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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04093-01

Fecha
27 de octubre de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-04093-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 8 de septiembre de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor Andrés Eduardo www.consejodeestado.gov.co 27 C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0 B og o tá D . C . – C ol o mbi a ACC IÓN D E TUT EL A R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 40 9 3- 0 1 A c ci o na n t e: A n dr é s E d u ar d o Góm ez Mar t ín ez Gómez Martínez respecto al defecto procedimental y negó el amparo en lo relacionado con los demás defectos alegados, conforme las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo. SEGUNDO. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. TERCERO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO. REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-04093-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

27 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04093-01
Accionante: ANDRÉS EDUARDO GÓMEZ MARTÍNEZ
Accionado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO

Tema: Tutela contra providencia judicial / participación
política, igualdad, acceso a la administración, debido
proceso / defectos sustantivo, fáctico y
procedimental, violación de la Constitución,
desconocimiento del precedente / proceso de
nulidad electoral

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 8 de septiembre de 2022
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que negó el amparo solicitado en lo relacionado con los
defectos sustantivo y fáctico y el desconocimiento del precedente y
declaró improcedente la acción de tutela respecto al defecto
procedimental alegado.

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I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales formulada
por el señor Andrés Eduardo Gómez Martínez, quien actúa a través de
apoderado1, tiene sustento en los siguientes:

1. HECHOS

Los señores Omar de Jesús Ochoa García, Elkin Enrique Díaz
Camacho y Nataly Strusberg Castañeda, individualmente,
presentaron medio de control de nulidad electoral contra el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, para
que se declarara la nulidad del Acta E-26 ALC expedida por la
Comisión Escrutadora Municipal de Sincelejo (Sucre) a través de la
cual se proclamó al señor Andrés Eduardo Gómez Martínez como
alcalde del municipio de Sincelejo para el periodo constitucional
2020-2023, al considerar que el candidato elegido incurrió en doble
militancia.

Las demandas fueron acumuladas y su conocimiento le correspondió
al Tribunal Administrativo de Sucre que, mediante sentencia del 4 de
noviembre de 2021, negó las pretensiones formuladas.

Contra la decisión anterior los demandantes interpusieron recurso de
apelación, el cual fue resuelto por la Sección Quinta del Consejo de
Estado por medio de fallo del 23 de junio de 2022, que revocó la

1
Carlos Mario Isaza Serrano.

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providencia reprochada y en su lugar accedió a las solicitudes del
medio de control.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante manifestó que la sentencia del 23 de junio de
2022 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió
en los siguientes defectos:

• Defecto sustantivo: por falta de razonabilidad en la
interpretación del término relativo a la doble militancia «dar»
apoyo que tiene como contrapartida el permiso legal de recibir
apoyo, lo cual no fue considerado por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, que atribuyó elementos y circunstancias
que son propias de la prohibición con otros que son
característicos de la permisión.

• Violación directa de la Constitución: por cuanto se
desconocieron los principios de buena fe y confianza legitima
previstos en el artículo 83 de la Constitución Política, así como
el precedente judicial de la Sección Quinta sobre el asunto, al
darle un nuevo alcance a la permisión legal de recibir apoyo,
bajo la cual invirtió el rol de apoyado a apoyador sin que
hubiere desplegado ninguna conducta en ese sentido.

• Defecto fáctico: por indebida valoración probatoria por
desconocimiento de las reglas de la lógica y la sana critica al

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concluir que existían indicios graves de que incurrió en una
doble militancia en la modalidad de apoyo, pese a las pruebas
que demostraban lo contrario.

• Defecto procedimental absoluto: que se configuró por la
práctica de una prueba de oficio en segunda instancia – la
consulta del aplicativo Cuentas Claras en la página web del
Consejo Nacional Electoral - que no fue previamente decretada
en los términos de los artículos 170 del CGP y 213 del CPACA,
la que además fue valorada con las respectivas consecuencias
que conlleva y respecto de la cual no se garantizó el derecho de
contradicción que le asistía.

