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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04153-00

Fecha
22 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04153-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado respecto de la presunta omisión de la UARIV en entregar el monto de la indemnización por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela que presentó el señor Héctor Cuetia Salas contra la UARIV por no superar el requisito adjetivo de la subsidiariedad. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04153-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

22 de septiembre de 2022

Demandante: Héctor Cuetia Salas
Demandado: UARIV
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04153-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-04153-00
Demandante: HÉCTOR CUETIA SALAS
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS – UARIV

Temas: Tutela contra acto administrativo – declara la improcedencia
por no superar el requisito adjetivo de la subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo presentado por el señor Héctor Cuetia Salas, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. A través de escrito radicado el 1.º de agosto de 2022, en el buzón web de la
Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Héctor Cuetia Salas, presentó
acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención Especial
y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, con el fin de que sean amparados
sus derechos fundamentales1.

2. El accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales, con
ocasión de (i) la falta de entrega de la indemnización prevista por la UARIV
mediante la Resolución N.º 04102019-385794 del 12 de marzo de 2020 y, (ii) el
monto que en dicho acto administrativo le fue reconocido.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora pidió:

1
El actor no identificó los derechos presuntamente vulnerados, sin embargo, del análisis del escrito
de tutela, así como del memorial de subsanación el despacho ponente infirió que se solicita el
amparo del mínimo vital y el debido proceso administrativo.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Héctor Cuetia Salas
Demandado: UARIV
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04153-00

“(...) ordenarle a la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas,
el pago de mi respectiva indemnización como desplazado por valor de 1000
(mil) salarios mínimos mensuales como compensación por las pérdidas
económicas y daños ocasionados en 22 años de desplazado”. (Sic a toda la
cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Héctor Cuetia Salas afirmó que se encuentra registrado en la
Unidad de Víctimas como víctima del desplazamiento forzado el 15 de febrero
2000.

5. Explicó que el 21 de noviembre de 1999 envió un correo al entonces
Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, a efectos de ponerlo en
conocimiento del asunto de orden público que aquejaba la zona en la que
habitaba.

6. Aseguró que durante los 22 años que lleva como desplazado del conflicto
armado solo ha recibido 3 ayudas humanitarias por un valor de $240.000 pesos.

7. Agregó que, con ocasión de la pandemia generada por el COVID-19
tampoco se le otorgó ninguna ayuda del Gobierno Nacional, departamental o
municipal, pese a que lo solicitó a la alcaldía de Corinto, Cauca.

1.4. Sustento de la vulneración

8. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales, los
cuales consideró vulnerados con ocasión de la presunta omisión de la UARIV en
entregar la indemnización administrativa que le reconoció mediante la Resolución
N.º 04102019-385794 del 12 de marzo de 2020; asimismo, consideró que monto
que le fue otorgado no es suficiente para cubrir los veintidós años que lleva como
desplazado del conflicto armado.

9. Agregó que es un sujeto de especial protección pues cuenta con 70 años
de edad, no es pensionado, no recibe ninguna ayuda del Gobierno Nacional y
tiene un estado delicado de salud, situación que no le ha permitido “ayudar a sus
hijos con la educación que se merecen”.

1.5. Trámite de la acción de tutela

10. Mediante auto 8 de agosto de 2022, la magistrada ponente de esta
providencia inadmitió la demanda de tutela de la referencia, con el fin de que el
señor Cuetia Salas precisara “con la mayor claridad posible: i) cuáles son los derechos
fundamentales considerados vulnerados, (ii) cuáles son las autoridades o entidades

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Demandante: Héctor Cuetia Salas
Demandado: UARIV
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accionadas (iii) amplié la información sobre los hechos que dan origen a la presente
acción constitucional, (iv) indica cuáles son las acciones que ha ejercido ante las
autoridades responsables para superar la falta de entrega de ayudas humanitarias, tanto
acciones judiciales como administrativas y aporte soportes de ello, (v) exprese si se
encuentra atacando la omisión de respuesta a una petición o inconformidad con un acto
administrativo y, (vi) informe el número de radicado de la acción de tutela instaurada en
una oportunidad previa, lo anterior so pena de rechazo”.

11. Por medio de memorial remitido el 29 de agosto de 2022, el señor Cuetia
Salas indicó que lo pretendido con el mecanismo constitucional es que se le
ordene a la UARIV que le entregue el monto reconocido mediante la Resolución
N.º 04102019-385794 del 12 de marzo de 2020 a título de indemnización por su
condición de desplazado. Asimismo, precisó que la suma reconocida debió ser de
1000 SMLMV y no de “40 SMLMV como se consideró”.

