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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04100-00

Fecha
8 de junio de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04100-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04100-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

8 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04100-00
Demandante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04100-00
Demandante: JORGE ELIÉCER CUERVO CUERVO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIONES QUINTA Y TERCERA,
SUBSECCIÓN B

Temas: Contra sentencia de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Jorge Eliécer Cuervo
Cuervo contra el Consejo de Estado, Secciones Quinta y Tercera, Subsección B.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 21 de abril de 20231, en ejercicio de la acción de tutela, el señor Jorge Eliécer Cuervo
Cuervo pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
tutela judicial efectiva.

A juicio del actor, la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias de tutela
del 11 de mayo de 2022 y del 14 de julio de 2022, dictadas, en su orden, por las
Secciones Tercera, Subsección B, y Quinta del Consejo de Estado.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERA

Declarar que el Magistrado FREDY HERNANDO IBARRA MARINEZ en su Condición de Ponente
en Primera Instancia de la Tutela 11001031500020220205700, Con DOLO y MALA FE, Declaró
una TEMERIDAD que No cumple con lo Preceptuado en Articulo 38 del Decreto 2591 de 1991 y
los Requisitos por la Honorable Corte Constitucional en Auto 265 de 2001 y Sentencia SU168 de
2017, Convirtiendo en la Misma Parte a dos (2) Entidades distintas como la Caja de Retiro de
Fuerzas Militares ( la Demandada) y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Subsección
F (NO Demandada como lo Acepta la Segunda Instancia)

SEGUNDA

Declara que el Magistrado PEDRO PABLO VANEGAS GIL en su Condición de Ponente en
Segunda Instancia de la Tutela 110010315000202202057/01, en su clara intención de violar mis
Derechos Constitucionales fundamental al Debido Proceso y Tutela Judicial efectiva,
CONFIRMÓ la Espuria sentencia Proferida en Primera Instancia por el Magistrado FREDY
HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ que se reitera No Guarda (i) identidad de partes; (ii) identidad
de hechos; (iii) identidad de pretensiones con los Radicados 11001-03-15-000-2022-05388-00,
11001-03-15-000-01431-00/01, 11001-03-15-000-2016-01465-00, 11001-03-15-000-2019-
02763-01; Confirmación claramente violatoria de mis Derechos Fundamentales al DEBIDO
PROCESO y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA en cuanto a de conformidad con el Artículo 38 del

1 Índice 1 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04100-00
Demandante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo

decreto 2591 de 1991, Auto 265 de 2001 y sentencia SU168 de 2017 No existen los Requisitos
para la Declaratoria de TEMERIDAD.

TERCERA

DECLARAR la Violación de mis Derechos Fundamentales al DEBIDO PROCESO y TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA, por parte de los Magistrados que Integran las SECCIONES TERCERA B
y QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO.

CUARTA
TUTELAR mis Derechos Fundamentales al DEBIDO PROCESO y TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA y en consecuencia y en concordancia con los artículos 48 y 53 de la Constitución
Política, lo Expresado Por la Honorable Corte Constitucional en Sentencias C-230 de 1998 y
SU567 de 2015 y en el tiempo Determinado el Articulo 23 del decreto 2591 ORDENAR a la
Beneficiaria de las espurias Decisiones, CAJA DE RETIRO DE FUERZAS MILITARES , la
Reliquidación de mi Asignación de Retiro desde el 05 de septiembre de 1985 como a
Continuación se Indica y teniendo en cuanta que el MONTO TOTAL de las Pretensiones
Materiales o Económicas DIFIEREN a las Presentadas en Tutela11001031500020220205700,
por: (…)
Luego no puede hablarse ni de la misma Tutela, ni de identidad de Pretensiones

(…)

QUINTA
Declarar que los suboficiales de Fuerzas Militares como el suscrito, que no tengo Cargos de
Conciencia ni manos untadas de sangre, tengo igual y mejor Derecho al DEBIDO PROCESO
que el garantizado por el CONSEJO DE ESTAO a Desmovilizados de Bandas Criminales
dedicadas al Asalto, Robo, Extorsión, secuestro; violación tortura, terrorismo y asesinato y sus
secuaces (…)

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo presentó acción de tutela con el objeto de que
se ampararan los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la
dignidad humana y al debido proceso. A juicio del actor, la vulneración se presentó con
ocasión de la negativa por parte de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –Cremil–
en reliquidar la asignación de retiro que le fue reconocida.

