Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04143-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04143-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-04143-00
Consejero ponente: Conjuez Pedro Luis Blanco Jimenez
3 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Conjuez ponente: PEDRO LUIS BLANCO JIMÉNEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia:
ACCIÓN DE TUTELA
Radicación:
11001-03-15-000-2022-04143-00
Accionante:
Asociación Nacional de funcionarios y Empleados de la Rama Judicial – ASONAL
Demandado:
Presidencia de la República y otros
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Presupuestos de procedencia / REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / Improcedencia de la acción de tutela por existir otro medio de defensa judicial / no acreditó un perjuicio irremediable
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
.
Surtido el trámite de ley, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo constitucional formulado por la “La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial – ASONAL”, por conducto de su representante legal, contra la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio del Trabajo y el Consejo Superior de la Judicatura, con la solicitud de amparo pretenden la protección de su derecho fundamental de asociación sindical.
I. ANTECEDENTES
Acción de tutela y sus fundamentos
1.1 - La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial – ASONAL, por conducto de su representante legal, interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio del Trabajo y el Consejo Superior de la Judicatura, con la solicitud de amparo pretenden la protección de su derecho fundamental de asociación sindical y garantías sindicales, violación a los convenios internacionales firmados por la Nación con la OIT que hacen parte del bloque de constitucionalidad y a la seguridad jurídica por violación a los Acuerdos Colectivos firmados con los accionados
1.2-. La parte actora considera que su derecho fundamental le fue vulnerado, con ocasión del presunto incumplimiento de lo pactado dentro de los acuerdos sindicales firmados en los años 2017, 2019 y 2021 con el Consejo Superior de la Judicatura. Asegura que, en estos pactos, el Gobierno Nacional, entre otras cosas, se había comprometido a que la bonificación judicial de los empleados y funcionarios judiciales aumentaría de acuerdo con el incremento salarial de los servidores públicos y no con el del índice de precios del consumidor (IPC).
1.3- Con fundamento en ello, la parte accionante solicitó mediante acción de tutela que el Gobierno Nacional ordene al Consejo Superior de la Judicatura dar cumplimiento a todos los puntos acordados en la mesa de negociación conforme a los acuerdos colectivos de 2017, 2019 y 2021, específicamente en lo que tiene que ver con manual de funciones, aplicación de normas de carrera judicial, calificación de servicios y fondo de vivienda; y que se de aplicación al principio de progresividad y no regresividad ordenando se expidan las normas necesarias para que se incremente la bonificación judicial con base al incremento salarial de los servidores públicos y no al Índice de Precio al Consumidor (IPC)
1.4.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada con base en el artículo 86 Superior, el actor expuso que:
“1.- El Estado Colombiano, de forma tardía, reglamentó los convenios 098 de 1949 sobre el derecho de sindicalización y de negociación colectiva; el convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicalización y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública y el Convenio 154 de 1981 sobre el fomento de la negociación colectiva, incluidas las organizaciones sindicales de empleados públicos. Dicha reglamentación se realizó a través del Decreto 160 de 2014 expedido por el gobierno nacional de la época que permite que los sindicatos de servidores públicos puedan celebrar Acuerdos Colectivos.
2.- Desde la expedición de dicho Decreto, tanto el Gobierno Nacional como el Consejo Superior de la Judicatura han venido incumpliendo de manera sistemática con lo firmado y acordado. ACUERDOS INCUMPLIDOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
3.- En la negociación de 2017, se firmó un Acuerdo Colectivo en la mesa singular, con el Consejo Superior de la Judicatura en el que se acordaron 3 puntos centrales y neurálgicos para los servidores judiciales:
A.- Capítulo I, art.- Manual de Funciones, que deberían expedirse a más tardar, el 31 de diciembre de 2018. Su incumplimiento obligó a que nuevamente fueran objeto de negociación en el 2019, sin que a la fecha tampoco se haya actuado en consecuencia con lo que se acuerda y se firma por las partes.
