Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04117-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04117-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04117-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
13 de octubre de 2022
Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 11 7- 0 1
Ac c io n a nt e : PRO C A P S S . A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintidós (2022)
F.T: 255
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04117-01
Accionante: PROCAPS S.A.
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTROS
Temas: Acción de tutela por supuesto error en la fecha de radicación de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el aquí accionante.
Incumplimiento del requisito general de subsidiariedad e inexistencia de un perjuicio
irremediable.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia
proferida el 26 de agosto de 2022 por la Subsección A de la Sección Tercera de
esta corporación.
HECHOS RELEVANTES
a) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
La sociedad Procaps S.A., por intermedio de su apoderado, afirmó que el 16 de
diciembre de 2021, a las 2:25 p. m., presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a
través de los correos electrónicos des00taobquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co
sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co y des04taatl@cendoj.ramajudicial.gov.co,
los cuales se encuentran publicados en la página web de la Rama Judicial.
Indicó que en esa fecha, a las 4:05 p. m., recibió respuesta del Despacho núm. 4
del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual evidenció que su demanda
fue remitida al correo ventanillad04tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co de la
Ventanilla D04 de ese Tribunal, el cual, posteriormente, le informó que la demanda
debía radicarse por mensaje de datos a la dirección electrónica
oficinadeserviciosjuzadmbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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Por lo anterior, sostuvo que el mismo día remitió la demanda al correo
oficinadeserviciosjuzadmbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co, sin obtener respuesta
negativa y/o aclaratoria con respecto a la presentación de aquella. No obstante,
manifestó que desde enero de 2022 hasta mayo del mismo año hizo una búsqueda
exhaustiva de su proceso en la aplicación de la Rama Judicial prevista para ese
efecto, sin conseguir resultados favorables, por lo que el 25 de mayo del año en
curso solicitó ubicar el citado expediente.
Adujo que al día siguiente la Secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico
informó que no le correspondía realizar el reparto de las demandas, puesto que
dicho trámite se adelantaba ante la Oficina de Servicios, a través del correo
demandasconadmbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co. Asimismo, mencionó que el
8 de junio de igual anualidad la Oficina Judicial de Barranquilla le comunicó que no
encontró el referido proceso y que el canal habilitado para radicar demandas
ordinarias era la dirección demandasbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Resaltó que entre el 13 de junio y el 8 de julio de este año radicó diferentes correos
solicitando información sobre la ubicación de su proceso o, en su defecto, para que
remitieran el acta de reparto del expediente, pero tampoco obtuvo respuesta de
fondo. Indicó que el 14 de julio del presente año envió un memorial al correo
demandasconadmbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co, donde explicaba lo sucedido
en la radicación de la demanda y adjuntaba copia de esta.
Señaló que al día siguiente la Oficina de Servicios de los Juzgados Administrativos
de Barranquilla expidió el acta de reparto de la demanda, pero con fecha de
presentación del 15 de julio de 2022, radicado 08001-23-33-000-2022-00227-00,
correspondiéndole conocerla al Despacho núm. 6 del Tribunal Administrativo del
Atlántico, cuyo titular es el magistrado Ángel María Hernández Cano.
b) Inconformidad
La sociedad accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Secretaría y Despacho núm. 4; la Oficina de Servicios de los Juzgados
Administrativos de Barranquilla; la Oficina Judicial de Barranquilla y la Defensoría
del Pueblo vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
contradicción, acceso a la administración de justicia e igualdad.
Para el efecto, manifestó que no es cierto que presentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho el 15 de julio de 2022, tal y como aparece consignado
en el acta de reparto, pues existe suficiente material probatorio que permite
demostrar que aquella fue radicada el 16 de diciembre de 2021. Indicó que de no
aceptarse que la demanda la presentó en la última fecha mencionada, los términos
estarían vencidos, por encontrarse por fuera de los cuatro meses previstos en el
artículo 138 del CPACA y, en esa medida, se tendría como caducado el medio de
control.
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PRETENSIONES
La parte accionante solicitó proteger sus derechos fundamentales antes
mencionados y, en consecuencia, requirió, en primer lugar, tener por radicada la
demanda el 16 de diciembre de 2021, remitida al correo electrónico
oficinadeserviciosjuzadmbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co, suministrado por la
Ventanilla D04 del Tribunal Administrativo del Atlántico, esto es, con anticipación al
vencimiento del término y no en una fecha ampliamente posterior, como lo
determinó la administración y, en segundo lugar, remitir el acta de reparto de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con esa fecha.
CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO
Oficina de Servicios de los Juzgados Administrativos de Barranquilla
El jefe de la Oficina precitada, Jairo José Pineda Cepeda, afirmó que esa
dependencia nunca recibió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
con fecha del 16 de diciembre de 2021 y proveniente de los buzones judiciales
sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co, des04taatl@cendoj.ramajudicial.gov.co. y
des00taobquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Adicional a ello, aseguró que el usuario de la justicia puede conocer si el correo
enviado fue recibido por la Rama Judicial, ya que, cuando no es posible entregarlo
al destinatario, el sistema envía al remitente un mensaje comunicándole que no fue
posible entregarlo, información que puede corroborarse directamente con la Mesa
de Ayuda Correo Electrónico del Consejo Superior de la Judicatura.
De otra parte, sostuvo que el 14 de julio de 2022, a las 4.41 p. m., la accionante
remitió un correo electrónico con el asunto: «Radicación demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho Procaps S.A.», donde el cuerpo del correo muestra
claramente que se está presentando una demanda, puesto que se dirige al Tribunal
Administrativo del Atlántico (reparto) y adjunta tres archivos electrónicos, de ahí que
el asistente administrativo realizó la respectiva actuación de reparto.
Sobre el particular, aclaró que, debido a que la sociedad remitió la demanda por
fuera del horario laboral de la Seccional Atlántico, esta se tuvo como radicada al día
siguiente, esto es, el 15 de julio de 2022, tal y como se observa en la respectiva acta
individual de reparto, donde también se dejó constancia que la demanda le
correspondió conocerla al magistrado Ángel María Hernández Cano. En esos
términos, solicitó desestimar las pretensiones de la tutela, ante la ausencia de
vulneración de los derechos fundamentales reclamados, por cuanto esa Oficina no
puede tramitar una demanda que nunca recibió.
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A, Despacho núm. 4.
El magistrado Luis Carlos Martelo Maldonado indicó que el 16 de diciembre de 2021
PROCAPS S.A. envió al correo de su despacho un mensaje de radicación de una
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demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que ese mismo día
reenvió el mensaje a la Secretaría del Tribunal, debido a que el buzón del despacho
no es el canal autorizado para la recepción de demandas.
Advirtió que su despacho no fue el causante del error en que incurrió la parte al
momento de radicar la demanda ni ha desplegado conducta alguna que atente
contra sus derechos, sino que, por el contrario, de manera diligente e inmediata
evidenció el error de radicación e hizo todo lo necesario para que se presentara
debidamente la demanda. Por lo anterior, solicitó su desvinculación del presente
trámite constitucional.
Oficina Judicial de Barranquilla
La coordinadora Heidi Liseth Parodis Ropain afirmó que el único hecho atribuible a
esa dependencia fue haberle informado a la sociedad accionante el correo
autorizado para presentar las demandas ordinarias. De igual forma, aseguró que si
bien es cierto que no le indicó cuál era el correo habilitado para radicar las
demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, también lo es que,
si esta se hubiese presentado ante la jurisdicción inicialmente mencionada, aquella
habría efectuado su remisión al área correspondiente, como se acostumbra a hacer
en esos eventos, por lo que requirió su desvinculación de la presente acción.
Tribunal Administrativo del Atlántico, Secretaría General.
El secretario general, Giovanni Rada Herrera, afirmó que esa corporación no tiene
competencia para radicar demandas o acciones constitucionales, por lo que ratifica
la respuesta dada a través de los correos sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co
y ventanillad04tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co. Además, resaltó que esa
Secretaría en ningún momento vulneró los derechos fundamentales de la parte
accionante, pues redireccionó la demanda al correo previsto para ello, es decir,
oficinadeserviciosjuzadmbquilla@cendoj.ramajudicial.gov.co, el cual pertenece a la
Oficina de Servicios de Juzgados Administrativos.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El 26 de agosto de 2022 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela, al concluir que no se encontraba satisfecho
el requisito general de subsidiariedad, comoquiera que la discusión gravita sobre el
análisis del vencimiento de la oportunidad para presentar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, para lo cual la accionante cuenta con otros
mecanismos en el marco de ese medio de control, que resultan idóneos y eficaces
para el fin pretendido.
Asimismo, advirtió que no se observa la existencia de un peligro o amenaza real de
vulneración que amerite la intervención urgente del juez de tutela, aun cuando se
pretenda deducir el supuesto riesgo de la declaratoria de caducidad, situación
respecto de la cual también cuenta con otros mecanismos para su debate. Sobre el
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particular, precisó que el juez constitucional no puede pronunciarse de manera
prematura sobre tal situación, pues usurparía la competencia del juez natural,
anticipándole de manera forzosa un análisis y decisión que, en principio, solo le
corresponde a él, por lo que resulta improcedente acudir a la acción de tutela, sin
haberse emitido un pronunciamiento en el proceso ordinario.
IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual expuso que
en su caso se encuentra configurada la excepción que permite acudir a la acción de
tutela, a pesar de existir un medio ordinario idóneo y eficaz, cuando se pretenda
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues si bien es cierto que se
encuentra en curso el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, también
lo es que a la fecha no se ha decidido sobre la admisión de la demanda.
Adicionalmente, discutió que al no tenerse por radicada la demanda el 16 de
diciembre de 2021, los términos estarían vencidos, por encontrarse por fuera de los
4 meses dispuestos en el artículo 138 del CPACA, y, en esa medida, la acción
estaría caducada, lo cual afecta de forma inminente y grave su subsistencia, por lo
que requiere de medidas impostergables, puesto que el valor de sus pretensiones
es de $ 1.787.736.160 y de $ 826.124.016 de sanción por inexactitud.
De otra parte, indicó que el juez de primera instancia basó su decisión en la
calificación de la demanda (admisión, inadmisión o rechazo), mas no en la
vulneración de los derechos fundamentales vulnerados, puesto que la fecha que
aparece consignada en el acta individual de reparto sobre la radicación de la
demanda no coincide con la verdad procesal, comoquiera que el material probatorio
permite demostrar que fue presentada el 16 de diciembre de 2021. Asimismo,
resaltó que fue la administración, Despacho núm. 4 del Tribunal Administrativo del
Atlántico y la Ventanilla D04, las que la indujeron en error, al indicarle una cuenta
correo equivocada para la instauración de demandas ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20191, en cuanto regula
que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera
instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los
magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la
sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».
1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Problema jurídico
El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes preguntas:
1. ¿El Despacho núm. 6 del Tribunal Administrativo del Atlántico2 ya emitió un
pronunciamiento con respecto a la fecha de radicación de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho?
2. En caso de una respuesta negativa al anterior interrogante, deberá resolverse
el siguiente: ¿Está acreditada la probable e inminente configuración de un
perjuicio irremediable?
Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: (I)
exigencia general de subsidiariedad, (II) improcedencia de la acción de tutela
cuando el proceso se encuentra en trámite, (III) análisis del caso en concreto, (IV)
perjuicio irremediable y (V) inexistencia de ese perjuicio en el caso bajo estudio.
Veamos:
• Primer problema jurídico
¿El Despacho núm. 6 del Tribunal Administrativo del Atlántico ya emitió un
pronunciamiento en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
sobre la discusión planteada en esta sede constitucional?
I. Exigencia general de subsidiariedad
La jurisprudencia de la Corte Constitucional3 como de esta corporación ha sostenido
que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en principio,
este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El accionante dejó
de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su alcance para
confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales; 2. El
accionante acude directamente a la acción de tutela, a pesar de existir otro
mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o asunto se
encuentra en trámite.
Pese a lo anterior es dable reconocer que la mencionada regla general tiene algunas
excepciones. En relación con el primero de los casos, la acción de tutela resulta
procedente cuando logre demostrarse que dicha acción es el único mecanismo de
defensa para proteger un daño gravísimo a un derecho fundamental y que el
accionante no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una
2 Autoridad vinculada al presente trámite, a través del auto admisorio.
3 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. «[…]En este
orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción
de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso
adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como
de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación […]»
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situación que se lo impedía por completo. Ahora, en cuanto a la excepción frente al
segundo y tercero de los eventos, se configura cuando los otros mecanismos no
resultan idóneos para proteger el derecho fundamental presuntamente vulnerado
y/o no son expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
II. Improcedencia de la acción de tutela cuando el proceso se encuentra en
trámite
En caso de que mediante la acción de tutela pretenda cuestionarse una decisión
dictada dentro de un proceso judicial que está en trámite y en el cual existan
mecanismos idóneos y eficaces para la protección de los derechos fundamentales,
esta se torna en improcedente, puesto que es al juez natural a quien corresponde
subsanar los yerros en que pueda incurrir. Aunado a ello, la Corte Constitucional 4
ha reiterado que el interior del proceso es el primer escenario donde debe
efectuarse la protección de los derechos fundamentales y de las garantías propias
de aquel, para lo cual en el ordenamiento jurídico se han creado los medios y
recursos necesarios, con el fin de que las partes puedan utilizarlos para alegar las
irregularidades que puedan presentarse y el juez se pronuncie sobre el particular.