• Desconocimiento del precedente: porque no se tuvo en
cuenta que la Sección Quinta estableció «como subregla de
interpretación que donde no se prueba que el demandado haya
apoyado la campaña electoral de un candidato diferente al de
su partido con anterioridad a la presentación de la renuncia de
éste o la revocatoria de su inscripción y a la expedición de la
autorización de apoyar a otro candidato por parte de los
directivos de su partido, no se configura la prohibición de doble
militancia2».

2
Al respecto refirió las siguientes sentencias: «Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
consejera Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE, sentencia de fecha veintisiete (27) de octubre de dos mil
dieciséis (2016). Radicación número: 68001-23-33-000-2016-00043-01. Actor: Luis Fernando Castañeda
Pradilla. Demandado: Acto de elección de José de Jesús Villar Torres como Diputado de la Asamblea
Departamental de Santander. Naturaleza: Nulidad Electoral. ii.- Sentencia de fecha cuatro (4) de agosto
dos mil dieciséis (2016), C. P.: Alberto Yepes Barreiro, Radicación: 63001-23-33-000-2016-00008-01,
Rdo. Int.: 2016-0008, Demandante: Wilson de Jesús Támara Zanabria, Demandada: Stefany Gómez
Murillo – Concejal de Armenia, Proceso Electoral – _Fallo de segunda instancia».

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3. PRETENSIONES

La parte accionante pidió lo siguiente:

«5.1.- Se amparen los derechos fundamentales a la participación, en su versión de elegir y
ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, a la igualdad, acceso
a la administración pública y debido proceso, vulnerados al señor ANDRÉS EDUARDO
GÓMEZ MARTÍNEZ dentro del expediente de nulidad electoral identificado con los
radicados acumulados Nos. 70001-23-33-000-2020-00004-03, 70001-23-33-000-2020-
00001-00 y 70001-23- 33-000-2020-00003-00.
5.2.- Que, como consecuencia de la anterior determinación se deje sin efecto la sentencia
de fecha 23 de junio de 2022 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
dentro del citado expediente de nulidad electoral por medio de la cual la Sección Quinta
del Consejo de Estado resolvió declarar… “la nulidad de la elección del señor ANDRÉS
EDUARDO GÓMEZ MARTÍNEZ como alcalde del Municipio de Sincelejo para el
período 2020-2023, con efectos ex nunc”…
5.3.- Que como consecuencia de las anteriores determinaciones se ordene a la Sección
Quinta del Consejo de Estado que, dentro de los 30 días siguientes a la notificación del
correspondiente fallo de tutela, se profiera una nueva sentencia de única instancia en el
referido proceso de nulidad electoral, que acoja las consideraciones de éste y por
consiguiente mantenga la vigencia de la elección del señor ANDRÉS EDUARDO
GÓMEZ MARTÍNEZ como alcalde del Municipio de Sincelejo para el período 2020-
2023.
5.4.- SUBSIDIARIA. En caso de que se considere la existencia de otra vía judicial para
atacar la sentencia del 23 de junio de 2022 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, dentro del expediente del expediente(sic) de nulidad electoral identificado con los
radicados acumulados Nos. 70001-23-33-000-2020-00004-03, 70001-23-33-000-2020-
00001-00 y 70001-23- 33-000-2020-00003-00, se concedan el amparo(sic) como
mecanismo transitorio suspendiendo los efectos de ésta, hasta tanto se surtan los
mecanismos que considerare el juzgador de tutela, en consonancia con la inminencia del
perjuicio irremediable materializado, para salvaguardar así los derechos fundamentales
del señor ANDRÉS EDUARDO GÓMEZ MARTÍNEZ como alcalde del Municipio de
Sincelejo para el período 2020-2023.»

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4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 1.º de agosto de 2022, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de la
referencia y ordenó notificar a la Sección Quinta del Consejo de
Estado como accionado y a la Registraduría Nacional del Estado Civil,
al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Administrativo de Sucre y a
los señores Omar de Jesús Ochoa García, Nataly Strusberg
Castañeda, Álvaro Contreras Otero, Elkin Enrique Díaz Camacho y
Jhon Turizo Hernández, como terceros interesados para que se
pronunciaran sobre los hechos que originaron la solicitud
constitucional.

De igual forma, negó la medida provisional solicitada por la parte
accionante, por cuanto no se evidenció prima facie la vulneración
alegada.

