gómez sobre la subordinación como elemento determinante para distinguir las relaciones
laborales.

• En últimas y con mayor relevancia para decidir de fondo la controversia de este proceso
figura la sentencia de unificación por importancia jurídica del 9 de septiembre de 2021,
proferida por la Sección Segunda del honorable Consejo de Estado dentro de la radicación
05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016) por medio de la cual se sentaron los
criterios a tener cuenta por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en
relación con el contrato estatal de prestación de servicios.

Elementos Esenciales de una Relación Laboral: La jurisprudencia del Consejo de Estado
en distintas providencias que resolvieron sobre la aplicación del principio de primacía de
la realidad sobre las formas ha indicado que existe relación laboral cuando se hallan
presentes, los tres elementos esenciales dispuestos a nivel legal en los artículos 23 y 24
del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales han sido tomados analógicamente como
referencia por el órgano de cierre a falta de un estatuto legal general en materia laboral
por parte del congreso de la república. Tales elementos son: I.) La prestación personal de
las actividades; II.) Un salario como retribución del servicio; y III.) La continua
subordinación o dependencia del trabajador respecto a un empleador, siendo este último
elemento el factor determinante para distinguir una relación laboral encubierta, en razón
de lo expuesto se define en qué consiste cada elemento. I.) La Prestación Personal del
servicio o de las actividades: Hace alusión a que como persona natural, el contratista debe
prestar las actividades contratadas de forma personal y directa, como se quiera que la
suscripción del contrato se realizó precisamente con aquel y no con otro, por motivo de
sus capacidades o cualificaciones profesionales para con el objeto contratado. II.) Un
salario como retribución del servicio: Referida a la remuneración fija y periódica como
contraprestación del trabajo realizado independientemente de donde provenga dicha
retribución, generalmente reciben el nombre de honorarios y su acreditación procede
mediante los recibos o comprobantes de pago que el contratista recibe por sus servicios.
III.) La continua subordinación o dependencia: Entendido como el elemento más
importante y distintivo de las relaciones laborales; pues es un elemento que no se
encuentra presente en las demás prestaciones de servicios, dado que su concepto
comprende la facultad de un empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de
órdenes, el obedecimiento de protocolos de organización y el sometimiento ante un poder
disciplinario, no obstante la subordinación es un concepto abstracto cuya manifestación
distinta para cada caso y que depende de la actividad realizada y del modo en que se
presten los servicios. Lo anterior previa distinción entre una relación de subordinación de
una de coordinación, la cual deberá diferenciarse de acuerdo a las necesidades del servicio
y las características propias de este a través de un análisis enfocado en la esfera del objeto
contractual y que a través del ejercicio de la sana crítica se aleje del ejercicio normal de
coordinación.
(…)»

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Ahora bien, en cuanto al caso concreto en la providencia objeto de
censura el tribunal dispuso:

«Habida cuenta de lo expuesto y con el propósito de resolver de fondo el problema
jurídico del asunto planteado, se procede a exponer y verificar el desarrollo de las
vinculaciones contractuales por prestación de servicios de la parte demandante en el
tiempo como Odontólogo(a) en la E.S.E CAMU de Moñitos, Córdoba. Para tal finalidad
se adjunta el siguiente cuadro:
(…)
El objeto de los contratos expuestos en la tabla fue: “En virtud del presente contrato el
contratista se obliga para con el contratante a prestar sus servicios profesionales como
odontólogo(a) de acuerdo a su capacidad técnica”. (Subrayado por fuera del texto
original).

De la información consignada en la tabla se extrae que la primera relación contractual
tuvo una duración de siete (7) meses, mientras que la segunda cuatro (4) meses; sin que
entre aquellas se haya presentado interrupción alguna.

Ahora bien, respecto de los elementos de la relación laboral; se encuentra probado en el
expediente que la parte demandante prestó sus servicios de manera personal de acuerdo a
lo consagrado en los contratos de prestación de servicios y las actas de terminación de los
contratos.

Que de acuerdo a los comprobantes de pago 8 aportados recibía una remuneración
periódica como contraprestación del servicio prestado.

Ahora bien, frente al elemento más importante y distintivo de una verdadera relación
laboral, inherente a la continuada subordinación por parte de la contratista hacia una
figura de autoridad superior, comúnmente identificada como empleador o jefe inmediato
que la obligue al cumplimiento de órdenes, debe la Sala precisar, conforme a lo expuesto
sobre este elemento en la jurisprudencia, los siguientes hallazgos, comprobaciones y
deficiencias en las principales pruebas obrantes en el proceso, es decir:

La prueba documental contenida en los contratos no ofrece indicios de una relación
subordinada; como quiera que no existe especificación alguna sobre las funciones y
aunque su objeto contempla el desempeño de una actividad propia del sector salud no por
ello su conocimiento deja de ser especializado y por ende necesario para el desarrollo de
una actividad en particular; por lo que este hallazgo quiebra en este análisis el ánimo o
vocación de permanencia en la contratación, agregando que por el contenido abstracto del
contrato en cuanto a las instrucciones para su ejecución, no se percibe ninguna afectación
a la autonomía o independencia de la demandante en calidad de contratista.