En efecto, la acción de tutela no es un mecanismo complementario a los procesos
ordinarios, debido a que lo deseado no es reemplazar al juez natural, sino proteger
derechos fundamentales que puedan verse transgredidos con la actuación u
omisión de una autoridad judicial o administrativa o de un particular, en los casos
señalados en la ley. Por lo tanto, debe declararse la improcedencia de la tutela y,
por ende, no es posible conocer el fondo, cuando la decisión controvertida haya sido
dictada dentro de un proceso que está en curso y en el cual existen los mecanismos
judiciales para proteger los derechos fundamentales de las partes.
III. Análisis del caso en concreto
La sociedad PROCAPS S.A. solicitó la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, defensa y contradicción, acceso a la administración de justicia e
igualdad, los cuales estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Secretaría y Despacho núm. 4, la Oficina de Servicios de los Juzgados
Administrativos de Barranquilla, la Oficina Judicial de Barranquilla y la Defensoría
del Pueblo, al tenerse en el acta de reparto como fecha de radicación de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho el 15 de julio de 2022, a pesar de existir
suficiente material probatorio que demuestra que fue instaurada el 16 de diciembre
de 2021. Al respecto, resaltó que de no tenerse como fecha de radicación la última
mencionada, su demanda estaría caducada, por estar por fuera de los cuatro meses
previstos en el artículo 138 del CPACA.
En sentencia de primera instancia, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado determinó que no se encontraba satisfecho el requisito general
de subsidiariedad, comoquiera que la accionante contaba con otros mecanismos
4 Ver entre otras la sentencia T-211 de 2013.
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idóneos y eficaces en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
para discutir el vencimiento de la oportunidad para presentar dicha acción. Por su
parte, la peticionaria, en su escrito de impugnación, insistió en que la fecha de
radicación del medio de control que aparecía en el acta de reparto, esto es, el 15 de
julio de 2022, no coincidía con la verdad procesal, puesto que las pruebas
acreditaban que la demanda fue instaurada el 16 de diciembre de 2021.
Pues bien, con el fin de determinar si la presente acción cumple con el requisito
general de subsidiariedad y, en esa medida, si hay lugar a revocar o confirmar la
decisión de primera instancia, esta Subsección considera pertinente realizar un
recuento de las actuaciones judiciales adelantadas en el proceso con número de
radicado 2022-00227-00. Así, al consultar el citado expediente en el sistema de
gestión judicial «SAMAI», lo primero que se advierte es que la sociedad PROCAPS
S.A. instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP).
Adicionalmente, se avizora que el 18 de agosto de 2022 el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Despacho núm. 6, previo a decidir sobre la admisión de la demanda,
ofició a la Secretaría General de esa corporación, a la Oficina de Servicios de los
Juzgados Administrativos de Barranquilla y al Despacho núm. 4 (Ventanilla d04),
para que aclararan las circunstancias en que se produjo la recepción y reparto de
dicha demanda.
Bajo ese contexto, la Subsección concluye que la discusión sobre el momento en
que se radicó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se encuentra
pendiente de resolución, pues a la fecha el Tribunal Administrativo del Atlántico no
ha emitido una decisión de fondo sobre la fecha en la que debe tenerse por
presentada aquella y si operó o no el fenómeno jurídico de la caducidad.
En esa medida, mal podría el juez constitucional invadir la órbita de la autoridad
judicial que tiene a cargo el conocimiento del proceso y anticiparse a adoptar una
determinación, sin haber dado oportunidad al juez natural de pronunciarse al
respecto. Con mayor razón si se tiene presente que el 18 de agosto de 2022 el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Despacho núm. 6, requirió a algunas
dependencias para que aclararan lo ocurrido sobre la recepción y reparto de la
demanda interpuesta por la sociedad hoy accionante, lo cual demuestra que aquella
autoridad, como corresponde, va a examinar la controversia suscitada sobre la
fecha de radicación de la demanda.
Al respecto, es importante reiterar que la acción de tutela no es un mecanismo
alterno o complementario a los procesos judiciales, por lo que no es factible acudir
paralelamente a este medio subsidiario de protección de derechos fundamentales,
para que sea en esta sede donde se resuelvan las discusiones que, en principio,
deben efectuarse al interior del proceso ordinario, pues ello implicaría desconocer
las competencias que le fueron atribuidas por el ordenamiento jurídico al juez natural
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de la causa, lo que conllevaría inobservar el carácter residual y subsidiario que
cobija este tipo de trámite.
