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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04112-01

Fecha
15 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04112-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Tercera, Subsección C Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de amparo, por los motivos explicados en este proveído. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-04112-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

15 de diciembre de 2022

Demandante: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04112-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04112-01
Demandante: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencia – Subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la
providencia del 29 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Tercera –
Subsección C del Consejo de Estado que declaró improcedente la tutela por
no cumplir con el requisito adjetivo de la subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
mediante apoderada, promovió acción de tutela radicada el 28 de julio de
2022, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, de defensa y a la contradicción.

Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 2 de noviembre de 2021
proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado,
mediante la cual modificó la dictada el 11 de junio de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Santander dentro del medio de reparación directa
identificado con el radicado 68001233100020050305101.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«Dejar sin valor ni efecto lo ordenado en el numeral cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia dictada al interior del proceso de reparación directa
de radicado 68001233100020050305101; y se ordene, por consiguiente a la
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Demandante: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04112-01

Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, proferir un nuevo fallo
en el que se denieguen las pretensiones de la demanda.»

1.2. Hechos

La solicitud se sustentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

La Fiscalía Segunda Delegada de San Gil solicitó la captura de Hugo
Domínguez por considerarlo posible autor del delito de hurto calificado
cometido en el referido municipio el 27 de febrero de 1994, en contra de los
señores Rubén Guillermo y Gustavo Bohórquez.

Por lo anterior, el organismo investigador profirió resolución de acusación en
contra del señor Domínguez y, el Juzgado 2 Penal del Circuito de San Gil
emitió sentencia condenatoria imponiéndole pena privativa de la libertad de
40 meses.

Posteriormente, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
San Gil ordenó la revisión de la causa y absolvió al señor Domínguez, tras
comprobar que no fue el autor de los delitos por los cuales se le condenó.

Debido a dicho fallo, el afectado y su núcleo familiar instauraron demanda de
reparación directa, en la cual solicitaron que se declarara administrativa y
patrimonialmente responsable a la Nación Fiscalía General de la Nación y a
la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial por los
perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad.

El asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Santander que,
mediante sentencia del 11 de junio de 2015, accedió a las pretensiones de
la demanda y condenó a los demandados así:

“PRIMERO: DECLARAR a la NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA
NACIÓN y a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, administrativa y extracontractualmente
responsable de los perjuicios ocasionados a los demandantes por la privación
de la libertad del señor HUGO DANILO DOMINGUEZ ALBARRACIN, por las
razones consignadas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA
NACIÓN y a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a los demandantes por concepto de
perjuicios morales las siguientes cantidades (…)

(…) Las anteriores sumas se cancelarán en salarios mínimos legales
mensuales vigentes al momento de ejecutoria de la sentencia.

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Demandante: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial
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Subsección B
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TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA
NACIÓN y a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar por concepto de perjuicios materiales
en la modalidad de lucro cesante al señor HUGO DANILO DOMINGUEZ
ALBARRACIN, en su condición de víctima, la suma de ONCE MILLONES
OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS
CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS, ($11.811.972,64), suma que
será actualizada al momento de ejecutoria de esta sentencia.

CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en esta sentencia.

QUINTO: Dar cumplimiento a esta providencia en los términos de los
Artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.

SEXTO: Sin costas en la instancia.

S[É]PTIMO: Una vez en firme esta providencia, ARCHIVAR las diligencias
previas las anotaciones en el Sistema Justicia Siglo XX”. (Negritas y
mayúsculas sostenidas del texto).

Lo anterior bajo los siguientes argumentos:

“Así las cosas, no hay duda que las entidades demandadas, en el asunto sub
lite, debe (sic) responder por los perjuicios causados al actor, por la privación
injusta de su libertad, en aplicación de lo previsto por el artículo 414 del
Decreto 2.700 de 1991, pues, en el curso de la acción de revisión el operador
judicial concluyó que con los elementos probatorios obrantes al plenario se
pudo demostrar que el demandante no cometió la conducta punible por la
cual fue condenado a 40 meses de prisión y por lo tanto dispuso la absolución
del enjuiciado.