Ahora bien, de las obligaciones contractuales, la entidad suministra todos los elementos
para el desarrollo de las actividades, esto para que la contratista a su propia liberalidad
desarrolle sus actividades profesionales; inclusive es llamativa la asignación o suministro
de un personal auxiliar para que esta no se aparte del normal desarrollo de sus actividades
especializadas; aunque la entidad ejerce un mínimo control teniendo en cuenta aspectos
de calidad del servicio; esto no puede entenderse como subordinación sino como mera
colaboración o coordinación en la ejecución del objeto contractual.

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Ahora bien, en lo que respecta a la audiencia de pruebas celebrada en primera instancia,
considera la parte demandante en su apelación que son las pruebas testimoniales las
determinantes para probar el elemento de subordinación; sobre esto, estima la Sala que
los testigos fueron tachados de sospechosos por la parte demandada, no solo por haber
figurado como compañeros de la demandante sino por manifestar la existencia de pleitos
pendientes sobre los mismos hechos y derechos ante la jurisdicción; lo anterior de acuerdo
al art. 211 del Código General del Proceso, lo cual no lleva a prescindir de la prueba sino
a emplear mayor rigurosidad en la valoración respectiva. Sobre este aspecto el Consejo
de Estado en providencia de fecha diecisiete (17) de octubre de 2017 radicación número
20001–23–31- 000-2012-00218-01(2376-14), proceso en el cual se debatía la presunta
existencia de una relación laboral, expuso que este tipo de declaraciones no deben ser
desestimadas por esa sola condición. Empero, presentada la tacha el juez al valorar la
declaración deberá someterla a mayores niveles de rigurosidad que aquellas declaraciones
que están libres de sospecha. De igual forma, sobre las declaraciones tachadas de
sospechosas el Alto Tribunal ha manifestado que “el juez analizará el mismo con los
demás elementos probatorios arrimados al proceso y de esa manera confrontar la versión
rendida por los testigos con otras pruebas de orden documental que permitan generar
convicción de lo aseverado por los deponentes”.

De modo que la prueba testimonial, pese a ser sospechosa por tener interés en el resultado
del proceso, por tener demandas frente al ente territorial demandado por los mismos
hechos al que hoy se debate, serán analizadas con un mayor nivel de rigurosidad y
exigencia, contrastándola y valorándola de forma integral con los demás medios
probatorios obrantes en el expediente:

• Testimonio de Diana de Jesús Hernández Martínez: llevado a cabo en el primer intento
de la audiencia de pruebas11 (suspendida por ausencia de testigos) esta persona rindió
testimonio frente a los hechos; adujo que prestó sus servicios a la entidad y que fue
compañera de trabajo de la accionante, precisando las veces que se refirió a la aquí
demandante debe el despacho dejar constancia de la siguiente observación: afirma que la
aquí demandante se desempeñaba como auxiliar de enfermería en el área de PyP lo cual
no concuerda con las pruebas documentales (Contratos); no menciona ninguna otra
especificación clara y precisa al respecto.

• Testimonio de Pabla Meléndez Orozco: llevado a cabo en el segundo intento de la
audiencia de pruebas12 (continuación) esta persona rindió testimonio frente a los hechos;
adujo que prestó sus servicios a la entidad y que fue compañera de trabajo de la
accionante, precisando las veces que se refirió a la aquí demandante debe el despacho
dejar constancia de la siguiente observación: aunque acierta sobre el rol desempeñado por
la demandante, manifestó haber tenido posesión y acceso sobre los contratos, por lo tanto
su declaración no se resulta convincente.

• Testimonio de Marisol Mórelo Quintana: esta persona rindió testimonio frente a los
hechos; adujo que prestó sus servicios a la entidad y que fue compañera de trabajo de la
accionante, precisando las veces que se refirió a la aquí demandante debe el despacho
dejar constancia de las siguientes observaciones: La declarante responde con acierto sobre
el desempeño de la demandante como odontóloga, manifiesta que su área de labor
quedaba cerca al área de donde la demandante realizaba sus actividades pero que
solamente se veían al entrar o al salir. No se evidencian precisiones contundentes, claras
y precisas sobre personas que ejercieran como autoridad superior o como jefes inmediatos
en relación a la demandante o como prestaba está el servicio.