Adicionalmente, se advierte que la accionante discute que de tenerse como fecha
de presentación de la demanda multicitada el 15 de julio de 2022, la misma se
rechazaría por haber operado el fenómeno de la caducidad. Sobre el particular,
debe recordarse que, en caso de que llegue eventualmente a producirse tal
determinación, aquel dispone en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con mecanismos de defensa idóneos y eficaces para discutir esa
decisión, concretamente el recurso de apelación previsto en el artículo 243 de la
Ley 1437 de 2011, el cual debe agotar antes de acudir a esta acción constitucional.
Por tanto, no es dable en esta sede analizar los argumentos de disenso planteados
por la sociedad accionante, pues, se insiste, esto debe ser resuelto dentro del
proceso contencioso. En consecuencia, se concluye que la presente acción no se
satisfizo el requisito general de subsidiariedad y, por ende, se torna improcedente.
Sin embargo, se verificará si se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que flexibilice esta exigencia y amerite estudiar de fondo las inconformidades
expuestas, de tal forma que en los siguientes acápites procederá a estudiarse este
aspecto.
• Segundo problema jurídico
¿Está acreditada la probable e inminente configuración de un perjuicio
irremediable?
IV. El perjuicio irremediable
El perjuicio que determina la procedencia de la acción de tutela de manera
transitoria es aquel que genera un daño de imposible reparación, lo cual justifica la
intervención del juez en orden a evitar el menoscabo de los derechos y garantías
constitucionales. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional5, el
perjuicio debe reunir varias características, que deben ser identificadas por la
autoridad judicial para poder conocer el fondo del asunto, estas son: 1. Inminencia,
lo cual implica que el solicitante debe demostrar que el daño está por suceder
prontamente y que no se trata de una simple posibilidad y 2. Gravedad, esto es, que
revista gran relevancia para el ordenamiento jurídico y que, por ende, amerita la
atención inmediata de las autoridades públicas.
De igual manera, para que se acredite un perjuicio irremediable debe probarse que
las medidas necesarias para evitar su configuración son urgentes, pues de aplazar
su adopción no podría evitarse la ocurrencia del daño. Así las cosas, se reitera que
para que la acción de tutela proceda, a pesar de la existencia de otro medio de
defensa judicial, es necesario que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
esa afectación.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-1316 del 7 de diciembre de 2001. M.P: Rodrigo Uprimny Yepes.
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V. Inexistencia de un perjuicio irremediable en el caso bajo estudio
La compañía accionante afirmó que de no tenerse por radicada la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho con fecha del 16 de diciembre de 2021, la
misma estaría caducada, situación que afecta de forma grave sus derechos
fundamentales y su subsistencia, puesto que el valor de las pretensiones es de $
1.787.736.160 y de $ 826.124.016 de sanción por inexactitud, de manera que
requiere la adopción de medidas impostergables.
Sin embargo, debe precisarse que aquella parte de un supuesto que no ha
acontecido, pues a la fecha el Tribunal Administrativo del Atlántico no ha emitido
una decisión de fondo sobre el particular, por lo que no se advierte una afectación
cierta de las garantías iusfundamentales reclamadas y, en todo caso, como se
expuso anteriormente, si la autoridad judicial precitada eventualmente declarara la
configuración de ese fenómeno procesal, la peticionaria tiene a su alcance, en el
proceso ordinario, medios de defensa idóneos y eficaces para discutir esa decisión.
Adicionalmente, resulta ineludible acotar que el perjuicio irremediable alegado se
circunscribe a una afectación de tipo económico y no a una transgresión de los
derechos fundamentales.
Por consiguiente, al no cumplirse con la exigencia de subsidiariedad, como requisito
general de procedibilidad para acudir al presente trámite, y no haberse acreditado
la probable e inminente configuración de un perjuicio irremediable, se confirmará la
sentencia proferida el 26 de agosto de 2022 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela
instaurada por la sociedad PROCAPS S.A. en contra de la Secretaría y del
Despacho núm. 4 del Tribunal Administrativo del Atlántico, de la Oficina de Servicios
de los Juzgados Administrativos de Barranquilla, de la Oficina Judicial de
Barranquilla y de la Defensoría del Pueblo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 26 de agosto de 2022 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual declaró improcedente
la acción de tutela instaurada por la sociedad PROCAPS S.A. en contra de la
Secretaría y del Despacho núm. 4 del Tribunal Administrativo del Atlántico, de la
Oficina de Servicios de los Juzgados Administrativos de Barranquilla, de la Oficina
Judicial de Barranquilla y de la Defensoría del Pueblo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
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Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 4 11 7- 0 1
Ac c io n a nt e : PRO C A P S S . A.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
En comisión
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica
ARF
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