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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04097-00

Fecha
25 de agosto de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04097-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del mecanismo respecto del cargo dirigido a atacar la Resolución N.º 5278 del 30 de junio 2022, por no superarse el requisito de subsidiariedad. SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO frente a la mora judicial que se elevó respecto de la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04097-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

25 de agosto de 2022

Demandantes: Antonio Ramos Herrera y otra
Demandados: Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04097-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04097-00
Demandantes: ANTONIO RAMOS HERRERA Y OTRA
Demandados: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL
Y OTRO

Temas: Tutela de fondo – mora judicial – declara la carencia actual de
objeto por hecho superado – tutela contra acto administrativo –
declara improcedencia por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo presentado por los señores Antonio Ramos Herrera y
María Evelia González de Ramos, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en
el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Los señores Antonio Ramos Herrera y María Evelia González de Ramos,
actuando a en nombre propio, presentaron1 acción de tutela contra el Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional – Grupo de Prestaciones Sociales y el Consejo
de Estado – Sección Segunda – Subsección “B”, con el fin de que sean amparados
sus derechos fundamentales a la seguridad social, de petición, al mínimo vital y a la
dignidad.

2. Los accionantes consideraron vulneradas dichas garantías constitucionales,
con ocasión de la Resolución N.º 5278 del 30 de junio de 2021, a través de la cual el
Ministerio de Defensa Nacional, les negó la solicitud de extensión de los efectos de la

1
De los documentos aportados al plenario no se advierte la fecha en que efectivamente fue radicada
la solicitud de amparo, sin embargo, existe una constancia suscrita por el Juzgado Tercero Penal del
Circuito de Florencia, Caquetá, en donde se indicó que la tutela se recibió por reparto en ese
despacho el 27.5.2022.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Antonio Ramos Herrera y otra
Demandados: Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04097-00

sentencia de unificación SUJ-SII-013-2018 del 4 de octubre de 20182, por la muerte
de su hijo, el soldado regular Libardo Ramos González.

3. Asimismo, indicaron que, ante la negativa de la referida entidad, instauraron el
medio de control de solicitud de extensión de jurisprudencia, el cual correspondió por
reparto a la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado y se le
asignó el radicado N.º 11001-03-25-000-2021-00591-00; sin embargo, a la fecha de
radicación de este instrumento de amparo no se le ha dado trámite a dicho proceso.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“Que se tutele mi derecho Fundamental de la Seguridad Social, - Derecho de
Petición, Al mínimo Vital de vida y a la dignidad que se deje sin efectos la
resolución No.5278 del 30 de junio 2021. sean - expedido los actos
Administrativos con base en la excepción de inconstitucionalidad Art. 4 de la
constitución, porque no señala el reconociendo y el pago de la pensión de
sobreviviente a favor de los soldados regulares muertos en combate para que en
su lugar se aplique el art. 189 del decreto 1211 de 1990 Y nos den la PENSION
SOBREVIVIENTE de nuestro hijo soldado Regular muerto en combate –
LIBARDO RAMOS GONZALEZ (q.e.p.d); Como mecanismo Transitorio Y
excepcional: por ser sujeto de especial protección y se nos reconozcan los
retroactivos pensionales, Que se decrete pruebas de Oficio y se conozcan mis
condiciones de supervivencia y la necesidad de mi prestación”. (Negrillas del
texto original y sic para toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

5. Los señores Antonio Ramos Herrera y María Evelia González de Ramos
explicaron que el 30 de agosto de 1996, su hijo, el soldado regular Libardo Ramos
González, falleció en “la famosa toma de las delicias, en putumayo” (sic).

6. Indicaron que, con ocasión de ello, solicitaron al Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, lo
cual les fue negado mediante la Resolución N.º 5278 del 30 de junio de 2021.

