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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04148-01

Fecha
18 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodríguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04148-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que amparó los derechos fundamentales incoados por la accionante y en su lugar NEGAR el amparo solicitado, por las razones aquí expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04148-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas

18 de noviembre de 2022

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Radicado número: 11001-03-15-000-2022-04148-01
Accionante: Ana Catalina Del Llano Restrepo
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela contra providencias judiciales.
Subtema 1. Requisitos de procedibilidad. Procedibilidad de la acción.
Subtema 2. Desconocimiento del precedente jurisprudencial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP en contra de la sentencia de tutela del 8 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación.

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de tutela

Ana Catalina Del Llano Restrepo presentó escrito de tutela en el que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al principio de seguridad jurídica, que consideró vulnerados por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado con ocasión de las providencias del 14 de octubre de 2021 y 20 de enero de 2022, proferidas dentro del proceso de revisión identificado con el número de radicado 11001-03-25-000-2016-00242-00.

1.2. Hechos probados del proceso ordinario

De las pruebas allegadas al expediente de la referencia y lo narrado por el accionante en el escrito de tutela, la Sala resume los siguientes:

1.2.1. La señora Ana Catalina Del Llano Restrepo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, formuló demanda en contra de CAJANAL, orientada a obtener la nulidad de las Resoluciones PAP 006446 del 12 de julio de 2010 y 050154 del 27 de abril de 2011 en las que, le fue negada la reliquidación de su pensión de jubilación.

1.2.2. El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá que, en sentencia del 25 de febrero de 2013 accedió a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión, consideró:

“ (…) la entidad demandada no cumplió con el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues no solo omitió incluir todos los factores salariales sino que tomó como base para liquidar la pensión de jubilación de la demandante, el promedio de lo devengado durante los últimos diez años de servicio, por tanto, prescindió de realizar la liquidación de la misma tomando el promedio de lo percibido en el ultimo año de servicios, esto es desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre del mismo año, vulnerando de esta forma el principio de  HYPERLINK "https://www.google.com/search?rlz=1C1ALOY_esCO1010CO1010&sxsrf=ALiCzsaCd9wimJ3GwskONw8f6zKzXNU0RA:1668003104782&q=inescindibilidad&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjLxa3ko6H7AhUJVTABHX8EBj8QkeECKAB6BAgGEAE" inescindibilidad normativa, que supone la aplicación de la norma más favorable al trabajador. (…)

(…)el Juzgado acoge la tesis del H. Consejo de Estado, estimando que la entidad impugnada liquidó la pensión de jubilación de la demandante tomando únicamente como factores los determinados en el Decreto 1158 de 1994, y desestimó la prima especial, la prima de navidad, y la prima de servicios devengados por la señora Ana Catalina del Llano, en el último año de servicios (f. 33), por tanto, este Despacho considera que la entidad demandada debió reconocerlos como factores salariales a tener en cuenta dentro del ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación.

Señalado lo anterior, es preciso acceder a las súplicas de la demanda para que se restablezca el ordenamiento jurídico quebrantado y los derechos del demandante, realizando una nueva reliquidación, tomando como base el 75% del promedio de todo lo devengado en el último año de servicio, esto es, del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre del mismo año, incluyendo todos los factores salariales devengados en dicho periodo como son: Asignación Básica, Prima Especial, Prima de Navidad (1/12), la Bonificación por Servicios (1/12) y la Prima de Servicios (1/12).(…)”.

1.2.5. Inconforme con la decisión la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP en calidad de demandada, por medio de apoderado interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que a la demandante no se le podía reliquidar la pensión incluyendo los conceptos reclamados, por ser factores prestacionales y no salariales. El recurso le correspondió desatarlo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en Descongestión que, en sentencia del 8 de octubre de 2014 la confirmó. Como fundamento de su decisión, la mencionada autoridad consideró que, para el asunto concreto, había lugar a dar aplicación al criterio fijado en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 en el que el Consejo de Estado indicó que para la liquidación de la prestación reclamada, debían ser incluidos todos los factores devengados durante el último año de servicio bajo el entendido que, constituían salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibió el empleado como retribución de sus servicios y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985, esto es en cuantía del 75% de la totalidad de los factores devengados.

1.2.6. La UGPP en cumplimiento del fallo del 8 de octubre de 2014, expidió la Resolución RDP 024003 del 16 de junio de 2015 en la que, reliquidó la prestación reconocida a la señora Del Llano Restrepo con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio, con inclusión de todos los factores salariales y efectiva a partir del 1 de enero de 2012.