En efecto, conforme a lo dicho es claro que se dan dos de las circunstancias
en que, conforme al artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, quien ha
sido privado injustamente de la libertad tiene derecho a ser indemnizado,
pues la misma administración de justicia concluyó que el sindicado no tuvo
participación alguna en las (sic) conducta punible que se le imputó.

Por lo anterior y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se
impone concluir que el actor no está en la obligación de soportar el daño que
el Estado le irrogó y que [e]ste debe calificarse como antijurídico, lo cual
determina la consecuente obligación para la Administración de indemnizar o
resarcir los perjuicios causados al demandante.

La Sala insiste en que, en casos como [e]ste, no corresponde a la parte
actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la
responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación,
extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente,
pues fue una decisión de la administración de justicia, en cabeza de la
Fiscalía General de la Nación y la Nación-Rama Judicial, la que determinó
que el señor HUGO DANILO DOMINGUEZ ALBARRACÍN, estuviese privado
de su libertad durante 10 meses, 5 días, término al cabo del cual se le ordeno
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(sic) la libertad provisional al demostrarse que no tuvo participación alguna en
los ilícitos que se investigaron. En cambio, es a la parte accionada a quien le
corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al
proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere
entenderse configurada una causal de exoneración: fuerza mayor, hecho
exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima. En
este caso, ocurre que ninguna de estas eximentes fue acreditada en el
plenario”.

Inconformes con la decisión, la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación interpusieron
recurso de apelación que fueron desatados por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que en sentencia del 2 de
noviembre de 2021 modificó la decisión del a quo, confirmando la
declaración de responsabilidad administrativa en cabeza de dichas entidades
y en la que dispuso en el numeral cuarto lo siguiente:

“(…)

CUARTO: La Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación
remitirán con destino al señor Hugo Domínguez Albarracín una misiva en la
que expresen disculpas a raíz de la privación de la libertad de la cual 33
Expediente 68001-23-31-000-2005-03051-01 (55.892) Actor: Gloria
Rodríguez Ramos y otros Reparación directa Apelación sentencia fue objeto
y reconozca que él no era responsable del delito que se le imputó, conforme
a los términos señalados en esta providencia1. (sic para toda la cita)

(…)”

1.3. Sustento de la vulneración

La parte actora alegó que la providencia censurada le vulneró los derechos
fundamentales invocados al incurrir en (i) defecto fáctico en lo relacionado
con el numeral cuarto de la parte resolutiva al disponer una obligación de
hacer que la parte actora no pidió en su demanda y (ii) defecto sustantivo por
desconocer el principio de congruencia y el carácter rogado de la jurisdicción
contencioso administrativa, por cuanto con la demanda ordinaria no se
pretendió la reparación restaurativa ordenada en el numeral cuarto del
resuelve de la sentencia atacada.

1.4. Trámite de primera instancia

La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, mediante auto del
1 de agosto de 2022, admitió la acción de tutela en la cual, negó la medida
cautelar solicitada y ordenó notificar a los magistrados de la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado, así como a la señora Gloria Rodríguez

1 Transcripción de la sentencia

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y a Hugo Danilo Domínguez Albarracín en calidad de demandantes; a la
Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría Primera Delegada ante el
Consejo de Estado en sus calidades de demandados dentro del proceso
ordinario y al Tribunal Administrativo de Santander que conoció del asunto
antes mencionado.

1.5. Intervenciones

1.5.1 Fiscalía General de la Nación

Solicitó acceder a las pretensiones de la tutela, por cuanto en su opinión se
vulneraron los derechos fundamentales invocados al desconocer la
regulación relacionada con la afectación relevante de bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados.

1.5.2 Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado

Mediante escrito radicado el 4 de agosto de 2022, el magistrado ponente
expresó que “la acción tutela no es procedente porque las supuestas
irregularidades advertidas por la entidad accionante no cumplen con la
exigencia jurisprudencial de relevancia constitucional debido a que pretenden
crear, indebida e injustificadamente, una tercera instancia frente a una
sentencia en la que se hizo un correcto análisis fáctico, probatorio y jurídico
ya que la providencia fue sustentada en derecho y con base en los medios
de prueba valorados de manera razonada e integral”.

El Tribunal Administrativo de Santander, allegó el expediente ordinario.

