Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04143-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-04143-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04143-01
Consejero ponente: Conjuez Jesus Marino Ospina Mena
19 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
Conjuez Ponente: JESÚS MARINO OSPINA MENA
Bogotá D.C., mayo diecinueve (19) de dos mil veintitrés (2023).
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04143-01
Actor: ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS JUDICIAL - ASONAL
Accionada: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: ACCIÓN DE TUTELA: PROGRESIVIDAD Y NO
REGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS LABORALES.
REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD.
SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ.
ACCIÓN DE TUTELA – FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala de Conjueces a resolver la impugnación presentada por la parte
accionante, contra la sentencia de primera instancia del 3 de noviembre de 2022,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. PRETENSIONES:
1. Pretende la parte accionante que:
“1.- Que el Consejo Superior de la Judicatura de cumplimiento, dentro
de un plazo razonable, a todos los puntos acordados en la mesa de
negociación, específicamente sobre el Manual de Funciones, aplicación
de normas de carrera judicial, calificación de servicios, fondo de
vivienda, entre otros, conforme a los acuerdos colectivos de 2017, 2019
y 2021.
2.- Que el Gobierno Nacional de aplicación inmediata al principio de
PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIVIDAD y que expida las normas
necesarias para que cumpla con lo firmado con ASONAL JUDICIAL
en el sentido que la bonificación judicial se incremente con el porcentaje
del incremento salarial de los servidores públicos y no con el IPC y que
en consecuencia pague dicha diferencia adeudada por los años 2021 y
2022”.
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2. Lo anterior, lo sustenta en los siguientes supuestos fácticos:
1.2. HECHOS:
3. Narró que, tanto el Gobierno Nacional como el Consejo Superior de la Judicatura,
han venido incumpliendo de manera sistemática con lo firmado y acordado en
virtud de las negociaciones realizadas en los años 2017, 2019 y 2021.
4. Explicó que, en la negociación de 2017, se firmó un Acuerdo Colectivo en la mesa
singular, con el Consejo Superior de la Judicatura en el que se acordaron 3 puntos
centrales y neurálgicos para los servidores judiciales:
“A.- Capítulo I, art.- Manual de Funciones, que deberían expedirse a
más tardar, el 31 de diciembre de 2018. Su incumplimiento obligó a que
nuevamente fueran objeto de negociación en el 2019, sin que a la fecha
tampoco se haya actuado en consecuencia con lo que se acuerda y se
firma por las partes.
B.- Art. 2.- Calificación de Servicios. A pesar de que la comisión, creada
en este Acuerdo para hacer efectivo lo acordado, realizó su trabajo para
modificar la calificación de servicios, los términos se vencieron sin que
el Consejo haya cumplido a cabalidad con lo firmado. Efectivamente, la
comisión laboró durante 5 meses aproximadamente y produjo un
documento conforme a lo firmado que fue entregado oficialmente a la
Jefe de la Unidad de Carrera, quien con su puño y letra lo recibió en su
despacho. Se anexa dicho documento a esta acción de tutela.
Posteriormente en reunión presencial con el Presidente de la
corporación, se hizo un acto donde le expusimos lo trabajado en la
mencionada comisión. A pesar de la prueba del recibido, la Rama
Judicial Consejo Superior de la judicatura niega que se le haya
presentado dicho trabajo.