12. Mediante auto del 8 de septiembre de 2022, la magistrada ponente admitió
la tutela y ordenó la notificación de la parte actora, de la UARIV, como entidad
accionada y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE, en
los términos y para los efectos del artículo 610 del CGP.

13. Igualmente, vinculó como tercero con interés al Juzgado Promiscuo del
Circuito de Caloto, Cauca, como autoridad judicial que resolvió la acción de tutela2
identificada con el radicado N.º 19142318000120200013700 interpuesta por el
señor Cuetia Salas.

14. Finalmente, ofició i) a la Defensoría del Pueblo para que designe un
funcionario que le preste el servicio de defensoría pública al señor Héctor Cuetia
Salas en el trámite constitucional de la referencia y; ii) a la Secretaría General de
la Corporación para que publicara en la página web el escrito de tutela y el auto
admisorio con el fin de que cualquier persona que tenga interés conociera dichos
documentos e interviniera en el mecanismo de amparo.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

2
En el 2021, el señor Cuetia Salas presentó una tutela contra la UARIV, pues consideró que la
Resolución N.º 0600120192257934 de 2019, a través de la cual se determinó la suspensión de las
ayudas humanitarias, vulneraba sus derechos fundamentales. En sentencia del 14 de enero de
2021, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caloto negó el amparo deprecado al observar que el
actor no agotó los recursos de reposición y apelación para controvertir el actor administrativo objeto
de censura.

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1.6.1. Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas – UARIV

15. La representante judicial y jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad
precisó que el señor Cuetia Salas no ha radicado ninguna petición ante la UARIV,
situación que evidencia que la unidad no ha vulnerado los derechos
fundamentales deprecados.

16. Asimismo, indicó que al verificar el Registro Único de Víctimas – RUV, se
encontró que el señor Cuetia Salas se encuentra incluido por el hecho victimizante
de desplazamiento forzado, bajo el marco normativo de la Ley 387 de 1997.

17. Agregó que el hecho victimizante del tutelante ya fue objeto de
reconocimiento y pago de la medida en un 100%, bajo los parámetros
establecidos en la norma aplicable. En ese contexto, explicó que no es posible un
nuevo reconocimiento por el mismo concepto, en virtud del principio de prohibición
de doble reparación y compensación consagrado en el artículo 20 de la Ley 1448
de 2011.

18. Por tal motivo, precisó que no hay manera de generar un desembolso
adicional para atender las exigencias del señor Cuetia Salas pues el actor ya
cobró los 27 SMLMV que le fueron reconocidos a través de la Resolución N.º
04102019-385794 del 12 de marzo de 2020.

19. Finalmente, solicitó que se declare la improcedencia del mecanismo de
amparo al no haberse acreditado un perjuicio irremediable que permita superar el
presupuesto de subsidiariedad de la acción de tutela o que, en su defecto, se
nieguen las pretensiones de la demanda.

1.6.2. La Defensoría del Pueblo remitió el requerimiento a la dependencia
correspondiente.

1.6.3. La ANDJE y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Caloto, Cauca, pese
a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

20. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada
por el señor Héctor Cuetia Salas, de conformidad con lo establecido en el artículo
86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

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2.2. Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Si la UARIV vulneró los derechos fundamentales del señor Héctor Cuetia
Salas, por la presunta omisión de entregarle el monto que le fue reconocido
mediante la Resolución N.º 04102019-385794 del 12 de marzo de 2020, por
el hecho victimizante de desplazamiento forzado?

• ¿Si el monto que la entidad debió reconocer en la Resolución N.º
04102019-385794 del 12 de marzo de 2020, fue de 1000 SMLMV y no de
27 SMLMV?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

22. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) naturaleza de la acción de tutela; (ii) improcedencia de la
acción de tutela contra actos administrativos y; (iii) análisis del caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

23. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.

24. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha
señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa
judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y
residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera
supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo
que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable3.

2.5. De la improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos

25. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991.

26. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de

3
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

5
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Demandado: UARIV
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los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a
estos y no a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces
naturales de cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas
y la jurisprudencia.

27. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia4.

