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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04076-00

Fecha
8 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04076-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela frente al defecto fáctico sustentado en la falta de apreciación respecto de la presunta impericia del abogado de oficio por no interponer los recursos contra la decisión de imponer una medida preventiva de privación de la libertad al actor, por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad. TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la acción de tutela formulada por los señores Luis Horacio Guisao, Lina Javeidi Guisao Álvarez, Leidy Melissa Guisao Gómez, Elva Luz Álvarez y Camilo Andrés Guisao Álvarez, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta. 28 Audiencia de preclusión, verificable en 2 horas y minuto 4’:07’’. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Luis Horacio Guisao y otros Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta Radicación: 11001-03-15-000-2022-04076-00 CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. QUINTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04076-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

8 de septiembre de 2022

Demandantes: Luis Horacio Guisao y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Quinta Mixta
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04076-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04076-00
Demandantes: LUIS HORACIO GUISAO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUÍA – SALA QUINTA
MIXTA

TEMA: Tutela contra providencia judicial – privación injusta de la libertad –
defectos por desconocimiento del precedente, fáctico y orgánico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por los señores Luis Horacio
Guisao, Lina Javeidi Guisao Álvarez, Leidy Melissa Guisao Gómez, Elva Luz Álvarez y
Camilo Andrés Guisao Álvarez, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Quinta Mixta, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Mediante mensaje recibido el 26 de julio de 2022 en el correo electrónico de la Secretaría
General del Consejo de Estado, los actores presentaron solicitud de amparo con el fin de
que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, vida, integridad personal y reparación integral.

Las referidas garantías constitucionales las consideraron vulneradas con ocasión de la
providencia de 28 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
– Sala Quinta Mixta, a través de la cual se revocó la sentencia emitida por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Medellín el 15 de septiembre de 2017,
donde se había accedido parcialmente a las pretensiones dentro del medio de control de
reparación directa con radicado 05001-33-33-005-2014-00563-00/01.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: Luis Horacio Guisao y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Quinta Mixta
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04076-00

1.2. Pretensiones

La parte accionante presentó las siguientes:

“9.1. Se amparen los derechos fundamentales en favor de los accionantes al debido
proceso legal, acceso a la justicia, reparación integral, vida en sus vertientes de
proyecto de vida y vida digna, integridad personal, contenidos en la Carta Política y
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

9.2. Que en consecuencia se revoque la sentencia de Sentencia de Segunda
Instancia SSO – 015 DE 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia
el día 28 de enero del 2022, y notificada mediante correo electrónico del 2 de febrero
2022. Ordenándose así, que: i) Se confirme la Sentencia 15 de septiembre de 2017
emitida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Medellín, donde se
declaró responsable a la Nación - Rama Judicial (Consejo Superior de la Judicatura)
y Fiscalía General de la Nación, por los daños causados a los accionantes como
consecuencia de la privación injusta de la libertad de Luis Horacio Guisao” (Sic a
toda la cita).

1.3. Hechos

De lo informado por la parte actora y lo aportado con su escrito inicial, se resalta lo
siguiente:

1. El 17 de abril de 2012, en el Cerro de Pan de Azúcar, del Barrio Caicedo en el Distrito
Especial de Medellín un grupo de agricultores fue atacado con arma de fuego y fallecieron
los señores Jesús Gallego Henao, Oliverio Ruiz Arroyave, José de Jesús Giraldo Rendón
y lesionado Manuel Adán Arenas Ocampo.

2. En esa misma fecha, el señor Luis Horacio Guisao, quien se encontraba en la zona,
fue arrestado por la Policía Nacional pues, presuntamente, sus rasgos coincidían con los
del atacante, en consecuencia, le fue impuesta como medida preventiva la privación de
su libertad en establecimiento carcelario.

3. Posteriormente, el fiscal 127 Seccional de Medellín adscrito a la Unidad de Delitos
contra la Vida y la Integridad Personal, solicitó la preclusión de la acción penal, por cuanto
no encontró elementos materiales de prueba que le permitieran construir una teoría del
caso contra el señor Guisao y que, igualmente, se había identificado al verdadero autor
de la conducta punible.

4. El 10 de septiembre de 2012, el Juzgado Décimo Penal con Función de
Conocimiento del Distrito Judicial de Medellín, decretó la preclusión solicitada por el ente
fiscal, decisión que notificó y quedó ejecutoriada en esa fecha.

5. Por estos hechos, el actor presentó demanda, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, con el fin de ser indemnizado por los perjuicios causados en virtud de
la privación de su libertad.

2
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6. En sentencia de 15 de septiembre de 2017, el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín, accedió parcialmente a las pretensiones y declaró
administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación.

Para el efecto, manifestó que, con la decisión de solicitar la preclusión de la acción penal,
quedó acreditado que la administración no contaba con elementos probatorios
suficientes para vincular al señor Luis Horacio Guisao con los hechos materia de la
investigación.

7. Inconformes con lo resuelto, las entidades condenadas interpusieron recurso de
apelación el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, quien en fallo
de 28 de enero de 2022 revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones.