C.- Art. 4.- Aplicación Constitucional, legal y reglamentaria en eventos
de vacancia en cargos de carrera judicial. En este aspecto consideramos
que la Circular expedida por el Consejo Superior, fue un canto a la
bandera, toda vez que no se expidió conforme lo acordado. El flagelo de
no cumplir o no dar aplicabilidad a los derechos de carrera, en el sentido
de promover y ascender a quien tiene el derecho, se ha convertido en una
verdadera fuente de clientelismo al interior de la Rama Judicial. Si se
lee detenidamente la Circular No. PCSJC 1736 expedida para dar
cumplimiento a lo pactado, lo que hizo es repetir y regular lo ya
regulado, que es el ingreso a la Rama por concurso y por lista de
elegibles. La discusión del punto era cómo cubrir vacantes cuando no
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hay lista de elegibles o cuando haya sido declarado desierto el concurso,
qué es cuando el nominador acude a una facultad absoluta de nombrar
a personal externo o de su círculo de amigos y familiares que no están
en propiedad o en carrera, fomentando el nepotismo, el clientelismo y el
tráfico de influencias. Frente al incumplimiento de los Acuerdos, en esta
materia, en la Negociación Colectiva de 2020 dejamos expresa
constancia de ello y la respuesta de la administración es que están
gestionando”.
5. Para el año 2019 , igualmente se incumplió el Acuerdo Colectivo, ya que, en la
Mesa Técnica de Justicia se logró establecer y negociar que la bonificación judicial
creada mediante Decretos 082 y 083 de 2013, se incrementara conforme al
incremento del salario para servidores públicos y no con base en el IPC causado.
6. Relató que, el Gobierno Nacional dio cumplimiento por el año 2020 expidiendo el
Decreto 299 del 27 de febrero de 2020, en el que además, hubo un reconocimiento
explícito de la negociación aludida y en el considerando de esa norma se expresa
literalmente: «Que dentro de los términos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, se
adelantó en el año 2019 la negociación del pliego presentado por los representantes de las
centrales y federaciones sindicales de los empleados públicos, en el cual se acordó entre otros
aspectos, que para el año 2020 el aumento salarial debe corresponder al incremento
porcentual del IPC total en 2019 certificado por el DANE, más uno punto treinta y dos por
ciento (1.32%), el cual debe regir a partir del 1° de enero del presente año. Que el incremento
porcentual del IPC total de 2019 certificado por el DANE fue de tres punto ochenta por ciento
(3.80%), en consecuencia, los salarios y prestaciones establecidos en el presente decreto se
ajustarán en cinco punto doce por ciento (5.12%) para el año 2020, retroactivo a partir del
1° de enero del presente año».
7. A pesar de lo anterior, para los años 2021 y 2022 no se dio cumplimiento a lo
pactado, estableciendo el incremento de la bonificación judicial conforme el IPC (5.
62% para 2021 cuando debía incrementarse en 7.26% que fue el aumento del salario
para ese año, adeudando a los servidores un1.64% de la bonificación judicial y de
esa misma forma debía hacerse con el año 2022). De esta forma el gobierno nacional
incurre en una omisión grave, violando el principio de progresividad y no
regresividad en materia laboral.
II. SENTENCIA IMPUGNADA:
8. La sentencia de primera instancia declaró improcedente el amparo, toda vez que,
consideró que no se cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, específicamente los de subsidiariedad e inmediatez.
9. Frente al requisito de subsidiariedad, indicó que, la parte accionante cuenta con
un mecanismo ordinario idóneo al que puede acudir para obtener el cumplimiento
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de los acuerdos sindicales y no acreditó el acaecimiento de perjuicio irremediable
como medio excepcional para hacer uso de la acción de tutela.
10. Respecto al requisito de inmediatez, adujo que, los Acuerdos tiene fecha de
expiración, para el caso concreto, se tiene.
Acuerdo del Vigencia -Hasta
11 de septiembre del 2017 31 diciembre del 2018
24 mayo del 2019 31 diciembre de 2020
11 octubre del 2021 31 diciembre del 2022
11. Conforme con lo anterior, ya dos acuerdos expiraron, y respecto al que se
encuentra vigente del 11 de octubre del 2021, se observa que el accionante interpone
acción de tutela nueve meses después de haber sido concertado el acuerdo entre las
partes, del mismo modo dentro del documento allegado por la misma parte actora
el 18 de octubre del 2022 Informe de Comisión de Seguimiento Acuerdo Colectivo
2021-2022, no se avizora dentro del cuadro de compromisos incumplidos y
parcialmente cumplidos, alguno que se refiere a los temas de presuntos
incumplimiento aludidos por el accionante.