28. El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991,
de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales
fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela,
pues todos los mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de
aquellos y todos los operadores judiciales deben fungir como jueces de
convencionalidad, de constitucionalidad y legalidad.

29. Por tanto, esta Sala reitera5 su posición en el sentido de que la jurisdicción
de lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para
conocer de las controversias que se puedan suscitar con respecto a un acto
administrativo, en atención a la existencia del medio de control de nulidad y de
nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se pueden pedir medidas
cautelares en los términos de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de
2011.

30. En determinadas oportunidades, la existencia de otro mecanismo de defensa
judicial no resulta eficaz en consideración al enfoque bajo el cual se resuelven,
toda vez que se puede dar el caso en que tal transgresión sea el producto de una
decisión administrativa que, a la luz del ordenamiento contencioso, se encuentre
revestida de legalidad y, sin embargo, en la práctica vulnere el contenido
constitucionalmente vinculante de derechos de rango superior o resulte
abiertamente arbitraria o discriminatoria. En esos casos, la tutela se torna
procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías de orden
superior.

4
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de
los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
5
Contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del Consejo de Estado, del 10 de septiembre de
2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-33-000-2015-00440-0; del 21 de julio de 2016. M.P. Rocío Araújo
Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016-00293-01; del 27 de mayo de 2021. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-
2021-01934-00 y; del 10 de febrero de 2022, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-03-15-000-2022-00322-00.

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2.6. Caso concreto

31. El señor Héctor Cuetia Salas consideró vulneradas sus garantías
constitucionales, con ocasión de (i) la falta de entrega de la indemnización prevista
por la UARIV mediante la Resolución N.º 04102019-385794 del 12 de marzo de
2020 y, (ii) el monto que en dicho acto administrativo le fue reconocido.
32. Para el efecto, señaló que un sujeto de especial protección pues cuenta con
70 años de edad, no es pensionado, no recibe ninguna ayuda del Gobierno
Nacional y tiene un estado delicado de salud, situación que no le ha permitido
“ayudar a sus hijos con la educación que se merecen”.

33. En relación con el primer problema jurídico, la Sala observó que si bien el
actor aseguró que a la fecha de radicación de la acción de amparo la UARIV no le
ha consignado el monto que le fue reconocido a través de la Resolución N.º
04102019-385794 del 12 de marzo de 2020, lo cierto es que la entidad encargada
de ello en su escrito de intervención demostró que el actor ya retiró la
indemnización que le fue otorgada con ocasión del hecho victimizante por
desplazamiento forzado.

34. En ese orden de ideas, si bien esta Sala de Decisión reconoce que el actor
es un sujeto de especial protección con ocasión de su edad y por el hecho de ser
una víctima de desplazamiento, reconocida administrativamente por la entidad
competente, lo cierto es que, con ocasión de ello, ya le fue pagada la
indemnización a que tenía derecho, de manera que, al haberse retirado el monto
otorgado no hay lugar a que este operador jurídico ordene a la UARIV que le
entregue una suma adicional, teniendo en cuenta que el artículo 20 de la Ley 1448
de 2011 establece que, “(…) nadie podrá recibir doble reparación por el mismo
concepto”.

35. De otro lado, en lo que respecta al monto que le fue reconocido a través de
la Resolución N.º 04102019-385794 del 12 de marzo de 2020, habrá de
declararse la improcedencia de la tutela porque, por regla general, este
instrumento constitucional no es apto para controvertir actos administrativos, en
especial si lo debatido es la cantidad de dinero que le fue reconocida, en cuyo
caso el conflicto se torna en un asunto netamente económico y no ius
fundamental.

36. De conformidad con el escrito de tutela, las pretensiones elevadas por el
señor Cuetia Salar se dirigen a atacar la legalidad de la decisión contenida en la
mencionada resolución pues, de la simple lectura de las súplicas de la demanda
se observa que lo que persigue es que se aumente la cuantía de la indemnización
que le fue reconocida a 1000 SMLMV por cuanto, en su criterio, dicha suma es la
que debería recibir por los 22 años de desplazamiento que ha padecido.

7
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37. Teniendo en cuenta que los actos de la administración gozan de presunción
de legalidad, deben ser controvertidos ante la jurisdicción contencioso
administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho dispuesto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, cuando se trata de
actos de contenido particular como el presente.