Para el ad quem las decisiones de las autoridades demandadas “se fundamentaron en una
serie de elementos de convicción que permitían inferir razonablemente que el señor Guisao
Álvarez había participado en el hecho delictivo investigado”, haciendo referencia a los
testimonios e informes aportados por la Policía Nacional y al hecho que su captura se
generó a causa de los señalamientos de los testigos que lo identificaron como uno de los
perpetradores del delito. Del mismo modo, resaltó que, contra la medida que ordenó la
privación preventiva de la libertad, el demandante no interpuso recurso alguno.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En su argumentación, la parte actora acusó que la providencia de 28 de enero de 2022
adolece de los siguientes defectos:

1.4.1. Violación directa de la Constitución: en el entendido que, con la decisión de privar
de la libertad al señor Luis Horacio Guisao, las autoridades judiciales cuestionadas
desconocieron el principio de presunción de inocencia, a su vez, estimaron que también
se menoscabó el derecho fundamental al debido proceso en tanto que no se valoró lo
acreditado en el juicio oral sino que, en su lugar, se realizó una apreciación fragmentada
de los elementos materiales probatorios.

Arguyeron que se contradijo el artículo 230 superior al asignarle la condición de fuente
de derecho a la sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018 1, providencia que, en
todo caso, perdió sus efectos en virtud del fallo de tutela de 15 de noviembre de 20192.

Aseguraron que, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Mixta, vulneró el principio
de la cosa juzgada, en tanto que resolvió sobre situaciones jurídicas ya decididas,
puntualmente, se refirió a que el Juzgado Décimo Penal con Funciones de Conocimiento

1
Radicado 66001-23-31-000-2010-00235- 01(46947)
2
Proceso: 11001-03-15-000-2019-00169-01
3
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del Circuito Judicial de Medellín ya había evidenciado que la medida cautelar de privación
de la libertad carecía de sustento. Sobre este punto señalaron adicionalmente que la
autoridad judicial accionada incurrió en una “violación al Juez Natural el hecho que un
Tribunal de Daños se atribuya arbitrariamente competencias de Jueces de Penales de
Conocimiento y Jueces de Control de Garantías la definición de situaciones de competencia
exclusiva de esta Jurisdicción” (Sic a toda la cita)

1.4.2. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente3: manifestó que esta
falencia puede presentarse también cuando se desconoce el precedente judicial sin un
mínimo de carga argumentativa, partiendo de esto, señaló que ante la pérdida de los
efectos de la sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018, la postura vigente es la
contenida en la sentencia de 17 de octubre de 2013, la cual estableció un régimen de
responsabilidad objetivo para estos casos, providencia que sustentó la condena en la
primera instancia del proceso contencioso.

Acto seguido, expresó que la aplicación del precedente de la SU-072 de 2018 no fue
integral ni racional, comoquiera que tan solo se limitó a afirmar que “la procedencia de una
detención intramural a que exista -“indicio razonable de participación”, sin que sea necesaria la
verificación de hechos”, lo cual no corresponde al criterio unificador de la mencionada
providencia, aunado a que tampoco se verificó la proporcionalidad, necesidad y
persecución de fines legítimos de la medida; frente a estos elementos, expresó que en la
sentencia no había una sola mención a ellos, sino que todo se limitó a expresar la
exigencia de “indicios razonables de participación”.

Concluyó el sustento de este cargo así: “Tuvo el Tribunal accionado dos sentencias
unificadoras en el orden interno para resolver el caso concreto, sin embargo, su fundamento
central se dio de una sentencia sin valor jurídico alguno, y respecto las verdaderamente vigente[s]
ambas daban lugar a la concesión de pretensiones, pero en realidad los argumentos de ninguna
de dichas providencias fueron interpretados íntegramente. Lo dicho sin perjuicio de olvidar que el
precedente convencional también arrojaba la protección de los derechos de los accionantes, pero
este ni si quiera se mencionó en lo extenso de la providencia tutelada.” (Sic a toda la cita)

Finalmente, acudió a postulados del derecho internacional, sistema interamericano, a fin
de resaltar los compromisos adquiridos por los Estados miembros en materia de
garantizar que las medidas de privación preventiva de la libertad, atiendan a los criterios
de a finalidad, idoneidad, la necesidad y proporcionalidad de la medida 4.

1.4.3. Defecto sustantivo por interpretación normativa: para explicar este cargo dividió los
errores de interpretación normativa en tres bloques: (i) falta de una interpretación
sistémica; (ii) la interpretación no fue razonable y; (iii) la decisión estuvo sustentada de
forma defectuosa por omitir principios rectores de la detención preventiva.

3
Conforme fue denominado en el escrito de tutela.
4
Para el efecto citó apartes de los casos Montesinos Mejía Vs. Ecuador y Jenkins Vs. Argentina,
conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
4
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Demandantes: Luis Horacio Guisao y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Quinta Mixta
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En todos los casos, no expresa cuál es la norma presuntamente mal interpretada y, en
su lugar, reitera los argumentos esgrimidos en el cargo anterior. Con todo, aseguró que
negar la reparación en un caso donde el mismo juez penal reconoció que la privación de
la libertad fue injustificada, es una medida regresiva y vulneradora del debido proceso y
la dignidad humana.