III. IMPUGNACIÓN
12. La parte accionante, dentro del término oportuno impugnó el precitado fallo e
indicó que, no es posible que se sugiera entablar demandas de nulidad de actos
administrativos inexistentes, ya que lo que se denuncia es que no se expidieron los
mismos, con los que se finalizó lo acordado y firmado. Advirtió que, no tienen
medios ordinarios idóneos para hacer cumplir a los demandados lo firmado en cada
Acuerdo Colectivo y a lo que se comprometieron.
13. Señaló que: «TODO ACUERDO ES LEY PARA LAS PARTES y lo que demandan es
que los accionados cumplan sin excusas. En consecuencia, los derechos fundamentales
invocados en la actualidad se siguen transgrediendo y por tanto no es viable acción ordinaria
alguna, toda vez que no hay actos administrativos para intentar la NULIDAD de estos.
Recuerden que, cada punto de negociación le sigue un acto administrativo para su
cumplimiento. Es fácil entender entonces que como esos actos nunca se expidieron, se ratifica
el incumplimiento. Esa es la razón por la que afírmanos que en la legislación no existe otro
mecanismo ordinario para hacer cumplir lo convenido con los empleadores y el Gobierno
Nacional. Lo que nos propone la Sala es un imposible jurídico, por lo que solicitamos que la
Sala Plena de Conjueces del H. Consejo de Estado, revoque su decisión».
14. Respecto al requisito de inmediatez, señaló que, los Acuerdos Colectivos se rigen
por el principio de progresividad y no regresividad. En ese sentido no puede
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hablarse de inmediatez, porque el incumplimiento se caracteriza por lo
«sistemático» muy a pesar de que su vigencia sea de dos años. Es por eso que,
insistimos en tal cumplimiento y ello lo avala el principio de progresividad pues
hace exigibles los Acuerdos.
15. Explicó que, han dejado constancia del incumplimiento con la esperanza de que
en la nueva negociación los demandados actuaran en consecuencia con las
obligaciones consignadas en los acuerdos, por lo que incumplir sucesivamente los
Acuerdos Colectivos, impacta a la Organización Sindical pues evidencia la
transgresión de la seguridad jurídica que debe cobijar todos los actos y acciones que
expide la administración.
16. La No protección de los derechos invocados «nos ponen ad portas de un conflicto
laboral, porque una vez agotados los medios judiciales, no hay una alternativa distinta que el
cese de labores (la huelga), tal como lo protege la Constitución y la normatividad laboral
cuando dentro de sus justificaciones está el incumplimiento por parte del empleador o del
Estado: “Es posible imputar la huelga a la culpa del empleador, cuando ella se origina en una
conducta antijurídica de éste, como sería el incumplimiento de sus obligaciones o de los
deberes legales, contractuales o convencionales, que son jurídicamente exigibles. Las
suspensiones de los contratos de trabajo resultan inaplicables, toda vez que la conducta del
empleador al incidir directamente en el origen del conflicto colectivo genera una clara
responsabilidad, que justifica la reparación del perjuicio causado a los trabajadores, como
consecuencia de la suspensión». (Sentencia C-1369/00 expediente D-2764 Corte
Constitucional).
