Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04141-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-04141-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04141-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04141-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
25 de agosto de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04141-00
Demandante: Angelina Carreño de Martínez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04141-00
Demandante: ANGELINA CARREÑO DE MARTÍNEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN E, Y JUZGADO 54 ADMINISTRATIVO
DE BOGOTÁ
Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, que denegaron el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes. No cumple con el requisito de
inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Angelina Carreño de
Martínez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, y el Juzgado 54 Administrativo de Bogotá.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. En ejercicio de la acción de tutela, mediante apoderado judicial, la señora Angelina
Carreño de Martínez pidió la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y seguridad social, que estimó vulnerados por las sentencias del 13
de septiembre de 2019 y 9 de abril de 2021, dictadas, en su orden por el Juzgado 54
Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander. En
concreto, formuló la siguiente pretensión:
Me permito solicitar a los Honorables Consejeros de Estado se TUTELEN los derechos
fundamentales contenidos en los artículos 2, 11, 29. 47, 48, 49, que han sido violados por LOS
AQUÍ TUTELADOS y en consecuencia dejar sin efecto la sentencia fecha el 09 de abril de 2021
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN “E” SISTEMA ORAL”, (….) en su lugar se ordene al citado Tribunal que dentro del
término de diez (10) días, siguientes a la ejecutoria de la providencia dicte un nuevo fallo que
analice el derecho a la sustitución de la Asignación de Retiro a la cual llegue a tener derecho la
Sra. ANGELINA CARREÑO DE MARTINEZ, en calidad de cónyuge y beneficiaria del AG y
fallecido NEFTALI MARTINEZ RAMIREZ, en cumplimiento al Decreto 1213/90 Art. 132 y 133 y
Decreto 4433/04 Art. 11 PARÁGRAFO 2 parte final, es decir por mandato legal al no existir
controversia alguna.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional reconoció al señor Neftalí
Martínez Ramírez asignación de retiro, a partir del 20 de julio de 1967.
2.2. El señor Neftalí Martínez Ramírez contrajo matrimonio con la señora Angelina
Carreño Muñoz, de cuya unión hubo dos hijos. El 27 de febrero de 2018, el señor
Martínez Ramírez falleció.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04141-00
Demandante: Angelina Carreño de Martínez
2.3. La señora Angelina Carreño de Martínez, en calidad de cónyuge del causante,
solicitó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional el reconocimiento de la
sustitución pensional, pero la entidad, mediante Resolución 3186 del 29 de mayo de
2018, negó lo solicitado.
2.4. Ante la negativa de la entidad, la señora Carreño Martínez promovió el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho a fin de obtener el reconocimiento de
la sustitución pensional.
2.5. La demanda correspondió al Juzgado 54 Administrativo de Bogotá, que, en
sentencia del 13 de septiembre de 2019, negó las pretensiones de la demanda. En
concreto, estimó que, conforme con las pruebas testimoniales y la jurisprudencia
aplicable al caso, no se acreditó el requisito de convivencia exigido, el cual no solo
cobija la dependencia económica, sino el apoyo mutuo propios de una relación afectiva,
pues quedó probado que la pareja no convivía desde hace aproximadamente 30 años.
2.6. A instancias del recurso de apelación presentado por la demandante, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por sentencia del 9
de abril de 2021, confirmó la decisión de primera instancia, en general, por las mismas
razones.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. La señora Angelina Carreño de Martínez sostuvo que las providencias
cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
seguridad social, e incurrieron en desconocimiento del precedente, al no tener en
cuenta las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado,
en las que se ha reconocido la sustitución pensional a la cónyuge y a la compañera
permanente, en casos de convivencia simultánea.
3.1.1. Que, por tanto, se desconocieron, entre otras, las sentencias (i) del Consejo de
Estado, Sección Segunda, del 2 de octubre de 2008, expediente 25000-23-25-000-
2005-2678-0101(04335-004), (ii) de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, del 19 de febrero de 2020, y (iii) de la Corte Constitucional las sentencias T-
128 de 2016 y T-236 de 2016.
3.1.2. Además, cito otros procesos del Consejo de Estado, pero sin fecha de la
providencia, estos son: expedientes 17001-23-31-000-2007-00006-02 (2217-12);
25000-33-25-000-2010-0885-01 (1374-2005); 25000-23-42-000-2013-00618-01; y
11001-03-15-000-2015-03125-01 (AC).