1.2.7. Posteriormente, la UGPP formuló recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia del 8 de octubre de 2014 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en Descongestión, con fundamento en la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque consideró que la mesada pensional debía liquidarse según lo previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1.2.7.1. El asunto le correspondió a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, mediante sentencia del 14 de octubre de 2021 declaró fundado el recurso extraordinario e infirmó la sentencia objeto de revisión. Como problema jurídico a resolver planteó: “(…) establecer si a la demandada en su calidad de beneficiaria del régimen de transición, le resultaba aplicable la reliquidación de su pensión en cuantía del 75% con la inclusión de la totalidad de los factores salariales percibidos en el último año laborado o si no debía concedérsele, atendiendo al principio de sostenibilidad fiscal y la normatividad vigente (…)”.

Destacó el juez que, conforme a lo ordenado en la sentencia objeto de revisión, la pensión de jubilación inicialmente reconocida a la señora Del Llano Restrepo a través de la Resolución 050154 del 27 de abril de 2011 en los términos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en cuantía de $6.740.473, quedó establecida en $11.936.673, es decir, tuvo un incremento desproporcionado a la que en derecho corresponde y por tal razón encontró probada la causal invocada como fundamento del recurso extraordinario. De manera textual afirmó:

“Como puede observarse, en las sentencias controvertidas se incluyeron en la base para liquidar la pensión, rubros que si bien pudieran tener connotación salarial, no pueden ser tomados en cuenta para liquidar la pensión de jubilación bajo los parámetros del régimen de transición, pues según el Decreto 1158 de 1994 y la posición adoptada por esta Corporación en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, solo pueden ser concebidos para dichos efectos la asignación básica mensual, los gastos de representación, la remuneración por trabajo dominical o festivo, la bonificación por servicios prestados, así como la prima técnica y de antigüedad, ascensional y de capacitación, cuando constituyan factor de salario. En esa medida, no tienen tal naturaleza las primas de navidad y de servicios que los juzgadores de 1a y 2a instancia computaron como parte de la base para calcular el monto de la pensión de la señora Ana Catalina del Llano Restrepo.

(…)

(…) la sentencia que ordenó reliquidar la pensión de la señora Ana Catalina del Llano Restrepo con base en el promedio de todos los factores percibidos en el último año de servicios, afirmando que el ingreso base de liquidación hace parte del régimen de transición, desconoció la correcta interpretación y aplicación del IBL de acuerdo con lo expresamente establecido por el legislador en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por el Constituyente en el Acto Legislativo 01 de 2005, así como con los principios de eficiencia del Sistema de Seguridad Social, al no existir correspondencia entre lo cotizado y lo liquidado.”.

Con fundamento en lo anterior la Sección Segunda, Subsección B, accionada, revocó la sentencia y negó las pretensiones de la demanda, no sin antes responder al planteamiento que en sede extraordinaria expuso la beneficiaria del derecho, en relación con la no aplicación para su caso, de la regla de unificación fijada en la sentencia del 28 de agosto de 2018:

“(…) dicha tesis de construcción jurisprudencial resulta también aplicable a las acciones extraordinarios que se llegaren a interponer dentro de la oportunidad legal correspondiente previa expedición de la mencionada decisión y en consecuencia, los que ya se encuentren en curso en la jurisdicción. Esto en la medida que la decisión de 28 de agosto de 2018 aludida, sostuvo «que, si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada». En consecuencia, los entes previsionales podrán invocar la posición actual sobre el IBL aplicable a los beneficiarios del régimen de transición a través de los medios extraordinarios previstos en la ley, sin embargo, la aplicación de esta, será definida por el juez competente en cada caso.

(…) i) el carácter vinculante y obligatorio de la sentencia de 28 de agosto de 2018 por haber sido proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en su calidad de órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa en ejercicio de su función de unificar jurisprudencia, a la cual, le fueron otorgados efectos retroactivos, aplicable a los procesos pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial a través de acciones ordinarias y ii) en que dicho fallo estudió de manera expresa la situación de los beneficiarios del régimen de transición regidos por lo establecido en la Ley 33 de 1985, estableciendo que el reconocimiento del derecho pensional de dichos servidores debe guardar estricta observancia de los principios constitucionales de sostenibilidad financiera, solidaridad y universalidad consagrados en el Acto Legislativo 01 de 2005”.