5. INTERVENCIONES

5.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través de uno de
sus consejeros, solicitó que se negara el amparo solicitado, pues
manifestó que no se configura ninguno de los defectos alegados
contra la sentencia. En ese sentido, aseguró que la providencia
atacada fue expedida con observancia de todas las garantías
procesales, con sustento en la legislación vigente en materia de doble
militancia, y precisó que la supuesta incorporación de una prueba de
oficio en segunda instancia correspondió a la consulta del aplicativo
cuentas claras del Consejo Nacional Electoral con el fin de corroborar

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la declaración del señor Néstor Coronado Martínez, quien afirmó que
pagó parte de la publicidad del demandado, información que, en todo
caso, no resultó determinante para la resolución del problema
jurídico.

5.2. El Consejo Nacional Electoral manifestó que no vulneró
derecho alguno del accionante, motivo por el cual requirió que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva de esa
entidad. Además, coadyuvó la acción de tutela de la referencia,
porque, a su juicio, las pretensiones de la demanda de nulidad
electoral no estaban llamadas a prosperar.

5.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil, pidió su
desvinculación del trámite constitucional, pues resaltó que las
pretensiones de la parte accionante no son de su competencia.

5.4. Los señores Omar de Jesús Ochoa García y Elkin Enrique
Díaz Camacho, individualmente, intervinieron en el sentido de
solicitar que se declarara la improcedencia del amparo pedido por la
parte accionante o que se negara la acción de tutela presentada por
el señor Andrés Eduardo Gómez Martínez, porque el proceso
contencioso objeto de reproche se desarrolló con respeto de los
derechos sustanciales y procesales de las partes. Asimismo,
aseguraron que la decisión judicial atacada tuvo fundamento en
razones jurídicas que no podrían ser calificadas de arbitrarias o
caprichosas.

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6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado a
través de sentencia del 8 de septiembre de 2022 (i) negó el amparo
solicitado en lo relacionado con los defectos sustantivo, fáctico y el
desconocimiento del precedente y (ii) declaró improcedente la acción
de tutela respecto al defecto procedimental alegado.

En relación con el defecto fáctico, señaló que no existía un reparo
concreto que justificara el cargo contra la decisión cuestionada,
porque contrario a presentar un debate jurídico y argumentativo
sólido, la parte accionante dedicó sus párrafos a criticar de forma
genérica el análisis del acervo probatorio realizado por la autoridad
judicial accionada.

Por otra parte, sobre el defecto sustantivo, aseguró que la
jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado desde el
año 2016 ha sido consistente y pacífica en entender que la conducta
de doble militancia se concreta en la ayuda, respaldo o
acompañamiento de cualquier forma o cualquier medida, a un
candidato distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización
política, posición que fue respetada en el fallo atacado en el que no se
advirtió una variación a esta regla.

Asimismo, tratándose del desconocimiento del precedente, precisó
que entre los hechos que dieron origen a las providencias que se
deprecaron desatendidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
y la situación específica del accionante no existe identidad fáctica

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motivo por el cual ese cargo no estaba llamado a prosperar.

Finalmente, en lo referente al defecto procedimental, sostuvo que si el
accionante insistía en que la sentencia de segunda instancia del
proceso de nulidad electoral pretermitió injustificadamente la etapa
procesal a que había lugar, este tenía la posibilidad de presentar un
incidente de nulidad contra las actuaciones de la parte accionada
conforme lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 133 del Código
General del Proceso.

7. IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, con el
propósito que se revocara y, en su lugar, se accediera al amparo
requerido conforme los argumentos que se exponen a continuación:

Contrario a lo decidido por el a quo, en lo relacionado con el defecto
fáctico, manifestó que sí se configuró, pues precisó que la Sección
Quinta del Consejo de Estado desconoció el documento magnético
contentivo de la sesión del 23 de enero de 2020 llevada a cabo en la
Asamblea Departamental de Sucre, pese a que de haberlo valorado le
hubiera permitido indagar sobre la credibilidad y eventual parcialidad,
esto es, indisposición y deseo de venganza, del testigo Yahir Acuña
Cardales, cuyo descarte hubiera conducido necesariamente a
desvirtuar el cargo de doble militancia. En ese sentido, aseguró que
la autoridad judicial accionada incurrió en una interpretación
probatoria, caprichosa y subjetiva al descartar la condición modal del
testigo que afectaba su imparcialidad.