38. Lo anterior, pues, se insiste, el reproche del tutelante se centra en atacar lo
resuelto por la UARIV que, luego de revisar los requisitos que hacen procedente el
reconocimiento de la indemnización administrativa, concluyó que al señor Cuetia
Salas debía reconocérsele una suma de 27 SMLMV por concepto de
desplazamiento forzado.

39. A partir de ello, para esta Sección del Consejo de Estado se configura la
causal de improcedencia de que trata el artículo 6.1. del Decreto 2591 de 1991
que establece que, “(…) la acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante”.

40. Así las cosas, esta Sala de Decisión advierte que los argumentos expuestos
por la parte actora no permiten concluir la ineficacia del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho atendiendo a que, de acuerdo con lo
expuesto por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 17 de marzo
de 20156:

“(…) las medidas cautelares proceden antes de que se notifique el auto
admisorio y en cualquier etapa del proceso, y que su fin consiste en proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia, a través de un pronunciamiento que no implica prejuzgamiento.
Conforme al artículo 230 ibídem, las medidas cautelares pueden ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, debiendo tener
relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Dentro de
este último criterio, en el numeral 3°, se estipuló la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos, garantía concordante con lo dispuesto
en el artículo 238 de la Constitución Política”.

41. Ahora, si bien en los procesos ordinarios las partes pueden solicitar el
decreto de medidas cautelares con la finalidad de proteger el objeto de la
controversia, lo cierto es que la Corte Constitucional establece que la acción de
tutela será procedente, de manera excepcional y como mecanismo transitorio,
siempre que, i) se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y que,
del contenido del acto censurado ii) se evidencie una clara afectación de un
derecho fundamental.

6
Radicación 11001-03-15-000-2014-03799-00, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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42. En relación con lo anterior, el máximo órgano en materia constitucional
señaló que, “(…) únicamente se considerará que tal es la magnitud cuando, “dadas las
circunstancias del caso particular, se constate que (iii) el daño es cierto e inminente, esto
es, que no se debe a conjeturas o especulaciones, sino que se halla sustentado en la
apreciación razonable de hechos reales y apremiantes; (iv) que involucra gravedad, desde
el punto de vista de su incontrastable trascendencia y de la naturaleza del derecho
fundamental que lesionaría; y (v) de urgente atención, en el sentido de que sea necesario
e inaplazable precaverlo o mitigarlo, evitando que se consume una lesión antijurídica de
connotación irreparable”7.

43. En ese contexto, esta Colegiatura observa que en este caso no se acreditó el
perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la intervención de
la UARIV, la Sala evidenció que el señor Cuetia Salas ya retiró el monto que le fue
reconocido.

44. En ese orden de ideas, esta Judicatura encuentra que el señor Cuetia Salas
no aportó ningún elemento probatorio que permita evidenciar la existencia de un
perjuicio irremediable que pueda afectar su mínimo vital, puesto que sus
argumentos no revisten el carácter de inminentes, urgentes e impostergables que
permitan desconocer el ejercicio de los mecanismos judiciales que otorga el
ordenamiento jurídico.

45. Aunado a ello, el mismo actor precisó que el objeto reclamado a través de
esta tutela no es una ayuda humanitaria, cuya finalidad es cubrir las necesidades
básicas de las víctimas en cuanto a alimentación, aseo personal, manejo de
abastecimientos, atención médica y psicológica, entre otras, sino la indemnización
administrativa, que no guarda relación con el mínimo vital.

46. Así las cosas, es evidente que esta acción constitucional es improcedente
puesto que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos
y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela
pues, se insiste, lo que pretende por esta vía el señor Cuetia Salas es controvertir
la legalidad de la decisión contenida en la Resolución N.º 04102019-385794 del 12
de marzo de 2020.

2.7. Conclusión

47. Por todo lo anterior, esta Sala de Decisión, negará el amparo deprecado
respecto del primer cargo y declarará la improcedencia del mecanismo frente a los
argumentos dirigidos a atacar la Resolución N.º 04102019-385794 del 12 de
marzo de 2020, toda vez que la parte actora contaba con el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contenido en el artículo 138 de la Ley 1437
de 2011 para controvertirla ante operador contencioso administrativo.

7
«T-1316 de diciembre 7 de 2001, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes».

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Demandante: Héctor Cuetia Salas
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-04153-00

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado respecto de la presunta omisión de la
UARIV en entregar el monto de la indemnización por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela que
presentó el señor Héctor Cuetia Salas contra la UARIV por no superar el requisito
adjetivo de la subsidiariedad.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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