1.3. Pretensiones y argumentos de tutela

1.3.1. La accionante Ana Catalina Del Llano Restrepo solicitó al juez constitucional : i) tutelar sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y el principio de seguridad jurídica; ii) dejar sin efectos la sentencia del 14 de octubre de 2021 y el auto de fecha del 20 de enero de 2022 proferidos por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B dentro de la acción de revisión con radicado 11001032500020160024200; iii) ordenar a la Subsección accionada que dentro de los 15 días siguientes a la notificación del fallo de tutela, dicte sentencia de reemplazo en la que declare infundada la acción de revisión presentada contra la sentencia del 8 de octubre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en descongestión, dentro del proceso 110013331017201200143-01; y iv) ordenar las demás decisiones y medidas que considere necesarias para el restablecimiento de sus derechos fundamentales.

1.3.2. La señora Ana Catalina Del Llano Restrepo adujo que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en las providencias objeto de tutela, vulneró sus derechos fundamentales y expuso la configuración de un defecto sustantivo que sustentó en los siguientes términos:

Explicó que la postura divergente entre las subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulnera el principio de seguridad jurídica, en la medida que, por un lado, la Subsección A adopta la posición más favorable para el trabajador con base en que la sentencia del 28 de agosto de 2018 no puede ser aplicada de forma retroactiva, ya que para la época en que fue decidida la controversia se encontraba vigente la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010. Por otro lado, la Subsección B desconoce los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica dado que, deja sin efecto los procesos fallados bajo los criterios de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 sin tener en consideración lo previsto en la sentencia del 28 de agosto de 2018 respecto de la retrospectividad de sus efectos.

Agregó que, la resolución de la controversia se basó en una interpretación errónea de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 al no tener en cuenta que las reglas allí establecidas solo serían aplicadas a los casos que estuvieran pendientes de solución y sin efectos retroactivos. Que su proceso fue decidido el 8 de octubre de 2014 con la tesis vigente en ese momento, es decir, la contenida en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 y, por tanto, el juez del recurso extraordinario debió tener en cuenta este presupuesto.

1.4. Trámite de tutela de primera instancia e intervenciones

1.4.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la solicitud de tutela por auto del 2 de agosto de 2022. En el mismo proveído vinculó como terceros con interés a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social — UGPP, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en descongestión y al Juzgado que asumió los procesos que tramitó el Juzgado Quinto Administrativo en Descongestión de Bogotá. También ordenó notificar a las partes y terceros con interés, reconoció personería al abogado de la parte actora y solicito al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B copia magnética del expediente correspondiente al proceso ordinario con radicado 11001-03-25-000-2016-00242-00.

1.4.2. Una vez surtidas las notificaciones, recibió respuesta de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que también, remitió el expediente digital que contiene el trámite del recurso extraordinario de revisión, del Juzgado 49 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., Sección Segunda que envió el expediente digital del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, sin embargo, guardó silencio respecto del caso concreto y de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social — UGPP.

1.4.2.1. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado a través de la magistrada ponente de la decisión objeto de tutela adujo que, la sentencia del 8 de octubre de 2014 desconoció la correcta interpretación y aplicación del IBL de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y en el Acto Legislativo 01 de 2005, así como los principios de eficiencia del Sistema de Seguridad Social, al no existir correspondencia entre lo cotizado y lo liquidado, de tal forma que fue debidamente probada la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

En consecuencia sostuvo que, no incurrió en el defecto invocado por la accionante ni vulneró su derecho fundamental a la igualdad porque por un lado, los efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 están conformes al principio de seguridad jurídica y de seguridad social por lo que, resulta aplicable a todos los beneficiarios de una pensión que se encuentren en el marco de transición del régimen del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por otro lado, porque la Sección Quinta del Consejo de Estado, al resolver una tutela con identidad fáctica, negó las pretensiones al considerar que el análisis efectuado por la Sección Segunda fue razonable.

1.4.2.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social — UGPP a través de su apoderado adujo que la acción se tornaba improcedente porque la pretensión de la accionante era sustituir la decisión proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado al resolver el recurso extraordinario de revisión.

Indicó que la acción de tutela no era el mecanismo judicial idóneo para el reconocimiento de las pretensiones prestacionales que reclama, mas aun cuando ya existe un pronunciamiento al respecto, por lo que, la decisión objeto de tutela se ajustó al ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial que regula el tema de reliquidación de la pensión de jubilación.