Adicionalmente, el actor manifestó en el escrito de tutela que “luego de fallidos intentos
de hacer cumplir sentencia judicial 02-7905 que ordenó para el suscrito la Reliquidación de mi
Asignación de Retiro desde 1993 Y de la que fui Despojado en Sentencia Espurias Proferidas
en Proceso Ejecutivo 2010-00034 por el Juez Primero Administrativo de Descongestión de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – F –
Descongestión”.

El reparto de la demanda correspondió al Juzgado Primero Civil Oral de Duitama, que
por auto del 31 de marzo de 2022, se declaró impedido para conocerla y ordenó enviar
el expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito Oral de Duitama, que, a su vez,
por auto del 1º de abril de 2022, la remitió al Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Duitama. Por auto del 4 de abril de 2022, remitió el proceso al Consejo de Estado, por
considerar que en la solicitud de amparo se cuestionaron actuaciones del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.

Efectuado el reparto de la demanda en esta Corporación, su conocimiento
correspondió a la Sección Tercera, Subsección B, que, por auto del 8 de abril de 2022
la admitió, ordenó notificar en calidad de demandado al director de Cremil y,
adicionalmente, vinculó como terceros con interés, al Juzgado Primero Administrativo
de Descongestión de Bogotá y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04100-00
Demandante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo

Mediante sentencia del 11 de mayo de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, rechazó por temeraria la acción de tutela presentada por el señor Jorge
Eliécer Cuervo Cuervo y lo exhortó a que cesara de plasmar en sus memoriales
expresiones irrespetuosas hacia la función judicial.

En concreto, la autoridad judicial señaló que, consultado el sistema de gestión judicial
Samai, encontró el registro de más de 77 acciones de tutela presentadas por el señor
Cuervo Cuervo ante esta Corporación. Adujo que el caso concreto guardaba identidad
de causa y de partes con otros procesos, entre los que destacó: (i) 1001-03-15-000-
2020-01431-00, resuelta mediante sentencia del 11 de junio de 2020, por la Sección
Primera; (ii) 11001-03-15-000-2021-05388-00, resulta por sentencia del 19 de
noviembre de 2021, por la Sección Tercera, Subsección A, y (iii) 11001-03-15-000-
2022-00038-00/01, resuelta por sentencia del 31 de marzo de 2022, dictada por la
Sección Segunda, Subsección A.

A partir de lo anterior, concluyo que no existía una razón que justificara el proceder
temerario del demandante, siendo clara su intención de volver a debatir los mismos
hechos que ya fueron objeto de pronunciamiento en anteriores acciones de tutela.

Inconforme con la anterior decisión, el actor presentó impugnación, con fundamento
en que la acción de tutela no se promovió contra autoridad judicial y, por lo tanto, no
guardaba identidad con otras acciones de tutela, además porque tampoco tenía
identidad de objeto al contener variaciones legales.

En sede de segunda instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado, por sentencia
del 14 de julio de 2022, confirmó la sentencia impugnada. A juicio de la autoridad
judicial, en el presente asunto se configuró la temeridad, porque existía identidad de
partes, de hechos y de pretensiones con los procesos de radicados 11001-03-15-000-
2021-05388-00, 1001-03-15-000-2020-01431-00/01, 1001-03-15-000-2020-01465-00
y 1001-03-15-000-2019-02763-01.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedencia de acción de tutela contra providencia judicial, así
como de procedencia excepcional de tutela contra sentencia de tutela, por cuanto: (i)
la presente acción de tutela no comparte identidad procesal con la sentencia de tutela
cuestionada, y (ii) la sentencia cuestionada fue producto de una situación de fraude y,
en consecuencia, se configura la “cosa juzgada fraudulenta”.

Que el fraude radica en que los magistrados de las Secciones Tercera, Subsección B,
y Quinta sustentaron las providencias de tutela en “calumnias y toda clase de
falsedades” al considerar que se configuró una temeridad, a su juicio, inexistente,
porque no existía identidad de partes, de hechos y de pretensiones, como se afirmó.
Que, de hecho, en materia pensional nunca podía predicarse la identidad de objeto,
por las variaciones legales diarias, mensuales y anuales.

Manifestó que era falso que en el proceso de tutela que dio origen a las providencias
objeto de la presente acción de tutela hubiese demandado al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, como se afirmó por las
autoridades judiciales demandadas.

Alegó que tampoco era cierto, como se afirmó en la sentencia del 11 de mayo de 2022,
que hubiera presentado “multiplicidad de acciones de tutela”, por cuanto no tenían
relación con la que era objeto de análisis.