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Sobre el desconocimiento del precedente, reiteró que la Sección
Quinta del Consejo de Estado no tuvo en cuenta la jurisprudencia de
esa misma Sección de acuerdo con la cual para que se configure la
prohibición de doble militancia es necesario la suficiencia probatoria y
la existencia de un candidato propio, es decir, «donde no se prueba
de forma fehaciente que el demandado haya apoyado la campaña
electoral de un candidato diferente al de su partido cuando este ya se
ha retirado bien por renuncia o bien porque le ha revocada su
inscripción, no se configura la prohibición de doble militancia».

Por último sobre el defecto procedimental absoluto, advirtió que el a
quo obvió que el proceso electoral se encuentra reglamentado por
normas especiales, entre las cuales está el artículo 294 del CPACA
según el cual la omisión de una etapa sustancial del procedimiento no
puede ser estudiada como causal de nulidad contra la sentencia, por
consiguiente, es necesaria la intervención del juez constitucional a fin
de garantizar sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, en el entendido que se
incorporó una prueba de forma ilegal la cual fue determinante y
definitiva para adoptar la decisión judicial cuestionada.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 080 de 2019, en
cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del Consejo

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de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán
a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

2. PROBLEMAS JURÍDICOS

De acuerdo con los argumentos expuestos en la impugnación
presentada y en el entendido que la inconformidad de la parte
accionante no radicó sobre la decisión del a quo respecto al defecto
sustantivo que inicialmente alegó en el escrito de tutela, la Sala de
Decisión advierte que los problemas jurídicos que se resolverán en
esta instancia serán los siguientes:

• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

• ¿La Sección Quinta del Consejo de Estado, al expedir la
sentencia del 23 de junio de 2022 incurrió en los defectos
fáctico, procedimental y en un desconocimiento del precedente
y, por consiguiente, vulneró los derechos fundamentales
invocados en protección por la parte accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra las providencias judiciales, ii) los

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requisitos generales de procedibilidad, iii) el defecto fáctico,
procedimental y el desconocimiento del precedente y iv) el caso
concreto.

3. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente3 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación4, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
3
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
4
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara
después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos
generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate
sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la

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actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

(i) La pretensión de amparo es de marcada relevancia constitucional,
en la medida en que se contrae a establecer de manera central si la
Sección Quinta del Consejo de Estado con la providencia del 23 de
junio de 2022, incurrió en la violación de los derechos de la parte
accionante a la participación política, igualdad, acceso a la
administración de justicia y debido proceso;

(ii) se agotaron todos los medios de defensa porque contra la
providencia reprochada no procedía recurso alguno, sin embargo, en
relación con el defecto procedimental la Sala de Decisión considera
que este requisito no se cumplió.

Al respecto, se advierte que la parte accionante reiteró en la
impugnación que se configuró un defecto procedimental en la
sentencia del 23 de junio de 2022 proferida por la Sección Quinta,
puesto que incorporó al proceso una prueba (la consulta al aplicativo
Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral) sin las ritualidades
procesales requeridas.

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Sobre este aspecto, el a quo resolvió que la tutela no era procedente,
toda vez que la parte accionante contaba con el incidente de nulidad
ante la autoridad judicial accionada.

Congruente con ello, verificado en el sistema judicial SAMAI5 el
proceso de nulidad electoral que se discute, se evidencia que el 21 de
octubre de 2022, el señor Andrés Eduardo Gómez Martínez, mediante
apoderada, presentó ante la Sección Quinta del Consejo de Estado
incidente de nulidad por las mismas razones que fundamentan el
defecto procedimental aquí alegado.

Bajo ese contexto, teniendo en cuenta que se encuentra en trámite la
resolución al incidente de nulidad presentado por la parte accionante,
la Sala de Decisión considera que el juez natural de la causa es a
quien le corresponde resolver sobre este asunto y no al juez
constitucional suplantar su competencia para decidirlo.