1.4.4. Defecto fáctico: Luego de presentar las generalidades de este defecto, señalaron
que el tribunal accionado omitió valorar los testimonios de quienes manifestaron no
conocer al señor Luis Horacio Guisao ni haberlo visto en el lugar de los hechos.

Adicionalmente, sostuvo que, si bien el entonces abogado del aquí accionante no
interpuso los recursos de ley contra la orden de privarlo de la libertad, no se tuvo en
cuenta que dicho profesional ejercía de oficio y lo que pretendió es que su defendido se
allanara a los cargos.

Extrañaron que para el tribunal existieran pruebas suficientes para decretar la medida, a
pesar de que el juez penal de conocimiento consideró que esto no ocurría en este caso
y, adicionalmente, acusó a la autoridad judicial de desconocer el resultado de la prueba
de residuos de disparo, la cual fue negativa.

1.4.5. Defecto orgánico: el libelista reiteró que el Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Quinta Mixta, se arrogó la competencia de resolver sobre asuntos que ya habían
sido decididos en el proceso penal, verbigracia, el hecho que tanto la Fiscalía como el
Juzgado Décimo Penal con Funciones de Conocimiento del Circuito Judicial de Medellín
coincidieron en que contra el imputado no había material probatorio suficiente.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 29 de julio de 2022, el consejero ponente de esta decisión admitió la tutela
y ordenó notificar a los magistrados que conforman la Sala Quinta Mixta del Tribunal
Administrativo de Antioquia, como autoridad demandada en este trámite.

Adicionalmente, vinculó al Juzgado Quinto Administrativo de Medellín, autoridad que
conoció el proceso en primera instancia, a la Fiscalía General de la Nación y a la Nación
– Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, quienes conformaron la parte
demandada dentro del medio de control de reparación directa y, finalmente, al director
ejecutivo de Administración Judicial, en su calidad de representante de la Rama Judicial5.

Posteriormente, y en vista que con las intervenciones de las autoridades accionadas y
vinculadas no se allegó el expediente del proceso de reparación directa en cuestión, por
auto de 16 de agosto de 2022 se requirió al Juzgado Quinto Administrativo de Medellín y
a la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia para que aportaran el
plenario, lo cual fue atendido con memorial de 18 de agosto de 2022.

5
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 99 de la Ley 270 de 1996 y 159 de la Ley
1437 de 2011
5
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1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por correo
electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín

Esta autoridad compareció en un sucinto escrito donde expuso que:

“Estimo oportuno observar que este Despacho no incurrió en vulneración de ninguno de
los derechos fundamentales invocados por la parte actora, toda vez que se respetaron
los derechos procesales que le asisten, así como los términos y las oportunidades para
oponerse a las decisiones proferidas en cada una de las instancias, contando cada
decisión con la motivación jurídica y jurisprudencial correspondiente.

En forma adicional, no se evidencia vulneración de cualquier otro derecho fundamental
por parte de este Juzgado; resaltando que la misma se alega por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta Mixta, por lo que, comedidamente, solicito sea
desvinculado el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín del trámite
constitucional de la referencia.”

1.6.2. Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura

La entidad compareció a través de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín que, luego de citar las consideraciones consignadas en la sentencia
atacada, recordó que la sentencia SU-072 de 2018 estableció que no existe un régimen
específico de responsabilidad para resolver estos casos, sino que, corresponde al juez
evaluar cada situación y que, para el efecto, de escoger el régimen subjetivo, deberá
verificar la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento.

Por lo anterior, consideró que el Tribunal Administrativo de Antioquia no vulneró los
derechos fundamentales del actor, en tanto que actuó conforme lo ordena la
jurisprudencia de unificación vigente.

1.6.3. Fiscalía General de la Nación

Para esta entidad, la tutela no debe superar el estudio de procedibilidad en tanto que: (i)
no se explica por qué no se acudió al mecanismo idóneo a pesar de existir, aunque no
explico a qué medio se refiere; (ii) no se sustentaron las causales específicas de
procedibilidad y; (iii) lo pretendido es recuperar oportunidades procesales perdidas, una
vez más, aquí no señaló a cuáles hace referencia.

Al profundizar sobre el segundo punto, enfatizó en que la autoridad judicial realizó un
estudio del acervo probatorio y, a partir de allí, llegó a la conclusión que ahora se ataca,
sin que la parte actora acredite un defecto fáctico por dicha valoración.

6
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A su vez, al referirse al defecto sustantivo, luego de hacer una exposición sobre sus
generalidades, concluyó que en el presente caso no se estableció que la autoridad judicial
accionada haya realizado una interpretación irregular de la ley o la Constitución.

Finalmente, ahondó en consideraciones sobre el requisito de la subsidiariedad y refirió
que la Ley 1437 de 2011 contiene los mecanismos adecuados para oponerse a la
sentencia proferida en el proceso de reparación directa, pero, una vez más, no hizo
alusión a cuáles son aquellos medios que debió agotar el demandante.