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A modo de conclusión las pruebas testimoniales carecen de capacidad demostrativa al no
gozar de coherencia y congruencia; pues poco se dice lo que se pretende probar para esta
demandante; los testigos que apenas hicieron ligeras precisiones difieren y una de ellas
carece de credibilidad por previo acceso a las respuestas producto de haber poseído y
accedido a los contratos; motivo por el cual estas declaraciones no gozan de claridad y
precisión.

Ahora, respecto del alegado cumplimiento de horario por parte de la actora, los testigos
no son claros ni aportan suficientes elementos para dar por sentado esta situación, y aún,
en gracia de discusión, se hubiera acreditado tal elemento, el Consejo de Estado ha
señalado que la exigencia por parte de la entidad contratante que el servicio se preste en
determinados horarios no conlleva por ese solo hecho a la existencia de una relación
laboral. Al respecto, en sentencia del catorce (14) de abril de 2016, con número de
radicación 08001-23-31-000- 2011-00668-01(1292-14) y ponencia del consejero Gabriel
Valbuena Hernández, se dijo: (…)

Igual pronunciamiento debe realizarse sobre los informes de trabajo que alega la actora
debía realizar, pues esta Sala considera que dentro de la actividad contractual el
contratista tiene la obligación de informar a la entidad contratante el avance y ejecución
de las actividades objeto del contrato, requisito este necesario para acreditar el
cumplimiento del mismo; por lo que en modo alguno debe considerarse que presentar
informes de ejecución sea un elemento de subordinación. Sobre el tema, la Sección
Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado en providencia del dieciocho (18) de
mayo del año 2017 expedida dentro del radicado número 66001-23-33-000-2013-00408-
01(0090-15) y ponencia de la Magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, (…)

Ahora bien, a modo de reforzar la argumentación previa, la Sala reafirma su tesis tomando
como base la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
Subsección A; C.P: Gabriel Valbuena Hernández, del diecinueve (19) de abril de dos mil
dieciocho (2018) con Radicación: 13001-23-31-000-2010-00720-01(2292-15); en la cual
precisamente se resuelve una controversia de similar naturaleza jurídica, calidades y
condiciones de las partes; de la citada providencia se extraen de forma precisa las
siguientes conclusiones:

i). En cuanto a los elementos probatorios que obran en el plenario; y como se ha expuesto,
se reitera que no fue desvirtuada la naturaleza del contrato de prestación de servicios,
pues de los elementos de prueba obrantes en el plenario no se desprende una demostración
o prueba de que se configuren los tres elementos esenciales. Lo anterior toda vez que la
parte demandante no acreditó de forma clara, precisa e incontrovertible; y sin que quede
duda, que la relación jurídica fue subordinada mas no coordinada y que además fue
desempeñada en las mismas condiciones que cualquier otro servidor público, por lo que
conforme a la evidenciado y a lo dictado por la jurisprudencia, queda más que claro que
la decisión a tomar depende exclusivamente de la actividad probatoria realizada por la
parte demandante, dirigida a desvirtuar la naturaleza del contrato de prestación de
servicios, aspecto que como se ha mencionado antes, carece de suficiencia, de argumentos
convincentes y fuerza demostrativa en lo relacionado a evidenciar que la relación
contractual fue realmente una relación laboral simulada.

ii). Al enfocarnos precisamente en la ejecución de la relación contractual y como
complemento de lo expuesto, debe la sala explicar que la contratación por prestación de
servicios regulada en la ley 80 de 1993 contempla una presunción «Iuris Tantum» que
permite establecer que en ningún caso estos contratos generan relación laboral ni

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reconocimiento de prestaciones sociales; dicha presunción acepta prueba en contrario y
como antes se explicó corresponde a la parte demandante el deber de probar o demostrar
que se acreditaron los presupuestos necesarios para declarar la existencia de una
verdadera relación laboral, lo cual efectivamente no se hizo; lo anterior resulta de suma
importancia como se quiera que al Juez administrativo no le está permitido hacer cálculos
o suposiciones para determinar las verdaderas condiciones en que se cumplieron las
funciones asignadas al contratista; pues son los elementos probatorios, procurados por la
parte demandante, sea que fueren aportados o practicados y con argumentos claros,
precisos e irrefutables en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar; los que en
últimas deben ofrecer al juzgador la posibilidad de fabricar los argumentos libres de duda
en la tesis a favor de sus pretensiones debidamente acreditadas.