B.- Art. 2.- Calificación de Servicios. A pesar de que la comisión, creada en este Acuerdo para hacer efectivo lo acordado, realizó su trabajo para modificar la calificación de servicios, los términos se vencieron sin que el Consejo haya cumplido a cabalidad con lo firmado. Efectivamente, la comisión laboró durante 5 meses aproximadamente y produjo un documento conforme a lo firmado que fue entregado oficialmente a la Jefe de la Unidad de Carrera, quien con su puño y letra lo recibió en su despacho. Se anexa dicho documento a esta acción de tutela. Posteriormente en reunión presencial con el Presidente de la corporación, se hizo un acto donde le expusimos lo trabajado en la mencionada comisión. A pesar de la prueba del recibido, la Rama Judicial Consejo Superior de la judicatura niega que se le haya presentado dicho trabajo.
C.- Art. 4.- Aplicación Constitucional, legal y reglamentaria en eventos de vacancia en cargos de carrera judicial. En este aspecto consideramos que la Circular expedida por el Consejo Superior, fue un canto a la bandera, toda vez que no se expidió conforme lo acordado. El flagelo de no cumplir o no dar aplicabilidad a los derechos de carrera, en el sentido de promover y ascender a quien tiene el derecho, se ha convertido en una verdadera fuente de clientelismo al interior de la Rama Judicial. Si se lee detenidamente la Circular No. PCSJC 1736 expedida para dar cumplimiento a lo pactado, lo que hizo es repetir y regular lo ya regulado, que es el ingreso a la Rama por concurso y por lista de elegibles. La discusión del punto era cómo cubrir vacantes cuando no hay lista de elegibles o cuando haya sido declarado desierto el concurso, qué es cuando el nominador acude a una facultad absoluta de nombrar a personal externo o de su círculo de amigos y familiares que no están en propiedad o en carrera, fomentando el nepotismo, el clientelismo y el tráfico de influencias. Frente al incumplimiento de los Acuerdos, en esta materia, en la Negociación Colectiva de 2020 dejamos expresa constancia de ello y la respuesta de la administración es que están gestionando.
ACUERDO COLECTIVO 2019 INCUMPLIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL 3.- Los aspectos económicos en las negociaciones con el Consejo superior de la Judicatura, han sido trasladados a la Mesa General o Mesa Central con el Gobierno Nacional conforme lo estipula el Decreto 160 de 2014. En la negociación de 2019 se logró acordar la creación de una mesa técnica que atendería algunos puntos económicos de los sindicatos. En la Mesa Técnica de Justicia se logró establecer y negociar que la bonificación judicial creada mediante Decretos 082 y 083 de 2013, se incrementara conforme al incremento del salario para servidores públicos y no con base en el IPC causado. El Gobierno Nacional dio cumplimiento por el año 2020 expidiendo el Decreto 299 del 27 de febrero de 2020, conforme se prueba en una nómina que se anexa a la presente acción. En dicho Decreto además hay un reconocimiento explícito de la negociación aludida y en el considerando de esa norma se expresa literalmente: “Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se adelantó en el año 2019 la negociación del pliego presentado por los representantes de las centrales y federaciones sindicales de los empleados públicos, en el cual se acordó entre otros aspectos, que para el año 2020 el aumento salarial debe corresponder al incremento porcentual del IPC total en 2019 certificado por el DANE, más uno punto treinta y dos por ciento (1.32%), el cual debe regir a partir del 1° de enero del presente año. Que el incremento porcentual del IPC total de 2019 certificado por el DANE fue de tres punto ochenta por ciento (3.80%), en consecuencia, los salarios y prestaciones establecidos en el presente decreto se ajustarán en cinco punto doce por ciento (5.12%) para el año 2020, retroactivo a partir del 1° de enero del presente año.” (SUBRAYADO NUESTRO)
La sorpresa es que para el año 2021 y 2022 no se dio cumplimiento a lo pactado, estableciendo el incremento de la bonificación judicial conforme el IPC (5. 62% para 2021 cuando debía incrementarse en 7.26% que fue el aumento del salario para ese año, adeudando a los servidores un1.64% de la bonificación judicial y de esa misma forma debía hacerse con el año 2022).