En ese orden de ideas, se confirmará el numeral segundo de la
sentencia impugnada que declaró improcedente el amparo reclamado
en relación con el defecto procedimental que adujó la parte
accionante, por cuanto, además, no se demostró la configuración de
un perjuicio irremediable.

Frente a este último tema, si bien la Corte Constitucional 6 ha señalado
que, aun cuando existe otro medio de defensa, la acción de tutela
puede proceder de forma excepcional si se acredita un perjuicio

5
Índice 104 del expediente visible en el sistema judicial SAMAI.
6
Sentencia T-828 de 2014. Corte Constitucional.

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irremediable, también ha dispuesto que este debe cumplir los
siguientes supuestos:

i. Ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que
está por suceder prontamente.
ii. Ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o
moral en el haber jurídico de la persona sea de gran
intensidad.
iii. Porque las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio irremediable sean urgentes.
iv. Porque la acción de tutela sea impostergable a fin de
garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social
justo en toda su integridad.

De tal modo que en el sub examine, al no comprobarse los supuestos
anteriores, la acción constitucional no está llamada a prosperar en
este aspecto.

(iii) cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la
interposición de la acción se dio en un lapso «razonable y
proporcionado» por cuanto la providencia discutida se profirió el 23 de
junio de 2022 y la tutela se presentó el 27 de julio de 2022;

(v) se identificaron los hechos que sustentan la acción y los derechos
que se consideran transgredidos en razón a la actuación de la parte
accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido y,

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(vi) no se trata de una tutela contra tutela toda vez que la decisión
reprochada fue proferida por la jurisdicción contencioso administrativa
dentro de un proceso de nulidad electoral.

3.2. DEL DEFECTO FÁCTICO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Sobre el particular la Corte Constitucional 7 ha identificado dos
dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa8, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva9, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.

7
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998,
T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la
intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el
juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido,
toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto
fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los
hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de
los elementos probatorios»10.

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.3. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de
protección y trato por parte de las autoridades y específicamente la
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las
autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad
jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos
iguales de la misma forma11.

10
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
11
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.

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En ese sentido, el precedente judicial12 es la figura jurídica que sirve
como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en
el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias
jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la
aplicación del derecho13.

En ese orden, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido14. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o
no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de Derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber
de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios
de transparencia e igualdad”15.

Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso

12
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que
precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
13
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012,
vol. 18, no 1, p. 249-266.
14
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
15
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación”16.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales17, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les
impone el deber de señalar una justificación razonable, seria,
suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las
cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que,
en palabras de la misma Corte, se protegen el carácter dinámico del
derecho y los principios de autonomía e independencia que
caracterizan la labor judicial18.

4. CASO CONCRETO

A propósito del segundo problema jurídico propuesto, se advierte que
la decisión judicial reprochada fue expedida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado el 23 de junio de 2022, en el trámite del recurso
de apelación interpuesto por los señores Omar de Jesús Ochoa García,

16
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
17
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico
y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas
por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso
concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
18
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Jhon Turizo Hernández y Elkin Díaz Camacho en contra de la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, el 4 de
noviembre de 2021, a través de la cual negó las pretensiones del
medio de control de nulidad electoral que presentaron. El radicado de
este proceso correspondió al número 70001-23-33-000-2020-00004-
03, al que se le acumularos los radicados 70001-23-33-000-2020-
00001-00 Y 70001-23-33-000-2020-00003-00.

En la providencia del 23 de junio de 2022, la Sección Quinta del
Consejo de Estado revocó la sentencia recurrida y, en su lugar,
declaró la nulidad de la elección del señor Andrés Eduardo Gómez
Martínez como alcalde del municipio de Sincelejo para el período
2020-2023, con efectos ex nunc.

Ahora bien, en relación con esta decisión, la parte accionante alegó
que se configuró (i) un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria, toda vez que, a su juicio, no se tuvo en cuenta la sesión
del 23 de enero de 2020 llevada a cabo en la Asamblea
Departamental de Sucre, pese a que de haberla valorado le hubiera
permitido indagar sobre la credibilidad y eventual parcialidad, esto es,
indisposición y deseo de venganza, del testigo Yahir Acuña Cardales y
(ii) desconocimiento del precedente, por cuanto aseguró que no se
probó de forma fehaciente que apoyara la campaña electoral de un
candidato diferente al de su partido.