iii). En cuanto al contrato como prueba documental; se tiene que en observancia a su
objeto, nada se especifica en cuanto a funciones como antes se advirtió, resulta de gran
interés resaltar que la profesión de odontología lleva a cabo actividades liberales, por lo
que valga la redundancia, esta profesión se enmarca entre aquellas de carácter liberal.
Concuerda con lo anterior, que de la prueba documental (Contratos) se desprende un
amplio margen de discrecionalidad que impide inferir un posible sometimiento o
violación en la autonomía del contratista desde el punto de vista técnico o científico que
se ejerce en la liberalidad de su profesión, lo cual sumado a unos testimonios contundentes
hubiese podido acreditar lo pretendido pero que en efecto no figura y no se hizo, en
ninguna de las dos pruebas señaladas. De lo anterior se tiene por entendido que por
ausencia probatoria a la contratista no se le exigió algo distinto al cumplimiento de los
términos del contrato, el cual claramente expuso que la entidad necesitaba para su
ejecución del conocimiento especializado de aquella profesión.

Por lo ya decantado, no se puede reconocer el derecho reclamado en frente a la gran
cantidad de dudas presentes; que no permiten a los juzgadores de primera y segunda
instancia generar un convencimiento fundado sobre los derechos reclamados, pues para
este caso particular, en la carga de la prueba «Onus Probandi Incumbit Actori» prima el
principio universal de que quien afirma algo debe demostrarlo; razón por la cual
procederá la Sala a confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda.

De lo anterior se colige que el Tribunal Administrativo de Córdoba, para
confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado
Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería por medio
de la cual negó las súplicas de la demanda, sustentó la decisión en un
análisis normativo y probatorio integral, en consonancia con las pautas
jurisprudenciales que, en desarrollo de estas ha fijado tanto el Consejo
de Estado, como la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia,

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precedente que le permitió concluir, que dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho no se demostraron los tres elementos
constitutivos de una relación laboral, particularmente el de
subordinación y dependencia, el cual resulta determinante para
declarar el vínculo.

En esa medida, tal como se indica en la sentencia recurrida no era
factible suponer en este caso el elemento de subordinación y
dependencia, sino que correspondía a la parte demandante desvirtuar
con material probatorio los contratos de prestación de servicios, pues
en efecto, era quien tenía la carga de la prueba.

Por lo anterior, es claro para esta Sala que en la sentencia objeto de
censura no se incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y
desconocimiento de precedente, toda vez que el Tribunal realizó un
análisis íntegro del material probatorio aportado al proceso a la luz de
las reglas de la sana crítica y la providencia cuestionada contiene una
carga argumentativa suficientemente sustentada en la aplicación de las
normas vigentes, lo que descarta una actuar arbitrario por parte de la
autoridad demandada.

Se insiste, entonces, en que las conclusiones a las que arribaron los
jueces naturales de la causa, al margen de haber resultado
desfavorables a los intereses de la demandante, no pueden ser
calificadas como constitutivas de un error fáctico, pues dicha decisión
se produjo en ejercicio de la autonomía del juez, quien, al valorar las
pruebas testimoniales, está en mejores condiciones que cualquier otro
administrador de justicia para evaluarlas críticamente, en tanto la
inmediación de la prueba le dota de elementos adicionales que resultan
ser determinantes al momento de su valoración.

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04051 01
Accionante: Beatriz Elena Almanza Banda

Al respecto, la Corte Constitucional ha recordado que la autonomía con
que cuenta el juez para valorar la prueba dentro de cierto grado de
discrecionalidad, cuando sus conclusiones están fundadas en una
crítica objetiva fundada en la lógica y en los principios de racionalidad
jurídica que deben guiar los pronunciamientos de la justicia, descarta
la posibilidad de calificar su decisión como violatoria de derechos
fundamentales o constitutiva de “vía de hecho”, puesto que se trata,
simplemente, de la actividad ejercida de manera razonable al amparo
de los principios constitucionales de autonomía e independencia
judicial20.

De esta manera, lo que se observa es la divergencia de criterios frente
al análisis que se realizó en la decisión objeto de censura, hecho que
no puede ser calificado como violatorio de los derechos fundamentales,
en respeto de los principios de autonomía e independencia judicial.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela, para, en su lugar, negar
el amparo constitucional reclamado por la parte accionante, al no
configurarse ninguna vulneración ius fundamental.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

20
Sentencia T-106 de 2000.

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04051 01
Accionante: Beatriz Elena Almanza Banda

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 20 de octubre de 2022
proferida por la Sección Cuarta de esta corporación, que
declaró improcedente la presente solicitud de tutela. En
su lugar:

SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por la señora
Beatriz Elena Almanza Banda en contra del Tribunal
Administrativo de Córdoba, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

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