De esta forma el gobierno nacional incurre en una omisión grave, violando el principio de progresividad y no regresividad en materia laboral.”
1.5.- Como fundamentos de derecho de las pretensiones, el tutelante manifestó que las autoridades judiciales accionadas con los presuntos incumplimientos de los acuerdos sindicales, violaron principios constitucionales, el bloque de constitucionalidad y normas de orden legal.
1.6-. Del mismo modo en el desarrollo de este acápite, el accionante aduce la existencia de un vacío normativo, pues revisadas las regulaciones normativas no existen acciones o mecanismos de carácter ordinario o administrativo idóneos para exigir el cumplimiento de los acuerdos colectivos de los servidores públicos.
2. Del trámite procesal y la contestación
2.1- El veintinueve (29) de julio del dos mil veintidós (2022) se interpone acción de tutela por violación al derecho fundamental asociación sindical, por reparto corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado. El (4) de agosto de dos mil veintidós (2022) los Magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado emiten auto mediante el que se declaran impedidos para conocer del trámite, al incurrir en la causal prevista en el numeral 1º del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 del Código de Procedimiento Penal, pues en su calidad de servidores judiciales son potenciales beneficiarios del incremento que se pretende ordenar con la acción de tutela, configurándose un interés directo en el resultado.
2.2- Posteriormente, el nueve (9) de agosto de dos mil veintidós (2022), se procedió a realizar el sorteo de cuatro conjueces principales para el conocimiento de la acción. El dieciocho (18) de agosto del año en curso, se produce auto declarando fundado impedimento. Así, el día dos (02) de septiembre del dos mil veintidós (2022), la Sala de Conjueces inadmite acción de tutela por considerar que el accionante Fredy Antonio Machado López no allegó la documentación necesaria que permitiese acreditar en primer lugar, la existencia y representación legal de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial y en segundo lugar su legitimación por activa para representar los intereses de esa persona jurídica.
2.3- Subsanados los yerros encontrados, el catorce (14) de septiembre del dos mil veintidós (2022) a través de auto se admite acción de tutela, se ordenan las pruebas solicitadas por el accionante en el escrito introductorio y se procede a correr traslado a los accionados para que se pronuncien sobre los hechos y las pretensiones de la acción de tutela, habiendo sido recibidas las siguientes manifestaciones:
2.3.1-El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica solicita se declare improcedente el amparo, porque a su juicio, no se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela. No se acredita un perjuicio irremediable con los presuntos incumplimientos de los Acuerdos Sindicales, pues respecto a la bonificación judicial, los funcionarios de la Rama Judicial siguen recibiendo su salario. Que tampoco se cumple con el principio de subsidiariedad, pues a su parecer, el mecanismo ordinario de nulidad encontrado en el artículo 137 del C.P.A.C.A. es el indicado para solicitar la suspensión de los actos administrativos que no cumplen con lo acordado, respecto a los incrementos de la bonificación judicial.
Por último, indica que su representado no tiene legitimación en la causa por pasiva, debido a que ni la entidad, ni el Presidente de la República tienen competencia para adoptar las medidas solicitadas dentro de las pretensiones, correspondiéndole ello al Consejo Superior de la Judicatura como administrador de los recursos de la Rama Judicial, y al Ministerio de Justicia y del Derecho, razón por la que tampoco considera que el DAPRE o el Presidente de la República hayan vulnerado algún derecho fundamental pues no ha generado ningún acto u omisión relacionado con el asunto objeto de la acción.