Al respecto, la Sala de Decisión considera que los argumentos en los
que el accionante fundamentó la existencia del defecto fáctico no
están llamados a prosperar, por cuanto se evidencia que en el proceso

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de nulidad electoral el señor Andrés Eduardo Gómez no manifestó
reproche alguno en relación al testimonio del señor Yahir Acuña
Cardales, es decir, no tachó al testigo al considerar que existía una
grave enemistad entre los dos, circunstancia que advirtió la Sección
Quinta, así:

«[…]

Entonces, es claro que el señor Yair Acuña Cardales afirmó en su testimonio, el cual
no fue tachado de falso, que el demandado adelantó su campaña política de manera
conjunta con él, que incluso pidió que votaran por él y, aunque no aportó al expediente
elementos adicionales de convicción que soportaran su dicho, ni tampoco se solicitaron
o decretaron pruebas adicionales frente al punto en el curso del proceso, existen en el
expediente otros medios probatorios que permiten corroborar la veracidad o no de su
dicho.

[…]» Destacado fuera del texto original.

En efecto, verificada la audiencia de pruebas del 5 de agosto de 2021
a la que asistió el señor Andrés Eduardo Gómez Martínez, no se
observa que este tachara al testigo y, si bien, en los alegatos de
conclusión expresó que en la sesión del 23 de enero de 2020 en la
Asamblea Departamental de Sucre, el señor Yahir Acuña Cardales
manifestó que sí se atrevía a enfrentarlo políticamente, lo cual sugería
que tenían diferencias sustanciales, tampoco lo tachó conforme lo
dispuesto en el artículo 211 del Código General del Proceso.

Es decir, el señor Andrés Eduardo Gómez Martínez no ejerció
oportunamente los mecanismos legales con los que contaba para
controvertir el testimonio del señor Yahir Acuña Cardales el cual
califica, ahora, en esta instancia constitucional, como parcial por su
«indisposición y deseo de venganza».

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Aunado a lo expuesto, la Sala de Decisión no se explica por qué en la
contestación de la demanda de nulidad electoral el señor Andrés
Eduardo Gómez Martínez aportó la «copia de la declaración jurada
rendida por el señor YAHIR ACUÑA CARDALES, rendida ante el Notario
Segundo de Sincelejo, de fecha 30 de octubre de 2019» sí a su juicio
existía una enemistad entre los dos «rayana con la enemistad».

Al margen de lo anterior, se observa, en todo caso, que la Sección
Quinta realizó una valoración del testimonio en conjunto con las
demás pruebas aportadas al proceso, lo cual la llevó a concluir que el
señor Andrés Eduardo Gómez Martínez incurrió en la prohibición de
doble militancia, en ese sentido, consideró los demás testimonios
rendidos, los videos y las fotos allegadas, en los siguientes términos:

«En el presente asunto, de la valoración en conjunto del material probatorio obrante en
el expediente, se advierte que el testimonio rendido por el señor Yahir Acuña Cardales -
quien fue el apoyado en este caso- se encuentra soportado en las declaraciones
extraproceso, en los demás testimonios rendidos en primera instancia, en el
interrogatorio de parte del demandado y en las fotografías y videos que fueron allegados
al proceso que se presumen auténticos y conservan plena validez conforme las
disposiciones procesales anteriormente citadas.
Además, las referidos documentos -fotografías y el video- y los testimonios de los
señores Álvaro Díaz Bohórquez, Ramiro González Zabala y Luis Oreste Barachi Vélez
analizados en conjunto constituyen indicios graves de que el demandado incurrió en la
conducta prohibitiva de doble militancia en la modalidad de apoyo, que no lograron ser
desvirtuados con el testimonio del señor Eduardo Pérez, con el interrogatorio de parte
del demandado ni con ninguna otra prueba dentro del plenario.
Es decir, de la valoración en conjunto de la totalidad de material probatorio obrante en el
expediente se advierte que existen indicios graves y contundentes que permiten
corroborar la veracidad de la declaración del señor Acuña Cardales rendida en la
audiencia de pruebas que tuvo lugar en la primera instancia.
Así, se puede establecer que hubo un acuerdo -tácito o expreso- entre los señores Andrés
Eduardo Gómez Martínez y Yahir Acuña Cardales para adelantar una campaña política
conjunta, crear en el electorado una identidad entre los dos que implicó identidad de