La señora Gloria Rodríguez, el señor Hugo Danilo Domínguez Albarracín y la
Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado pese a ser
notificados en debida forma guardaron silencio

1.6. Sentencia de primera instancia

La Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, en providencia del
29 de septiembre de 2022, declaró improcedente el amparo por no cumplir el
requisito de subsidiariedad.

Como sustento de esta decisión, expresó en resumen lo siguiente:

«(…)

4.2.- Ab initio, se debe advertir que las censuras aducidas por la parte actora,
se centran en que (i) el daño al buen nombre y a la honra se presumió por el
juez de segunda instancia, puesto que no existían medios de convencimiento
que lo acreditaran; y (ii) se trasgredió el principio de congruencia y la

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naturaleza rogada de la jurisdicción al disponer una medida restaurativa2 que
no fue solicitada por los demandantes del proceso ordinario. Así, se torna
evidente que ambas protestas, en síntesis, buscan desvirtuar la orden de
ofrecer disculpas, contenida en la sentencia del 2 de noviembre de 2021, por
lo cual el estudio de este requisito genérico abarca ambos reproches.

4.3.- En el sub examine, la petición de amparo no satisface el requisito de
subsidiariedad, puesto que la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial
cuenta con otro medio legal para discutir y dejar sin efectos la orden de
ofrecer disculpas que se le impuso en el proceso de reparación directa No.
68001233100020050305101, como se pasa a explicar.

4.4.- Así, tratándose del desconocimiento del principio de congruencia y la
consecuente decisión extra petita, esta Corporación ha decantado que, de
materializarse tal circunstancia, ello da lugar a la nulidad originada en la
sentencia, de modo que se torna procedente el recurso extraordinario de
revisión, por la configuración de la causal consignada en el numeral 5º del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

4.5.- En tal medida, en el caso concreto se debía acudir de manera preferente
al recurso extraordinario de revisión3 a fin de censurar la incongruencia en
que, según la entidad tutelante, incurrió la sentencia emitida el 2 de
noviembre de 2021 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado. Ello, a fin de que la acción de tutela no sea considerada como una
instancia adicional, ni llegue a reemplazar o sustituir aquellos recursos
previstos por el legislador para el efecto.»

1.7. Impugnaciones

1.7.1. Nación - Rama Judicial

Mediante escrito del 11 de noviembre de 2022, la apoderada de la Rama
Judicial, presentó escrito de impugnación contra la providencia del 29 de
septiembre de 2022, manifestando que sí se cumple el requisito de
subsidiariedad teniendo en cuenta la amenaza cierta y real de afectación
injustificada del patrimonio público y al buen nombre de la entidad.

Expresó el hecho, de que se estaría imponiendo en cabeza del director
ejecutivo de la Administración Judicial una obligación de hacer tal y como fue
manifestado en la acción de tutela.

Resaltó que la naturaleza de las disculpas públicas es un elemento propio de
la política de justicia transicional como forma de reparación simbólica y que

2 El ofrecimiento de disculpas.

3 Tratándose en el sub judice del recurso extraordinario de revisión, consignado en los artículos 248 y

siguientes de la Ley 1437 de 2011, la Corte Constitucional ha expuesto que este mecanismo judicial,
prima facie, es un espacio de protección de derechos fundamentales y que su finalidad es revertir
decisiones que hacen tránsito a cosa juzgada al vulnerar la justicia material, donde su idoneidad y
eficacia dependen de que el actor pueda “encuadrar el defecto que considera tiene la sentencia dentro
de alguna de las causales taxativas establecidas en el código correspondiente. De lo contrario, no
puede considerarse improcedente la tutela”. Sentencias C-649 de 2011 y SU-659 de 2015.
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una disculpa es un reconocimiento formal, solemne y en la mayoría de los
casos el reconocimiento de que se cometieron violaciones a los derechos
humanos

Adujo, que el juez debe atenerse a resolver la aspiración formulada por las
partes a través de la demanda el cual debe consistir en resarcir el perjuicio
patrimonial o extramatrimonial y no corregir lo que se considera equivocado
sino procurar su resarcimiento.