2.3.2- El Ministerio de Salud y Protección Social solicita que la acción de tutela se declare improcedente argumentando no tener legitimación en la causa por pasiva, pues este poder se predica de quien está llamado a defenderse prejudicial o judicialmente, dentro del marco legal. De las competencias otorgadas al Ministerio de Salud y Seguridad Social se encuentran las de formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud pública y promoción social en salud, por lo que su representado no es responsable ni tiene injerencia dentro del agravio al que alude la accionante dentro de la acción constitucional. Igualmente expresa encontrarse ante la ausencia de violación de derechos fundamentales por parte del Ministerio de Salud y Protección Social que representa dentro del caso concreto, y por ello, considera conveniente vincular al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Por último, indica que teniendo en cuenta el objetivo de la parte accionante es el reconocimiento y la protección de sus derechos laborales, existen los mecanismos judiciales ordinarios de defensa previstos en la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades Laboral y de Seguridad Social, por lo que la tutela no está llamada a reemplazarlas.
2.3.3- Departamento Administrativo de la Función Pública solicita que se declare improcedente la acción de tutela por carecer de objeto, ya que los presupuestos facticos y jurídicos no evidencian la vulneración de los derechos fundamentales pretendidos por la parte actora, aduciendo entre otras cosas, a que no se prueba el acaecimiento de algún perjuicio irremediable que requiera medidas urgentes en los términos de la Sentencia No. T-269/93 de la Honorable Corte Constitucional. Expresa que la acción deviene improcedente, en razón a que se funda en apreciaciones subjetivas e irrelevantes del accionante, de cara al cumplimiento de unos colectivos que perdieron vigencia.
Manifiesta que el Departamento Administrativo de la Función Pública no tiene injerencia alguna en el asunto en concreto (carencia de legitimidad en la causa por pasiva), pues según competencia conferida por el Decreto 160 de 2014, dicho Departamento no tiene participación directa en el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de la negociación colectiva como es el caso de ASONAL JUDICIAL, situación que le corresponde exclusivamente a la Rama Judicial a través del Consejo Superior de la Judicatura
2.3.4- Directora de la Unidad de Carrera Judicial mediante Oficio CJO22-3941 solicitó que la acción de tutela se declarase improcedente o se negara la prosperidad de esta, en razón a que no se afectó, desconoció o vulneró algún derecho fundamental. Explica que la improcedencia se solicita en mérito del incumplimiento del requisito de inmediatez por parte de la accionante, al considerar que el acuerdo del 2017 sobre el que se busca protección constitucional, ya no está vigente, además que no se realizó acuerdo en el 2019, por tanto, al momento de presentar la acción constitucional habían transcurrido tres años y siete meses, plazo superior al indicado por la Corte Constitucional de seis meses como plazo razonable para accionar.
Arguyó además, que efectivamente existen otros medios idóneos para lo pretendido como los encontrados en la Ley 1437 del 2011, por lo que no se cumple con el requisito de subsidiariedad y que, en caso de argumentar que se acudió a esta acción de manera excepcional, no se probó siquiera sumariamente la existencia de un perjuicio irremediable para que procediera.
Plantea que los actos realizados por el Consejo Superior de la Judicatura no se pueden catalogar como violatorios del derecho fundamental a la asociación sindical, pues la Sentencia SU-342 de 1995 de la Corte Constitucional enumeró los actos que se consideran violatorios de este derecho y la entidad no incurre en ninguno de ellos, en tanto que no ha realizado ninguna acción u omisión tendiente a obstaculizar o impedir la constitución de sindicatos, ni el ejercicio de sus derechos de negociación.
Indicó, que no se está curso de cometer ninguna violación a otro derecho fundamental, pues sobre los presuntos incumplimientos del Consejo Superior de la Judicatura, se permite manifestar que se expidió el Acuerdo PCSJA19-11393 de 2019, sobre la modificación del reglamento de calificación; la Circular PCSJC17-36 de 2017 sobre la provisión de los cargos vacantes de carrera judicial y en cuanto a los manuales de funciones, este tema fue expuesto de manera amplia en el Acuerdo Colectivo suscrito el 11 de octubre de 2021, que es el que se encuentra actualmente vigente y no contiene compromiso sobre alguno de estos aspectos.