1.6.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta a pesar de haber
sido notificado de la presente tutela, se abstuvo de comparecer en la oportunidad
otorgada6.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por los señores Luis Horacio Guisao, Lina Javeidi Guisao Álvarez, Leidy
Melissa Guisao Gómez, Elva Luz Álvarez y Camilo Andrés Guisao Álvarez, contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

En el informe rendido por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín se solicitó su desvinculación por no ser quien emitió la decisión que se acusa
de vulnerar los derechos fundamentales de los actores. Al respecto, esta petición será
negada en tanto que su comparecencia al proceso se realizó en calidad de tercero
interesado al ser uno de los despachos que conoció el medio de control de reparación
directa que suscitó la presente acción de tutela.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, vida, integridad personal y reparación integral de la parte
actora, con ocasión de la providencia de 28 de enero de 2022, mediante la cual se revocó
la decisión de primer grado y, en su lugar, se negaron las pretensiones de una demanda
de reparación directa por la presunta privación injusta de la libertad del señor Luis Horacio
Guisao.

6
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7
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Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva
(iii) generalidades de los defectos invocados y; (iv) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 7 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema8.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410, la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está revestido
de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción
de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga
argumentativa y probatoria, se advierte que los accionantes solicitan la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia, vida, integridad personal y reparación integral.

De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto se evidencia una tensión o contradicción
entre la decisión de absolver a la Nación por la presunta privación injusta de la libertad
del señor Luis Horacio Guisao y los defectos en que, según se afirma, incurrió la autoridad
judicial accionada al resolver su caso.

7 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA
• Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
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2.5.2. Se establece que la acción de tutela de la referencia no se dirige contra una
decisión de la misma naturaleza, dado que la sentencia que controvierte la parte actora
fue proferida dentro del proceso de reparación directa que se promovió en contra de la
Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial con radicado 05001-33-33-
005-2014-00563-00/01.

2.5.3. De igual manera, esta Sala de Decisión encuentra que en el presente asunto se
cumple el requisito de inmediatez pues la providencia atacada data del 28 de enero de
2022, por lo que al margen de la fecha de ejecutoria la acción de tutela se ejerció dentro
de los 6 meses siguientes, teniendo en cuenta que la solicitud de amparo se radicó el 26
de julio de 2022.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201411, en la que la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200512, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y reiteró que seis
(6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.5.4. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se tiene que
la parte accionante no cuenta con otro mecanismo distinto a la tutela para conjurar la
eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarle a sus derechos
fundamentales. Esto, toda vez que contra la providencia proferida por la Subsección “A”
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no procede ningún
recurso, y que los cargos alegados no se encuadran en las causales de procedencia de
los recursos extraordinarios de revisión, ni de unificación de jurisprudencia.

No obstante, entre los argumentos del defecto fáctico, se encuentra una manifestación
que no puede ser estudiada en esta acción constitucional, puntualmente, en lo referente
a que el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta, como uno de los
argumentos para sustentar su decisión, afirmó que contra el auto en que se impuso la
medida de aseguramiento no se interpuso recurso alguno, omitiendo que esto ocurrió por
cuanto la estrategia de litigio del defensor público que asesoró al actor era que aquel se
allanara a los cargos.

Al respecto, no se observa que aquella manifestación hubiera sido puesta de presente
en la demanda de reparación directa y, en consecuencia, no es posible abordarla en este

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es,
de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos.”
9
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escenario constitucional, en consecuencia, se declarará la improcedencia para resolver
el cargo de defecto fáctico frente a esta censura en tanto que no supera el requisito de la
subsidiariedad.

Por otra parte, en el escrito de tutela se alegó la configuración de un defecto orgánico por
la presunta falta de competencia del Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta
Mixta para resolver el caso de la reparación directa de la manera en que lo hizo.

Sobre el particular, se tiene que la falta de competencia es una de las causales por las
cuales es procedente interponer el recurso extraordinario de revisión13; no obstante, de
la argumentación esgrimida en la tutela no se advierte que se pretenda discutir la
competencia material o funcional del referido tribunal para resolver la demanda de
reparación directa, sino que sus censuras se dirigen a que, a juicio de los libelistas, la
autoridad accionada no se encontraba facultada para pronunciarse sobre los elementos
probatorios allegados al proceso penal, llegando a conclusiones presuntamente distintas
a lo expresado por el juez de aquella jurisdicción.

En consecuencia, se entenderá superado este requisito, pues a pesar que se manifestó
una presunta falta de competencia, lo cierto es que lo pretendido es someter a estudio si
con lo decidido por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta, la
autoridad judicial estaba contradiciendo al juez penal o no, por lo que, de fondo, el
argumento no se enmarca en lo que se estudia en el recurso extraordinario de revisión
frente a la falta de competencia sino a la valoraciones probatorias realizada en el proceso
de reparación directa.

Finalmente, tampoco se considera que el cargo se ajuste a la causal 9 del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, esto es “ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa
juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.”, en tanto que la decisión de
la autoridad aquí accionada fue proferida en un proceso contencioso administrativo, por
lo que no puede hablarse de cosa juzgada por lo decidido en el proceso penal, se
destaca, se trata del estudio de dos juicios de responsabilidad diferentes.