7. Mencionaron que, ante tal negativa, el 6 de septiembre de 2021 instauraron el
medio de control de solicitud de extensión de jurisprudencia ante el Consejo de
Estado, proceso que correspondió por reparto a la Subsección “B” de la Sección

2
Providencia en la que se estableció el régimen aplicable para las personas vinculadas a las Fuerzas
Militares en condición de soldados voluntarios, muertos en combate y/o por acción directa del
enemigo, y a partir de la cual los beneficiarios de los soldados tendrían derecho a la pensión de
sobrevivientes.

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Segunda del Consejo de Estado y al que se le asignó el radicado N.º 11001-03-25-
000-2021-00591-00.

1.4. Sustento de la vulneración

8. Los señores Ramos Herrera y González de Ramos pretenden por esta vía que
se deje sin efectos la Resolución N.º 5278 del 30 de junio de 2021, mediante la cual
el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional les negó el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes a que consideran tienen derecho, con ocasión de la
trágica muerte de su hijo, el soldado regular Libardo Ramos González.

9. Al respecto, indicaron que la entidad desconoció que se encuentran en una
situación de hecho y de derecho similar al caso que fue resuelto por el Consejo de
Estado en la sentencia de unificación SUJ-SII-013-2018 del 4 de octubre de 2018.

10. De otro lado, explicaron que, ante tal negativa, instauraron el medio de control
de solicitud de extensión de la jurisprudencia para que el máximo órgano de lo
contencioso administrativo resolviera el caso, sin embargo, a la fecha de radicación
de este mecanismo de amparo, la Subsección “B” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado no le había dado trámite al asunto.

11. Finalmente, alegaron ser sujetos de especial protección constitucional. Para el
efecto, afirmaron que tienen “(…) más de 70 años de edad de profesión campesinos mi
esposa y yo hoy pasando los sufrimientos en la salud, mi esposa en el día de hoy 27 de
mayo se encuentra internada en el Hospital de MARIA INMACULADA Florencia, Caquetá
como lo muestra la historia clínica en urgencias, en un estado de salud precario intervenida
en cirugía en el cráneo (…) nuestro hijo mayor (…) murió el 30 de agosto de 1996 en calidad
de soldado regular (…) su muerte se dio en la FAMOSA TOMA DE LAS DELICIAS, en
putumayo y desde ese entonces mi esposa ha venido sufriendo moralmente y
económicamente muchos quebrantos en la salud tanto física como mental por el dolor y la
pérdida de nuestro hijo”. (Sic a toda la cita).

1.5. Actuaciones procesales relevantes

12. A través de auto del 31 de mayo de 2022, el Juzgado Tercero Penal del
Circuito de Florencia, Caquetá, admitió la tutela de la referencia y ordenó la
notificación de la parte actora, así como del Ministerio de Defensa Nacional – Grupo
de Prestaciones Sociales. De igual manera, dispuso la vinculación del Ejército
Nacional.

13. En sentencia del 13 de junio de 2022, el referido operador jurídico resolvió
“NEGAR POR IMPROCEDENTE” el amparo de los derechos invocados, al considerar
que cuentan con un mecanismo de defensa efectivo para controvertir la Resolución
N.º 5278 del 30 de junio de 2021.

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14. Inconformes con dicha decisión, los accionantes la impugnaron, sin embargo,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia Caquetá, en proveído del 26 de
julio de 2022, anuló todo lo actuado dentro del trámite constitucional, con fundamento
en que “(…) tanto en el escrito de tutela como en el de impugnación los accionantes
advierten que solicitaron al CONSEJO DE ESTADO la aplicación en su caso de la figura de
la extensión de jurisprudencia, el cual se encuentra radicado bajo el No.
11001032500020210059100”.

15. Remitido el expediente al Consejo de Estado, la Secretaría General de la
Corporación lo asignó a este despacho de la Sección Quinta para resolver sobre la
admisión.

1.6 . Trámite de la acción de tutela en la Sección Quinta del Consejo de Estado

16. Por encontrar que la acción cumplía con los requisitos establecidos en el
artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, mediante auto del 3 de agosto de 2022, la
magistrada ponente la admitió y ordenó la notificación de la parte accionante, del
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Grupo de Prestaciones Sociales
y los Magistrados de la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, como autoridades accionadas, así como de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en los términos y para los efectos del artículo 610 del CGP.