Por último, manifestó no considerar tener legitimación para la causa por pasiva respecto del incremento de la bonificación judicial creada mediante Decretos 382 y 383 de 2013, toda vez que, la decisión sobre esta materia corresponde de manera exclusiva al Gobierno Nacional, de conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la Ley 4 de 1992.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
De acuerdo con el numeral 8 del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, según el cual “Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura (…) serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevención, (…) o al Consejo de Estado y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4”, esta Sala de conjueces es competente para conocer del presente asunto.
Cuestión previa- Legitimación en la causa por activa.
Previo a estudiar de fondo el presente asunto, se hace necesario analizar si existe la capacidad del accionante en su calidad de persona jurídica para exigir la reclamación del derecho fundamental que nos atañe, es decir verificar si-ASONAL JUDICIAL-, cuenta legalmente con la legitimación por activa para iniciar esta acción constitucional, pues jurisprudencialmente se ha expresado que algunos derechos fundamentales por su carácter de personalísimos, solo son exigibles por personas naturales.
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a impetrar la acción de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales. Así mismo, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 dispuso que la legitimidad o interés en el ejercicio de esta acción radica en cabeza del titular de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados, quien puede actuar por sí mismo o a través de representante. Basados en esta argumentación se entendería inicialmente que cualquier persona jurídica podría a través de representante legal presentar una acción de tutela, siempre y cuando los derechos fundamentales violados estén en cabeza suya o de sus titulares. Pese lo anterior, la Sentencia T-377 del 2000 nos ofrece un panorama más claro del asunto:
“3. En abundante jurisprudencia, la Corte Constitucional ha sostenido que las personas jurídicas pueden invocar la acción de tutela para la protección de algunos derechos fundamentales que puede ser titular. En efecto, la doctrina constitucional puede sintetizarse en las siguientes premisas:
a) De acuerdo con el artículo 86 de la Carta y el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ser instaurada por “toda persona”. Por ende, si las normas no diferencian no le es dable al intérprete hacerlo.
b) Pese a lo anterior, no todos los derechos fundamentales pueden predicarse de las personas jurídicas, pues algunos de ellos se refieren exclusivamente a la persona humana. Por consiguiente, la persona jurídica no puede exigir el amparo del derecho a la vida y la exclusión de la pena de muerte (artículo 11 de la Carta); la prohibición de la desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 12 ibídem); el derecho a la intimidad familiar (artículo 15 ibídem); entre otros. c) Así las cosas, la persona jurídica puede ser titular de los siguientes derechos fundamentales: la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada (artículo 15 C.P.), el derecho de petición Tutela. Rad. 2020-00219 3 (artículo 23 C.P.) la libertad de asociación sindical (artículo 38 C.P.) y el debido proceso (artículo 29 ibídem). Estos derechos nacen de su condición de sujeto que existe y ocupa un espacio dentro de la sociedad.
d) Las personas jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías:- indirectamente: cuando la acción de tutela es un medio para garantizar los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales asociadas. Este es el caso del derecho al buen nombre. - directamente: cuando las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales, no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que pueden predicarse de ellas mismas. De todas maneras, si actúa directa o indirectamente debe señalarse expresamente a que nombre presenta la acción de tutela.
e) Las personas jurídicas extranjeras o de derecho público también pueden interponer acciones de tutela en defensa de sus derechos constitucionales fundamentales.”(SUBRAYADO FUERA DE TEXTO)
Por lo anterior, el derecho exigido en la acción constitucional por ASONAL JUDICIAL, es un derecho del que puede ser titular, por lo que efectivamente cuenta con legitimación por activa para exigir su protección.