2.6. Generalidades de los defectos invocados

Aunque en el escrito inicial se enlistaron los defectos por violación directa de la
constitución, sustantivo, fáctico y orgánico, la Sala advierte que los argumentos en el
escrito de tutela son reiterativos y puntualmente se centran en: (i) la errónea
interpretación probatoria para resolver sobre la razonabilidad y necesidad de la medida
de privación preventiva de la libertad; (ii) la presunta aplicación indebida de las sentencias
de unificación de 15 de agosto de 2018 proferida por esta Corporación y 072 de 2018 de
la Corte Constitucional14 y; (iii) la falta de competencia de la autoridad judicial accionada

13
De conformidad con el numeral 5ª del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, en el entendido que la falta
de competencia es una de las causales de nulidad contenidas en el artículo 133 del Código General del
Proceso.
14
Nótese que aquí se encuentran contenidos los postulados del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos que, según el actor, fueron desconocidos, pues la Corte Constitucional acudió a ellos, entre otras
10
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para concluir que la imposición de aquella figura se encontraba probada cuándo ya en el
proceso penal se había evidenciado lo contrario.

En ese orden de ideas, las censuras de la parte actora se sintetizan en los defectos
fáctico, de desconocimiento del precedente y orgánico, los cuales atienden a las
siguientes generalidades.

2.6.1. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201515 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia del defecto fáctico
en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión así:

i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los
hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del
debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características

Omisión de Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
decreto y alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante
práctica de para resolver el problema jurídico sometido a consideración,
pruebas y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez
indispensables ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos
para fallar el de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
asunto importante considerar que no toda negativa a un decreto de
pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto,
ya que este procederá cuando se rechace el decreto y
práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no
cumpla con los parámetros arriba señalados.

De esta manera, se requiere que:

a) Que la parte identifique el elemento probatorio que
solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad
legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.

consideraciones, para llegar construir su unificación jurisprudencial, puntualmente se refirió a los casos
Yarce y otras vs Colombia y Pollo Rivera vs Perú.
15 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez,

Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
11
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Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción
en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los
Desconocimiento hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en
del acervo cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere
probatorio que de forma específica, se concrete en el escrito de
determinante amparo, cuáles pruebas, aportadas oportuna y legalmente,
para identificar la fueron desconocidas por el juez.
veracidad de los
hechos alegados Así las cosas, se configura siempre:
por las partes
a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados
por el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para
la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
peso otorgado a la prueba se entiende alterado.

Valoración Requiere entonces que:
irracional o
arbitraria de las a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas
pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
aportadas b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, de ninguna manera puede
ser razón para ordenar el amparo constitucional por
este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una
sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide
Dictar sentencia el asunto con base en pruebas que no observaron los
con fundamento requisitos legales para su producción o introducción al
en pruebas proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se
obtenidas con equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en
violación del cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
debido proceso planteado, al ser esta una prueba que desconoce el debido
proceso de las partes.

Para su configuración corresponde:

12
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a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron
el sustento de la decisión.

Como se observa de los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su
escrito el cargo que plantea para demostrar no solo la configuración del defecto, sino
también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la
prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia
judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son
la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad jurídica, la buena fe y los
derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que
los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal manera que
no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir,
pues es desacertado.

2.6.2. Frente al desconocimiento del precedente, esta Sección precisa que el
precedente es aquella regla creada por una Alta Corte como órgano de cierre en
determinada materia para solucionar un conflicto jurídico en particular, sin que sea
necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente las
sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte
Constitucional, como por el Consejo de Estado.

Sin embargo, resulta necesario advertir que «…debe aceptarse que no todas las decisiones
judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues son el resultado de
la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad creadora del
juez.»”16.

2.6.3. Una de las circunstancias que la Corte Constitucional ha considerado como
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias, es la
configuración del defecto orgánico que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia censurada carece, absolutamente, de competencia para ello17.

Sobre la configuración del referido defecto y su estrecha relación con el debido proceso,
resulta pertinente traer a colación lo señalado en la sentencia T-308 de 2014 por la Corte

16 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-

03-15-000-2013-02690-01.
17
Corte Constitucional, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Constitucional18, providencia en la que afirma que, en reiterada jurisprudencia de dicha
Corporación19 se ha descrito el defecto en mención como aquel en el que se incurre
cuando la autoridad que profiere la providencia objeto de tutela no era la competente para
conocer el asunto.

Así mismo, en la sentencia T-446 de 200720 del Tribunal Constitucional, se señaló que:
“Este criterio de procedibilidad se configura cuando la autoridad que dictó la providencia carecía,
en forma absoluta, de competencia para conocer de un asunto. Así entonces, es necesario
precisar que cuando los jueces desconocen su competencia o asumen una que no les
corresponde, sus decisiones son susceptibles de ser excepcionalmente atacadas en sede de
tutela, pues no constituyen más que una violación al debido proceso”.

Igualmente, estableció la Corte Constitucional en sentencia T-929 de 200821 que, la
configuración del defecto orgánico tiene lugar cuando se comprueba la incompetencia del
funcionario judicial que profirió la providencia censurada, afectando de esta forma el
derecho al debido proceso, ya que el grado de jurisdicción correspondiente a un juez
tiene como fin delimitar el campo de su autoridad para hacer efectivo el principio de
seguridad jurídica que “representa un límite para la autoridad pública que administra justicia,
en la medida en que las atribuciones que le son conferidas sólo las podrá ejercer en los términos
que la Constitución y la ley establecen”.