17. De otro lado, requirió al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional –
Grupo de Prestaciones Sociales, para que, en el término de tres (3) días, contados a
partir de la fecha de su recibo, explicaran las razones por las que no habían
concedido la “PENSION DE SOBREVIVIENTE con motivo de la muerte en combate del
soldado Regular LIBARDO RAMOS GONZALEZ (q.e.p.d)”.

18. Asimismo, ofició a los Magistrados de la Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, como autoridades accionadas, para que en el
término anteriormente señalado, explicaran la razón por la cual, a la fecha de
presentación de este mecanismo de amparo no han dado trámite al mencionado
proceso.

19. De igual manera, dispuso la vinculación de la abogada Martha Lucía Trujillo
Medina, que presentó en nombre y representación de los tutelantes el medio de
control de extensión de jurisprudencia, y al Hospital María Inmaculada E.S.E., como
entidad de salud en la que presuntamente se encuentra internada la señora María
Evelia González de Ramos.

1.7. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes:

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1.7.1. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “B”

20. El magistrado que tiene a cargo el trámite identificado con el radicado N.º
11001-03-25-000-2021-00591-00, informó que el 9 de agosto del año en curso
requirió a la entidad convocada (Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional)
para que remitiera copia de la petición de extensión de jurisprudencia formulada por
los tutelantes, con la correspondiente fecha de presentación y su respuesta, si la
hubiere; decisión que fue notificada por estado el 11 de agosto siguiente, lo cual
puede ser consultado en el sistema de gestión judicial SAMAI.

21. Asimismo, precisó que si bien todas las demandas presentadas en la
jurisdicción contencioso administrativa merecen especial atención, lo cierto es que
tienen prelación legal los habeas corpus y las tutelas (de primera instancia,
impugnaciones y desacatos), situación que da lugar a la congestión en el trámite de
los expedientes ordinarios, dentro de los que se encuentran las solicitudes de
extensión y de unificación de jurisprudencia.

22. Finalmente, recordó que con ocasión de la propagación del virus COVID-19, el
Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo N.º PCSJA20-11517 del 15
de marzo de 2020, suspendió los términos judiciales desde ese día hasta el 30 de
junio de dicha anualidad.

1.7.2. El Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Grupo de Prestaciones
Sociales y los vinculados al proceso en calidad de terceros con interés, pese a que
fueron notificados en debida forma, no atendieron el requerimiento elevado por esta
Sección del Consejo de Estado y guardaron silencio.

2 CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

23. Esta Sala es competente3 para conocer de la acción de tutela presentada por
los señores Antonio Ramos Herrera y María Evelia González de Ramos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo
37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
3
Ello, teniendo en cuenta que, aun analizando este presupuesto desde la perspectiva del Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, esta Corporación Judicial también sería competente para
conocer de la acción de tutela, comoquiera que la Corte Constitucional, de manera reiterada, ha
indicado que: “(…) las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos
judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el
mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para
declarar su falta de competencia (…)”.

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2.2. Problemas jurídicos

24. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Si el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional vulneró los derechos
fundamentales de los señores Antonio Ramos Herrera y María Evelia
González de Ramos, con ocasión de la Resolución N.º 5278 del 30 de junio de
2021, a través de la cual el Ministerio de Defensa Nacional, les negó la
solicitud de extensión de los efectos de la sentencia de unificación SUJ-SII-
013-2018 del 4 de octubre de 2018, por la muerte de su hijo, el soldado
regular Libardo Ramos González?

• ¿Si el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “B” vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de los tutelantes, ante la presunta omisión de darle trámite a la
solicitud de extensión de jurisprudencia identificada con el radicado N.º 11001-
03-25-000-2021-00591-00?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

25. Para resolver el problema jurídico planteado, se estudiarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) improcedencia de la acción de
tutela contra actos administrativos; y (iii) carencia actual de objeto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

26. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades o, excepcionalmente, de
particulares.

27. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

28. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo
demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia
de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

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29. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar de un uso inadecuado, que
podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento
jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.5. Primer problema jurídico

2.5.1. De la improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos

30. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
Ley 2591 de 1991.

31. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de cada
proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la jurisprudencia.

32. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia4.

33. El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991,
de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales
no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los
operadores judiciales deben fungir como jueces de convencionalidad, de
constitucionalidad y legalidad.

34. Por tanto, esta Sala reitera5 su posición en el sentido de que la jurisdicción
de lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer

4
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y
la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de
la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de
cada una de las jurisdicciones.”
5
Contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del Consejo de
Estado, del 10 de septiembre de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-33-000-2015-

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de las controversias que se puedan suscitar con respecto a un acto
administrativo, en atención a la existencia del medio de control de nulidad y de
nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se pueden pedir medidas
cautelares en los términos de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

35. En determinadas oportunidades, la existencia de otro mecanismo de defensa
judicial no resulta eficaz en consideración al enfoque bajo el cual se resuelven, toda
vez que se puede dar el caso en que tal transgresión sea el producto de una decisión
administrativa que, a la luz del ordenamiento contencioso, se encuentre revestida de
legalidad y, sin embargo, en la práctica vulnere el contenido constitucionalmente
vinculante de derechos de rango superior o resulte abiertamente arbitraria o
discriminatoria. En esos casos, la tutela se torna procedente para precaver la
eventual conculcación de estas garantías de orden superior.

2.5.2. Del cargo dirigido contra la Resolución N.º 5278 del 30 de junio de 2021

36. Los tutelantes consideran que el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional desconoció sus garantías constitucionales al negarles el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes.

37. Para el efecto, señalaron que la entidad demandada no tuvo en cuenta que
tienen similitud fáctica y jurídica con el caso que se resolvió en la sentencia de
unificación SUJ-SII-013-2018 del 4 de octubre de 2018.

38. Asimismo, alegaron ser sujetos de especial protección constitucional, con
fundamento en que tienen más de 70 años y que, desde el fallecimiento de su hijo,
vienen sufriendo moral y económicamente por su pérdida. De igual manera, pusieron
de presente que, actualmente, la señora María Evelia González de Ramos “(…) se
encuentra internada en el Hospital de MARIA INMACULADA Florencia, Caquetá como lo
muestra la historia clínica en urgencias, en un estado de salud precario intervenida en cirugía
en el cráneo (…)”. (Sic a toda la cita).

39. En ese orden de ideas, esta Sala anticipa que frente al primer problema
jurídico habrá de declararse la improcedencia de la tutela por no superarse el
presupuesto de la subsidiariedad porque, por regla general, este instrumento
constitucional no es apto para controvertir actos administrativos.

40. De conformidad con el escrito de tutela, las pretensiones elevadas por los
padres del difundo soldado regular se dirigen a atacar la legalidad de la decisión
contenida en la Resolución N.º 5278 del 30 de junio 2022 pues, de la simple lectura
de las súplicas de la demanda se observa que lo que persiguen es que se deje sin
efectos el referido acto administrativo y que, en su lugar, se ordene al Ministerio de

00440-0; del 21 de julio de 2016. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016-00293-01; del
27 de mayo de 2021. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2021-01934-00 y; del 10 de
febrero de 2022, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-03-15-000-2022-00322-00.

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Defensa Nacional – Ejército Nacional que les reconozca y pague la pensión de
sobrevivientes a la que, en su criterio, tienen derecho.

41. Al respecto, sea lo primero aclarar que el juez constitucional no es el llamado
a pronunciarse ante la negativa o silencio de la administración respecto de la
solicitud de extensión de los efectos de una sentencia de unificación pues, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 269 de la Ley 1437 de 2011, ante tal
situación, el interesado puede acudir al Consejo de Estado, tal como lo hicieron.