17. Finalmente, señaló que: «No se estudiaron a fondo los Acuerdos firmados y mucho
menos el Informe de la Comisión de Seguimiento al Acuerdo Colectivo 2021-2022, porque
aduce en la sentencia respecto de este último Acuerdo que: “… no se avizora dentro del cuadro
del compromisos incumplidos y parcialmente cumplidos, alguno que se refiere a los temas de
presuntos incumplimientos aludidos por el accionante”. Esta perspectiva no se ajusta a la
realidad porque si se revisa, este Acuerdo está lleno de las constancias por parte de ASONAL
JUDICIAL y demás sindicatos firmantes sobre puntos incumplidos y en la pág. 19 del
Acuerdo Colectivo 2021 -2022 allegado, se deja expresa constancia acerca del incumplimiento
sobre el MANUAL DE FUNCIONES, reclamado en la tutela como incumplido. Este ítem
aparece dentro del documento de la comisión de seguimiento en la página 4, donde aparece
también el punto, incumplido nuevamente, sobre la calificación de servicios aducida en la
demanda de Tutela y cuyo punto se dejó constancia en la página 30 del Acuerdo Colectivo
2021-2022, allegado».
IV. CONSIDERACIONES
4.1. COMPETENCIA
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18. De acuerdo con el numeral 8 del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017,
según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura
(…) serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevención, (…) o al
Consejo de Estado y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que
corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4», así
como lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política y en los artículos
31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, esta Sala de
conjueces es competente para conocer del presente asunto.
4.2. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:
19. Se contrae a determinar: ¿Si debe confirmarse o revocarse la sentencia de tutela
de primera instancia, que declaró improcedente la acción de tutela al no reunir los
requisitos generales de procedibilidad, específicamente los de subsidiariedad e
inmediatez?
4.3. TESIS DE LA SALA:
20. Se confirmara el fallo de primera instancia, toda vez que, de acuerdo con las
pruebas obrantes en el plenario y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, se
constató que la parte accionante cuenta con otro mecanismos de defensa, el cual
resulta idóneo para lo pretendido en este trámite tutela. Aunado a que lo reclamado
no se considera como de vulneración sistemática, pues la misma parte accionante
reconoce que hubo cumplimiento en el año 2020, por lo que no se cumple con el
requisito de inmediatez ya que el cumplimiento pretendido data de los años
2017,2019 y 2021. sin que acreditara un perjuicio irremediable.
21. Con el fin de dilucidar la cuestión planteada, se realizará el siguiente análisis: i)
Cuadro jurisprudencial aplicable al presente caso; y, ii) Análisis el caso concreto.
4.4. CUESTIÓN PREVIA
22. No obstante, la Sala confirmará el fallo de primera instancia, como se expuso en
el capítulo de «tesis de la sala» se hace necesario realizar la siguiente aclaración
indispensable, como quiera que uno de los argumentos de la demanda de tutela se
fundamenta en la no regresividad de los derechos laborales.
23. En efecto, el hecho de confirmación del fallo de primera instancia, que declara
improcedente el derecho de amparo, la Sala no esta desonociendo que los derechos
laborales son progresivos y no regresivos. Es así que Colombia aprobó mediante ley
16 de 1972, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José
de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada
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Interamericana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 26 consagra el principio
de la progresividad, así:
“Artículo 26. Desarrollo Progresivo. Los Estados partes se
comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como
mediante la cooperación internacional, especialmente económica y
técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo
de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía
legislativa u otros medios apropiados.”
24. Igualmente y a través de la ley 319 de 1996, se aprobó el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de San Salvador» suscrito en San
Salvador el 17 de noviembre de 1988, donde consagra textualmente en su artículo 4º,
la prohibición de la regresividad de los derechos reconocidos o vigentes en virtud
de cualquier fuente formal de derecho; y en su artículo 7º, que en el ejercicio del
derecho al trabajo, toda persona debe gozar del mismo en condiciones justas,
equitativas y satisfactorias, un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin
ninguna distinción. Es así que esta legislación que constituye el bloque de
constitucionalidad dispone:
“Artículo 4º No admisión de restricciones.
No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos
reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna
o de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente
Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado.
Artículo 7º. Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo.
Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al
trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona
goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para
lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de
manera particular:
a) Una remuneración que asegure como mínimo a todos los
trabajadores, condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y
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sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin
ninguna distinción …”
25. Se destaca entonces, que existen límites puestos por el derecho internacional, que
le impiden a los operadores judiciales, sin razones atendibles jurídicamente, hacer
regresivos los derechos sociales, laborales y pensionales, que vienen a constituir un
derecho adquirido; sin embargo, en el caso en estudio, es por razones de
procedibilidad general de la tutela, que se confirma en el presente asunto.
26. Sobre este particular, tuvo oportunidad la Corte Constitucional de referirse:
“La Corte reafirmó que el mandato de progresividad y de no
regresividad de la legislación implica que una vez alcanzado un
determinado nivel de protección, el amplio margen de configuración del
legislador en materia de derechos sociales se ve restringido. No obstante,
advirtió que históricamente las dificultades que los Estados han
enfrentado, las cuales hicieron imposible el mantenimiento de un grado
de protección alcanzado, condujeron a que la prohibición de los
retrocesos no pueda ser absoluta, sino que debe ser entendida como una
prohibición prima facie. Esto significa que, como lo ha señalado la Corte
y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones
Unidas, las medidas regresivas que disminuyen una protección
alcanzada a un derecho social, se presumen en principio
inconstitucionales y contrarias al Pacto Internacional de estos derechos,
pero puede ser justificable y por ello, están sometidas a un control
judicial más severo.
En este sentido, para que el cambio pueda ser constitucional, el Estado
debe demostrar, con datos suficientes y pertinentes que la medida (i)
busca satisfacer una finalidad constitucional imperativa, (ii) resulta
conducente para lograr la finalidad perseguida; (iii) evaluadas las
distintas alternativas, parece necesaria para alcanzar el fin propuesto;
(iv) no afecta el contenido mínimo no disponible del derecho social
comprometido y (v) el beneficio que alcanza es claramente superior al
costo que apareja. A lo anterior se agrega, que el juicio de
constitucionalidad debe ser particularmente estricto cuando la medida
regresiva afecte los derechos sociales de personas o grupos de personas
especialmente protegidos de manera especial por la Constitución, debido
a su condición de vulnerabilidad o de marginalidad. De igual modo, la
jurisprudencia ha precisado que una medida se entiende regresiva en
principio, en los siguientes eventos: a) cuando recorta o limita el ámbito
sustantivo de protección del respectivo derecho; b) cuando aumentan
sustancialmente los requisitos exigidos para acceder al derecho de que
se trata; c) cuando disminuye o desvía de manera efectiva e importante
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los recursos públicos destinados a la satisfacción del derecho, antes de
que se haya verificado el cumplimiento de la respectiva prestación.”1
27. Posteriormente con ponencia de la Dra. María Victoria Calle, la misma
Corporación sostuvo:
“En primer término, la Corte reiteró que en principio, las reformas
laborales que disminuyen beneficios alcanzados por los trabajadores,
resultan contrarias al principio de progresividad y prohibición de
regresión en materia de protección de los derechos sociales. Por tal
motivo, el margen de configuración del legislador se reduce, en cuanto
(i) no puede desconocer derechos adquiridos, (ii) debe respetar los
principios constitucionales del estatuto del trabajo y (iii) las medidas
deben estar justificadas, de conformidad con el principio de
proporcionalidad, esto es, adecuadas para alcanzar un propósito
constitucional de especial importancia. Esto no significa, sin embargo,
que se petrifique la posibilidad de regulación en materia de derechos
sociales y en particular, en materia de pensiones. Al respecto, la
jurisprudencia ha señalado que el legislador no está obligado a mantener
en el tiempo las expectativas que tienen las personas conforme a las leyes
vigentes en un momento determinado, pues bien puede existir la
necesidad de darle prioridad a otros intereses de rango constitucional,
que permitan el adecuado cumplimiento de los fines del Estado Social
de Derecho.”2
28. Se reitera entonces, que con la decisión que toma en el presente asunto la Sala,
en nada desconoce la progresividad de los derechos laborales.