Reiteró lo manifestado en la acción de amparo en el sentido de que se deben
emitir pronunciamientos con base en lo pretendido, lo probado y lo
excepcionado dentro del proceso sin que sea factible dictar sentencias por
fuera o por más de lo pedido según el principio de congruencia.

Hizo alusión de manera reiterada a la naturaleza del medio de control de
reparación directa del proceso ordinario sin cuestionar de manera clara y
concisa por qué consideraba cumplir con el requisito de subsidiariedad, tema
sobre el cual debe recaer la impugnación.

1.7.2. Fiscalía General de la Nación

Mediante escrito elevado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía
General de la Nación y actuando en calidad de coadyuvante, presentó
impugnación debido a tiene un interés legítimo en las resultas del proceso.

Lo anterior, por cuanto la pretensión de la entidad accionante es que se deje
sin efectos la sentencia del 2 de noviembre de 2021 proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en la que se
declaró responsables a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de
la Nación por los perjuicios morales y materiales ocasionados por la privación
de la libertad del señor Hugo Rodríguez Albarracín y en la que se espera se
profiera un nuevo fallo que respete sus derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad.

Para dicha entidad, la acción de tutela sí cumple con el requisito de la
subsidiariedad debido a que el reparo formulado por la entidad no se limita
únicamente a advertir el decreto de una categoría autónoma de daño que no
fue solicitada en la demanda de reparación directa, sino que señala que se le
desconocieron los derechos fundamentales antes aludidos al haberse
procedido a una condena pecuniaria y a una obligación de hacer.

Manifestó que el amparo de los derechos fundamentales de la Rama Judicial
y la Fiscalía General no se satisfacen a través de la interposición del recurso
extraordinario de revisión, dado que dichas motivaciones no se encuentran
expresamente establecidas en las causales previstas en el artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(Ley 1437 de 2011) para la procedencia de ese medio de impugnación
extraordinario.
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Por lo anterior, consideró que la tutela sí es el mecanismo idóneo y eficaz
para la protección de los derechos fundamentales de la Rama Judicial y la
Fiscalía General desconocidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado
al proferir la sentencia del 2 de noviembre de 2021 dentro del trámite de
segunda instancia en el proceso de reparación directa adelantado por el
señor Hugo Rodríguez Albarracín.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer las impugnaciones contra la
providencia del 29 de septiembre de 2022, presentadas por la parte actora y
la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015 modificado por los Decretos
1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o
modificar el fallo adoptado en primera instancia por la Sección Tercera,
Subsección C del Consejo de Estado, con base en los argumentos de
impugnación presentados.

Para el efecto, se analizarán los siguientes aspectos: i) procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial; ii) requisito de procedibilidad
adjetiva de subsidiariedad y iii) estudio del caso concreto.

2.3 Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20124, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte

4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN

DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
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resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.

2.4 Subsidiariedad

En cuanto a la subsidiariedad, la Sala Plena de la Corte Constitucional
mediante sentencia SU-297 de 2015, advierte lo siguiente:

“4.4.2. De igual manera, la Corte ha explicado que este presupuesto de
procedibilidad no sólo implica que el accionante identifique los yerros de la
autoridad judicial que dan origen a la vulneración, sino que también exige que
las mismas hayan sido puestas en conocimiento del juez en su debida
oportunidad de ser ello posible, puesto que, de conformidad con los artículos
86 de la Carta y 6º del Decreto 2591 de 1991, resulta necesario preservar el
principio de subsidiariedad que subyace a la acción de tutela.

En ese sentido, esta Corporación ha determinado que el recurso de amparo
es improcedente si quien ha tenido a su disposición instrumentos procesales
de defensa para hacer valer sus derechos, no los utiliza oportuna y
adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional, ya que las
herramientas instituidas por el legislador en los procesos ordinarios son
también verdaderos mecanismos de protección de las prerrogativas
fundamentales, por lo que deben usarse en su debido estadio procesal, para
que en caso de no prosperar y demostrarse que la autoridad judicial se negó
injustificadamente a enmendar su yerro, pueda prosperar el mecanismo
subsidiario que ofrece el artículo 86 superior.”

2.5 Caso concreto

La parte actora cuestionó la providencia del 2 de noviembre de 2021,
proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado,
mediante la cual modificó la dictada el 11 de junio de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Santander dentro del medio de reparación directa
identificado con el radicado No. 68001233100020050305101.