Por último, el Tribunal Constitucional señaló en la sentencia T-757 de 200922 que el
operador judicial incurre en este defecto y vulnera el derecho al debido proceso, cuando
desborda su competencia funcional y temporal, la cual está determinada constitucional y
legalmente.

2.7. Caso concreto

En el presente asunto, se tiene que el señor Luis Horacio Guisao fue capturado por la
Policía Nacional el 17 de abril de 2012, por cuanto, previamente, un grupo de agricultores
había sido objeto de un ataque con arma de fuego y, de acuerdo con lo manifestado por
los ciudadanos consultados por los agentes de la Fuerza Pública, el accionante cumplía
con las características de los perpetradores.

Por estos hechos, le fue impuesta al señor Guisao la privación preventiva de su libertad;
no obstante, dentro del proceso penal el juzgado que tuvo a su cargo el conocimiento de
la causa resolvió favorablemente la solicitud de preclusión de la acción elevada por la
Fiscalía General de la Nación, en tanto que en ese punto no se evidenciaban pruebas

18
Corte Constitucional, Sentencia T-038 del 28 de mayo de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
19
Sentencias T-162 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-1057 de 2002 M.P. Jaime Araújo Rentería, T-
359 de 2003 M.P. Jaime Araújo Rentería, T-1293 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-086 de
2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-009 de 2007 M.P Manuel José Cepeda Espinosa, T-446 de
2007, T-1150 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 de 2008 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-310 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-757 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
20
Corte Constitucional, Sentencia T-446 del 30 de mayo de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
21
Corte Constitucional, Sentencia T-929 del 19 de septiembre de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil
22
Sentencia T-757 del 27 de octubre de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
14
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suficientes para sustentar una teoría del caso en contra del imputado.

A través del medio de control de reparación directa, el actor intentó obtener un pago
indemnizatorio por la privación de su libertad, lo cual fue acogido en primera instancia
pero, al surtirse el trámite de apelación contra la sentencia inicial, el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta, consideró que no se acreditaba el daño
antijurídico y, en su lugar, negó lo pretendido.

Frente a esta última decisión, la parte actora considera que la autoridad judicial incurrió
en un defecto fáctico en tanto que valoró indebidamente dos elementos probatorios y
un hecho, puntualmente se refirió a (i) los testimonios de aquellas personas que no
reconocieron al señor Luis Horacio Guisao como uno de los perpetradores y; (ii) la prueba
de residuos de pólvora que arrojó resultado negativo. Igualmente, consideró
contradictorio que la autoridad de lo contencioso administrativo encontrara pruebas para
el decreto de la medida de aseguramiento cuando fue justamente esa falta de sustento
lo que condujo a que el proceso penal se precluyera.

Frente al primer punto, se observa que en la sentencia atacada se consideró:

“Entre esos elementos, se encontraban los informes y declaraciones presentadas por
los agentes de la Policía Nacional que estuvieron en el procedimiento y las
entrevistas e investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.

De otra parte, si bien es cierto que algunos testigos afirmaron no haberse
percatado de la presencia del señor Luis Horacio Guisao Álvarez, y
efectivamente no corresponde a una de las personas que profirieron los disparos
según Análisis e Identificación de Residuos de Disparo (folio.255), no desvirtúa el
hecho de haber sido reconocido por el servidor de la Policía, Giraldo Codena
como la persona que detuvo, siguiendo el pedido de testigos presenciales de
los homicidios, porque se desplazaba cerca del lugar donde ocurrieron los
homicidios, en una situación sospechosa.

En este orden de ideas, con los elementos de convicción aportados al proceso,
ninguna conducta distinta podía exigirse a las demandadas, en tanto de aquellos
razonablemente podía inferirse que el actor había participado en los hechos
investigados, situación que lo hacía merecedor de la imposición de la medida de
privación.” (Resaltado añadido por la Sala)

Verificado lo expresado por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta
en su sentencia, es claro que sí analizó los testimonios. De hecho en el texto se encuentra
la transcripción de lo manifestado; no obstante, concluyó que, a pesar que hubo algunos
deponentes que expresamente reconocieron que no podían identificar al agresor, esto no
negaba que su captura fue guiada por el pedido mismo de la comunidad que lo señalaba
como el culpable de los ataques.

Aquí resulta pertinente traer a colación que en la audiencia de 10 septiembre de 2012,
ante el Juzgado Décimo Penal con Función de Conocimiento del Distrito Judicial de
Medellín, el fiscal del caso, al momento de explicar los motivos que llevaron a solicitar la
preclusión, manifestó que en el transcurso de la investigación encontró que, distinto a lo
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que se consideraba inicialmente, las pruebas cada vez soportan menos una posible
acusación “…disminuyéndose pero no extinguiéndose completamente las posibilidades de que
también pudo haber participado en el delito…23” lo que implica que, en la medida que avanzó
la investigación hubo una variación entre los elementos probatorios con los que se inició
el caso y aquellos obtenidos posteriormente que, sin suprimir totalmente la posibilidad de
que el imputado fuera responsable de la conducta, imposibilitaban al fiscal acreditar la
culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Es en este punto donde llama la atención la Sala, y es que el actor confunde el sustento
que se requiere para imponer una medida de aseguramiento, con aquel que justificó la
preclusión de la investigación, siendo el primer momento el que debía estudiar el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta en el medio de control de reparación
directa.