3.2. Por otro lado, respecto del cumplimiento del requisito de inmediatez, adujo que
debía tenerse en cuenta que la demandante es una persona de la tercera edad, pues
cuenta con 77 años.
4. Trámite procesal
4.1. Por auto del 2 de agosto de 2022, el Despacho Sustanciador admitió la demanda
de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados del Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E, al Juez 54 Administrativo de Bogotá y, como tercero con interés, al Director de la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04141-00
Demandante: Angelina Carreño de Martínez
4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 5 de agosto de
20221.
5. Intervenciones
5.1. El Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá solicitó que se
denegaran las pretensiones de la demanda, pues la providencia cuestionada se profirió
ajustándose a la normatividad y jurisprudencia aplicable, por lo que no se vulneraron
los derechos fundamentales de la actora.
5.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E, por conducto de la magistrada ponente de la decisión cuestionada, solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela, por cuanto no cumple el requisito de
inmediatez. Que, en efecto, la sentencia de segunda instancia data del 9 de abril de
2021, notificada a las partes el 12 de abril siguiente, mientras que la tutela fue
presentada el 29 de julio de 2022, es decir que se presentó después de los seis meses
que ha establecido la jurisprudencia como término razonable para interponer las
acciones de tutela contra providencias judiciales.
5.3. La Caja de Retiro de la Policía Nacional no intervino, pese a que, como se vio,
fue notificada de la admisión de la demanda de tutela.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 20122, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 3, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas
por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.
1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv)
defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento
del precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.
1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
1 Índice 7 de Samai.
2 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
3 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04141-00
Demandante: Angelina Carreño de Martínez
1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo
de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de
cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un
requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que
exija la imperiosa intervención del juez constitucional»4.
2. Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. De manera previa a cualquier consideración, la Sala estima necesario verificar si
la solicitud de amparo interpuesta por la parte actora cumple el requisito de inmediatez.
2.2. La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes
de pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con
el fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.
2.2.1. La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio
de la acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente
en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente,
la exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para
la protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.
2.2.2. Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha
señalado que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o
puesta en riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la
demanda5, en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial
no solo tiene que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica
y a los derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.
2.2.3. Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a
partir de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable
para ejercer la acción de tutela, en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad
de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad»6.
2.3. En el caso concreto, la Sala advierte que la solicitud de amparo no supera el
requisito de inmediatez, por cuanto el fallo del 9 de abril de 2021, dictado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, fue notificado por
correo electrónico a las partes el 12 de abril de 2021, como se ve en las constancias de
notificación que obran en el proceso ordinario (visible en el índice 9 del expediente
electrónico de la tutela, en el aplicativo Samai), mientras que la demanda de tutela fue
presentada por correo electrónico el 29 de julio de 2022, esto es, después de un año,
tres meses y 17 días, de modo que fue superado el término adoptado por esta
Corporación en la sentencia de Sala Plena.
2.4. La Sala no desconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar
al juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden
existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se
haya presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la
omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo,
y hacen que la violación sea siempre actual.
4 SU-573 de 2017.
5 Sentencia T- 123 de 2007.
6 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Exp. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04141-00
Demandante: Angelina Carreño de Martínez
2.4.1. En este caso, sin embargo, no se advierte alguna circunstancia que justifique la
demora en presentar la acción de tutela. Si la parte demandante estimaba que con la
providencia emitida el 9 de abril de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, fueron vulnerados derechos
fundamentales, lo propio era que presentara la acción de tutela tan pronto conoció la
providencia que confirmó la decisión del juez de primera instancia.
2.4.2. Si bien la demandante alega que se trata de una persona de avanzada edad,
pues cuenta con 77 años y, por tanto, se debe tener en cuenta su condición al momento
de estudiar el requisito de inmediatez, lo cierto es que esa sola circunstancia no es una
justificación válida para flexibilizar el plazo para presentar la acción de tutela. Cuando
la acción de tutela se presenta contra providencias judiciales, el punto de partida para
determinar la inmediatez con la que se actúa es la notificación de la providencia, por
cuanto a partir de ese momento los interesados tienen conocimiento de la decisión que
presuntamente vulnera derechos fundamentales.
2.5. Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre los argumentos expuestos por la parte actora contra la providencia
objeto de tutela. En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Angelina Carreño de
Martínez, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.