42. Así las cosas, la parte afectada por tal decisión podrá acudir dentro de los 30
días siguientes a la notificación del acto administrativo en cuestión, mediante escrito
razonado en el que evidencie que se encuentra en similar situación de hecho y de
derecho del demandante al cual se le reconoció el derecho en la sentencia de
unificación invocada.

43. En ese orden, teniendo en cuenta que los señores Antonio Ramos Herrera y
María Evelia González de Ramos radicaron la solicitud de extensión de
jurisprudencia, deberán esperar a que la Subsección “B” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado se pronuncie frente al asunto.

44. Sin perjuicio de lo anterior, es preciso recordar que los actos de la
administración gozan de presunción de legalidad, deben ser controvertidos ante la
jurisdicción contencioso administrativo a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho dispuesto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
cuando se trata de actos de contenido particular como el presente.

45. Lo anterior, pues, se insiste, el reproche del tutelante se centra en atacar lo
resuelto por el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional que, luego de
revisar los requisitos que hacen procedente el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, concluyó que los tutelantes no los reunían, situación que no les
permitía acceder a lo pretendido.

46. A partir de ello, para esta Sección del Consejo de Estado se configura la
causal de improcedencia de que trata el artículo 6.1. del Decreto 2591 de 1991 que
establece que, “(…) la acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto,
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

47. Así las cosas, esta Sala de Decisión advierte que los argumentos expuestos
por la parte actora no permiten concluir la ineficacia de la solicitud de extensión de
jurisprudencia ni del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
atendiendo a que, de acuerdo con lo expuesto por la Sala Plena de esta Corporación

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en la sentencia del 17 de marzo de 20156, en el último de los mecanismos
mencionados hay lugar a pedir el decreto de medidas cautelares:

“(…) las medidas cautelares proceden antes de que se notifique el auto admisorio
y en cualquier etapa del proceso, y que su fin consiste en proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, a través
de un pronunciamiento que no implica prejuzgamiento.
Conforme al artículo 230 ibídem, las medidas cautelares pueden ser preventivas,
conservativas, anticipativas o de suspensión, debiendo tener relación directa y
necesaria con las pretensiones de la demanda. Dentro de este último criterio, en
el numeral 3°, se estipuló la suspensión provisional de los efectos de los actos
administrativos, garantía concordante con lo dispuesto en el artículo 238 de la
Constitución Política”.

48. Ahora, si bien en los procesos ordinarios las partes pueden solicitar el decreto
de medidas cautelares con la finalidad de proteger el objeto de la controversia, lo
cierto es que la Corte Constitucional establece que la acción de tutela será
procedente, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, siempre que, i)
se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y que, del contenido del
acto censurado ii) se evidencie una clara afectación de un derecho fundamental.

49. En relación con lo anterior, el máximo órgano en materia constitucional señaló
que, “(…) únicamente se considerará que tal es la magnitud cuando, “dadas las
circunstancias del caso particular, se constate que (iii) el daño es cierto e inminente, esto es,
que no se debe a conjeturas o especulaciones, sino que se halla sustentado en la
apreciación razonable de hechos reales y apremiantes; (iv) que involucra gravedad, desde el
punto de vista de su incontrastable trascendencia y de la naturaleza del derecho fundamental
que lesionaría; y (v) de urgente atención, en el sentido de que sea necesario e inaplazable
precaverlo o mitigarlo, evitando que se consume una lesión antijurídica de connotación
irreparable”7.

50. En ese contexto, esta Colegiatura reconoce que los tutelantes son sujetos que
merecen una especial protección, dada su avanzada edad y los quebrantos de salud
que actualmente padece la señora María Evelia González de Ramos, no obstante,
teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en trámite ante la Subsección “B”
de la Sección Segunda del Consejo de Estado la solicitud de extensión de
jurisprudencia que radicaron, no hay manera de flexibilizar el requisito de
subsidiariedad, so pena de invadir la órbita de competencia del juez natural de la
causa.