1.5. Sentencia de primera instancia

La Sección Cuarta de esta Corporación, en sentencia del 8 de septiembre de 2022, amparó los derechos fundamentales de la accionante y en consecuencia dejó sin efectos la sentencia del 14 de octubre de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y en su lugar ordenó que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la sentencia de tutela, emitiera una decisión de reemplazo.

La mencionada autoridad, planteó como problema jurídico a resolver, determinar si la Subsección B accionada, incurrió en un defecto al declarar fundado el recurso extraordinario de revisión que promovió la UGPP contra la sentencia del 8 de octubre de 2014 proferida por la Subsección F en Descongestión de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Ana Catalina Del Llano Restrepo.

Aclaró que, el análisis de la solicitud de amparo sería realizado respecto de la posible configuración de un defecto por desconocimiento del precedente, dado que los argumentos expuestos por la parte accionante refieren la indebida aplicación de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.

Para resolver el asunto explicó, en primer lugar, que, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el fallo objeto de tutela, estimó que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en Descongestión, excedió lo debido de acuerdo a la ley al incluir en el IBL los factores salariales devengados en el ultimo año de servicio.

Consideró que, tal conclusión no era procedente porque: i) la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 dispuso que el régimen pensional de la Ley 33 de 1985 establece que el IBL debe ser determinado por todas las sumas que percibió el trabajador de manera habitual y periódica como contraprestación de sus servicios, y tal criterio se encontraba vigente al 8 de octubre de 2014, fecha en la que se resolvió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que, era un criterio válido y vinculante; ii) si bien la UGPP adujo en la acción de revisión que el fallo no tuvo en cuenta la sentencia C-258 de 2013, lo cierto es que tal pronunciamiento no era aplicable al asunto concreto porque derivó del examen de constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que regula las pensiones de los congresistas y la demandante prestó sus servicios en calidad de Cónsul General Grado Auxiliar en el Ministerio de Relaciones Exteriores; iii) la sentencia SU-230 de 2015 dictada por la Corte Constitucional estableció que el IBL no era un elemento del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin embargo fue una decisión proferida posteriormente a la sentencia objeto de la acción de revisión, por lo que no era posible su aplicación; iv) en la sentencia del 28 de agosto de 2018 la Sala Plena del Consejo de Estado estableció en principio que en los asuntos en los que ya se hubiesen reconocido o liquidado pensiones con fundamento en la tesis anterior, no podían entenderse que fueron dictadas con abuso del derecho o fraude a la ley y el juez debería en cada caso, definir la prosperidad o no de la causal invocada, con base en el análisis de la posición vigente para la época en que fue proferido el fallo, en garantía de los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.

Finalmente concluyó que, la autoridad cuestionada incurrió en un desconocimiento del precedente judicial porque no expuso un análisis para determinar si en el caso concreto la prestación fue reconocida por abuso del derecho o fraude a la ley, ya que si bien, encontró probada la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, no sustentó las razones que ameritaron el estudio de un proceso legalmente concluido para disponer que en el caso, la decisión dictada con anterioridad a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 fue proferida efectivamente con abuso del derecho o fraude a la ley, parámetros que incluso fueron enunciados como regla de aplicación en la mencionada sentencia de unificación en garantía del principio de cosa juzgada y seguridad jurídica.

1.6. Impugnación y trámite de segunda instancia

1.6.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social — UGPP por medio de su apoderado, presentó escrito de impugnación en el que manifestó su inconformidad con la decisión del 8 de septiembre de 2022 de la Sección Cuarta de esta Corporación, así:

El fallo proferido por el juez constitucional de primera instancia vulneró el derecho al debido proceso al limitar la acción de revisión como medio extraordinario para disponer la correcta aplicación de la normatividad vigente en materia de liquidación de pensiones, mas aun cuando el precedente jurisprudencial ha establecido que la pensión de jubilación debe liquidarse con el 75% del IBL del promedio de los factores salariales cotizados de los últimos 10 años de servicio y no con el promedio de todos los factores salariales recibidos por el trabajador durante el último año de servicios.

Agregó que la decisión fue proferida como si se tratara de una cuarta instancia del proceso ordinario y sustituyó una decisión judicial ejecutoriada proferida por el juez natural de la causa, lo que —a su juicio—, desconoció la normatividad y la jurisprudencia relevante y aplicable. Reiteró que, en el caso concreto, para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 la señora Ana Catalina Del Llano Restrepo tenía 40 años de edad y mas de 15 años de servicio, por lo que, era beneficiaria del régimen de transición previsto en el articulo 36 de la referida norma, y en ese orden, la edad, el tiempo de servicios y la tasa de reemplazo, se regían por lo dispuesto en la Ley 33 de 1985. Pero, para determinar el ingreso base de liquidación correspondía acudir al inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en consecuencia los factores a tener en cuenta eran los descritos en el artículo 6 del Decreto 1158 de 1994.