6 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto

de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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En primera instancia la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado, en providencia del 29 de septiembre de 2022, declaró improcedente
el amparo por no cumplir con el requisito adjetivo de la subsidiariedad.

La Sala observa que, como lo concluyó el a quo, la tutela no supera el
requisito de procedibilidad adjetiva de la subsidiariedad, por cuanto se deben
agotar todos y cada uno de los mecanismos previstos en la ley para recurrir
la decisión judicial cuestionada por parte de la Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, uno de los cuales es el recurso
extraordinario de revisión establecido en el artículo 248 y siguientes de la Ley
1437 de 2011 para controvertir la decisión judicial atacada.

La Corte Constitucional y esta Corporación, han señalado el carácter
subsidiario de la tutela y su procedencia como mecanismo residual, de tal
modo que para que esta acción sea procedente se requiere el agotamiento
de los medios judiciales ordinarios y extraordinarios para la protección de los
derechos presuntamente vulnerados.

Razón por la cual el recurso extraordinario de revisión, constituye un
mecanismo idóneo y eficaz para controvertir la sentencia proferida por la
autoridad judicial accionada y procurar con ello la protección de los derechos
fundamentales, en la medida en que en la impugnación reiteró el alegado
desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia y del carácter
rogado de esta jurisdicción.

Sin embargo, la entidad accionante no ha hecho uso de dicho recurso, sino
que acudió directamente al juez constitucional al presentar la petición de
amparo el 28 de julio de 2022.

Dicha situación resulta inadmisible debido a que la tutela, como ya se
advirtió, es un mecanismo residual que no puede ser utilizado para suplantar
la competencia de los jueces naturales, o para obviar los trámites ordinarios y
extraordinarios que la legislación ha dispuesto para resolver casos como el
presente.

Es importante destacar que, en este caso, la Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial alegó que la Subsección “B” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró sus garantías
constitucionales con ocasión de la providencia en cita, por cuanto, en su
criterio, adolece de los defectos fáctico, por desconocimiento del precedente,
sustantivo e incongruencia de las decisiones judiciales porque se adoptó una
decisión extra petita.

En tal sentido, la Sala observa que los cargos de incongruencia de la
sentencia y decisión extra petita endilgados contra la providencia que es
objeto de censura, corresponden a una de las causales de revisión
consagradas en el ordenamiento jurídico.
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Demandante: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera
Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04112-01

La Entidad demandante expresó en el escrito de tutela que, la Subsección
“B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 2 de
noviembre de 2021, resolvió la controversia de manera extra petita, ya que
abordó asuntos no invocados por la parte actora. Lo anterior, al ordenar de
oficio una medida restaurativa, siendo que ello no se solicitó, ni mucho
menos se evidenció su causación.

Es así como, al revisar el contenido de la carga argumentativa expuesta,
para la Sala es claro que el objetivo de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial es demostrar la existencia de una decisión que
desconoce el principio de congruencia.

En ese sentido, esta Sección en anteriores oportunidades a manifestado que,
el dictar una sentencia extra petita, implica una violación al principio de
congruencia, lo cual es una de las causales de nulidad por lo que, procede el
recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437
de 2011, específicamente por la causal contenida en el numeral 5° del
artículo 250 ejusdem, que señala:

“2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de
nulidad de la sentencia

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la
Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del
artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad
originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al
demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del
pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.

Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión
contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si
se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en
últimas implica una actuación sin competencia.

(…)

El CPACA no trae una disposición similar, sin que ello signifique que este
principio no se exija, pues de hecho el mismo se encuentra regulado en el
artículo 305 del C. de P. C y 281 del nuevo Código General del Proceso, en
los siguientes términos:

“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las
demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones
que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
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(…)

En términos generales, la congruencia se entiende como el deber legal
que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no
incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita, definidos por la
jurisprudencia del Consejo de Estado, en los siguientes términos:

“Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art. 170], exige de
una parte que exista armonía entre la parte motiva y la parte resolutiva de la
misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que
ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la
demanda, como en el escrito de oposición, denominada congruencia externa,
es decir, se tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en el
proceso.