51. Así las cosas, es evidente que esta acción constitucional es improcedente
puesto que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y
eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados

6
Radicación 11001-03-15-000-2014-03799-00, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
7
«T-1316 de diciembre 7 de 2001, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes».

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o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela pues, se insiste, lo
que pretenden por esta vía los tutelantes es controvertir la legalidad de la decisión
contenida en la Resolución N.º 5278 del 30 de junio 2022.

2.6. Segundo problema jurídico

2.6.1. Carencia actual de objeto

52. La Sala ha explicado en varias ocasiones8 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual
e inminente.

53. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

54. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la
terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder
en tres supuestos: (i) hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una
situación sobreviniente.

55. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 20169, señaló que:

“La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que,
ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a
la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al
desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez
constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las
garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el
objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.10

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

8
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del: i) 9.7.2020, Exp. 2020-01377-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; ii) 18.6.2020, Exp. 2020-
01031-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; iii) 15.11.2017, Exp. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro
y; iv) del 19.10.2017, Exp. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido.
10
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual
se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».

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La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que
se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho
fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una
certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que
sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub
examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas
inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a
través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o
(iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia
denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente11”.

56. Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha
sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del
Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la
cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que
la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales12.

57. En palabras de la Corte Constitucional, la “(…) primera de estas figuras [hecho
superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de
hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se
evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por
acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier
intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos
que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer (…)”13.

58. Conforme a lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta
esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la
conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron
o no los derechos fundamentales.

59. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos
casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales

11
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
12
Corte Constitucional. Sentencia T-038/19.
13
Sentencia T-481 del 1.09.2016 M.P. Carlos Bernal Pulido.

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ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el
trámite de revisión ante ese Tribunal14.

60. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:

“En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí
para Corte en sede de Revisión,15 incluir en la argumentación de su fallo el
análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en
la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión
debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para
llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que
originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su
repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”.16 Según la
jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la
providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes
del momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado17 18”.
(Destacado fuera de texto).

61. Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para
formular un juicio de reproche, si ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta
Corporación en cita ha dicho lo siguiente:

“Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las
acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la
satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden
a impartir por parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues que el
derecho ya no se encuentra en riesgo19.
No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar
el estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en
sede de revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales
cuya protección se solicita20, pronunciarse sobre la vulneración invocada en la
demanda conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de 199121 y determinar si, con

14
A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
15
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual
se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima
jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos
fundamentales cuya protección se solicita».
16
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
17
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual
se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
18
«Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
19
«Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».
20
«Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
21
«ARTICULO 24. PREVENCIÓN A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los
efectos del acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún
caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si

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atención de las particularidades del caso, procede el amparo de la dimensión
objetiva de los derechos conculcados22. Dicho análisis puede comprender: i)
observaciones sobre los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención
sobre la situación que originó la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la
advertencia sobre la garantía de no repetición23; y iv) la posibilidad de adoptar las
medidas de protección objetiva24”.25 (Negrillas fuera del texto original).

62. El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal
Constitucional: “[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste
en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha
consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”.26

63. Por último, de manera reciente, la Corte Constitucional ha distinguido el
supuesto de hecho correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la
vulneración de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la
acción de tutela, con ocasión del obrar del actor o de un tercero distinto a la
autoridad demandada.

64. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho
para declarar la carencia actual de objeto:

“[P]ara finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera
modalidad de eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela
termina por carecer por completo de objeto y es en aquellos casos en que como
producto del acaecimiento de una “situación sobreviniente” que no tiene
origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración predicada ya no tiene
lugar, ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o
porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.
Se tiene que, esta nueva y particular forma de clasificar las modalidades en que
puede configurarse la carencia actual de objeto en una acción de tutela, parte de
una diferenciación entre el concepto que usualmente la jurisprudencia ha
otorgado a la figura del “hecho superado”27 y limita su alcance únicamente a

procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere
incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado
para evitar la repetición de la misma acción u omisión».
22
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
23
«Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada».
24
«Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
25
«Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016».
26
«Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
27
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 8, la cual
se transcribe literalmente: “Ya no entendido como la situación a partir de la cual los factores que
dieron lugar a la interposición de la acción de tutela fueron superados por cualquier motivo (Ver
Sentencias: SU-225 de 2013; T-630 de 2005; T-597 de 2008; T-170 de 2009; T-100 de 1995; T-570 de
1992; T-675 de 1996) sino que limita su campo de aplicación a aquellos eventos en los que dicha
situación tuvo lugar con ocasión al obrar de la entidad accionada».