4.5. CUADRO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL:
4.5.1. ASPECTOS GENERALES Y REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCIÓN DE TUTELA:
29. La acción de tutela es un instrumento jurídico de estirpe constitucional,
reconocido a toda persona «… para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública». (Artículo 86 de la Constitución Política).
30. La Sala Plena de la Corte Constitucional, en Sentencia C-590 de 2005, estableció
un conjunto sistematizado de requisitos de naturaleza sustancial y procedimental,
1 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 428 de 2009. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.
2 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C – 727 de 2009. M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.
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que deben ser acreditados en cada caso concreto, los cuales fueron reiterados en
sentencia SU- 053/15, Magistrada Sustanciadora GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO, en los siguientes términos:
“(…..) Más adelante, esta Corte emitió la sentencia C-590 de 20052, en
la que la doctrina de las vías de hecho fue replanteada en los términos
de los avances jurisprudenciales que se dieron en ese interregno. En
dicho fallo, la Corte diferenció dos tipos de requisitos de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, así: i) requisitos
generales de procedencia, con naturaleza procesal y ii) causales
específicas de procedibilidad, de naturaleza sustantiva. (…).
8. La Corte en la sentencia C-590 de 2005 buscó hacer compatible el
control por vía de tutela de las decisiones judiciales, con los principios
de cosa juzgada, independencia, autonomía judicial y seguridad
jurídica. Por ello estableció diversas condiciones procesales para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, que
deben superarse, a fin de avalar el estudio posterior de las denominadas
causales específicas. Tales condiciones son: i) que la cuestión sea de
relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios de
defensa judiciales al alcance; iii) que se cumpla el principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la misma
sea decisiva en el proceso; v) que se identifiquen, de manera razonable,
los hechos que generaron la vulneración de derechos fundamentales y
vi) que no se trate de una tutela contra otra tutela. (…)
9. El deber de agotar todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance del afectado,
guarda relación con la excepcionalidad y subsidiariedad de la
acción de tutela, pues de lo contrario ella se convertiría en una
alternativa adicional para las partes en el proceso. Esta
exigencia trae consigo la excepción consagrada en el artículo 86
Superior, que permite que esa exigencia pueda flexibilizarse
cuando se trata de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable.
10. Adicionalmente, el juez debe verificar que la acción de
tutela se invoque en un término razonable y proporcionado,
contado a partir del hecho vulnerador, a fin de cumplir el
requisito de la inmediatez. De no ser así, se pondrían en juego la
seguridad jurídica y la institución de la cosa juzgada, pues las
decisiones judiciales estarían siempre pendientes de una
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eventual evaluación constitucional. (…)” (subrayas y negrillas
por fuera de texto).
4.6. CASO CONCRETO
31. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, en razón a que
consideró que cumple con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. Para
sustentar lo anterior, señaló que, todo Acuerdo es ley para las partes y que no hay
actos administrativos para nulitar, ya que, cada punto de negociación le sigue un
acto administrativo para su cumplimiento y estos nunca se expidieron, lo que ratifica
el incumplimiento, por lo que no cuentan con un mecanismo idóneo para hacer
cumplir lo convenido con los empleadores y el Gobierno Nacional.
32. Para resolver, se tiene que, la parte accionante de forma contradictoria solicitó
el cumplimiento de unos actos administrativos que a su vez considera inexistentes
y por tanto incumplidos, y pretende con dicho argumento, por demás, confuso, se
infiera que no existe un mecanismo ordinario de defensa.
33. Por otra parte, se observa que no ofreció argumento o inconformidad alguna
respecto a la aplicación del Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.2.4.13, acerca del
cumplimiento e implementación del acuerdo colectivo firmado ente organizaciones
sindicales y entidades del Estado, el cual claramente establece lo concerniente a la
suscripción del acta final y la expedición de los actos administrativos a que haya
lugar.