Problema jurídico
En primera medida se verificará el cumplimiento de los requisitos procedimentales de la acción de tutela y en caso de que se den cumplimiento a estos, se analizará el derecho sustancial de fondo, por lo el problema jurídico se circunscribe así:
¿La accionante cumple con los requisitos de procedencia de la acción de tutela de subsidiariedad e inmediatez?, en caso de que la respuesta sea afirmativa ¿El Consejo Superior de la Judicatura, violó el derecho fundamental a la asociación sindical, el bloque de constitucionalidad y la seguridad jurídica de ASONAL JUDICIAL con los presuntos incumplimientos de los Acuerdos Sindicales del 2019, 2019 y 2021?
Sobre el principio - requisito de subsidiariedad y su excepción, el perjuicio irremediable
Debido a que la acción de tutela se ha establecido en nuestro ordenamiento jurídico, por excelencia, como un mecanismo de protección de derechos fundamentales rápido, inmediato y eficaz, y a que, la congestión judicial ordinaria actualmente es del 57.5%, se ha observado que en la práctica jurídica se ha hecho uso indiscriminado de este mecanismo constitucional, con la finalidad de dirimir con mayor celeridad, conflictos que tienen acciones o mecanismos idóneos para ser resueltos en la justicia ordinaria.
Desde la creación de la acción de tutela mediante el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 y de su Decreto reglamentario 2591 de 1991, el carácter de subsidiariedad de la tutela ha sido claro: La acción constitucional SOLO PROCEDERÁ cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, Es así que el principio de subsidiariedad exhorta a los administrados a hacer uso primero de los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, pues la acción de tutela no es un mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho. Dicho principio se declaró exequible a través de la sentencia C-018 de 1993 de la Corte Constitucional.
Ahora bien, existe dentro de esta misma normativa una excepción a ese principio de subsidiariedad, esto es llamado perjuicio irremediable, y se refiere a que, aunque existan otros medios ordinarios idóneos para conseguir el derecho que se exige, se podrá utilizar la acción de tutela como mecanismo transitorio siempre y cuando busque evitarse un perjuicio irremediable, en ese sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T- 328 de 2017 M.P., Iván Humberto Escrucería Mayolo expuso:
El perjuicio irremediable (…) se presenta “cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen”. Al respecto, la Corte ha establecido que para que se configure el perjuicio irremediable, éste debe ser:
“(i) inminente, es decir, por estar próximo a ocurrir;
(ii) grave, por dañar o menoscabar material o moralmente el haber jurídico de la persona en un grado relevante;
(iii) urgente, que requiera medidas urgentes para conjurarlo; y
(iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar el adecuado restablecimiento del orden social justo en toda su integridad”.
Y aunque es al juez de tutela a quién corresponde valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales, le corresponde al accionante (interesado) acreditar la inminencia, gravedad y urgencia en la afectación de sus derechos fundamentales, así como la impostergabilidad de las medidas que reclama en su escrito para hacer procedente la acción constitucional.
Principio – Requisito de inmediatez
Aunque el artículo 86 de la Constitución Política dispone: “Articulo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar (…) sus derechos constitucionales fundamentales (…)”, debemos recordar que la naturaleza de esta acción constitucional es la de ofrecer una solución inmediata a situaciones apremiantes que requieren medidas urgentes, es por ello que fue apenas lógico crear el principio de inmediatez como requisito de procedibilidad, pues si la protección de un derecho fundamental es urgente, debe ejercerse dicha acción en un límite temporal razonable, al respecto la Corte Constitucional Sentencia T-114 de 2022, lo expresó muy bien indicando
“La procedibilidad de la acción de tutela está, igualmente, supeditada al cumplimiento del requisito de inmediatez. Este exige que el amparo sea interpuesto de manera oportuna en relación con el acto que generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales. La inmediatez encuentra su razón de ser en la tensión existente entre el derecho a presentar una acción constitucional “en todo momento” y el deber de respetar su configuración como un medio de protección “inmediata” de las garantías básicas. Es decir que, pese a no contar con un término preestablecido para efectuar la presentación, debe existir necesariamente una correspondencia entre la naturaleza expedita de la tutela y su interposición oportuna.”