Adujo que la Sección Quinta del Consejo de Estado en fallos de tutela ha concluido que el precedente constitucional propuesto sobre la materia por la Corte Constitucional, prima sobre la posición de las demás altas cortes y citó apartes de las providencias del 8 de marzo de 2018 y del 19 de abril de 2018 proferidas por la mencionada autoridad.

1.6.2. La Sección Cuarta del Consejo de Estado concedió el recurso por auto del 28 de septiembre de 2022-.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la impugnación, atendiendo a lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 32 del Decreto 2591 de 1991.

2.2. Procedibilidad de la acción

Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar, primero, un examen de procedibilidad general para, luego, en caso de resultar superado dicho estudio, pasar a hacer el pronunciamiento de fondo en el que se resuelva el problema jurídico, en los términos del defecto enunciado por la accionante conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque por un lado la señora Ana Catalina Del Llano Restrepo, es la titular de los derechos que afirmó fueron vulnerados, en su condición de demandada dentro de la acción de revisión objeto de tutela, y, por otro lado, porque la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social — UGPP que acude a esta instancia Constitucional en calidad de tercero con interés, participó como demandante dentro de la acción de revisión en la que se expidió la sentencia objeto de tutela.

La accionada, Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, está legitimada por pasiva dado que, como juez del recurso extraordinario, profirió la sentencia que hoy se revisa.

2.2.2. También se superó el requisito de subsidiariedad porque no procede mecanismo judicial alguno para controvertir la providencia objeto de tutela en la medida que aquella fue proferida dentro del trámite del recurso extraordinario de revisión.

2.2.3. No se alegó irregularidad procesal y no se trata de una tutela contra decisión de tutela.

2.2.4. Ahora bien, el requisito de relevancia constitucional exige que la alegación en la solicitud de amparo esté dirigida a exponer las razones por las que la objeción a una providencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a una cuestión iusfundamental, en términos de los defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer fórmulas que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, toda vez que, como lo ha establecido la Corte Constitucional, “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona, pues ello desconocería la competencia y finalidad de la administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”. En este escenario es preciso hacer el análisis que demanda este requisito conforme al defecto invocado en la solicitud.

2.2.4.1. La accionante manifestó que la autoridad cuestionada, incurrió en un defecto sustantivo porque al resolver el recurso extraordinario, no tuvo en cuenta que la posición jurisprudencial vigente para el momento en que se definió sobre la legalidad del acto que negó la reliquidación, era la contenida en la sentencia del 4 de agosto de 2010; y por otro lado, porque aplicó indebidamente la regla de unificación que fijó el fallo del 28 de agosto de 2018 que establece su aplicación, solo para asuntos pendientes de decisión en sede administrativa y judicial.

Planteado así el cuestionamiento, le asiste razón al juez constitucional de primera instancia y, en ese orden, el estudio del defecto se centrará en la indebida aplicación del precedente jurisprudencial.

2.3. Problema jurídico

Debe la Sala definir si la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en un defecto por desconocimiento o indebida aplicación del precedente judicial en la sentencia del 14 de octubre de 2021, y en consecuencia si procede confirmar la sentencia que amparó los derechos al debido proceso y a la igualdad, de la accionante.

2.4. Solución al problema jurídico

La Corte Constitucional al definir el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, ha indicado que este, se presenta cuando “se desconoce la posición consolidada que, sobre una misma materia, ha fijado el respectivo órgano de cierre, bien sea de la jurisdicción ordinaria, como de la contenciosa administrativa, en asuntos de su competencia”. Que para tener por acreditado este requisito es necesario que: “la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, tenga una regla jurídica relacionada con el caso a resolver posteriormente; que se trate de un problema jurídico o de una cuestión constitucional semejante; y finalmente, que los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia sean similares o planteen un punto de derecho análogo al que se debe resolver posteriormente”.

Este defecto puede ocurrir en doble vía, por un lado, el horizontal, que implica la inobservancia de las “decisiones emitidas por autoridades judiciales de igual nivel jerárquico funcional”; y por otro, a partir del precedente vertical, aquel que tiene lugar cuando “se predica de las providencias proferidas por jueces de superior categoría o por el órgano de cierre de la respectiva jurisdicción”.