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colores, tipografía, eventos e incluso de propaganda, la cual, si bien pudo ser sufragada
por terceros, nunca fue rechazada por el demandado -hasta donde se acreditó en el
expediente-. Por lo tanto, la conducta reprochada en este caso no es la publicidad
conjunta sino la totalidad de actos adelantados por el demandado en pro de generar
identidad con la campaña del referido testigo que analizados de manera global dan
cuenta de lo expuesto.
Además, en un acto donde porta una prenda de vestir con propaganda para su elección
como alcalde de Sincelejo, solicitó a los presentes que creyeran en el señor Acuña
Cardales que se presume, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
1475 de 2011 fue adelantado en época de campaña electoral, pero que, de todas formas
no es la prueba determinante para afirmar que el demandado adelantó
comportamiento[s] que pudieron favorecer los intereses del otro candidato en el debate
electoral, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Sección.
En tales condiciones, encuentra la Sala acreditada la configuración de la prohibición de
doble militancia en la modalidad de apoyo respecto del señor Andrés Eduardo Gómez
Martínez en su campaña a la Alcaldía de Sincelejo período 2020-2023 toda vez que pese
a que la coalición Todos por Sincelejo por la que fue inscrita su candidatura, tuvo
candidato propio a la Gobernación de Sucre; él adelantó una campaña conjunta y apoyó
la aspiración del señor Yahir Acuña Cardales, quien fue inscrito por el grupo
significativo de ciudadanos Cien por ciento Sucre para tal dignidad».

En punto al tema, la Corte Constitucional ha recordado que la
autonomía con que cuenta el juez para valorar la prueba dentro de
cierto grado de discrecionalidad, cuando sus conclusiones están
fundadas en una crítica objetiva fundada en la lógica y en los
principios de racionalidad jurídica que deben guiar los
pronunciamientos de la justicia, descarta la posibilidad de calificar su
decisión como violatoria de derechos fundamentales o constitutiva de
«vía de hecho», puesto que se trata, simplemente, de la actividad
ejercida de manera razonable al amparo de los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial19.

19
Sentencia T-106 de 2000.

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En este contexto, lo que la Sala advierte es una divergencia en la
apreciación probatoria, lo que no es suficiente para estructurar un
defecto fáctico, puesto que para que ello resulte configurado es
necesario que el juez de instancia se separe por completo de los
hechos probados, situación que no se muestra evidente en este
asunto.

Por el contrario, se observa un análisis y contraste riguroso del
conjunto de pruebas practicadas dentro del proceso de nulidad
electoral a la luz de las reglas de la sana crítica, a partir del cual se
concluyó, de manera razonable, la configuración de la prohibición de
la doble militancia en la modalidad de apoyo respecto del señor
Andrés Eduardo Gómez Martínez, como candidato del municipio de
Sincelejo de la coalición «Todos por Sincelejo», al adelantar una
campaña conjunta y apoyar al señor Yahir Acuña Cardales, quien era
candidato a la gobernación del departamento de Sucre por el grupo
significativo de ciudadanos «Cien por ciento Sucre».

Por otra parte, en relación con el desconocimiento del precedente,
la Sala de Subsección es de la posición que tampoco se demostró su
configuración, toda vez que al decidir el asunto la Sección Quinta
observó la jurisprudencia aplicable al caso sobre doble militancia
conforme se observa a continuación:

«En este punto, se debe tener en cuenta la jurisprudencia de esta Sección ha sido clara al
precisar que las conductas que materializan la doble militancia en su modalidad de
apoyo “podrán consistir en acompañamientos, ayudas y/o asistencias prestadas en la
actividad política, o en cualquier otro comportamiento que pueda favorecer los intereses
del otro candidato en el debate electoral, de manera que para su configuración no se