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Demandante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo

Por otro lado, el actor señaló que no contaba con otro medio de defensa judicial para
que se resolviera su caso.

5. Trámite procesal

La demanda de tutela inicialmente fue repartida a la magistrada Myriam Stella
Gutiérrez Argüello y, encontrándose para estudiar la admisión, por oficio del 3 de
agosto de 2022, manifestó impedimento para conocer del asunto, numeral 6º del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

Posteriormente, mediante escrito del 17 de agosto de 2022, los magistrados Stella
Jeannette Carvajal Basto y Milton Chaves García también manifestaron estar
impedidos para conocer del asunto, por la causal del primera 6º del artículo 56 del
Código de Procedimiento Penal.

Por auto del 31 de marzo de 2023, el magistrado sustanciador declaró fundados los
impedimentos y ordenó efectuar el sorteo de conjueces.

Realizado el sorteo, se designó a los conjueces Juan de Dios Bravo González,
Eleonora Lozano Rodríguez y Luis Fernando Macías Gómez.

Mediante auto del 28 de abril de 2023, el Despacho sustanciador admitió la demanda
de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados de las Secciones Quinta y Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado.
Adicionalmente, vinculó como tercero con interés, a los magistrados integrantes de la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
al director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 4 de mayo de
20232.

6. Intervenciones

El magistrado del Consejo de Estado, Sección Quinta, ponente de la decisión objeto
de tutela, solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo, con
fundamento en que no cumplía los requisitos establecidos por la jurisprudencia para
que sea procedente la acción de tutela contra fallos del mismo carácter.

La apoderada de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –Cremil– pidió que se
declarara improcedente la acción de tutela, por cuanto, a su juicio, no es procedente
para solicitar el reconocimiento de prestaciones económicas o acreencias laborales,
los cuales, además, ya han sido resueltos por diferentes despachos judiciales a través
de los mecanismos judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

7. Intervención señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo

El demandante presentó escritos en los que reiteró los argumentos propuestos en el
escrito de tutela.

Adicionalmente, adujo que el informe de Cremil se sustentaba en falsedades que
invocaban en todos los procesos, de ahí que existiera un fraude procesal. En
consecuencia, pidió “compulsar copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación y
comisón de Disciplina judicial, para que se investigue el proceder de la abogada Patricia Sorey
Ortiz Nieves”.

2 Índice 46 de Samai.

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Por otro lado, puso de presente que remitió un escrito al magistrado Fredy Ibarra
Martínez, integrante de la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, en
el que expuso sus inconformidades respecto de la providencia objeto de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Problemas jurídicos y solución

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la acción de tutela cumple los
requisitos especiales de procedencia contra sentencia de tutela, específicamente
cuando se alega cosa juzgada fraudulenta.

La Sala anticipa que la acción de tutela no es procedente, por cuanto se presentó
cuando aún no existía cosa juzgada constitucional frente a las sentencias acusadas.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra sentencias o actuaciones de otra acción de tutela, y (ii) análisis del
caso concreto.

2. De la acción de tutela contra sentencias o actuaciones de otra acción de tutela

La Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 2015 unificó el criterio en relación con
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias o actuaciones
adelantadas en una acción de tutela, de acuerdo con tres hipótesis: (i) cuando la tutela
se dirige en contra de la sentencia de tutela en sentido estricto; (ii) cuando se dirige
contra una actuación anterior al fallo, y (iii) cuando se efectúa en contra de decisión
posterior.

En la primera hipótesis, la Corte Constitucional señaló que la regla es la de que no
procede la acción de tutela, la cual no admite excepción si la sentencia ha sido
proferida por esa corporación, sea por su Sala Plena o por sus Sala de Revisión de
Tutela, caso en el cual solo procederá el incidente de nulidad de dichas sentencias y
deberá promoverse ante esa Corte.

Ahora, si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República,
la acción de tutela puede proceder de manera excepcional “cuando exista fraude y por
tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando,
además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la
decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación” (Resaltado fuera de texto) .

Para la Corte, en cualquiera de las anteriores excepciones a la regla de improcedencia
de la solicitud de amparo contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos
de tutela, sigue siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, como es que se
hayan agotado todos los medios de defensa judicial3.

3 La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, estableció los requisitos generales de procedibilidad de

la tutela contra providencias judiciales, y dijo: «b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de
asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las

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Ahora, en sentencia T-322 de 2019, la Corte Constitucional resaltó que previo a la
verificación de la existencia de un fraude, era pertinente constatar si el fallo de tutela
cuestionado fue objeto de la eventual revisión atribuida a esa corporación judicial, pues
de lo contrario se tornaría improcedente la acción de tutela4.