Ahora bien, los cuestionamientos de la accionante refieren que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales al aplicar indebidamente el criterio jurisprudencial expuesto por la Corporación en la sentencia del 28 de agosto de 2018 y declarar fundada la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, enunciada por la UGPP en el recurso extraordinario de revision que promovió en su contra, y en consecuencia infirmar la sentencia del 8 de octubre de 2014 mediante la que, la Subsección F en Descongestión de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la reliquidación de su pensión de jubilación.

Al respecto la accionante explicó que para la fecha en que fue proferida la sentencia objeto de la acción de revision, esto es el 8 de octubre de 2014, estaba vigente la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 y en ese orden no era aplicable la del 28 de agosto de 2018 dado que, por un lado, no había sido proferida y, por otro lado que, las reglas jurisprudenciales contenidas en ella no disponían su aplicación retroactiva por lo que, no debía tenerse en cuenta para el caso bajo estudio.

En este punto cabe resaltar que la Ley 797 de 2003 estableció una acción de revisión sui generis dado que, su ejercicio está restringido a: i) una parte activa calificada, para el caso las entidades previsoras; ii) procede únicamente por dos causales específicas en procura de la protección y recuperación del patrimonio público (art. 20); iii) el trámite y ejercicio es el previsto en los artículo 249 a 253 del CPACA; y iv) su objetivo es delimitado y su análisis tiene como finalidad, establecer la legalidad de las sumas periódicas reconocidas como prestación.

En ese contexto, las causales de revisión previstas en el artículo 20 de la mencionada norma, disponen que el recurso está orientado a revisar las sentencias que reconocieron sumas periódicas, en las que se cuestione la violación del debido proceso y/o cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley que era aplicable, ya que tal mecanismo buscó hacer efectiva la previsión del Acto Legislativo 01 de 2005.

Referido lo anterior, es preciso tener en consideración los argumentos que expuso la autoridad cuestionada para declarar fundada la causal propuesta por la UGPP en el recurso extraordinario de revisión:

i) el Tribunal consideró que la demandante era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 dado que, para la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, tenía 40 años de edad, acreditó haber laborado más de 35 años y se desempeñó como Cónsul General Grado Auxiliar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que, el régimen anterior aplicable era el dispuesto en la Ley 33 de 1985 y la Ley 62 de 1985;

ii) la orden de reliquidación de la mesada pensional incluyendo las primas de navidad y de servicios sin tener en cuenta si sobre ellos se había o no cotizado, excedió lo debido y desconoció lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en el Acto Legislativo 01 de 2005, concordante con el Decreto 1158 de 1994 que establece como integrantes del ingreso base de liquidación —además de la asignación básica—, los gastos de representación, la remuneración por trabajo dominical o festivo, la bonificación por servicios prestados, así como la prima técnica y de antigüedad, ascensional y de capacitación, cuando constituyan factor de salario; y

iii) la liquidación así ordenada incrementó la prestación en cuantía de cinco millones de pesos.

En torno a lo expuesto, la Sala considera que el estudio realizado por la autoridad cuestionada versó sobre la debida aplicación de las normas vigentes para determinar la base de liquidación de la pensión de jubilación de la accionante y confrontó los términos en los que fue ordenada la reliquidación, con los criterios normativos establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2005, para concluir que lo ordenado en la sentencia objeto de revisión reconoció la prestación en cuantía que excedió lo debido, por lo que encontró probada la causal prevista en el literal b) de la Ley 797 de 2003, propuesta por la UGPP en el recurso extraordinario de revisión.

De otra parte, también fue posible inferir que la autoridad cuestionada se pronunció respecto de los argumentos de oposición que formuló la señora Ana Catalina Del Llano Restrepo dentro del trámite del recurso de revisión, y les dio respuesta con base en los criterios establecidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, pero las reglas fijadas en ella no constituyeron el fundamento de la decisión de revisión. Al respecto la Subsección B explicó a la aquí accionante que, si bien los efectos jurídicos de la referida sentencia, se limitaban para los asuntos pendientes de solución en vía administrativa o judicial a través de las acciones ordinarias, dicha tesis también era aplicable a las acciones extraordinarias, dado que, le da la facultad al juez para que en cada caso, defina la prosperidad o no de la causal invocada en sede del recurso extraordinario de revisión a fin de observar los principios constitucionales de sostenibilidad financiera, solidaridad y universalidad previstos en el Acto Legislativo 01 de 2005.