Nótese que, en la sentencia atacada, la autoridad judicial hace especial énfasis en los
testimonios, tal como fueron recibidos al iniciar el proceso penal y, verificada la solicitud
de preclusión de la fiscalía, se puede cotejar cómo el agente del ente fiscal explica que
uno de los motivos que llevó a procesar al señor Guisao fue el testimonio del único
sobreviviente del ataque armado quien, inicialmente, hizo una descripción de las ropas
de los perpetradores, del trayecto que tomaron luego del crimen y que posteriormente se
habían cambiado de atuendos, descripción que llevó a la captura del actor; no obstante,
en entrevistas posteriores, el deponente informó que su dicho correspondía a lo que había
escuchado de terceros, lo que despojó de valor probatorio este relato pues se convirtió
en una prueba de referencia24.

Del mismo modo ocurre con los informes y declaraciones de los agentes de policía, en
los que la autoridad judicial accionada basó su decisión, y se expone que, luego de que
ocurrieran los hechos y ante los señalamientos de la comunidad, los efectivos se
dirigieron hacia el actor y un acompañante, este último empezó a alejarse de ellos en
actitud sospechosa, y al respecto el fiscal del caso informa que esta reacción “para el caso
de la captura y a los policías específicamente a los uniformados puede ser relevante pero ya en
estas instancias la relevancia se va pero al punto de dejar al fiscal bastante preocupado…”25

Con dicho contexto, es claro que, contrario a lo afirmado en el escrito de tutela, lo que
llevó al fiscal a solicitar la preclusión fue la insuficiencia probatoria luego de adelantada
la investigación, pero es reiterativo en que, al iniciar el caso, el panorama era distinto.

Ahora bien, sobre el examen de residuos de pólvora, verificado el expediente penal26, se
encuentra que la audiencia concentrada en la que se dictó la medida de aseguramiento
fue celebrada el 18 de abril de 2012, pero al leer el escrito de acusación fechado el 15 de
junio de 2012, se deja constancia que aquel elemento material probatorio se encuentra

23
Audiencia de preclusión, verificable a partir del minuto 16’:22’’.
24
Audiencia de preclusión, verificable a partir del minuto 17’:42’’.
25
Audiencia de preclusión, verificable a partir del minuto 42’:27’’.
26
Ver índice 18 en el aplicativo SAMAI
16
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listado entre aquellos pendientes de agregar.

En ese sentido, es evidente que, para el momento en que se impuso la medida preventiva
de privación de la libertad, el juez penal no contaba con el examen de residuos de pólvora,
por lo tanto, se trata de un documento que el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Quinta Mixta no estaba en la obligación de estudiar al momento de resolver el medio de
control de reparación directa, por lo que no puede endilgársele omisión alguna.

Consecuencia de lo expuesto, es que no se acreditó el defecto fáctico propuesto por la
parte actora, pues no se evidenció el presunto estudio insuficiente u omisivo de las
pruebas allegadas al proceso de reparación directa, en tanto que las conclusiones a las
que llegó el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta respecto de lo
aportado al plenario y enunciadas en la sentencia, son razonables dentro de su
autonomía judicial y no denotan un juicio caprichoso o alejado del acervo probatorio.

Por otra parte, en cuanto el defecto por desconocimiento del precedente, refirió la
parte actora que en la sentencia atacada el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Quinta Mixta había acudido erradamente a los argumentos de la sentencia de unificación
de 15 de agosto de 2018, cuando lo cierto es que la jurisprudencia vigente es la contenida
en el fallo de 17 de agosto de 2013, en la cual se contemplaba un régimen de
responsabilidad objetiva para casos en que se demandan perjuicios por una privación
presuntamente injusta de la libertad.

Con todo, en su razonamiento manifestó que si lo realizado por la autoridad judicial
accionada fue estudiar el caso a la luz de la SU – 072 de 2018, entonces su análisis fue
inadecuado en tanto que se limitó a referirse al sustento probatorio que respaldó la
decisión del juez que decretó la medida cautelar, sin hacer mención a la necesidad,
razonabilidad y persecución de fines legítimos de la medida.

Lo primero que debe resaltarse aquí es que en la sentencia de 28 de enero de 2022 el
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta no hace mención a la
providencia de unificación de 15 de agosto de 2018, en su lugar, realiza un recuento de
las variaciones jurisprudenciales sobre la materia y concluye que “en cada caso particular,
el Juez Administrativo debe revisar por qué causas se exonera al procesado en la sentencia
absolutoria definitiva o su equivalente, o la ausencia de requisitos sustanciales para la detención
preventiva para que se configure la privación injusta de la libertad”

Nótese que esta conclusión es concordante con lo dispuesto por la Corte Constitucional
en la SU – 072 de 2018, donde se estableció el cambio jurisprudencial de un régimen
objetivo a un análisis abierto que, dependiendo de cada caso, “el juez administrativo deberá
establecer si está frente a un caso de duda acerca del valor demostrativo de la prueba recaudada
o de su absoluta inexistencia y, en tal caso, elegir, si a ello hubiere lugar, un título de atribución
objetiva.”, lo cual a su vez, es consecuente con lo que expuso el tribunal accionado como
la tesis actual.