Dicho principio le exige al accionante revisar, al momento de interponer la acción, que aún existe el acto que pone en peligro o vulnera derechos fundamentales, para así determinar si resulta razonable o no interponerla. A pesar de que el Decreto 2591 de 1991 no estableció un término, este principio le suma oportunidad y razonabilidad. Sin embargo, en desarrollo de Jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Estado ha permitido excepcionalmente justificar el cese en la interposición de la acción a tiempo en los siguientes casos:
SU 108 de 2018 de la Corte Constitucional,
“(i) Que exista una razón justificada que explique por qué el accionante no interpuso la acción de tutela dentro de un plazo razonable y justifique la tardanza en actuar, tal como podría ser (a) la ocurrencia de un evento que constituya fuerza mayor o caso fortuito, (b) la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, o (c) que sobrevenga un hecho nuevo que cambie de manera drástica las circunstancias del caso concreto y que, de justificar la tardanza en un hecho nuevo, la acción de tutela se interponga dentro de un plazo razonable frente a la ocurrencia del hecho nuevo”.
Análisis del caso concreto.
Corresponde en este momento analizar si ASONAL JUDICIAL cumplió con los requisitos de procedencia de la acción de tutela de subsidiariedad e inmediatez al interponer la acción constitucional el 29 de julio del 2022.
Referente al principio de subsidiariedad, aduce el accionante que acude a la acción de tutela de manera excepcional al considerar que no existe otro medio ordinario idóneo para la protección de su derecho a la asociación sindical, expresa en su sentir, que hay un vacío normativo, pues no se ha creado acción o mecanismo ordinario para exigir el cumplimiento de los Acuerdo Sindicales celebrados en el año 2017,2019 y 2021 entre el Consejo Superior de la Judicatura y este.
Al respecto, encontramos que dentro del Decreto 1072 de 20151 por medio del cual se reglamenta asuntos de negociación colectiva dentro de los Acuerdos firmados entre las organizaciones sindicales y las entidades del Estado, se manifiesta en su artículo 2.2.2.4.13, lo siguiente:
ARTÍCULO HYPERLINK "https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173" \l "2.2.2.4.13" 2.2.2.4.13. Cumplimiento e implementación del acuerdo colectivo. La autoridad pública competente, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la suscripción del acta final, y con base en esta, expedirá los actos administrativos a que haya lugar, respetando las competencias constitucionales y legales. (Negrilla propia)
Se infiere, por tanto, que todo Acuerdo Sindical produce una serie de actos administrativos que contienen los acuerdos alcanzados por las partes, de hecho, en todos los acuerdos celebrados se ha hecho mención de ello, dentro del Artículo 47 del Acuerdo Sindical del 11 de septiembre del 2017 y el articulo 74 del Acuerdo del 24 de mayo del 2019, por lo que, efectivamente si existía un mecanismo ordinario para la exigencia del cumplimiento de lo acordado en los años 2017, 2019 y 2021, a través del medio de control de nulidad establecido en el artículo 137 del C.P.A.C.A.
No se avizora haberse probado si quiera sumariamente, la existencia de un perjuicio irremediable, pues los temas a los que hace referencia el accionante, aunque son de importancia para el sistema jurídico por tratarse de garantías laborales, su protección no es inminente, grave, urgente e impostergable.
De ese modo, la presente acción constitucional no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues cuenta con un mecanismo ordinario idóneo al que puede acudir para obtener el cumplimiento de los acuerdos sindicales y no acreditó el acaecimiento de perjuicio irremediable como medio excepcional para hacer uso de la acción de tutela.