34. Así las cosas, para esta instancia judicial los argumentos ofrecidos por la parte
accionante no tienen vocación de prosperidad, toda vez que, si consideró que los
actos son inexistentes, cuenta con el mecanismo establecido en el Decreto 1072 de
2015, sin que haya indicado o probado porqué dicho mecanismo no resulta idóneo,
o razones para justificar su inoperancia durante los términos establecidos por la Ley,
pretende que, se tenga por suplido el mismo, aduciendo que, la vulneración ha sido
sistemática; sin embargo, acepta el cumplimiento del mismo para el año 2020, y no
señala ningún argumento que indique un perjuicio irremediable, como quiera que
se requiere el cumplimiento del aumento en la bonificación judicial de los servidores
judiciales bajo ciertos pactos acordados, lo que no afecta su congrua subsistencia y
datan de los años 2017, 2019 y 2021, por lo que no se acreditó una situación de
urgencia e impostergabilidad.
35. Se tiene además que, no se demostró que se hubiese acudido a dicho mecanismo,
aunado a que no puede pretenderse por este trámite constitucional sustituir al juez
natural o revivir etapas procesales donde no se utilizaron los mecanismos de
impugnación disponibles.
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36. La parte accionante pretende que se tenga por suplido el requisito, por el simple
hecho de tratarse de una asociación sindical pública y que, ante el cese de actividades
al que pueden llegar después de acudir a los mecanismos legales, argumento que,
no acredita situación alguna que logré tener por cumplido este requisito, ya que
actuar como lo pretende la parte accionante sería quebrantar el Derecho a la
igualdad de las demás asociaciones sindicales al desconocer la aplicación de un
requisito de procedibilidad de la acción de tutela por el hecho de argüir un cese de
actividades y desconocer las facetas de protección de este mecanismo, la
jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar las excepciones para la
aplicación de este requisito sin que el aludido por la parte accionante se infiera de
los mismos.
37. Resulta lo anterior suficiente para declarar la improcedencia de la acción de
tutela, como quiera que, se confirman los argumentos esgrimidos en la sentencia de
primera instancia y se reitera que, la parte accionante no ofrece prueba que señale
las razones por las cuales el mecanismo judicial no resulta idóneo; menos aún,
demostró cuál es el perjuicio irremediable que requiere de una medida
impostergable y urgente, teniendo en cuenta que se solicita el cumplimiento de
Acuerdo suscritos desde el año 2017, 2019 y 2021. Lo que de entrada desvirtúa una
situación de impostergabilidad o urgencia, más aún, cuando se trata de situaciones
de incrementos salariales que no afectan la congrua subsistencia de la parte
accionante, tampoco se señaló una vulneración al Debido Proceso que habilite la
intervención del juez Constitucional, no se esgrimió argumento alguno sobre la
supuesta afectación al Derecho a la Asociación Sindical dentro de las esferas de
protección del derecho constitucional, ni demostró el agotamiento de los
mecanismos ordinarios, por lo que no cumple con el requisito de subsidiaridad.
38. Aunado a lo anterior y aunque es suficiente para la declaratoria de
improcedencia del trámite tutela, es preciso indicar que, esta Sala comparte
igualmente los argumentos esgrimidos en la sentencia de primera instancia respecto
al incumplimiento del requisito de inmediatez, como quiera que, la constancia o no
de los incumplimientos de los mismos, no prueba ninguna situación que impidiera
acudir al trámite constitucional dentro de un plazo razonable.
39. En mérito de lo expuesto, la SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE
ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Consejo de Estado – Sección Quinta, del
3 de noviembre de 2022, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a los interesados, por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.
CUARTO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
SOL MARINA DE LA ROSA FLÓREZ
Conjuez
(Firmado electrónicamente)
JESÚS MARINO OSPINA MENA
Conjuez Ponente
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