A su vez, se evidencia una contradicción en la proposición del cargo, pues aseguraron
17
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los libelistas que al cesar los efectos de la sentencia de unificación de 15 de agosto de
2018, la jurisprudencia vigente y aplicable para este caso es la consagrada en la
providencia de 17 de octubre de 2013; no obstante, acto seguido reconoce que los
criterios para resolver este tipo de controversias son los contenidos en la SU – 072 de
2018, justamente, con los cuales cambió el criterio que se tenía en el 2013.

Siendo así, el cargo realmente se concreta en que el Tribunal Administrativo de Antioquia
– Sala Quinta Mixta, al resolver el proceso de reparación directa, no realizó un análisis
sobre la proporcionalidad, necesidad y finalidad de la medida de aseguramiento sino que
se limitó a referirse al sustento probatorio de la decisión.

Al respecto, se itera que la sentencia SU-072 de 2018, brindó al juez administrativo la
libertad de, conforme al principio del iura novit curia, identificar de acuerdo con la
demanda y las pruebas aportadas al proceso, si está ante un asunto en el que esos
elementos necesarios para ordenar la privación de la libertad de un ciudadano no fueron
suficientemente respaldados con los elementos probatorios con los que se contaba al
momento de su imposición.

Justamente, de la demanda presentada en el trámite de la reparación directa como de
los motivos por los cuales se declaró la preclusión de la investigación penal, se extrae
que lo atinente a la viabilidad de la privación preventiva de la libertad giró en torno al
sustento probatorio con el cual se decretó. Es tanto así, que incluso en esta acción de
tutela el argumento central de la parte actora es lo atinente a la valoración de aquellos
elementos.

En ese sentido, no se advierte una transgresión a la sentencia SU – 072 de 2018 con la
forma como el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta abordó el caso
del señor Luis Horacio Guisao, pues es concordante con lo obrante en el proceso de
reparación directa y se realizó con lo que, razonablemente, esa autoridad identificó como
el centro de la controversia.

Finalmente, en lo atinente al defecto orgánico, consideró la parte actora que el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Quinta Mixta desconoció que en el proceso penal se
evidenció que no había sustento probatorio para procesar al señor Luis Horacio Guisao,
por lo que resulta contradictorio que en lo contencioso administrativo se le resuelva que,
al momento de imponer la medida sí había elementos probatorios que, razonablemente,
sustentaban la privación preventiva de la libertad.

Aquí la Sala evidencia que, efectivamente, en la audiencia de preclusión la Juez Décima
Penal con Funciones de Conocimiento del Distrito Judicial de Medellín, sí expresó su
desacuerdo con la imposición de la medida de aseguramiento y, en efecto, manifestó que
no compartía los criterios con los que los jueces con función de control de garantías
resolvían dichas solicitudes27.

27
Audiencia de preclusión, verificable en 1 hora y minuto 53’:02’’.
18
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-04076-00

No obstante, se resalta por una parte que se trata de la apreciación de la juez sobre el
actuar de sus colegas encargados de la legalización de captura e imposición de medidas
preventivas, es tanto así, que la misma funcionaria advierte que, dichas consideraciones,
ya no tienen efecto alguno28. Por otra parte, claramente se trata de un desacuerdo de
criterio entre la juez de conocimiento y el juez de control de garantías, posturas que no
deben viciar la decisión del juez administrativo, quien debe limitarse a determinar si, al
momento de la privación de la libertad, se contaba con el sustento necesario.

Aquí toma importancia lo dispuesto por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Quinta Mixta, cuando manifestó en su sentencia que, contra la imposición de la medida
de aseguramiento no se interpusieron recursos, pues, de haber sido así y, si al momento
de resolverse la apelación el superior hubiera dejado sin efectos la decisión por ausencia
de elementos probatorios, claramente el escenario hubiera sido diferente pues se trataría
no de una manifestación personal del juez de conocimiento, sino una providencia con
efectos jurídicos sobre el actuar del juez de control de garantías.

Adicionalmente, se resalta que, contrario a lo expresado en el escrito de tutela, el fiscal
que solicitó la preclusión fue insistente en que, al inició del caso sí había indicadores de
que el señor Luis Horacio Guisao debía ser vinculado al proceso, cosa distinta, es que
en el devenir de la investigación los hallazgos fueron insuficientes para desvirtuar la
presunción de inocencia.

En consecuencia, el cargo por un presunto defecto orgánico, tampoco tiene méritos para
prosperar.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Juzgado Quinto Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Medellín.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela frente al defecto fáctico
sustentado en la falta de apreciación respecto de la presunta impericia del abogado de
oficio por no interponer los recursos contra la decisión de imponer una medida preventiva
de privación de la libertad al actor, por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la acción de tutela formulada por los
señores Luis Horacio Guisao, Lina Javeidi Guisao Álvarez, Leidy Melissa Guisao Gómez,
Elva Luz Álvarez y Camilo Andrés Guisao Álvarez, contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Quinta Mixta.

28
Audiencia de preclusión, verificable en 2 horas y minuto 4’:07’’.
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Luis Horacio Guisao y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Quinta Mixta
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04076-00

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

QUINTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme
a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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