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aquellos eventos en los que el factor a partir del cual se superó la vulneración
está directamente relacionado con el accionar del sujeto pasivo del trámite
tutelar. De forma que es posible hacer referencia a un “hecho superado” cuando,
por ejemplo, dentro del trámite tutelar una E.P.S. entrega los medicamentos que
su afiliado demandaba, y una “situación sobreviniente” cuando es el afiliado
quien, al evidenciar la excesiva demora en su suministro, decide asumir su
costo y procurárselos por sus propios medios”28.

2.6.2. De la presunta mora judicial

65. Los tutelantes alegaron la vulneración de sus derechos fundamentales del
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con fundamento en que, a
la fecha de radicación de este mecanismo de amparo, la Subsección “B” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado no había impartido el trámite
correspondiente a la solicitud de extensión de jurisprudencia que radicaron el 6 de
septiembre de 2021, ante la negativa del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional de reconocerles la pensión de sobrevivientes.

66. A través del informe que rindió el Magistrado de esta Corporación a quien
correspondió el conocimiento del asunto, se informó que el 9 de agosto del año en
curso requirió a la entidad convocada (Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional) para que remitiera copia de la petición de extensión de jurisprudencia
formulada por los tutelantes, con la correspondiente fecha de presentación y su
respuesta, si la hubiere; decisión que fue notificada por estado el 10 de agosto
siguiente, veamos:

28
«Corte Constitucional. Sentencia T-481/2016».

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67. De igual manera, al consultar el Sistema de Gestión Judicial SAMAI, se
encontró que, en efecto, dicha providencia fue notificada a las partes por medios
electrónicos el 10 de agosto de 2022 a las 10:13:24, tal como se evidencia en la
siguiente imagen:

68. En esos términos, esta Sala de Decisión advierte que, encontrándose en
trámite el presente mecanismo de amparo, la autoridad judicial accionada realizó lo
pretendido por la parte actora, esto es, darle trámite a la solicitud de extensión de
jurisprudencia que radicó, en el que pretende que el Consejo de Estado revise la
decisión que el Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional adoptó mediante
la Resolución N.º 5278 del 30 de junio 2022, decisión que se notificó por estado
electrónico que se fijó el 12 de agosto de 2022 en la página web de esta
Corporación.

69. Así las cosas, habrá de declararse la carencia actual de objeto por hecho
superado, atendiendo a que los hechos que motivaron la presentación de esta acción
constitucional desaparecieron, por lo que cualquier pronunciamiento de fondo por
parte de esta Colegiatura resultaría inane.

2.7. Conclusión

70. Conforme con los argumentos expuestos, esta Sala de Decisión declarará la
improcedencia respecto de los cargos dirigidos a atacar la Resolución N.º 5278 del
30 de junio 2022, por no superarse el requisito de subsidiariedad y la carencia actual
de objeto por hecho superado frente al cargo de la mora judicial que se elevó
respecto de la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
teniendo en cuenta que, encontrándose en trámite el presente mecanismo de
amparo, el referido operador jurídico le impartió el trámite correspondiente al proceso
que instauraron los señores Ramos Herrera y González de Ramos.

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III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del mecanismo respecto del cargo
dirigido a atacar la Resolución N.º 5278 del 30 de junio 2022, por no superarse el
requisito de subsidiariedad.

SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO frente a la mora judicial que se elevó respecto de la Subsección “B” de
la Sección Segunda del Consejo de Estado.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la
Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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