En esa decisión, la Corte resaltó que quien pretenda la revocatoria de una sentencia
de tutela que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional debido a su no selección
para revisión, debía cumplir con una exigente carga argumentativa dirigida a
demostrar: (i) que el juez de tutela incumplió un deber básico de conducta que se
opone a los requerimientos medulares que se anudan a la tarea de administrar justicia,
manifiesta en una actuación dolosa o extremadamente negligente y (ii) que la
sentencia cuestionada no puede ser admitida debido a que resulta evidentemente
incorrecta, implicando además -en principio- una afectación grave del patrimonio
público.

Por lo anterior, señaló que no serían de recibo “razones o interpretaciones que obedezcan
al disgusto o inconformismo del solicitante por la sentencia atacada. Ese presupuesto tiene
fundamento en el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada constitucional”.

Por otro lado, en sentencia T-023 de 2023, la Corte sostuvo que “de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, en principio son improcedentes las acciones de tutela en
contra de una decisión de tutela antes de que el trámite de selección y eventual revisión
se haya surtido. Esta regla de improcedencia, sin embargo, no es absoluta. En casos
excepcionales, la acción de tutela contra decisiones de tutela puede ser procedente si, a pesar
de que la parte accionante no participó en el trámite de selección o este no se ha surtido, las
pruebas practicadas en sede de revisión evidencian prima facie la existencia de una situación
de fraude que se habría materializado en los fallos de tutela de instancia”.

3. Análisis del caso concreto

En el presente asunto, el señor Jorge Eliécer Cuervo Cuervo cuestiona las sentencias
del 11 de mayo y del 14 de julio, ambas de 2022, dictadas, en su orden, por las
Secciones Tercera, Subsección B, y Quinta del Consejo de Estado, que rechazaron
por temeraria la acción de tutela que promovió el actor. El demandante fundamenta la
solicitud de amparo, en que las decisiones objeto de tutela constituyen cosa juzgada
fraudulenta.

Al respecto, es importante resaltar que en sentencia SU-245 de 2021, la Corte
Constitucional destacó que “el carácter definitivo de una sentencia de tutela se produce
únicamente cuando ha vencido el término para que sea seleccionada, o cuando se ha
producido la decisión de revisión dictada por este Tribunal y, por ese motivo, no es posible
hablar de cosa juzgada fraudulenta antes de que ocurran estos hechos, pues tal estabilidad
no se ha alcanzado y aún está pendiente la posibilidad de que esta Corte Constitucional se
pronuncie, revisando las decisiones de instancia” (Subraya la Sala).

En el caso concreto, verificado el sistema de gestión judicial Samai, la Sala advierte
que la presente acción de tutela fue radicada el 27 de julio de 2022, mientras que el
expediente de tutela que dio lugar a las sentencias que aquí cuestiona el actor, se
remitió a la Corte Constitucional para su eventual revisión el 1º de agosto de 2022.

Es decir, el señor Cuervo Cuervo promovió la acción de tutela cuando aún no se había
surtido el trámite de eventual revisión ante la Corte Constitucional por lo que no era

decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última».
4 En sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada en el proceso No. 11001-03-15-000-2023-00545-00, así

fue expuesto por esta Sala, con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Demandante: Jorge Eliécer Cuervo Cuervo

posible que se hablara de cosa juzgada. En este punto conviene precisar que, como
lo ha establecido la Corte Constitucional –sentencia T-140 de 2023– la acción de tutela
se debe estudiar conforme con los hechos acreditados "para el momento de la
interposición de la acción de tutela”.

En consecuencia, la acción de tutela promovida por el señor Jorge Eliécer Cuervo
Cuervo es improcedente, por cuanto, se reitera, previo a promoverla, debía haberse
surtido el trámite de eventual revisión en el que, incluso, el actor podía solicitar a la
Corte Constitucional la revisión de la sentencia objetada, en los términos de los
artículos 86 de la Constitucional Política, 33 del Decreto 2591 de 1991 y 53 del
Reglamento Interno (Acuerdo 02 de 2015).

En los anteriores términos queda resuelto el problema jurídico planteado. En
consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Jorge Eliécer
Cuervo Cuervo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN JUAN DE DIOS BRAVO GONZÁLES
Magistrado Conjuez

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ELEONORA LOZANO RODRÍGUEZ LUIS FERNANDO MACÍA GÓMEZ
Conjuez Conjuez

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