Ahora bien, en lo que atañe al requisito de inmediatez, se observa que las pretensiones de la acción de tutela se circunscriben al cumplimiento de los de lo pactado por las partes en los Acuerdo Sindicales de los años 2017, 2019 y 2021 y según el Decreto 1072 de 2015, los acuerdos colectivos contendrán:
1. Lugar y fecha.
2. Las partes y sus representantes.
3. El texto de lo acordado.
4. El ámbito de su aplicación, según lo previsto en el Artículo 2.2.2.4.6. del presente Decreto.
5. El período de vigencia.
6. La forma, medios y tiempos para su implementación,
y 7. La integración y funcionamiento del comité de seguimiento para el cumplimiento e implementación del acuerdo colectivo.
Por lo que, los acuerdos no son perpetuos, tienen una fecha de expiración tanto para su creación como para su implementación, es por ello que para determinar si se cumple con el requisito de inmediatez en la presente acción, se delimitaran fecha de realización de acuerdo y vigencia:
Acuerdo del
Vigencia -Hasta
11 de septiembre del 2017
31 diciembre del 2018
24 mayo del 2019
31 diciembre de 2020
11 octubre del 2021
31 diciembre del 2022
Atendiendo a las vigencias de los acuerdos, el accionado está solicitando el cumplimiento de dos acuerdos ya expirados, inexistentes para el ordenamiento jurídico.
Respecto al acuerdo que se encuentra vigente del 11 de octubre del 2021, se observa que el accionante interpone acción de tutela nueve meses después de haber sido concertado el acuerdo entre las partes, del mismo modo dentro del documento allegado por la misma parte actora el 18 de octubre del 2022 Informe de Comisión de Seguimiento Acuerdo Colectivo 2021-2022, no se avizora dentro del cuadro de compromisos incumplidos y parcialmente cumplidos, alguno que se refiere a los temas de presuntos incumplimiento aludidos por el accionante.
Así las cosas, al no cumplirse los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, aunado a que no se vislumbra la configuración de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez constitucional, esta Sala declarará improcedente el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de Conjueces de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III.- FALLA
PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
PEDRO LUIS BLANCO JIMENEZ
Conjuez Ponente
RODRIGO NOGUERA CALDERÓN
Conjuez
ALEJANDRO VENEGAS FRANCO.
Conjuez
JOSE RODRIGO VARGAS DEL CAMPO
Conjuez
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Artículos 2, 39, 53, 55, 93 de la Constitución Política
El convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicalización y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública y Convenio 154 de 1981 sobre el fomento de la negociación colectiva, incluidas las organizaciones sindicales de empleados públicos.
Leyes 27 de 1976, ley 411 de 1997 y ley 524 de 1999.
ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la
actuación procesal.
(…) Corte Constitucional en la sentencia T- 328 de 2017 M.P., Iván Humberto Escrucería Mayolo expuso: Se presenta “cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen”. Al respecto, la Corte ha establecido que para que se configure el perjuicio irremediable, éste debe ser: “(i) inminente, es decir, por estar próximo a ocurrir; (ii) grave, por dañar o menoscabar material o moralmente el haber jurídico de la persona en un grado relevante; (iii) urgente, que requiera medidas urgentes para conjurarlo; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar el adecuado restablecimiento del orden social justo en toda su integridad”.
la Ley 100 de 1993, la Ley 489 de 1998, el Decreto – Ley 4107 de 2011, así como el Decreto 780 de 2016
Al respecto, pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias T-578 de 1992, C-003 de 1993, T-572 de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-141 de 1996, T-472 de 1996, T-312 de 1999 y T-415 de 1999.
Para el 2021, extraído de HYPERLINK "https://cej.org.co/indicadores-de-justicia/efectividad/indice-de-congestion-de-la-justicia-ordinaria-en-colombia/" https://cej.org.co/indicadores-de-justicia/efectividad/indice-de-congestion-de-la-justicia-ordinaria-en-colombia/
Artículo 6 - Causales de improcedencia de la acción de tutela: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilicé como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,
Expediente: 11001031500020220414300
Actor: Asociación Nacional de funcionarios y Empleados de la Rama Judicial – ASONAL
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11101 0315 000 2019 00588 00
Demandante: José Omar Vallejo Alvis
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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