“Cuando en una providencia judicial, no se respeta el principio de la
congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que
consiste en reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante,
“extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido reclamado o
cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por
una causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”:
cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones.”

(…)

En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto,
que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en
la sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha
desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso,
el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta
contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de
competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía
pronunciar. (…)”. (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Por lo anterior, la Sección recuerda que el recurso extraordinario de
revisión8, regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, es un
medio de impugnación excepcional que permite revisar determinadas
sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas
por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración
inequívoca de ser decisiones injustas por incurrir en alguna de las causales
taxativamente consagradas en la ley.

8 Sobre el recurso extraordinario de revisión pueden consultarse entre otras, las providencias

de: (i) 3.11.2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18. Magistrado Ponente
(E): Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-03284-00; (ii) 7.4.2015 Sala
Especial de Decisión No. 27. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro Rad. No.
11001-03-15-000-2013-00577-00 y; (iii) 3.11.2015, Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión No. 18. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-
000-2014-01918-00.
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Según el artículo 248 del CPACA el recurso extraordinario de revisión 9
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y
Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, por los tribunales y jueces administrativos y, debe interponerse
mediante demanda que debe reunir los requisitos prescritos por el artículo
162 de ese mismo Estatuto Procesal, con indicación precisa y razonada de la
causal en que se funda, acompañada de los documentos necesarios y las
pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y pretenda hacer
valer (artículo 252).

Como lo sostuvo la Sala Plena en anterior oportunidad, “la naturaleza del recurso
extraordinario de revisión pretende conciliar nociones esenciales del ordenamiento
legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad de
las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de
restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un orden
justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política”10. Y, precisamente,
bajo ese entendimiento, en esa misma oportunidad sostuvo que “el recurso
extraordinario de revisión conlleva una limitación a la seguridad jurídica que
representan las sentencias ejecutoriadas, constituye un medio excepcional de
impugnación, que permite cuestionar una sentencia que está amparada por el principio
de cosa juzgada material”.

A su turno, en el mismo sentido la Corte Constitucional entiende que el recurso
extraordinario de revisión permite el ejercicio de una verdadera acción contra
decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material del caso concreto.
Por ello, dice la Corte, “[e]l recurso de revisión ha sido establecido para respetar la
firmeza de los fallos, con miras a preservar la certeza y obligatoriedad incondicional
que acompaña a las decisiones de los jueces, sin perjuicio de la necesidad de hacer
imperar en ellos los dictados constitucionales y los imperativos legales, artículos 2°, 29
y 230 C.P.”.

En este orden de ideas, se tiene que la solicitud de tutela se torna
improcedente frente a los reparos de incongruencia y sentencia extra petita,
porque no supera el requisito de procedibilidad adjetivo de subsidiariedad,
por no agotar todos los medios de defensa judicial debido a que aquellos
debieron resolverse a través del recurso extraordinario de revisión para
controvertir la providencia judicial censurada, de conformidad con los
artículos 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Por lo tanto, para la Sala es claro que en el presente caso no se cumple con
el mencionado requisito, por cuanto la Nación – Rama Judicial - Dirección

9 Ver al respecto la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, del 12 de
septiembre de 2019. M.P. Luís Alberto Álvarez Parra. Rad. 11001-03-15-000-2019-03291-
01, sentencia del 14 de febrero de 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-
2018-04760-00, sentencia del 12 de diciembre de 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad.
11001-03-15-000-2019-03853-01.
10 Sentencia del 12 de julio de 2005, expediente REV-00143, reiterada en sentencia del 18

de octubre de 2005, expediente REV-00226.
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Ejecutiva de Administración Judicial puede hacer uso de un mecanismo de
defensa judicial diferente a la solicitud de amparo constitucional, como lo es
el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA
invocando cualquiera de las causales consagradas en el artículo 250 ibidem.

2.6. Conclusión

La Sala confirmará la decisión proferida por la Sección Tercera, Subsección
C del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 29 de septiembre de 2022,
proferida por la Sección Tercera, Subsección C Consejo de Estado, que
declaró improcedente la acción de amparo, por los motivos explicados en
este proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

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(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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