En ese orden, los argumentos que dieron lugar a infirmar la sentencia del 8 de octubre de 2014, que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Ana Catalina del Llano Restrepo fueron sustentados por el juez de la causa de conformidad con el principio de autonomía judicial, de tal forma que para determinar la prosperidad de la causal invocada en la acción de revisión en primer lugar, expuso los presupuestos del Acto Legislativo 01 de 2005 que prevé los principios de sostenibilidad del sistema de seguridad social; y en segundo lugar, determinó el régimen de transición y los factores base de liquidación aplicables para conceder el monto de la prestación en el caso concreto, presupuestos que a su vez, le permitieron concluir que la reliquidación ordenada excedió lo debido.

En suma, la Sala considera que la autoridad cuestionada no incurrió en el defecto por desconocimiento o indebida aplicación del precedente jurisprudencial propuesto por la accionante, pues como se dijo, los argumentos atribuidos a la posible configuración de aquel fueron mencionados en el fallo solo para dar respuesta a las objeciones propuestas por la aquí accionante, en el trámite del recurso de revisión.

Así las cosas, esta judicatura concluye que la carga argumentativa planteada resulta insuficiente para determinar la configuración del defecto por desconocimiento o indebida aplicación del precedente jurisprudencial dado que, los argumentos que condujeron a infirmar la sentencia del 8 de octubre de 2014, fueron debidamente sustentados por la autoridad cuestionada y no resultan caprichosos, irrazonables o contrarios a los presupuestos dispuestos para determinar la configuración de la causal prevista en el literal b) de la Ley 797 de 2003 o las reglas jurisprudenciales aplicables al asunto.

En consecuencia, no advierte la Sala vulneración de los derechos fundamentales de la accionante y en consecuencia revocará la sentencia del 8 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación que accedió al amparo solicitado y en su lugar negará la solicitud, por las razones aquí expuestas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que amparó los derechos fundamentales incoados por la accionante y en su lugar NEGAR el amparo solicitado, por las razones aquí expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto Cfr. Rad. 11001-03-15-000-2019-00022-00
Archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 6F116EC00E756754 CA109A22FBEAB230 8543564EFF9C7062 6574EBA650372651. Archivo electrónico que contiene el expediente del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-31-017-2012-00143-00/01, ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia en el índice 11 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 0445BD0A19296474 936EF32A4143F119 829246F854D04AED 331BF2521CAA55FC. Ibidem. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. Archivo electrónico que contiene el expediente del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-31-017-2012-00143-00/01, ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia en el índice 11 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 0445BD0A19296474 936EF32A4143F119 829246F854D04AED 331BF2521CAA55FC. Folios 37 a 45 del archivo electrónico ubicado en el Índice 2 del expediente digital de tutela de primera instancia, en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado 5431B98D32B79C81 C6A12582AFA4517A BD94791E65844A67 B1031E08E4A7DC14. Archivo electrónico que contiene el link del proceso de acción de revisión, ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, ubicado en el índice 15 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado FEFD12DED5BF1695 FD3F2B98BF2FF89A 824494240E10643F 72367314534BF1ED. Archivo electrónico ubicado en el expediente digital del proceso de revisión con radicado 11001-03-25-000-2016-00242-00, en el índice 33 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado F18EAC95B6BE1BCA AD9EFDE5BDBC3B30 0D0FCF1A5F634E33 C5ED34EF20DB5227. Folio 4 del archivo electrónico ubicado en el expediente digital del proceso de revisión con radicado 11001-03-25-000-2016-00242-00, en el índice 2 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado F18EAC95B6BE1BCA AD9EFDE5BDBC3B30 0D0FCF1A5F634E33 C5ED34EF20DB5227. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. Folios 11 y 13 del archivo electrónico ubicado en el expediente digital del proceso de revisión con radicado 11001-03-25-000-2016-00242-00, en el índice 2 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado F18EAC95B6BE1BCA AD9EFDE5BDBC3B30 0D0FCF1A5F634E33 C5ED34EF20DB5227. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. Folios 13 y 14 del archivo electrónico ubicado en el expediente digital del proceso de revisión con radicado 11001-03-25-000-2016-00242-00, en el índice 2 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado F18EAC95B6BE1BCA AD9EFDE5BDBC3B30 0D0FCF1A5F634E33 C5ED34EF20DB5227. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. Folio 3 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela ubicado en el índice 2 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 52002E66F73B4F5D BD7A9DE1B91660AC FA5AA96ED153D6B9 EDC85438E54762F6. Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 5 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado 40DF3B53371716AA 62C948037656D5D4 234A0DDB4042A635 33CAB49E86F9C118. Archivo electrónico ubicado en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 13 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado 616274DB87245C2B AF9563535F28E27B 75E1E436E2BABD0E 5C7279586CCC832F.

Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela de primera instancia, en los índices 11 y 15 del aplicativo SAMAI, identificados con certificados 0445BD0A19296474 936EF32A4143F119 829246F854D04AED 331BF2521CAA55FC y FEFD12DED5BF1695 FD3F2B98BF2FF89A 824494240E10643F 72367314534BF1ED. Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 11 del aplicativo SAMAI, identificados con certificados F776EDB6147B432E DA594959FEF56688 7F51D5CDBBB48884 324B12D17F48DB y 6A0A34A8B5AE8293 6079A54275338EE7 D8AC5A9915221EC6 1565D673B72532E9. Archivos electrónicos ubicados en el expediente digital de tutela de primera instancia, en el índice 12 del aplicativo SAMAI, identificado con certificados E2502A6D93389086 E3EE24EFE2668572 F7FE9C6C7CDFCE29 0063B493C433126E y A29C0D29F44E2CED A6422CB9E4F5E13B D3DCBD3C083703C7 27F8B917F1775F22. Archivo electrónico ubicado en el índice 18 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado F4F50A5B732FCD42 478343C88955AE2C FB138E63A4E85520 91597AEE40FFFFF8. Archivo electrónico ubicado en el índice 23 del expediente digital de tutela de primera instancia, en el aplicativo SAMAI, identificado con certificado D9E67406C7280B4D 798DFAB7C842BC60 F9C70F39A4B25CC9 06D6FE2B35BC2D44. Al respecto citó apartes de la sentencia T-1225 de 2008 proferida por la Corte Constitucional. Como sustento de este argumento, citó apartes de los proveídos C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, Auto 229 de 2017, SU -210 de 2017, SU- 395 de 2017 y SU- 631 de 2017, SU 23 de 2018, y las sentencias de tutela T-078 de 2014, T-039 de 2018, T-034 de 2018, T-212 de 2018, T-497 de 2017, T-661 de 2017 y T-018 de 2018, todos proferidos por la Corte Constitucional. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 8 de marzo de 2018, expediente con radicado 11001-03-15-000-2017-02798-01; sentencia del 8 de marzo de 2018, expediente con radicado 11001-03-15-000-2017-03438-00 y sentencia del 19 de abril de 2018, expediente con radicado 11001-03-15-000-02292-01. Al respecto también citó apartes de las sentencias T-661 del 30 de 2017 y T-039 de 2018 proferidas por la Corte Constitucional. Archivo electrónico ubicado en el índice 25 del expediente digital de tutela de primera instancia del aplicativo SAMAI, identificado con certificado 8C5CD09A91C483B9 341370BC20AE6208 EE83A47C15997B5F 6048B0235983E693. Archivo electrónico que contiene el Acta de Reparto, ubicado en el índice 2 del expediente de tutela de segunda instancia del aplicativo SAMAI, identificado con certificado A7741F8D010295BD 1D5F87B263E2BBBC F9478C43C6D217AF 5C4309C7E3532F2D. Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general, (vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela. Por supuesto, el fallador de tutela requiere examinar que, de esos asuntos legales, no se desprendan violaciones a los derechos y deberes constitucionales, pues, de ser así, adquieren relevancia constitucional inmediata. Corte Constitucional. Sentencia T-1031 de 2001, citada por la Corte Constitucional en las sentencias T-114 de 2002 y T-136 de 2015. Sentencia C-590 de 2005.

Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance; y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados. Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez, reitera la T-336 de 2004. Sentencia SU113 de 2018 de la Corte Constitucional. Sentencia T-830 de 2012 de la Corte Constitucional. Sentencia SU-462 de 2020 de la Corte Constitucional. Corte Constitucional, sentencia C-835 de 2003. Ver también SU-427 de 2016. Corte Constitucional, sentencia C-835 de 2003. Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia 00143 del 28 de agosto de 2018, radicado número 52001-23-33-000-2012-00143-01. “No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación ls pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley, de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada”. (Subrayado fuera de texto).

Radicado: 11001-03-15-000-2022-04148-01
Accionante: Ana Catalina Del Llano Restrepo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Ana Catalina Del Llano Restrepo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

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