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requiere como único presupuesto la solicitud verbal y expresa al electorado”20 toda vez
que, como en este caso, el respaldo se acredita con acuerdos para compartir, por
ejemplo, propaganda a su favor y generar identidad de las campañas en el electorado,
con lo cual “se transmite a los votantes un mensaje con fines persuasivos más que
evidentes acerca de las bondades o ventajas de esa específica opción.”21 (Se resalta).
Asimismo, debe reiterarse que el objeto de la prohibición constitucional de la doble
militancia “es proteger no solo las organizaciones políticas sino también a la sociedad y
la eficacia del sistema democrático, que son los que se benefician de las medidas de
fortalecimiento de las agrupaciones políticas, si se tiene en cuenta que la sociedad recibe
un mensaje claro y contundente acerca del funcionamiento del sistema democrático a
través de la disciplina de la política partidista y de otros elementos que conforman el
sistema jurídico en materia de democracia.”
[…]
En ese orden, la doble militancia en el ordenamiento jurídico colombiano es
tridimensional, es decir, no solo irradia la disciplina partidista, sino que también protege
al elector y al sistema democrático en materias, como, por ejemplo, el régimen de
bancadas, en virtud de los principios pro electoratem, pro hominum, prohomine y pro
sufragium.”22
Adicionalmente, debe tenerse claro que según lo ha fijado la jurisprudencia de esta
Corporación basta con que la persona a la que se dirige la prohibición realice un solo
acto contrario a la misma, para que se entienda configurada:

“[…] En lo que corresponde a la reiteración de los actos, la Sala no comparte la postura
expuesta por la parte demandada, ya que la estructuración de la doble militancia no
requiere que el apoyo al candidato de otro partido tenga que brindarse mediante actos
repetitivos.

Según los términos de la Ley 1475 de 2011, la doble militancia tiene lugar por el
respaldo que el candidato haya dado al otro aspirante del partido político distinto de
aquel al cual pertenece, sin que exija como requisito la existencia de actos sucesivos en
desarrollo de la campaña

Esto implica que la conducta prohibida por la legislación electoral puede configurarse
incluso con la ocurrencia de un solo acto de apoyo, que permita establecer que en alguna
medida respalda al candidato de la organización política a la que se encuentra afiliado.”23
[…]»

20
Cit. de cit. «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
47001-23-33-000-2020-00088-01. Providencia del 3 de febrero de 2022».
21
Cit. de cit. «Idem»
22
Cit. de cit. «Ibidem»
23
Cit. de cit. «Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
11001-03-28-000- 2018-00032-00. Providencia del 31 de octubre de 2018. M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio».

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En ese sentido, no está acreditado que la autoridad judicial accionada
desconociera el precedente, pues lo que se evidenció al analizar la
decisión atacada es que, contrario a ello, lo que hizo fue acoger y
aplicar la línea jurisprudencial de esa Sección en relación con la doble
militancia frente a las pruebas que demostraron que el señor Andrés
Eduardo Gómez Martínez incurrió en esta para concluir sobre la
nulidad de su elección al cargo de alcalde del municipio de Sincelejo
para el periodo 2020-2023.

En consecuencia, de acuerdo con los argumentos expuestos, la Sala
de Subsección confirmará la decisión impugnada que declaró la
improcedencia del amparo constitucional en relación con el defecto
procedimental y lo negó en cuanto a los demás defectos alegados
contra la sentencia del 23 de junio de 2022 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 8 de septiembre de 2022
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que declaró improcedente la acción
de tutela presentada por el señor Andrés Eduardo

www.consejodeestado.gov.co 27
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

ACC IÓN D E TUT EL A
R a di c ad o : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 00 - 20 2 2- 0 40 9 3- 0 1
A c ci o na n t e: A n dr é s E d u ar d o Góm ez Mar t ín ez

Gómez Martínez respecto al defecto procedimental y
negó el amparo en lo relacionado con los demás
defectos alegados, conforme las razones expuestas en
la parte considerativa de este fallo.

SEGUNDO. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí
contemplados.

TERCERO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, REMITIR el expediente a la
Honorable Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CUARTO. REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

www.consejodeestado.gov.co 28
C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0
B og o tá D . C . – C ol o mbi a

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